En el corazón de la disputa política que hoy concluye se encuentra la gran ausencia que México padece desde hace décadas: capacidad de gobierno o gobernabilidad. Esa capacidad de actuar y resolver desapareció en la vorágine que produjo una combinación letal de circunstancias -crisis financieras, (casi) hiperinflación, globalización, crimen organizado y ceguera de la clase política- entre los setenta y lo que va del milenio. En lugar de soluciones, la parálisis condujo al declive de las capacidades gubernamentales y esto generó una interminable nostalgia.

La nostalgia, esa añoranza por un pasado mítico, es fácilmente explicable por las carencias y complejidades cotidianas que padece la población: inseguridad, malos servicios públicos, pésima educación, pobreza. Pero la nostalgia fácilmente se puede convertir en un instrumento propagandístico de control político y no de buen gobierno.

El gobierno que emergió de la gesta revolucionaria era más autoritario que institucional, circunstancia que le permitió lidiar eficazmente con la criminalidad y asignar recursos de manera discrecional, todo lo cual favoreció algunas décadas de estabilidad política y crecimiento económico. Al mismo tiempo, su inherente rigidez le impidió adaptarse a los cambios que ocurrían tanto dentro del país como en el entorno externo.

Y esos cambios acabaron minando sus estructuras, tornándolo cada vez más ineficaz. Las primeras manifestaciones fueron las crisis económicas de los setenta, las insuficientes y, en ocasiones, inadecuadas reformas de los ochenta y la crisis de seguridad a partir de los noventa. Todos estos factores fueron producto de cambios en el entorno externo que el gobierno mexicano no tenía capacidad -o disposición- a enfrentar. En una palabra, México no se preparó para los cambios que se dieron en Colombia y Estados Unidos y que tuvieron el efecto de alterar los patrones de operación del crimen organizado; ni creó condiciones integrales para que todo el país se insertara exitosamente en el mundo de la globalización. Ambos fenómenos transformaron al mundo, pero en México el gobierno no se adaptó y así fue incapaz de evitar la crisis de seguridad o de generar un marco para una mejor distribución de los beneficios de la globalización.

En este contexto, es fácil caer en la nostalgia de regresar a un mundo en que las cosas aparentemente funcionaban, donde la economía crecía y no había violencia: un momento en la historia que es irrepetible. La nostalgia por la estabilidad viene de la mano del sueño de mando unipersonal, el control de la población y el sometimiento de los sindicatos y de los empresarios; le permite al votante imaginar una solución mágica a los problemas que le aquejan, sin costo alguno.

A quienes viven en ese momento idílico del pasado les es imposible comprender que el mundo cambió no por nuestra voluntad sino porque se dieron circunstancias que acabaron con los sustentos de aquella era: la tecnología evolucionó de manera prodigiosa, las comunicaciones aceleraron los intercambios y la integración de los procesos productivos elevó las economías de escala, mejorando la calidad de los bienes y su precio. Quien maneja un automóvil en la actualidad no puede concebir que hace treinta años había que llevar los coches al taller cada rato porque las descomposturas eran frecuentes: la vida ha mejorado dramáticamente.

El reto es corregir los males del presente sin crear una mega crisis y eso requiere del reconocimiento que no hay más recursos; la (supuesta) austeridad de los gobiernos de los ochenta hacia acá no fue producto de su deseo, sino de falta de alternativa. Hubo poca austeridad y no hubo ahorros.

Es evidente que los mexicanos vivimos contradicciones interminables. Las cosas no están organizadas para que sea fácil prosperar: todo se hace difícil por burocratismos, intereses dedicados a obstaculizar la vida cotidiana y gobernantes cuidando más de sus propios asuntos que de generar condiciones para el desarrollo. Esto habla de la necesidad de un cambio político para que la economía prospere.

Las estructuras económicas que tenemos han hecho posible que vastas regiones del país crezcan a tasas asiáticas, pero las viejas estructuras políticas y sociales han preservado cacicazgos y, con ello vastos espacios de pobreza. No ha habido un gobierno capaz de romper obstáculo: el problema no es el modelo económico en sí, sino los impedimentos políticos que mantienen a estados como Oaxaca y Chiapas paralizados. La disyuntiva no radica en reconstruir el pasado manteniendo lo bueno del presente, algo imposible, sino en cambiar los vectores actuales para hacer posible el desarrollo. Y este es el gran desafío político hacia adelante.

