El mundo cambia cuando la gente se acostumbra a lo inaceptable, cuando ve como natural lo que no es, como la inseguridad. En lugar de protestar, exigir y demandar la construcción de un sistema de seguridad que atienda las necesidades e intereses de la ciudadanía, los mexicanos nos vamos acostumbrando a vivir bajo el yugo del crimen organizado en sus diversas variantes. El gobierno, de hecho, los gobiernos de las últimas décadas, han sido incapaces de proveer una solución y han acabado tan derrotados y complacientes como todos los demás. En lugar de liderazgo efectivo, los mexicanos hemos tenido derrotistas en jefe. La promesa de negociar con los narcos y darle amnistía a los criminales es otra faceta de ello: más de lo mismo, o peor.

La gente se ajusta y adapta al ambiente, una característica inherente a la raza humana. Para la seguridad, esa característica constituye un enorme peligro porque implica que desaparece el clamor por un régimen de seguridad que satisfaga a la población y haga posible una transformación integral.

El fenómeno es ubicuo. La economía informal ejemplifica los costos de acostumbrarnos a lo que no debe ser: en lugar de progresar y prosperar, quienes viven en la informalidad acaban atrapados en ella y, aunque puedan generar un ingreso, se constituyen en clientelas que incentivan a los políticos a preservar un orden (desorden) que no tiene salida. Lo mismo es cierto de la corrupción, que puede satisfacer una necesidad inmediata (como realizar un trámite), pero conlleva la consecuencia de que esos trámites jamás se eliminan o mejoran. Las policías privadas, los muros cada vez más altos y las púas no son sino subterfugios que quitan la presión sobre quien debería resolver el problema y promover la convivencia pacífica.

En la medida en que la ciudadanía se distancia del mundo de reglas y, en general, de la ley, las instituciones gubernamentales dejan de ser relevantes, agudizando la crisis de confianza y credibilidad que nos acecha. El atractivo que representa AMLO para muchos potenciales votantes no radica en ideas originales y positivas que no tiene, sino precisamente en lo contrario: ya que nada de eso sirve, mejor enquistémonos en los “usos y costumbres” que impiden resolver los problemas reales. Cuando uno cruza ese umbral, se diluye la viabilidad de la construcción de un sistema democrático de pesos y contrapesos, se degradan las instituciones políticas y, en última instancia, como diría Max Weber, los criminales acaban siendo el Estado porque ellos son quienes ostentan el monopolio de la fuerza. Fenómenos como los de alianzas partidistas extrañas, saltamontes sin principios y confianza fundamentada en creencias en vez de instituciones, son manifestaciones obvias del deterioro que hemos experimentado.

Las propuestas de candidatos y gobernantes recientes se remiten a reformas a las leyes y regulaciones existentes (una favorita es la del mando único) así como instituciones, como ilustra la reforma judicial y policial. Todos estos son esfuerzos legítimos pero, como muestra Colombia, quizá el ejemplo más exitoso de transformación en esta materia, nada de eso cambia la realidad sino hasta que el gobierno asume su papel como garante de la seguridad ciudadana y está dispuesto a transformar la realidad institucional que yace, a final de cuentas, detrás del caos de ilegalidad e inseguridad imperante. En Colombia, una serie de gobiernos sucesivos transformaron al país porque reconocieron que el problema no eran los criminales sino la falta de Estado y, por lo tanto, que la única forma de salir adelante consistía en construir, de hecho, un nuevo Estado, con todo lo que eso implica*.

Meramente reformar instituciones existentes en un entorno general de ilegalidad, informalidad, impunidad y corrupción no hace sino impedir soluciones. Una reforma trascendente -policial, judicial, etc.- sólo será exitosa en la medida en que se inscriba en un contexto de transformación general del régimen político. En contraste con las propuestas extremas -igual amnistiar a todos que mano dura- Colombia mostró que no hay caminos intermedios: se transforma al gobierno en su integridad o todos los esfuerzos que se hagan acaban retornando al mismo lugar. Los avatares de la policía federal en estos años ilustran este fenómeno de manera por demás nítida.

México vive momentos críticos y trascendentes. La inseguridad crece y se nutre de la inacción gubernamental y de la ausencia de propuestas conducentes a resolverla. Se pretende preservar lo que funciona -como ilustra la épica negociación del TLC- pero no se plantea una solución integral al problema de inseguridad que, inexorablemente, reduce el potencial de inversión en el país, para no hablar del efecto sobre la ciudadanía. El riesgo de acabar en una “nueva normalidad” de inseguridad permanente no es pequeño y, a juzgar por las propuestas de negociación y amnistía, el de acabar en un Estado narco es inmenso.

Hablando de la viveza criolla, Jorge Luis Borges criticaba ese espíritu de legalidad burlada o ilegalidad acomodada que caracteriza a nuestra cultura. Ser vivo, decía el escritor argentino, no implicaba dejar de ser ignorante. Eludir soluciones reales y urgentes si lo es.

* Ver Una estrategia de seguridad pública para proteger a la ciudadanía, en comexi.org

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Kafka, dice la anécdota, hubiera sido autor costumbrista en México. Quizá ni él se hubiera imaginado los absurdos de nuestra vida cotidiana. En un cartón de Patricio Monero, la maestra pregunta: “¿no hubiera sido mejor primero el nuevo modelo educativo y después la evaluación docente?”. El funcionario responde: “¡No estamos en Finlandia! Acá primero se pavimenta y después se mete el drenaje”. Ejemplos de esta naturaleza, en todos los ámbitos de la vida nacional, son interminables, pero algunos tienen consecuencias graves.

