Gobierno vs migración

Luis Rubio

Cuando Alexander Pope, el gran poeta inglés del siglo XVIII, se encontraba en su lecho de muerte, su médico le aseguró que su respiración, pulso y otros signos vitales mejoraban. “Aquí estoy,” Pope le comentó a un amigo, “muriendo de cien buenos síntomas”. El gobierno corre un riesgo similar. Cuando un país es chico y se encuentra cerca de uno grande y poderoso, no tiene más alternativa que ajustarse cuando aquel le cambia la jugada. El gobierno mexicano no puede darse el lujo de ignorar lo que pasa en el norte. El tema migratorio ya está en la mesa y el gobierno puede ayudar o estorbar pero no se puede quedar con los brazos cruzados.

 

Estados Unidos es una nación que se construyó por olas sucesivas de migrantes. Por casi un siglo y medio, la migración era formalmente bienvenida y promovida. Sin embargo, a partir del inicio del siglo XX, la visión cambió y en 1924 se adoptó un sistema de cuotas que dio comienzo a un agrio e interminable debate respecto a su política migratoria.

 

Ese debate cambia de forma, actores y características, pero el contenido es similar: quienes la ven como una amenaza frente a quienes la ven como una oportunidad. Los “malos” tienden a cambiar en el tiempo: en alguna época eran los italianos, en otra los judíos, luego los cubanos, ahora son los mexicanos. No falta quien, en cada era, racionalice su posición con argumentos relativos al origen específico de los migrantes, pero si uno observa casi un siglo de debate, lo que queda es esa confrontación básica: amenaza vs oportunidad.

 

La reciente elección presidencial, en que Obama logró un apoyo abrumador por parte de la comunidad hispana, retrotrajo el tema al frente de la agenda legislativa. Aunque prevalecen las dos visiones, los legisladores de ambos partidos saben bien que no pueden esquivarlo, así que el debate promete ser rico y trascendente. La pregunta es qué opciones le quedan al gobierno mexicano frente a esta realidad.

 

De manera similar al debate interno de allá, tanto en el gobierno como en la sociedad mexicana hay dos posturas claramente diferenciadas: aquellos que consideran que el tema migratorio es un asunto interno de EUA y aquellos que consideran que se trata de un asunto de interés nacional para México. Los primeros preferirían cerrar los ojos; los segundos pretenden emprender una cruzada. El problema es que ambos tienen razón en su postura y por ello el gobierno no puede más que actuar, pero con una estrategia inteligente, apropiada, activa y discreta.

 

Por un lado, es evidente que el asunto migratorio es de carácter interno pues involucra lo más esencial de cualquier nación: la composición de su sociedad. Además, lo que está en juego es la facultad de un gobierno soberano de decidir sobre el tratamiento legal de una población que violó su legislación en el momento de ingresar al país o cuando se quedó en su territorio más allá del plazo que le permitía su visa. El gobierno mexicano no tiene nada que ofrecer en estos campos ni puede correr el riesgo de jugarse el sexenio en una decisión sobre la que tiene poca o ninguna influencia directa. Experiencias fallidas previas animan a muchos en el gobierno a mantenerse ajenos y distantes.

 

Por otro lado, estamos hablando de más del 10% de la población del país, de un contingente vinculado directamente con más del 50% de la población (hermanos, padres, hijos) y que, en algunos estados, representa más de la mitad total de sus habitantes. Imposible ignorar la trascendencia política interna de la decisión que eventualmente adopte el gobierno estadounidense. Tampoco es irrelevante el impresionante impacto de las remesas sobre un enorme número de familias. Finalmente, aunque improbable, no es inconcebible un escenario en el cual enormes números de personas que hoy residen allá acabaran siendo forzadas a retornar. Por más que gobierno quisiera esconderse, en este debate hay asuntos vitales que no pueden ser desdeñados.

 

El gobierno mexicano tiene que desarrollar una estrategia idónea a las circunstancias. Los factores condicionantes son muy claros: a) se trata de un asunto interno, por lo que la estrategia debe ser discreta; b) a México le beneficiaría enormemente la legalización de los mexicanos que hoy viven allá; c) esos mexicanos no son ni nunca serán “instrumento” político para el gobierno mexicano: son personas de origen mexicano que aspiran a vivir allá como ciudadanos en regla; d) existen poderosas fuentes de oposición a cualquier liberalización migratoria que esgrimen argumentos legítimos y respetables; e) la sociedad estadounidense es sumamente descentralizada y las ideas y apoyos o rechazos -y miedos- surgen desde abajo; y f) este proceso de discusión ofrece oportunidades para el reencuentro entre el gobierno mexicano y los mexicanos que optaron por migrar, pero también entre las dos sociedades y sus gobiernos.

 

Estos factores condicionantes establecen los parámetros dentro de los cuales es imperativo actuar. Hay dos elementos clave: uno, definir, en privado, una postura formal frente al gobierno estadounidense y mantener todos los mecanismos de comunicación con su ejecutivo y congreso abiertos y fluidos. El gobierno mexicano debe presentarse como un actor respetuoso de sus procesos pero interesado en los resultados y dispuesto a hacer su parte para que estos sean favorables. El otro elemento, es del de actuar discreta pero deliberadamente para atender, atenuar o eliminar las fuentes de oposición desde la base.

 

Esto último es crucial. Cuando se negoció el TLC, el gobierno mexicano, directamente y a través de diversos actores de toda la sociedad, se dedicó a atender las fuentes de oposición, sobre todo en los estados más vulnerables al acuerdo comercial, como eran aquellos en que se concentraba la fabricación de textiles, automóviles y otros productos similares. El objetivo era explicar, buscar opciones y sumar. Neutralizar a la oposición hasta donde fuese posible.

 

El asunto migratorio es similar al del TLC excepto que monumental en tamaño. El gobierno tiene que desarrollar una estrategia para atender a los quejosos, a la derecha, a los agraviados, a los empleadores y a las comunidades de mexicanos. El objetivo: explicar, sumar, mostrar los efectos benignos de los migrantes que hoy están ilegalmente allá, atenuar los miedos. Un magno esfuerzo que, paradójicamente, no debe ser muy público, pero sí amplio y en todas partes. Una gran operación política de bajo perfil: con presupuesto y redefiniendo el enfoque de los consulados. Sobre todo, yendo más allá de las estructuras formales e involucrando a la sociedad y a actores diversos, allá y acá. Poco priista pero indispensable.

 

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@lrubiof

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