En 2000 Fox tuvo la oportunidad de modificar la estructura del poder que ha mantenido subyugado al país, pero no tuvo la visión o los pantalones para hacerlo. Hoy el electorado le ha dado a Andrés Manuel López Obrador una nueva -¿última?- oportunidad para llevarla a cabo y evitar que el país siga a la deriva. La clave no reside en cambiar per se, sino en qué cambiar y, sobre todo, para qué.

AMLO ha postulado tres prioridades centrales a lo largo de sus campañas: crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Si le agrega el problema de seguridad que aqueja a cada vez más mexicanos, esa es la agenda que tiene que ser atendida. La pregunta es cómo, porque estos fenómenos no son causas sino síntomas y consecuencias de los males que enfrenta el país.

Desde los setenta, todos los gobiernos han tratado de elevar la tasa de crecimiento. Unos lo intentaron con deuda, otros con inversión pública y otros más buscando atraer la inversión del exterior; con aciertos y errores, se lograron resultados contrastantes pero no se resolvió el asunto central, detrás del cual yacen las otras dos prioridades de AMLO, la pobreza y la inequidad. El proyecto más acabado y más longevo de todos los que se han intentado es el que personifica el TLC porque ha tenido un éxito desmedido en algunas partes del país, aunque casi ningún impacto en otras.

El diagnóstico que realice el gobierno en ciernesva a ser crucial en determinar lo que hay que hacer. De ese diagnóstico dependerá su devenir y la probabilidad de éxito que tenga. Como dice el dicho, no es lo mismo borracho que cantinero, por lo que ahora ya no es un asunto retórico sino de responsabilidad y de oportunidad.

Los gobiernos de los setenta intentaron resolver el problema con gasto y deuda y acabaron creando la crisis financiera que hizo quebrar al gobierno en 1982 y determinó el empobrecimiento generalizado que siguió. Las tan denostadas reformas que siguieron tuvieron dos características: una, permitieron dinamizar la actividad económica en algunas industrias y regiones; la otra fue que no se implementaron de manera cabal porque siempre hubo algún interés político, burocrático, empresarial o sindical que lo impidió. Las reformas se hicieron para reactivar la economía pero siempre y cuando no afectara el statu quo político. Ahí es donde el nuevo gobierno puede hacer una diferencia decisiva: romper el statu quo para darle una oportunidad igual a todos los mexicanos para ser exitosos.

El éxito del TLC radica en que creó un espacio de actividad económica que se encuentra aislado de todos esos intereses y entuertos políticos. Así, el TLC no es sólo el motor de la economía, sino que sirve de escaparate para ver lo que está mal en el país y que ha provocado la permanencia de la pobreza y la desigualdad: lo que está asociado con el entramado institucional que caracteriza al TLC funciona; lo demás vive sometido a los intereses caciquiles que matan toda oportunidad. Solo para ejemplificar, no es casualidad que el país tenga muchos menos kilómetros de gasoductos -clave para el desarrollo industrial- que otros países de similar nivel de desarrollo: porque había un monopolio de pipas en manos de un político que tenía el poder para impedirlo. Eso condenó al sur y al oeste del país a muchas menos oportunidades de crecimiento. La pobreza no viene de las reformas sino de la ausencia de reformas políticas que creen un nuevo sistema de gobierno de abajo hacia arriba.

El sistema político post revolucionario se apuntaló en la asignación de privilegios, que se han preservado en formas por demás creativas. No es sólo los puestos que crean oportunidades de corrupción con plena impunidad o los contratos y concesiones de siempre, sino incluso los mecanismos de asignación de senadurías y diputaciones que permiten que sigan estando ahí los de siempre, dedicados a sus intereses personales y partidistas en lugar de atender a la ciudadanía.

Si AMLO quiere cambiar al país -el mandato de las urnas- la disyuntiva es muy clara: abrir el sistema político para quitárselo a los políticos y sus favoritos y transferírselo en vez a la ciudadanía; o intentar recrear el viejo sistema político con su presidencia imperial, algo imposible por la realidad de diversidad y complejidad poblacional y económica actuales.

El primer curso de acción llevaría a construir confianza por parte de la población de manera permanente porque tendría que estar institucionalizada en un nuevo sistema de gobierno levantado de abajo hacia arriba. La alternativa sería destruir lo existente sin la menor probabilidad de éxito.

