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Luis Rubio
septiembre 1, 2022

La característica más patente del subdesarrollo es la ubicuidad del binomio escasez-dispendio. Pocos gobiernos ejemplifican mejor la existencia de este binomio como el de México. Lo que distingue al actual sexenio de todos los que me ha tocado observar es la ausencia de un proyecto para el desarrollo del país. Algunos gobiernos han tenido proyectos demasiado ambiciosos, otros meramente ideológicos; algunos faltos de ambición, otros eran irreales o inviables. Pero ninguno carecía de un esquema orientado a lograr mayor prosperidad y mejores niveles de vida. El gobierno actual ha logrado no sólo el empobrecimiento de cada vez más mexicanos, sino el despilfarro de recursos y la ausencia de oportunidades de progreso. Han convivido en él la escasez y el dispendio, inexorable prueba de retroceso.

Para el presidente López Obrador el desarrollo se logra casi por ósmosis: el gobierno concentra todo el poder y el resto ocurre de manera automática. En lugar de estrategias, inversiones o legislación, lo que hay es una manipulación narrativa dedicada a nutrir una base electoral, junto con tres proyectos de inversión que no sólo no son ambiciosos, sino que no tienen sentido estratégico alguno ni para el país ni para las regiones donde se instalan. Estamos frente a un proyecto político de poder, no de desarrollo.

La pandemia inexorablemente afectó tanto a la actividad económica como a la función gubernamental. Pero no cambió las prioridades de inversión del gobierno, todas ellas concebidas antes, sin mayor debate. El gasto ejercido hasta ahora ha sido posible por las dos décadas previas de construcción institucional, que dieron por resultado una estructura financiera estable, un perfil de deuda muy cómodo para el erario, fondos y fideicomisos para casos de emergencia, como recesiones económicas o desastres naturales. Sin eso, el gobierno actual jamás habría podido desviar hacia sus clientelas favoritas recursos que se dedicaban antes a promover la inversión en infraestructura, generación de electricidad, etcétera. El presidente habla de austeridad, pero la austeridad no existe: los recursos se siguen gastando, pero ahora con un criterio de rentabilidad electoral y política, no de desarrollo económico.

Los hechos no son favorables al presidente y su proyecto. Los números muestran una enorme desmesura en las políticas emprendidas tanto por su costo intrínseco como por lo que los economistas denominan “costo de oportunidad”, es decir: la inversión que no se realizó por haber privilegiado otras prioridades.

El gobierno actual diseñó cuatro proyectos emblemáticos. Su costo debe medirse de tres maneras. En primer término, por la inversión misma: ¿es adecuada?, ¿contribuye al desarrollo del país o a resolver problemas fundamentales, así sea en el largo plazo? En segundo lugar, ¿qué otras opciones existían?, ¿los proyectos emprendidos fueron los mejores o se pudieron haber empleado esos mismos recursos de una mejor manera? Finalmente, pero igual de importante, ¿qué consecuencias tuvieron las inversiones elegidas?, ¿cuál fue su rendimiento?

La primera pregunta que se hace cualquier funcionario que se respete es si la inversión que piensa hacer es la mejor posible, ¿cuál es su costo y cuál su beneficio esperado? ¿Hay mejores opciones? Si las hay, ¿cuánto cuestan? El punto es determinar la mejor probabilidad de avance en el bienestar de la población, cosa que no puede ocurrir cuando el análisis del costo de oportunidad no existe o la decisión se reduce a un dogma o a una convicción que no parte de la realidad.

Ilustración: Víctor Solís

El aeropuerto

No hay mejor ejemplo de dispendio que el famoso aeropuerto Felipe Ángeles con sus tres costos: el de construirlo, el de destruir el NAICM —que llevaba cerca de 40 % de avance— y el de tener que construir en el futuro otro aeropuerto porque la combinación de los dos actuales (AIFA y AICM) es disfuncional e insuficiente.

El gobierno se ha distinguido por la opacidad en el manejo de las inversiones públicas, así que es necesario estimar los costos a partir de la (poca) información disponible. Según la Cuenta Pública, se han aprobado para el aeropuerto de Santa Lucía 95 000 millones de pesos, poco menos de 5000 millones de dólares al tipo de cambio actual (ver tabla 1).

