Gobierno y dispendio 2018-2022

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Luis Rubio
septiembre 1, 2022

La característica más patente del subdesarrollo es la ubicuidad del binomio escasez-dispendio. Pocos gobiernos ejemplifican mejor la existencia de este binomio como el de México. Lo que distingue al actual sexenio de todos los que me ha tocado observar es la ausencia de un proyecto para el desarrollo del país. Algunos gobiernos han tenido proyectos demasiado ambiciosos, otros meramente ideológicos; algunos faltos de ambición, otros eran irreales o inviables. Pero ninguno carecía de un esquema orientado a lograr mayor prosperidad y mejores niveles de vida. El gobierno actual ha logrado no sólo el empobrecimiento de cada vez más mexicanos, sino el despilfarro de recursos y la ausencia de oportunidades de progreso. Han convivido en él la escasez y el dispendio, inexorable prueba de retroceso.

 

Para el presidente López Obrador el desarrollo se logra casi por ósmosis: el gobierno concentra todo el poder y el resto ocurre de manera automática. En lugar de estrategias, inversiones o legislación, lo que hay es una manipulación narrativa dedicada a nutrir una base electoral, junto con tres proyectos de inversión que no sólo no son ambiciosos, sino que no tienen sentido estratégico alguno ni para el país ni para las regiones donde se instalan. Estamos frente a un proyecto político de poder, no de desarrollo.

La pandemia inexorablemente afectó tanto a la actividad económica como a la función gubernamental. Pero no cambió las prioridades de inversión del gobierno, todas ellas concebidas antes, sin mayor debate. El gasto ejercido hasta ahora ha sido posible por las dos décadas previas de construcción institucional, que dieron por resultado una estructura financiera estable, un perfil de deuda muy cómodo para el erario, fondos y fideicomisos para casos de emergencia, como recesiones económicas o desastres naturales. Sin eso, el gobierno actual jamás habría podido desviar hacia sus clientelas favoritas recursos que se dedicaban antes a promover la inversión en infraestructura, generación de electricidad, etcétera. El presidente habla de austeridad, pero la austeridad no existe: los recursos se siguen gastando, pero ahora con un criterio de rentabilidad electoral y política, no de desarrollo económico.

Los hechos no son favorables al presidente y su proyecto. Los números muestran una enorme desmesura en las políticas emprendidas tanto por su costo intrínseco como por lo que los economistas denominan “costo de oportunidad”, es decir: la inversión que no se realizó por haber privilegiado otras prioridades.

El gobierno actual diseñó cuatro proyectos emblemáticos. Su costo debe medirse de tres maneras. En primer término, por la inversión misma: ¿es adecuada?, ¿contribuye al desarrollo del país o a resolver problemas fundamentales, así sea en el largo plazo? En segundo lugar, ¿qué otras opciones existían?, ¿los proyectos emprendidos fueron los mejores o se pudieron haber empleado esos mismos recursos de una mejor manera? Finalmente, pero igual de importante, ¿qué consecuencias tuvieron las inversiones elegidas?, ¿cuál fue su rendimiento?

La primera pregunta que se hace cualquier funcionario que se respete es si la inversión que piensa hacer es la mejor posible, ¿cuál es su costo y cuál su beneficio esperado? ¿Hay mejores opciones? Si las hay, ¿cuánto cuestan? El punto es determinar la mejor probabilidad de avance en el bienestar de la población, cosa que no puede ocurrir cuando el análisis del costo de oportunidad no existe o la decisión se reduce a un dogma o a una convicción que no parte de la realidad.

 

Ilustración: Víctor Solís

 

El aeropuerto

No hay mejor ejemplo de dispendio que el famoso aeropuerto Felipe Ángeles con sus tres costos: el de construirlo, el de destruir el NAICM —que llevaba cerca de 40 % de avance— y el de tener que construir en el futuro otro aeropuerto porque la combinación de los dos actuales (AIFA y AICM) es disfuncional e insuficiente.

El gobierno se ha distinguido por la opacidad en el manejo de las inversiones públicas, así que es necesario estimar los costos a partir de la (poca) información disponible. Según la Cuenta Pública, se han aprobado para el aeropuerto de Santa Lucía 95 000 millones de pesos, poco menos de 5000 millones de dólares al tipo de cambio actual (ver tabla 1).

Tabla 1

Año

Monto global aprobado (mdp reales)

Aprobado PEF (mdp reales)

Modificado (mdp reales)

Ejercicio (mdp reales)

2019

86 664

4703

4703

2020

86 809

5678

12 973

12 973

2021

84 956

21 314

77 148

77 148

Total

No aplica

26 992

94 825

94 825

Fuentes: https://bit.ly/3T3nN1Bhttps://bit.ly/3QFQPTy y https://bit.ly/3CqV8h4

A este costo hay que agregar el de la destrucción del aeropuerto de Texcoco (NAICM), que incluye el repago a los tenedores de bonos por una cantidad cercana a los 16 000 millones de dólares, coincidente con la cifra de 331 996 millones de pesos de la Cuenta Pública de 2019 reconocida por la Auditoría Superior de la Federación.

Como saben todos los usuarios del viejo aeropuerto (AICM), aunque al parecer no el presidente, tarde o temprano se requerirá un nuevo aeropuerto que reemplace al actual y que no será el de Santa Lucía, en tanto éste compite por el espacio aéreo con el viejo aeropuerto y porque adolece de sus mismos defectos: malos accesos y límites a su potencial de crecimiento. El nuevo aeropuerto costará al menos otros 16 000 millones de dólares. En suma: la mala decisión sobre el aeropuerto costará al menos unos 37 000 millones de dólares.

Dos Bocas

La información presupuestal sobre la Refinería de Dos Bocas es prácticamente nula. En la Cuenta Pública 2019 se reportó como aprobada una reserva de 48 200 millones de pesos.1 Para ese año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un gasto de Pemex Transformación Industrial por 14 388 millones de pesos. Sin embargo, es imposible calcular el avance de las obras debido a la falta de bitácoras y metas.2

En la Cuenta Pública 20203 y 2021,4 el proyecto de Dos Bocas Tabasco aparece en ceros tanto en la inversión aprobada como en la ejercida. A pesar de esto, para 2020 la ASF detectó pagos por 34 941 millones de pesos de Pemex Transformación Industrial para la nueva refinería. Asimismo, en la Cuenta Pública 20215 se reporta un gasto de 74 975 millones de pesos para la construcción de la refinería de Dos Bocas (ejercicio del presupuesto de egresos de Pemex). En los mismos documentos de la Cuenta Pública de 2020 y 2021 no se reporta información al respecto.

Al mismo tiempo, en la Cuenta Pública 2021, en el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Energía,6 se precisa que 66 718 millones de pesos de los 316 354 millones transferidos de la Sener hacia Pemex se destinaron a actividades sustantivas y el resto al pago de deuda. Es posible que dichas actividades sustantivas correspondan a la construcción de la refinería, pero es imposible afirmarlo con certeza. En 2019 la Sener transfirió a Pemex 122 131 millones de pesos y 46 256 millones de pesos en 2020. Aunque en la Cuenta Pública no se especifica el destino, es posible pensar que parte se dedicó al pago de la deuda y otra parte a la refinería.

En suma: la información disponible sugiere que el gobierno ha dedicado hasta 331 000 millones de pesos a la refinería que, aunque recientemente inaugurada, está lejos de haber sido completada. Informaciones periodísticas argumentan que el costo final de la obra podría ascender a 18 000 millones de dólares.

