América Economía – Luis Rubio

 ¿En qué se parecen el tren rápido a Querétaro y el flamante Instituto Nacional Electoral?Lamentablemente, la semejanza es menos altruista de lo deseable. Hace unos meses, el Secretario de Comunicaciones fue al Congreso a defender el proyecto de tren rápido a Querétaro, pero tan pronto llegó a su oficina dio media vuelta y anunció que éste se suspendía. La orden le había llegado de arriba. Su jefe, en uso de sus facultades ejecutivas, decidió cancelar y el secretario, como subordinado que es, hizo caso omiso de la evidente contradicción para anunciar que el proyecto se cancelaba.

El caso del INE fue similar, excepto que el presidente no es, o supuestamente no es, su jefe. El asunto es el anuncio electoral del PAN en el cual se criticaba el viaje del presidente a Londres con un grupo de (supuestamente) 200 invitados. Independientemente de la veracidad del spot, tan pronto se hizo público, el PRI protestó; el INE realizó su evaluación y concluyó que el anuncio no violaba las reglas establecidas y rechazó la protesta, permitiendo que el anuncio continuara. Sin embargo, al día siguiente, el INE recibió una carta de la presidencia en que se solicitaba la prohibición del anuncio, a lo que el consejo del INE accedió, modificando su decisión anterior (luego revertida por el Tribunal). El problema es que, a diferencia del secretario de Comunicaciones, el INE es una entidad supuestamente autónoma. En esta decisión mostró los límites reales a su acción y renunció a su autonomía.

i no fuera porque hay explicaciones para cada una de estas instancias, uno pensaría que todo el proyecto político de las últimas décadas ha consistido no sólo en lo obvio (cambiar para que todo siga igual), sino para engañar a la ciudadanía con la promesa de una democracia que jamás podría llegar.

El tema no es nuevo. El IFE, antecesor del INE, había estado integrado por consejeros nombrados por un plazo de ocho años pero en dos ocasiones se modificó la ley, misma que alteró no sólo la legislación respectiva sino la composición del consejo, por lo que ninguno de aquellos consejeros duró los ocho años comprometidos. Cabe la pregunta: ¿se modificó la ley para remover a los consejeros? Como no hay forma de comprobar lo contrario, uno tiene que concluir  que al menos la supuesta autonomía no fue un freno para removerlos. Es decir, la autonomía vale sólo mientras no se ejerce. En consecuencia, es de suponerse que el actual consejo del INE, al aceptar su subordinación al presidente, está actuando para preservar sus ocho años.

El mismo fenómeno se ha repetido en los órganos reguladores (telecomunicaciones y competencia), que también han sido modificados con frecuencia. Ahora hasta hay cuotas partidistas para la integración de la Suprema Corte de Justicia. El asunto sería risible si no fuera tan grave y preocupante.

La conformación de órganos autónomos fue una idea creativa para responder a la enorme crisis de credibilidad que ha azotado a la sociedad mexicana por décadas. El objetivo era crear “islas” de credibilidad sostenidas por individuos intachables que pudiesen “prestar” su credibilidad y honestidad a la sociedad, confiriéndole certidumbre de que al menos en el ámbito específico, podría haber confianza de que las cosas se harían bien. El primer caso que recuerdo fue el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, con altibajos, ha satisfecho ese mandato de manera al menos decorosa. Aunque no cabe exactamente bajo el mismo rasero, el TLC fue concebido exactamente con la misma lógica: conferirle certidumbre a los inversionistas de que las reglas no cambiarían de manera caprichosa.

El IFE, en el asunto más conflictivo, supuestamente probó su relevancia en la elección del 2000, dado que el PRI fue derrotado y el IFE así pudo atestiguarlo sin disputas. En retrospectiva, parece evidente que aquel IFE logró la credibilidad que tuvo más porque el candidato del PRI, Francisco Labastida, y el entonces presidente Zedillo tuvieron la entereza de reconocer la elección que por la autonomía del consejo del IFE. Tan pronto un candidato posterior disputó la elección, la autonomía valió lo mismo que una sombrilla.

El fenómeno no es atribuible al gobierno, pues toda la clase política ha sido cómplice de lo mismo: son los partidos los que han creado cuotas partidistas para estos órganos y cuerpos colegiados; ellos mismos han desmantelado a las entidades autónomas cada que les ha parecido conveniente o expedito. También, en contubernio con diversas administraciones, han creado leyes absurdas y atrabiliarias que excluyen a la ciudadanía de la participación política, distancian a sus supuestos representantes de la población y le impiden a esta última a manifestarse libremente en asuntos que, en una democracia que se respeta, serían de su incumbencia.

