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Entuertos cotidianos

Luis Rubio 

No se si a usted, estimado lector, le parecen normales las cosas que no son normales en nuestra vida cotidiana: los problemas que no se resuelven, las esquinas en que asaltan, las inundaciones que se repiten, los aglomeramientos de tránsito y todas las “pequeñas” cosas que hacen la vida innecesariamente más compleja de lo que de por sí es. Nos sorprende que la población se vuelque hacia los necesitados en momentos de dificultad o de crisis, pero no que las cosas que deberían funcionar fallen. En realidad, se trata de dos lados de una misma moneda: la ciudadanía se aliena cuando ve que nada funciona como debería, pero actúa precisamente porque sabe que puede hacer una gran diferencia en un momento dado. Se trata de un problema de autoridad.

“Las cosas ordinarias son más valiosas que las cosas extraordinarias; más aún, son más extraordinarias” escribió GK Chesterton hace un siglo. Y sin duda lo son: lo que debería ser ordinario resulta ser extraordinario. Aquí van algunos ejemplos de la vida cotidiana:

·                    Nunca deja de sorprenderme que los embotellamientos de tránsito ocurran en los mismos lugares. En algunos casos es simplemente la insuficiencia de la infraestructura, incluso cuando ésta es nueva y sólo se resuelve con grandes inversiones. Sin embargo, hay una infinidad de lugares en la CDMX en que se estrangula el tránsito por la falta de autoridad: por ejemplo, a la entrada y salida de escuelas, donde los padres creen tener derecho divino a estacionarse en doble y triple fila y no hay autoridad alguna que regule y los discipline. Lo mismo es cierto frente a estaciones del metro o Metrobús, donde los taxis se apilan y compiten por el pasaje sin importar la forma en que lo hacen. El punto no es impedir que los padres lleven o recojan a sus hijos o que los pasajeros tomen su taxi; el punto es que la autoridad está, o debería estar, para asegurar que se atienda y respeten los derechos de toda la ciudadanía. Se trata de circunstancias cotidianas: conocidas y predecibles.

·                    Algo similar ocurre con las inundaciones. Nunca deja de sorprender que las lluvias dejen grandes charcos en los mismos lugares una y otra vez. Es decir, la autoridad gubernamental tiene conocimiento cabal de los lugares en que el sistema de drenaje no funciona o es inexistente aún con lluvias menores, y no hace nada. No se reparan las calles, evitan inundaciones o atienden los puntos en que, de manera común, frecuente y repetida, se obstaculiza la circulación. Todos esos puntos son conocidos y la autoridad podría resolverlos sin mayor dificultad o costo y, sin embargo, eso no ocurre.

·                    Es frecuente que en las redes sociales corra el rumor de que “en esa esquina asaltan.” Esa información se dispersa como fuego y, sin embargo, los asaltos continúan, como si se tratara de una actividad económica que merece respeto y protección. En el país se permiten todo tipo de actividades ilegales, como taxistas “tolerados,” puestos de comida, vendedores ambulantes y toda una parafernalia de oferentes de bienes y servicios. Aunque formalmente ilegales, son parte del paisaje cotidiano y, al menos, satisfacen una necesidad, pues si no fuese así, no existirían: es decir, hay demanda por esos servicios, lo que explica que la autoridad haga mutis. Quisiera creer que los asaltantes no entran en esa categoría, aunque uno nunca sabe con esto de las clientelas…

·                    El pavimento de las calles parece importado de Vietnam: allá decidieron reparar su país luego de décadas de guerra y seguramente nosotros importamos los pedazos inconexos de pavimento que les quedaban, pues sólo así se explican las calles de la ciudad de México: los baches, los agujeros y las zanjas. Las calles no se arreglan ni mantienen, sólo se reparan, es decir, se parchan: lo único que queda antes de un socavón…

El común denominador en todo esto es la falta de autoridad, la ausencia de un gobierno que cumple con su razón de ser, que es la seguridad y la provisión de servicios a la población. Con diferencias locales y regionales (y algunas excepciones notables), no hay municipio o delegación en el país que no muestre abandono, desinterés o desidia. Todo esto lleva a preguntarnos sobre la función de la autoridad, o sea: ¿a qué dedica su día? La realidad es que sí trabaja y pasa largas horas dedicadas a atender demandas ciudadanas, pero no las de todos los ciudadanos, solo los de sus “bases,” sus clientelas. Ahí yace el corazón de nuestro sistema de gobierno: los grupos favoritos, las rentas privadas, la búsqueda por el poder y su preservación a todo costo.

Fukuyama afirma que para que un gobierno sea exitoso debe ser capaz de cumplir funciones básicas como la seguridad, el sistema legal y la regulación económica, pero que la secuencia es clave: los países que se democratizan antes de haber construido la capacidad de gobernarse con eficacia siempre fallan porque la democracia exacerba los problemas, las carencias y los desafíos al orden existente, carcomiendo la capacidad del gobierno de ejercer su autoridad al verse sometido a demasiadas demandas encontradas. En nuestro caso, el problema no es que las demandas sean encontradas, sino que se concentran en unas clientelas con frecuencia no presentables, pero muy poderosas.

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17 Dic. 2017

Cortar esquinas

Luis Rubio

España se abocó a la conformación de una estrategia integral de desarrollo turístico en el ámbito cultural cuando identificó como oportunidad para atraer a ese tipo de visitantes el desarrollo de las pequeñas comarcas y pueblos. Fue así como nació la red de paradores, hoteles que, en muchos casos, se instalaron en antiguos fuertes, palacios y monasterios, pero cuyo objetivo era darle contenido y viabilidad al desarrollo turístico en lugares en ocasiones remotos. Luego vendrían carreteras de primera y líneas férreas de alta velocidad, a lo que siguió una enorme proliferación de tienditas, cafés, restaurantes y una interminable determinación de los locatarios para convertir al turismo en fuente de progreso.  El número de turistas que visitan a esa nación supera con mucho a la población total del país y una parte importante de esa fuente de ingresos se debe precisamente al turismo cultural.

 

El concepto -pueblos con enorme atractivo potencial para el turismo- es obvio, por lo que no sorprende que se haya tratado de imitar en nuestro país. Así nacieron los llamados «pueblos mágicos,» descritos como «localidades con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.» Con ese criterio, el gobierno ha denominado como «pueblos mágicos» a 111 localidades a lo largo y ancho del país. Gran idea, pero construida a la mexicana: con pura retórica y sin contenido.