El Tren Maya y el Corredor Transístmico

El Proyecto del Tren Maya se compone de cuatro líneas de inversión: una llamada Tren Maya, dos de estudios de preinversión y otra de reubicaciones de asentamientos. Entre todos, el monto total de inversión interanual es de 172 369 millones de pesos7 (ver tabla 2).

 

Tabla 2

Año

Monto global aprobado (mdp reales)

PEF (mdp reales)

Modificado (mdp reales)

Ejercicio (mdp reales)

2019

1171

197

102

11

2020

171 908

8018

8007

2021

172 375

62 942

35 821

32 832

2021 1T

172 369

62 942

73 564

29 776

Total

No aplica

126 081

117 505

70 627

Nota: Montos en millones de pesos reales de 2021

En el acumulado de 2019 a primer trimestre de 2022 se han gastado 70 627 millones de pesos, un avance del 41 % del monto global aprobado, o sea 3500 millones de dólares de un monto total aprobado de 5875.

El proyecto del Corredor Transístmico se reporta dividido en dos proyectos: el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V. y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para ambos se contempló en 2020 una inversión global de 11 076 millones de pesos reales. Este monto fue ampliado a 16 671 millones de pesos para 2021, pero en 2022 se redujo a 7239 millones de pesos, lo que podría indicar que ha perdido prioridad para el gobierno.8

En la práctica internacional, prácticamente no hay proyecto de inversión que se apegue a su presupuesto inicial, por lo que los sobregiros que experimentan muchos de estos proyectos no deberían sorprender a nadie. Desde luego, los sobregiros se pueden deber a malos proyectos (cosa probable dada la premura con que se decidieron), pero también a la corrupción, que nunca está ausente en los proyectos gubernamentales. Mucho más importante que los costos directos, lo imperativo es determinar si se trató de las mejores inversiones posibles, aquéllas susceptibles de generar el mayor beneficio para la población en materia de crecimiento económico, desarrollo y bienestar.

Proyectos chicos y caros

Si se comparan con la política de desarrollo más ambiciosa y trascendente del último medio siglo, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los proyectos descritos resultan pequeños, con poco efecto multiplicador y poca capacidad de generar riqueza, empleos o beneficios de largo plazo. El tiempo dirá, pero las perspectivas de los cuatro proyectos no son brillantes.

Los costos, en cambio, son enormes. Las estimaciones más recientes sugieren que la refinería costará cerca de 18 000 millones de dólares y que el Tren Maya alcanzará una cifra de entre 15 000 y 20 000 millones de dólares al tipo de cambio actual (ésta es la última información dada por el presidente en su conferencia del 26 de julio de este año). Como con el aeropuerto, la medición tiene que ser triple: lo que costarán los proyectos, la ecuación costo-beneficio y los efectos potenciales de largo plazo.

Si las tendencias actuales sobre los automóviles eléctricos se materializan (es decir: que el 50 % de los automóviles vendidos en 2030 serán eléctricos y el 100 % en 2040), lo mejor que se podría esperar de Dos Bocas es que opere máximo diez años: de mediados de los veinte a mediados de los treinta. O sea, un enorme dispendio.

El Tren Maya constituye una apuesta todavía más temeraria, toda vez que ni siquiera pasa por dos de las tres ciudades importantes de la península: Mérida y Campeche.

El aparente abandono en las inversiones para el Corredor Transístmico no auguran sino una obra inacabada: otra vez, dispendio.

La desmesura tiene muchas formas de cuantificarse, pero la esencial es aquella que se deriva de dogmas que nunca experimentaron criba alguna de realidad. Yo no sé si el aeropuerto de Texcoco se localizaba en el mejor lugar, pero no tengo duda alguna de que los dos aeropuertos que hoy existen comparten un mismo espacio aéreo y, por lo tanto, no suman sino restan. Todo para demostrar, como indicaba el título del libro que el presidente colocó junto a su sillón el día en que anunció la cancelación del aeropuerto, “quién manda aquí”.

Gracias a la ausencia de contrapesos, los presidentes mexicanos mandan en su sexenio y son propensos a los excesos, pero ninguno como el actual.

La soberbia y la arbitrariedad se mezclan para producir no sólo excesos, sino devoción por los mismos, la mejor medida de hubris, ese pecado capital de la política que tan costoso le ha salido al país a lo largo de su historia.

Durante años, el hoy presidente criticó el excesivo costo del rescate bancario, estimado en alrededor de 12 % del PIB. El costo de sus proyectos de inversión se acercará al 6 % de la economía. La diferencia es que aquél fue producto de una crisis mal manejada; éste fue intencional y autoinfligido.

Las apuestas del presidente

El gobierno del presidente López Obrador ha hecho tres apuestas fundamentales. La primera, los proyectos de infraestructura (la refinería, el Tren Maya, el Tren Transístmico y el aeropuerto), a lo que se suma la pretendida revitalización de Pemex, otro gran espacio de inversión sin retorno hasta la fecha. Estas iniciativas han avanzado contra lluvia y marea, pandemia y recesión, gracias a la convicción del presidente de que así se construye el futuro y se afianza su llamada cuarta transformación.

La segunda apuesta es al subsidio de la población que ha sido su base electoral (no siempre la más pobre o necesitada), y que confía que garantice la continuidad política-electoral de su proyecto de gobierno. Esa población refrendó su apoyo en la justa electoral intermedia (2021), pero mostró su verdadera dimensión en el referéndum revocatorio: luego de haber ganado la presidencia con poco más de 30 millones de votos en 2018, sólo 16 millones se manifestaron por el presidente López Obrador en 2022. La interrogante es si ese voto duro probará ser suficiente para lograr el objetivo último de garantizar la continuidad o legitimidad del proyecto.

La tercera apuesta es a la estabilidad económica-financiera del país, medida esencialmente en la forma de un tipo de cambio estable. Lo que muchos consideran una obsesión, particularmente quienes argumentaron con insistencia por un mayor gasto durante la pandemia, es producto de un cálculo político frío que se resume en la famosa frase de que “el presidente que devalúa se devalúa”. Para el presidente es claro que esta variable es trascendente para toda la sociedad mexicana y que, por lo tanto, es factor esencial en su proyecto.

La apuesta más grande, la inconfesa, es a que el país preserve su estabilidad política a pesar de la estrategia de polarización que ha caracterizado al presidente. A los acólitos del presidente les podría parecer una apuesta razonable y hasta justificada, pero ignoran tres factores que determinarán el devenir del gobierno y, en buena medida, del país en los próximos años: la sucesión presidencial de 2024; los mercados de exportación, clave para la estabilidad económica y social, ahora amenazada por la potencial disputa en materia de electricidad con nuestros socios comerciales; y la destrucción institucional, que benefició al presidente en el corto plazo, pero que eliminó toda la vertebración institucional que es crucial para atraer inversión productiva, tanto nacional como extranjera. Al final del día, el país sigue dependiendo de demasiadas apuestas.

 

Luis Rubio
Presidente de México Evalúa. Su libro más reciente es La nueva disputa sobre el futuro de México (Grijalbo).

Agradezco encarecidamente a Mariana Campos y a su extraordinario equipo de México Evalúa por su apoyo en la consecución de las cifras presupuestales que me hicieron favor de proveer.


