Luis Rubio
Fabricación de pruebas, siembra de restos humanos, policías al servicio de sus dueños políticos, narcos o, simplemente criminales. Todas estas son las realidades de nuestro país. Los políticos pretenden y argumentan que existe justicia y democracia en México, pero los mexicanos sabemos la realidad: las leyes una ficción, la legalidad no existe y la justicia es, en este contexto simplemente imposible.
Lo único novedoso de los últimos dos meses ha sido la confesión por parte del establishment político de la realidad que ya todos sabíamos o suponíamos. El actual gobierno tenía el proyecto de imponer la legalidad, pero las fallas inherentes a su proyecto, sumadas a la terca realidad, han hecho que ésta no sólo no avance, sin que el retroceso sea mayúsculo. Frente a esta terrible realidad, el único resquicio de optimismo puede surgir del hecho de que hoy todos, en México y fuera, sepamos la realidad, confiadamente de la verdad se pueda construir algo más digno de un país que ha aguantado tanto abuso.
El problema es que los políticos se niegan a aceptar la realidad. Lejos de ello. En lugar de reconocer la vergüenza que representa la ausencia patente de justicia y legalidad, los políticos de todos los partidos se han abocado a la indecorosa actividad de culparse mutuamente y a convertir la que podía haber sido la base de un gran consenso político en favor de la justicia y legalidad, en una burla superlativa de la población.
Los mexicanos hemos tomado todos estos denigrantes hechos con una mezcla de mofa vergüenza y profundo desprecio. Para un país acostumbrado a vivir esta realidad por siglos, el hecho de que se hagan públicos estos hechos no hace sino comprobar lo que han sabido siempre: que la justicia en el país no es posible y a lo que lo que los políticos y gobernantes llaman justicia y legalidad no es y ha sido más que un abuso tras otro, diseñado para favorecer los intereses de un puñado de personas y grupos.
Lo que ha pasado ahora es que el arribo de una supuesta democracia ha descubierto el debate político y ha provisto enormes incentivos para lavar la ropa sucia en público. Si eso fuera todo, el beneficio potencial de largo plazo sería enorme. Sin embargo, nos estamos adentrando en un proceso político sumamente peligros que igual puede concluir en una democracia consolidada, pero más probablemente va a acabar con un conflicto exacerbado, potencialmente violento.
La legalidad del régimen no consiste en proteger a los individuos del abuso gubernamental -esencia de la legalidad aquí y en China- sino en codificar las leyes, para el resto de los políticos -e, incluso, muchos abogados-, la legalidad existe toda vez que se haga lo que ellos creen que debe hacerse. Sólo eso explica que existan procesos judiciales tan viciados como los que han sido casos espectaculares de los últimos sexenios, hasta los crímenes políticos más reciente. Lo que los políticos no parecen acabar de comprender es que la politización de la justicia una vez entraña su politización permanente. O, lo que es lo mismo, que el inquisidor de hoy puede ser el inculpado de mañana por el mero hecho de haber caído de la gracia de los altos poderes del momento.
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5 compra de testimonios, encarcelaciones sin pruebas, procesos corruptos, ,se
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¿Hay algo que se pueda hacer al respecto? Evidentemente es posible transformar la realidad actual y comenzar a construir un sistema legal y judicial moderno, pero los problemas y obstáculos en el camino no son pequeños. La pequeña -y muy modesta- mejoría en la manera de decidir y funcionar de la Suprema Corte de Justicia demuestran que es posible avanzar en la dirección correcta. Sin embargo, dada la enorme y profunda incredulidad que existe, un verdadero avance en materia de justicia y legalidad en el país probablemente sería asequible sólo si ésta se despolitiza de golpe y en su totalidad.
El gobierno tendría que organizar un acuerdo político amplio entre los partidos y fuerzas políticas para poder adoptar semejante iniciativa, una vez logrado esto, todos los políticos tendrían que aceptar la revisión de los casos políticos y politizados, entendiendo de entrada la posibilidad de que algunos inculpados, -culpables o no- pudiesen ser liberados por el hecho de que el gobierno y las procuradurías fallaron en los procedimientos o porque fueron incapaces de demostrar culpabilidad. En algunos ámbitos, una solución sería posible sólo en la medida en que se aceptaron jurisdicciones internacionales para la solución de problemas dentro del país. Es decir, aceptar e instrumenta las decisiones de instituciones como la Corte Internacional (e Interamericana) de Derechos Humanos, así como de entidades como MIGA, que otorgan garantías a la inversión respecto a acciones arbitrarias de los gobiernos .