La “paradoja del mentiroso” es uno de los enigmas más divertidos de la lógica: si una persona dice que está mintiendo, probablemente expresa una verdad, lo que implica que el mentiroso acaba de mentir. En el México de hoy las mentiras se convierten en verdades, la corrupción se purifica y la impunidad florece, confundiendo tanto a quienes cuentan la historia como a quienes la viven: contradicciones interminables.

La narrativa, con todas las falsedades que por ahí transcurren, no es otra cosa que una permanente construcción de mitos, con un fuerte componente de odio orientando a crear prejuicios y lealtades. El corto plazo queda cubierto pero, en el mundo de lo concreto, los mitos son creaturas perniciosas que obscurecen más de lo que iluminan. Negar la existencia de factores de realidad –como la inseguridad, la extorsión, las pocas oportunidades económicas y la pobreza- adquiere dimensiones míticas. Excepto que no cuadran con lo que observa y vive el mexicano en su vida diaria y, más importante, tampoco cuadra con lo que el otrora candidato López Obrador denunciaba como los grandes males que aquejaban al país. Las contradicciones no pueden más que acentuarse en el periodo de sucesión.

La gran paradoja que se ha venido evidenciando en estos años es que el presidente ha podido destruir innumerables estructuras institucionales que le estorbaban a la concentración del poder en su persona, pero no ha logrado incidir mayor cosa en la economía del país ni en los factores sobre los que construyó su campaña presidencial y que siguen siendo componente de la narrativa cotidiana como la pobreza, la corrupción y la desigualdad. Sin embargo, el desempeño económico post pandemia ha sido mucho mejor al que esperaba no sólo el propio gobierno sino incluso los principales bancos y analistas nacionales y extranjeros.

Quizá no haya mejor evidencia de las contradicciones que caracterizan al país que la del tipo de cambio: éste no sólo se ha fortalecido, sino que guarda cada vez menos relación con lo que ocurre en la economía en general y, ciertamente, en el ámbito político-institucional. La violencia afecta exportaciones como las del aguacate, la corrupción no deja de estar presente en las aduanas, la extorsión altera la vida tanto de la población en general como de las empresas, las finanzas públicas están más endebles de lo aparente (ahora agraviadas por el insaciable apetito de fondos públicos por parte de PEMEX) y el embate presidencial contra la Suprema Corte de Justicia no parece tener límites. Y, sin embargo, nada de eso afecta al peso. La conclusión obvia es que los factores que afectan al tipo de cambio no son los de antes. JP Morgan acaba de publicar un estudio que argumenta exactamente eso: que factores como las exportaciones, las remesas y los intercambios comerciales que México guarda con el exterior son estructurales y, por ello, menos susceptibles a los altibajos que caracterizaron al pasado.

Un gobierno alerta y sensato concluiría de ese hecho que lo que se requiere es fortalecer los factores que podrían multiplicar la inversión y conferirle estabilidad a la economía a fin de atacar de raíz fenómenos como la pobreza y la corrupción. Sin embargo, lo que de hecho ha producido el gobierno son obstáculos al comercio y a la inversión, conflictos innecesarios en materia de energía y una total ausencia de mecanismos para atraer y afianzar el nuevo maná que cae del cielo en la forma del llamado “nearshoring,” como si el éxito económico fuese pernicioso. Lamentablemente, la percepción dentro del gobierno es precisamente esto último, como revelan los libros de texto orientados a empobrecer a la población porque no contribuyen en nada en desarrollar habilidades para hacerla en la vida sino a saturar a los educandos de prejuicios ideológicos. Lo mismo se podría decir de las instituciones, comenzando por las dedicadas a la justicia, donde lo que hay es un intento sistemático por degradarlas y subordinarlas.

Las contradicciones están presentes en todas partes y son reveladoras tanto de los objetivos gubernamentales como de la realidad económica y política del país. La economía ha probado ser más compleja, madura y fuerte de lo que suponía el gobierno, menos susceptible a sus embates. Su conexión estructural vía exportaciones con la economía estadounidense le ha conferido un enorme dinamismo y los resultados de treinta años de liberalización comercial se han traducido en un creciente ingreso disponible real. En una palabra, el gobierno se está beneficiando de lo que se decidió y construyó en las décadas previas que tanto denuesta.

