Luis Rubio
“Cuando visito un país, escribió Montesquieu, me preocupa menos conocer cuáles son sus leyes que saber si se aplican”. El Estado de derecho es un fenómeno complejo que no permite definiciones fáciles. Algunos presidentes afirman que respetan el Estado de derecho porque cumplen la ley, jamás reparando en que el problema es que hace un mes cambiaron la ley a su antojo. En un famoso caso de la Suprema Corte de EUA sobre pornografía, el juez Potter Stewart afirmó que “se lo que es cuando la veo”. Algo similar se podría decir del Estado de derecho: cuando la ciudadanía vive tranquila porque sabe que nadie puede abusar gratuitamente de ella, existe el Estado de derecho.
El Estado de derecho tiene dos caras. Por una parte la capacidad de la autoridad para manipular la ley a su antojo, lo que viola la esencia del principio elemental de legalidad, que consiste en que las leyes deben ser públicas, conocidas por todos y aplicadas de manera justa. Cuando un gobernante enfrenta limitaciones efectivas a su marco de acción, el país vive en un Estado de derecho.
Pero hay otra dimensión que no es pequeña y esa es la del cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos: qué hace que un ciudadano cumpla la ley. Este también es un asunto clave, quizá implícito, en lo relativo a seguridad, policías y legalidad.
Según el estudio de Tom R. Tyler*, la gente cumple la ley cuando la considera legítima y no porque tema un castigo. La conclusión de Tyler, que realizó un extenso análisis fundamentado en encuestas, estadísticas y entrevistas, es que es mucho más importante, y rentable, para un sistema legal que la población lo respete a que se sienta amenazada por la probabilidad de ser castigada. Su aseveración principal es que a la gente le importa mucho más la legitimidad de la autoridad que los instrumentos con que trata de hacer cumplir la ley, argumento que contrasta dramáticamente con mucho de lo que se utiliza en el país en el combate a la criminalidad o a la evasión fiscal, por citar dos casos obvios. De ser válida la conclusión de Tyler, la interrogante crucial es cómo lograr esa legitimidad.
Desde la perspectiva de la autoridad responsable de que se cumpla la ley –y aquí Tyler supone una condición de estabilidad que no es típica de México- lo crucial es menos la vigilancia por parte de policías u otros cuerpos estatales que el comportamiento de las personas en su vida cotidiana. Una cosa es lo que dice la letra de la ley o reglamento y otra es el comportamiento de los individuos. El objetivo teórico es que no exista diferencia alguna entre ambos principios: norma y comportamiento. La pregunta es cómo se logra eso o qué es lo que lo hace posible.
Según Tyler, mucho de la legitimidad que inspira y genera un sistema legal se deriva de la interacción entre la población y la autoridad, especialmente con aquellos directamente vinculados con el proceso legal-judicial, como son los policías, jueces y ministerios públicos. Su estudio muestra que de esas experiencias la gente generaliza hacia el conjunto del sistema político. Si su conclusión fuera igualmente aplicable a México, las implicaciones serían monumentales: tomando como base a las policías del país como modelo sobre el cual evaluar a todo el resto del gobierno, de ahí al presidente, el resultado sería catastrófico, o sea, como es.
Según el estudio, la interacción con la autoridad le confiere una enorme fuente de información al individuo. Las inferencias que de ahí deriva con frecuencia se tornan permanentes y en eso su percepción respecto a las motivaciones del funcionario es crucial. Si esa persona es percibida como imparcial, dedicada a su trabajo y justa en su actuar, el ciudadano la percibe como autoridad legítima. En caso contrario, si la percibe como interesada, incompetente o injusta, eso le lleva a calificar al conjunto del sistema político-judicial. Igualmente importante es la percepción de que se hace justicia, especialmente en el caso de juicios, aprehensiones y decisiones en materia de casos criminales.
Desde esta perspectiva -llevando el análisis de Tyler a México-, no es casualidad que la población repruebe decisiones como la de extraditar a Florence Cassez o que se libere de la cárcel a un algún personaje muy visible. Esas situaciones son sintomáticas de las conclusiones a las que el autor llega en su estudio sobre Chicago: si la población no cree que se hace justicia, percibe a los políticos como corruptos y ve a los policías como dedicados a sus propios intereses o incompetentes en el cumplimiento de su responsabilidad, su conclusión respecto a la legitimidad del conjunto del sistema judicial es devastadora y se refleja en esos casos paradigmáticos. No costaría mucho extrapolar de ahí a todo el sistema político.
La implicación central del estudio de Tyler es que existe una correlación entre la percepción de legitimidad que la gente tiene respecto a la autoridad y el cumplimiento de la ley. Si la legitimidad es alta, la gente cumple; si la legitimidad es baja, la gente no se siente obligada por la ley y sólo la cumple cuando percibe que el riesgo de no hacerlo es demasiado elevado. Puesto en otros términos, la legitimidad es crucial para el funcionamiento de una sociedad y constituye un factor estratégico clave para un gobierno que pretende avanzar el cumplimiento de la ley, en cualquiera de sus ámbitos.
Asuntos como la apertura energética y la credibilidad del gobierno van de la mano y la plataforma de la que comienzan no es encomiable…
*Por qué la gente cumple la ley, Princeton.
@lrubiof
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