 

El contraste con la experiencia española difícilmente podría ser más grande. Allá comenzaron por la infraestructura -los hoteles, seguidos de carreteras- dando contenido y fundamento a toda una estrategia. Se trataba de una gran visión anclada en inversiones reales (no siempre rentables), a las que siguieron inversiones privadas en toda la parafernalia que exigen los turistas. En México, se mandaron imprimir unas etiquetas que decían «Pueblo Mágico» y con eso queremos atraer al turismo de altos vuelos. Me recuerda la forma en que hace un par de décadas se amplió la capacidad urbana de la ciudad de México: con un bote de pintura se agregó un carril al viaducto, aumentando con ello la capacidad en 50%. El problema es que lo barato sale caro.

 

Primero que nada, lo que más se escucha de los pueblos mágicos es la falta de infraestructura: es difícil llegar, no hay estacionamientos, ciertamente no hay hoteles y, una vez llegando, no hay cafés, tiendas y otros atractivos para el turismo. Lo que es más, ni siquiera se han preparado los lugares con potencial atractivo para el turismo -como antiguos edificios, iglesias, conventos y otras construcciones- para que sean visitables. La estrategia se ha limitado a emitir decretos (o declaraciones), no a construir el proyecto. A nadie debiera sorprender sus pobres resultados.

 

En segundo lugar, si a la falta de infraestructura mínima se agrega el hecho de que muchos de los denominados «pueblos mágicos» se encuentran insertos en regiones sumamente violentas cuando no francamente territorio narco, el resultado acaba siendo un fiasco. Una buena idea se trastoca a tal grado que resulta una perversión y, probablemente, el principio del fin de un enorme potencial. Una vez que una familia visita a uno de esos pueblos y sale frustrada o, peor, acaba siendo asaltada, la voz cunde y nadie quiere volver a saber de ello.

 

El caso de los pueblos mágicos no es inusual. Es, de hecho, nuestra forma de ser: como reza un dicho ruso, primero rompemos los huevos y luego buscamos el sartén. Así se legisla, se organizan los Frentes y se construyen los pactos. Se hacen grandes anuncios sin que se contemplen las consecuencias e implicaciones: los legisladores no leen el contenido de las iniciativas de ley que aprueban, lo que lleva a que se peleen cuando viene el tiempo de implementarlas. Lo mismo ocurrió con el Pacto que llevó a la aprobación de las reformas impulsadas por el actual gobierno: a menos que alguno de los autores del mismo haya tenido una estrategia maquiavélica ulterior, es claro que al menos el PAN y el PRD no midieron las consecuencias para ellos de ser identificados con la corrupción del gobierno. Estos ejemplos son la norma, no la excepción: es nuestra forma de proceder.

 

La construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México sin duda cabe bajo esta misma lógica: los costos se han salido de todo presupuesto seguramente por corrupción, pero también porque no se contaba con que las tierras de ese lugar son lodosas y requieren una cimentación mucho más cara y compleja de la presupuestada (es decir, quienes lo planearon no sabían que se trataba del Lago de Texcoco porque éste es de nueva creación…). Primero se rompen los huevos y luego se busca el sartén…

 

Por sobre todo, el fracaso del programa de los pueblos mágicos revela una total incapacidad por parte del gobierno por comprender lo importante que es la seguridad de la población. Es claro que el narcotráfico tiene mucho que ver con este asunto, pero la seguridad no ha sido una prioridad del gobierno y esto se manifiesta en todo lo que hace. No se puede construir un mejor futuro con cimientos de barro.

 

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10 Dic. 2017

¿Qué hacer con el sur?

Luis Rubio

La pobreza de la parte sur del país es lacerante e intolerable y más cuando se aprecia la brecha creciente que caracteriza a los dos Méxicos, el que crece con celeridad y el que se rezaga y empobrece. Los sismos recientes no hicieron sino evidenciar, una vez más, las dimensiones del problema y la urgencia de atenderlo. No hay forma que el país pueda lograr el desarrollo si no “echa a andar” al sur. Pero no es obvio lo que se deba o pueda hacer para lograr este imperativo medular.

Lo primero que habría que hacer es definir el problema pues, en ausencia de una definición clara y realista, la imaginación se apropia de cada nueva camada de gobernantes, llevándolos, con la mayor de las frecuencias, a acciones tan impulsivas como contraproducentes. La imagen del sur como una región pobre y rezagada es real, pero incompleta. Ante la primera fotografía que emerge de cualquier observación, la respuesta inmediata es mandar carretonadas de dinero. Algunas versiones de esa mecánica adquieren la forma de subsidios, otras de programas de combate a la pobreza y otras más, recientemente, de “zonas económicas especiales.” Cada uno de estos esquemas tiene sus virtudes, pero el común denominador, como en tantos otros asuntos nacionales, es que esquivan las causas y se abocan a atender los síntomas.

La pregunta crucial es si el sur no se ha desarrollado por falta de dinero o si hay otros factores que preservan ese mundo de pobreza e impiden su progreso. Sin duda, ha habido menos inversión en infraestructura en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas que en algunos de otras regiones del país y también es cierto que la falta de disponibilidad de energía para fines productivos (como gasoductos) ha inhibido el establecimiento de una planta industrial moderna. Sin embargo, hay muchas regiones del país (como el poniente) que han sido víctimas de similares carencias y, sin embargo, los índices de pobreza son radicalmente distintos. Jalisco, por ejemplo, apenas ahora gozará del primer gasoducto, factor que explica su baja incidencia en la industria pesada, pero eso no le ha impedido haberse convertido en el corazón de la industria electrónica y de computación en el país.

Otra de las perennes propuestas es la de la concreción de un “Plan Marshall” para el sur del país, idea que evoca el proyecto que enarboló el gobierno estadounidense para ayudar a la recuperación de las naciones europeas luego de la segunda guerra mundial. La idea no es mala en sí misma, pero una revisión de los resultados de aquel plan probablemente explica por qué resulta inviable. Mientras que Alemania convirtió al Plan Marshall (y a la Doctrina Truman) en una palanca para su transformación y logró convertirse en una potencia industrial en unos cuantos años, el impacto en Grecia fue sensiblemente inferior. La diferencia tiene todo que ver con las capacidades técnicas y administrativas de cada una de esas naciones.

