Luis Rubio
Las monedas tienen dos lados y, en este momento, la del gobierno no cuadra. Por un lado, el presupuesto supone una tasa de crecimiento sensiblemente más elevada a la que se experimentó en el año que está por terminar. Para lograr este hito, el propio gobierno reconoce que sólo se puede logar una tasa más elevada de crecimiento con inversión privada. Pero, por el otro lado, el poder legislativo se la vive aprobando leyes que no solo desincentivan la inversión, sino que la aniquilan. La pregunta es si los dos lados del gobierno se comunican y entienden las implicaciones de su desencuentro.
El planteamiento inherente al presupuesto es por demás sensato: se puede elevar la recaudación y con eso lograr las metas de gasto que propone el gobierno siempre y cuando se eleve la plataforma de producción petrolera y crezca la economía cerca del 2%. Muchos han criticado de ilusas estas dos premisas pero, desde el punto de vista de Hacienda, son alcanzables siempre y cuando existan condiciones propicias: a final de cuentas, esos números se han logrado en años anteriores y no hay razón estructural para pensar que no pudiera repetirse.
Sin embargo, el actuar legislativo ha venido construyendo un andamiaje que atenta directamente contra la posibilidad de que crezca la inversión: se han aprobado tres leyes que no sólo atentan contra la inversión, sino que ponen en la defensiva a toda la población que paga impuestos. La extinción de dominio entraña definiciones tan laxas y amplias que puede ser aplicada a virtualmente cualquier persona. El cambio en el Artículo 19 constitucional le da poderes tan vastos a la autoridad, que no hay límite en lo que pueda llegar a hacer, independientemente de si sus motivaciones son legítimas o políticas. Finalmente, la legislación en materia fiscal pone contra la pared literalmente a cualquier ciudadano, no sólo a empresarios que adquieran facturas falsas. Por supuesto que el negocio de las llamadas factureras tiene que ser erradicado, pero la ley que se aprobó pone en el umbral de la cárcel a cualquier causante fiscal.
Poco a poco, se ha construido el andamiaje de un instrumental formidable que, en manos de una autoridad vengativa o con agenda, puede afectar al conjunto de la población. En su más mínima expresión, permite intimidar a cualquier persona, de cualquier actividad. Hay dos posibles explicaciones para esto: una, que hay un plan maquiavélico detrás de estas iniciativas, orientado a controlar a toda la ciudadanía. La otra, que cada iniciativa responde a demandas de distintos grupos dentro de Morena, motivados más por un ánimo revanchista, probablemente contra los empresarios grandes. Yo tiendo a pensar que lo segundo es más probable, pero el asunto es irrelevante: lo que se ha construido es un instrumental letal para personas, empresarios y, en general, para la inversión. Lo mismo podría ocurrir con el ahorro de aprobarse la iniciativa que fue publicada en materia de las afores y lo único que podría impedirlo es la clarividencia con que la oposición en el Senado se ha comportado.
La pregunta es si se trata de un gobierno unificado que se propone modificar la forma de funcionar del país para lograr una mejor distribución del ingreso y erradicar la corrupción y la impunidad o si lo que estamos observando representa visiones encontradas, parcial o totalmente, que, al acumularse, producen un estado autoritario en ciernes. De ser lo primero, el objetivo es incumplible porque lo único que se logrará será paralizar a la economía y, por ende, al país. Si es lo segundo, los buenos propósitos presentados en la propuesta de presupuesto quedan anulados por quienes prefieren la intimidación y la amenaza que la certeza y la viabilidad de largo plazo del país.
Quienes propugnan por la consolidación de un gobierno autoritario con todos los medios e instrumentos para intimidar y controlar a toda la población, desde el empresario más encumbrado hasta el más modesto campesino, evidentemente parten de la premisa que el gobierno puede imponer su voluntad y que la población, toda, carece de alternativas.
La realidad es muy distinta, como lo prueban dos ejemplos: por un lado, llevamos décadas de observar como los mexicanos más modestos migran para encontrar las oportunidades de empleo y desarrollo que los políticos y burócratas desde siempre les han negado. Los migrantes votan con sus pies y, en el camino, se lea esto así o no, de facto los censuran y reprueban.
Por su parte, las empresas –medianas y grandes- han hecho suyo el mundo, como un proceso natural de evolución, idéntico al que caracteriza al resto del planeta. De la misma forma en que Audi o Toyota se instalan en México, empresas mexicanas crecen y se expanden en Alemania y Japón. De haber habido un mercado interno mucho más grande, su expansión hacia el exterior seguramente habría sido menor. El hecho de que la economía haya crecido tan poco en promedio es otra evidencia del pobre desempeño gubernamental a lo largo de varias décadas.
El problema para el gobierno es que parece creer que mayor control va a producir un resultado mejor. La evidencia es exactamente la opuesta: sin confianza ni los campesinos ahorran o invierten.
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