El problema del sur del país no es que el norte vaya bien, sino que el sur está dominado por cacicazgos, grupos políticos y sindicales intrincados que depredan y someten a la ciudadanía, impidiendo el desarrollo económico. Por ello, la solución radica en enfrentar esos cacicazgos y construir un nuevo sistema de gobierno, no en recrear algo que hace mucho murió.

En contraste con Fox, López Obrador tiene las habilidades para llevar a cabo cambios estructurales. La pregunta es si será para romper obstáculos respetando las libertades y derechos ciudadanos o para reconstruir un pasado autoritario. Sólo lo primero sería una revolución digna de lograrse.

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El presidente Enrique Peña ofreció “mover a México.” Dudo que su definición de movimiento sea la que ocurrió el pasado primero de julio, pero no cabe ni la menor duda de quién es responsable. En un sistema presidencial tan centralizado como el nuestro, donde todo funciona en torno al presidente, éste constituye, para bien y para mal, el corazón y la brújula del país. De quien ostenta esa oficina depende que exista confianza entre los ciudadanos, que los ahorradores e inversionistas cuenten con la suficiente certeza como para guardar o invertir su dinero y, en general, que el país goce de una claridad de rumbo.

Cuando desaparece ese sentido de dirección o la persona que ocupa esa oficina ignora los factores elementales de su función, todo el país entra en catatonia. El presidente Peña llegó con grandes planes y una enorme arrogancia a restaurar la presidencia imperial de los sesenta, pero entre todos esos proyectos no se encontraba el propósito de gobernar. Grandes reformas fueron aprobadas por el Congreso, pero la ciudadanía no vio mejoría en las cosas que más le importaban: seguridad, ingresos y empleos.

Lo que la población si vio fue a un presidente distante, frívolo y siempre indispuesto explicar y convencer, terminando como ejemplo de todo lo que la población desprecia: impunidad, corrupción y mal gobierno. Peor, utilizó los recursos de la presidencia para perseguir a un candidato, favorecer a sus favoritos y vengarse de sus enemigos. Nunca entendió que gobernar en el siglo XXI consiste en explicar, liderar y convencer a la ciudadanía, quien tiene acceso a tantas fuentes de información como las del presidente. Cuando el presidente abandona su responsabilidad de liderar en un país tan centralizado y sin pesos y contrapesos, el país entra en problemas. Enrique Peña no entendió el momento de México.

A partir de Ayotzinapa, el presidente abdicó a sus funciones elementales: despareció del mapa, creando un vacío que fue llenado con diligencia y clarividencia por Andrés Manuel López Obrador, quien es hoy presidente electo gracias a su trabajo de décadas y claridad estratégica. No es necesario estar de acuerdo con sus propuestas y posturas para reconocer su extraordinaria habilidad y trabajo para lograr lo que la ciudadanía le concedió en la elección.

Los candidatos ganan por su habilidad para convencer a los ciudadanos de su proyecto y personalidad, pero a los presidentes se les juzga por la forma en que responden a circunstancias inesperadas. Algunos presidentes crecen ante a adversidad, otros se amilanan. En países serios y desarrollados, el presidente es importante en cuanto a avanzar una agenda determinada de gobierno y en la medida en que éste o ésta logra convencer a la población y a las instancias legislativas de la relevancia de su propuesta, pero no tiene capacidad de afectar la vida de la población de una manera dramática o excesiva. En México, un error presidencial puede conducir a una crisis financiera en cuestión de segundos o puede provocar una crisis política de enormes magnitudes. Ejemplos sobran.

La paradoja de Enrique Peña fue que avanzó la agenda que ofreció y luego se quedó sin proyecto, pero su insistencia en demostrar que él estaba a cargo y en control del país (algo que hace décadas es imposible) no hizo sino subrayar sus errores y fracasos. La realidad es que ningún presidente puede controlarlo todo sino, más bien, en esta era tan convulsa, con frecuencia no es más que un rehén de circunstancias sobre las que no tiene influencia alguna, como ocurre ahora con el TLC. Lo que hace distinto -y exitoso- a un presidente, es su capacidad para responder ante las dificultades: importa más el liderazgo que despliega que el problema mismo porque de ahí surge, o desaparece, la confianza. El presidente abandonó su responsabilidad antes de concluir la mitad de su mandato y, peor, no supo responderle a Trump, algo que AMLO sin duda gozará haciendo, aún con los potencialmente enormes riesgos que eso entrañaría.