Sin pretender ser experto en las estructuras políticas y sociales de estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, parece evidente que esos factores explican más de su subdesarrollo que la ausencia de dinero. El estancamiento de esa región lleva siglos y tiene mucho que ver con las estructuras de poder y de control estatal y local; un gobernador de Zacatecas alguna vez me explicó que la diferencia entre su entidad y Aguascalientes es que todas las estructuras viejas y arraigadas de poder, reacias a cualquier cambio, se quedaron en control de Zacatecas, mientras que Aguascalientes, al separarse, gozó de la oportunidad de construir un estado moderno. Estoy seguro que, en concepto, la explicación es igualmente válida para el sur. No por casualidad dicen en Oaxaca que su queso epónimo es un fiel reflejo de su forma de actuar y decidir…

La negativa de diversas comunidades en el Istmo de Tehuantepec para aceptar la instalación de campos de energía eólica es un ejemplo: proyectos que habrían traído ingresos y algunos empleos y que no afectaban la vida cotidiana fueron rechazados por factores que probablemente van desde concepciones ideológicas hasta intereses políticos y económicos arraigados que prefieren el statu quo que les beneficia, al desarrollo que podría generar una población liberada de su yugo. La forma en que la SEP derrotó (más o menos) a la sección 22 del sindicato de maestros muestra que sí es posible romper esas estructuras de control y privilegio; también ilustra la naturaleza del problema: es claro que el gran énfasis tendrá que ser en capital humano, sobre todo educación para el desarrollo.

Es obvio que se requiere dinero, pero éste tiene que estar orientado al tipo de infraestructura que permitiera liberar oportunidades de desarrollo productivo, así como a la educación que permita desarrollar una visión y las habilidades para hacerla posible. Para  logarlo, el énfasis tendrá que ser político: lidiar con las estructuras de poder que se rehúsan a crear condiciones para el progreso. Un proyecto de desarrollo integral requeriría una estrategia política dedicada a forzar el cambio en las relaciones de poder locales. El asunto es mucho más de poder que de dinero, aunque el dinero sea necesario. El orden de los factores sí cambia el resultado.

 

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03 Dic. 2017

Perspectiva de democracia

Luis Rubio

 Cuando, en los setenta, el país comenzó a adoptar formas democráticas, la esperanza era que esa forma de gobierno gradualmente iría adquiriendo fuerza propia, creando condiciones para el desarrollo de una manera mucho más estable y permanente. Las sucesivas reformas electorales y políticas, se suponía, traerían consigo un entorno de civilidad que permitiría dar un gran salto hacia la democracia y la civilización. Ya desde entonces, un profundo conocedor de México, John Womack, advertía que esto no era lo natural: “la democracia no produce, por sí misma una forma decente de vivir; más bien, son las formas decentes de vivir las que producen la democracia”.

Décadas después de iniciada la primera ola de reformas, el país padece problemas por demás serios -como la corrupción, impunidad y violencia- en tanto que la democracia no ha logrado abrir la brecha que se esperaba en la forma de tomar decisiones y, a juzgar por los más recientes procesos electorales, tampoco en la forma de elegir a nuestros gobernantes. Las viejas formas de hacerse del poder y preservarlo -clientelismo, uso indebido de los recursos públicos, compra de votos- siguen vivitas y coleando.

Dice el viejo dicho que para bailar tango se requieren dos danzantes: lo mismo es cierto para la democracia. Mientras la población no se sienta representada y no tenga acceso (indirecto en la forma republicana de gobierno) a la toma de decisiones, su mejor interés es siempre el de obtener el beneficio que pueda, independientemente de las consecuencias e implicaciones. Esto es lo que explica la participación popular en el robo y distribución de gasolina y la asistencia de las comunidades a los narcos. Cuando el gobierno no cumple su cometido ni se ha ganado su legitimidad, la población explota cualquier oportunidad que se le presenta, al punto en que los procesos electorales acaban siendo un juego: qué me das a cambio de mi voto. Otra manera de expresar esto es el viejo dicho de que “hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo.” La vida social acaba siendo un juego de intercambios donde nadie tiene un incentivo para que el conjunto mejore.

Hoy es claro que la democracia no se crea a sí misma: para progresar, ésta requiere de condiciones que son poco comunes no sólo en México sino en la historia en general. Dos estudiosos, John Ferejohn y Frances McCall Rosenbluth, recientemente publicaron un análisis de la historia de la democracia que aniquila cualquier esperanza de que ésta pudiera avanzar por sí misma. Quizá la mejor manera de resumir su conclusión es que la democracia no puede prosperar mientras quienes tienen el poder en sus manos pueden seguir ejerciéndolo sin dar nada a cambio. La democracia avanza, dicen los autores, cuando lo ricos y poderosos se ven obligados por las circunstancias a compartir el poder con los pobres. Y, dicen los autores, eso solo pasa cuando hay una guerra.

Son las amenazas externas las que hacen reconocer a los poderosos que los pobres son valiosos; históricamente esto ha ocurrido porque, para preservar la independencia de una sociedad, se requieren soldados y los poderosos nunca son suficientes para eso. En palabras de los autores, “la emergencia y consolidación de la democracia depende de la guerra y no de cualquier tipo de guerra.” Los ricos y poderosos prefieren mantenerse así y sólo están dispuestos a compartir los beneficios cuando ven amenazado el statu quo. Es la terrible “alquimia del fierro y la sangre” la que produce democracia. “Mientras las monarquías podían comprar ejércitos con dinero, la sangre no compraba el derecho a votar como ocurrió en Atenas y Roma.” Fue hasta el final del siglo XIX en que se dieron las condiciones, sobre todo a partir de la Revolución Francesa y luego las guerras europeas, en que la movilización de las masas adquirió un valor político fundamental.

La lectura de Forjada a través del fuego no es para soñadores porque su realismo se origina literalmente en las bayonetas, pero arroja una interrogante evidente para México: dada la baja probabilidad de que nuestra integridad física como nación independiente se vea amenazada, ¿cómo sería posible consolidar la democracia mexicana? Los propios autores se plantean la interrogante en un sentido más conceptual: “¿qué permitirá estabilizar a la democracia cuando los ejércitos ya no requieran sangre y carne?”

De acuerdo a los autores, la democracia implica compartir el poder de manera ordenada y eso sólo se torna posible cuando las circunstancias así lo exigen. Es decir, sólo cuando los poderosos reconocen que son incapaces de preservar sus intereses sin la concurrencia de la población en general es que están dispuestos a compartir el poder y eso es lo que abre la puerta a la democracia representativa.

México está pasando una etapa por demás contenciosa y violenta. La corrupción se ha convertido en uno de los factores centrales de la discusión pública y el crimen organizado constituye una amenaza a quienes detentan el poder económico y político. Esto último es ciertamente real a nivel regional, pero igual podría convertirse en una amenaza nacional. Quizá ahí, o por Trump, resida la oportunidad para transformar al país de una vez por todas.