En sentido contrario, estos años han demostrado que el país enfrenta un reto político de enormes dimensiones. La facilidad con que el presidente ataca y desmantela instituciones prueba que nuestra democracia es por demás frágil y que la ciudadanía todavía no ha logrado imponerse para hacer valer sus derechos. Queda en el aire la interrogante de si la problemática política acabará minando la fortaleza económica.

Hace unos meses, el gobierno polaco de corte autoritario aprobó una ley orientada a purgar al país de toda influencia rusa. No deja de ser irónico el recurso a métodos estalinistas para eliminar influencia rusa. No muy distinto a lo que ocurre en el México de hoy.

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La narrativa ciega más de lo que ilumina: su propósito no es el de explicar las circunstancias o argumentar a favor de tal o cual propuesta, sino controlar la conversación y fortalecer un mensaje cuya intención nada tiene que ver con el progreso o el bienestar. Cinco años de ese dogma desde el púlpito oficial han creado un mundo paralelo que hace imposible reconocer el acontecer cotidiano en el mundo de lo concreto. Lo que ocurre en el plano de la realidad -igual si se trata de la inseguridad, Ucrania o la inflación- pasa a un segundo plano y se desecha o interpreta a la luz de la narrativa oficial. Todo eso estará muy bien para fines de control político, pero impide comprender lo que ocurre en el resto del globo terráqueo. Y, desde luego, tiene consecuencias.

“Ver lo que está frente a nuestra nariz requiere una lucha constante” escribió Orwell en 1946. Aunque se refería a la política más que a la vida cotidiana, su planteamiento era muy lógico: puede ser que haya dos cosas en un mismo lugar, pero solo ver una de ellas. En el México de hoy, donde la narrativa atrae y repele, respectivamente, a dos partes de la ciudadanía, el acontecer cotidiano acaba siendo interpretado de maneras radicalmente contrastantes e incompatibles, generando una permanente desconexión, además de incomprensión.

El ejemplo obvio estos días es Xóchitl Gálvez, un fenómeno político cuya aparición fue circunstancial, no en poca medida producto de la obcecación del narrador en jefe que le negó su “derecho de réplica,” provocando el surgimiento de quien bien puede acabar siendo su némesis. Cuando la narrativa envuelve no sólo al manipulado sino también al manipulador, un pequeño error de cálculo puede adquirir dimensiones potencialmente cósmicas.

Xóchitl no es una presencia nueva en el panorama político. Lo novedoso es su súbito ascenso como factor político relevante, en este caso en la contienda por la presidencia de 2024. Igualmente significativa es la forma en que su aparición en la escena política ha sido interpretada como un advenimiento para unos y como una quimera por otros: un fenómeno casi bíblico para los primeros, una fantasía para los segundos. Lo sobresaliente es que pocos en cada uno de los lados de esa gran división narrativa que caracteriza a la sociedad mexicana actual se interesan por comprender el porqué de esa diferencia tan aguda de interpretación.

“Todo mundo tiene derecho a su opinión, pero no a sus propios datos,” escribió Moynihan, el político y diplomático estadounidense. Concepto complejo de aterrizar en el México de los otros datos, pero no por eso menos aplicable al momento actual. Nadie puede sensatamente negar que la conversación política ha dado un giro radical por el hecho de que Xóchitl Gálvez se convirtió en un factor clave en esta contienda. Cada uno puede opinar lo que guste sobre el hecho o sobre ella, pero el suceso mismo no está en disputa. La realidad ha cambiado y podría afectar la percepción que, desde la narrativa oficial, sugería que ya todo estaba resuelto, que sólo faltaba el dedazo formal.

Más allá del hecho, lo trascendente radica en la incapacidad del mundo de Morena para entender la desazón y temores que aquejan a quienes no comulgan en esa iglesia. Xóchitl se convirtió en un factor de esperanza y oportunidad para una enorme porción de la población que ve con preocupación y temor la continuación de un gobierno dedicado a dividir y descalificar, además de sacrificar el futuro del país en aras de una supuesta transformación que no es otra cosa que la concentración del poder en una sola persona. Desde luego, lo mismo ocurre del otro lado, donde no se entiende el enojo, rechazo y resentimiento que décadas -o siglos- de promesas de desarrollo no disminuyeron la pobreza o redujeron las vastas desigualdades que caracterizan al país. Son esas incomprensiones las que polarizan y crean desencuentros que abren la puerta a soluciones demagógicas, potencialmente radicales.