La casa blanca y luego Ayotzinapa marcaron a esta administración de manera definitiva. A partir de ese momento, su suerte estaba marcada, pero el presidente se empeñó en empeorar las cosas.

Para mí es incomprensible que un presidente se dedique a quejarse de los votantes, pero este presidente lo hizo sin reparo y, peor, de manera repetida. La campaña publicitaria de “Ya chole con tus quejas” pasará al historial de la arrogancia presidencial, seguida de la última edición: “haz bien las cuentas.” En el curso del tiempo he escuchado a muchos políticos, en México y en el extranjero, quejarse del electorado, al que en general consideran, casi de manera universal, como un estorbo, cuando no una pinta de tontos (con otra palabra). Sin embargo, hasta que vieron la luz estas campañas, nunca había visto a un político decirle lo que piensa de ellos a los ciudadanos. Lo ocurrido el pasado primero de julio fue ganado a pulso.

Con nuestro voto, los mexicanos somos responsables de elegir a un gobernante. La falta de pesos y contrapesos efectivos crea una presidencia con poderes excesivos, haciendo dependiente el bienestar colectivo del humor y capacidad de una persona. Acaba un sexenio así y comienza otro que ojalá sea mejor.

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En el corazón de la disputa política que hoy concluye se encuentra la gran ausencia que México padece desde hace décadas: capacidad de gobierno o gobernabilidad. Esa capacidad de actuar y resolver desapareció en la vorágine que produjo una combinación letal de circunstancias -crisis financieras, (casi) hiperinflación, globalización, crimen organizado y ceguera de la clase política- entre los setenta y lo que va del milenio. En lugar de soluciones, la parálisis condujo al declive de las capacidades gubernamentales y esto generó una interminable nostalgia.

La nostalgia, esa añoranza por un pasado mítico, es fácilmente explicable por las carencias y complejidades cotidianas que padece la población: inseguridad, malos servicios públicos, pésima educación, pobreza. Pero la nostalgia fácilmente se puede convertir en un instrumento propagandístico de control político y no de buen gobierno.

El gobierno que emergió de la gesta revolucionaria era más autoritario que institucional, circunstancia que le permitió lidiar eficazmente con la criminalidad y asignar recursos de manera discrecional, todo lo cual favoreció algunas décadas de estabilidad política y crecimiento económico. Al mismo tiempo, su inherente rigidez le impidió adaptarse a los cambios que ocurrían tanto dentro del país como en el entorno externo.

Y esos cambios acabaron minando sus estructuras, tornándolo cada vez más ineficaz. Las primeras manifestaciones fueron las crisis económicas de los setenta, las insuficientes y, en ocasiones, inadecuadas reformas de los ochenta y la crisis de seguridad a partir de los noventa. Todos estos factores fueron producto de cambios en el entorno externo que el gobierno mexicano no tenía capacidad -o disposición- a enfrentar. En una palabra, México no se preparó para los cambios que se dieron en Colombia y Estados Unidos y que tuvieron el efecto de alterar los patrones de operación del crimen organizado; ni creó condiciones integrales para que todo el país se insertara exitosamente en el mundo de la globalización. Ambos fenómenos transformaron al mundo, pero en México el gobierno no se adaptó y así fue incapaz de evitar la crisis de seguridad o de generar un marco para una mejor distribución de los beneficios de la globalización.

En este contexto, es fácil caer en la nostalgia de regresar a un mundo en que las cosas aparentemente funcionaban, donde la economía crecía y no había violencia: un momento en la historia que es irrepetible. La nostalgia por la estabilidad viene de la mano del sueño de mando unipersonal, el control de la población y el sometimiento de los sindicatos y de los empresarios; le permite al votante imaginar una solución mágica a los problemas que le aquejan, sin costo alguno.

