Luis Rubio

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«La distancia -escribió Samuel Johnson- tiene el mismo efecto en la mente que en el ojo, y mientras nos deslizamos a lo largo de la corriente del tiempo, lo que dejamos atrás siempre disminuye, y a lo que nos acercamos aumenta en magnitud». Los tiempos cambian y las realidades también; lo que era válido antes deja de serlo porque lo único que no para es el correr del tiempo y, con ello, las expectativas: las que se cumplieron que las que se destruyeron. Usualmente más de las segundas que de las primeras.

Escribí hace algún tiempo que, sin política, los grandes cambios que había experimentado el país en el pasado medio siglo eran vulnerables porque, especialmente en el gobierno de Peña Nieto, las reformas se habían impuesto en lugar de socializarlas. En vez de ser protagonista, la población fue relegada detrás de la barrera y sin boleto de entrada. Se alteraba el marco legal sin que nuestros dilectos políticos explicaran porqué y para qué o entendieran la importancia de convencer a la ciudadanía. Sin legitimidad, las reformas de Peña acabaron siendo víctimas de la andanada morenista, cuya lógica no es el desarrollo del país, sino el control de todo: desde la economía hasta la sociedad.

Con pertinencia, Macario Schettino me escribió que el TLC norteamericano era un contraejemplo: “También se hizo sin preguntar, en alianza PRIAN, contra PRIMOR, pero para 1997 la población ya lo había aceptado.” El punto es clave y amerita una explicación más amplia porque revela la sabiduría y madurez de la ciudadanía.

No hay duda alguna que la primera ola de reformas, en los ochenta y noventa, le fue impuesta a la sociedad: desde la liberalización de las importaciones hasta las privatizaciones, el gobierno actuó bajo una racionalidad económica que tenía una gran coherencia interna, pero su fuerte no era la disposición a explicarla en los foros públicos. Aunque los tecnócratas de antes eran mucho menos arrogantes que los del sexenio pasado, su actitud era que bastaba tener razón en un sentido técnico para que la política pública se hiciera realidad. Tampoco tengo duda que, de haber buscado el apoyo popular, se habrían evitado muchos de los errores de aquel momento y, mucho más trascendente, los propios tecnócratas habrían contado con el favor popular para afectar intereses que luego estorbaron, y en muchos casos impidieron, el éxito de sus reformas.

Hay que recordar cómo cambiaron los tiempos: en los ochenta y noventa el PRI era hegemónico, no había redes sociales y el país sufría una crisis devastadora luego de la docena trágica (1970-1982). En esa época no se consultaba nada y el congreso, como en los pasados tres años, no era más que una oficialía de partes del presidente. Salinas procuró el apoyo del PAN para granjearle legitimidad a sus reformas a pesar de no requerirlo en términos técnico-legales: lo hizo porque entendía la trascendencia política de conferirle permanencia a sus reformas. Eso nunca lo entendió Peña Nieto, que vivía en tiempos de debate público sin límite y con AMLO atrás de él.

El caso del TLC es peculiar porque la ciudadanía vio en ello lo que era: una garantía de cambio de largo plazo. Salinas no navegaba a ciegas: las encuestas le decían que más de la mitad de la población tenía algún pariente directo en Estados Unidos. El TLC fue entendido como una manera de aceptar que las reglas del juego de allá serían benéficas para el país, como lo eran para sus parientes que habían emigrado. La popularidad del instrumento tiene fuertes raíces y, por lo tanto, legitimidad plena.

El gran error del gobierno anterior fue ignorar la trascendencia de socializar y lograr legitimidad para sus proyectos. Gobernar no es un acto de voluntarismo, sino de sumar voluntades. Cuando la población hace suyo un proyecto, éste se torna invulnerable, como ocurre con las instituciones electorales o el propio TLC. Una población informada y respetada entiende las vicisitudes del tiempo, en las buenas y en las malas. Sólo para ejemplificar, un gasolinazo es comprensible y comprendido por quien no es engañado todo el tiempo.

En sentido contrario, escribe Jorge Fernández Díaz que “el populismo sólo está para las buenas noticias y cualquier sacrificio le es inadmisible, puesto que vulnera la ‘felicidad del pueblo’. Esta hipocresía cobarde y mediocre, y este círculo maldito, son las grandes razones de nuestra recurrente calamidad.”