La paradoja de esta elección radica en que las regiones que sufren son aquellas en las que el modelo económico tan criticado no ha sido implementado. La inequidad y la pobreza son producto de intereses intrincados: cambiar esa realidad implica un cambio de régimen con dos características: un gobierno moderno y funcional y un régimen de legalidad.

La nostalgia, dice un religioso, “es una forma de indulgencia. Como todos los miembros del clero saben, las indulgencias vienen con un alto precio.”

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«Quien piense que las cosas no se pueden poner peor no conoce la historia de Argentina,» dice el agudo observador David Konzevik. En 1913, Argentina ocupaba el décimo lugar del mundo en producto per cápita; hoy se encuentra en el lugar 57. La razón: décadas de malas políticas económicas ostensiblemente dirigidas a resolver problemas de corrupción, bienestar y pobreza. En lugar de avanzar, el país se ha retraído y los argentinos han ido de crisis en crisis por más de un siglo. Cuando escucho que «las cosas ya no podrían estar peor,» recuerdo la historia de Argentina: podrían estar mucho peor, muy rápido. Solo pregúntele a los venezolanos, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, que hoy viven en la miseria, la desesperanza y la peor crisis social y política de su historia.

La contienda en que estamos inmersos tiene tres dinámicas claramente diferenciables: primero, la disputa entre el futuro y el pasado; segundo, el desenvolvimiento de la administración del presidente Peña y la percepción de corrupción abrumadora que de ella emana; y, tercero, las personas de los candidatos, sus virtudes y defectos. Cada uno de estos elementos contribuye a las percepciones que la ciudadanía tiene de los candidatos mismos y de la forma de votar.

La disputa entre el futuro y el pasado yace en el corazón de esta contienda: se trata de dos proyectos y perspectivas de país los que presentan, por una parte, Anaya y Meade y, por la otra, AMLO. Los primeros, cada uno con sus características y capacidades, coinciden en la necesidad de construir el país del futuro por medio de su transformación integral, con la mira hacia el futuro y siguiendo a los países más exitosos.

AMLO, por su parte, plantea un retorno a los orígenes: el país funcionaba mejor antes cuando no se pretendía la modernidad, cuando el gobierno imponía su visión sobre la sociedad y el presidente era todopoderoso. Su planteamiento parte del principio que las cosas estaban bien y que las reformas que comenzaron en los ochenta le dieron al traste al desarrollo que el país ya estaba logrando. Su modelo es el México de entonces; el problema es que la sensación de certidumbre que da el pasado no resuelve la pobreza, la desigualdad ni la falta de crecimiento.

Independientemente de la viabilidad de cualquiera de los planteamientos, explícitos o implícitos, de los candidatos, se trata de dos maneras de ver y entender al mundo radicalmente distintas. Así, esta elección no es sobre políticas concretas sino sobre la dirección que debe seguir el país en el futuro: hacia adelante o hacia atrás.

La administración del presidente Peña es un factor central de la elección de este año, esencialmente por sus carencias, pero sobre todo por su distancia respecto a la realidad cotidiana de la población. Sus campañas publicitarias -en resumen, ya no molesten- y sus paseos por el país revelan una absoluta incapacidad para comprender el enojo de la ciudadanía con la corrupción, la desidia y el desinterés por la vida diaria del mexicano. El resultado es que un componente nodal de esta elección será el enojo con Peña frente al miedo a retornar al pasado que entraña AMLO. El enojo con Peña es real; por lo tanto, el futuro de Meade depende de ser percibido como independiente del presidente. El futuro de Anaya depende de que pueda convencer de su capacidad para ser presidente. Meade y Anaya han tratado de diferenciarse entre sí a la vez que buscan presentarse como personajes del futuro. Hasta hoy, ninguno ha crecido lo suficiente como para diferenciarse entre sí y tornarse en una opción real frente al electorado.