El Pacto por México, que tan importante fue para el proceso de reformas, se fundamentó en la exclusión explícita de los órganos de representación de la ciudadanía. Es decir, ni siquiera hubo la pretensión de que las reformas fueron discutidas por los representantes quienes, a la vieja usanza del PRI, no hicieron más que alzar el dedo. Peor, el Pacto vino acompañado de una estructura de corrupción que involucró a todos los participantes, lo que explica en buena medida el enorme desprestigio del que hoy gozan todos los institutos partidistas. Si no fuera porque hay explicaciones para cada una de estas instancias, uno pensaría que todo el proyecto político de las últimas décadas ha consistido no sólo en lo obvio (cambiar para que todo siga igual), sino para engañar a la ciudadanía con la promesa de una democracia que jamás podría llegar.

Erica Jong, una escritora, escribió: “tomas tu vida en tus manos y ¿qué pasa? Una cosa terrible: no hay a quién culpar”. Así está nuestra clase política.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-clase-politica-mexicana-ya-no-tiene-nadie-quien-culpar

Luis Rubio

2015-05-10 9:04 GMT-05:00 Velia Luz Hernández <cidacmx@gmail.com>:

03 May. 2015

¿Cuáles son los retos particulares de gobernabilidad en México?

En su exilio en París, Porfirio Díaz afirmó que “gobernar a los mexicanos es más difícil que arrear guajolotes a caballo”. Algo debe haber sabido luego de casi treinta años de intentarlo. Sin embargo, el hecho de que haya perdurado tanto tiempo y la forma en que culminó su gestión es sugerente del problema del país que no acaba de resolverse.

En su libro La política del desarrollo mexicano, Hansen dice que el sistema priista no fue otra cosa que la institucionalización del porfiriato. Fue, en realidad, una forma creativa de responder ante los problemas a los que se refería Díaz y una respuesta que le dio al país décadas de paz y algunas de desarrollo económico. Funcionó hasta que comenzó a hacer agua de manera más o menos simultánea tanto en el ámbito económico como en el político: en los sesenta el sistema llegó a sus límites y, a pesar de muchos malabares legales, constitucionales y políticos, el problema sigue ahí.

¿Por qué es importante abordar el tema de la gobernabilidad?

La gobernabilidad del país sigue siendo el corazón del problema y se nota en todos los ámbitos: en la falta de seguridad, en una justicia enclenque, en la discontinuidad permanente de la política económica, en las altas tasas de desempleo y, en general, en la falta de oportunidades. De haber un sistema efectivo y funcional de gobierno el país no estaría padeciendo los males de inestabilidad, criminalidad y bajo crecimiento económico. La gran pregunta es cómo resolver el acertijo de la gobernabilidad: ¿cómo crear un régimen político que sea a la vez funcional y que rinda cuentas?

¿Son necesarios cambios al marco legal?

Por años, el mantra político-intelectual era que se requería una serie de reformas y que éstas, casi como por arte de magia, resolverían los problemas del país. Ahora que se ha reformado la Constitución en tantos artículos que muchos dicen ya no reconocerla, uno supondría que deberíamos estar en el umbral del desarrollo y, sin embargo, nada de eso está ocurriendo. Con esto no quiero sugerir que las reformas emprendidas son malas o innecesarias; todo lo contrario: creo que algunas de ellas pueden ser profundamente transformadoras. Dicho eso, estoy convencido que sin un sistema de gobierno efectivo y adecuado para el siglo XXI las reformas son claramente insuficientes.

¿Qué elementos son importantes para abordar una solución al problema de fondo?

Tres textos recientes me hicieron reflexionar sobre la complejidad del problema y la falta de acuerdo sobre la naturaleza de la solución. En agudo texto intitulado La ley del cinismo*, Sergio López Ayllón dice que “tenemos un sistema jurídico cínico, saturado de derechos y obligaciones sin instituciones con las capacidades para hacerlos efectivos… Si queremos un Estado de derecho creíble entonces necesitamos leyes en serio”. O sea, el énfasis ha sido el equivocado: nuestros políticos creen que con cambiar la ley cambia la realidad y su trabajo ha sido satisfecho. Como bien apunta López Ayllón, el problema no es de leyes por sí mismas sino de estructuras que hagan posible un Estado de derecho.

Héctor Aguilar Camín** enfoca su análisis en otra dirección: “la gobernabilidad de un régimen presidencial depende en gran medida de que hay siempre una mayoría absoluta en el Congreso en manos de un partido, sea del gobierno o sea de la oposición, para que ese partido sea responsable claramente de las decisiones que toma el Congreso en todas las materias”. Es decir, nuestro problema radica en la falta de concentración de poder y responsabilidad, esto luego de que el gobierno actual logró reformas que parecían imposibles a lo largo de los quince años anteriores, sin mayoría alguna.

