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¿Cuál fue el error?

 Luis Rubio

Los mexicanos estamos hartos de la violencia, las matanzas, la extorsión, los secuestros, la falta de seguridad y la displicencia que al respecto manifiesta la autoridad. En eso hay un consenso casi absoluto y universal. Donde se divide -y polariza- la opinión es en qué hacer al respecto y, sobre todo, si Felipe Calderón cometió un error al atacar las bandas del crimen organizado. Para algunos, el verdadero problema fue creer que la inseguridad es un problema: hubiera sido mejor, dicen, negociar la paz con los criminales, dejarles su espacio y, con eso vivir en paz. Es decir, en esta lógica, el error fue “pegarle al avispero” porque eso provocó la violencia.

Detrás de la discusión sobre la seguridad pública yacen dos asuntos que con frecuencia se mezclan pero que son distintos: por un lado, la función del gobierno en materia de seguridad y, por otro, la estrategia que debe o puede seguirse para lograrla. O sea, lo primero es el objetivo al que debemos aspirar y lo segundo es cómo avanzar en esa dirección. Aunque la disputa respecto a la seguridad se centra en lo segundo, la realidad es que lo importante es lo primero. Quienes perciben que el problema fue “pegarle al avispero” no comprenden que fue la naturaleza del régimen político lo que hizo posible la paz en el pasado, además de que desprecian el pánico en que vive la ciudadanía.

Hay una enorme dosis de nostalgia en la noción de que se puede retornar a esa era mítica de paz y tranquilidad que funcionaba porque el gobierno “negociaba” con los criminales. Esa nostalgia, que alimenta el discurso de AMLO y ha sido la guía de acción del gobierno actual, parte de una premisa errónea: que la paz y estabilidad que efectivamente existía en los cincuenta o sesenta era producto de un sistema de seguridad efectivo, cuando en realidad la paz y seguridad que México vivió por algunas décadas fue más producto de controles autoritarios que de un sistema de seguridad sostenible. En pocas palabras, a menos que alguien crea que es deseable, o posible, reconstruir los cincuenta, no hay a donde regresar.

Si uno acepta que la función nodal de la existencia de un gobierno es la seguridad pública, entonces el gobierno mexicano (a todos niveles) ha sido un fracaso. En lugar de dedicarse a construir el andamiaje necesario para que la ciudadanía goce de tranquilidad en su vida cotidiana y la certeza de que sus familiares no serán vejados, robados, secuestrados, extorsionados o asesinados, el gobierno ha abdicado su responsabilidad: construye discursos e insulta a los críticos pero no resuelve el problema. Lo peor de todo es que ni siquiera reconoce que existe un problema.

Es en este contexto que debe evaluarse el actuar de Felipe Calderón en materia de seguridad. El gran mérito de Calderón fue que reconoció que el gobierno es responsable de la seguridad pública. Cualesquiera que hayan sido sus errores -de estrategia o de implementación- nada le resta el mérito de haber aceptado que el gobierno es responsable de la paz entre los ciudadanos. Esto no es algo menor.

Su estrategia, en esencia, consistió en construir una policía federal que se dedicaría a confrontar a las organizaciones criminales. Hay tres tipos de críticos a lo que hizo: unos, los ya mencionados, no ven un problema y creen que Calderón lo creó y por eso es responsable de la ola de muertes de la última década. La paradoja de esa crítica es que la ola de muertes comenzó a declinar al final de su sexenio, sugiriendo que al menos algo bueno estaba ocurriendo. La segunda crítica es que debió haber atacado las fuentes de dinero más que a los narcos mismos, o sea, un asunto de estrategia. Finalmente, el tercer grupo argumenta que todo se concentró en atacar a la criminalidad y no en construir la base de un nuevo sistema de seguridad.

Los expertos evaluarán las críticas, pero no hay duda que el legado relevante de Calderón es el haber reconocido la responsabilidad del Estado en esta materia. El reto ahora es construir un nuevo sistema de seguridad*.

Más allá de lo que se haya hecho o dejado de hacer en materia de seguridad en las décadas que siguieron al declive del autoritarismo, estamos muy lejos de llegar a un consenso sobre la naturaleza del problema, lo que nutre los mitos y prejuicios que pululan la discusión sobre lo que debe hacer el próximo gobierno. Muchos de los planteamientos existentes, desde el mando único hasta la legislación en materia de seguridad interior, responden a intereses o situaciones particulares que nada tienen que ver con el temor que aqueja a buena parte de la ciudadanía. El resultado es que tenemos una policía federal desquiciada y desanimada y ninguna visión o estrategia para construir seguridad de abajo hacia arriba, además de que quien ha sido responsable de la poca paz que hay -el ejército- está bajo ataque.

La falacia de los nostálgicos radica en su suposición de que la seguridad se puede imponer cuando en realidad se tiene que construir. Y esa construcción debe ser de abajo hacia arriba, con todo el apoyo de la policía federal y del ejército. Es decir, esas fuerzas deben enfocarse a hacer posible la construcción de capacidades policiacas y judiciales locales. Todo el resto es demagogia.

 

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Luis Rubio

14 Oct. 2018

Hacienda vs. la economía

Luis Rubio

 

El gran aprendizaje de las crisis de los setenta a noventa fue que la estabilidad económica depende de unas finanzas públicas equilibradas. Cada vez que se desquiciaban las cuentas fiscales, generalmente por un exceso de gasto que llevaba a un creciente endeudamiento público, el peso se devaluaba y toda la sociedad perdía. La mayor parte de los políticos de aquella era acabó reconociendo que no se podía jugar con las finanzas públicas. Lo que nunca se ha reconocido es que de esa premisa se dio un salto al vacío, creando una contradicción entre el interés fiscal y el crecimiento económico.

La estabilidad de la economía es una condición sine qua non para lograr un crecimiento sostenido y elevado que permita generar riqueza, empleos e ingresos. Esta fórmula no es novedosa ni excepcional, pero no porque sea sancionada por Perogrullo deja de ser cierta y, a la vez, más rara. Independientemente de la profundidad con que se hayan implementado las reformas que, desde los ochenta, ha experimentado el país, toda la actividad gubernamental se fue orientando a crear condiciones para que el crecimiento pudiera ser elevado: liberalización de importaciones, apertura energética, racionalización del marco regulatorio, etc.

Y, sin embargo, la tasa de crecimiento promedio sigue siendo un patético 2%. Aunque ese promedio esconde más de lo que dice (algunos estados -como Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes- crecen a tasas casi asiáticas, en tanto que otros se mantienen, en el mejor de los casos, paralizados). Todos esos esfuerzos no se han traducido en un mejor desempeño, sobre todo de aquellas regiones y entidades que tienen una predisposición en contra del desarrollo, como han probado ser varias de las sureñas. La gran pregunta es qué es lo que ha generado este estado de cosas.

Mi hipótesis es que hay dos factores que inciden en crear esta circunstancia. Por un lado, a pesar de tantas reformas, el gobierno en su función de regulador y emisor de permisos, se ha convertido en un enorme lastre. Hay cada día más regulaciones, la burocracia crece, los requerimientos administrativos se multiplican, los inspectores hacen de las suyas, el pago de impuestos -y sus procedimientos- se complica cada vez más y, en general, la contraparte de las empresas en todo el proceso de obtención de permisos, pago de impuestos y cumplimiento de regulaciones y otras obligaciones, se ha convertido en una inmensa fuente de extorsión y corrupción. (Casi) no hay político que no haya generado sus ahorritos para la siguiente campaña electoral (o su bolsa), convirtiendo a su gestión en una fuente de extorsión para todo aquel que se atreva a tratar de construir una empresa, desarrollar una inversión o, algún ser superior no lo quiera, generar un poco de riqueza y empleos.

El otro factor que inicide en el pobre desempeño económico es macroeconómico y se resume en una línea: el interés hacendario (la estabilidad financiera) no ha sido compatible con el crecimiento de la economía. Específicamente, la forma en que se ha procurado asegurar un equilibrio en las cuentas fiscales no ha sido benigno para el crecimiento del ahorro y la inversión: en lugar de cancelar proyectos o programas inútiles, excesivos y con frecuencia contraproducentes, lo que se ha hecho es extraer más recursos de la sociedad. De esta forma, en lugar de lograr el equilibrio bajando el gasto, se ha logrado elevando el ingreso. Los impuestos acaban siendo no una forma de redistribuir el ingreso para generar una mayor equidad dentro de un contexto de acelerado crecimiento económico, sino una forma de preservar el statu quo, impidiendo que la economía crezca de manera significativa. Si a lo anterior sumamos la pésima calidad de las inversiones públicas y su baja rentabilidad, el gobierno constituye un lastre para la economía y no una fuente de crecimiento.