Lo que es indudable es que las campañas presidenciales muestran lecturas dramáticamente diversas de la realidad nacional. El reciente debate exhibió no sólo una concepción contrastante de la forma en que deberían atenderse los asuntos nacionales, sino una impactante incapacidad para reconocer la naturaleza misma de los problemas. Los candidatos que se aprestan a conducir los asuntos nacionales tienen una extraordinaria disposición para eludir la discusión de los mismos. Sea que se trate de la corrupción o de la inseguridad, los asuntos de ese encuentro, los candidatos mostraron más interés por llegar a la silla que por resolver el problema.

Andrés Manuel López Obrador insiste que todos los mexicanos somos unos criminales en potencia y que nuestra naturaleza sólo cambiaría de tener un ingreso más elevado; para él, la honestidad se identifica con su persona y la solución a los problemas nacionales con su llegada a Palacio Nacional. Ricardo Anaya ha construido una campaña que recuerda a la de Fox, sugiriendo que los males se resolverían con meramente desalojar a los actuales inquilinos de los Pinos. José Antonio Meade no puede separarse de la administración actual y su equipo ha sido incapaz de comprender el entorno en el cual se disputa la presidencia en 2018. Margarita Zavala no encuentra su espacio ni reconoce que es diferente desde los Pinos que desde el ocaso. El Bronco salió a divertirse y ser reconocido por sí mismo y, sin duda, es quien más cerca logró su objetivo.

Más allá de las anécdotas, el debate creó un momento político novedoso. AMLO tuvo un desempeño patético y ahora es claramente vulnerable: lo que parecía una elección cantada ya no lo es. Meade perdió la oportunidad de apalancar su circunstancia única como candidato ciudadano y su excepcional experiencia y personalidad para presentarse como el contendiente natural. Ese rol le corresponde ahora a Ricardo Anaya quien, si bien no logró asestar un golpe devastador, claramente cambió la naturaleza de la contienda.

La pregunta ahora es triple: primero, ¿redefinirá AMLO su campaña? Segundo, ¿tendrá la capacidad Anaya para transformarse en un candidato confiable y creíble para la presidencia? Y, tercero, ¿cómo actuará la esquina priista: apoyando a AMLO o negociando con Anaya? Yo no creo que haya otras preguntas relevantes en este momento.

Las tres preguntas son cruciales porque determinarán la dinámica que adquiera el proceso electoral a partir de ahora. AMLO previsiblemente continuará su campaña como si nada hubiera ocurrido, pero enfrentará cuestionamientos que hasta ahora pudo soslayar con facilidad y mostrará las contradicciones inherentes a cualquier campaña. Anaya tiene el reto de su vida que entraña no sólo presentarse exactamente al revés de como es, sino que implica la construcción de alianzas desde el ostracismo que él solo creó. Para Meade viene el momento de reconocimiento que la lectura del contexto fue errada y, por lo tanto, la estrategia inviable. Su dilema ahora -y el de los priistas, que no es el mismo- radica en meditar cuál es el escenario menos malo.

El momento también abre una excepcional oportunidad para la ciudadanía y para el desarrollo político del país. Por muchos años, la clase política -todos los partidos y políticos- ha gozado del dudoso privilegio de no tener que responderle a la ciudadanía por una combinación de al menos dos circunstancias: una, la estructural, que el sistema político no se ha abierto a la competencia; y la otra, que tanto el TLC como la migración hicieron posible mantener el bote a flote sin tener que molestarse demasiado. Ninguna de estas dos «anclas» será sostenible en el futuro, lo que exigirá que los políticos le rindan cuentas a la ciudadanía de una manera que era impensable antes y que, para los políticos, hasta hoy, sigue siéndolo.

Y esto me lleva de vuelta al drenaje. Por cuatro décadas, el país ha intentado resolver sus problemas a través de reformas estructurales que han transformado su economía, a la vez que han dejado una estela de problemas sin atender, que es precisamente la fuente de la candidatura de AMLO. Esas reformas eran y son necesarias, pero no son suficientes: para prosperar (que debería ser el único objetivo), México requiere una reforma institucional de fondo, de hecho, un nuevo sistema de gobierno. Ese es el único frente que no se ha atendido y ese es el origen de la pobreza del sur, la desigualdad en general y las enormes diferencias en desempeño económico a lo largo y ancho del país.

La coyuntura abre una enorme oportunidad; la pregunta es si hay políticos capaces de hacerla suya para beneficio del desarrollo del país y de la ciudadanía.

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Artículo Luis Rubio – REFORMA – 22  abril 2018

La medida de la impunidad

Luis Rubio

Ensombrecedor panorama el que presentaron los padres y deudos de miles de desaparecidos en la avenida Reforma hace algunas semanas. Una infinidad de cruces lucía en ambos lados de la avenida, cada una representando a personas cuyos parientes -hijos, padres, hermanos- un buen día no regresaron. Nadie sabe si los mató una banda de criminales, si los reclutaron los narcos o los detuvo la policía. Caminar esas cuatro larguísimas cuadras de Reforma me hizo recordar crímenes de lesa humanidad en la segunda guerra mundial, Ruanda, Camboya, Argentina y otros que nunca debieron existir: guerras, gobiernos torturadores o ausencia total de autoridad. Ningún suceso ilustra mejor nuestra realidad que el de las desapariciones porque quien era responsable no actuó o, peor, se coludió con los asesinos.