A quienes viven en ese momento idílico del pasado les es imposible comprender que el mundo cambió no por nuestra voluntad sino porque se dieron circunstancias que acabaron con los sustentos de aquella era: la tecnología evolucionó de manera prodigiosa, las comunicaciones aceleraron los intercambios y la integración de los procesos productivos elevó las economías de escala, mejorando la calidad de los bienes y su precio. Quien maneja un automóvil en la actualidad no puede concebir que hace treinta años había que llevar los coches al taller cada rato porque las descomposturas eran frecuentes: la vida ha mejorado dramáticamente.

El reto es corregir los males del presente sin crear una mega crisis y eso requiere del reconocimiento que no hay más recursos; la (supuesta) austeridad de los gobiernos de los ochenta hacia acá no fue producto de su deseo, sino de falta de alternativa. Hubo poca austeridad y no hubo ahorros.

Es evidente que los mexicanos vivimos contradicciones interminables. Las cosas no están organizadas para que sea fácil prosperar: todo se hace difícil por burocratismos, intereses dedicados a obstaculizar la vida cotidiana y gobernantes cuidando más de sus propios asuntos que de generar condiciones para el desarrollo. Esto habla de la necesidad de un cambio político para que la economía prospere.

Las estructuras económicas que tenemos han hecho posible que vastas regiones del país crezcan a tasas asiáticas, pero las viejas estructuras políticas y sociales han preservado cacicazgos y, con ello vastos espacios de pobreza. No ha habido un gobierno capaz de romper obstáculo: el problema no es el modelo económico en sí, sino los impedimentos políticos que mantienen a estados como Oaxaca y Chiapas paralizados. La disyuntiva no radica en reconstruir el pasado manteniendo lo bueno del presente, algo imposible, sino en cambiar los vectores actuales para hacer posible el desarrollo. Y este es el gran desafío político hacia adelante.

La paradoja de esta elección radica en que las regiones que sufren son aquellas en las que el modelo económico tan criticado no ha sido implementado. La inequidad y la pobreza son producto de intereses intrincados: cambiar esa realidad implica un cambio de régimen con dos características: un gobierno moderno y funcional y un régimen de legalidad.

La nostalgia, dice un religioso, “es una forma de indulgencia. Como todos los miembros del clero saben, las indulgencias vienen con un alto precio.”

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«Quien piense que las cosas no se pueden poner peor no conoce la historia de Argentina,» dice el agudo observador David Konzevik. En 1913, Argentina ocupaba el décimo lugar del mundo en producto per cápita; hoy se encuentra en el lugar 57. La razón: décadas de malas políticas económicas ostensiblemente dirigidas a resolver problemas de corrupción, bienestar y pobreza. En lugar de avanzar, el país se ha retraído y los argentinos han ido de crisis en crisis por más de un siglo. Cuando escucho que «las cosas ya no podrían estar peor,» recuerdo la historia de Argentina: podrían estar mucho peor, muy rápido. Solo pregúntele a los venezolanos, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, que hoy viven en la miseria, la desesperanza y la peor crisis social y política de su historia.

La contienda en que estamos inmersos tiene tres dinámicas claramente diferenciables: primero, la disputa entre el futuro y el pasado; segundo, el desenvolvimiento de la administración del presidente Peña y la percepción de corrupción abrumadora que de ella emana; y, tercero, las personas de los candidatos, sus virtudes y defectos. Cada uno de estos elementos contribuye a las percepciones que la ciudadanía tiene de los candidatos mismos y de la forma de votar.

La disputa entre el futuro y el pasado yace en el corazón de esta contienda: se trata de dos proyectos y perspectivas de país los que presentan, por una parte, Anaya y Meade y, por la otra, AMLO. Los primeros, cada uno con sus características y capacidades, coinciden en la necesidad de construir el país del futuro por medio de su transformación integral, con la mira hacia el futuro y siguiendo a los países más exitosos.

AMLO, por su parte, plantea un retorno a los orígenes: el país funcionaba mejor antes cuando no se pretendía la modernidad, cuando el gobierno imponía su visión sobre la sociedad y el presidente era todopoderoso. Su planteamiento parte del principio que las cosas estaban bien y que las reformas que comenzaron en los ochenta le dieron al traste al desarrollo que el país ya estaba logrando. Su modelo es el México de entonces; el problema es que la sensación de certidumbre que da el pasado no resuelve la pobreza, la desigualdad ni la falta de crecimiento.