Tabla 1

Fuentes: https://bit.ly/3T3nN1B, https://bit.ly/3QFQPTy y https://bit.ly/3CqV8h4

A este costo hay que agregar el de la destrucción del aeropuerto de Texcoco (NAICM), que incluye el repago a los tenedores de bonos por una cantidad cercana a los 16 000 millones de dólares, coincidente con la cifra de 331 996 millones de pesos de la Cuenta Pública de 2019 reconocida por la Auditoría Superior de la Federación.

Como saben todos los usuarios del viejo aeropuerto (AICM), aunque al parecer no el presidente, tarde o temprano se requerirá un nuevo aeropuerto que reemplace al actual y que no será el de Santa Lucía, en tanto éste compite por el espacio aéreo con el viejo aeropuerto y porque adolece de sus mismos defectos: malos accesos y límites a su potencial de crecimiento. El nuevo aeropuerto costará al menos otros 16 000 millones de dólares. En suma: la mala decisión sobre el aeropuerto costará al menos unos 37 000 millones de dólares.

Dos Bocas

La información presupuestal sobre la Refinería de Dos Bocas es prácticamente nula. En la Cuenta Pública 2019 se reportó como aprobada una reserva de 48 200 millones de pesos.¹ Para ese año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un gasto de Pemex Transformación Industrial por 14 388 millones de pesos. Sin embargo, es imposible calcular el avance de las obras debido a la falta de bitácoras y metas.²

En la Cuenta Pública 2020³ y 2021,⁴ el proyecto de Dos Bocas Tabasco aparece en ceros tanto en la inversión aprobada como en la ejercida. A pesar de esto, para 2020 la ASF detectó pagos por 34 941 millones de pesos de Pemex Transformación Industrial para la nueva refinería. Asimismo, en la Cuenta Pública 2021⁵ se reporta un gasto de 74 975 millones de pesos para la construcción de la refinería de Dos Bocas (ejercicio del presupuesto de egresos de Pemex). En los mismos documentos de la Cuenta Pública de 2020 y 2021 no se reporta información al respecto.

Al mismo tiempo, en la Cuenta Pública 2021, en el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Energía,⁶ se precisa que 66 718 millones de pesos de los 316 354 millones transferidos de la Sener hacia Pemex se destinaron a actividades sustantivas y el resto al pago de deuda. Es posible que dichas actividades sustantivas correspondan a la construcción de la refinería, pero es imposible afirmarlo con certeza. En 2019 la Sener transfirió a Pemex 122 131 millones de pesos y 46 256 millones de pesos en 2020. Aunque en la Cuenta Pública no se especifica el destino, es posible pensar que parte se dedicó al pago de la deuda y otra parte a la refinería.

En suma: la información disponible sugiere que el gobierno ha dedicado hasta 331 000 millones de pesos a la refinería que, aunque recientemente inaugurada, está lejos de haber sido completada. Informaciones periodísticas argumentan que el costo final de la obra podría ascender a 18 000 millones de dólares.

El Tren Maya y el Corredor Transístmico

El Proyecto del Tren Maya se compone de cuatro líneas de inversión: una llamada Tren Maya, dos de estudios de preinversión y otra de reubicaciones de asentamientos. Entre todos, el monto total de inversión interanual es de 172 369 millones de pesos⁷ (ver tabla 2).

Tabla 2

Nota: Montos en millones de pesos reales de 2021

En el acumulado de 2019 a primer trimestre de 2022 se han gastado 70 627 millones de pesos, un avance del 41 % del monto global aprobado, o sea 3500 millones de dólares de un monto total aprobado de 5875.

El proyecto del Corredor Transístmico se reporta dividido en dos proyectos: el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V. y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para ambos se contempló en 2020 una inversión global de 11 076 millones de pesos reales. Este monto fue ampliado a 16 671 millones de pesos para 2021, pero en 2022 se redujo a 7239 millones de pesos, lo que podría indicar que ha perdido prioridad para el gobierno.⁸

En la práctica internacional, prácticamente no hay proyecto de inversión que se apegue a su presupuesto inicial, por lo que los sobregiros que experimentan muchos de estos proyectos no deberían sorprender a nadie. Desde luego, los sobregiros se pueden deber a malos proyectos (cosa probable dada la premura con que se decidieron), pero también a la corrupción, que nunca está ausente en los proyectos gubernamentales. Mucho más importante que los costos directos, lo imperativo es determinar si se trató de las mejores inversiones posibles, aquéllas susceptibles de generar el mayor beneficio para la población en materia de crecimiento económico, desarrollo y bienestar.