La procesión no fue algo inocente. La carga política y, en este momento, electoral es más que evidente: lo fácil es culpar a la administración -a la actual o la anterior- pero la realidad es que el país viene experimentando una acelerada disminución del gobierno en lo que de verdad cuenta, en la razón de ser del Estado mismo: la protección a la ciudadanía. Una manifestación de esa naturaleza en este momento fue obviamente diseñada para desacreditar a los candidatos del PRI y PAN respectivamente, pero eso no cambia el hecho que, como gobierno, el mexicano le ha fallado a la población y esto no es de ahora.

De la negligencia no se salva nadie: presidentes, gobernadores, alcaldes y jefes de gobierno en el DF son igualmente responsables de su inacción, cuando no de su complicidad. Uno puede estar en desacuerdo con la estrategia que diseñó Felipe Calderón (y que, de facto, aunque a regañadientes, ha seguido Peña Nieto), pero nadie le puede regatear el mérito de reconocer que un gobierno no puede permanecer impávido frente a la masacre que sufre la sociedad. López Obrador criticó la estrategia en su momento con la frase “para qué le pegaron al avispero,” sugiriendo que la pasividad -es decir, el statu quo- es una mejor forma de conducir los asuntos de Estado.

De ganar las elecciones, AMLO se encontraría con un panorama muy distinto al que ha venido prometiendo. La realidad de la criminalidad no desaparece por el hecho de que un gobierno proponga negociar con los narcos, por dos razones muy evidentes: en primer lugar, el problema de fondo no es la criminalidad misma, sino la falta de gobierno, la ausencia de autoridad. El gobierno mexicano lleva décadas enquistándose y evadiendo sus responsabilidades más elementales: en lugar de modernizarse y reformarse en forma paralela a la transformación demográfica, industrial, política y de seguridad que ha experimentado el país, la clase política -toda y a todos los niveles y partidos- permaneció imperturbada, como si el evidente deterioro fuese rutinario. De esta forma, pasamos de un sistema político muy poderoso y centralizado a una descentralización sin estructura, recursos o responsabilidades. De haberse reformado el gobierno, no habría crisis de seguridad. Así, la noción de que un nuevo presidente, por el hecho de asumir el cargo, cambia esa realidad habla por sí misma.

En segundo lugar, las bandas de narcos y criminales están envueltos una disputa territorial a muerte que ignora y trasciende a las autoridades formales, cuando no las corrompe o subyuga. El gobierno no puede negociar con las bandas, pero sí debe desarrollar la capacidad de imponerle reglas y límites tan estrechos como sea su capacidad de hacerlas valer.

El caso de Ayotzinapa es por demás revelador. Ahí la autoridad local estaba coludida con los narcos y fue claramente responsable de lo que ocurrió. La única razón por la cual el gobierno del presidente Peña acabó siendo responsabilizado fue por su arrogancia: pretender controlarlo todo lo hizo responsable de todo.

En los desaparecidos se puede observar la medida de la impunidad que caracteriza al país. Es fácil culpar a malhechores, evasores de impuestos o simuladores de tal o cual acto delictuoso, pero el verdadero ausente es el gobierno, cuya autoridad desapareció cuando dejó de cumplir sus funciones más elementales, comenzando por la de proteger a la ciudadanía.

Cuando el próximo gobierno asuma el poder tendrá que encontrar la forma de responderle a la ciudadanía porque si algo resulta claro del actual proceso electoral es que hemos rebasado el límite de la tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

Un día, caminando en una enorme arteria urbana en Seúl observé la medida de la autoridad: la avenida, de ocho carriles, se encontraba saturada de camiones, coches y motocicletas avanzando a toda velocidad, generando un gran bullicio. De pronto, saliendo de una callecita de un solo carril, vi a un niño de no más de cuatro o cinco años saliendo disparado en su bicicleta para cruzar la avenida sin parar ni voltear. La luz verde le daba el derecho de paso y no titubeó. Sus padres evidentemente confían en la autoridad y le permiten al niño cruzar sin resquemor.

Ahí estaba la autoridad, no en la forma de una persona, sino en las reglas del juego que todos esos camiones cumplen en forma estricta y sin chistar. Ese es un gobierno que funciona y cumple su deber. El día en que lleguemos a eso habrá desaparecido la impunidad.

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México lleva al menos medio siglo disputando el futuro. Luego de décadas de estabilidad y crecimiento económico relativamente elevado, en los sesenta comenzó a resquebrajarse tanto el orden económico fundamentado en la substitución de importaciones como el orden político sustentado en el férreo control de un sistema político cerrado. A partir de entonces, el país se dividió en dos grandes corrientes: la que procuró construir un nuevo futuro viendo hacia adelante y hacia afuera; y la que persiguió retornar al nacionalismo revolucionario originado en la Revolución Mexicana, particularmente en su fase cardenista.

La forma en que se resolvió la disputa, luego de la crisis de los setenta, fue típicamente mexicana: con un híbrido de pasado y futuro: construyendo nuevas estrategias económicas pero sin abandonar las viejas estructuras políticas. A nadie debería sorprender que esa contradictoria combinación esté haciendo agua en estos momentos.

Andrés Manuel López Obrador es un fiel representante de la corriente nacionalista revolucionaria y está explotando los errores, pero sobre todo las carencias e insuficiencias, de la corriente modernizadora. Esas carencias e insuficiencias -en un entorno de apertura, información ubicua y redes sociales capaces de transmitir cualquier mensaje en nano segundos- permiten evidenciar la corrupción, los privilegios y los excesos del viejo sistema que, por esa modernización inacabada, persisten en la sociedad mexicana. Es obvio que todas esas formas de abuso existían antes y, sin la menor duda, seguirían bajo un gobierno de AMLO, pero ese no es el punto de esta contienda; lo que existe resalta algo insoportable para la ciudadanía y ese es el corazón de la estrategia de AMLO: evidenciar las carencias prometiendo el nirvana que, todo mundo sabe, es una utopía más.