Independientemente de la viabilidad de cualquiera de los planteamientos, explícitos o implícitos, de los candidatos, se trata de dos maneras de ver y entender al mundo radicalmente distintas. Así, esta elección no es sobre políticas concretas sino sobre la dirección que debe seguir el país en el futuro: hacia adelante o hacia atrás.

La administración del presidente Peña es un factor central de la elección de este año, esencialmente por sus carencias, pero sobre todo por su distancia respecto a la realidad cotidiana de la población. Sus campañas publicitarias -en resumen, ya no molesten- y sus paseos por el país revelan una absoluta incapacidad para comprender el enojo de la ciudadanía con la corrupción, la desidia y el desinterés por la vida diaria del mexicano. El resultado es que un componente nodal de esta elección será el enojo con Peña frente al miedo a retornar al pasado que entraña AMLO. El enojo con Peña es real; por lo tanto, el futuro de Meade depende de ser percibido como independiente del presidente. El futuro de Anaya depende de que pueda convencer de su capacidad para ser presidente. Meade y Anaya han tratado de diferenciarse entre sí a la vez que buscan presentarse como personajes del futuro. Hasta hoy, ninguno ha crecido lo suficiente como para diferenciarse entre sí y tornarse en una opción real frente al electorado.

La naturaleza de los candidatos mismos es clave en la elección. En orden alfabético, Anaya ha sido un legislador exitoso y encabeza una coalición de fuerzas políticas y partidos que hace tiempo hubiera sido considerada inconcebible, pero su tesón y rudeza lo llevó a donde está. López Obrador lleva décadas en la política, fue un exitoso jefe del gobierno del DF y ha logrado mantenerse en el pandero porque ha demostrado integridad y honestidad como persona, a la vez que plantea las preguntas relevantes que México todavía tiene que resolver, como pobreza, desigualdad y crecimiento económico. Meade ha sido funcionario gubernamental por décadas, conoce mejor que nadie los vericuetos de la burocracia y tiene una visión clara y estructurada de los desafíos que enfrenta el país.

En los estudios norteamericanos sobre su presidencia, una rama de la ciencia política de vieja raigambre, el elemento clave con el que se evalúa a los presidentes es su «carácter,» un término que se traduce como entereza; cómo lidiaría ante problemas que no son previsibles o anticipables y que obligan a la persona a responder, momento en el cual es la entereza lo único que cuenta. Es en esas condiciones que emergen figuras como Lincoln y que los convierten en parangones de liderazgo e integridad.

Los mexicanos tenemos frente a nosotros una elección que conjuga visiones radicalmente distintas del mundo, personalidades con historias y habilidades contrastantes y una decisión fundamental que determinará hacia dónde iremos. ¿Resolveremos los problemas del país o repetiremos la historia de Argentina?

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México es una contradicción andante. Se han implementado ambiciosísimas reformas y, sin embargo, los resultados, al menos en promedio, no son encomiables. El problema es el promedio: el país vive contrastes extremos entre un sur pobre que apenas se mantiene vivo y un norte que crece a tasas casi asiáticas. Hay regiones enteras que se han transformado, hay una industria híper moderna que compite con las mejores del mundo, hay ejemplos de virtud en el desempeño de las funciones de gobiernos locales y, por supuesto, empresas mexicanas que son exitosas dentro y fuera del país. ¿Cómo es posible que convivan estos extremos?

Hay partes del país que funcionan como en el primer mundo y hay fuerzas -tradiciones, intereses y grupos poderosos, tanto económicos como políticos y sindicales- que han logrado atorar cambios y reformas para preservar el statu quo. En la práctica, esto implica que, mientras una parte de la población -y del país en general- prospera, hay otra que experimenta un deterioro continuo en los niveles de vida. En otras palabras,  son dos verdades indisputables y realidades contrastantes con las que los mexicanos convivimos todos los días.

Si uno observa el crecimiento del PIB per cápita, las exportaciones, el empleo formal o el acceso a Internet, por citar indicadores obvios, el país ha avanzado de manera definitiva. Por otra parte, los rezagos son igualmente evidentes, como se puede apreciar en las tasas contrastantes de crecimiento entre Oaxaca y Aguascalientes, los dos casos más extremos. Las disparidades en la economía mexicana son pasmosas tanto en términos de desempeño como de actitud, ambos producto de una realidad que no es coherente ni consistente.