Detrás de esta perversidad yace la realidad del sistema político del país: los profesionales de la economía -exceptuando esos que se han creido políticos y se han dedicado a utilizar los instrumentos hacendarios para avanzar sus propias aspiraciones políticas via gasto y endeudamiento- han actuado dentro de los límites que imponen las circunstancias de su entorno. Por su parte, los políticos han vivido para sí mismos -para sus privilegios, prebendas e intereses- y han contado con el suficiente poder para preservarlos y nutrirlos de manera sistemática, independientemente del costo para el resto de la población. En este contexto, los profesionales de la economía, a quienes hace años se les denominaba, de manera peyorativa, tecnócratas, han actuado para preservar la estabilidad y sólo lograron mejorar las condiciones económicas cuando así les permitieron las circunstancias políticas.

De esta manera, el interés burocrático y hacendario choca con el interés del desarrollo económico. La población ha experimentado un menor crecimiento -y peores oportunidades de desarrollo- porque ha ganado el interés burocrático -la extorsión y la corrupción que padece el país de manera cotidiana- y el interés hacendario: más impuestos y mayor complicación para funcionar. Un cambio de gobierno y de paradigma como el que viene bien podría comenzar por aquí.

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 07 oct 2018

 

Desarrollo

Luis Rubio

 

Algo evidentemente falló. La idea era que el país haría suyas un conjunto de estrategias y reformas económicas y que, en un tiempo razonable, la economía del país se transformaría y, con ello, se avanzaría decididamente hacia el desarrollo. Aunque hoy se critiquen mucho las reformas de las últimas décadas, es indispensable entender qué ocurrió y por qué los resultados acabaron siendo inferiores a lo deseado y prometido.

Lo primero es situarse en el contexto del viejo sistema político, en la era del PRI duro en que el presidente era todopoderoso y su capacidad para imponer su voluntad elevadísima. Las reformas se iniciaron en los ochenta cuando el país se encontraba virtualmente en la bancarrota (esa sí de verdad, con incapacidad de pagar nada) y todo lo intentado hasta entonces había fracasado. Los presidentes de los setenta habían cambiado de rumbo, contratando deuda al por mayor, sin lograr nada relevante: aunque la economía creció, la productividad se estancó y, cuando cayeron los precios del petróleo, las finanzas gubernamentales se colapsaron como el castillo de naipes que de hecho eran.

Las reformas se concibieron para forzar a los agentes económicos a elevar sus niveles de productividad, ser más competitivos, reducir los precios y generar un entorno de crecimiento que, poco a poco, fuera sumando al conjunto de la población. El esquema tenía sentido y era similar al que había seguido una caterva de países exitosos. Sin embargo, los errores y excepciones que lo acompañaron acabaron siendo perniciosos para el logro de altas tasas de crecimiento.

Un error evidente desde el comienzo fue que la liberalización que tuvo lugar (de inversión, importaciones, regulaciones y exportaciones) fue limitada por razones políticas: los gobiernos que enarbolaron las reformas se rehusaron a afectar a intereses políticamente relevantes en el mundo político, sindical y empresarial. De esta forma, quedaron protegidos los servicios, la energía y buena parte de la industria manufacturera. También, se impidió que creciera la red de gasoductos porque un grupo político era dueño de las pipas que distribuían el gas. En una palabra, las reformas estaban bien estructuradas en lo general, pero nunca se concibieron como un proyecto transformador, sino, en la práctica, como un remedio parcial, un parche.

Una parte de la economía y de la sociedad experimentaron enormes beneficios, pero otra se rezagó. El contrastante desempeño de diversos estados es más que sugerente. Por otro lado, la implementación de las reformas coincidió en el tiempo con el creciente desgaste, y eventual colapso, de buena parte de la estructura de gobierno y de seguridad que existía. El viejo sistema lo centralizaba todo y, por algún tiempo, mantuvo la paz; sin embargo, se fue desgastando y nunca se preparó para construir la capacidad de gobernanza que requeriría el futuro. Al inicio del siglo, toda la estructura se colapsó, dándole un golpe mortal a infinidad de familias que, en el proceso, perdieron hijos, padres, hermanos en el altar del crimen organizado y el narcotráfico.

El problema económico no es igual al de la capacidad de gobierno: tienen orígenes distintos y dinámicas diferentes, pero inevitablemente se retroalimentan. Pero dos cosas son inobjetables: primero, a pesar de que contamos con una economía cada vez más robusta, el desempeño económico ha sido insuficiente para incorporar al conjunto de la población. En segundo lugar, el problema político y su manifestación en la forma de criminalidad y violencia ni siquiera ha comenzado a encararse.

Santiago Levy* acaba de publicar un excelente libro que explica mucho de lo que falló: no es que estuviesen mal las reformas, sino que no se reformó todo lo que era necesario. Específicamente, faltó una estrategia de inclusión social que permitiese tanto sumar al conjunto de la población como elevar la productividad para toda la economía. Como quedaron las cosas, le productividad se elevó de manera espectacular en el sector moderno, pero la mayoría de la población se quedó atorada en una economía informal, improductiva, incierta y sin futuro. La propuesta de Levy reside en crear mecanismos que incentiven la formalización y eleven la productividad a través de una estrategia de política social que no haga recaer los costos de la formalización en microempresas. La propuesta es ambiciosa y compleja pero, viniendo de uno de los autores originales de las reformas, invaluable.

Por su parte Jesús Villaseñor**, por décadas forjador y operador de algunos de los principales bancos de desarrollo, argumenta que la banca de desarrollo es un elemento potencialmente central del progreso económico pero que los cambios sexenales, ocurrencias y errores acaban mermando su potencial y disminuyendo su impacto. Un libro con extraordinarias anécdotas, muestra no sólo la importancia de una banca de desarrollo institucionalizada y protegida de los cambios políticos, sino lo indispensable que es un cuerpo técnico capaz de conducir estos esfuerzos.

León Felipe, el poeta, entendió muy bien lo importante: “Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo.”

 

*Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México
**El fin de la banca de desarrollo: institucionalizarse o morir

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México y China

Luis Rubio

 

Luego de cuatro décadas de extraordinaria transformación, nadie puede dudar de las enormes ambiciones de China como potencia mundial, ahora asistida por el repliegue que Trump ha iniciado, dejándole un campo fértil para su expansión política y estratégica, además de económica. Napoleón así lo entendió desde 1817 cuando afirmó, desde su “estancia” en la isla de Santa Elena, que “China es un gigante dormido… Hay que dejarla dormir, porque cuando despierte moverá al mundo.” China ha despertado y su presencia en el mundo se hace sentir tanto en el impactante proyecto logístico que está construyendo en Asia y África como en su evidente aspiración por recobrar su importancia como potencia mundial. La pregunta para México es si existe un espacio viable de interacción.

México se encuentra localizado en una zona geopolítica distante a la de China, lo que ha condicionado mucho del devenir de la relación bilateral. La paradoja ahora es que la actitud norteamericana genera un incentivo mutuo para explorar alternativas comunes. El atractivo es evidente, pero la complejidad no es menor: por un lado, a pesar de la enorme transformación que ha experimentado la nación asiática, las distorsiones económicas que la caracterizan no son menores y, en contraste con la relación complementaria con Europa o EUA, competimos con ellos en un sinnúmero de sectores (que alegan que en China no se opera bajo reglas convencionales). Por otra parte, la circunstancia geopolítica no es simple, como demostró el fallido proyecto de tren rápido a Querétaro.

Nada cambiará nuestra geografía, pero la realidad política de nuestra región obliga a la diversificación que siempre se ha planteado pero nunca se ha conseguido (algo no distinto a Canadá). Desde esta perspectiva, China constituye un ejemplo y un desafío, un problema y una solución, todo al mismo tiempo. A pesar de sus propios dilemas estructurales, que no son pocos ni fáciles de resolver, China se ha convertido en el principal motor de crecimiento del mundo y un imponente competidor en cada vez más sectores y actividades.