Aunque las corrientes modernizadoras han dominado el panorama económico y político por estas décadas, la disputa nunca desapareció. Y esa es la razón medular por la cual se concibió el TLC norteamericano: para garantizar la viabilidad de la modernización, al menos en una parte de la vida nacional, el de la inversión. Es decir, desde el comienzo, los modernizadores entendían, al menos de manera pragmática, la existencia de una flagrante contradicción pero, en lugar de resolverla de fondo, construyeron un mecanismo que fuese implacable para proteger al menos el corazón de la modernidad: la economía. Tan fuerte resultó el entramado político priista que los dos gobiernos panistas no le quitaron ni un pelo al gato.

El TLC resolvió el nodo del problema al despolitizar una enorme porción de la actividad pública, pues su esencia radica en que constituye, para todo fin práctico, un espacio de excepción: ahí sí hay reglas, mecanismos funcionales para resolver disputas y hacer valer contratos. Con el TLC, una parte fundamental de la economía quedó excluida de la corrupción y aislada de la disputa política más amplia. Sin embargo, para los perdedores en esa disputa, el TLC se convirtió en el factor a vencer; su problema fue que el acuerdo comercial se tornó extraordinariamente popular porque sus virtudes son obvias para la ciudadanía: es el único motor de crecimiento de la economía y, más importante, aunque para la mayoría sea algo distante, constituye un vívido ejemplo de lo que es la legalidad.

Cuando AMLO llama “PRIAN” a los gobiernos modernizadores del PRI y del PAN, lo hace obviamente para descalificarlos, pero en realidad se refiere a la lucha entre el pasado y el futuro: apertura vs autarquía; mercado vs gobierno a cargo; democracia vs control vertical. No es que los gobiernos del PRI y del PAN hayan sido un dechado de virtudes, pues todos hablaban de la modernidad pero seguían preservando el mundo de los privilegios. Pero lo relevante es que el común denominador es el sistema priista de antaño en su vertiente política: esa que, por más que haya elecciones libres, no ha cambiado en lo esencial.

La vieja-nueva disputa reside en el corazón del viejo sistema priista del cual son igualmente paradigmáticos López Obrador y Peña Nieto: ambos son representantes dignos del PRI de los sesenta y ninguno promete algo distinto que preservar ese viejo sistema en su vertiente política; donde los candidatos de hoy -AMLO y Meade (o Anaya)- difieren radicalmente es en la vertiente económica: uno quiere retornar al mundo idílico de los sesenta, justo cuando comenzaba a hacer crisis; el otro quiere avanzar hacia la modernidad creando mayores oportunidades de desarrollo que son, a final de cuentas, las que han estabilizado a la economía y creado una creciente y pujante clase media.

Contrario a lo que plantea AMLO, el verdadero reto de México no yace en el “modelo” económico sino en el viejo orden político, pues es ahí donde el país se ha atorado, preservando un mundo de privilegios y un capitalismo “de compadres.” Así, el dilema para la ciudadanía  radica en decidir cómo quiere cambiar: hacia adelante o hacia atrás.

Vale la pena recordar las sabias palabras de Vaclav Havel: “un mejor sistema no asegura de manera automática una vida mejor. De hecho, lo opuesto es cierto: sólo creando una mejor vida es posible desarrollar un mejor sistema.”

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Las emociones son un componente inherente a la naturaleza humana y, por lo tanto, de los procesos electorales. Cuando se dice que un candidato “conecta” con su auditorio es que logró establecer una empatía con éste, o sea, cautivó a su público, convenciéndolo a que se incline por su perspectiva de las cosas. Los estudios psicológicos de las encuestas sugieren que esta elección se resolverá en el eje miedo vs enojo: el enojo contra el statu quo frente al miedo de perder lo que ya se ha logrado o lo que una persona ha alcanzado en su vida.

El enojo contra el statu quo surge de la evidencia de corrupción, un sistema de gobierno ensimismado y una total desconexión entre la ciudadanía y sus gobernantes. Claramente, el sistema político mexicano, nacido en las primeras décadas del siglo pasado, no fue creado para funcionar en la era de las redes sociales, que permiten la expresión de agravios, sólo para enfrentarse con un gobierno cerrado y, en gran medida impermeable.  El problema es el sistema, del cual todos los partidos y candidatos participan (hoy y siempre), así que la noción de que una persona pueda resolver todos los problemas con una varita mágica es tan absurda como la de suponer que nuestros problemas son simples -en lugar de estructurales- y pueden ser resueltos por la voluntad de un individuo.

El miedo se deriva de los enormes cambios que ha experimentado el país en las últimas décadas y que han creado una plataforma de oportunidades que eran inconcebibles hace algunos años. El tener una casa propia, acceso a una enorme diversidad de productos de consumo de cada vez mejor calidad y un entramado institucional que, con todos sus avatares e imperfecciones, permite elegir (en lugar de imponer) a quienes nos gobiernan, son todos alcances nada despreciables que bien podrían perderse con un proyecto político-económico destructivo. El riesgo de perder lo alcanzado no es menor y explica la reticencia de un amplio porcentaje del electorado a dejarse llevar por el canto de las sirenas.