Proyectos chicos y caros

Si se comparan con la política de desarrollo más ambiciosa y trascendente del último medio siglo, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los proyectos descritos resultan pequeños, con poco efecto multiplicador y poca capacidad de generar riqueza, empleos o beneficios de largo plazo. El tiempo dirá, pero las perspectivas de los cuatro proyectos no son brillantes.

Los costos, en cambio, son enormes. Las estimaciones más recientes sugieren que la refinería costará cerca de 18 000 millones de dólares y que el Tren Maya alcanzará una cifra de entre 15 000 y 20 000 millones de dólares al tipo de cambio actual (ésta es la última información dada por el presidente en su conferencia del 26 de julio de este año). Como con el aeropuerto, la medición tiene que ser triple: lo que costarán los proyectos, la ecuación costo-beneficio y los efectos potenciales de largo plazo.

Si las tendencias actuales sobre los automóviles eléctricos se materializan (es decir: que el 50 % de los automóviles vendidos en 2030 serán eléctricos y el 100 % en 2040), lo mejor que se podría esperar de Dos Bocas es que opere máximo diez años: de mediados de los veinte a mediados de los treinta. O sea, un enorme dispendio.

El Tren Maya constituye una apuesta todavía más temeraria, toda vez que ni siquiera pasa por dos de las tres ciudades importantes de la península: Mérida y Campeche.

El aparente abandono en las inversiones para el Corredor Transístmico no auguran sino una obra inacabada: otra vez, dispendio.

La desmesura tiene muchas formas de cuantificarse, pero la esencial es aquella que se deriva de dogmas que nunca experimentaron criba alguna de realidad. Yo no sé si el aeropuerto de Texcoco se localizaba en el mejor lugar, pero no tengo duda alguna de que los dos aeropuertos que hoy existen comparten un mismo espacio aéreo y, por lo tanto, no suman sino restan. Todo para demostrar, como indicaba el título del libro que el presidente colocó junto a su sillón el día en que anunció la cancelación del aeropuerto, “quién manda aquí”.

Gracias a la ausencia de contrapesos, los presidentes mexicanos mandan en su sexenio y son propensos a los excesos, pero ninguno como el actual.

La soberbia y la arbitrariedad se mezclan para producir no sólo excesos, sino devoción por los mismos, la mejor medida de hubris, ese pecado capital de la política que tan costoso le ha salido al país a lo largo de su historia.

Durante años, el hoy presidente criticó el excesivo costo del rescate bancario, estimado en alrededor de 12 % del PIB. El costo de sus proyectos de inversión se acercará al 6 % de la economía. La diferencia es que aquél fue producto de una crisis mal manejada; éste fue intencional y autoinfligido.

Las apuestas del presidente

El gobierno del presidente López Obrador ha hecho tres apuestas fundamentales. La primera, los proyectos de infraestructura (la refinería, el Tren Maya, el Tren Transístmico y el aeropuerto), a lo que se suma la pretendida revitalización de Pemex, otro gran espacio de inversión sin retorno hasta la fecha. Estas iniciativas han avanzado contra lluvia y marea, pandemia y recesión, gracias a la convicción del presidente de que así se construye el futuro y se afianza su llamada cuarta transformación.

La segunda apuesta es al subsidio de la población que ha sido su base electoral (no siempre la más pobre o necesitada), y que confía que garantice la continuidad política-electoral de su proyecto de gobierno. Esa población refrendó su apoyo en la justa electoral intermedia (2021), pero mostró su verdadera dimensión en el referéndum revocatorio: luego de haber ganado la presidencia con poco más de 30 millones de votos en 2018, sólo 16 millones se manifestaron por el presidente López Obrador en 2022. La interrogante es si ese voto duro probará ser suficiente para lograr el objetivo último de garantizar la continuidad o legitimidad del proyecto.

La tercera apuesta es a la estabilidad económica-financiera del país, medida esencialmente en la forma de un tipo de cambio estable. Lo que muchos consideran una obsesión, particularmente quienes argumentaron con insistencia por un mayor gasto durante la pandemia, es producto de un cálculo político frío que se resume en la famosa frase de que “el presidente que devalúa se devalúa”. Para el presidente es claro que esta variable es trascendente para toda la sociedad mexicana y que, por lo tanto, es factor esencial en su proyecto.