En este contexto, no es casualidad que China y la potencial relación con esa nación, desate pasiones: para unos es un país que no se conforma a regla alguna, en tanto que para otros constituye una alternativa estratégica. Ambas cosas pueden ser ciertas y sería una de las muchas contradicciones con que sería necesario lidiar. Su sistema político se parece más al que nos caracterizó a lo largo del siglo XX que al que (supuestamente) aspiramos a crear por la vía democrática y, sin embargo, muchos lo admiran precisamente porque su gobierno tiene una impactante capacidad para imponer cambios estructurales y forzar la transformación de sectores, regiones y actividades. Es decir, una eventual profundización de la relación con China entrañaría una necesaria introspección en México sobre valores que, al menos en la retórica cotidiana, se han convertido en clave, como corrupción, transparencia y pesos y contrapesos, ninguno de los cuales son parte del menú chino. En este contexto, cualquier presunción de interacción requeriría definiciones internas muy claras y precisas.*

Mi impresión es que las pasiones que desata esa nación se explican sobre todo por la falta de comprensión de lo que es China y cómo se mueve, situación que es prácticamente universal: un país sumamente controlado, con instituciones autoritarias y, aunque hay muchas fuentes informales de información, su criterio en la conducción de sus asuntos, igual económicos que políticos, es político y estratégico. Nada de esto es sorprendente, pero se trata de un país difícil de conocer y al que, en general, México le ha dedicado muy poca atención.

China es una fuente de referencia inexorable con la que hay que establecer contacto, pero éste es inconcebible con una nación tan centralizada y estratégica sin una visión comparable, algo inusual, por no decir inexistente (hasta hoy), en nuestro contexto. Además, aunque los contactos que se establezcan sean políticos (allá todo es política), la articulación será, en la mayoría de los casos, a través de empresas privadas (al menos de nuestro lado), lo que obligaría al gobierno mexicano a definir cómo actuaría frente a situaciones complejas: cuando las condiciones de operación no sean equitativas o cuando las fuentes de competitividad sean de origen político. En una palabra, cómo va a tomar la iniciativa la parte mexicana y no dejar que la conducción sea toda del otro lado. Pocos países exhiben tal complejidad.

Lo que he aprendido de China a lo largo de los años, y de escuchar y leer a expertos diversos, es que tenemos que ser realistas en lo que es posible de esa relación y mantener claro que se trata de una conexión triangular en la que no tenemos todos los elementos del juego porque nuestra realidad geopolítica entraña condicionantes que no podemos saltar. Mucho más importante, con Trump o sin Trump, la integración de nuestra industria está ocurriendo y nada va a modificar ese patrón, aunque el ritmo pudiera variar. También, no es imposible que, tarde o temprano, acabemos concluyendo que lidiar con los americanos, incluso con Trump, es cosa de niños comparado con el dragón oriental.

*COMEXI propone algunas ideas: http://www.consejomexicano.org/?s=contenido&id=3649

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23 Sep. 2018

Esencia de democracia

Luis Rubio

En la “esquina de los oradores,” en el Hyde Park de Londres, sucede algo muy peculiar cada domingo: unas cuantas personas se suben a un banquito y comienzan a despotricar contra el gobierno, la reina, la Unión Europea, Trump y cualquier otro blanco que se les pueda ocurrir. La clave es el banquito, que remueve a la persona que injuria del suelo inglés: eso permite, en la tradición británica, que se ejerza una plena libertad de expresión sin que haya reglas complejas al respecto. O sea, lo opuesto a nuestro estilo legislativo en que se busca controlar y regular todo (pienso en lo electoral), pretendiendo que eso nos hace una democracia cabal.

En lugar de regulaciones, los ingleses tienen tradiciones: desde la peluca que se ponen los jueces para asumir el papel de autoridad independiente, separada de lo personal, hasta la inexistencia de una constitución escrita, a pesar de que continuamente se refieren a su constitución. La explicación radica en la historia: mientras que nuestra democracia es algo reciente, la inglesa comenzó con la publicación de la Magna Carta en 1215. Eso ha generado una larga historia de prácticas que trascienden a la ley pero que todo mundo respeta porque se entienden como la esencia de la vida en sociedad y, por lo tanto, de la civilización.

La mayoría de las naciones democráticas no goza de la larga historia de democracia del Reino Unido, pero ha logrado un estadio similar porque ha hecho suyas las prácticas -por escrito o en la acción cotidiana- que las hacen democráticas. Cuando Felipe González asciende la presidencia del gobierno español en 1982, la escasa tradición democrática de esa nación se remontaba a unos cuantos años extraordinariamente convulsos de las dos eras republicanas a finales del siglo XIX y en los treinta del XX, seguidos de una férrea dictadura franquista. Al entrar al gobierno, Felipe González comprende que la mitad de la población está eufórica con su triunfo, pero que la otra está aterrorizada. Su respuesta fue fortalecer las garantías y contrapesos inherentes al Estado de derecho; contener a sus radicales; y mudar su oficina del partido a la sede del gobierno. Su objetivo fue crear condiciones de gobernabilidad con el reconocimiento, si no el apoyo decidido, de la totalidad de la población. Su éxito en sedimentar la transformación de España habla por sí mismo.

El contraste con México difícilmente podría ser mayor. En lugar de asumir la nueva era democrática en la que, desde al menos los noventa, hemos incurrido en términos legislativos (aunque la primera reforma política se remonta a 1958), la evolución política del país en las últimas décadas ha sido renuente, caprichuda y con frecuentes reversiones. Los políticos mexicanos, de todos los partidos, han preferido ser parte del juego que cambiar la realidad. Un político “ancestral” una vez me dijo que lo importante no es si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino estar dentro del vaso. Con esa profunda filosofía nos han pretendido gobernar.

La gran carencia de México radica en la inexistencia de un gobierno funcional, pero éste no se puede construir porque no existe esa visión de Estado, esa disposición a construir un futuro en lugar de preservar el pasado. Y eso es igual para las personas y los partidos: lo importante no son las instituciones sino estar dentro de ellas para poder explotarlas para intereses propios y de los allegados. El comportamiento de los contingentes de Morena en el Congreso en las pasadas semanas no augura nada mejor.

En este contexto, no es casualidad que la esencia de la vida político-legislativa consista en comprar tiempo y hacer concesiones como táctica para que nada cambie. Independientemente de sus virtudes y defectos, legislaciones como aquellas en materia de corrupción y de la fiscalía general del Estado, son ejemplos perfectos de un proceder legislativo dedicado a construir apariencias que no cambian la esencia, algo así como las villas que Potemkin le construyera al zar para que creyera que todo funcionaba perfecto. El modus operandi tradicional no se rige por reglas democráticas o de rendición de cuentas, porque lo que importa es apegarse al dictum de Lampedusa: que todo cambie para que todo siga igual.

El problema hoy es que la incredulidad ya no da para tanta simulación, lo que explica buena parte del resultado de la elección presidencial y le crea una enorme oportunidad al nuevo gobierno. La administración saliente padece el escarnio de toda la población, resultado de sus propias acciones, pero también de toda una tradición política que concibe al gobierno como un espacio para expoliar. El presidente electo ha ofrecido un cambio, una transformación, que altere la vida política del país. El tiempo dirá si el espejo retrovisor da para ello.

Los mexicanos estamos cosechando lo que nuestros políticos sembraron a lo largo del tiempo y que no han querido practicar: una forma civilizada de acceder al poder y ejercerlo de similar forma, en el gobierno y en la oposición. La nueva realidad del poder le ofrece una gran oportunidad no sólo al nuevo gobierno, sino sobre todo a las oposiciones: que se asuman como el contrapeso que les corresponde. Como ilustra Felipe González, la esencia no radica en las leyes, sino en la disposición a crear una nueva civilización. La contundencia del resultado electoral crea una oportunidad no sólo para el próximo gobierno, sino para todo el país: practicar más y regular menos, eso que hacen las naciones civilizadas que por eso son democráticas. Y gobernables.