Hace varias décadas, Betrand Russell -filósofo y matemático inglés, ganador del Nobel de literatura, que se distinguió por su oposición a las armas nucleares y la guerra de Vietnam- escribió sobre la paradoja de las elecciones en su país: una persona está harta del partido conservador y entonces elige al laborista, sólo para encontrarse con que las cosas que a ella le importan no cambian, razón por la cual vuelve a votar conservador y así sucesivamente. Lo que Russell describía entonces no es muy distinto a lo que hoy vivimos en México: lo que está mal es el sistema de gobierno que no cuadra con la realidad de hoy y que no tiene las características necesarias para poder funcionar en el siglo XXI. La pregunta clave para la elección que tenemos frente a nosotros es cuál es la mejor manera, o la más probable, de producir una transformación política que haga posible el renacimiento social y económico que el electorado claramente desea.

En uno de sus libros recientes, Fukuyama describe con perfección la naturaleza de nuestro problema. Sin referirse a México, dice que hay tres componentes clave para el funcionamiento exitoso de un país: un gobierno fuerte y funcional; Estado de derecho; y rendición de cuentas. Ningún país puede funcionar si el gobierno es débil y disfuncional: toda nación requiere, para ser exitosa un sistema de gobierno susceptible de satisfacer funciones básicas, pero cruciales, como la seguridad, la justicia, un sistema legal y un marco regulatorio para el funcionamiento de la economía. Aunque los tres son indispensables, prosigue Fukuyama, el orden de aparición es fundamental: aquellos países que se democratizaron antes de haber construido una capacidad para gobernarse de manera eficaz, acaban fracasando porque la democracia, incluso imperfecta, exacerba los problemas y penurias, erosionando todavía más la capacidad de gobernar, ejercer su autoridad y administrar las demandas encontradas que surgen de la población.

Difícilmente podría uno encontrar un mejor diagnóstico de la problemática que enfrentamos como país porque revela el desafío que tenemos frente a nosotros y que difiere de manera radical con los planteamientos que escuchamos en la contienda actual. La ciudadanía tiene razón en estar enojada con un sistema que no sólo no favorece el desarrollo del país, sino que lo impide con sus estructuras de privilegios y desprecio por las cosas que la afectan en su vida cotidiana. De igual manera, el miedo a perder lo que se ha logrado debería asustar al más pintado porque no es algo menor: basta ver a otras naciones a nuestro derredor para reconocer que, primero, ha habido importantes avances y, segundo, podríamos estar infinitamente peor.

Los problemas que enfrentamos no sólo deben ser resueltos, sino que es perfectamente factible lograrlo. La clave radica en reconocer que tenemos que seguir adelante con un proyecto que construya la siguiente etapa del desarrollo del país, que no puede más que iniciar con una profunda reforma de las estructuras de poder, algo que ciertamente es imposible regresando a un estadio anterior que se colapsó porque no funcionaba y que creó el caos que hoy justificadamente genera tanto enojo.

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Con la alianza de Morena y el Partido Encuentro Social el proceso electoral adquirió una nueva faceta. Sea por convicción o por decisión estratégica, la suma de un partido ostensiblemente de izquierda con uno claramente conservador desató una gran controversia: ¿se trata de un matrimonio de conveniencia o una asociación de dos entidades ideológicamente afines? Cualquiera que sea el caso, de lo que no hay duda es que la religión será parte de esta elección.

En los últimos años, un proceso electoral tras otro -de Brexit a Trump, e incluyendo varias gubernaturas aquí- ha evidenciado un desfase entre la política y el desarrollo. Algunos atribuyen este fenómeno a un elemento emotivo, otros a la falta de resultados por parte de los políticos tradicionales, pero el hecho relevante es que estamos viviendo tiempos distintos: los vectores que antes servían para comprender la forma de actuar de los votantes han dejado de ser válidos, como ilustran las fallidas encuestas en casi todas las instancias recientes alrededor del mundo. Los votantes han dejado de ser predecibles o, al menos, los instrumentos que permitían vaticinar un determinado resultado ya no son igualmente útiles.

Desde luego, todos los políticos procuran explotar las emociones del electorado, pues esa es la forma en que entusiasman al votante y generan seguidores en la persona o proyecto que promueve un determinado candidato. La religión, al menos en un sentido político, no es más que otra emoción y, desde esta perspectiva, no tiene nada de extraño que se convierta en un factor novedoso en el espectro nacional. Sin embargo, no es lo mismo un seguidor, por fiel que sea, que un creyente: lo primero supone una decisión consciente, lo segundo una convicción producto de una creencia; ambos son respetables, pero entrañan consecuencias políticas muy distintas.

Un documental sobre César Chávez, el líder de los agricultores mexicanos en EUA, me hizo reflexionar sobre el componente religioso. Chávez inició su movimiento contra la corriente no sólo porque se trataba de trabajadores extranjeros, sino porque no había un solo sindicato rural reconocido en ese país. No era algo sencillo movilizar a los trabajadores que de por sí se sentían vulnerables ante el riesgo de ser deportados y contra la oposición de los empleadores. Sin embargo, Chávez no sólo logró el reconocimiento, sino que esto ocurrió de una manera peculiar: un viernes santo le ofrecieron la posibilidad de una entrevista en Washington y la confirmación del reconocimiento se dio en un domingo de resurrección. Para los sindicalizados, estos dos factores resultaron ser señales providenciales.

Chávez no era un líder religioso en sentido alguno, como tampoco lo es Andrés Manuel López Obrador. Cualquiera que sean o hayan sido las convicciones religiosas de cada uno de ellos, se trata de políticos natos que buscan un objetivo y emplean todos los medios disponibles para lograrlo. Visto de esta manera, toda la concepción de Morena y la asociación con el PES responden a un intento por infundir un fervor religioso que rebase cualquier otra argumentación en la decisión sobre por quien votar. Es decir, se buscan creyentes, no ciudadanos.

