Luis Rubio
En ocasiones parece que la desesperación, más que la razón, domina el actuar gubernamental. De hecho, ante la falta de un diagnóstico razonable y responsable respecto al creciente problema de criminalidad y ante la cerrazón a aceptar las terribles implicaciones de este cáncer que nos devora, el gobierno recurre ahora al expediente de siempre: echarle dinero a los problemas que no sabe resolver.
La nueva modalidad vernácula que flota en el ambiente político es la de la creación de una policía nacional financiada con un impuesto que pagarían directamente los gobiernos estatales a la federación. Por su parte, el gobierno del Distrito Federal no se ha quedado atrás. Acaba de proponer otra solución de importación: la de la política de tolerancia cero que tanto éxito ha tenido en la ciudad de Nueva York. Estas nuevas ideas se suman al conjunto de iniciativas, que por cierto no han prosperado en el Congreso, que en los hechos privan o limitan a la ciudadanía (a las víctimas de la incompetencia gubernamental en materia de seguridad) de sus ya de por sí precarios derechos civiles y de sus garantías individuales, en lugar de resolver el problema de fondo: el de la impunidad.
La criminalidad y la delincuencia ascienden en forma incontenible. No hay día en que las bandas de criminales no asalten, secuestren, asesinen o golpeen a personas comunes y corrientes, cuyo único crimen fue el de tratar de dedicarse a sus actividades cotidianas. Las iniciativas recientemente anunciadas tanto por el gobierno federal como por el de la ciudad de México no constituyen avances positivos. El diagnóstico del gobierno federal respecto a las causas del problema es confuso y contradictorio. Por una parte, el gobierno reconoce -más implícita que explícitamente- que la mayor parte de la delincuencia está organizada. Es decir, que no se trata de desempleados ni de personas que llevan una doble vida, mitad criminal y mitad honesta, sino de criminales dedicados a asaltar, robar, secuestrar, matar y vejar a la población de tiempo completo. Por otra parte, el propio gobierno reconoce, aunque nunca en público, que esas mafias de criminales no podrían operar sin el apoyo, contubernio o, cuando menos, protección directa de las diversas policías que hay en el país. Es decir, aunque el gobierno nunca ha vinculado estos dos componentes entre sí, no hay la menor duda que se trata de una y la misma cosa: la criminalidad es posible y tiene éxito porque está coludida con las autoridades. Como no se reconoce el vínculo entre estos dos factores, el gobierno simplemente no puede ser exitoso en sus múltiples intentos de enfrentar el problema.
A pesar de la evidencia, las acciones que propone el gobierno federal son notables porque ignoran de entrada sus propias conclusiones. El gobierno propone crear una policía nacional, a pesar de que existe un cuerpo judicial federal que no solo no ha resuelto sino que ha agravado el problema de la criminalidad. Es decir, en la iniciativa gubernamental ni siquiera se reconoce el hecho de que ya existe una policía nacional que no cumple su cometido. La noción de crear un cuerpo paralelo es absurda por sí misma. Pero más que absurda es peligrosa, puesto que mientras que no se resuelva el problema de la impunidad de los criminales, la creación de una nueva policía simplemente implicará un mayor índice de criminalidad. Puesto en otros términos, el gobierno está pidiendo que los gobernadores paguen no por la solución de un problema, sino por su agravamiento.
Pero eso no es todo. Con su propuesta de reducir los requisitos para que un juez otorgue una orden de aprehensión contra un supuesto criminal, el gobierno federal vuelve a su manía de cambiar las leyes, como si la realidad pudiese ser alterada a voluntad del legislador. Dicha iniciativa ignora totalmente el hecho de que la impunidad es el problema que yace detrás de la delincuencia y la criminalidad. La iniciativa de ley enviada al Congreso propone reducir los requisitos para que un juez otorgue una orden de aprehensión y un auto de formal prisión y eliminar las trabas legalistas que impiden la conclusión rápida de un juicio. Evidentemente a toda la ciudadanía le gustaría acabar con la criminalidad; sin embargo, la manera de lograrlo no es reduciendo los derechos ciudadanos ni eliminando o erosionando las pocas garantías con que contamos los mexicanos para protegernos de la arbitrariedad policiaca. Es incomprensible la noción de que la inseguridad va a disminuir mediante el otorgamiento de mayores poderes a las autoridades policiacas que, nominalmente, son responsables de atacar el crimen, pero que en realidad son parte inherente a él, ya sea por complicidad, ineficiencia, ineptitud, o por corrupción.