Lo que une a los dos Méxicos que la narrativa separa y divide es la esperanza. AMLO vende esperanza pero sólo para sus seguidores, en tanto que Xóchitl, el nuevo fenómeno político, genera esperanza entre quienes ven con desazón al gobierno actual. Las diferencias en ese plano son menores: la esperanza unifica si el liderazgo la comprende y entiende la importancia que tiene para la población. Mucho más importante, la esperanza puede reducir la brecha entre los dos Méxicos para convertirse en el gran factor transformador.

Los mexicanos somos muy dados a la búsqueda de una solución salvadora. Una y otra vez a lo largo de las últimas décadas, el voto ha favorecido a quien ofrecía el nirvana. La ilusión nunca muere, lo que explica los continuos desvaríos. Por eso es tan importante que quienes hoy se encuentran ante la posibilidad de encabezar la contienda que se avecina desarrollen planteamientos que trasciendan la retórica esperanzadora y ofrezcan un proyecto de desarrollo susceptible de avanzarla.

Orwell también escribió en el mismo texto, “todos somos capaces de creer cosas que sabemos son falsas.” Como que ya es tiempo que quienes aspiran a la más alta función gubernamental expliquen qué es lo que harían para sacar al país del hoyo en que miles de promesas y corrupciones recientes y añejas lo han dejado.

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Tres verdades son indisputables: el presidente López Obrador es irrepetible; las finanzas públicas son más vulnerables de lo aparente; y la elección del próximo presidente va a tener que ser el inicio de una gran negociación para construir un nuevo futuro. Gane quien gane, hombre o mujer, de cualquier partido, el país se va a encontrar en una situación mucho más delicada y precaria de lo que hoy podría parecer. La mezcla de factores estructurales y circunstancias coyunturales van a producir la imperiosa necesidad de sumar voluntades entre grupos, partidos y ciudadanos que hoy se encuentran en distintos lados de las barreras -las reales y las artificialmente impulsadas por el gobierno actual- que hoy dividen a la población.

También hay otras cosas que son evidentes y que no ameritan mayor discusión: Morena ha lanzado un proceso abierto para la nominación de su candidato(a); la oposición comienza a mostrar músculo; y la ley electoral resulta ser más flexible, y a la vez compleja, de lo que muchos suponían. Cada uno de estos elementos sigue su propia racionalidad y arrojará resultados que afectarán a los otros dos. Lo que hace unas cuantas semanas parecía ser un proceso unidireccional en Morena ha dejado de ser obvio y la posibilidad de una contienda reñida es cada vez más real.

A pesar de que los incentivos que animan a los partidos de la oposición no les llevan a competir para ganar (sino a procurar fuentes de ingreso, como el PT y el PVEM), la realidad los está obligando a construir una estrategia competitiva.

Por lo que toca a la legislación electoral, hay dos perspectivas contrastantes: por un lado, se encuentran las autoridades electorales (el INE y el Tribunal) y, por el otro, los ingresos que reciben los partidos políticos en función de su desempeño en la elección anterior. La aplicación de la ley ha resultado ser más flexible de lo que parecía: el contraste entre la severidad del consejo anterior y la volubilidad del actual es patente. Es posible que la ley permita esa maleabilidad, pero no deja de ser irónico que sea la vertiente ideológica que representa Morena, la principal demandante de restricciones en materia electoral desde los noventa, la que exhiba esa flagrante disposición a violar al menos el espíritu de la ley, ahora con el aval formal del INE.

Por otro lado, el presidente tiene razón en que hay cosas en esa misma legislación que deberían cambiarse, aunque no necesariamente los que él demanda y que son incompatibles con un régimen democrático. La falta de dinamismo de los partidos de oposición sugiere que, cuando las condiciones sean menos contenciosas, debieran ponerse a discusión los privilegios que la reforma de 1996 le confirió a los tres principales partidos, que los han convertido en negocios de facto en lugar de instituciones dedicadas a la agregación de intereses ciudadanos para la búsqueda del poder.