En un análisis sobre China*** David Shambaugh desmenuza los desafíos que enfrenta el sistema político de ese país, en buena medida porque la excesiva concentración de poder –que ha hecho tan efectivo a ese gobierno en materia económica a lo largo de los últimos cuarenta años- está generando conflictos que parecen crecientemente inmanejables, además de que limitan el potencial de ese país de acceder a tecnologías cuyo desarrollo depende en buena medida de un sistema político abierto.

Ambos países, China y México, enfrentan el desafío de la gobernabilidad en la era del conocimiento, lo que demanda un sistema político abierto pero eficaz. No cabe duda que crear un sistema de esa naturaleza va a requerir la construcción de instituciones capaces de hacer valer el Estado de derecho como afirma López Ayllón, pero también que es imperativo reconfigurar al sistema político como infiere Aguilar Camín.

¿Hay un modelo que podamos seguir para esta reconfiguración?

El reto del Estado de derecho es descomunal y, aunque hay casos exitosos de construcción institucional en el mundo, ningún ejemplo es aplicable nada más porque sí. Lo que es claro es que la solución no reside en un gobierno monolítico con férreo control partidista. Más bien, me parece que debemos comenzar por estudiar los incentivos a la polarización que genera el actual sistema electoral, evaluar los aciertos y errores de las sucesivas reformas –de 1996 a la fecha- para determinar no sólo como se representa mejor a las fuerzas políticas y se evitan los abusos que cada partido ha identificado (correctamente o no), que ha sido la lógica a la fecha, sino cómo se construye capacidad para gobernar.

El énfasis de los últimos veinte años ha estado en resarcir agravios de la era priista. Lo imperativo ahora es construir capacidad de gobierno, junto con instrumentos institucionales en manos de la sociedad para que ésta pueda exigir rendición de cuentas. La gran interrogante es si esto se tendrá que construir de abajo hacia arriba o a la inversa. La respuesta no es obvia.

*Universal Marzo 9, ** Milenio Marzo 24, ***WSJ Marzo 6

FORBES- Abril 2015

OPINION  — EN PERSPECTIVA

EL CRÍTICO SATÍRICO DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE HL. MENCKEN  PENSABA QUE «la vida más triste es la de un aspirante a la política dentro de la democracia. Su fracaso es ignominioso y su éxito vergonzoso». Cada que leo esa cita pienso en las elecciones mexicanas, particularmente en las intermedias de junio próximo.

De acuerdo al principio más elemental de la democracia electoral, los comicios son el medio a través del cual los votantes eligen a sus representantes y gobernantes. México ha avanzado mucho en esa dimensión de la democracia y ha construido instituciones electorales sólidas que gozan de (generalmente) amplio reconocimiento. Dicho eso, la trascendencia de las elecciones próximas es distinta, desde mi perspectiva, a lo que comúnmente se asume. Lo que sigue es mi evaluación de lo que realmente importa en esta ocasión. Primero, habrá elecciones para gobernador en nueve estados, poderes legislativos locales en 17 y se elegirá a la totalidad de la cámara de diputados federal. Las elecciones estatales tienen una evidente relevancia local, sobre todo las que eligen gobernadores, típicamente señores y amos de sus tierras. Desde un punto de vista nacional, importa cuántas gubernaturas gana o pierde cada partido, pero es más un juego de vencidas (quién puede más) que un factor de trascendencia universal.

Segundo, el caso del poder legislativo federal es diferente. El gobierno del presidente Peña ha demostrado que puede lograr la aprobación de cualquier iniciativa de ley, razón por la cual la verdadera importancia de la elección es estrictamente simbólica, pero en política los símbolos son de esencia. Para el gobierno federal es fundamental lograr un triunfo, mismo que presentaría como una ratificación popular de su proyecto, sobre todo a la luz de su descrédito actual. Por la misma razón, para los partidos de oposición es imperativo que el PRI no alcance el umbral del 42.8% del voto popular, negándole con ello la mayoría absoluta. En cualquier caso, el asunto es de simbolismo.

Tercero, no está en disputa qué partido va a ser el más grande de la cámara de diputados. Es evidente que el PRI seguirá siendo el factótum, independientemente de que logre la mayoría absoluta. Tampoco está en disputa que la combinación PRI-Verde probablemente será mayoritaria. Como ese no es el caso en el Senado, que sigue igual por el resto del sexenio, la negociación con otros partidos será similar a lo vivido hasta ahora.