En un sentido estrictamente pragmático, no hay nada intrínsecamente malo en el empleo de símbolos religiosos para la consecución de un objetivo político; a final de cuentas, pocas facetas de la competencia política ignoran tan flagrantemente cualquier consideración ética respecto a los medios y los fines: hemos llegado al punto en que todo se vale con tal de lograr el objetivo, uno gana y todos los demás pierden. Unos lo hacen con la religión, otros con dádivas, o denuncias penales, y unos más con la compra de votos.

Lo crucial de las elecciones -en cualquier momento, en cualquier país- es elegir para que gobierne: no se trata de un concurso de belleza sino de una decisión política que entraña consecuencias para los propios votantes. Cuando la mecánica electoral se aboca a remover las capacidades ciudadanas en aras de generar creyentes -y, por lo tanto, personas que se movilizan por factores distintos a los de una decisión racional- el gobierno resultante acaba teniendo atribuciones que son contrarias a la esencia de la democracia porque carece de pesos y contrapesos, convirtiéndose en una potencial fuente de impunidad y, por lo tanto, de un gobierno autoritario con capacidad de imponer sus proyectos sin que medien contrapesos. O sea, como en el pasado pero más extremo.

Cada candidato emplea los símbolos -religiosos o ideológicos (como el nacionalismo)- como estrategia para avanzar su causa; el viejo sistema político logró una hegemonía ideológica por décadas. Lo novedoso, y preocupante, de Andrés Manuel López Obrador es la búsqueda de creyentes que lo sigan al cadalso si eso es lo que el líder demanda. Esto es lo que explica su renuencia a explicar su proyecto o a responder a interrogantes absolutamente legítimas y lógicas.

La pregunta clave acaba siendo si la ciudadanía tiene la capacidad y disposición para defender sus derechos y logros con el candidato de su preferencia sin abrirle la puerta a una plena impunidad, implícita y connatural al ser creyente que acepta sin más.

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En su extraordinario libro sobre Quetzalcóatl y la virgen de Guadalupe, Jaques Lafaye afirma que todos los mexicanos son guadalupanos, hasta los ateos. Casi pudo haber agregado que todos los mexicanos son priistas, hasta los panistas.

El PRI es el origen de prácticamente toda la historia política del México moderno. Nació en 1929 para incorporar a toda la sociedad políticamente activa de la época para canalizar sus demandas y controlarla, y así se convirtió en un mecanismo de transmisión de información y participación política. Al momento de su creación, luego de la gesta revolucionaria, se sumaron los liderazgos toda clase de organizaciones, partidos políticos, sindicatos y milicias y, algunos años después, las organizaciones mismas. La institucionalización de la política mexicana ocurrió dentro del PRI.

Prácticamente toda la actividad política en el país a partir de ese momento tuvo lugar en el seno del PRI o en referencia al mismo. Muchas organizaciones y partidos nacieron en los años sucesivos, en coordinación o en oposición al PRI. El PAN nació para oponerse al entonces PRM; la hoy llamada izquierda histórica, comenzando por el Partido Comunista Mexicano (fundado en 1919) y otras de filiación trotskista, nació en forma paralela. Luego vendrían los grupos que se desprendieron del “partido oficial” (PARM y PPS), aquellos creados desde el poder (PT) y aquellos, como el PRD y Morena, muchos de cuyos integrantes son priistas de origen. El punto es que, en la historia política del México postrevolucionario, el PRI (y sus predecesores) ha sido no sólo el corazón, sino el punto de referencia de la política nacional. Aunque mucho ha cambiado con la alternancia en la presidencia, la esencia sigue ahí.

Desde su creación en 1939, el PAN ha sido oposición: su historia y filosofía fue anti-priista. Nacido en la época de la segunda preguerra, tuvo afiliaciones poco encomiables, mismas que arrastró a lo largo de sus primeras décadas; sin embargo, poco a poco adquirió las formas de la democracia cristiana europeos, convirtiéndose en el partido prototípico de oposición de centro derecha. Partido de profesionistas, contrastaba con la base social del PRI y se distinguió siempre por su búsqueda de pureza ideológica, valores éticos y su rechazo a las formas de operación del PRI. Con el tiempo se tornó en el partido confiable y leal en el sentido de Duverger (al no buscar el derrocamiento del régimen, sino su derrota por la vía electoral), al grado de ser clave como socio legislativo en la primera ola de reformas económicas y electorales en los ochenta y noventa.

Todos esos atributos lo fueron convirtiendo en el partido emblemático de oposición, lo que le granjeó el triunfo a la presidencia en el año 2000. Ese logro no fue pequeño dada la historia de monopolio del poder que caracterizaba a México, pero fue devastador para el propio PAN. En lugar de substituir al régimen priista, lo preservó y en vez de avanzar decididamente su agenda contraria a la corrupción, el nepotismo y el control autoritario, se mimetizó con el viejo sistema. Al no cambiar las instituciones y los mecanismos que las caracterizan, los panistas demostraron ser igual de corruptos que sus predecesores -al punto de innovar en esta materia con los famosos “moches”- y sólo por excepción destacó en su forma de gobernar. Luego de dos periodos mediocres en la presidencia, acabó haciendo gala de la admonición de sus predecesores: ganó el poder, pero perdió su razón de ser.

El PAN no se ha repuesto de sus años en la presidencia; mucho peor, sus liderazgos no reconocen, y quizá ni comprenden, la contradicción que les caracteriza: un partido dedicado a la ética y a la lucha contra la corrupción y el abuso no puede seguir presentándose como el paladín de la pulcritud. Tampoco puede aspirar a la presidencia con el mismo discurso con el que falló ante la ciudadanía en dos ocasiones. Propugna la reforma del país, pero no se reforma a sí mismo.