La naturaleza de los candidatos mismos es clave en la elección. En orden alfabético, Anaya ha sido un legislador exitoso y encabeza una coalición de fuerzas políticas y partidos que hace tiempo hubiera sido considerada inconcebible, pero su tesón y rudeza lo llevó a donde está. López Obrador lleva décadas en la política, fue un exitoso jefe del gobierno del DF y ha logrado mantenerse en el pandero porque ha demostrado integridad y honestidad como persona, a la vez que plantea las preguntas relevantes que México todavía tiene que resolver, como pobreza, desigualdad y crecimiento económico. Meade ha sido funcionario gubernamental por décadas, conoce mejor que nadie los vericuetos de la burocracia y tiene una visión clara y estructurada de los desafíos que enfrenta el país.

En los estudios norteamericanos sobre su presidencia, una rama de la ciencia política de vieja raigambre, el elemento clave con el que se evalúa a los presidentes es su «carácter,» un término que se traduce como entereza; cómo lidiaría ante problemas que no son previsibles o anticipables y que obligan a la persona a responder, momento en el cual es la entereza lo único que cuenta. Es en esas condiciones que emergen figuras como Lincoln y que los convierten en parangones de liderazgo e integridad.

Los mexicanos tenemos frente a nosotros una elección que conjuga visiones radicalmente distintas del mundo, personalidades con historias y habilidades contrastantes y una decisión fundamental que determinará hacia dónde iremos. ¿Resolveremos los problemas del país o repetiremos la historia de Argentina?

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México es una contradicción andante. Se han implementado ambiciosísimas reformas y, sin embargo, los resultados, al menos en promedio, no son encomiables. El problema es el promedio: el país vive contrastes extremos entre un sur pobre que apenas se mantiene vivo y un norte que crece a tasas casi asiáticas. Hay regiones enteras que se han transformado, hay una industria híper moderna que compite con las mejores del mundo, hay ejemplos de virtud en el desempeño de las funciones de gobiernos locales y, por supuesto, empresas mexicanas que son exitosas dentro y fuera del país. ¿Cómo es posible que convivan estos extremos?

Hay partes del país que funcionan como en el primer mundo y hay fuerzas -tradiciones, intereses y grupos poderosos, tanto económicos como políticos y sindicales- que han logrado atorar cambios y reformas para preservar el statu quo. En la práctica, esto implica que, mientras una parte de la población -y del país en general- prospera, hay otra que experimenta un deterioro continuo en los niveles de vida. En otras palabras,  son dos verdades indisputables y realidades contrastantes con las que los mexicanos convivimos todos los días.

Si uno observa el crecimiento del PIB per cápita, las exportaciones, el empleo formal o el acceso a Internet, por citar indicadores obvios, el país ha avanzado de manera definitiva. Por otra parte, los rezagos son igualmente evidentes, como se puede apreciar en las tasas contrastantes de crecimiento entre Oaxaca y Aguascalientes, los dos casos más extremos. Las disparidades en la economía mexicana son pasmosas tanto en términos de desempeño como de actitud, ambos producto de una realidad que no es coherente ni consistente.

Tanto la disfuncionalidad política como la transformación económica son reales; de hecho son dos caras de una misma moneda: la combinación de sobre concentración del poder con gobierno disfuncional (donde lo primero explica a lo segundo) lleva a la parálisis porque impide la institucionalización del poder. Las leyes y reglas del juego cambian de acuerdo a las preferencias de quien se encuentra en el gobierno, lo que se convierte en la fuente de disfuncionalidad y causa de la ausencia de instituciones capaces de ejercer funciones autónomas y de contrapeso. Estos fenómenos son históricos y el sistema emanado de la Revolución los agudizó.

Por otra parte, el crecimiento del país en términos tanto económicos como demográficos generó una dislocación del sistema político tradicional porque los viejos mecanismos de control dejaron de ser funcionales.  Lo paradójico es que la respuesta que han dado sucesivos gobiernos a la pérdida de capacidad de gobernar y la consecuente desaparición de la legitimidad del Estado no ha consistido en el reforzamiento o reconstrucción de las capacidades del propio gobierno o, incluso, la redefinición de sus funciones, sino en la adopción de parches, componendas y soluciones temporales.