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16 Sep. 2018

México y China después del TLC de América del Norte

En HACIA UNA AGENDA ESTRATÉGICA ENTRE MÉXICO Y CHINA
Comexi, Septiembre 2018

Vivimos en un mundo complejo que se torna cada vez más incierto. Los vectores que caracterizaron al orden mundial que sucedió a la Segunda Guerra Mundial y que luego se afianzaron con el fin de la Unión Soviética han dado de sí, creando un mundo multipolar que también podría denominarse como multi-crítico. Las fuentes de dificultad proliferan por todo el orbe, produciendo situaciones que, por casi un siglo, habrían sido del todo anómalas. La Unión Europea padece una crisis de identidad y enfrenta fuerzas centrífugas, así como potenciales fracturas en su proyecto monetario, el corazón del proyecto. El hemisferio americano se encuentra en crisis luego de una década de crecimiento acelerado en varias naciones, sin claridad respecto al futuro. Estados Unidos, la otrora potencia que vigilaba la estabilidad del orden mundial, ha optado por ensimismarse y culpar al resto del mundo de sus males.

En este contexto, se discute la posibilidad de un acercamiento con China, una potencia emergente, como alternativa a la estrecha pero compleja relación que caracteriza a México con Estados Unidos. La pregunta es qué clase de relación: ¿qué es posible? ¿Realmente constituye una alternativa?  Lo que es evidente es que México tiene que encontrar un nuevo equilibrio en su estrategia de política exterior; la pregunta es qué papel juega la relación con China en este escenario.

México ha tratado de capotear el temporal que caracteriza a nuestro entorno, pero no ha evidenciado una claridad de miras, un sentido de propósito o una visión hacia el futuro. Muy en nuestra tradición, han surgido voces clamando por alternativas al modelo económico o al sentido de la política exterior sin mayor diagnóstico o ejercicio político orientado a construir un nuevo consenso. Lo que está más allá de cualquier duda es que las certezas que se lograron hace un cuarto de siglo con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) han dejado de serlo, exigiendo una nueva visión hacia el futuro.

El presidente electo ha afirmado en repetidas ocasiones que “la mejor política exterior es una buena política interior.” Por más que se ha discutido y debatido el contenido de la frase y sus potenciales implicaciones, en realidad no es muy distinta a la que acuñó Clausewitz hace casi dos siglos en el sentido que la política exterior es una extensión de la política interna, de hecho una extensión de la política interna por otros medios. No hay país que no utilice a la política exterior como instrumento para la consecución de sus objetivos internos.

De la Revolución al TLC y de ahí a Trump

En la era posrevolucionaria, México articuló una política exterior orientada a proteger al naciente régimen por medio de un despliegue en los organismos multilaterales pero, sobre todo, a través de la llamada Doctrina Estrada, cuya esencia radicaba en que el país no juzgaba a otras naciones y no aceptaba juicios de parte de otros. Esa visión sirvió al régimen posrevolucionario, permitió una cohesión interna y facilitaba la atención a distintos componentes de la sociedad mexicana sin causar conflicto con otras naciones, en particular con Estados Unidos, la razón de ser de la diversificación en nuestra política exterior. Quizá ningún ejemplo sea más evidente en este sentido que la relación que se desarrolló con Cuba a partir del inicio de su movimiento revolucionario, estrategia que le permitió al régimen mostrar su independencia respecto a la potencia hegemónica y satisfacer a la izquierda mexicana, todo ello sin generar un conflicto con los Estados Unidos.

En los ochenta, a raíz de las crisis económicas de los setenta, el país redefinió su visión internacional: atendiendo la necesidad de reestructurar la economía para generar nuevas fuentes de inversión y crecimiento económico, el país optó por un acercamiento con Estados Unidos como medio para estabilizar la economía y crear un basamento distinto para el desarrollo del país. La decisión de acercarse a Estados Unidos constituyó una alteración histórica de la relación con el vecino del norte, toda vez que por décadas había sido utilizado como un chivo expiatorio para lograr cohesión en la política interna.

La decisión de negociar el TLC fue producto de un agudo reconocimiento de las limitaciones políticas internas. En su origen y en su esencia el TLC fue concebido con objetivos políticos más que estrictamente económicos, aunque su manifestación fuese de ese carácter. El mexicano fue un planteamiento atrevido que buscaba lograr certidumbre en el ámbito interno y garantías legales para inversionistas del exterior, requisitos ambos para echar a andar la economía mexicana luego de una década (los ochenta) en la que el crecimiento había sido sumamente bajo y el país había estado a punto de caer en la hiperinflación. La crisis de 1982 había dejado a la nación al borde de la bancarrota y, a pesar de las numerosas reformas financieras y estructurales que habían sido aprobadas, la economía no recuperaba su capacidad de crecimiento.

En este contexto, la mera noción de buscar a Estados Unidos, el enemigo histórico del régimen priista, como parte de la solución a los problemas mexicanos constituía una verdadera herejía. Así, la decisión del gobierno mexicano en 1990 de proponerle a Estados Unidos la negociación de un acuerdo comercial general tuvo una naturaleza profundamente política. Para ese momento, el gobierno mexicano llevaba varios años transformando de manera drástica su política económica, al dejar atrás las políticas industriales y comerciales de corte autárquico de las décadas anteriores. La nueva política económica entrañaba, una redefinición de la función del gobierno en la economía y en la sociedad, pues éste abandonaba su propensión a controlarlo todo para colocarse como el generador de condiciones para que el crecimiento económico fuese posible: un cambio dramático en términos filosóficos.

La pregunta que se hacía el gobierno era cómo elevar la tasa de crecimiento en un contexto de enorme incertidumbre e incredulidad, no sólo entre la población en general sino especialmente en el sector privado y en el exterior, de cuyas inversiones dependía la capacidad de crecer, elevar la productividad y resolver los problemas de balanza de pagos que durante décadas habían sido el talón de Aquiles de la economía mexicana. Luego de múltiples reformas que no impulsaron la inversión, comenzó a ser evidente que la liberalización por sí sola no aseguraría la confianza del sector privado.

Para los inversionistas, igual nacionales que extranjeros, invertir en México podía ser sumamente atractivo siempre y cuando existiera un marco de certidumbre tanto legal como regulatorio que permitiera tener la seguridad de que se iban a mantener las condiciones existentes en el momento de invertir. Es decir, luego de décadas de crisis políticas, cambiantes condiciones económicas, expropiaciones y actos gubernamentales desfavorables a la inversión, era imperativo generar condiciones que aseguraran que la estrategia económica general permanecería independientemente de quien estuviera en el gobierno.

El TLC logró convertirse en una garantía para los sectores empresariales, tanto domésticos como extranjeros, a los que asignaba la enorme responsabilidad de hacer posible la recuperación económica, y para los mexicanos en general de que a cualquier gobierno futuro no le quedaría más remedio que continuar con el proceso de reforma para alcanzar una etapa de desarrollo más elevada. No es que el TLC no pudiera cancelarse, sino que los costos de hacerlo serían tan elevados que nadie intentaría hacerlo.

La trascendencia del TLC fue su carácter excepcional en la vida pública mexicana. Aunque su impacto económico ha sido extraordinario –constituye nuestro principal motor de crecimiento-, su importancia radica en el hecho de que fue concebido –y ha funcionado- como un medio para conferirle certidumbre a los inversionistas y a la población en general. Antes de que existiera el TLC, la inversión del exterior no crecía por carecer de un marco legal que garantizara la permanencia de las reglas. Es decir, representó un reconocimiento por parte del sistema político de que la existencia de regulaciones caprichudas, expropiaciones sin causa justificada y discriminación a favor de ciertos intereses constituían obstáculos infranqueables al crecimiento de la inversión. Su excepcionalidad radica en que el gobierno aceptó límites a su capacidad de acción frente a esos inversionistas y en eso alteró una de las características medulares del sistema político posrevolucionario. Además, todo esto convirtió al TLC en un factor político interno de enorme importancia: es sumamente popular porque constituye una fuente de estabilidad y certidumbre incluso para quienes no tienen una vinculación directa con el mismo.

La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha alterado no sólo la relación con su país, sino sobre todo la fuente de certidumbre que el TLC, y su apoyo irrestricto por parte del gobierno estadounidense, constituía para la inversión en México. Trump, más un síntoma que la causa de los problemas de México con Estados Unidos, constituye una llamada de atención porque entraña el final de una era. Con o sin TLC, ahora resulta evidente que el instrumento no es permanente y que México tendrá que desarrollar nuevas y distintas fuentes de certidumbre para el desarrollo de la economía. La pregunta es cómo y dónde.