Cuarto, habrá dos contiendas particularmente relevantes. La primera es entre el PRD y Morena. Aunque el voto total de la izquierda seguirá siendo de alrededor del 22% del total, la forma en que esos votos se distribuyan, ahora entre esos dos partidos, será de gran trascendencia. Por una parte, Morena, encabezado por López Obrador, busca crear condiciones para su presunta candidatura presidencial en 2018. Por otro lado, el PRD quiere seguir manteniendo el liderazgo de la izquierda en general. Hay mucho de por medio en esa distribución de votos.

Quinto, otra contienda relevante será por el tercer lugar global. La legislación electoral consagra a tres partidos «grandes», a los que le otorga extraordinarias prebendas y prerrogativas. Al día de hoy, los tres partidos grandes son el PRI, PAN y PRD. Una primera pregunta es cuál de los dos partidos de la izquierda que resultaron de la división del PRD quedará arriba. Pero una segunda pregunta, no menos relevante, es si el Partido Verde, apéndice del PRI, logrará superar a los de izquierda.

En la última elección, el partido Verde obtuvo casi el 6% del voto, cifra que sugiere una baja probabilidad de convertirse en tercera fuerza. Sin embargo, hay encuestas que colocan a ese partido hasta en el 13% de las preferencias, lo que abre toda clase de posibilidades. En contraste con el PRD y Morena, el Verde es un negocio cuasi-familiar, lo que, potencialmente, colocaría a un partido que claramente no está preparado para gobernar (ni es su objetivo histórico) en el corazón de las negociaciones legislativas y  políticas del país.

Finalmente, el resultado de la elección legislativa dependerá casi totalmente de los niveles de participación el día de la elección. La estrategia priista está orientada a elevar la abstención, medida que, dada su aceitada maquinaria electoral, le permitiría elevar el número de curules potenciales. Y eso es lo trágico: en lugar de competir por un mejor gobierno, la contienda es por quién se apropia de más fondos públicos y fuentes de poder.

Nada nuevo bajo el sol.

www.cidac.org

@lrubiof

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América Economía – Luis Rubio

La denuncia de supuestos actos de corrupción se ha convertido en un deporte nacional. No hay día en que las redes sociales dejen pasar fotografías de un funcionario subiéndose a un helicóptero gubernamental o que la esposa de un político sea fotografiada entrando a una tienda en Los Ángeles. El fenómeno atraviesa el espectro político, pero la mirada está fijamente puesta en el gobierno federal.Las fallas de la izquierda aparecen como menores en la lógica de los denunciantes. ¿Se trata de un exceso o meramente de un acto patriótico y, por lo tanto, democrático?

Establezco mi perspectiva de entrada: por un lado, todo mundo tiene absoluto derecho a expresarse libremente: la libertad está por encima de cualquier discusión. Por otro lado, es evidente que en el país existe una enorme propensión al abuso, la corrupción y el exceso. La libertad es un instrumento extraordinario en manos de una ciudadanía comprometida para exhibir y combatir el abuso, el exceso y la corrupción y nadie puede objetar ese principio fundamental.

«Arde Troya» habría dicho Homero, pero el gobierno actual parece indiferente. Un país como EE.UU. podrá navegar «de muertito», pero México no goza de ese privilegio porque la certidumbre depende enteramente del gobernante en turno. En tanto el presidente no asuma ese liderazgo, el país continuará a la deriva y el costo, como ocurrió en la llamada «docena trágica», lo acabará pagando el país y el gobierno actual.

Pero una definición tan amplia de la libertad no es igualmente libre, valga la redundancia, cuando las redes sociales se utilizan como estrategia concertada, como un instrumento de ataque, difamación y odio ilimitado. No propongo límite alguno a la libertad, pero tampoco es posible pretender que una acción concertada es producto de decisiones libres de individuos actuando por sí mismos.

¿En este contexto, tiene derecho una persona –funcionario o familiar- a ir de compras a donde le venga en gana? ¿Ese hecho constituye, por sí mismo, un acto de corrupción? Desde luego, no es lo mismo el uso de medios o activos propiedad del gobierno para fines personales o privados, que la libertad de cada individuo de hacer lo que le plazca con su patrimonio y su vida. Si la esposa del presidente quiere ir de compras con su propio dinero, ¿desde cuándo es ese un asunto que nos concierna al resto de los mexicanos?

En el pervertido circo político-mediático que vivimos se han amalgamado dos asuntos que no son iguales: en primer lugar se encuentra la libertad de cada persona, desde el presidente y su familia y allegados -funcionarios o no-, hasta el más modesto de los mexicanos, a hacer lo que sea su preferencia con su vida y dinero. Pretender que unos cuantos opinadores o «twiteros» tienen el monopolio de la verdad y el derecho a decidir, sin responsabilidad alguna, qué es legítimo y qué no, no es solo arbitrario sino potencialmente letal. Ninguna sociedad puede sobrevivir si no se respeta la vida privada de sus gobernantes.