La apuesta más grande, la inconfesa, es a que el país preserve su estabilidad política a pesar de la estrategia de polarización que ha caracterizado al presidente. A los acólitos del presidente les podría parecer una apuesta razonable y hasta justificada, pero ignoran tres factores que determinarán el devenir del gobierno y, en buena medida, del país en los próximos años: la sucesión presidencial de 2024; los mercados de exportación, clave para la estabilidad económica y social, ahora amenazada por la potencial disputa en materia de electricidad con nuestros socios comerciales; y la destrucción institucional, que benefició al presidente en el corto plazo, pero que eliminó toda la vertebración institucional que es crucial para atraer inversión productiva, tanto nacional como extranjera. Al final del día, el país sigue dependiendo de demasiadas apuestas.

Luis Rubio
Presidente de México Evalúa. Su libro más reciente es La nueva disputa sobre el futuro de México (Grijalbo).

Agradezco encarecidamente a Mariana Campos y a su extraordinario equipo de México Evalúa por su apoyo en la consecución de las cifras presupuestales que me hicieron favor de proveer.

¹ https://bit.ly/3dF2h39

² ASF. “Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas. Auditoría de Desempeño 409-DE”, https://bit.ly/3PBx9Ph

³ https://bit.ly/3K8aWr5

⁴ https://bit.ly/3CeUTG0

⁵ https://bit.ly/3AyN0tR

⁶ https://bit.ly/3QIDZ7e

⁷ Transparencia Presupuestaria

⁸ https://bit.ly/3T3nN1B

Luis Rubio

Luis Rubio

 REFORMA

Luis Rubio

La clave de la posesión de una bomba atómica es nunca emplearla: es la amenaza de su uso lo que disuade a quienes poseen semejante poder. Lo mismo ocurre con las negociaciones entre gobiernos en ámbitos como la inversión y el comercio. Aunque el riesgo es evidentemente menor porque lo que está de por medio no es la destrucción física del país, el presidente López Obrador no parece percibir riesgo alguno de elevar el nivel de confrontación en el asunto del diferendo en materia de energía con Estados Unidos y Canadá.

AMLO pudo destruir un aeropuerto incurriéndole al país un costo de 16 mil millones de dólares sin que pasara nada. No hubo la devaluación que muchos pronosticaban y el gobierno se abocó a esconder los costos directos lo mejor que pudo. Lo que no se puede esconder son los costos indirectos, esos que sólo se pueden apreciar en términos de la inversión que no se consumó, los empleos que no se crearon, el crecimiento económico que no se alcanzó. Estos costos podrían parecer etéreos para los integrantes del aparato gubernamental, pero son tangibles para todos esos mexicanos para los que cualquier posibilidad de prosperar se ve cada vez más remota o del todo inasible.

La lección que el presidente parece haber derivado del caso del aeropuerto de Texcoco fue que sus acciones no tienen consecuencias negativas. Sin embargo, visto en retrospectiva, es evidente que, primero, las consecuencias fueron enormes, como ilustra la parálisis que vive el país. Por otro lado, el aeropuerto fue una excepción, toda vez que se trató de un proyecto de una administración anterior, fuertemente criticado por el entonces candidato presidencial López Obrador. Es decir, el presidente podía clamar legitimidad para su decisión, eso independientemente del costo que pudiese entrañar.

El caso del diferendo en materia eléctrica en nada se asemeja al aeropuerto. En su (casi) quinto año de gobierno, el presidente no puede suponer que nuestros socios comerciales y los inversionistas involucrados, así como los potenciales, aceptarían la noción de que se trata de una legislación del gobierno anterior. El tratado vigente, el TMEC, fue ratificado ya en este sexenio y es ley. Ante esto, el gobierno mexicano tiene dos opciones: una es buscar un arreglo que le permita a todas las partes salvar cara, como ocurrió con los gasoductos en 2019, otro pleito innecesario. La otra consistiría en la opción nuclear: salir del tratado.

Algunos han hablado de un “Mexit,” arguyendo que el costo de romper con la Unión Europea para el Reino Unido no ha sido elevado. Esa historia, como la del sexenio del presidente López Obrador, todavía está por escribirse, pero el ejemplo del Brexit es más relevante de lo que uno pudiera imaginar. Para comenzar, el caso británico fue producto de un amplio y largo debate, seguido de una elección donde la mayoría se manifestó. No menos importante, Inglaterra es una nación consolidada, con instituciones de largo linaje que le garantizan estabilidad. Y, aún así, los costos del Brexit comienzan a apilarse hasta en las cosas más nimias: las luces traseras de los camiones, las etiquetas de ciertos alimentos, la nueva “frontera” en el mar que separa a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Cada uno de esos “pequeños” costos se acumula, disminuyendo los supuestos beneficios del Brexit.