Nada ilustra mejor la crisis del PAN que la forma en que se han tornado hacia el PRI sus dos expresidentes. Vicente Fox no fue profundo ni particularmente panista: se distinguió por su pragmatismo pero sobre todo por llegar a la presidencia (un logro enorme) para luego quedarse ahí sentado sin más. Como Julio Cesar, veni, vini (pero no) vici: llegó, vio, pero no conquistó. En vez, se acomodó y navegó de muertito por seis largos años de oportunidades perdidas, quizá la más grande de todas: la transición política. Sin embargo, no tardó en dejar Los Pinos para convertirse en el primer priista de la nación: apoya a sus candidatos, vive de sus gobernadores y disfruta sus beneficios, aunque no lo caracterice la sofisticación de aquellos.

Felipe Calderón viene del PAN duro y se caracteriza por su profundo anti-priismo. Sin embargo, ni tarde ni perezoso, tan pronto vio venir el final, negoció con el PRI y, en el mejor estilo de ese partido, actúa de manera funcional a sus intereses. Cauto y desconfiado por naturaleza, vive en conflicto constante con su partido, impulsa la candidatura de su esposa y, seguramente, como sus acólitos en el senado, negocia por detrás. Paradojas que da la vida: del rancio PAN al pragmatismo priista. Ver para creer.

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¿En qué momento se jodió México? Así comienza Conversación en la Catedral, la novela de Vargas Llosa, preguntándose por el momento en que empezó el declive de su país, el Perú. Ahora parece que el gobierno está empeñado en que los mexicanos sepamos que ese proceso comenzó al inicio de 2018, promovido conscientemente desde su seno. La pregunta es ¿en aras de qué, a qué costo?

En un país normal, el gobierno representa, y debe su función, al conjunto de la ciudadanía, no sólo a los de su preferencia o que votaron por él. Su obligación es desempeñar sus actividades dentro del marco de la ley, sin abusar sus facultades ni emplear las instituciones del Estado para fines particulares. Sin embargo, a lo largo de más de cinco años, el gobierno del presidente Peña ha evadido sus responsabilidades en múltiples ocasiones, ha recurrido a recursos sesgados y viciados para eludir la ley y justificado actos de patente corrupción con razonamientos y mecánicas concebidos para que sus funcionarios no paguen por los errores o potenciales delitos en que hayan incurrido. El desprestigio e impopularidad de que goza no es producto de la casualidad.

A pesar de ello, actúa como si estuviera en pleno control, como si las instituciones del Estado funcionaran de manera imparcial y profesional y como si su prestigio estuviese en su zenit. Vaya, un gobierno que ya ni siquiera pretende tener el monopolio de la fuerza -lo que define al Estado- se ha arrogado la misión de perseguir a un candidato a la presidencia como si fuese un asunto de seguridad nacional, como si se tratase de una plaga pública y no de un contendiente que, con todos sus atributos y defectos, tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a competir por la presidencia siempre que lo haga por la vía legal.

Cuando se abandona hasta la pretensión de civilidad, lo único que queda es el caos o, como escribiera Diderot, “del fanatismo a la barbarie sólo media un paso.” Y el gobierno parece decidido a dar ese paso, sin reparar en las consecuencias de su actuar, es decir, de manera absolutamente irresponsable. Así es como comienza el principio del fin. Lo extraño, aunque no tanto, es que sea el propio gobierno -el supuesto garante de la paz- quien se empeña en empujar los límites de la civilidad en un país que ya de por sí vive no sólo una polarización extrema, sino una ausencia total de legitimidad en las instituciones gubernamentales.

En La República de Platón, Sócrates y Glaucón discuten el apuro de la gente encadenada en una cueva en la que los prisioneros intentan comprender las sombras que transitan en la pared frente a ellos. Recurro a la Alegoría de la Cueva para intentar comprender la lógica gubernamental en su actuar frente a un contendiente presidencial al que, poco a poco, están convirtiendo en mártir.

Parece claro que la estrategia radica en crear una sensación de miedo a cualquier cambio como vía para preservar lo existente. Como estrategia electoral, la promoción de una determinada emoción constituye un mecanismo perfectamente legítimo y todos los partidos y candidatos en el mundo lo hacen de manera consciente y sistemática. El asunto aquí es que no es un partido o candidato quien está promoviendo esa emoción, sino el gobierno haciendo uso faccioso de las instituciones para avanzar su propio proyecto político, como si estuviésemos en los cincuenta del siglo pasado. Imposible no recordar la famosa admonición de Talleyrand: “no aprendieron nada ni olvidaron nada.”

No aprendieron de los riesgos de la polarización, no aprendieron de las consecuencias del intento de desafuero en 2005 y no aprendieron de lo que ha ocurrido en naciones como Venezuela, Zimbabue y tantas otras que, por actos y decisiones gubernamentales, condujeron al caos. Una vez dado ese paso, se torna cada vez más difícil recuperar la paz y la tranquilidad de la población, haciendo imposible gobernar.

La sociedad mexicana está enojada y esa es precisamente la emoción que no conviene al gobierno atizar, pues conduce a decisiones electorales radicales. En esto, contrasta con naciones como China, donde el miedo al caos ha llevado a su gobierno, a lo largo de varias décadas, a acelerar el paso en sus reformas para satisfacer a la población y evitar situaciones caóticas. En México, el propio gobierno se ha atrincherado, dinamita la estabilidad de la que es responsable y se defiende como si el enemigo fuese la sociedad.