El punto de todo esto es que el problema del país no es económico sino político. Si uno ve las cifras agregadas de crecimiento, la economía ha experimentado un desempeño patético (de 2% anual en promedio); sin embargo, si uno ve región por región, hay partes del país que experimentan una transformación inconcebible. La pregunta relevante es: ¿por qué no crece a la misma velocidad el sur del país? La realidad es que las reformas emprendidas desde los ochenta hasta la actualidad han sido transformadoras donde ha habido liderazgo (político o empresarial); por otro lado, donde las estructuras político-sociales se han enquistado y privilegian a grupos retardatarios como sindicatos, burócratas y empresarios tradicionales, el crecimiento ha sido muy bajo o nulo.

El asunto acaba siendo político, no económico. La economía del país va bien y podría ir mucho mejor de llevarse a cabo profundas reformas políticas. En este sentido, la propuesta de AMLO de echar para atrás las reformas económicas no haría sino empobrecer al país. Si lo que quiere es resolver los entuertos que nos caracterizan, debería estar proponiendo una reforma política de avanzada que tenga por ejes medulares la institucionalización del poder, la construcción de pesos y contrapesos y la apertura del sistema político a la participación abierta y activa de la ciudadanía. No lo hace porque su visión es la de concentrar el poder. Es decir, no reconoce que el país ha avanzado en lo económico y su problema es justamente la parálisis y disfuncionalidad política.

México ha sido un caso peculiar de transformación parcial e incompleta. Muchas naciones han procurado reformas, pero pocas han sido tan parciales en su proceso de reforma como nosotros. Chile, España, Corea y otras naciones paradigmáticas asumieron la modernización como un proceso integral; aunque evidentemente han encontrado problemas y crisis en el camino, su instinto ha sido el de reformar más para poder avanzar. En México, las reformas económicas se emprendieron para no reformar la estructura del poder y ese es el problema que yace en el corazón de nuestro “mal humor social.” Anular las reformas destruiría lo que sí funciona.

La solución está ahí: en una reforma integral, no en la recreación del desarrollo estabilizador.

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03 Jun. 2018

La nostalgia es perniciosa como guía de acción para los gobernantes, pero eso no parece disuadirlos. La noción de que se puede recrear un pasado que, en retrospectiva, parece idílico, tiene un atractivo tan obvio, que invita a crear utopías mentales y propuestas que capturan las emociones, pero no por eso resultan menos engañosas. En esto no es muy diferente el protagonista electoral a los de otras latitudes (Trump, Brexit, etc.). Por su naturaleza, el discurso político siempre apela a las emociones, pues lo que se persigue es cautivar al votante sin tener que explicar nada más que: la solución “soy yo.” No es necesario decir cómo o porqué.

El planteamiento es simple pero poderoso: el país funcionaba mejor cuando el gobierno federal lo centralizaba y controlaba todo, pero ahora, por las reformas de las últimas décadas, se generó una corrupción que explica todas las desviaciones. No importa el tema (criminalidad, crecimiento económico, pobreza o relaciones con Estados Unidos), la solución es acabar con la corrupción a través de la elección de Andrés Manuel López Obrador, cuya persona es imponente y, por lo tanto, susceptible de acabar con la corrupción meramente por su advenimiento. Todo el resto es comentario.

El planteamiento es emotivo: se busca atraer a quienes no se han incorporado, o no se han podido incorporar, a la economía digital, a las víctimas de la criminalidad y a los viejos sectores corporativos, para hacer posible la recreación de un pasado nostálgico, a pesar de una obviedad: el pasado no es repetible.

Hace unos veinte años tuve la oportunidad de charlar con don Antonio Ortiz Mena, secretario de hacienda en una de las eras más estables y de mayor crecimiento económico. La charla giró en torno a su estrategia como autor del «milagro mexicano.» Su explicación sigue resonando en mi cabeza hasta hoy: en esencia, me dijo que no había similitud posible con el momento en que a él le había tocado la responsabilidad financiera del país, porque antes las cosas eran, comparativamente, muy fáciles: el gobierno era todopoderoso, los tipos de cambio eran fijos, la economía estaba cerrada, el control sobre sindicatos, empresarios y prensa enorme y, en resumen, que la clave de su éxito en aquellos años había radicado en la disposición del propio gobierno a controlarse a sí mismo. O sea, un mundo absolutamente contrastante con el actual, en todos sentidos. Me impresionó su humildad y su claridad mental, que le llevaba a visualizar al mundo actual como radicalmente distinto al que a él le tocó protagonizar.