¿Alguien puede substituir la función que EUA cumplió con el TLC?

Por casi tres décadas, la clase política mexicana evadió decisiones internas fundamentales gracias a la existencia de la migración como medio para eliminar potenciales tensiones sociales y políticas, por una parte, y al TLC por la otra. La primera facilitaba la permanencia del statu quo porque evitaba la necesidad de llevar a cabo reformas que aceleraran el paso del crecimiento económico y satisficieran la demanda de empleo que esa población hubiera requerido, en tanto que el segundo generaba fuentes de riqueza, empleo y divisas como nunca antes. La combinación favoreció tres décadas de estabilidad política y crecimiento económico en vastas regiones del país. Por encima de todo, le permitió a la clase política no tomar decisiones políticamente costosas.

Ahora, ante la incertidumbre sobre el futuro tanto del TLC como de la migración, la pregunta es cómo seguir atrayendo inversión y, en general, crear condiciones para un crecimiento económico más acelerado. Para muchos, la respuesta radica en China, por razones evidentes: se le ve como una potencia emergente que lleva décadas creciendo a tasas extraordinarias y cada día rivaliza más a Estados Unidos. Más allá del atractivo que China pudiese representar, lo peculiar es la noción de que es posible o, incluso, que tiene sentido, “cambiar de caballo” como si la relación con otras naciones, sean potencias o no, fuese un asunto de voluntad.

En el largo plazo, la verdadera decisión no radica en acercarse a una nación, abandonar a otra o entablar algún tipo de relación con una tercera (por ejemplo, China, Estados Unidos o la Unión Europea, respectivamente), sino en desarrollar anclas internas de certidumbre que nos permitan una relación de iguales con todas estas naciones y regiones. Es decir, México tiene que enfrentar sus propias carencias y limitaciones a fin de no requerir fuentes de certidumbre originadas en el exterior. Logrado eso, el crecimiento del país estará anclado en sus propias fortalezas, pudiendo entablar relaciones de iguales con todas y cada una de las naciones y organizaciones regionales del mundo.

Estados Unidos aceptó jugar el papel de “ancla” institucional para generar certidumbre en México por sus propias razones geográficas y geopolíticas: porque el progreso de México constituía una fuente de seguridad y certidumbre para sus propios intereses. Es decir, fuera de la región centroamericana, aunque con relativamente cuantía, no hay nación más importante -en términos geopolíticos- para Estados Unidos que México. Sobra decir que no existe ninguna otra nación en el mundo que pudiera satisfacer esa función para México; de hecho, antes de hacer el planteamiento que eventualmente condujo al TLC, el gobierno mexicano se acercó a las principales naciones europeas, encontrando que su interés radicaba en el este de Europa, o sea, en las naciones geopolíticamente clave para ellos.

¿China en el futuro?

El atractivo que los mexicanos encontramos en China se resume en una oración: es una potencia creciente que ha logrado hitos extraordinarios en materia de transformación económica y reducción de la pobreza -y no es Estados Unidos. O sea, ha logrado lo que nosotros ambicionamos y está muy lejos. Si uno estudia la historia y realiza un perfil de la región en que se localiza China, las naciones de su entorno tienden a verla con recelo, preocupación y desdén; de hecho, China ha sido una potencia mucho más agresiva con sus vecinos en el último siglo que Estados Unidos con los suyos.

Desde la perspectiva mexicana, es imperativo definir qué se quiere de la naciente potencia asiática y qué es factible esperar de ella. En términos generales, las siguientes son características evidentes:

  • En contraste con Estados Unidos y otros países desarrollados, se trata de una nación que compite con productos mexicanos en los más diversos sectores; de hecho, ha desplazado a industrias enteras, como el calzado, ropa, textiles, juguetes y electrónicos.
  • Poco a poco, China está reorientando su economía hacia el consumo, lo que podría disminuir su característica competitiva, a la vez que se abren oportunidades para exportaciones mexicanas a su mercado.
  • El tamaño del mercado chino en la actualidad no tiene parangón con ninguno otro. Algún día el de India podría ser mayor, pero en el presente acercarse a ese mercado representa una oportunidad comercial única.
  • En términos económicos, políticos y militares, China es una potencia en ascenso que, en el largo plazo, podría rivalizar con Estados Unidos.
  • En su proceso de consolidación, está construyendo lo que ha sido denominado como un “imperio logístico,” a través de la construcción de la iniciativa One Belt, One Road, al que planea dedicar cientos de billones de dólares en las próximas décadas. Se trata de un ambicioso plan de corredores logísticos, puertos, ferrocarriles y carreteras orientados a conectar mercados, fuentes de materias primas y parques industriales desde Europa hasta China e incluyendo al continente africano. Se trata de un proyecto estratégico que resulta de un gobierno con capacidad de decisión y acción, que contrasta con la naturaleza descentralizada de Estados Unidos, cuyas acciones -en esa región y en general- son producto de decisiones gubernamentales -con frecuencia procesadas rijosamente a través de su congreso- y, de manera más significativa, por miles de actores privados, cuyas inversiones tienen una lógica económica más que estratégica.
  • Algunos países latinoamericanos han sido factores importantes en los planes de crecimiento de China, tanto en calidad de originadores de materias primas como mercados. El ascenso y descenso de economías como la brasileña en los últimos tres lustros ejemplifica el modus operandi de China: no son relaciones de largo plazo, sólo son de carácter transaccional, o sea, funcionan mientras sirven a sus intereses y no más.
  • China, como potencia emergente, está desafiando el llamado “orden mundial” establecido después de la Segunda Guerra Mundial pero, más allá de construir su propia red defensiva a lo largo y ancho del Mar del Sur de China, no ha definido su propio esquema de poder. Su estrategia ha generado miedo y escozor en la región, mismo que se ha magnificado por la aparente decisión de Estados Unidos de disminuir su presencia en el mundo.
  • Las fortalezas de China son evidentes, pero también sus debilidades. Se trata de una nación que ha crecido aceleradamente, pero todavía padece las contradicciones inherentes a un país con extraordinarios contrastes internos, una economía polarizada y un perfil demográfico que amenaza con un envejecimiento prematuro, anterior a que la nación en su conjunto haya llegado a un ingreso per cápita suficientemente elevado para satisfacer las necesidades de toda su población. En adición a lo anterior, su estabilidad política ha dependido de un crecimiento económico suficientemente elevado para incorporar de manera sistemática a una demandante población, lo cual podría no lograr en el futuro con el cambio de perfil de país exportador a una economía centrada en el consumo.
  • La gran pregunta que muchos se hacen es por qué China no ha invertido en México de manera similar a su experiencia en naciones como Ecuador, Perú y Brasil. La explicación es muy clara: por una parte, porque México no es un exportador natural del tipo de productos (sobre todo granos, carne y otras materias primas) que constituyeron el grueso de las compras chinas en estos años. O sea, la primera razón es que México no produce el tipo de bienes que China demandaba. Por otra parte, China opera bajo una concepción geopolítica muy clara y no desvía de ello. Desde esta perspectiva, su distancia respecto a México (dejando a un lado los proyectos fallidos como el del tren rápido Querétaro-México y el Dragon Mart) se explica más por la cercanía que México guarda con la economía estadounidense -es decir, una lógica geopolítica- que una estrictamente pecuniaria.

No es casualidad que China y la potencial relación con dicho país desate pasiones: para unos es una nación que no se conforma a regla alguna, en tanto que para otros constituye una alternativa estratégica. Ambas cosas pueden ser ciertas y sería una de las muchas contradicciones con que sería necesario interactuar. Su sistema político se parece más al que nos caracterizó a lo largo del siglo XX que al que (supuestamente) aspiramos a crear por la vía democrática y, sin embargo, muchos lo admiran precisamente porque su gobierno tiene una impactante capacidad para imponer cambios estructurales y forzar la transformación de sectores, regiones y actividades. Es decir, una eventual profundización de la relación con China entrañaría una necesaria introspección en México sobre valores que, al menos en la retórica cotidiana, se han convertido en clave, como corrupción, transparencia y pesos y contrapesos, ninguno de los cuales son parte del menú chino. En este contexto, cualquier presunción de interacción requeriría definiciones internas muy claras y precisas.

