Luis Rubio
Todas las sociedades enfrentan riesgos, pero el que México y los mexicanos enfrentamos hoy en día es inconmensurable, sobre todo porque es auto infligido. México y Estados Unidos avanzan en la dirección de un potencialmente incontenible encontronazo de trenes que, con enorme facilidad, podría llevar a la cancelación de la principal fuente de actividad económica del país.
El escenario no es difícil de visualizar. Por el lado mexicano, el gobierno se apresta a ir a la guerra con todo su escaso arsenal. A sabiendas de que su postura contraviene el contenido y espíritu del tratado comercial, TMEC, que nos vincula económicamente, el presidente está absolutamente indispuesto a cambiar la legislación eléctrica que es el motivo del diferendo. En consecuencia, en su lógica, la única salida es ir a la guerra con el nuevo equipo en la Secretaría de Economía.
Por el lado norteamericano, el presidente Biden le ha tolerado una tras otra de las travesuras que le ha propinado el presidente López Obrador; la pregunta es si el resultado electoral reciente altera esta condición. Las negociaciones comerciales tienen que ser aprobabas por su congreso, en tanto que el Representante de Comercio, entidad creada por el congreso, pero dentro del ejecutivo, les reporta a ambos. Esta circunstancia le obliga a actuar y le confiere gran latitud respecto a la administración. En una palabra, las decisiones clave de seguir o no hacia la constitución de un panel para resolver la controversia no responde exclusivamente a los objetivos presidenciales. Además, la nueva correlación de fuerzas va a modificar la relación bilateral, toda vez que, aunque no dejó enclenque al presidente Biden, podría cambiar su decisión respecto a buscar la reelección. En ese escenario, liberado de la carga de tener que cuidar múltiples flancos, podría optar por dejar de permitir el continuo de abusos que le ha propinado el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano parece estar cegado ante la trascendencia de lo que está de por medio con su (patética) defensa de un régimen autárquico en materia eléctrica. Ante el nombramiento de la nueva secretaria de Economía, el presidente afirmó que “Ya no estamos en condiciones de mantener la misma política neoliberal que tenía secuestrado al gobierno. Imagínense 36 años de dominio de la política neoliberal.» ¡Imagínese! Treinta y seis años de menores precios para los consumidores, mayores libertades económicas y políticas, certeza en la disponibilidad de energía y empleos de mayor calidad y salario. ¡Imagínese!
Es obvio que no todo fue bueno en las últimas décadas, pero (casi) todo lo bueno, en materia económica al menos, ocurrió en esas décadas, gracias a las reformas que se emprendieron y al TLC. Luego de décadas de crisis sexenales, el país logró muchos lustros de estabilidad, suficientes reservas para evitar recrear los años de crisis que le precedieron y un creciente sector exportador que le garantiza al país ingresos, empleos, salarios y divisas.
Poner en riesgo el instrumento que le ha permitido al país estas oportunidades constituye un despropósito que sólo puede entenderse desde una postura ideológica dogmática, ciega y perversa. El TMEC es crucial para garantizar las exportaciones que, por desidia de un gobierno tras otro (exacerbado por el actual) se fueron convirtiendo en el único motor relevante de crecimiento económico. En lugar de preocuparse por abrir espacios para la inversión en el mercado interno y generar condiciones para una mejor distribución de los beneficios, el país se quedó limitado en sus posibilidades al único instrumento que nos permite generar actividad económica. En adición a esto, al socavar la inversión privada en energía, el gobierno cierra una de las llaves de mayor potencial de crecimiento que además es crucial para atraer inversión en otros sectores. Es decir, de desidia pasamos a negligencia y de ahí a un creciente riesgo de inestabilidad.
Al presidente le molestan los técnicos, que son quienes conocen los factores que hacen posible el desarrollo de la economía pero los asuntos comerciales y de inversión son absolutamente técnicos y requieren personal capacitado y experimentado. Lo que está de por medio es monumental: además del potencial panel para la resolución de esta controversia, se encuentran disputas con naciones europeas y asiáticas sobre el mismo asunto de la electricidad; luego vienen las demandas de empresas privadas, cuyo criterio no es el de obtener resarcimiento de su inversión, sino de los flujos que están (o estarían) dejando de percibir. Es decir, el asunto en términos financieros podría fácilmente convertirse en una cifra descomunal. A menos de que el presidente quiera convertirse en el paria mundial (ej. el BID), con lo que eso implicaría en términos de ingresos para la población, el asunto amerita un cuidado y un criterio muy distinto al que se le está asignando.
Es lógico para un político pensar que los asuntos complejos se pueden resolver en ese plano, pero en estos temas eso no funciona; a menos que el gobierno modifique su dogma, el futuro podría ser sumamente complejo. El gobierno juega con fuego sin percatarse que el fuego quema. Todo le parece sencillo y de fácil solución política. Esta vez ciertamente no.
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