1 https://bit.ly/3dF2h39

2 ASF. “Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas. Auditoría de Desempeño 409-DE”, https://bit.ly/3PBx9Ph

3 https://bit.ly/3K8aWr5

4 https://bit.ly/3CeUTG0

5 https://bit.ly/3AyN0tR

6 https://bit.ly/3QIDZ7e

7 Transparencia Presupuestaria

8 https://bit.ly/3T3nN1B

Híbrido fracasado

Luis Rubio

No es claro si apostaban a la civilización, a la sumisión o, simplemente, a que la satisfacción material resolvería otras aspiraciones humanas, como la de progresar, mejorar o participar en política. El hecho tangible es que los gobiernos desde los sesenta han venido apostando a que el mexicano aguantaría cualquier cosa sin protestar. En realidad, no era una mala apuesta, excepto que todos esos gobiernos, incluyendo al actual, tenían una doble agenda: querían que las cosas mejoraran, pero no tanto como para alterar sus propios proyectos políticos.

Los proyectos cambiaron en el tiempo, pero no el objetivo. Conscientemente o no, el objetivo siempre fue el control de la población; unos lo querían para disfrutar las mieles del poder, otros para meramente permanecer en el poder. Pero aún en eso había niveles: los reformadores de los ochenta y noventa hicieron todo lo imaginable para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía; los actuales prefieren el empobrecimiento de la población. Una economía pujante, calculaban los primeros, transformaría a México, creando un país cada vez más similar a las naciones exitosas del mundo. En un país de pobres, apuesta el presidente López Obrador, nadie se queja porque todos dependen del gobierno. Proyectos distintos, pero el control siempre presente.

La era de reformas comenzó a raíz de la crisis fiscal de 1982: la quiebra del viejo Estado mexicano sostenido por cada vez más entidades paraestatales que no servían para otra cosa sino preservar el poder y enriquecer a quienes lo ostentaban. Esa crisis obligó a emprender una serie de reformas para estabilizar a la economía y hacer posible su retorno al crecimiento. Una pregunta frecuente en aquella época -que coincidió con las reformas de Gorbachov en la entonces Unión Soviética- era sobre la viabilidad de llevar a cabo reformas económicas sin una liberalización política en paralelo.

Al final, poco importó. Como ilustran libros como el de Acemoglu y Robinson (El corredor angosto) pero, sobre todo, el más reciente de Guriev y Treisman (Spin Dictators), el Leviatán encuentra su propia manera de adaptarse, preservándose en el poder a través de elecciones presuntamente limpias, dádivas a la población y una narrativa conmovedora para obviar las prácticas democráticas comúnmente aceptadas. Lo importante, dicen Guriev y Treisman, no consiste en ser democráticos, sino en verse como tales. Los ejemplos prototípicos que caracterizan a ese tipo de tiranía en la perspectiva de estos autores son Putin y Chávez. Aunque pudieran haber llegado al poder por vía democrática, años después no pasarían esa prueba.

Las reformas económicas mexicanas no lograron su cometido integral por tres razones principales, ninguna de las cuales aparece en el catálogo de alegatos que llevaron al presidente López Obrador a la presidencia. Primero, el gobierno abandonó su responsabilidad de generalizar las reformas: sumido en la crisis de 1995, el gobierno dejó que la economía funcionara por sí misma, sin que el gobierno creara condiciones para la prosperidad general. La parte moderna de la economía, fundamentalmente aquella vinculada con el TLC norteamericano, adquirió un extraordinario dinamismo, como ilustran Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y otras regiones, principalmente norteñas. El resto del país sucumbió ante el crimen organizado, la violencia y la ausencia de justicia y, en general, de gobierno. En lugar de adaptar al gobierno a la nueva realidad económica, el gobierno abdicó su responsabilidad y nadie, fuera del crimen organizado, la ha vuelto a asumir.

Segundo, por más reformas que se emprendieron en la economía, nunca se avanzó en materia propiamente política. Acabamos con un híbrido extraño: uno de los sistemas electorales más modernos y competentes del mundo frente a un gobierno despótico y sin contrapeso alguno, como ha demostrado AMLO. Esto se puede apreciar en todos los ámbitos: desde los monopolios privados hasta los sindicados de maestros o la violación flagrante de las leyes (ej. las electorales) en tiempos recientes. El lenguaje de la democracia es abundante, pero la realidad de tiranía no ha variado: en todo caso, se ha acentuado cada vez más, especialmente en el sexenio actual. Finalmente, la combinación de gobiernos incompetentes, ausencia de legitimidad, evidencia de corrupción y violencia incontenible han tenido el efecto de ahuyentar a la inversión privada, única fuente susceptible de elevar los niveles de crecimiento de la economía, generar empleos o mejorar los ingresos.

Una de las constantes en la obra de Tucídides (c 400 ac) es la fragilidad de la civilización, fuente de guerras, degradación social, revoluciones y enfermedades. Los gobiernos mexicanos de las últimas décadas han tenido el efecto de degradar la civilización mexicana y ponerla en severo riesgo. Antes, al menos la retórica prometía avance; hoy en día, en lugar de progreso, como era la apuesta de los gobiernos reformadores, la apuesta es al empobrecimiento generalizado. El Leviatán despótico quiere quedarse en el poder a cualquier precio.

Lord Acton no lo pudo decir mejor: “La libertad es el poder sobre uno mismo; lo opuesto es el poder sobre otros.” Queda en manos de la sociedad mexicana decidir cuál es la apuesta que le conviene.

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La desidia

Luis Rubio

El techo se estaba cayendo, las goteras habían desaparecido, reemplazadas por agujeros de más de 30 centímetros de diámetro por los que entraba lluvia, nieve y basura. Uno pensaría que se trataba de una propiedad abandonada en la mitad de la nada, pero era una de las embajadas más importantes de México en el extranjero. Ante la inexistencia de fondos para reparar el techo, el embajador había procedido con la única alternativa que le quedaba: cerrar el piso superior y pretender que el problema no existía, lo que agravó la situación e hizo mucho más costosa la reparación posterior. La noción de que hay que presupuestar para mantener los activos existentes simplemente no se nos da. Mucho menos planear eso mismo hacia el futuro.

El deterioro de la infraestructura física del país es visible en todos los ámbitos: se puede observar en el metro de la ciudad de México, en múltiples condominios en todo el país, en la escasez de agua en diversas regiones, en el aeropuerto de la ciudad de México y, como muestra el caso de la embajada referida, en muchos edificios gubernamentales. El problema no se limita al gobierno: los condóminos son reacios a hacer aportaciones para el mantenimiento de los edificios en que viven.

La crisis del agua en Monterrey ha destapado toda la cloaca de críticas, posicionamientos políticos y ataques a usuarios grandes del preciado líquido. Las crisis son siempre oportunidades para sacar raja política, pero pocos se ponen a pensar que no se trata de una situación súbita, sino de la consecuencia de no haber hecho el trabajo requerido, en este caso de infraestructura, por décadas. Como no se ve, los políticos prefieren obviar la necesidad de construir capacidad en anticipación al crecimiento que viene: todos quieren el crecimiento, pero nadie está dispuesto a invertir para que se transforme en un gran beneficio para todos.

Hace algunas décadas se realizó un estudio comparativo[1] sobre el manejo del agua en dos ciudades similares -Fénix y Tucson- ambas localizadas en un desierto con muy poco acceso a fuentes naturales de agua. El estudio surgió de la extraordinaria diferencia en el consumo de agua por habitante que caracterizaba a dos ciudades separadas por poco más de cien kilómetros de distancia. Mientras que en Tucson se consumía un promedio de 640 litros diarios por cada casa, en Fénix el consumo promedio era de 1040 litros. La diferencia radicaba en la administración del agua: mientras que en Fénix se le veía como un derecho humano, en Tucson se considera un recurso escaso. Los habitantes de Tucson pagan más por su agua, pero nunca enfrentan problemas de escasez, lo que si ocurre en Fénix. Lo mismo es cierto en Monterrey y Saltillo, ciudades caracterizadas por circunstancias físicas y geográficas similares, excepto que en Saltillo nunca hay escasez. En Monterrey la administración es gubernamental, en Saltillo una empresa responde ante la ciudadanía.