Hace medio siglo la función de un presidente era ejercer liderazgo y eso fue lo que produjo las reformas de entonces. “En tiempos de revolución de expectativas, dice David Konzevik, el presidente tiene que ser un Maestro de la Esperanza.” No hay secreto en esto: la era de la ubicuidad de la información hace mucho más difícil gobernar (en cualquier país) porque la clave es convencer y eso requiere respeto. AMLO comunica dogmas, lo que no conduce al convencimiento porque ese ni siquiera es el objetivo.

La nostalgia de López Obrador no sacará al país del hoyo. García Márquez lo dice con claridad: «Como sucede siempre, pensábamos entonces que estábamos muy lejos de ser felices, y ahora pensamos lo contrario. Es la trampa de la nostalgia, que quita de su lugar a los momentos amargos y los pinta de otro color, y los vuelve a poner donde ya no duelen.»

No hay más que hacia adelante.

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Luis Rubio

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 Según el Eclesiastés, hay “un tiempo para destruir y un tiempo para edificar… tiempo para rasgar y tiempo para coser… tiempo de guerra y tiempo de paz.” La pregunta pertinente para México es cuáles de estos modos de proceder han caracterizado al presidente. Teniendo alternativas, ha hecho más por destruir, desunir y agredir que por edificar, coser y pacificar. Nada indica que vaya a alterar su naturaleza de aquí al fin del sexenio. ¿Estadista o profeta?

Los estadistas, dice Kissinger, comprenden que tienen que desarrollar un par de tareas esenciales: preservar la integridad de su sociedad, impulsando el cambio y el progreso, preservando la esencia; y atenuar las actitudes visionarias con cautela. Los estadistas tienden a ser conscientes de las muchas esperanzas que han fallado, las buenas intenciones que no se lograron y la terca persistencia en los asuntos humanos del egoísmo, el hambre de poder y la violencia. Por su parte, los profetas parten de imperativos: “los líderes proféticos invocan sus visiones trascendentes como prueba de su rectitud.”  Creyentes en el destino, “los líderes proféticos tienden a desconfiar del gradualismo como una concesión innecesaria al tiempo y la circunstancia; su objetivo es trascender, no administrar el statu quo.” Entre los primeros, dice Kissinger, están Ataturk, Roosevelt y Nehru; típicos de los segundos son Robespierre, Lenin y Gandhi.

¿Dónde queda México al final del sexenio? Seis años de golpeteo sistemático, destrucción irredenta y polarización como estrategia dejarán un país dividido, en pugna permanente y sin una senda natural a seguir. Peor, la situación fiscal en que el gobierno saliente dejará al país obligará al sucesor o sucesora a enfrentar una realidad inexorable: el erario habrá sido vaciado, quizá no por funcionarios corruptos (aunque también hay muchos de esos), sino por una sistemática desviación de fondos de las funciones elementales del gobierno (como salud, educación y seguridad) hacia proyectos faraónicos y, sobre todo, a las clientelas favoritas del presidente. Un erario vacío y sin futuro obligará a revisar todo, comenzando por los dogmas destructivos que fueron la esencia del gobierno actual.

Seis años de un profeta seguro de su rectitud, pero sin la menor preocupación por los problemas cotidianos que aquejan a la ciudadanía (como empleo, seguridad e ingresos) habrán dejado al país al borde de la quiebra y con pocas opciones para salir adelante. Aunque su popularidad haya podido ser elevada, ésta ha sido un reflejo de la naturaleza de la persona y del éxito mediático-narrativo de su estrategia, más no de un gobierno capaz y exitoso en atender las necesidades inmediatas del país o a construir las estructuras e instituciones que permitirían un desarrollo de largo plazo. El profeta incapaz de entender la circunstancia del país, del mundo o de la población.

Justo cuando México demandaba la presencia de un estadista con visión clara del futuro, pero con una cimbra sólida en la realidad del país y del mundo del momento, AMLO llegó con un amplio sustento popular, pero sin comprensión (o interés por) las circunstancias del momento. Convencido de la probidad de su visión, el presidente ignoró la lógica -correcta o incorrecta, pero no deshonesta- que había animado a sus predecesores, para arrasar con todo lo existente. En lugar del pretendido “nuevo” régimen, deja una nación ayuna de oportunidades y sumida en contradicciones.