Para México, el TLC fue concebido como un medio para conferirle certidumbre a los agentes económicos. Romperlo implicaría eliminar esa fuente de confianza, lo que equivaldría a sumir a México en una vorágine de autodestrucción. No hay forma de endulzar lo obvio: el TLC fue la respuesta del gobierno mexicano al abuso que representó la expropiación de los bancos. Se buscó una fuente de credibilidad externa para sustentar una base de certidumbre que no existía dentro del país y EUA estuvo dispuesto a proveerla. Lamentablemente, nada se hizo en las siguientes décadas para crear similares fuentes de certidumbre internas, lo que nos deja en condiciones por demás precarias. En aquella época, cuando la expropiación de los bancos, las interconexiones entre México y el mundo eran escasas, pero el costo de aquella gesta heroica de López Portillo fue monumental, incluyendo casi hiper inflación. Romper con el TMEC hoy, con la multiplicidad y profundidad de las interconexiones existentes -el motor de nuestra economía- sería suicida. Ni hablar del presidente: el oprobio que vivió López Portillo después de su gobierno sería nada comparado a lo que le ocurriría a AMLO.

Otra manera de ver el entuerto en que (gratuitamente) se ha colocado el gobierno mexicano es que el TLC se concibió para la posibilidad de que llegara un presidente dispuesto a destruirlo todo. El TLC, y las instituciones nacionales que lo arroparían, era equivalente a lo que hizo Tony Blair en Inglaterra, cuyo primer acto de gobierno fue promover la independencia del Banco de Inglaterra con el mismo objetivo del TLC: conferirle certidumbre a la población y a los agentes económicos.

En lugar de desatar el equivalente de una bomba atómica, el presidente debería aprovechar este diferendo para reemplazar a China dentro del TMEC para afianzar el camino del crecimiento y el desarrollo, fuentes mucho más certeras de un futuro promisorio para el país y para él mismo.

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/opcion-nuclear-2022-08-14/op232004?pc=102 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/opcion-nuclear.html Opción nuclear Luis Rubio en REFORMA 14 Ago. 2022 ResponderReenviar

Luis Rubio

 El que juega con fuego, reza el refrán, corre el riesgo de acabar quemado. Así está operando el gobierno en el asunto del conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá. Desde luego, el gobierno buscará defender su visión de la industria eléctrica, motivo del diferendo, pero su natural propensión a politizarlo y a convertirlo en un factor de quiebre entraña riesgos que el presidente claramente no ha evaluado.

Como siempre ocurre entre naciones vecinas, la relación entre México y EUA tiene dos dinámicas: la de la realidad cotidiana y la de sus líderes políticos. La realidad se deriva de la constante, creciente y frecuentemente conflictiva interacción. Así ha sido siempre y no hay duda de que seguirá siéndolo en el futuro: los intercambios van en ambas direcciones y cada momento es diferente; baste ilustrar esto con el hecho de que México fue clave en el aprovisionamiento de armamento para ambos bandos durante la guerra civil estadounidense.

Ciertamente, sería posible mejorar lo existente con los arreglos institucionales idóneos, pero el dinamismo no depende de los humores de los líderes políticos, sino de las fuerzas reales de la economía y los intercambios humanos. Trump intentó cancelar el TLC y AMLO preferiría que no existiera, pero ambos tuvieron que apechugar ante la inexorable realidad.

El conflicto del momento es sobre la política del gobierno actual en materia eléctrica. El tratado vigente, el TMEC, establece que las partes tienen que dar trato igual a los agentes económicos nacionales e internacionales. También impide modificar las reglas del juego sin que medie una negociación, pues el objetivo de un contrato de esta naturaleza es precisamente el de conferirle certidumbre a los potenciales inversionistas. En este sentido, no hay ni la menor duda que el gobierno mexicano ha estado modificando las reglas en materia eléctrica, tanto en lo formal (con la ley aprobada en 2021) como en la práctica, con la extorsión a que ha sometido la CFE a las empresas para que abandonen a proveedores privados de energía. Lo que está de por medio en el procedimiento iniciado por el gobierno americano y secundado por el canadiense es si México recula en estas prácticas o es sancionado a través de los mecanismos que el acuerdo comercial prevé.