Tanto la disfuncionalidad política como la transformación económica son reales; de hecho son dos caras de una misma moneda: la combinación de sobre concentración del poder con gobierno disfuncional (donde lo primero explica a lo segundo) lleva a la parálisis porque impide la institucionalización del poder. Las leyes y reglas del juego cambian de acuerdo a las preferencias de quien se encuentra en el gobierno, lo que se convierte en la fuente de disfuncionalidad y causa de la ausencia de instituciones capaces de ejercer funciones autónomas y de contrapeso. Estos fenómenos son históricos y el sistema emanado de la Revolución los agudizó.

Por otra parte, el crecimiento del país en términos tanto económicos como demográficos generó una dislocación del sistema político tradicional porque los viejos mecanismos de control dejaron de ser funcionales.  Lo paradójico es que la respuesta que han dado sucesivos gobiernos a la pérdida de capacidad de gobernar y la consecuente desaparición de la legitimidad del Estado no ha consistido en el reforzamiento o reconstrucción de las capacidades del propio gobierno o, incluso, la redefinición de sus funciones, sino en la adopción de parches, componendas y soluciones temporales.

El punto de todo esto es que el problema del país no es económico sino político. Si uno ve las cifras agregadas de crecimiento, la economía ha experimentado un desempeño patético (de 2% anual en promedio); sin embargo, si uno ve región por región, hay partes del país que experimentan una transformación inconcebible. La pregunta relevante es: ¿por qué no crece a la misma velocidad el sur del país? La realidad es que las reformas emprendidas desde los ochenta hasta la actualidad han sido transformadoras donde ha habido liderazgo (político o empresarial); por otro lado, donde las estructuras político-sociales se han enquistado y privilegian a grupos retardatarios como sindicatos, burócratas y empresarios tradicionales, el crecimiento ha sido muy bajo o nulo.

El asunto acaba siendo político, no económico. La economía del país va bien y podría ir mucho mejor de llevarse a cabo profundas reformas políticas. En este sentido, la propuesta de AMLO de echar para atrás las reformas económicas no haría sino empobrecer al país. Si lo que quiere es resolver los entuertos que nos caracterizan, debería estar proponiendo una reforma política de avanzada que tenga por ejes medulares la institucionalización del poder, la construcción de pesos y contrapesos y la apertura del sistema político a la participación abierta y activa de la ciudadanía. No lo hace porque su visión es la de concentrar el poder. Es decir, no reconoce que el país ha avanzado en lo económico y su problema es justamente la parálisis y disfuncionalidad política.

México ha sido un caso peculiar de transformación parcial e incompleta. Muchas naciones han procurado reformas, pero pocas han sido tan parciales en su proceso de reforma como nosotros. Chile, España, Corea y otras naciones paradigmáticas asumieron la modernización como un proceso integral; aunque evidentemente han encontrado problemas y crisis en el camino, su instinto ha sido el de reformar más para poder avanzar. En México, las reformas económicas se emprendieron para no reformar la estructura del poder y ese es el problema que yace en el corazón de nuestro “mal humor social.” Anular las reformas destruiría lo que sí funciona.

La solución está ahí: en una reforma integral, no en la recreación del desarrollo estabilizador.

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03 Jun. 2018

La nostalgia es perniciosa como guía de acción para los gobernantes, pero eso no parece disuadirlos. La noción de que se puede recrear un pasado que, en retrospectiva, parece idílico, tiene un atractivo tan obvio, que invita a crear utopías mentales y propuestas que capturan las emociones, pero no por eso resultan menos engañosas. En esto no es muy diferente el protagonista electoral a los de otras latitudes (Trump, Brexit, etc.). Por su naturaleza, el discurso político siempre apela a las emociones, pues lo que se persigue es cautivar al votante sin tener que explicar nada más que: la solución “soy yo.” No es necesario decir cómo o porqué.