Mi impresión es que las pasiones que desata esa nación se explican sobre todo por la falta de comprensión de lo que es China y cómo se mueve, situación que es prácticamente universal: un país sumamente controlado, con instituciones autoritarias y, aunque hay muchas fuentes informales de información, su criterio en la conducción de sus asuntos, igual económicos que políticos, es político y estratégico. Nada de esto es sorprendente, pero se trata de un país difícil de conocer y al que, como país, le hemos dedicado muy poca atención.

Hay dos naciones que enfrentan, o han enfrentado, dilemas como el mexicano y que ilustran la dinámica que yace detrás de su actuar. Por un lado, el caso australiano sirve de contraste con México porque su situación es casi exactamente la inversa: Australia es un país firmemente anclado en la tradición política, cultural y militar anglosajón y, sin embargo, su economía es totalmente dependiente de la china. En caso de agudización del conflicto, ¿hacia dónde se movería esa nación: con sus socios históricos o con su billetera? Su dilema no es muy distinto al nuestro.

En contraste con el caso de Australia, en los sesenta, Cuba se acercó a la Unión Soviética con el objetivo de proteger su revolución de la tensión que la isla vivía frente a Estados Unidos. La única razón por la cual la URSS aceptó la relación -tal como Estados Unidos accedió al TLC- fue por razones geopolíticas: para la URSS, Cuba constituía una oportunidad de avanzar sus intereses.

La geografía tiene una fuerza indiscutible en el actuar de las naciones, sean estas potencias o emergentes. Alemania y Polonia han tenido más guerras en los últimos dos siglos que casi cualquier nación del mundo y, sin embargo, la concentración de su comercio es extraordinaria. La razón es su cercanía geográfica y una implacable lógica geopolítica.

México en su futuro

La diversificación de las relaciones económicas y políticas de México constituye un imperativo ineludible. México debe buscar y crear oportunidades para construir vínculos alternos del más diverso orden tanto en Asia como en Europa y América Latina. Sin embargo, como Polonia, lo más probable es que sus vínculos económicos y comerciales con Estados Unidos sigan siendo los más profundos, lo que no impide que construya un ambicioso andamiaje de vínculos tanto económicos como políticos y culturales con el resto del mundo. Lo crucial no radica en el hecho de la diversificación, sino en que exista la solidez interna para que esa multiplicación de relaciones sea producto de oportunidades y no de la búsqueda de certezas provenientes del exterior, cualquiera que sea su origen.

En este contexto, México debe ver a China en el marco del triángulo geopolítico que constituye su realidad geográfica y su ambición de diversificación. Visto desde esta perspectiva, un México pujante y seguro de sí mismo puede ver a China como un (enorme) mercado potencial para sus exportaciones, como una fuente de inversión, sobre todo en infraestructura en el lado Pacífico de nuestro país (que, además, sería enteramente congruente con el proyecto logístico de la gran nación asiática) y como un equilibrio político frente a Estados Unidos. Hasta la fecha, mucha de la inversión china en México ha seguido el patrón tradicional de la maquila orientada al mercado norteamericano. No hay nada de malo en ello -genera empleo y alguna derrama económica- pero no constituye un basamento sostenible para el desarrollo del país en el largo plazo. A su vez, México debe construir su propia capacidad para asegurar que las empresas mexicanas que invierten en China gocen de las protecciones legales necesarias para poder desarrollar su actividad, evitando así las malas experiencias que han caracterizado a algunas de esas inversiones en el pasado.

La medida del éxito de una relación entre dos naciones ambiciosas y seguras de sí mismas depende de que exista un entramado institucional sólido que permita y facilite intercambios, inversiones y relaciones entre sus poblaciones, en todos los temas y a todos los niveles. Hasta hoy, China ha mostrado una gran claridad geopolítica en su manera de decidir y actuar respecto a México, pero México se ha comportado más como una nación insegura y sin proyecto hacia el futuro, y no sólo con China.

Lo que esto implica es que el desafío nodal reside en México: somos nosotros quienes tenemos que construir la solidez interna que garantice la continuidad institucional del país, confiera certeza patrimonial, legal y de seguridad a sus habitantes -y, por lo tanto, a los inversionistas y visitantes del exterior- y, por encima de todo, genere una claridad de rumbo para toda la población. Es dentro de México que radica el reto fundamental porque, superadas nuestras propias vulnerabilidades, la relación con China y con el resto del mundo, comenzando por Estados Unidos, pasaría a un nuevo estadio: entre naciones maduras y seguras de sí mismas.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

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Bobbitt, Philip. 2003. The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History, Anchor Books, New York

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Khanna, Parag. 2016. Connectography, Random House, New York

Kissinger, Henry. 2011. On China, Penguin, New York

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Morris, Ian. 2010. Why the West Rules-For Now, Farrar, Straus and Giroux, New York

Pei, Minxin. 2016. China’s Crony Capitalis: The Dynamics of Regime Decay, Harvard, Cambridge

Pei, Minxin. 2006. China’s Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy, Harvard, Cambridge

Rachman, Gideon. 2018. Easterinzation: Asia’s Rise and America’s Decline, Other Press, New York

Schell, Orville y Delany, John. 2014. Wealth and Power: China’s Long March to the Twenty First Century, Random House, New York

 

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Control ¿para qué?

Luis Rubio

Desde su Independencia, México ha gozado de dos periodos de elevado crecimiento con estabilidad político social: el porfiriato y las décadas del PRI duro, entre los cuarenta y el fin de los sesenta. El común denominador fue la centralización del poder y el control vertical que el presidente ejercía desde arriba. Ambas eras fueron exitosas por un rato, pero las dos se colapsaron, cada una por sus propias razones y circunstancias. Pero el recuerdo del periodo exitoso de cada una de ellas dejó una estela de memorias, mitos y nostalgias a las que generaciones posteriores se referían con añoranza. El momento actual no es distinto.

El electorado no fue tímido en su juicio sobre las pasadas décadas: el mandato que recibió el hoy presidente electo es avasallador y entraña un mensaje transparente y trascendente. La ciudadanía, que por dos décadas optó por presidencias más débiles a través de gobiernos divididos, ahora le otorgó un mandato claro y contundente al futuro presidente López Obrador. La pregunta es qué hacer con ese mandado.

Por supuesto, AMLO tiene una idea clara de lo que quiere hacer y todos sus planteamientos y movimientos a la fecha conducen a la construcción de un andamiaje de control que busca reconstruir la presidencia fuerte de los sesenta para ejercer una plena rectoría sobre los asuntos generales, especialmente sobre la economía. La mirada sobre los sesenta tiene sentido: fue entonces cuando aquel sistema alcanzó su punto más álgido de conducción económica, combinando la inversión en infraestructura organizada desde el gobierno, con la capacidad productiva de la inversión privada. Fue entonces cuando se cocinaron proyectos como Cancún, se electrificó el sureste del país y se construyeron varias de las principales carreteras que hasta hace no mucho eran las únicas con que se contaba. El punto nodal era que, aunque había corrupción, la capacidad para concentrar fuerzas y recursos era enorme.

El recuerdo de esa era, como la del porfiriato medio siglo antes, constituye un enorme atractivo para un gobierno que se propone cambiar la dirección del desarrollo del país; tanto así que, en esa concepción, no fue muy distinta la intención del gobierno que ahora está a punto de concluir su mandato. Pero es importante reconocer que esas dos eras de elevado crecimiento con estabilidad terminaron mal porque fueron incapaces de resolver las contradicciones inherentes a su propia fortaleza.

El caso del porfiriato es evidente por el simple hecho de que aquel sistema estaba indisolublemente ligado a la persona del presidente y siguió su ciclo natural de vida. El porfiriato nació y terminó con Porfirio Díaz porque no hubo mecanismo -ni disposición- para construir una sucesión pacífica y, dado que ninguna persona es permanente, tanto el ascenso como el declive fueron marcados por la biografía del personaje. Las contradicciones entre las necesidades del país y las limitaciones de la persona se exacerbaron: el resultado fue la Revolución Mexicana.