Puesto en blanco y negro, el próximo gobierno, venga de donde venga, va a encontrarse con las arcas vacías, con un presupuesto totalmente distorsionado (dedicado a las clientelas a costa de la salud, la educación y la inversión pública) y ante un escenario de polarización que no le va a dar mayor respiro. Sus circunstancias serán más fáciles o más difíciles dependiendo del panorama que arroje la elección misma: qué tan cercano fue el triunfo y cómo quedó la composición del poder legislativo. Ahí se condensarán los problemas estructurales, las circunstancias coyunturales y los ánimos de los responsables. La oportunidad para construir un nuevo futuro será enorme.

Regreso al inicio: el presidente es irrepetible. Aún ganando su más cercana preferencia, nadie en el panorama nacional goza de su historia, presencia o habilidad. Su personalidad ha logrado no sólo dominar la vida política, sino evitar que la realidad cotidiana, esa que afecta a la ciudadanía, cobre relevancia entre la población, algo inédito. Su sucesor o sucesora no gozará de esas circunstancias, por lo que tendrá que procurar un método que le permita gobernar y al país encontrar nuevos cimientos para un futuro mejor.

Las finanzas públicas se ven bien, pero su fragilidad es enorme, sobre todo por la desaparición de todos los fondos de contingencia, lo que arroja un panorama mucho más incierto de lo aparente.

Nadie puede predecir qué depara el futuro o el momento en que se conjunten los factores que faciliten o dificulten la función de gobernar. Será en ese momento que se presente una gran oportunidad, pero sólo si quien gane tiene visión de trascendencia y desarrollo y el resto del mundo político y de la ciudadanía prueban estar a la altura de las circunstancias.

Mucho de lo que se tendrá que negociar podría aterrizarse en unos cuantos puntos porcentuales de esto o de aquello (por ejemplo, impuestos), pero el momento también permitiría sentar las bases de un nuevo arreglo político que transforme al gobierno dedicado al control en uno dedicado al desarrollo y al bienestar, y al sistema político en un entorno de competencia respetuosa entre una sociedad que cuenta con los medios para estar bien y verazmente informada.

Algunos recordarán que los pactos de la Moncloa que dieron vida a la democracia española fueron sobre salarios y precios pero lograron mucho más. Sí es posible.

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Luis Rubio

Paso a paso, se fue consolidando el proyecto de concentración del poder, ahora entrando en su última fase, con los consecuentes riesgos económicos e inevitable destrucción de civilidad. A muchos les parecerá excesiva esta afirmación, pero la historia demuestra que cuando se concentra el poder en una sola persona -y, peor, cuando esto se hace a través de la descalificación y la alienación- el resultado es un inexorable empobrecimiento del país e, ineludiblemente, de los más pobres, esos que dieron su voto por el presidente que ahora los traiciona.

Comienza el ocaso de un gobierno cuyo proyecto central fue la negación absoluta de la pluralidad que caracteriza al país. El presidente ganó con poco más de la mitad del voto de la población, un resultado excepcional desde que se comenzaron a contar los votos de manera impoluta y profesional luego de la creación del IFE en 1996. Cinco años después, la situación es otra, como lo atestiguan los contrastes entre los potenciales candidatos a sucederlo. Ninguno lo representa de manera cabal y ninguno es capaz de sumar el mismo porcentaje de votación que el hoy presidente logró en 2018. La exclusión de la mitad de la ciudadanía, en adición a buena parte de quienes, sin ser de Morena, le confirieron su voto, presenta ahora su factura en la forma de precandidaturas incompatibles.

El presidente ha creado un mecanismo que aspira a evitar rupturas, a la vez de sumar contingentes disímbolos detrás de un candidato ganador. Objetivo difícil de lograrse a pesar del éxito rotundo que ha tenido en controlar no sólo el debate público, sino sobre todo la narrativa que yace detrás de su liderazgo y la lealtad que le brindan sus bases. El presidente es popular, pero su gobierno es impopular y nadie sabe cómo sumarán o chocarán estos dos factores el día de la elección. La población parece satisfecha de la mejoría en su ingreso real y en el nivel de empleo, pero el país sigue rezagado respecto al momento de su inauguración. En el índice de desarrollo humano de la PNUD, de la ONU, México cayó 12 lugares, equivalentes a diez años de avance previo. Tampoco aquí es obvio cómo impactarán estos dos factores -la mejoría reciente o la pérdida absoluta- en la mente de los electores el día del voto en 2024.