Lo anterior no implica que sea igualmente legítimo el uso de recursos públicos para fines personales. En los casos en que la ley sanciona un determinado comportamiento, ésta debe aplicase sin miramiento, pues la alternativa sería aceptar y reconocer un rasero distinto para los políticos respecto a los comunes mortales. Pero, de igual manera, donde la ley no tipifica una situación de potencial corrupción o cuando se trata de un caso de la vida privada de un funcionario o su familia, no es suficiente la pretensión, por sí misma, de que se trata de un delito: eso lo debe decidir un juez. En las últimas semanas y meses se han confundido los dos asuntos a un grado tal que se amenaza la viabilidad política del país como sociedad organizada.

El problema es que esto último no es producto de la casualidad. Mucho de lo que acontece en el país de manera cotidiana responde mucho más a las querellas y causas de personas y grupos dedicados a la denuncia como instrumento político. Al mismo tiempo, mucho de esto ha ocurrido y, de hecho, ha sido posible, porque el gobierno ha dejado un inmenso vacío: es el gobierno el que ha creado el caldo de cultivo para la desconfianza que abruma al país. Cuando en una sociedad caracterizada por instituciones débiles el gobierno se descuida, rápido se convierte en la fuente de todo mal y corrupción.

A falta de acción gubernamental, uno tiene que remitirse a lo que existe, y eso es un vacío que ha sido llenado por grupos, intereses y actores, algunos organizados y otros no, muchos de ellos con agendas obvias. En ausencia del gobierno, la agenda la determina el colectivo público que, en un país con instituciones tan disfuncionales y manipulables, entraña el riesgo de descarrilarse. Que es precisamente lo que ha estado ocurriendo.

La defensa gubernamental, expresada en una entrevista en El País en diciembre pasado, es francamente patética: «no vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas». El país no reclama bravuconadas sino liderazgo, claridad de miras y certidumbre. Tampoco se trata de actos teatrales sino de, simplemente, alguien a cargo, eso que comúnmente se llama «gobernar».

«Arde Troya» habría dicho Homero, pero el gobierno actual parece indiferente. Un país como EE.UU. podrá navegar «de muertito», pero México no goza de ese privilegio porque la certidumbre depende enteramente del gobernante en turno. En tanto el presidente no asuma ese liderazgo, el país continuará a la deriva y el costo, como ocurrió en la llamada «docena trágica», lo acabará pagando el país y el gobierno actual. A nadie le conviene tal desenlace.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/si-el-presidente-no-asume-el-liderazgo-mexico-seguira-la-deriva

Luis Rubio

¿Cuál es la explicación detrás del estancamiento económico del país?

El gran ausente en las décadas recientes ha sido el crecimiento económico. Diversos observadores, en particular Gordon Hanson, han analizado el fenómeno y la paradoja de haber realizado una amplia gama de reformas sin lograr el ansiado resultado. Y es cierto, México ha emprendido todo tipo de reformas y acciones supuestamente conducentes a lograr elevadas tasas de crecimiento, pero éste no acaba por materializarse. Hanson argumenta que no es que falten “grandes” reformas sino arreglos y ajustes en las existentes para que liberen el potencial creativo y productivo del país. El gobierno del presidente Peña ha sido particularmente incisivo en la necesidad de reenfocar las baterías gubernamentales para asegurar que, esta vez, el resultado sea distinto. Sin embargo, sus acciones a la fecha no sugieren que logrará su cometido.

¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno?

El gobierno ha planteado dos grandes líneas de política pública. Primero, estimular la demanda con un rápido crecimiento del gasto público, lo que logró que creciera el déficit fiscal y la deuda más que la actividad económica. Independientemente de su viabilidad, esta opción es ahora imposible por los precios del petróleo. Por otro lado, ha hablado mucho de elevar la productividad, pero a la fecha ha incrementado subsidios y protegido a los productores nacionales tradicionales (ej. textiles), más que creado condiciones que hagan competitiva –y por lo tanto más productiva- a la vieja planta industrial. La gran pregunta es si hay algo mejor que se pudiera hacer para, de una vez por todas, sentar las bases para una transformación económica cabal.

¿Qué decisiones han sido clave para dar lugar a la situación actual?

En un artículo reciente, producto de un viaje a México, Dani Rodrik, profesor de Princeton, afirma que “la incapacidad para crecer constituye un enigma para el cual no hay explicaciones simples”. En sus libros ha argumentado que el éxito de los países del sudeste asiático residió en que hubo una combinación óptima entre apertura económica y estrategias industriales que contribuyeron a que las empresas locales se ajustaran para ser capaces de competir en los mercados internacionales. Es decir, que no solo se abrió la puerta a las importaciones (como en México) sino que, dice Rodrik, más como ingenieros que como economistas, los asiáticos se abocaron a asegurar que las empresas locales tuvieran oportunidades de desarrollo.