La era del PRI duro concluyó por razones distintas. En algún sentido, como argumentó Roger Hansen, el PRI no fue otra cosa sino el porfiriato institucionalizado. Aquel sistema no terminó por el desgaste de una persona, sino por la cerrazón que inevitablemente acompaña -y caracteriza- al control centralizado. El ciclo comienza con todas las virtudes de ideas nuevas, expectativas positivas, buena disposición y la promesa de, ahora sí, resolver los problemas medulares del país, pero luego el poder se concentra, la otrora apertura desaparece y los vicios y excesos de las personas en el poder dominan el panorama. El éxito del crecimiento genera nuevas fuentes de poder; necesidades que no son tolerables para quien controla; e, inexorablemente, desafíos explícitos o implícitos al sistema, como ocurrió con el movimiento estudiantil de 1968.

El fin del sistema priista no fue tan estruendoso como el del porfiriato, pero fue igualmente catastrófico porque inauguró la era de crisis financieras -1976, 1982, 1995- que empobrecieron a la población y destruyeron a la incipiente clase media una y otra vez. Todas las virtudes de la era priista se vinieron abajo al tratar de satisfacer, de manera artificial, a todas las bases y clientelas del sistema, provocando la hecatombe que, bien a bien, y a pesar de tantas reformas necesarias, no ha concluido.

En este contexto, no es ociosa la pregunta de centralizar y controlar ¿para qué? Centralizar el poder para evitar la dispersión y mal uso de los recursos públicos, enfocar el gasto y controlar a actores como los gobernadores que, de manera natural, tienen una propensión centrífuga, tiene todo el sentido del mundo. Aunque un esquema como éste entraña riesgos (porque se concentran las decisiones), los beneficios de mayores logros son evidentes. El problema es, como ocurrió en los sesenta y setenta, un esquema así no es sostenible ni duradero.

La alternativa sería utilizar el enorme mandato y la concentración de poder para crear instituciones que le den una nueva vida al país, un nuevo sistema político que haga permanente el círculo virtuoso. Sólo una estructura institucional flexible evitaría excesos autoritarios y permitiría trascender al próximo gobierno.

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Luis Rubio

09 Sep. 2018

Bueno ¿para quién?

 Luis Rubio

Los abogados suelen decir que “más vale un mal arreglo que un buen pleito.” Me imagino que eso es lo que estaban pensando los negociadores del TLC para obtener un acuerdo que no satisface ninguna de las necesidades, ni las razones por las cuales el TLC se negoció desde un principio. Lo mejor que se puede esperar es que el Congreso estadounidense rechace el acuerdo y, con ello, prevalezca lo que existe. Tal vez, en una pirotecnia maquiavélica, eso es lo que estaban intentando. No muy realista.

De lo que se sabe del acuerdo alcanzado, hay dos elementos que son indicativos de las concesiones otorgadas. Por un lado, se estableció un tope a la exportación de vehículos, la industria más dinámica del país, limitando su potencial de crecimiento. Se puede argumentar que muchos más vehículos se podrían exportar fuera del marco del nuevo TLC, pagando los aranceles correspondientes, pero es imposible ignorar el riesgo que, cuando venga la “revisión” del acuerdo en seis años, la interpretación norteamericana sea que se trataba de un límite absoluto, no acotado por el acuerdo mismo. O sea, se aceptó poner en riesgo al pilar de la industria mexicana.

Por otro lado, se debilitó, al grado de prácticamente cancelar, el corazón del TLC, el capítulo 11. Ese capítulo se refiere a la resolución de controversias y constituye la esencia del éxito del tratado por una razón muy sencilla: porque le confiere certeza a los inversionistas de que no habrá acciones caprichudas ni expropiaciones sin justificación. El mecanismo crea procedimientos que permiten resolver disputas en un entorno libre de influencia política. Ese capítulo fue la razón por la cual México le propuso a Estados Unidos la negociación del tratado al inicio de los noventa.

En su origen y en su esencia, el TLC fue concebido con objetivos políticos más que estrictamente económicos. Se requería un instrumento confiable, no sujeto a presiones políticas y a prueba de cambios constantes, que equiparara las condiciones de inversión con el resto del mundo. Sólo con un marco de certidumbre, tanto legal como regulatoria, se logró atraer la inversión que llevó a la modernización del país en las últimas décadas. El TLC, a través del capítulo 11, permite obviar toda consideración política en las decisiones de inversión, razón por la cual éste es tan importante y tan popular. Es, en realidad, el único espacio en que reina el Estado de derecho en el país.

Lo que se negoció en materia de resolución de disputas protege a los servicios y deja a la industria colgada de la brocha. Esto sugiere que, aunque los negociadores del equipo de Economía entienden perfectamente el corazón del TLC, la decisión de aceptar el resultado no fue suya. Más bien, que ésta fue producto de cálculos políticos que trascienden al de preservar la estabilidad y viabilidad económica del país.

En adición a lo anterior, algo que no necesariamente refleja las preferencias del gobierno mexicano, la forma en que concluyó esta etapa deja a Canadá en el aire, enfrentando un ultimátum: se suma como están las cosas o se queda afuera. Así como para México el capítulo 11 es crucial, el equivalente para Canadá es el capítulo 19, sobre anti-dumping, y México aceptó eliminar ese capítulo, amenazando los intereses de Canadá y con ello, la relación trilateral. Canadá ahora enfrenta una difícil disyuntiva, toda vez que incluso su coalición gobernante podría colapsarse de aceptar los términos impuestos por la negociación mexicana.

Todos sabemos que la negociación fue forzada por las circunstancias y que el mecanismo que se había identificado para actualizar el TLC sin desatar las pasiones negativas asociadas a la palabra NAFTA –el TPP- se colapsó el día en que entró Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, la promesa era un TLC 2.0. El resultado acaba siendo un TLC 0.5.

Lo acordado arroja varias dudas en el camino: primero, qué hará Canadá; segundo, si sería posible enviar al Congreso estadounidense un acuerdo bilateral, dado que la autorización es para uno trilateral; tercero, si habría los votos suficientes para uno (o dos) bilaterales, dados los intereses contrastantes de los estados americanos en ambas fronteras; cuarto, qué tan dañada quedará la relación con Canadá; y, quinto, quizá lo más importante, qué tantos cambios buscará insertar el Congreso en el acuerdo al que, tentativamente, se llegó esta semana. Parece evidente que las empresas con mayores intereses en México, comenzando por las automotrices, no se quedarán cruzadas de brazos: más bien, estarán trabajando con sus representantes para asegurar que sus intereses queden tan protegidos como los de las empresas en el sector servicios.

El panorama permite pensar que sólo hay dos posibilidades: una, que los negociadores mexicanos confían en que nuestros intereses serán defendidos por terceros a través del Congreso estadounidense (un salto maquiavélico al vacío), lo que podría implicar que quede al menos lo que ya está (el TLC 1.0) o que se corrijan estos errores. La alternativa sería que el verdadero objetivo fue intentar librar al gobierno saliente de otro fracaso.

La gran virtud del TLC era su carácter casi apolítico; lo aquí logrado es su absoluta politización.

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Luis Rubio

02 Sep. 2018

 

Y la mata comienza a dar…

Luis Rubio

Pasan los días y las semanas y la realidad comienza a ser evidente: las cosas son más complejas de lo que el gobierno en ciernes suponía y anticipaba. La pregunta es qué hará al respecto.

La velocidad con que el presidente electo tomó control del discurso dejó atónito a todo México -y al mundo- pero no sorprendió a nadie. Desde que Peña Nieto desapareció del mapa luego de Ayotzinapa, Andrés Manuel López Obrador tomó control de la narrativa y creó las condiciones que hicieron posible su avasallador triunfo. Quizá era inevitable que así ocurriera, pero el hecho tiene consecuencias: por una parte, le ha dado al próximo presidente control pleno; por la otra, le ha hecho imposible ignorar la complejidad real del país en la actualidad: con 53% del voto, es el único responsable. Estas semanas han servido para hacer claro que AMLO tiene una decisión fundamental frente a sí sobre qué priorizar y cómo hacerlo

Reconocer la realidad no implica que el futuro deba ser una mera continuidad de lo que no ha traído resultados favorables para el conjunto de la población, pero sí constituye el punto de partida. Un gobierno tras otro en el mundo desde hace casi medio siglo ha aceptado la premisa de que “no hay alternativa” en las palabras célebres de una primer ministro británica. Por varias décadas, el mundo avanzaba en una dirección y todas las naciones competían por las mismas fuentes de inversión, lo que creaba condiciones muy precisas para una estrategia de gobierno.