En la medida en que crece la población (y, en estos años, menos la economía), los problemas de infraestructura nos van a acosar cada vez más. Más habitantes implica más calles, más agua, más comunicaciones, escuelas, hospitales y demás, todo lo cual entraña inversiones en infraestructura y fondos para el mantenimiento y mejoramiento de la existente. Sin embargo, nada de eso es evidente en los criterios que animan a los presupuestos gubernamentales anuales o en los planes de desarrollo. En términos técnicos, esto se llama entropía, el gradual deterioro que lleva al desorden, ausencia de predictibilidad y, potencialmente, al caos. Como apuntó Héctor Aguilar Camín[2] hace unos días, “las decisiones aeroportuarias del gobierno han puesto a la Ciudad de México en un dilema kafkiano: entre más aeropuertos tiene, menos aeropuertos funcionan.” El caos.

El gobierno actual se ha distinguido por su total desprecio a cualquier cosa que pudiese producir una mejoría económica para la población o para el país, pero el deterioro que heredó y el que su desidia acumula no hace sino empeorar la situación, como mostró el embrollo que caracterizó su respuesta durante la pandemia. En lugar de un plan coherente para modernizar la estructura institucional del sector salud, la eliminación del seguro popular ocurrió en el peor momento posible y sin un plan debidamente articulado para reemplazarlo. El caos que provocó no fue particularmente distinto al de sus predecesores, pero su desidia agravó la situación por su indisposición a actuar frente a una situación crítica. Falta de inversión en lo básico y en su mantenimiento.

Cuando un (sistema de) gobierno se rehúsa a prevenir estos extremos, el caos se torna inevitable. Steven Pinker[3] lo dice de una manera por demás clara: “Los sistemas cerrados inexorablemente se tornan menos estructurados, menos organizados, menos capaces de lograr resultados útiles e interesantes, hasta que deslizan hacia un equilibrio de monotonía gris, tibia y homogénea, donde se estancan.” Quienquiera que haya visto las escenas de las elecciones de Morena para su congreso apreciará esto en su máxima expresión…

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 REFORMA

21 Ago. 2022

Opcion nuclear

Luis Rubio

La clave de la posesión de una bomba atómica es nunca emplearla: es la amenaza de su uso lo que disuade a quienes poseen semejante poder. Lo mismo ocurre con las negociaciones entre gobiernos en ámbitos como la inversión y el comercio. Aunque el riesgo es evidentemente menor porque lo que está de por medio no es la destrucción física del país, el presidente López Obrador no parece percibir riesgo alguno de elevar el nivel de confrontación en el asunto del diferendo en materia de energía con Estados Unidos y Canadá.

AMLO pudo destruir un aeropuerto incurriéndole al país un costo de 16 mil millones de dólares sin que pasara nada. No hubo la devaluación que muchos pronosticaban y el gobierno se abocó a esconder los costos directos lo mejor que pudo. Lo que no se puede esconder son los costos indirectos, esos que sólo se pueden apreciar en términos de la inversión que no se consumó, los empleos que no se crearon, el crecimiento económico que no se alcanzó. Estos costos podrían parecer etéreos para los integrantes del aparato gubernamental, pero son tangibles para todos esos mexicanos para los que cualquier posibilidad de prosperar se ve cada vez más remota o del todo inasible.

La lección que el presidente parece haber derivado del caso del aeropuerto de Texcoco fue que sus acciones no tienen consecuencias negativas. Sin embargo, visto en retrospectiva, es evidente que, primero, las consecuencias fueron enormes, como ilustra la parálisis que vive el país. Por otro lado, el aeropuerto fue una excepción, toda vez que se trató de un proyecto de una administración anterior, fuertemente criticado por el entonces candidato presidencial López Obrador. Es decir, el presidente podía clamar legitimidad para su decisión, eso independientemente del costo que pudiese entrañar.

El caso del diferendo en materia eléctrica en nada se asemeja al aeropuerto. En su (casi) quinto año de gobierno, el presidente no puede suponer que nuestros socios comerciales y los inversionistas involucrados, así como los potenciales, aceptarían la noción de que se trata de una legislación del gobierno anterior. El tratado vigente, el TMEC, fue ratificado ya en este sexenio y es ley. Ante esto, el gobierno mexicano tiene dos opciones: una es buscar un arreglo que le permita a todas las partes salvar cara, como ocurrió con los gasoductos en 2019, otro pleito innecesario. La otra consistiría en la opción nuclear: salir del tratado.

Algunos han hablado de un “Mexit,” arguyendo que el costo de romper con la Unión Europea para el Reino Unido no ha sido elevado. Esa historia, como la del sexenio del presidente López Obrador, todavía está por escribirse, pero el ejemplo del Brexit es más relevante de lo que uno pudiera imaginar. Para comenzar, el caso británico fue producto de un amplio y largo debate, seguido de una elección donde la mayoría se manifestó. No menos importante, Inglaterra es una nación consolidada, con instituciones de largo linaje que le garantizan estabilidad. Y, aún así, los costos del Brexit comienzan a apilarse hasta en las cosas más nimias: las luces traseras de los camiones, las etiquetas de ciertos alimentos, la nueva “frontera” en el mar que separa a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Cada uno de esos “pequeños” costos se acumula, disminuyendo los supuestos beneficios del Brexit.

Para México, el TLC fue concebido como un medio para conferirle certidumbre a los agentes económicos. Romperlo implicaría eliminar esa fuente de confianza, lo que equivaldría a sumir a México en una vorágine de autodestrucción. No hay forma de endulzar lo obvio: el TLC fue la respuesta del gobierno mexicano al abuso que representó la expropiación de los bancos. Se buscó una fuente de credibilidad externa para sustentar una base de certidumbre que no existía dentro del país y EUA estuvo dispuesto a proveerla. Lamentablemente, nada se hizo en las siguientes décadas para crear similares fuentes de certidumbre internas, lo que nos deja en condiciones por demás precarias. En aquella época, cuando la expropiación de los bancos, las interconexiones entre México y el mundo eran escasas, pero el costo de aquella gesta heroica de López Portillo fue monumental, incluyendo casi hiper inflación. Romper con el TMEC hoy, con la multiplicidad y profundidad de las interconexiones existentes -el motor de nuestra economía- sería suicida. Ni hablar del presidente: el oprobio que vivió López Portillo después de su gobierno sería nada comparado a lo que le ocurriría a AMLO.

Otra manera de ver el entuerto en que (gratuitamente) se ha colocado el gobierno mexicano es que el TLC se concibió para la posibilidad de que llegara un presidente dispuesto a destruirlo todo. El TLC, y las instituciones nacionales que lo arroparían, era equivalente a lo que hizo Tony Blair en Inglaterra, cuyo primer acto de gobierno fue promover la independencia del Banco de Inglaterra con el mismo objetivo del TLC: conferirle certidumbre a la población y a los agentes económicos.

En lugar de desatar el equivalente de una bomba atómica, el presidente debería aprovechar este diferendo para reemplazar a China dentro del TMEC para afianzar el camino del crecimiento y el desarrollo, fuentes mucho más certeras de un futuro promisorio para el país y para él mismo.