No es obvio que ese tipo de estrategias hubiera funcionado en el contexto mexicano, pero el hecho es que la economía nacional acabó partida en dos pedazos, uno altamente productivo, el otro rezagado y sin futuro. Por otro lado, reformas como la energética, si se conciben como instrumentos para promover y facilitar el crecimiento (que, dada nuestra muy peculiar forma de ser, es mucho más probable en CFE que en Pemex), podrían tener un efecto similar al asiático. La reforma energética podría constituir una oportunidad excepcional para que se desarrolle un «nuevo» sector privado en una rama económica hasta hoy vedada a los mexicanos.

¿Cuál es el potencial de transformación de la reforma energética?

La oportunidad es evidente, pero también lo es el riesgo. Así como la CFE se está transformando con una clara visión de largo plazo, orientada a convertirse en un instrumento para el desarrollo del país (lo que presumiblemente podría generar posibilidades para que empresas mexicanas compitan directamente con las internacionales), en Pemex es claro que la empresa se está enquistando, tratando de recrear el viejo monopolio pero ahora de manera relativamente independiente del gobierno.

El contraste entre estas dos empresas difícilmente podría ser mayor. Si uno piensa en los términos que plantea Rodrik, es concebible que la CFE cree condiciones para que se establezcan empresas competitivas, libres de interferencia política. Por otro lado, también existe la posibilidad, mucho más clara en Pemex en este momento, de que se promuevan oportunidades para los cuates con mecanismos implícitos de protección. Lo primero contribuiría a acelerar el paso del crecimiento, lo segundo a más de lo de siempre: corrupción, improductividad y compadrazgos.

¿Qué lecciones sería importante tomar en cuenta para impulsar el crecimiento?

No es necesario ir muy lejos: basta con observar el pasado. En México nunca hubo una estrategia orientada a hacer competitiva a la planta productiva tradicional -ni antes ni después del TLC-, pero ha habido otra que es infinitamente más perniciosa: en lugar de promover la transformación de la planta industrial tradicional, lo que se ha hecho es protegerla, provocando informalidad e impidiendo lograr el objetivo central en la lógica de Rodrik: crecimiento económico amplio y sustentado desde la base.

La estrategia «museográfica» que el gobierno mexicano ha seguido en las últimas décadas tiene una explicación político-social (la planta tradicional emplea alrededor del 70’% del sector), pero no deja de ser una estrategia perdedora. Si el gobierno se empeña en una política industrial, lo mejor sería crear condiciones de competencia en el sector energético que hagan posible el desarrollo de una nueva planta industrial, pero si de verdad quiere que ésta contribuya al desarrollo, el entorno tendría que ser libre de interferencias burocráticas, subsidios y compadrazgos. O sea, algo que es poco natural para nuestros gobernantes.

El gobierno ha acertado en definir el problema del crecimiento como uno de improductividad. Su reto es atacar las causas, más que los síntomas de esa condición. La paradoja es que el beneficio político real se deriva de una economía creciente y pujante y no de una entelequia que se apoya sin sentido ni dirección.

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=61314&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=61314

19 Abr. 2015

¿Cómo se ha desarrollado el fenómeno de indignación social en los últimos meses?

La denuncia de supuestos actos de corrupción se ha convertido en un deporte nacional. No hay día en que las redes sociales dejen pasar fotografías de un funcionario subiéndose a un helicóptero gubernamental o que la esposa de un político sea fotografiada entrando a una tienda en Los Ángeles. El fenómeno atraviesa el espectro político, pero la mirada está fijamente puesta en el gobierno federal. Las fallas de la izquierda aparecen como menores en la lógica de los denunciantes. ¿Se trata de un exceso o meramente de un acto patriótico y, por lo tanto, democrático?

¿Qué rol juega el concepto de libertad ante estas circunstancias?

Establezco mi perspectiva de entrada: por un lado, todo mundo tiene absoluto derecho a expresarse libremente: la libertad está por encima de cualquier discusión. Por otro lado, es evidente que en el país existe una enorme propensión al abuso, la corrupción y el exceso. La libertad es un instrumento extraordinario en manos de una ciudadanía comprometida para exhibir y combatir el abuso, el exceso y la corrupción y nadie puede objetar ese principio fundamental.

Pero una definición tan amplia de la libertad no es igualmente libre, valga la redundancia, cuando las redes sociales se utilizan como estrategia concertada, como un instrumento de ataque, difamación y odio ilimitado. No propongo límite alguno a la libertad, pero tampoco es posible pretender que una acción concertada es producto de decisiones libres de individuos actuando por sí mismos.