El gobierno del presidente Peña llegó decidido a recrear el pasado pero nunca lo pudo lograr y ahí se atoró. López Obrador está convencido que no sólo es posible sino necesario y por ello sus propuestas son todas retrospectivas y nostálgicas. A menos que esté dispuesto a destruir todo lo existente, no hay razón para pensar que a él le irá mejor.

Estos tiempos electorales le obligan al elector a dilucidar entre las opciones, aquellas que persiguen resolver los entuertos que quedan o aceptar la solución nostálgica, cada una con sus consecuencias.

Me pregunto si sería posible lidiar con las emociones y, al mismo tiempo, avanzar el desarrollo del país. Parte de la razón por la que la nostalgia es tan atrayente es el hecho que, a pesar de haber avanzado en algunos frentes, la población se siente acosada y paralizada. Enfrentada a la criminalidad y a la aparente ausencia de opciones, la nostalgia se vuelve extraordinariamente seductora.

La única forma de romper el círculo vicioso es salir de ahí: confrontar a la nostalgia con un proyecto distinto que, construyendo sobre lo existente, plantee soluciones y no retornos a lo que dejó de funcionar, oportunidades en lugar de utopías. Esto puede implicar un nuevo arreglo federal, reformas sociales de diversa índole o iniciativas políticas y económicas que hagan posible la consecución de un nuevo estadio educativo, de infraestructura y de salud, pero sobre todo una nueva visión.

Hasta ahora, por varias décadas, toda la estrategia gubernamental, independientemente de persona o partido, se ha abocado a mejorar marginalmente lo existente, pero siempre sin romper con el statu quo político. Quizá sea tiempo de replantear el arreglo político, pues es ahí donde todo se ha atorado. Un nuevo régimen político no implica la destrucción de lo existente, pero sí entraña una modificación fundamental: ante todo, cambia el para qué del gobierno y, por lo tanto, de sus prioridades.

Si la prioridad ya no es la preservación del statu quo a cualquier costo, las oportunidades se tornan infinitas y las promesas, que apelan a las emociones, se vuelven creíbles. Todo mundo sabe que lo esencial es seguridad física y patrimonial, certeza jurídica, eliminación de las causas de la corrupción, educación de verdad e infraestructura (en el sentido más amplio) para un gran futuro. Todo mundo lo sabe pero un gobierno tras otro ha soslayado esa responsabilidad. La clave radica en romper con los círculos viciosos en que llevamos décadas sumidos y que, a pesar de avances reales, muchos enormes, mantienen paralizado y desmoralizado al país. No es ciencia del espacio, pero sus implicaciones casi lo son.

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 “Los próximos cinco años serán clave en las decisiones que tomemos para mover a México hacia una economía del conocimiento,” afirman José Antonio Fernández y Salvador Alva en su reciente libro Un México Posible. La afirmación parecería de Perogrullo, pero choca con el entorno imperante: unos se congratulan de las reformas y avances que se han logrado, en tanto que los otros critican los efectos no deseados (ni deseables) de los cambios promovidos, entre lo que incluyen los que son resultado del cambio tecnológico que arrastra al mundo. Tan concentrados en el pasado, pocos reparan en los retos que el país enfrenta hacia adelante y sus implicaciones, algunas de ellas ominosas.

El argumento central del libro es que, para ser exitoso, el país tiene que transformar su sistema educativo a fin de incorporarse en pleno a la economía del conocimiento, que es donde se encuentra, cada vez más, la creación de valor y, por lo tanto, de riqueza y empleos. Sin ese enfoque, el país quedará atrapado en el pasado y en la pobreza. Por eso, dicen los autores, es absurdo vanagloriarse fuera de contexto: es posible que hayamos realizado muchas reformas, incluso algunas trascendentes pero, en la medida en que otras naciones hayan ido más lejos y más rápido, en lugar de avanzar, nos retrasamos.

El mundo cambia, y lo hace de manera acelerada, y nosotros seguimos discutiendo si la modestísima reforma educativa de este sexenio debe ser avanzada o desmantelada. Muchas naciones, sobre todo desarrolladas, se están enquistando y orientando por el espejo retrovisor, pero las naciones que realmente nos deberían importar –como el sudeste asiático, India y China- van corriendo para intentar ocupar los espacios que abandonan los países ricos.