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Un nuevo pleito

Luis Rubio

 El que juega con fuego, reza el refrán, corre el riesgo de acabar quemado. Así está operando el gobierno en el asunto del conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá. Desde luego, el gobierno buscará defender su visión de la industria eléctrica, motivo del diferendo, pero su natural propensión a politizarlo y a convertirlo en un factor de quiebre entraña riesgos que el presidente claramente no ha evaluado.

Como siempre ocurre entre naciones vecinas, la relación entre México y EUA tiene dos dinámicas: la de la realidad cotidiana y la de sus líderes políticos. La realidad se deriva de la constante, creciente y frecuentemente conflictiva interacción. Así ha sido siempre y no hay duda de que seguirá siéndolo en el futuro: los intercambios van en ambas direcciones y cada momento es diferente; baste ilustrar esto con el hecho de que México fue clave en el aprovisionamiento de armamento para ambos bandos durante la guerra civil estadounidense.

Ciertamente, sería posible mejorar lo existente con los arreglos institucionales idóneos, pero el dinamismo no depende de los humores de los líderes políticos, sino de las fuerzas reales de la economía y los intercambios humanos. Trump intentó cancelar el TLC y AMLO preferiría que no existiera, pero ambos tuvieron que apechugar ante la inexorable realidad.

El conflicto del momento es sobre la política del gobierno actual en materia eléctrica. El tratado vigente, el TMEC, establece que las partes tienen que dar trato igual a los agentes económicos nacionales e internacionales. También impide modificar las reglas del juego sin que medie una negociación, pues el objetivo de un contrato de esta naturaleza es precisamente el de conferirle certidumbre a los potenciales inversionistas. En este sentido, no hay ni la menor duda que el gobierno mexicano ha estado modificando las reglas en materia eléctrica, tanto en lo formal (con la ley aprobada en 2021) como en la práctica, con la extorsión a que ha sometido la CFE a las empresas para que abandonen a proveedores privados de energía. Lo que está de por medio en el procedimiento iniciado por el gobierno americano y secundado por el canadiense es si México recula en estas prácticas o es sancionado a través de los mecanismos que el acuerdo comercial prevé.

La lógica de haber negociado en los noventa y renegociado el TLC en el último lustro es la de establecer reglas del juego que obliguen a los tres gobiernos a acatar procedimientos existentes y conocidos por todos. Esto ocurrió porque tan pronto comenzó la liberalización comercial en los ochenta, se desató un enorme número de conflictos comerciales. El TLC fue concebido para evitar esas disputas, facilitar el comercio y hacer posibles flujos crecientes de inversión productiva hacia México.

El TLC nació de un entendimiento entre México y Estados Unidos sobre la relación, el futuro y la convivencia, condición necesaria para establecer una base de confianza dos naciones que ciento treinta años antes habían estado en guerra. El entendimiento consistió en el desarrollo de una visión común sobre la dirección de la interacción incremental que ya venía ocurriendo y se sostuvo de manera compartida hasta que llegó Trump al gobierno de EUA y, dos años después, AMLO al de México. Ambos hubieran preferido anular la geografía y la realidad de creciente intercambio.

Desde la perspectiva mexicana, la clave del TLC original (1994) radicaba en la garantía política implícita que el gobierno americano le otorgaba a los inversionistas. No lo hacía por caridad, sino por su reconocimiento de que la seguridad nacional de EUA se fortalecía a través de una buena relación con un México exitoso y próspero.

El TMEC ya no goza de ese elemento político (excepto para servicios), por lo que un conflicto comercial en este momento podría ser devastador para la economía mexicana.

La desaparición de una visión común ha implicado la degradación de los mecanismos de interacción entre los dos países, el crecimiento de fuentes de conflicto entre los gobiernos y la creciente indisposición a resolver problemas comunes. El conflicto sobre electricidad es potencialmente mayúsculo por tres razones: a) por los enormes montos de inversión en juego; b) por la trascendencia de la energía para el crecimiento de largo plazo de la economía; y c) por la transición energética que experimenta el mundo y, en particular, la industria más prominente en México, la automotriz. Si algo sale mal en esta negociación, estos factores pondrían en entredicho la estabilidad de la economía mexicana.

El gobierno mexicano tiene dos opciones: la ideal sería tomar en serio el desafío que esto entraña para abocarse a negociar una salida, como lo hizo con los gasoductos en 2019, antes de que le ganen los tiempos -o la realidad. La otra opción, la que es su inclinación natural, implicaría desviar la atención y perseverar en su retórica nacionalista, justo frente a la enorme oportunidad que representa para México el conflicto EUA-China. Proseguir por la senda retórica y satírica sería equivalente a jugar con fuego.

A diferencia del asunto de los gasoductos, el momento del ciclo político y el proceso de sucesión ya desatado garantiza una enorme volatilidad que en nada beneficia al gobierno ni mucho menos al país.

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Alternativas

 Luis Rubio

Parafraseando a Marx y Engels, un fantasma recorre al mundo, el fantasma del populismo. Se trata de la lucha entre distintos modelos de desarrollo y formas de conducir a la política. Hoy se enfrentan dos modelos que aceptan la ortodoxia económica: el modelo de democracia de mercado que caracteriza a prácticamente todas las naciones ricas alrededor del mundo, con el modelo de capitalismo autoritario chino. Pero también hay otra disputa, la de los liderazgos políticos: hay jefes de Estado que siguen formas institucionales (lo que Weber denominó “dominación legal”), en tanto que otros han desarrollado perfiles carismáticos, igual de izquierda que de derecha (Trump, Bolsonaro, Chávez, Erdogan), todos los cuales caen bajo el rubro de populismo. Detrás de todo esto hay una batalla entre dos formas radicalmente distintas de concebir al mundo y de adaptase (o no) al entorno internacional y tecnológico predominante.

La contienda se presenta en dos niveles: por un lado, el anhelo de innumerables líderes políticos por romper con los impedimentos impuestos por la economía globalizada y el estrechamiento del mundo debido al avance tecnológico. Por otro lado, la lógica avasalladora de la producción descentralizada a lo largo y ancho del mundo, la ubicuidad de la información y, especialmente, la revolución de las expectativas que se deriva de los dos factores anteriores. La pregunta clave que todo líder político enfrenta es si realmente hay opción. Margaret Thatcher inauguró la frase de “no hay alternativa” para explicar la necesidad imperiosa de reformar a la economía británica. Esté o no uno de acuerdo con la filosofía de la llamada “dama de hierro,” la frase que ella empleaba resume la naturaleza de la disputa que sigue caracterizando al mundo.

Ernesto Laclau,* escribió que “normalmente se suele recurrir a la globalización para justificar el dogma de ‘no hay alternativa’ y el argumento más corriente contra las políticas de redistribución es que las constricciones fiscales a las que se enfrentan los gobiernos son la única posibilidad realista en un mundo donde los mercados no permiten ni la más mínima desviación de la ortodoxia neoliberal.” A partir de este planteamiento, Laclau propone pasar por encima de las instituciones republicanas para transformar la realidad.

Tan atractivo es este planteamiento que innumerables líderes políticos alrededor del mundo y de ideologías tan diversas han intentado romper con los marcos institucionales como propone Laclau. El grito de guerra de Trump era acabar con el “pantano,” noción no distinta, en un sentido conceptual, a lo que propone Podemos en España o que han procurado los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador o López Obrador en nuestro país.