¿Cuándo es susceptible a la crítica la vida privada?

¿Tiene derecho una persona –funcionario o familiar- a ir de compras a donde le venga en gana? ¿Ese hecho constituye, por sí mismo, un acto de corrupción? Desde luego, no es lo mismo el uso de medios o activos propiedad del gobierno para fines personales o privados, que la libertad de cada individuo de hacer lo que le plazca con su patrimonio y su vida. Si la esposa del presidente quiere ir de compras con su propio dinero, ¿desde cuándo es ese un asunto que nos concierna al resto de los mexicanos?

En el pervertido circo político-mediático que vivimos se han amalgamado dos asuntos que no son iguales: en primer lugar se encuentra la libertad de cada persona, desde el presidente y su familia y allegados -funcionarios o no-, hasta el más modesto de los mexicanos, a hacer lo que sea su preferencia con su vida y dinero. Pretender que unos cuantos opinadores o “twiteros” tienen el monopolio de la verdad y el derecho a decidir, sin responsabilidad alguna, qué es legítimo y qué no, no es solo arbitrario sino potencialmente letal. Ninguna sociedad puede sobrevivir si no se respeta la vida privada de sus gobernantes.

¿Cómo conciliar ese respeto a la vida privada con el combate a la corrupción?

Lo anterior no implica que sea igualmente legítimo el uso de recursos públicos para fines personales. En los casos en que la ley sanciona un determinado comportamiento, ésta debe aplicase sin miramiento, pues la alternativa sería aceptar y reconocer un rasero distinto para los políticos respecto a los comunes mortales. Pero, de igual manera, donde la ley no tipifica una situación de potencial corrupción o cuando se trata de un caso de la vida privada de un funcionario o su familia, no es suficiente la pretensión, por sí misma, de que se trata de un delito: eso lo debe decidir un juez. En las últimas semanas y meses se han confundido los dos asuntos a un grado tal que se amenaza la viabilidad política del país como sociedad organizada.

Las denuncias e indignación continúan creciendo y subiendo de tono, ¿qué es importante tener en cuenta?

El problema es que esto último no es producto de la casualidad. Mucho de lo que acontece en el país de manera cotidiana responde mucho más a las querellas y causas de personas y grupos dedicados a la denuncia como instrumento político. Al mismo tiempo, mucho de esto ha ocurrido y, de hecho, ha sido posible, porque el gobierno ha dejado un inmenso vacío: es el gobierno el que ha creado el caldo de cultivo para la desconfianza que abruma al país. Cuando en una sociedad caracterizada por instituciones débiles el gobierno se descuida, rápido se convierte en la fuente de todo mal y corrupción.

A falta de acción gubernamental, uno tiene que remitirse a lo que existe, y eso es un vacío que ha sido llenado por grupos, intereses y actores, algunos organizados y otros no, muchos de ellos con agendas obvias. En ausencia del gobierno, la agenda la determina el colectivo público que, en un país con instituciones tan disfuncionales y manipulables, entraña el riesgo de descarrilarse. Que es precisamente lo que ha estado ocurriendo.

¿En qué ha fallado o qué ha faltado en la estrategia del gobierno?

La defensa gubernamental, expresada en una entrevista en El País en diciembre pasado, es francamente patética: “no vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. El país no reclama bravuconadas sino liderazgo, claridad de miras y certidumbre. Tampoco se trata de actos teatrales sino de, simplemente, alguien a cargo, eso que comúnmente se llama “gobernar”.

“Arde Troya” habría dicho Homero, pero el gobierno actual parece indiferente. Un país como EUA podrá navegar “de muertito”, pero México no goza de ese privilegio porque la certidumbre depende enteramente del gobernante en turno. En tanto el presidente no asuma ese liderazgo, el país continuará a la deriva y el costo, como ocurrió en la llamada “docena trágica”, lo acabará pagando el país y el gobierno actual. A nadie le conviene tal desenlace.

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=60836&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=60836

América Economía – Luis Rubio

La propuesta parecía infalible: retornar al orden y al crecimiento. Luego de años de desorden, criminalidad y una economía que no parecía levantarse, se prometía un gobierno eficaz. Muchos mordieron el anzuelo, suficientes para darle una nueva oportunidad al viejo partido político que, en una de esas jugarretas lingüísticas, presentaba como nuevo algo de un pasado lejano que pretendía recrear. La premisa del nuevo gobierno, como tantos otros que le precedieron, el de Fox por encima de todos, fue que los anteriores eran una bola de ineptos que no entendían nada. Ellos encarnaban la verdad y la capacidad para hacerla valer.