La oportunidad para la oposición, si ésta logra aliarse y montar un frente común, es más que evidente. Primero que nada, la pérdida de apoyo al presidente es real: Morena perdió las elecciones intermedias. La oposición no controla la cámara de diputados porque no fue aliada a la justa electoral, pero eso podría, y debiera, cambiar en 2024. La celeridad con que el partido gobernante ha entrado en el proceso de nominación de su candidato no implica que sea imposible una candidatura alternativa el día de la elección, once meses del día de hoy. Es claramente falsa la noción de que lo único que falta para que se cueza el arroz es que Morena emita su veredicto en la forma de una candidatura.

El ejercicio del poder desgasta y más cuando se tiene tan poco que ofrecer como resultado de la gestión. Los proyectos clave del gobierno siguen inconclusos y es dudoso que logren tener impactos relevantes en la vida de la población. La naturaleza contenciosa del discurso presidencial rinde frutos, pero también aliena y la división resultante se traduce en fracturas que pueden acabar siendo tan trascendentes como los beneficios. Cuando el presidente se impone al exigir “que no le cambien ni una coma” a sus iniciativas manda un mensaje a su base, pero pierde al resto de la ciudadanía. No toda la población es idéntica, sumisa o cabizbaja, y no es nada difícil que, como ilustró el voto en 2021, el presidente haya perdido la mayoría con que ganó hace cinco años.

La embestida contra el marco institucional, los partidos de oposición y las instituciones emblemáticas de la transición emprendida a partir de los noventa, sobre todo contra entidades como la Suprema Corte de Justicia, el INE y el INAI, ha sido irredenta. El objetivo de someter y subordinar ha sido expreso y manifiesto. Pero no ha sido exitoso. La pregunta relevante, a menos de un año del día de la elección presidencial, es si el gobierno actual acabará dejando un país mejor del que encontró. Los datos duros dicen que no; la narrativa que los disputa dice que el país tiene un sistema de salud como el de Dinamarca, que la inseguridad disminuye y la corrupción desapareció. ¿Qué ganará: la realidad o la ilusión? Otro imponderable.

La realidad abruma, y más cuando, a pesar de las percepciones, no hay proyecto susceptible de arrojar mejores resultados. Malcolm X, un activista de los derechos humanos, escribió que “el patriotismo no te puede cegar tanto como para impedirte enfrentar la realidad. Lo malo es malo, no importa quién lo haga o lo diga.” La ciudadanía tendrá en sus manos la oportunidad, y la responsabilidad, de decidir qué gana: la realidad o la percepción pasajera. El problema no es el gobierno, siempre pasajero, sino el impacto sobre la población, siempre permanente. Los meses que quedan pondrán a prueba a este binomio todos los días.

Hoy todo parece claro, pero faltan muchos meses para el final. El primer ministro británico Harold Wilson dijo que, en política, una semana es toda una vida. Once meses son una eternidad.

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Orden y desorden, argumenta Robert Kaplan,* es una disyuntiva que no depende de uno, sino de la experiencia vivida. A Inglaterra le tomó 700 años evolucionar de la Carta Magna al sufragio femenino, con muchas luchas por demás violentas en el camino. Las tradiciones democráticas, como ilustró la llamada primavera árabe hace poco más de una década, no se construyen de la noche a la mañana. Los mexicanos que vivieron la época de las crisis financieras desde los setenta tienen una concepción del mundo muy distinta respecto a quienes nacieron en la era de la alternancia de partidos políticos en la presidencia, algo inconcebible en la historia postrevolucionaria, aunque hoy se mire como un suceso natural. Experiencias contrastantes que explican perspectivas distintas sobre la forma en que el gobierno actual conduce los asuntos nacionales.