Las circunstancias que crearon el entorno de competencia por la inversión no han cambiado, pero es obvio que ha desaparecido la disposición de los votantes a tolerar resultados mediocres. El voto abrumador por AMLO así lo hace ver. Pero eso no cambia dos factores medulares: primero, que no hay marcha atrás en el mundo de las comunicaciones instantáneas o de la ubicuidad de la información. Los votantes se volcaron por un candidato y le confirieron un extraordinario mandato, pero no tiraron a la basura sus fuentes de información ni sus teléfonos inteligentes: sería una ingenuidad suponer que van a tolerar la destrucción de lo que sí funciona. El otro factor que no se altera es el hecho que existen restricciones externas a lo que un gobierno puede hacer para cambiar el sentido del desarrollo.

Cambiar el sentido del desarrollo no sólo es posible, sino necesario. El modelo seguido a la fecha partió de la premisa (implícita) que había que dejar intocado el statu quo político, lo que de hecho implicaba preservar feudos de poder y, por lo tanto, limitar el desarrollo a quienes ya se encontraban en la modernidad y que podían actuar por sí mismos: quienes eran capaces de competir, exportar y sobrevivir en el mundo de la globalización serían los grandes ganadores; a los demás, que alguien los ampare.

Pero el problema no es el modelo económico que ha seguido el país desde los ochenta, sino la forma en que, de facto, se ha excluido a buena parte de la población. Las reformas económicas de los ochenta en adelante se proponían crear condiciones para que el país pudiera prosperar, pero siempre y cuando eso no alterara la estructura de poder político, sindical y empresarial. Esto es lo que creó una economía dual: los que compiten y son exitosos y los que se rezagan. El reto para el próximo gobierno es muy simple: destruir lo que sí funciona (el entorno que favorece la competencia y el éxito en el mundo global) o redefinir su agenda para orientarse a sumar a todos los que no han podido o tenido condiciones para ser parte de ese éxito.

Aunque parezca paradójico, no hay contradicción en esto: el problema no radica en el modelo económico o en la capacidad de los mexicanos para ser exitosos, sino en que todo lo que existe está sesgado a impedir que el mexicano lo sea. Los mexicanos emigran porque no hay condiciones para ser prósperos; una vez que llegan a su destino, son tan exitosos o más que el mejor. Uno puede ver como los oaxaqueños en Los Ángeles o Chicago son tan hábiles y capaces como todos los demás, pero no así en Oaxaca: ¿el problema radica en los oaxaqueños o en la realidad socio política de Oaxaca?

El dilema para el próximo gobierno es que sus premisas y prejuicios no empatan con la realidad. La razón por la que el TLC es tan popular es que ahí se encuentran los mejores empleos, los que mejor pagan y los que mejor perspectiva ofrecen: la lección es que hay que generalizar las condiciones que hacen posibles esas circunstancias. Sin embargo, por obvia que sea esta lección, llevamos cinco décadas evitando actuar al respecto: un gobierno tras otro se ha dedicado a proteger el statu quo, incluyendo a una planta industrial ancestral e inviable, en lugar de crear un proceso de transformación real que sume a toda la población en el mundo de éxito.

La disyuntiva es simple y transparente: romper con los impedimentos al éxito de la economía moderna -de hecho, hacer posible que el 100% de los mexicanos tenga acceso- o empecinarse en una agenda de construcción de clientelas improductivas que acabaran por matar las fuentes de ingreso del país. No hay para donde hacerse: resolver lo que no han querido atacar las administraciones previas o seguir sin poder prosperar. El mandato da para esto y mucho más.

 

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26 Ago. 2018

La disputa del paradigma

Luis Rubio

El resultado de la elección presidencial alteró no sólo la estructura del poder, sino la naturaleza de la disputa política. La ciudadanía optó por una presidencia fuerte, con todos los poderes para emprender un cambio estructural de potencialmente enormes proporciones. Aún sin que nadie tenga conocimiento, a ciencia cierta, de la naturaleza e implicaciones de la llamada “cuarta transformación,” la elección desató un debate revelador tanto de las emociones soterradas como de los resentimientos latentes, que ahora están viendo la luz.

Tres términos resumen la naturaleza de la disputa: austeridad, transformación y contrapesos. Aunque evidentemente hay muchas formas de definir cada uno de estos vocablos, la carga política que cada uno entraña es sugerente.

López Obrador es un modelo de austeridad en su persona y ha construido una carrera política en torno a ese principio rector. Cuando se refiere a la era del desarrollo estabilizador, presenta una visión del mundo que es radicalmente distinta a la que enarbolaron las reformas posteriores. Tres factores caracterizaron al desarrollo estabilizador de los sesenta: primero, un gobierno fuerte y centralizado, con una aguda capacidad de emplear los recursos públicos para financiar grandes obras de infraestructura. En lugar de interminables negociaciones con los gobernadores y diversos grupos de poder, el gobierno federal decidía las prioridades, dedicaba los recursos a ese objetivo e imponía su visión sobre el país en su conjunto. Segundo, el gasto total del gobierno respecto al PIB era sensiblemente menor al actual: el gobierno era efectivo y austero, circunstancia que se alteró de manera dramática en los setenta en que no sólo se incrementó el gasto de forma acelerada, sino que dejó de haber prioridades claras y precisas. Finalmente, la economía funcionaba dentro de un contexto político muy distinto al actual porque el gobierno tenía control efectivo de los empresarios y sindicatos a través de una diversidad de mecanismos (sobre todo requisito de permisos) que determinaban la rentabilidad de las empresas y los límites de la acción sindical.

El cambio de modelo económico a partir de los ochenta nunca cuajó. Sus dos anclas nodales consistían en un equilibrio fiscal y en la liberalización de la economía. En lo primero, el espíritu era retornar a los sesenta, objetivo que nunca se logró: aunque hubo muchos recortes en el gasto (notablemente en inversión, sobre todo de infraestructura), el gasto corriente siguió creciendo. Es decir, el gobierno de hoy es sensiblemente más grande respecto al PIB que el de los sesenta y sigue siendo torpe y poco efectivo. Lo único que (más o menos) ha logrado es estabilizar las cuentas fiscales para evitar crisis; pero no es casualidad que las crisis financieras y cambiarias comenzaran en los setenta y sigan estando presentes pues, en contraste con aquella época, el concepto de austeridad de las últimas cinco décadas ha sido más bien laxo.

Si AMLO logra efectivamente reducir los enormes excesos de gasto del gobierno y asignar los recursos de una manera más efectiva, su impacto podría ser enorme y sumamente positivo, pero esa no es el sentido de quienes en su séquito postulan el fin de la austeridad. No hay duda que esta contradicción anticipa conflictos profundos.

La transformación que ha anunciado el próximo presidente está por precisarse, pero el mero hecho que se plantee como un cambio radical -del tamaño de la “transformación” juarista o maderista- ha desatado toda clase de propuestas, especulaciones y miedos. El cambio de modelo que se postuló a finales de los ochenta no cuajó porque no cambió la estructura política, aunque sí se alteró la realidad del poder. Me explico: el régimen político centrado en la presidencia y en la distribución de privilegios no ha cambiado ni en una coma desde el fin de la Revolución hace un siglo; pasaron gobiernos priistas y panistas pero el régimen persiste y, a pesar del ruido, podría acabar afianzándose, más que a cambiar, en el sexenio que está por comenzar.

A pesar de ello, la realidad del poder si se alteró porque las circunstancias son otras: la dinámica económica de las distintas regiones del país; el poder del crimen organizado; los abusos de los gobernadores; y la fuerza del mercado en las decisiones económicas son todos elementos que ilustran como ha cambiado la realidad del poder (para bien o para mal), a pesar de que el sistema político formal no lo haya reconocido. Sin embargo, la discrepancia entre ambas cosas es sugerente de otro de los conflictos que hacen ebullición: la noción de que el problema se resuelve centralizando el poder sólo es viable aniquilando las contrastantes dinámicas regionales y eso implicaría demoler las fuentes de crecimiento económico que hoy existen.

La disyuntiva hacia adelante acaba siendo muy simple: centralizar para controlar, con los riesgos y potenciales beneficios que eso entrañe, o construir un nuevo sistema político que haga posible una asignación efectiva de recursos para un crecimiento más equilibrado y generalizado. En una palabra: no habrá cambio mientras no se altere el paradigma del régimen unipersonal, mismo que inauguró Porfirio Díaz.

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