El problema no radica en la noción misma de recrear una era mejor sino la pretensión de que eso es posible. El pasado desapareció porque resultó insostenible: porque fue rebasado por la realidad. El gobierno de Echeverría rompió con casi cuatro décadas de una línea de gobierno –el llamado desarrollo estabilizador- porque éste había dejado de arrojar tasas elevadas de crecimiento. Ciertamente se requería un cambio, pero su respuesta no fue la idónea porque inició la era de crisis que atosigó a la economía mexicana por un cuarto de siglo. Las reformas finalmente comenzaron en los ochenta, en circunstancias muy difíciles por la hiperinflación en que estuvimos a punto de caer. De haberse iniciado el camino liberalizador a partir de 1970, el proceso hubiera sido gradual y sin aspavientos.

El desdén por el sentir ciudadano del conjunto de la clase política va a acabar siendo muy costoso porque aunque la penetración de las redes sociales no es universal, es infinitamente más amplia de lo que el gobierno reconoce.

Los gobiernos de los ochenta y noventa fueron aprendiendo, casi siempre a regañadientes, que el mundo estaba cambiando y que sólo adaptándose a las nuevas realidades sería posible reencauzar el barco mexicano. La era postrevolucionaria se había caracterizado por un férreo control gubernamental-partidista sobre la actividad política y económica, pero también sobre la criminalidad. En cada ámbito, el binomio gobierno-PRI dominaba y lo administraba para su propio beneficio.

Tres ejemplos ilustran el cambio que se dio y que es irreversible, independientemente de las preferencias gubernamentales. En primer lugar, ningún gobierno puede controlar lo que ocurre en una economía abierta. El control de la economía en el pasado se sustentaba en la autarquía: nada pasaba sin autorización burocrática que, además, era una interminable fuente de corrupción. Una economía abierta gira en torno al consumidor, al que tiene que atender el empresario pues enfrenta competencia vía importaciones. Mientras que antes el gobierno asignaba recursos, protegía a sus favoritos y determinaba el éxito o fracaso de las empresas, es decir, mandaba, el de hoy tiene que abocarse a explicar y convencer.

Segundo, una de las características del pasado era el control de la información: el gobierno casi monopolizaba ese recurso fundamental, que empleaba para ejercer control pleno. Hoy un niño tiene más información a su alcance que toda la que tenía el gobierno de antaño. El mundo de hoy gira en torno a la ubicuidad de la información, lo que implica que tenemos que apegarnos a reglas globales que exhiben la corrupción. No es casualidad que el gobierno actual haya interpuesto un conjunto de reglas que limitan la apertura en ciertos sectores y actividades. A pesar de la intención, se trata de un vano intento por controlar algo que ya nadie puede controlar, en México o en cualquier otro lugar.

Un tercer ejemplo es el del manejo de la información, sobre todo en lo que respecta a la relación gobierno-prensa. En el pasado, el gobierno podía pretender que lo que informaba afuera no se filtraba adentro o que su impacto sería menor. En esa era había burócratas en el aeropuerto que censuraban los periódicos importados cuando aparecía una nota crítica del gobierno. Hoy tal pretensión es imposible y, sin embargo, el gobierno actual ha intentado enviar mensajes diferenciados afuera y adentro: al Financial Times le declara que existe una crisis de confianza pero hacia adentro ratifica que no habrá cambio alguno en su actuar, a pesar de que es esto lo que ha traído esa crisis de confianza. Quizá la principal diferencia entre los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas residió en que el primero tuvo que confrontar estas nuevas realidades pero fue el segundo el que las asumió como una realidad ineludible. Ese gobierno nunca hubiera negado la existencia de tortura, aunque hiciera poco al respecto. Nadie en este mundo puede echar para atrás el reloj de la apertura o la ubiquidad de la información. Si el gobierno quiere retomar el liderazgo tendrá que asumirla.

Quizá el mayor error del “viejo” PRI fue el de desdeñar a la sociedad. Fox ganó en 2000 en buena medida porque capturó la frustración de ciudadanía. El PRI siguió, y sigue, operando bajo la premisa de que la sociedad es irrelevante y ahora se enfrenta con una sociedad desesperanzada que aceptó el intercambio de eficacia por corrupción sólo para encontrarse nada de lo primero y todo de lo segundo y, para colmo, sin dinero en el bolsillo. El PRI no sólo desconoce que su actuar genera furia sino que se ha convertido en el equipo de campaña de López Obrador.

El desdén por el sentir ciudadano del conjunto de la clase política va a acabar siendo muy costoso porque aunque la penetración de las redes sociales no es universal, es infinitamente más amplia de lo que el gobierno reconoce. Tarde o temprano, se revertirá en su contra esa noción de que es posible gobernar (es un decir) de manera vertical sin atender el reclamo social. El gobierno y la mayor parte de  los políticos viven en una era que ya no es.

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