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26 Nov. 2017

 

El TLCAN un instrumento de política interna

Luis Rubio
Revista Proceso

El TLCAN un instrumento de política interna

México se encuentra en un momento crítico y de enorme debilidad Por una parte enfrenta una compleja renegociación del instrumento medular del funcionamiento de la economía del país por otra a lo largo del casi cuarto de siglo desde que
entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLC no se llevaron a cabo reformas políticas congruentes con la consolidación de un estado de derecho que es en su esencia la razón de ser del TLC

La debilidad es doble primero que nada el TLC es el principal motor de la economía mexicana en segundo lugar no existen sustitutos naturales Los abruptos movimientos en el tipo de cambio de los últimos meses no son producto de la casualidad

En su origen y en su esencia el TLC fue concebido con objetivos políticos no económicos aunque su manifestación fuese de ese carácter El mexicano fue un planteamiento atrevidoque buscaba lograr certidumbre en el ámbito interno y garantías legales para inversionistas del exterior requisitos ambos para echar a andar la economía mexicana luego de una década los ochenta en que el crecimiento había sido sumamente bajo y el país había estado a punto de caer en la hiperinflación La crisis de 1982 había dejado a la nación al borde de la bancarrota y a pesar de numerosas reformas financieras y estructurales la economía no recuperaba su capacidad de crecimiento

En este contexto la mera noción de buscar a Estados Unidos el enemigo histórico del régimen priista como parte de la solución a los problemas mexicanos constituía una verdadera herejía

Así la decisión del gobierno mexicano en 1990 de proponerle a Estados Unidos la negociación de un acuerdo comercial gene ral tuvo una naturaleza profundamente política Para ese momento el gobierno mexicano llevaba varios años incorporando cambios drásticos en su política económica dejando atrás las políticas industriales y comerciales de corte autárquico de las décadas anteriores La nueva política económica entrañaba un cambio radical una redefinición de la función del gobierno en la economía y en la sociedad abandonando su propensión a controlarlo todo para colocarse como el generador de condiciones para que el crecimiento económico fuese posible un cambio dramático en términos filosóficos

La pregunta que se hacía el gobierno era cómo elevar la tasa de crecimiento en un contexto de enorme incertidumbre e incredulidad no sólo entre la población en general sino especialmente en el sector privado y en el exterior de cuyas inversiones dependía la capacidad de crecer elevar la productividad y resolver los problemas de balanza de pagos que durante décadas habían sido el talón de Aquiles de la economía mexicana Luego de múltiples reformas sin crecimiento en la inversión comenzó a ser evidente que la liberalizacion por si sola no aseguraría la confianza del sector privado

El objetivo preservar el statu quo

Para los inversionistas igual nacionales que extranjeros invertir en México era sumamente atractivo siempre y cuando existiera un marco de certidumbre tanto legal como regulatorio que permitiera tener confianza en la permanencia de las condiciones existentes en el momento de invertir Es decir luego de décadas de crisis políticas económicas cambiantes expropiaciones y actos gubernamentales negativos a la inversión era imperativo generar condiciones que aseguraran que la estrategia económica general permanecería independientemente de quien estuviera en el gobierno

El propósito inmediato de las reformas había sido el de resolver la problemática económica para evitar el colapso de toda la estructura política tradicional calculaban o percibían que al colapso económico le seguiría otro en el sistema político.  Mantener el statu quo político implicaba por tanto una reestructuración profunda de la economía

Desde este punto de vista las reformas económicas fueron profundamente políticas en su naturaleza Esta circunstancia también explica por qué no se lanzó una reforma política de manera paralela y por qué siguen existiendo tantas contradicciones en la forma como el gobierno protege diversos intereses del sector paraestatal y de otros más que han impedido una franca recuperación económica

En una palabra el gobierno mexicano nunca se propuso una transformación integral del país su propósito era modificar la política económica para preservar el statu quo político La combinación de diversas reformas con el TLC permitió justamente lograr ese objetivo hasta que ahora en los últimos dos años Trump puso en entredicho todo el esquema

Tan fuerte es el statu quo que el orden político no varió con las dos administraciones panistas 2000 2012 es decir no hubo un cambio de régimen ni bajo la Presidencia de un partido que nació en reacción al viejo sistema nacido de la Revolución Este hecho sugiere la enorme complejidad que enfrentamos para llevara cabo una transformación institucional llegue quien llegue a la Presidencia el próximo año Es también una de las razones clave que explican la enorme debilidad con que llega el país a este proceso no anticipado de renegociación del TLC

Reformas en perspectiva

En el entorno de enorme polarización que caracteriza a la política mexicana en la actualidad es fácil ignorar u olvidar la relevancia y trascendencia de las reformas que desde finales de los ochenta comenzaron a emprenderse Luego de décadas en que la política económica había servido a los intereses de un grupo de industriales y políticos relativamente pequeño la reforma económica representó un rompimiento trascendental con el pasado y una nueva definición de las alianzas políticas Al liberalizarla economía el gobierno perdió control del sector privado y con eso de los sindicatos de empresas sujetas a la competencia Así cambió la esencia del viejo régimen

Por su parte la liberalizacion de la economía constituyó una apuesta implícita de que se generarían nuevos apoyos por parte de los consumidores la clase media que de ello emergería y de una porción importante de los trabajadores empresarios y exportadores Para todos estos grupos el TLC constituía una garantía de la permanencia de la reforma económica y conse cuentemente de la viabilidad política del régimen

El TLC logró convertirse en una garantía para los sectores empresariales tanto domésticos como extranjeros a los que asignaba la enorme responsabilidad de hacer posible la recuperación económica y a los mexicanos en general de que a cualquier gobierno futuro no le quedaría más remedio que continuar con el proceso de reforma para alcanzar una etapa de desarrollo más elevada No es que el TLC no pudiera cancelarse sino que los costos de hacerlo serían tan elevados que nadie intentaría hacerlo

Y ahora Trump

Desde su campaña era evidente que Trump constituiría un enorme desafío para México

Su inflamante retórica anticipaba una nueva relación política y un severo riesgo para las fuentes de sustento de la economía mexicana Independientemente de las causas y motivaciones de su retórica antimexicana el efecto sobre México no se hizo esperar De hecho tan pronto asumió la Presidencia lanzó una serie de iniciativas por demás perniciosas para el país incluyendo una renegociación del TLC sin que existieran objetivos comunes o un acuerdo sobre el propósito de tal renegociación

Estas circunstancias han llevado al entorno de enorme incertidumbre que hoy vivimos Todo mundo percibe los riesgos pero la discusión se reduce a si México debería levantarse de la mesa de negociaciones o amenazar con cesar otras formas de cooperación con el gobierno estadunidense Estas posturas ignoran la función política del TLC dentro de México esas que lo han hecho tan popular que nadie se atreve a atacarlo de manera directa

El hecho de que Trump haya puesto en entredicho la viabilidad del TLC le quita parte de sus virtudes ese certificado de buena conducta que el tratado representaba por parte del gobierno estadunidense Esto implica que si bien la potencial terminación del TLC con Estados Unidos porque presumiblemente
seguiría con Canadá no reduciría la dinámica exportadora que hoy existe y que constituye el principal motor de crecimiento de la economía lo que sí pondría en riesgo sería la capacidad de atraer nuevas inversiones De hecho la inversión se ha reducido drásticamente desde que comenzó la retórica de Trump en 2016.