El problema de los proyectos voluntaristas, aquellos en que el gobernante desafía la ortodoxia e intenta imponer sus propias preferencias, es que usualmente chocan con la pared. México vivió severas crisis en la segunda mitad del siglo pasado precisamente porque diversos presidentes se sintieron libres de hacer de las suyas. Eso mismo ocurriría de adoptar el gobierno una línea de choque ahora con la consulta en materia eléctrica.

El fenómeno se ha agudizado en la era del conocimiento por dos razones: primero, con un par de excepciones (como Cuba y Corea del norte), el mundo se ha integrado debido a las comunicaciones que hacen sumamente difícil que un país se abstraiga del resto del mundo. Antes, cuando no existían esas circunstancias, los presidentes festinaban la producción integral de automóviles o refinados del petróleo en su nación, sin inscribirlo en el contexto global. Hoy eso es imposible porque ya no existen plantas en que se fabrique la totalidad de un producto y, más importante, porque la población reclama satisfactores de alta calidad y de inmediato. La idea de que es posible ignorar lo que ocurre en el resto del mundo es inconcebible no por el mentado neoliberalismo, sino porque el electorado ya no lo tolera: al revés, espera respuestas aquí y ahora.

El planteamiento de Laclau y sus seguidores es muy bonito en términos políticos y anímicos, pero es disfuncional en el mundo de la realidad. Lo único certero que se puede afirmar de los proyectos voluntaristas (aquellos que no han sido constreñidos por la fortaleza de las instituciones, como fue el caso de Trump) es que han sido un desastre en términos de crecimiento económico y disminución de la pobreza. Aunque muchos del grupo gobernante discurren sobre los éxitos del régimen venezolano, la evidencia del desastre que es esa nación es abrumadora. La retórica puede ser generosa, pero la realidad es absoluta.

Como ha argumentado Jan-Werner Mueller,** la evidencia muestra que los ciudadanos que sostienen a gobiernos voluntaristas-populistas no son una mayoría silenciosa, sino una minoría vociferante. Es por ello que prácticamente todos los intentos por desafiar la realidad en la era del conocimiento acaban mal. Bill Hicks, un cómico, soñaba con un partido político para “personas que odian a otras personas.” Su problema era que no lograba juntar a su base para integrar el partido: al movimiento egoísta lo destruía su principio nodal. La realidad no se puede desafiar y eso es lo que acaba con estos voluntarismos insostenibles.

 

*Hegemonía y estrategia socialista; **The Myth of the Nationalist Resurgence

 

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  REFORMA
 31 Jul. 2022 

Después del diluvio

 Luis Rubio

Decía un guía en el palacio de Versalles que Luis XIV construyó el palacio, Luis XV lo disfrutó y Luis XVI pagó la factura. Estamos en la etapa en que el presidente López Obrador está disfrutando de la estructura económica y financiera que le dejaron sus predecesores, esos malditos neoliberales. La interrogante clave para pasada la elección de 2024 es cómo pagar por lo hecho, y lo no hecho, en este sexenio para comenzar la construcción de algo nuevo y funcional hacia la prosperidad y el desarrollo

En todos los sexenios que me ha tocado observar, lo que distingue al actual es la ausencia de un proyecto para el desarrollo del país. Algunos de los anteriores eran demasiado ambiciosos, otros meramente ideológicos; en algunos lo notable era la ausencia de ambición, en tanto que otros eran irreales por inviables. Pero ninguno carecía de un esquema orientado a lograr mayor prosperidad y mejores niveles de vida.

Para el presidente López Obrador el desarrollo se logra casi por ósmosis: el gobierno concentra todo el poder y el resto ocurre de manera automática. En lugar de estrategias, inversiones o legislación, lo que aquí ha habido es una manipulación narrativa dedicada a nutrir una base electoral y tres proyectos de inversión que no sólo no son ambiciosos, sino que no tienen sentido estratégico alguno ni para las regiones en que se han instalado. Se trata de un proyecto político, es decir, de poder, y no uno de desarrollo.

Más allá de la excusa provista por la pandemia para justificar todo lo no hecho y lo desecho, el devenir del sexenio que poco a poco se aproxima a su ocaso ha sido posible gracias a dos décadas de construcción institucional que arrojó una estructura financiera para la estabilidad, un perfil de deuda muy cómodo para el erario, fondos y fideicomisos para casos de emergencia, periodos de recesión o fenómenos naturales.

Las administraciones que precedieron a la actual se ocuparon de fortalecer los cimientos de la estabilidad económica para evitar recaer en las crisis del pasado que destruyeron todo –familias, ahorros- a su paso. Sin esos antecedentes, el gobierno actual jamás habría podido desviar tantos recursos que otrora se dedicaban a la promoción de la inversión (infraestructura, generación de electricidad, etc.) hacia sus clientelas favoritas. Aunque el presidente habla de austeridad, ésta no existe: los recursos se siguen gastando, sólo que ahora el criterio es de rentabilidad electoral y política, no de desarrollo económico.

De esta manera, el prospecto más generoso que se puede estimar para el futuro es que, al final de 2024, sólo se haya perdido un sexenio y nada más. Los cálculos más optimistas son que la economía retornará al nivel de 2018 hacia el final de 2024, cuando la población habrá crecido en varios millones de nuevos mexicanos. Y esos son los cálculos optimistas.

Lo imperativo hoy es colocarnos en septiembre primero de 2024, el día de la inauguración del próximo presidente, para comenzar a otear el panorama que nos espera, como si ese día fuese a tomar posesión Luis XVI. Además de finanzas maltrechas, pero confiadamente no en situación de crisis, todo ello por haberlas exprimido al máximo con la desaparición de los fondos de estabilización y fideicomisos varios, el país se encontrará con un gobierno nuevo sin mayores instrumentos y con una gran crisis de confianza.

Sea quien sea presidente, hombre o mujer, en 2024, sus opciones van a estar muy limitadas por al menos tres razones: primero, porque ninguno gozará del vasto apoyo que logró el presidente en 2018 ni contará con sus habilidades o historia para preservar la base que su antecesor creó. Ninguno de los precandidatos obvios, de ambos lados de la barrera, goza de esa situación excepcional. Segundo, el gobierno actual habrá agotado todo el espacio fiscal -recursos para emprender proyectos- lo que le obligará a procurar nuevas fuentes de financiamiento incluso para la operación más elemental del gobierno, ya sin pensar en las cosas urgentes e imperativas como la seguridad de la población.

Finalmente, la tercera razón por la cual las opciones serán estrechas es el otro lado de la moneda de la gestión del presidente López Obrador: así como construyó y nutrió una base electoral amplia, alienó al resto de la población. En lugar de sumar, dividió y polarizó, crispando el ambiente al punto de provocar reacciones viscerales e impulsivas tanto por parte de quienes lo apoyaron como de quienes acabaron odiándolo. Quien asuma la presidencia en 2024 tendrá que lidiar con esa contraposición y comenzar a hilar para construir puentes, disminuir tensiones y desarrollar fuentes de apoyo sostenibles e institucionales. Como en el viejo sistema priista, el próximo gobierno no tendrá alternativa más que reproducir el péndulo de antaño: corregir lo dañado y comenzar de nuevo.

Esto último será el reto más grande: la gran virtud del TLC radicaba en que proveía fuentes de certeza que trascendían los sexenios. Eso desapareció, mitad por Trump y mitad por López Obrador. La gran tarea será encontrar o construir una nueva plataforma que garantice la certidumbre, mellada por este gobierno tan preocupado por lo inmediato (lo electoral) pero desdeñoso de lo trascendente, el desarrollo y la paz.