La lógica de haber negociado en los noventa y renegociado el TLC en el último lustro es la de establecer reglas del juego que obliguen a los tres gobiernos a acatar procedimientos existentes y conocidos por todos. Esto ocurrió porque tan pronto comenzó la liberalización comercial en los ochenta, se desató un enorme número de conflictos comerciales. El TLC fue concebido para evitar esas disputas, facilitar el comercio y hacer posibles flujos crecientes de inversión productiva hacia México.

El TLC nació de un entendimiento entre México y Estados Unidos sobre la relación, el futuro y la convivencia, condición necesaria para establecer una base de confianza dos naciones que ciento treinta años antes habían estado en guerra. El entendimiento consistió en el desarrollo de una visión común sobre la dirección de la interacción incremental que ya venía ocurriendo y se sostuvo de manera compartida hasta que llegó Trump al gobierno de EUA y, dos años después, AMLO al de México. Ambos hubieran preferido anular la geografía y la realidad de creciente intercambio.

Desde la perspectiva mexicana, la clave del TLC original (1994) radicaba en la garantía política implícita que el gobierno americano le otorgaba a los inversionistas. No lo hacía por caridad, sino por su reconocimiento de que la seguridad nacional de EUA se fortalecía a través de una buena relación con un México exitoso y próspero.

El TMEC ya no goza de ese elemento político (excepto para servicios), por lo que un conflicto comercial en este momento podría ser devastador para la economía mexicana.

La desaparición de una visión común ha implicado la degradación de los mecanismos de interacción entre los dos países, el crecimiento de fuentes de conflicto entre los gobiernos y la creciente indisposición a resolver problemas comunes. El conflicto sobre electricidad es potencialmente mayúsculo por tres razones: a) por los enormes montos de inversión en juego; b) por la trascendencia de la energía para el crecimiento de largo plazo de la economía; y c) por la transición energética que experimenta el mundo y, en particular, la industria más prominente en México, la automotriz. Si algo sale mal en esta negociación, estos factores pondrían en entredicho la estabilidad de la economía mexicana.

El gobierno mexicano tiene dos opciones: la ideal sería tomar en serio el desafío que esto entraña para abocarse a negociar una salida, como lo hizo con los gasoductos en 2019, antes de que le ganen los tiempos -o la realidad. La otra opción, la que es su inclinación natural, implicaría desviar la atención y perseverar en su retórica nacionalista, justo frente a la enorme oportunidad que representa para México el conflicto EUA-China. Proseguir por la senda retórica y satírica sería equivalente a jugar con fuego.

A diferencia del asunto de los gasoductos, el momento del ciclo político y el proceso de sucesión ya desatado garantiza una enorme volatilidad que en nada beneficia al gobierno ni mucho menos al país.

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 Luis Rubio

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Decía un guía en el palacio de Versalles que Luis XIV construyó el palacio, Luis XV lo disfrutó y Luis XVI pagó la factura. Estamos en la etapa en que el presidente López Obrador está disfrutando de la estructura económica y financiera que le dejaron sus predecesores, esos malditos neoliberales. La interrogante clave para pasada la elección de 2024 es cómo pagar por lo hecho, y lo no hecho, en este sexenio para comenzar la construcción de algo nuevo y funcional hacia la prosperidad y el desarrollo

En todos los sexenios que me ha tocado observar, lo que distingue al actual es la ausencia de un proyecto para el desarrollo del país. Algunos de los anteriores eran demasiado ambiciosos, otros meramente ideológicos; en algunos lo notable era la ausencia de ambición, en tanto que otros eran irreales por inviables. Pero ninguno carecía de un esquema orientado a lograr mayor prosperidad y mejores niveles de vida.

Para el presidente López Obrador el desarrollo se logra casi por ósmosis: el gobierno concentra todo el poder y el resto ocurre de manera automática. En lugar de estrategias, inversiones o legislación, lo que aquí ha habido es una manipulación narrativa dedicada a nutrir una base electoral y tres proyectos de inversión que no sólo no son ambiciosos, sino que no tienen sentido estratégico alguno ni para las regiones en que se han instalado. Se trata de un proyecto político, es decir, de poder, y no uno de desarrollo.