La debilidad de la postura mexicana en las negociaciones se deriva no del TLC mismo sino del hecho de que durante todos estos años no se llevaron a cabo reformas políticas e institucionales que afianzaran un estado de derecho la única forma en que el país puede reemplazar la función política del TLC o sea el riesgo no es en sentido estricto de carácter económico el riesgo radica en que desaparezca la única fuente de confianza y certidumbre que hoy existe en el país y que de manera consciente o inconsciente es la fuente de estabilidad para la clase media los empresarios y los inversionistas Y ese riesgo crece dramáticamente cada que un candidato sobre todo AMLO propone cambios radicales a la política económica algo que era menos amenazante antes de que llegara Trump

El gobierno mexicano está jugando una débil baraja con gran habilidad Ha desarrollado una estrategia integral para la relación bilateral y aunque la amenaza de suspender la cooperación que hoy existe en terrenos como el de la seguridad es contraproducente y ambas partes lo saben los estadunidenses reconocen defacto la importancia de un México estable y exitoso Esto desde luego no resuelve los planteamientos agresivos que han puesto en la mesa de negociaciones porque a final de cuentas hoy como en 1994 el problema de México es interno y ese no se va a resolver hasta que por medio de reformas sobre todo políticas e institucionales deje de requerirse una garantía internacional

Luís Rubio es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Comexi y de México Evalúa CIDAC Su libro más reciente es Un mundo de oportunidades publicado por el Woodrow Wilson Center

Los de enFRENTE

Luis Rubio

El llamado “Frente” es un ente extraño: no es una alianza ni una candidatura común. Nació como una gran idea: lograr, a una misma vez, la sobrevivencia del PRD y bloquear la candidatura de López Obrador. Su racionalidad original era simple: en la lógica de la preservación del monopolio tri-partidista, tanto al PAN como al PRI les convenía que el PRD preservara su registro (lo que requeriría ganar la ciudad de México) y, al mismo tiempo, evitar que AMLO gane la presidencia. Aunque difícil de operar porque implicaba solicitar un voto diferenciado a las huestes de los partidos, el objetivo tenía sentido para cada uno de los tres partidos grandes.

Desde la perspectiva de esos tres entes encumbrados, nada es más importante que la preservación de su monopolio. Bajo esa lógica, han hecho toda clase de actos de prestidigitación para protegerse, como muestran dos ejemplos particularmente despreciables: hicieron inoperante la reelección de legisladores (porque rompieron el vínculo entre la ciudadanía y quien pretende reelegirse), e impusieron condiciones aparentemente insalvables para la inclusión de candidatos independientes en las contiendas presidenciales. Más recientemente, como se pudo observar en el estado de México, la estrategia de preservación del monopolio adquirió nuevas formas (todo se vale con tal de ganar y sin importar las consecuencias), mismas que se han exacerbado con el manejo de la FEPADE y del Fiscal General. Después de mi el diluvio.

El monopolio tri-partidista se ha resquebrajado con el (en buena medida inexplicable) conflicto entre Ricardo Anaya y el PRI: lo que comenzó como una estrategia de debilitamiento del potencial rival (práctica común), ha adquirido una dinámica de odios tan profunda que amenaza no sólo el monopolio, sino incluso la estabilidad futura del país. El gobierno saliente claramente ha decidido que lo único importante es ganar, lo que desde luego no garantiza que su candidato lo pueda lograr.

Todo esto creaba condiciones especialmente propicias para que el PAN y el PRD, a través del Frente, sumaran fuerzas para convertirse en una opción ciudadana que pusiera en jaque tanto al PRI como a Morena. Lamentablemente, el Frente ha acabado en lo de siempre: el feudo de dos personajes que lo único que quieren es la promoción personal (para la CDMX y la presidencia, respectivamente). Lo que comenzó como una idea loable se ha convertido en una cruzada individual, pero una cruzada que no tiene sentido ni posibilidad por una razón muy simple: a menos que haya un proyecto más amplio y con un extraordinario sentido de oportunidad, los panistas no votarán por una perredista y los perredistas no votarán por un panista. Así de sencillo. De hecho, quizá no fuera excesivo afirmar que, en un extremo, el Frente podría poner en entredicho el registro de los dos partidos.

Dada la debilidad del PRD (producto de su rompimiento con Morena) y del PAN (por sus interminables conflictos internos y su incapacidad para reconocer sus fallas cuando fueron gobierno), el Frente tenía poca viabilidad desde el comienzo; su única oportunidad radicaba en la potencial circunstancia de que AMLO se colapsara o de que el PRI nominara un candidato incapaz de crecer en los meses de campaña. Es decir, la oportunidad del Frente reside en que a alguno de los otros dos les vaya mal y, súbitamente, se encuentre ante la posibilidad de ser uno de los dos finalistas. Con los candidatos que llevan no lo van a poder lograr.

Para el PRI, la única posibilidad de éxito radica en que su candidato atraiga al 100% del voto priista y luego le sume algunos puntos adicionales (más los de sus partidos aliados). La probabilidad de que el ungido tenga esa capacidad parece relativamente remota, circunstancia que crea una verdadera oportunidad para un candidato del Frente, si es que éste nomina a un personaje susceptible de atraer a la ciudadanía no comprometida y sumar votos que, de otra manera, se fragmentarían entre las múltiples opciones. Si los del Frente de verdad quieren hacer una diferencia, tendrían que abandonar sus pretensiones personalistas y comenzar a buscar a sendos candidatos (ciudad de México y presidencia) susceptibles de ganar mucho más allá de los dos partidos grandes (pero empequeñecidos) que lo integran. A la fecha, nada sugiere que Anaya y Barrales estén dispuestos a bajarse de su macho.

Todas las elecciones de candidatos múltiples sin segunda vuelta acaban siendo de dos. Esto responde a la propensión natural de los votantes a escoger al menos malo de los dos punteros cuando su preferencia inicial no llega a ese lugar, el llamado “voto útil.” La estrategia del PRI ha sido consistente en bajar el umbral de voto y destruir candidatos precisamente para acabar siendo uno de los dos punteros y lograr que incluso quienes aborrecen al PRI lo prefieran sobre la alternativa. Pero una cosa son los experimentados operadores priistas que organizan estos mecanismos y otra la lógica de quien decidirá el nombre del candidato.

El Frente tiene la enorme oportunidad de destruir la lógica de los primeros e imponerse sobre la del segundo, pero sólo si crecen en visión y entienden la enorme oportunidad -y responsabilidad- que tienen en sus manos.