En Corea y Tailandia el debate educativo es sobre cómo ir más rápido que sus competidores para poder agregar un mayor valor, no cómo proteger el statu quo. Los niños de hace cincuenta años competían por los empleos y las oportunidades con sus pares de escuela; hoy, un niño que cursa primaria competirá con egresados de escuelas en Mumbai, Lagos o Helsinki. El espacio de competencia es el mundo y la clave es el consumidor, no el productor, lo que evidencia lo absurda -y a-histórica- de la noción de retornar a un pasado aparentemente certero.

Más allá de la persona que gane las elecciones, los desafíos que enfrenta el país no dejan de estar ahí; un presidente puede desear que el país se acomode a su estrecha visión, pero eso no cambia la realidad. Por eso, en esta era, no existen soluciones únicas ni garantías permanentes.

El debate electoral ha enfatizado el hecho evidente que los beneficios de las reformas de las últimas décadas -tardías en casi todos los casos- no se han distribuido de manera equitativa. La gran pregunta es qué hacer al respecto. Una posibilidad, la que promueve AMLO, consistiría en refugiarnos en un pasado incierto e idílico (que, por cierto, desapareció porque no funcionaba). De triunfar AMLO ¿ganarían los radicales que representa Taibo o el pragmatismo que AMLO mostró en el DF? En todo caso, ambas perspectivas son inadecuadas e insuficientes para el reto actual.

Cuando la tecnología cambia a la velocidad de la luz y la población está tan informada como el más consolidado de los gobernantes, las soluciones tienen que ser descentralizadas, es decir, deben conferirle el mayor peso de las decisiones a ciudadanos íntegramente formados con las habilidades necesarias para adaptarse de manera constante y sistemática. La apuesta debe ser por un sistema educativo radicalmente distinto al existente y a un sistema político abierto porque ningún gobernante, ni el presidente más sabio y consumado, tiene la capacidad, o la posibilidad, de entender esa enorme y cambiante complejidad. En lugar de centralizar, es imperativo apostar por habilidades para un mundo cambiante donde la única constante es la intensa y creciente competencia. La pretensión de refugiarnos en el pasado es patética.

Un México Posible ofrece una salida infinitamente más racional y efectiva: sólo una descentralización, pero real, de las decisiones podría cambiar la dirección del país y esto implica, en la práctica, “empoderar” a la población con las capacidades necesarias para poder competir en el mundo del siglo XXI. Es decir, reconocer que no hay varita mágica que permita enfrentar los problemas de desigualdad y pobreza, que son reales y lacerantes; más bien el énfasis debe colocarse en una estrategia de capital humano que otorgue a las personas en lo individual la capacidad de decidir sobre su propio futuro.

Centralizar el poder y el control suena atractivo, pero sólo si estuviésemos en Moscú en 1923. La realidad de hoy, que nadie puede evitar por más que quiera, es que sólo las personas en lo individual pueden enfrentar sus problemas. Obviamente, el gobierno debe crear condiciones para que eso suceda. México claramente ha fallado en proveerle a cada ciudadano la oportunidad para ser exitoso. Centralizar el control no hace sino posponer la solución y, de hecho, la hace todavía más difícil. La salida, guste o no, es una educación del primer mundo que le confiera, a cada ciudadano, capacidades efectivas para resolver sus problemas.

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El mundo cambia cuando la gente se acostumbra a lo inaceptable, cuando ve como natural lo que no es, como la inseguridad. En lugar de protestar, exigir y demandar la construcción de un sistema de seguridad que atienda las necesidades e intereses de la ciudadanía, los mexicanos nos vamos acostumbrando a vivir bajo el yugo del crimen organizado en sus diversas variantes. El gobierno, de hecho, los gobiernos de las últimas décadas, han sido incapaces de proveer una solución y han acabado tan derrotados y complacientes como todos los demás. En lugar de liderazgo efectivo, los mexicanos hemos tenido derrotistas en jefe. La promesa de negociar con los narcos y darle amnistía a los criminales es otra faceta de ello: más de lo mismo, o peor.