Más allá de la excusa provista por la pandemia para justificar todo lo no hecho y lo desecho, el devenir del sexenio que poco a poco se aproxima a su ocaso ha sido posible gracias a dos décadas de construcción institucional que arrojó una estructura financiera para la estabilidad, un perfil de deuda muy cómodo para el erario, fondos y fideicomisos para casos de emergencia, periodos de recesión o fenómenos naturales.

Las administraciones que precedieron a la actual se ocuparon de fortalecer los cimientos de la estabilidad económica para evitar recaer en las crisis del pasado que destruyeron todo –familias, ahorros- a su paso. Sin esos antecedentes, el gobierno actual jamás habría podido desviar tantos recursos que otrora se dedicaban a la promoción de la inversión (infraestructura, generación de electricidad, etc.) hacia sus clientelas favoritas. Aunque el presidente habla de austeridad, ésta no existe: los recursos se siguen gastando, sólo que ahora el criterio es de rentabilidad electoral y política, no de desarrollo económico.

De esta manera, el prospecto más generoso que se puede estimar para el futuro es que, al final de 2024, sólo se haya perdido un sexenio y nada más. Los cálculos más optimistas son que la economía retornará al nivel de 2018 hacia el final de 2024, cuando la población habrá crecido en varios millones de nuevos mexicanos. Y esos son los cálculos optimistas.

Lo imperativo hoy es colocarnos en septiembre primero de 2024, el día de la inauguración del próximo presidente, para comenzar a otear el panorama que nos espera, como si ese día fuese a tomar posesión Luis XVI. Además de finanzas maltrechas, pero confiadamente no en situación de crisis, todo ello por haberlas exprimido al máximo con la desaparición de los fondos de estabilización y fideicomisos varios, el país se encontrará con un gobierno nuevo sin mayores instrumentos y con una gran crisis de confianza.

Sea quien sea presidente, hombre o mujer, en 2024, sus opciones van a estar muy limitadas por al menos tres razones: primero, porque ninguno gozará del vasto apoyo que logró el presidente en 2018 ni contará con sus habilidades o historia para preservar la base que su antecesor creó. Ninguno de los precandidatos obvios, de ambos lados de la barrera, goza de esa situación excepcional. Segundo, el gobierno actual habrá agotado todo el espacio fiscal -recursos para emprender proyectos- lo que le obligará a procurar nuevas fuentes de financiamiento incluso para la operación más elemental del gobierno, ya sin pensar en las cosas urgentes e imperativas como la seguridad de la población.

Finalmente, la tercera razón por la cual las opciones serán estrechas es el otro lado de la moneda de la gestión del presidente López Obrador: así como construyó y nutrió una base electoral amplia, alienó al resto de la población. En lugar de sumar, dividió y polarizó, crispando el ambiente al punto de provocar reacciones viscerales e impulsivas tanto por parte de quienes lo apoyaron como de quienes acabaron odiándolo. Quien asuma la presidencia en 2024 tendrá que lidiar con esa contraposición y comenzar a hilar para construir puentes, disminuir tensiones y desarrollar fuentes de apoyo sostenibles e institucionales. Como en el viejo sistema priista, el próximo gobierno no tendrá alternativa más que reproducir el péndulo de antaño: corregir lo dañado y comenzar de nuevo.

Esto último será el reto más grande: la gran virtud del TLC radicaba en que proveía fuentes de certeza que trascendían los sexenios. Eso desapareció, mitad por Trump y mitad por López Obrador. La gran tarea será encontrar o construir una nueva plataforma que garantice la certidumbre, mellada por este gobierno tan preocupado por lo inmediato (lo electoral) pero desdeñoso de lo trascendente, el desarrollo y la paz.

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Luis Rubio

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El mundo de las últimas tres décadas fue una anomalía histórica: el fin de la guerra fría pareció congelar al planeta por la existencia de una superpotencia que hizo irrelevantes a las tradicionales zonas de influencia, donde cada potencia regional imponía su ley. Independientemente de la manera específica en que acabe la invasión de Ucrania, lo único que es certero es que el llamado “orden mundial” habrá cambiado. Nos encontramos ante un inexorable punto de inflexión, justo en el momento en que el presidente López Obrador va a Washington.