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19 Nov. 2017

El cambio que viene

Luis Rubio 

México vive la enorme paradoja de una sociedad y economía en plena efervescencia frente a un mundo político que habita los palacios infranqueables del viejo sistema priista, incluyendo a sus socios y ahijados. Por un lado, la economía lleva décadas experimentando una acelerada transformación: tanto los ganadores como los perdedores en los procesos de ajuste a las reformas que, desde los ochenta, han alterado las viejas formas de producir, viven un mundo distinto al que se ve reflejado en los medios o el discurso político. Al mismo tiempo, la realidad cotidiana ha obligado a la población, sobre todo a la más modesta en las zonas rurales, a resolver sus propios problemas, por la ausencia de gobierno. Por otro lado, el mundo político vive en una esfera nostálgica, creyendo que sus decisiones, allá en el Olimpo, empatan la realidad de hoy. Es un poco como la proverbial discusión sobre cómo arreglar las sillas para la próxima cena en el Titanic.

El cambio que experimenta la sociedad mexicana tiene dos orígenes. Por una parte, en lo económico, es palpable, pero de características muy distintas a lo largo y ancho del país. Vastas regiones se han acoplado y han hecho suyo el incontenible cambio tecnológico y experimentan los beneficios de altos niveles de productividad, inversión y desarrollo. Si uno pinta una raya arriba de la ciudad de México, casi todo lo que queda al norte crece a más de 5%, con algunas localidades sensiblemente arriba de esa cifra. Esto ha producido una nueva sociedad, cada vez más optimista y exitosa, que le da la bienvenida al futuro. Por otro lado, hay comunidades, sobre todo al sur de esa raya, que se mantienen estancadas, en buena medida por las estructuras políticas y sociales que siguen privilegiando a poderes políticos, sindicales y económicos locales. Esos poderes mantienen un statu quo que no tiene otro efecto que el de preservar la pobreza y, en todo caso, acrecentarla. Nadie en su sano juicio puede hoy hablar de un solo país cuando piensa en políticas de desarrollo.

Por otro lado, la sociedad mexicana ha cobrado una inusitada militancia en las últimas décadas. Han surgido toda clase de organizaciones civiles, se presentan denuncias, proliferan los manifiestos y crece el descontento. Esto nada tiene que ver con los sismos recientes, aunque son un síntoma de lo que ahí ocurre, en las profundidades de la sociedad. Pero el verdadero cambio que viene no radica en la llamada «sociedad civil,» por más que ahí se gesta una nueva realidad política que se multiplica en impacto vía las redes sociales, sino en la «base» de la pirámide socio económica, donde hay muestras de un cambio incontenible que, tarde o temprano, va a transformar a México.

En ese plano, hay ejemplos extraordinarios de comunidades que han tomado el liderazgo, sobre todo en materia de violencia y criminalidad, y se han abocado a resguardar sus localidades y convertirlas en territorio que no permite el ingreso de bandas de criminales. Numerosas experiencias de acciones, diálogos y conflictos entre organizaciones de base, sobre todo las de víctimas de violaciones de derechos humanos y desapariciones -sucesos excesivamente frecuentes en las últimas décadas-, arrojan ejemplos importantes de capacidad y disposición a actuar para resolver y construir soluciones y no acciones vengativas. Innumerables víctimas de la violencia han acabado organizándose para protegerse de las autoridades judiciales, a las que perciben como reacias a atenderlas y responderles, lo que ha llevado a la constitución de organizaciones que movilizan a la población y de facto crean conciencia de la inoperancia del poder judicial y del abuso que sufre la ciudadanía. Lo impactante de estos procesos de organización es que, en la mayoría de los casos, son provocados por la ausencia de gobierno, que se traduce en inseguridad, misma que se acrecienta cuando las personas se acercan a las entidades gubernamentales supuestamente dedicadas a protegerlas y ayudarles a resolver sus problemas.

Frente a esto, nuestros políticos han vuelto a sus orígenes: el PRI adoptó un modo de sucesión indistinguible del de los sesenta, mientras que Morena, pues, hizo lo mismo pero sin tanto teatro. En contraste con aquella era, sin embargo, el presidente escogerá candidato, no presidente y la diferencia no es menor.

Mucho más importante, la contradicción entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en el mundo político es no sólo flagrante, sino insostenible. México cambia a ritmo acelerado pero de manera invisible para quien no lo quiera ver y el desempate entre lo que se observa en los debates sobre la sucesión y lo que ocurre en las profundidades de la sociedad es extraordinario.

No es obvio cuál será el desenlace de la confrontación que se cocina en este caldo de cultivo, pero no tengo duda alguna que todo dependerá de la forma en que acaben comunicándose e integrándose las organizaciones civiles y urbanas con las de raigambre popular. Es decir, ante la incapacidad de los políticos de salir de su pequeño mundito, el futuro lo decidirá la disposición y capacidad de la sociedad para unificarse y aprender a convivir, independientemente de su origen social o nivel económico.

 

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Personas e instituciones

Luis Rubio

Pocas decisiones en nuestra historia serán tan trascendentes como la nominación del Fiscal General. El nombramiento será crítico no sólo por la función crucial de administrar la justicia y la lucha contra la corrupción, sino por la enorme autonomía de que gozará bajo la nueva ley, a lo que se adiciona el hecho de que el nombramiento será por nueve años y quien lo ostente será inamovible. Un error en el nombramiento y el país no sólo perderá otra oportunidad, sino que quedaría a merced de los vicios de personalidad que caractericen al agraciado o agraciada. Aquí se revela, una vez más, nuestra enorme debilidad institucional.

Un nombramiento de esta naturaleza y calibre es complejo y difícil en cualquier país y circunstancia, pero sería infinitamente menos complejo de contar con instituciones sólidas capaces de limitar los excesos y falibilidades inherentes a las personas. Madison lo dijo como nadie: “si los hombres fuesen ángeles no se requeriría gobierno… la gran dificultad reside en (que): primero se tiene que facultar al gobierno para que controle a los gobernados, y luego obligar al gobierno a que se controle a sí mismo.” Cuando no contamos con mecanismos para lograr uno o lo otro, el nombramiento se torna siempre riesgoso.

En las últimas semanas y meses hemos sido testigos de debates y elucubraciones sobre la transición de la procuraduría hacia la nueva fiscalía y, más recientemente, sobre la cabeza de la fiscalía electoral, removido cuando resultó incómodo, como ha ocurrido tantas veces antes. En ambos casos, la discusión es la misma: ¿es idónea la persona? ¿Se comporta debidamente? ¿Cumplirá? ¿Lo dejarán cumplir? Las interrogantes son relevantes por la importancia del puesto y las realidades del poder y porque, a final de cuentas, los encargados no son, en palabras de Madison, ángeles.