Las dos iniciativas del gobierno federal adolecen de la misma falla: parten de un diagnóstico equivocado y al hacerlo fortalecen, protegen y facilitan la labor de las personas, entidades y corporaciones que son responsables de, al menos, proteger y solapar a las mafias y bandas de criminales en el país. Aumentar los recursos destinados a estas actividades o modificar las leyes para facilitar su negativo e irregular desempeño a costa de la ciudadanía es simplemente inaceptable. Implica que el gobierno está dispuesto a condonar la impunidad de los criminales o, en el más benigno de los casos, que ha decidido abdicar a su responsabilidad de garantizar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.
Las propuestas del gobierno de la ciudad de México para atacar el problema de la inseguridad no son más sensatas o menos absurdas que las del gobierno federal. Para el gobierno del Distrito Federal la política idónea es la de la tolerancia cero, que fue muy exitosa en la ciudad de Nueva York. La política de tolerancia cero consiste en penalizar cualquier comportamiento delictivo, así sea éste menor, como cruzar la calle a la mitad de una cuadra, en vez de en la esquina, tirar un pedazo de papel en la vía pública o tratar de realizar comercio ambulante. Detrás de esta política se encuentra la noción de que si la población se acostumbra a respetar la ley, a sabiendas de que va a ser penalizada aun por cosas menores, nadie se va a atrever a llevar a cometer crímenes mayores. Evidentemente, esta idea lleva implícito el requisito de eficacia de los encargados de procuración de justicia, tema al menos distante en nuestra realidad.
Los resultados en Nueva York han sido espectaculares. Pero, para nuestra desgracia, la estrategia no es aplicable a México, por más que pudiese sonar atractiva. Para comenzar, la mayor parte de la criminalidad en México es organizada, lo que de entrada nulifica todo el concepto. Ninguna mafia va a encontrar en una multa por tirar basura un desincentivo a su labor criminal. Por si esto no fuera suficiente, dado el contubernio entre las autoridades y los delincuentes, esta estrategia implicaría, una vez más, dotar a las autoridades policiacas de poderes adicionales para poder llevar a cabo su labor delictiva con mayor comodidad. Valiente solución.
Terminar con la criminalidad requiere de un enfoque que, además de la «tolerancia cero», incluya cinco factores indispensables: a) leyes idóneas; b) un aparato de procuración de justicia (los ministerios públicos) que funcione (y que, por ejemplo, pueda preparar actas, investigar los delitos y presentar las pruebas correspondientes); c) un aparato de administración de justicia eficaz (frente al desorden, ineficacia y venalidad que hoy existen); d) una policía preparada, armada, bien pagada y capacitada que cumpla con sus funciones; y e) un consenso social que apoye la labor policiaca. Inútil afirmar que no contamos con ninguno de estos factores en la actualidad, por lo que la «tolerancia cero» funcionaría contra la colectividad y a favor de la delincuencia en uniforme.
La solución al problema de la criminalidad no va a venir del cielo, ni de la acumulación de leyes o iniciativas, por brillantes que éstas sean. Nuestro problema es de impunidad y es ahí donde tiene que concentrarse el esfuerzo. No en la disminución de derechos ciudadanos o en el otorgamiento de todavía más prerrogativas a quienes solapan o se benefician de la delincuencia. Todavía más importante, las soluciones fáciles -los cambios de leyes o la adopción de teorías que nada tienen que ver con nuestra realidad- no pueden prosperar. Pero si no se comienza ahora por enfrentar la impunidad, el futuro será mucho peor. ¿Cuándo harán suyo el problema de la criminalidad los partidos políticos y sus legisladores?