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 REFORMA

24 Jul. 2022

Desmesura

Luis Rubio

La desmesura o pecado de orgullo, que los griegos denominaban hubris, consiste en creerse más que humanos, desconocer y traspasar imprudentemente los límites de nuestra condición olvidando su insuperable finitud. Tal desmesura, dice Aníbal Romero, incluye el desdén hacia los costos que nuestra pérdida del sentido de las proporciones puede acarrear a otros, en términos de angustia, dolor y desencanto. Un gobierno dedicado a caprichos sin la menor preocupación por la relación entre costos y potenciales beneficios es un ejemplo inexorable de desmesura.

La propensión a la desmesura es una constante en la naturaleza humana. En la Ilíada, Homero muestra diversas formas en que Helena, Aquiles y otros personajes pierden sentido de realidad. Eso mismo ocurre cada vez que un gobierno decide en función de mitos, dogmas o preferencias sin reparar en lo obvio: los recursos que emplea no son suyos. Los gobiernos utilizan recursos que recaudan de la población y son, o deberían ser, responsables ante ésta. Éste claramente no ha sido el caso del actual gobierno.

Los gobiernos, potenciados por su enorme tamaño, ejercen sus recursos como mejor consideran, impactando la vida cotidiana por comisión, pero también por omisión. El gobierno actual diseñó tres proyectos emblemáticos cuyo costo debe medirse de dos maneras: en primer término, por la inversión misma y las opciones que existían; igual de importante, es indispensable evaluar sus consecuencias. No hay mejor ejemplo de esto que el famoso aeropuerto Felipe Ángeles: el costo de construirlo, el costo de destruir el NAICM, que llevaba cerca de 40% de avance, y el costo de tener que construir un nuevo aeropuerto en el futuro porque la combinación de los dos actuales (AIFA y AICM) es disfuncional y, en todo caso, insuficiente.

El gobierno se ha distinguido por la opacidad en el manejo de las inversiones públicas, así que todo son estimaciones, pero los cálculos publicados sugieren lo siguiente: el costo de AIFA fue de 5 billones de dólares; el costo de destruir el aeropuerto de Texcoco, incluyendo el repago a los tenedores de bonos, bordea los 16 billones de dólares. En adición a esto, como saben todos los usuarios del viejo aeropuerto, pero que es un secreto para el presidente, tarde o temprano se requerirá un nuevo aeropuerto que reemplace al actual y ese nunca va a ser el de Santa Lucía. Ese nuevo aeropuerto costará al menos otros 16 mil millones de dólares. En suma, el “chistecito” va a costar unos 37 mil millones de dólares.

Algo similar ocurrirá con la refinería y el tren maya. Las estimaciones más recientes sugieren que la refinería costará cerca de 18 mil millones de dólares y que el tren maya alcanzará una cifra de aproximadamente 11 mil millones de dólares al tipo de cambio actual. Como con el aeropuerto, la medida tiene que ser doble: lo que costarán los proyectos y los potenciales beneficios que lleguen a arrojar. Si las tendencias actuales en materia de automóviles eléctricos se materializan, lo mejor que se podría esperar es que un proyecto concebido para funcionar por décadas (la refinería que Pemex adquirió en Texas tiene más de un siglo desde su construcción), es que ésta opere por un máximo diez años: de mediados de los veinte a mediados de los treinta. O sea, otro enorme dispendio. El tren maya constituye una apuesta todavía más temeraria, toda vez que ni siquiera pasa por dos de las tres ciudades importantes de la península.

La desmesura tiene muchas formas de cuantificarse, pero la esencial es aquella que se deriva de dogmas que nunca experimentaron criba alguna de realidad. Yo no se si el aeropuerto de Texcoco se localizaba en el mejor lugar, pero no tengo duda alguna que los dos aeropuertos que hoy existen comparten un mismo espacio aéreo y, por lo tanto, no suman sino restan. Todo por demostrar, como indicaba el título del libro que el presidente colocó junto a su sillón el día en que anunció la cancelación del aeropuerto, “quién manda aquí.” Gracias a la ausencia de contrapesos, los presidentes mexicanos mandan en su sexenio y son propensos a los excesos aquí apuntados, pero ninguno como el actual.

La soberbia y la arbitrariedad se mezclan para producir no sólo excesos, sino devoción por los mismos, la mejor medida de hubris, ese pecado capital tan mexicano que tan costoso le ha salido al país a lo largo de su historia. Por muchos años, el hoy presidente criticó, con toda legitimidad, el excesivo costo del rescate bancario, estimado en alrededor de 12% del PIB. El costo de sus proyectos de inversión se acercará al 6% de la economía. La diferencia es que aquél fue producto de una crisis mal manejada; éste fue intencional y auto infligido.

El presidente Juárez anticipó lo que vendría ciento cincuenta años después de su muerte: «Un sistema democrático y eminentemente liberal, como el que nos rige, tiene por base esencial la observancia de la ley. Ni el capricho de un hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la sociedad, forman su esencia. Bajo un principio noble y sagrado él otorga la más perfecta libertad, a la vez que reprime y castiga el libertinaje… Es por tanto evidente, que a nombre de la libertad jamás es lícito cometer el menor abuso».

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en REFORMA

(17 Jul. 2022).-

Punto de inflexión

Luis Rubio

El mundo de las últimas tres décadas fue una anomalía histórica: el fin de la guerra fría pareció congelar al planeta por la existencia de una superpotencia que hizo irrelevantes a las tradicionales zonas de influencia, donde cada potencia regional imponía su ley. Independientemente de la manera específica en que acabe la invasión de Ucrania, lo único que es certero es que el llamado “orden mundial” habrá cambiado. Nos encontramos ante un inexorable punto de inflexión, justo en el momento en que el presidente López Obrador va a Washington.

Más allá de sanciones y cálculos sobre el resultado final de aquel conflicto, lo directamente relevante para México es qué cambiará en la relación México-Estados Unidos, sea esto con el gobierno de Biden o con quien le siga.

Es fácil subestimar al tío Sam, como le pasó a los japoneses en 1941, a los terroristas de septiembre 11 y a los rusos en Ucrania. Biden no ha sido un líder particularmente exitoso, pero no es la persona, sino la superpotencia que él representa, con quien México debe lidiar.

Visto desde la ciudad de México, sobre todo dada la enorme capacidad que AMLO parece creer tener para influir sobre las decisiones internas de ese país, es fácil imaginar que puede imponerle su agenda a Biden, como hizo con la Cumbre de las Américas. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que apostar contra los estadounidenses, como de hecho lo ha estado haciendo el gobierno mexicano, no es una estrategia muy inteligente.

En una entrevista cuando Rusia comenzó su embate contra Ucrania, Natan Sharansky, un prisionero político en la era soviética, explicó a Putin con la siguiente metáfora: “El cabecilla en su celda” cuando estaba en prisión no era la persona más fuerte físicamente, sino quien estaba dispuesto a emplear su navaja. “Todos tenían una navaja, pero no todos estaban dispuestos a usarla; Putin está convencido que él usará su navaja en tanto que occidente no, que occidente solo puede hablar a pesar de ser físicamente mucho más poderoso.” Putin lleva años midiendo a occidente, especialmente a EUA, y su lectura le llevó a concluir que podía invadir Ucrania y salirse con la suya. El veredicto sobre el devenir está por conocerse, pero el hecho de haber invadido cambió la historia y eso tiene enormes implicaciones para México.