Nuestro primer problema no es la persona sino el hecho de que tengamos que discutir a la persona en lugar de a la institución, donde reside, a final de cuentas, la clave. Nos enfrentamos al dilema de la persona porque tenemos instituciones débiles que se adaptan a la persona en lugar de tener instituciones fuertes que cumplan con su mandato a la vez que limitan los peores excesos de quienes son responsables de su conducción. La verdadera pregunta que debiéramos hacernos es por qué tenemos instituciones tan débiles, maleables y propensas a esos riesgos.

Llevamos décadas construyendo instituciones denominadas como autónomas bajo el principio de que la distancia respecto al ejecutivo resuelve los déficit que enfrenta el país en materia de justicia, corrupción e impunidad. Sin embargo, es absurda la noción de que “autonomía” es sinónimo de imparcialidad y de que una institución pública puede ser mejor administrada por “ciudadanos” que por funcionarios profesionales.  Estas concepciones son perfectamente explicables dada nuestra historia y sistema de gobierno, pero lo crucial no es la autonomía sino los pesos y contrapesos, que se deben aplicar de exactamente la misma manera al ejecutivo como a las entidades independientes.

Hoy contamos con una serie de entidades supuestamente autónomas -como COFECE, IFETEL, INE- que se han convertido en territorios igualmente viciados, propensos a decisiones arbitrarias, pero con vastas facultades discrecionales, que no rinden cuentas ni se encuentran sujetas a mecanismos de supervisión naturales a cualquier sistema democrático. El punto no es criticar a las instituciones que se han ido creando con buenas intenciones, sino a la forma peculiar en que se han construido espacios propensos al desarrollo de feudos personales y de grupo, cuyas acciones y resoluciones no están sujetas a mecanismos de revisión e impugnación efectivos. La autonomía mal entendida por la ausencia de contrapesos termina siendo un poder fáctico más, que es precisamente el fondo de la discusión respecto a los nombramientos (y remoción) de los fiscales en este momento.

Estamos donde estamos: ante la necesidad de hacer los nombramientos y, por diseño, sin los debidos contrapesos. Esta circunstancia ha llevado a propuestas para el nombramiento de personas cuya característica central es no haber tenido experiencia en asuntos judiciales o el manejo de grandes y complejas burocracias precisamente porque se asume que cualquier contacto previo con esos mundos implica corrupción. Sin embargo, la falta de experiencia en esas materias conduce a muchos de los vicios y riesgos que se observan en las entidades llamadas autónomas: feudos personales, arbitrariedad, excesos y, todavía más importante, fracaso en la misión central.

Quien sea nombrado debe al menos satisfacer tres criterios: primero, probidad personal; segundo, capacidad y experiencia en el manejo de asuntos complejos y burocracias irredentas; y, tercero, seriedad: una persona práctica y clara de mente respecto al objetivo que se persigue y que debe consistir, antes que nada, en construir una institución que a su vez acabe limitando a la persona. Lo último deseable es un santo o un iluminado.

Tanto poder puede llevar a un sistema que institucionaliza las vendettas. Nada más peligroso. La institucionalidad, no las prisas, debe guiar estos nombramientos.

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Las 9 vidas del PRI

Luis Rubio

Cuando estaba en campaña para la presidencia, alguna persona le dijo a Enrique Peña Nieto que no podía creer en el PRI por todo lo que éste había hecho y causado. El hoy presidente le respondió que lo entendía pero que el suyo era un “nuevo PRI,” al que los jóvenes veían positivamente. Efectivamente, el PRI ganó la presidencia en 2012 y ha logrado preservar más de la mitad de las gubernaturas del país; de hecho, nada impide que pudiera llegar a ganar el año próximo. ¿Es lógico esto?

México es una anomalía comparado con países que se caracterizaron por partidos de Estado, en casi todos los casos autoritarios. En Taiwán, el KMT se ha adaptado y convertido en un partido competitivo porque abandonó sus vicios de antaño, entra y sale de la presidencia y, cuando está en la oposición, como hoy, se comporta como un partido más. En el este de Europa, los partidos comunistas han desaparecido o se han transformado.

El PRI sigue siendo, pues, el PRI. Ciertamente, se ha adaptado al mundo competitivo pero el contraste con aquellas naciones es patente: aquí el viejo sistema sigue tan vivo como antes; en lugar de que éste cambiara y el PRI se adaptara a un régimen político abierto, los demás partidos se han adaptado al viejo sistema, convirtiéndose en pilares que lo sostienen.

¿Cómo explicar que haya elecciones competitivas pero que el régimen priista y su monopolio del poder sigan estando ahí, en unas cuantas manos que no cambian, como si fueran sillas musicales? Hay muchas posibles respuestas, más las que a usted, estimado lector, se le ocurran:

  • Ante todo, el PRI nunca se fue: sigue estando ahí, domina buena parte del territorio nacional, sigue a cargo de una maquinaria electoral que es inigualable y, aunque ha perdido muchas gubernaturas, ha logrado que todos los gobernadores, así como los partidos de oposición, se comporten como priistas. O sea, casi casi, se podría decir que el PRI vendió franquicias…
  • La reforma electoral de 1996 fue peculiar en un sentido: no creó un sistema competitivo de partidos. Aunque a partir de ese momento contamos con un sistema de administración electoral impecable, los partidos compiten para luego arreglarse y mantener distante a la ciudadanía. Tenemos un sistema político-electoral al servicio de los partidos.
  • Cuando llegó el PAN a la presidencia, uno hubiera esperado un cambio de régimen: la eliminación de los viejos mecanismos de control, privilegio y abuso (y, por lo tanto, corrupción e impunidad), pero pasó exactamente lo contrario: el PAN se mimetizó con el PRI, se olvidó de construir un nuevo futuro y se corrompió hasta la médula, al grado que hoy ni siquiera tiene capacidad de entender dónde, cuándo y cómo extravió el camino.
  • Al PRD no le ha ido mejor. Heredero del PRI en su principal bastión, el DF, se ha dedicado a atender a sus clientelas, corromperlas y, en los últimos meses, a buscar la forma de sobrevivir frente a su Némesis, AMLO. En lugar de cambiar el sistema de gobierno y mejorar la vida de los habitantes de la ciudad, se ha dedicado a inventar constituciones, nuevos nombres y mucho ruido, pero no un mejor nivel de vida, mejor infraestructura o una capacidad de atender a la ciudadanía. El hecho de que esté luchando por su sobrevivencia lo dice todo.
  • No menos importante, el gobierno actual ha exacerbado todos los límites: ha empleado a las instituciones para atacar a sus enemigos, proteger y perdonar a sus cómplices. Ha generado un clima de impunidad extrema que no sólo aliena a la ciudadanía, sino que ha arriesgado dramáticamente el futuro.