La democracia es menos sobre elecciones que sobre cómo resolver las disputas que se presentan en la sociedad y tomar las decisiones que se requieran para construir el futuro. El uso faccioso y sesgado de las instituciones conduce a la destrucción de las pocas instituciones con que cuenta el país y, peor, cuando quien avienta la primera piedra (y la segunda y la tercera) es un gobierno extraordinariamente desprestigiado por asuntos de corrupción que son infinitamente más graves de los que se acusa al susodicho candidato.

Por supuesto que debe combatirse cualquier acto de corrupción o presunta ilegalidad, pero lo que el gobierno del presidente Peña está haciendo recuerda otra frase famosa de Talleyrand, el estadista francés del siglo XVIII: “Ha sido peor que un crimen, ha sido una estupidez.”

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Ahora que estamos embarcados, ya de lleno, en el proceso de sucesión presidencial, es importante reflexionar sobre las oportunidades y riesgos que enfrentamos como país. El contexto externo no es particularmente generoso: las negociaciones del TLC no han avanzado de manera tersa y las elecciones primarias para el congreso estadounidense que se avecinan seguramente reabrirán mucho del discurso anti-mexicano que ha caracterizado a la administración Trump desde su campaña. En el ámbito interno, no cesa la rijosidad, todo lo cual eleva el nivel de conflictividad para el momento en que los votantes decidirán quien habrá de gobernarnos.

En adición a lo anterior, enfrentamos riesgos reales que, por encima de las estrategias que lleguen a emplear los propios candidatos y sus partidos en materia de redes sociales y manipulación del electorado (todo ello legítimo y cada vez más normal en los procesos electorales), otros intereses -internos o externos- se aboquen a influir el proceso por razones ajenas a las que atañen directamente al electorado. Hoy en día es claro que hubo intervenciones externas en las elecciones británicas que decidieron el llamado Brexit, en las estadounidenses en que triunfó Trump y en las del referéndum catalán. No hay razón para suponer que nuestro caso será distinto: no hay que olvidar que México, como Berlín, Viena y otros lugares estratégicos en la era de la guerra fría, fueron protagonistas de las intrigas entre las potencias.

La pregunta es cómo interactúan los intereses externos con los internos. O sea, quién se beneficia o perjudica como resultado de estos rejuegos e intrigas. Una perspectiva obvia es si el interés de Estados Unidos es el mismo que el de Trump y, en cualquier caso, cómo juega en la contienda que viene. Me queda absolutamente claro que el interés nacional estadounidense privilegia la estabilidad y la prosperidad de México y que ese interés va más allá de candidatos específicos. No me es igual de evidente que el interés de Trump sea el mismo: en su afán por avanzar una agenda que muchos norteamericanos rechazan, puede acabar propiciando, conscientemente o no, resultados que no coincidan con el interés general de su país. Desde esta perspectiva, yo estimo que Trump, mucho más que el TLC, será parte integral de la contienda.

Vuelvo a las oportunidades y los riesgos: para muchos, esta contienda es especialmente sensible porque lo que está de por medio es de enorme envergadura. Parte de lo que explica esta apreciación radica en la naturaleza de las reformas que se emprendieron en el sexenio que está por concluir (sobre todo en materia energética y educativa) que tocan dos de los tres preceptos nodales de la Constitución de 1917. Otro componente de la explicación reside en el enorme desprestigio que acompaña al presidente saliente por la corrupción y su falta de liderazgo, lo que abona a los números que caracterizan a López Obrador en las encuestas.

Pero la sensibilidad mayor no reside en los factores específicos que caracterizaron al gobierno saliente, sea en las reformas que promovió o en la forma en que condujo los asuntos de Estado, sino en el enorme poder que concentra la presidencia.  Un poder concentrado utilizado para llevar a cabo cambios positivos -esos que propician un mayor crecimiento económico en el largo plazo, mejores niveles de vida y un mayor bienestar general- debe ser bienvenido; pero el mismo poder empleado para destruir y dividir acaba siendo pernicioso bajo cualquier rasero. Nuestro principal problema -que se observa desde que se inventó la «monarquía sexenal no hereditaria» en las palabras inmortales de Cosío Villegas- es que nunca se sabe qué hará el siguiente gobierno. Y eso genera incertidumbre y hasta miedo.

En un artículo reciente, Janan Ganesh comparaba al Reino Unido con otras naciones desarrolladas. Su argumento central es que Inglaterra se caracteriza por un sistema que concentra el poder en el parlamento, lo que permite llevar a cabo enormes reformas, pero que, al mismo tiempo, éstas pueden ser malas, todo dependiendo de la calidad del primer ministro en un momento dado. Esa caracterización, extraña para un país desarrollado, contrasta con la de Estados Unidos (donde Trump ha tenido enormes dificultades para avanzar su agenda por la solidez de sus pesos y contrapesos) pero también con Francia, donde el enorme poder de la presidencia se ve limitado por los poderosos alcaldes y los poderes extra parlamentarios como los sindicatos y la burocracia. Ganesh concluye su comentario diciendo que el patético estado de la infraestructura norteamericana, la resistencia al cambio de los franceses y la falta de reformas en Italia reflejan gobiernos centrales enclenques que están limitados por instituciones fuertes que protegen a la ciudadanía por encima de todo.

En México carecemos de instituciones fuertes que nos protejan y no tenemos estadistas de talla mundial capaces de sumar a la población en aras de un desarrollo integral y equitativo. Si los candidatos que pretenden la presidencia quieren lograr un año estable en 2019 más vale que comiencen a responder desde ahora al reclamo de certidumbre y claridad de rumbo que la población demanda y requiere.

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