El presidente López Obrador actúa bajo un marco de referencia previo a la invasión de Ucrania. Independientemente de esa nación, es imposible no reconocer que el mundo volverá a la lógica de las zonas de influencia donde las potencias -dos o tres, según lo que resulte- comenzarán a hacer sentir sus prioridades y preferencias. Esto que ya han venido haciendo China y Rusia, cada uno a su manera, tarde o temprano se reproducirá en nuestra región.

México es la primera línea de fuego en esa lógica y será sin duda el primero en sentir el peso de la potencia de la región. Desde la perspectiva estadounidense, México lleva años a la deriva, sobre todo en materia de seguridad, pero también por su incapacidad para resolver problemas elementales que impiden el crecimiento de su economía. Por algún tiempo desde finales de los ochenta en que se llegó a una serie de acuerdos seminales sobre los principios que regirían la relación bilateral, Estados Unidos fue un factor activo y dispuesto a apoyar la ansiada transformación interna, el TLC siendo el principal caballo de pelea para lograr el objetivo. Con el tiempo, sin embargo, la falta de resultados y de acción llevó a una desilusión por parte de los norteamericanos, que se limitan cada vez más a cuidar su frontera, abandonando la expectativa de que México lograría un desarrollo integral.

AMLO ha pasado meses provocando al gobierno estadounidense, amenazando y desairando a su presidente y, más recientemente, ofendiendo a su población con la grandiosa idea de destruir la estatua de la libertad, de los pocos símbolos que todavía unen a todos los norteamericanos. No tengo duda que, si la geografía lo permitiese, su preferencia sería distanciar a México de su vecino norteño pero, como no puede, hace todo lo posible por enfriar y disminuir la relación, probablemente confiando con ello lograr el mismo objetivo, independientemente del costo.

Quizá el presidente piense que tiene una desmedida capacidad para imponer sus preferencias sobre los estadounidenses, pero todos los que los conocen saben que, como superpotencia a veces renuente, tarde o temprano pintará su raya e impondrá sus reglas. Tal vez no pueda obligar a México a enfrentar la violencia y extorsión a que están sometidos los mexicanos o a que mejoren los niveles de vida de los mexicanos, pero, como ilustró Trump en su momento, no va a tolerar una ofensa tras otra.

El presidente clama respeto y habla de soberanía, pero se trata de una quimera en la era de la globalización. El respeto, para existir, tiene que ser mutuo y México no se ha caracterizado por esa virtud hacia Biden. Por lo que toca a la soberanía, ésta se afianza logrando la grandeza de México, no con su creciente sumisión ante el crimen organizado y con la interminable construcción de barreras al desarrollo económico. La relación con EUA puede ayudar en ambos frentes, pero no cuando se les usa de puerquito.

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 10 Jul. 2022 

Cambio acelerado

Luis Rubio

 “El futuro ya está aquí, escribió el novelista William Gibson, sólo que no está equitativamente distribuido.” El cambio que experimenta el mundo es incontenible y ocurre en todos los frentes, algunos benignos, otros por demás riesgosos. En las últimas semanas se han acumulado una serie de noticias y estudios que, en conjunto, presentan un escenario complejo (y, en muchos sentidos, contradictorio) que obliga a visualizar el potencial de alteraciones al panorama que venía materializándose en los últimos meses.

Una primera aproximación al cambiante escenario es el que aporta China. Si uno extrapola las tendencias de los últimos años, su economía rebasaría a la estadounidense al final de la década, para convertirse en el nuevo polo de atracción económica y, potencialmente, política. Un estudio de Visual Capitalist[i] ilustra gráficamente la forma en que la economía mundial evoluciona y los cambios que se anticipan para las principales economías del mundo (y, de paso, muestra el creciente deterioro de México en el panorama internacional, lo que sugiere problemas futuros).

El estudio se fundamenta en una extrapolación directa y no toma en cuenta dos elementos que podrían modificar estas tendencias: por un lado, hay especulación en el mundo sobre la veracidad de las estadísticas oficiales de China; en un extremo, hay quienes mantienen que la población total de esa nación es sensiblemente inferior a la previamente estimada,[ii] lo que llevaría a la posibilidad de que, en lugar de crecimiento, China comience un proceso acelerado de contracción. Desde luego, esto no cambiaría el extraordinario desempeño de la economía china y su enorme potencial, especialmente por su gran avance en materia de tecnología digital y de inteligencia artificial, lo que bien podría poner a esa nación en el liderazgo mundial en las industrias más prometedoras.

Un segundo factor en esta ecuación es la disputa sobre la forma de gobernar que encabezan Estados Unidos y China, el primero con una democracia disfuncional, la segunda con un sistema autocrático que ha sido capaz de sacar de la pobreza a cientos de millones de sus ciudadanos. Detrás del conflicto entre las dos potencias se evidencian las fortalezas y debilidades relativas de las dos naciones justo en el momento en que la pandemia no acaba de resolverse, la inflación comienza a hacer estragos y persiste el interminable debate sobre la viabilidad del sistema político chino. Ian Bremmer[iii] especula en su nuevo libro sobre la posibilidad de que uno de los grandes mitos de nuestro tiempo (la superioridad del sistema político estadounidense frente a la superioridad de la economía de China) acabe siendo al revés: que triunfe la flexibilidad de la economía norteamericana en tanto que el sistema político chino pruebe ser más robusto y sostenible.

El tercer elemento en este panorama es la creciente inflación, para la cual ninguna de las naciones de occidente parece tener una respuesta convincente, lo que amenaza con sumir al mundo en una recesión sin salida evidente. El desempeño reciente de los mercados financieros abona a este escenario, sobre todo en la medida en que el momento político es particularmente delicado en Estados Unidos, con elecciones legislativas al final de este año. La inacción del gobierno de Biden, sus dudosas prioridades en materia económica y su enorme desprestigio agudizan lo intrincado del momento.

El panorama se va complicando en todos los ámbitos, lo que no augura un futuro tranquilo para nuestro país. En el último par de años México ha disfrutado de una situación inusual no gracias a la estrategia del gobierno, sino a la generosidad del gobierno norteamericano: por una parte, nuestras exportaciones se han multiplicado debido al excepcional crecimiento de la economía estadounidense, creando un entorno alentador al interior del país; por otro lado, las transferencias que realizó el gobierno estadounidense hacia sus habitantes para mitigar los efectos nocivos de la parálisis económica provocada por la pandemia se tradujo en un monumental crecimiento de las remesas de nuestros connacionales hacia sus familias en el país (que pasaron del 1% al 4% del PIB). Ninguno de estos fenómenos es atribuible al gobierno: más bien, en sentido contrario, ha sido la economía americana la que ha evitado un colapso económico y social en México.

Esta situación debe contrastarse con las nubes que podrían estarse avecinando para la economía mundial. Para México, los factores clave de su estabilidad económica son las exportaciones, las tasas de interés en dólares y las remesas. Una severa recesión en EUA amenazaría los tres factores, invirtiendo el panorama que ha caracterizado a nuestra economía en años recientes.

La ausencia de una estrategia de desarrollo, la innecesaria polarización política y la alienación tanto del gobierno estadounidense como de inversionistas deseosos de diversificarse frente al conflicto de esa nación con China se convierte ahora en un enorme riesgo de recesión y empobrecimiento, no exactamente el panorama prometido en 2018.



[ii] https://www.youtube.com/watch?v=vo3J0UwtGJ0

[iii] The Power of Crisis: How Three Threats – and Our Response – Will Change the World

 

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