Al final del día, el viejo régimen se preserva por dos razones: por un lado, porque el electorado se ha fragmentado tanto (en buena manera intencionalmente) que todo se ajusta al nivel de votos que el PRI pueda ganar. Sin embargo, como ilustró el sainete reciente en torno a la instalación de la junta directiva del Congreso y del Senado, todos los partidos juegan el mismo juego: la preservación del statu quo.

Pero la otra razón es mucho más reveladora: aunque el 70% del electorado está en contra de López Obrador, él no solo domina el panorama, sino que constituye el factor que ilustra el fracaso de todas esas reformas electorales y de los partidos principales. La abrumadora mayoría de los votantes no lo quieren, pero podría ganar precisamente porque representa, o ha logrado posicionarse, como el único capaz de ofrecer una alternativa.

El problema electoral mexicano se reduce a un elemento: todas las reformas que se han avanzado en las últimas décadas han tenido un objetivo medular, que es el de no alterar la estructura del poder. Esa lógica es explicable para un régimen emanado de una revolución, pero entraña una consecuencia obvia: tarde o temprano, el engaño resulta evidente. Lo peculiar, y patético, es que el desafío central provenga no de una opción futurista y promisoria (el famoso Macron mexicano), sino de la perspectiva más retardataria y reaccionaria posible.

A semanas de iniciar el proceso electoral real (al diablo lo formal), la ciudanía sabe que sus opciones son limitadas por todo lo que han construido los partidos y sus políticos. El dilema en que se encuentran éstos, y todo el país, no es producto de la casualidad.

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 29 Oct. 2017

El nuevo dilema

Luis Rubio 

El gobierno actual es prueba fehaciente que la problemática que enfrenta el país no depende de la voluntad del presidente. Cuando el gobierno actual se aprestaba a tomar posesión, su principal consideración residía en cómo reconstruir la capacidad de acción del Estado. Era evidente que la capacidad de gobernar se había venido deteriorando y que ningún país puede prosperar con un gobierno enclenque, incompetente y paralizado, además de abrumado por factores fuera de su control. La propuesta de un “gobierno eficaz” resumía su visión de manera nítida, pero también sus limitaciones: implicaba la idea de que se puede recuperar lo perdido, o sea, que la nostalgia lo remitía a lo que había funcionado décadas antes.

En esto, el gobierno de EPN no es excepcional. Los mismos argumentos que se esgrimieron en la campaña de 2012 se pueden escuchar ahora por el lado de Morena: antes las cosas funcionaban, hoy todo es un desastre. ¿Estarán bien estos dos priistas, uno de cepa y otro de historia? La realidad es que hay muchas cosas que funcionan bien en el país y que justifican a plenitud las reformas y transformaciones que se han experimentado a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas. Por supuesto, hay partes del país que siguen rezagadas y persisten innumerables problemas, desequilibrios y obstáculos, pero cualquier observación objetiva revelaría lo obvio: el reto hacia adelante es enorme, pero el potencial, y el punto de partida, son excepcionales.

En 1968, el iconoclasta Samuel Huntington hizo olas cuando afirmó que “la diferencia más importante entre las naciones se refiere no a su forma de gobierno sino a su capacidad de gobierno.” Esa afirmación, publicada en el momento más álgido de la guerra fría, continuaba con otras herejías, como que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían más en común que cualquiera de ellas con naciones de África o América Latina. El punto del autor era que, más allá de ideologías y formas de gobierno, algunas naciones tenían capacidad de gobernarse y otras no.

¿Dónde está México en esa dimensión? Cuando el hoy presidente Peña proponía un gobierno eficaz o cuando Andrés Manuel López Obrador promete un gobierno capaz de sacar al país de su bache, hablan de un sistema de gobierno que existió hace medio siglo y que era capaz de implementar las decisiones que se tomaban en la cúpula. Es decir, ambos personajes públicos conciben la función de gobernar como capacidad de imponer sus decisiones. Hablan de un gobierno competente e institucionalizado e idealizan al viejo sistema priista, pero en realidad se refieren a un sistema autoritario donde sus dos piezas clave -la presidencia y el partido- se complementaban para mantener un férreo, pero legítimo, control sobre la población, lo que hacía fácil gobernar. Como han demostrado los pasados cinco años, ese sistema ya no existe y, más importante, no puede ser recreado.

La bandera partidista o ideológica es lo de menos: la pretensión de que se puede retornar a ese mundo idílico es simplemente absurda. El reto que México enfrenta es el de crear un nuevo sistema político, apropiado a las circunstancias del siglo XXI. Porfirio Díaz afirmó que “gobernar a los mexicanos es como arriar guajolotes a caballo;” el PRI pensó que los controles autoritarios habían resuelto esa complejidad, pero hoy es evidente que el problema no es de personas sino de estructuras e instituciones.

Independientemente de que siga o se termine el TLC, el gran déficit del país es su incapacidad para gobernarse. El TLC hizo posible pretender que, con las garantías efectivas a la inversión y con la confianza que provee ese instrumento, se podía evitar tener que reformar al sistema de gobierno. Hoy nos encontramos en el peor de los mundos: ante el riesgo de perder el TLC y frente a una elección en la que nadie está enfocado en el problema real que enfrenta el país. En lugar de debatir el problema de gobernanza, nuestro verdadero déficit, vivimos el ruido de una retórica gastada y obsoleta sobre cómo retornar al pasado o cómo proteger lo existente. La verdadera promesa de AMLO, como la de EPN, es un autoritarismo benigno: yo puedo hacerlo porque yo soy fuerte.

Lo que México necesita no son hombres fuertes e iluminados sino instituciones efectivas. Para eso se requiere una disposición de nuestra clase política a enfrentar los problemas estructurales del país que ahora han sido desnudados por Trump al hacer evidente que no tenemos Plan B ni capacidad de articularlo porque no hicimos la tarea en estos años. El TLC fue un medio muy efectivo e inteligente para resolver un problema medular (estabilizar al país y darle certidumbre a la población y a los inversionistas), pero no es suficiente para lograr un desarrollo integral y nos expone, como ahora sabemos, a los avatares de EUA, quien se suponía tenía permanencia estratégica.

El país requiere un nuevo sistema de gobierno, anclado en la ciudadanía y con instituciones y mecanismos efectivos. Hoy tenemos una absurda combinación de instituciones viejas, obsoletas e ilegítimas con demandas interminables de que el gobierno actúe y responda. Tenemos que encontrar la forma de empatar ambas cosas: capacidad de gobierno y legitimidad.

 

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22 Oct. 2017