Luis Rubio

 “El futuro ya está aquí, escribió el novelista William Gibson, sólo que no está equitativamente distribuido.” El cambio que experimenta el mundo es incontenible y ocurre en todos los frentes, algunos benignos, otros por demás riesgosos. En las últimas semanas se han acumulado una serie de noticias y estudios que, en conjunto, presentan un escenario complejo (y, en muchos sentidos, contradictorio) que obliga a visualizar el potencial de alteraciones al panorama que venía materializándose en los últimos meses.

Una primera aproximación al cambiante escenario es el que aporta China. Si uno extrapola las tendencias de los últimos años, su economía rebasaría a la estadounidense al final de la década, para convertirse en el nuevo polo de atracción económica y, potencialmente, política. Un estudio de Visual Capitalist[i] ilustra gráficamente la forma en que la economía mundial evoluciona y los cambios que se anticipan para las principales economías del mundo (y, de paso, muestra el creciente deterioro de México en el panorama internacional, lo que sugiere problemas futuros).

El estudio se fundamenta en una extrapolación directa y no toma en cuenta dos elementos que podrían modificar estas tendencias: por un lado, hay especulación en el mundo sobre la veracidad de las estadísticas oficiales de China; en un extremo, hay quienes mantienen que la población total de esa nación es sensiblemente inferior a la previamente estimada,[ii] lo que llevaría a la posibilidad de que, en lugar de crecimiento, China comience un proceso acelerado de contracción. Desde luego, esto no cambiaría el extraordinario desempeño de la economía china y su enorme potencial, especialmente por su gran avance en materia de tecnología digital y de inteligencia artificial, lo que bien podría poner a esa nación en el liderazgo mundial en las industrias más prometedoras.

Un segundo factor en esta ecuación es la disputa sobre la forma de gobernar que encabezan Estados Unidos y China, el primero con una democracia disfuncional, la segunda con un sistema autocrático que ha sido capaz de sacar de la pobreza a cientos de millones de sus ciudadanos. Detrás del conflicto entre las dos potencias se evidencian las fortalezas y debilidades relativas de las dos naciones justo en el momento en que la pandemia no acaba de resolverse, la inflación comienza a hacer estragos y persiste el interminable debate sobre la viabilidad del sistema político chino. Ian Bremmer[iii] especula en su nuevo libro sobre la posibilidad de que uno de los grandes mitos de nuestro tiempo (la superioridad del sistema político estadounidense frente a la superioridad de la economía de China) acabe siendo al revés: que triunfe la flexibilidad de la economía norteamericana en tanto que el sistema político chino pruebe ser más robusto y sostenible.

El tercer elemento en este panorama es la creciente inflación, para la cual ninguna de las naciones de occidente parece tener una respuesta convincente, lo que amenaza con sumir al mundo en una recesión sin salida evidente. El desempeño reciente de los mercados financieros abona a este escenario, sobre todo en la medida en que el momento político es particularmente delicado en Estados Unidos, con elecciones legislativas al final de este año. La inacción del gobierno de Biden, sus dudosas prioridades en materia económica y su enorme desprestigio agudizan lo intrincado del momento.

El panorama se va complicando en todos los ámbitos, lo que no augura un futuro tranquilo para nuestro país. En el último par de años México ha disfrutado de una situación inusual no gracias a la estrategia del gobierno, sino a la generosidad del gobierno norteamericano: por una parte, nuestras exportaciones se han multiplicado debido al excepcional crecimiento de la economía estadounidense, creando un entorno alentador al interior del país; por otro lado, las transferencias que realizó el gobierno estadounidense hacia sus habitantes para mitigar los efectos nocivos de la parálisis económica provocada por la pandemia se tradujo en un monumental crecimiento de las remesas de nuestros connacionales hacia sus familias en el país (que pasaron del 1% al 4% del PIB). Ninguno de estos fenómenos es atribuible al gobierno: más bien, en sentido contrario, ha sido la economía americana la que ha evitado un colapso económico y social en México.

Esta situación debe contrastarse con las nubes que podrían estarse avecinando para la economía mundial. Para México, los factores clave de su estabilidad económica son las exportaciones, las tasas de interés en dólares y las remesas. Una severa recesión en EUA amenazaría los tres factores, invirtiendo el panorama que ha caracterizado a nuestra economía en años recientes.

La ausencia de una estrategia de desarrollo, la innecesaria polarización política y la alienación tanto del gobierno estadounidense como de inversionistas deseosos de diversificarse frente al conflicto de esa nación con China se convierte ahora en un enorme riesgo de recesión y empobrecimiento, no exactamente el panorama prometido en 2018.

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