En las pasadas cuatro décadas, explica Fernando Escalante,** el país experimentó dos grandes evoluciones, ninguna exitosa. La primera evolución entrañó el paso de un mundo de impunidad legitimada que gozaba de apoyo social porque era efectiva y rendía resultados en términos de crecimiento económico y paz social, o sea, gobernabilidad (pero que se acabó porque agotó sus posibilidades), hacia una transición inconclusa fundamentada en formas democráticas y el mercado como factor de organización económica: “la racionalización administrativa de las elecciones y la despolitización de los mercados.” Ese “régimen de transición” tuvo éxito en muchas cosas, pero vino acompañado de consecuencias no deseadas, como desigualdades diversas que no se resolvieron porque nunca se consolidó un sistema de justicia eficaz y el Estado de derecho. En lugar de terminar con el mundo de complicidades e impunidad para construir un fundamento de seguridad y justicia para todos, ese régimen implementó una visión centralista sobre un país cada vez más grande, diverso y disperso para el que las soluciones desde arriba no podían funcionar: en lugar de fortalecerlas, se debilitó a las autoridades locales y se abrió la puerta al mundo de extorsión que hoy se ha generalizado.

La segunda evolución ocurrió recientemente, pero hacia una nueva era de indefinición. “Decir populismo, autoritarismo, regreso del PRI, es decir muy poco. En los hechos hay una retórica aparatosamente estatista y un parejo debilitamiento del Estado… la aspiración a la trascendencia histórica… [que] contrasta con una desconcertante falta de proyecto.” La descripción que hace Escalante explica la opacidad, la manipulación electoral, los nuevos espacios de intermediación, en suma, la búsqueda de devolverle a la clase política márgenes de maniobra impune. El modelo que ha venido construyendo el gobierno actual confronta a la economía formal (que requiere más Estado) con la informal (que requiere más política), pero responde a circunstancias contrastantes en distintas regiones del país y estratos de la sociedad. La contradicción implícita entre estos dos mundos lleva a una creciente responsabilidad en manos del ejército, en paralelo con una disminución sistemática de las capacidades del Estado. Escalante concluye su argumento de manera ominosa, citando a Sciascia, afirmando que se trata del “orden de la mafia.”

Ahora que nos encontramos ante el proceso de sucesión presidencial, la pregunta es qué sigue. Por más que el presidente acelera el paso para intentar darle formalidad a sus preferencias y decisiones a través de una intempestiva serie de iniciativas de ley, es razonable preguntarnos si es sostenible el momento actual, ese orden mafioso al que se refiere Escalante y que, digo yo, se sustenta más en la habilidad de una persona para mantener la atención de la población que en la funcionalidad de su gobierno. ¿Podrá quien lo suceda mantener el statu quo?

Orden y desorden, dos caras de la misma moneda y dos circunstancias contrastantes, ambas siempre presentes en la realidad cotidiana. Quienes viven en la economía formal no pueden evadir numerosos encuentros con la extorsión, impunidad y violencia que aqueja a cada vez más mexicanos; quienes viven en la informalidad confrontan barreras sistemáticas a su desarrollo no sólo por los mismos factores de violencia e impunidad que padece toda la población, sino por las barreras que el mundo formal les impone de manera creciente. El éxito del SAT en empatar transacciones y cerrar cada vez más espacios de evasión fiscal constituye una barrera infranqueable para la informalidad, paradójicamente la base social del presidente.

Vuelvo al comienzo: las experiencias vividas a lo largo del tiempo determinan la perspectiva que cada uno tiene sobre el momento actual. Para quien vivió en la era de crecimiento y estabilidad del desarrollo estabilizador, la violencia e informalidad de hoy resultan ser amenazas intolerables para el desarrollo; en sentido contrario, para quien creció en la era de la alternancia de partidos políticos y la violencia -dos factores lamentablemente indisociables- la noción de crecimiento económico estable y sistemático resulta ser una quimera inalcanzable.

Gane quien gane, el próximo presidente no podrá obviar estos contrastes: tendrá que encontrar una forma de reconciliarlos, un nuevo pacto social que avance hacia la formalización de la vida nacional.

*The Tragic Mind; ** México ayer y ahora (Nexos, abril 2023).

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