El planteamiento es simple pero poderoso: el país funcionaba mejor cuando el gobierno federal lo centralizaba y controlaba todo, pero ahora, por las reformas de las últimas décadas, se generó una corrupción que explica todas las desviaciones. No importa el tema (criminalidad, crecimiento económico, pobreza o relaciones con Estados Unidos), la solución es acabar con la corrupción a través de la elección de Andrés Manuel López Obrador, cuya persona es imponente y, por lo tanto, susceptible de acabar con la corrupción meramente por su advenimiento. Todo el resto es comentario.

El planteamiento es emotivo: se busca atraer a quienes no se han incorporado, o no se han podido incorporar, a la economía digital, a las víctimas de la criminalidad y a los viejos sectores corporativos, para hacer posible la recreación de un pasado nostálgico, a pesar de una obviedad: el pasado no es repetible.

Hace unos veinte años tuve la oportunidad de charlar con don Antonio Ortiz Mena, secretario de hacienda en una de las eras más estables y de mayor crecimiento económico. La charla giró en torno a su estrategia como autor del «milagro mexicano.» Su explicación sigue resonando en mi cabeza hasta hoy: en esencia, me dijo que no había similitud posible con el momento en que a él le había tocado la responsabilidad financiera del país, porque antes las cosas eran, comparativamente, muy fáciles: el gobierno era todopoderoso, los tipos de cambio eran fijos, la economía estaba cerrada, el control sobre sindicatos, empresarios y prensa enorme y, en resumen, que la clave de su éxito en aquellos años había radicado en la disposición del propio gobierno a controlarse a sí mismo. O sea, un mundo absolutamente contrastante con el actual, en todos sentidos. Me impresionó su humildad y su claridad mental, que le llevaba a visualizar al mundo actual como radicalmente distinto al que a él le tocó protagonizar.

El gobierno del presidente Peña llegó decidido a recrear el pasado pero nunca lo pudo lograr y ahí se atoró. López Obrador está convencido que no sólo es posible sino necesario y por ello sus propuestas son todas retrospectivas y nostálgicas. A menos que esté dispuesto a destruir todo lo existente, no hay razón para pensar que a él le irá mejor.

Estos tiempos electorales le obligan al elector a dilucidar entre las opciones, aquellas que persiguen resolver los entuertos que quedan o aceptar la solución nostálgica, cada una con sus consecuencias.

Me pregunto si sería posible lidiar con las emociones y, al mismo tiempo, avanzar el desarrollo del país. Parte de la razón por la que la nostalgia es tan atrayente es el hecho que, a pesar de haber avanzado en algunos frentes, la población se siente acosada y paralizada. Enfrentada a la criminalidad y a la aparente ausencia de opciones, la nostalgia se vuelve extraordinariamente seductora.

La única forma de romper el círculo vicioso es salir de ahí: confrontar a la nostalgia con un proyecto distinto que, construyendo sobre lo existente, plantee soluciones y no retornos a lo que dejó de funcionar, oportunidades en lugar de utopías. Esto puede implicar un nuevo arreglo federal, reformas sociales de diversa índole o iniciativas políticas y económicas que hagan posible la consecución de un nuevo estadio educativo, de infraestructura y de salud, pero sobre todo una nueva visión.

Hasta ahora, por varias décadas, toda la estrategia gubernamental, independientemente de persona o partido, se ha abocado a mejorar marginalmente lo existente, pero siempre sin romper con el statu quo político. Quizá sea tiempo de replantear el arreglo político, pues es ahí donde todo se ha atorado. Un nuevo régimen político no implica la destrucción de lo existente, pero sí entraña una modificación fundamental: ante todo, cambia el para qué del gobierno y, por lo tanto, de sus prioridades.

Si la prioridad ya no es la preservación del statu quo a cualquier costo, las oportunidades se tornan infinitas y las promesas, que apelan a las emociones, se vuelven creíbles. Todo mundo sabe que lo esencial es seguridad física y patrimonial, certeza jurídica, eliminación de las causas de la corrupción, educación de verdad e infraestructura (en el sentido más amplio) para un gran futuro. Todo mundo lo sabe pero un gobierno tras otro ha soslayado esa responsabilidad. La clave radica en romper con los círculos viciosos en que llevamos décadas sumidos y que, a pesar de avances reales, muchos enormes, mantienen paralizado y desmoralizado al país. No es ciencia del espacio, pero sus implicaciones casi lo son.

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