La gente se ajusta y adapta al ambiente, una característica inherente a la raza humana. Para la seguridad, esa característica constituye un enorme peligro porque implica que desaparece el clamor por un régimen de seguridad que satisfaga a la población y haga posible una transformación integral.

El fenómeno es ubicuo. La economía informal ejemplifica los costos de acostumbrarnos a lo que no debe ser: en lugar de progresar y prosperar, quienes viven en la informalidad acaban atrapados en ella y, aunque puedan generar un ingreso, se constituyen en clientelas que incentivan a los políticos a preservar un orden (desorden) que no tiene salida. Lo mismo es cierto de la corrupción, que puede satisfacer una necesidad inmediata (como realizar un trámite), pero conlleva la consecuencia de que esos trámites jamás se eliminan o mejoran. Las policías privadas, los muros cada vez más altos y las púas no son sino subterfugios que quitan la presión sobre quien debería resolver el problema y promover la convivencia pacífica.

En la medida en que la ciudadanía se distancia del mundo de reglas y, en general, de la ley, las instituciones gubernamentales dejan de ser relevantes, agudizando la crisis de confianza y credibilidad que nos acecha. El atractivo que representa AMLO para muchos potenciales votantes no radica en ideas originales y positivas que no tiene, sino precisamente en lo contrario: ya que nada de eso sirve, mejor enquistémonos en los “usos y costumbres” que impiden resolver los problemas reales. Cuando uno cruza ese umbral, se diluye la viabilidad de la construcción de un sistema democrático de pesos y contrapesos, se degradan las instituciones políticas y, en última instancia, como diría Max Weber, los criminales acaban siendo el Estado porque ellos son quienes ostentan el monopolio de la fuerza. Fenómenos como los de alianzas partidistas extrañas, saltamontes sin principios y confianza fundamentada en creencias en vez de instituciones, son manifestaciones obvias del deterioro que hemos experimentado.

Las propuestas de candidatos y gobernantes recientes se remiten a reformas a las leyes y regulaciones existentes (una favorita es la del mando único) así como instituciones, como ilustra la reforma judicial y policial. Todos estos son esfuerzos legítimos pero, como muestra Colombia, quizá el ejemplo más exitoso de transformación en esta materia, nada de eso cambia la realidad sino hasta que el gobierno asume su papel como garante de la seguridad ciudadana y está dispuesto a transformar la realidad institucional que yace, a final de cuentas, detrás del caos de ilegalidad e inseguridad imperante. En Colombia, una serie de gobiernos sucesivos transformaron al país porque reconocieron que el problema no eran los criminales sino la falta de Estado y, por lo tanto, que la única forma de salir adelante consistía en construir, de hecho, un nuevo Estado, con todo lo que eso implica*.

Meramente reformar instituciones existentes en un entorno general de ilegalidad, informalidad, impunidad y corrupción no hace sino impedir soluciones. Una reforma trascendente -policial, judicial, etc.- sólo será exitosa en la medida en que se inscriba en un contexto de transformación general del régimen político. En contraste con las propuestas extremas -igual amnistiar a todos que mano dura- Colombia mostró que no hay caminos intermedios: se transforma al gobierno en su integridad o todos los esfuerzos que se hagan acaban retornando al mismo lugar. Los avatares de la policía federal en estos años ilustran este fenómeno de manera por demás nítida.

México vive momentos críticos y trascendentes. La inseguridad crece y se nutre de la inacción gubernamental y de la ausencia de propuestas conducentes a resolverla. Se pretende preservar lo que funciona -como ilustra la épica negociación del TLC- pero no se plantea una solución integral al problema de inseguridad que, inexorablemente, reduce el potencial de inversión en el país, para no hablar del efecto sobre la ciudadanía. El riesgo de acabar en una “nueva normalidad” de inseguridad permanente no es pequeño y, a juzgar por las propuestas de negociación y amnistía, el de acabar en un Estado narco es inmenso.

Hablando de la viveza criolla, Jorge Luis Borges criticaba ese espíritu de legalidad burlada o ilegalidad acomodada que caracteriza a nuestra cultura. Ser vivo, decía el escritor argentino, no implicaba dejar de ser ignorante. Eludir soluciones reales y urgentes si lo es.

* Ver Una estrategia de seguridad pública para proteger a la ciudadanía, en comexi.org

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