Vendrá un nuevo gobierno que no tendrá mayor alternativa que comenzar a arar de cero. A unos les preocupa que persista un gobierno de Morena, a otros les asusta que venga alguien distinto, de un partido o alianza hoy en la oposición. La verdad es que, venga quien venga, los problemas que enfrentará el nuevo presidente, hombre o mujer, serán enormes. Luego de décadas de construir estructuras fiscales diseñadas para conferirle estabilidad a la economía, el presidente ha apostado a que las cosas salgan bien por sí mismas. ¿Para qué ahorrar en años de vacas gordas si, con suerte, nunca habrá años de vacas flacas? Vació los fondos y fideicomisos, aniquiló instituciones, violó toda clase de preceptos legales y regulatorios para afianzar su popularidad. La marca de un profeta, nunca un estadista.

El liderazgo, para ser sostenido y efectivo, tiene que ser más grande que la ambición personal. Los retos que enfrentan México y los mexicanos son inconmensurables y no mejoran financiando déficits de empresas como Pemex o CFE, que no son más que entelequias, ni mucho menos se resuelven con transferencias a una población desesperada y resentida que requiere instrumentos para transformarse y salir adelante, así como oportunidades para crecer y ser parte del desarrollo. Estos seis años van a haber sido un gran desperdicio no sólo por la destrucción de posibilidades, sino sobre todo por la creación de mitos que harán tanto más difícil la labor de quien venga en 2024.

Herbert Stein, un famoso economista, acuñó una ley que lleva su nombre y que describe hacia donde vamos: “si algo no puede seguir para siempre, va a parar.” El mundo de fantasía que imaginó el presidente y al que dedicó ingentes recursos, no es sostenible, por lo que no puede seguir. No importa quien venga, la tarea comenzará por picar piedra.

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“Los grandes casos [frente a la Suprema Corte], como los casos difíciles, hacen mala ley. Porque los grandes casos se llaman grandes, no por su importancia en la formación de la ley del futuro, sino por algún accidente de interés abrumador inmediato que apela a los sentimientos y distorsiona el juicio.” Oliver Wendell Holmes* caracterizó así los asuntos que, por su alta explosividad política, acaban arrojando resultados de dudosa relevancia práctica, cuando no contraproducentes. Cuando los asuntos se convierten en pruebas de lealtad y de definición identitaria, los productos acaban siendo inevitablemente extremos, con poca probabilidad de contribuir a resolver la problemática que se pretende atender.

Esta semana vivimos dos asuntos candentes que ponen en entredicho la estabilidad y la sanidad colectiva en materia de seguridad, uno de los asuntos más trascendentes para la vida pública. Tanto la prisión preventiva oficiosa como el papel de la guardia nacional son elementos cruciales para la seguridad de la población. En ambos casos, las posturas de políticos, estudiosos, comentaristas y a cargo de los asuntos se polarizaron a tal extremo que resultó imposible desarrollar un debate responsable dentro o fuera del ámbito legislativo y de la propia Suprema Corte.

La noción misma de prisión preventiva oficiosa es despreciable porque derrota cualquier concepción básica de justicia. Una persona que es enviada a la cárcel por la mera presunción de un delito y sin la intervención de un juez es algo inaceptable en cualquier sociedad civilizada. Al mismo tiempo, es imposible, y a toda luz absurdo, ignorar el contexto en el que esa figura existe. En un país en que se cometen cientos de miles de homicidios, robos, secuestros y extorsiones cada año, delitos que quedan casi siempre impunes, es obvio que estamos lejos de vivir en un marco de civilización en el que se respetan las reglas del juego en las instituciones estatales y entre éstas y los particulares.

La prisión preventiva oficiosa se concibió para delitos violentos que ameritaban un trato especial para evitar la evasión de la justicia, como podrían ser el narcotráfico, homicidios y similares. El problema fue que se extendió esa figura a una lista interminable de potenciales delitos, con lo que dejó de ser un mecanismo para casos de alta gravedad por la violencia que entrañaban, para convertirse en un instrumento de virtual extorsión por parte de autoridades fiscales, administrativas y políticas. Pasamos de un mecanismo de uso limitado a un instrumento de abuso sin límite. Paradójicamente, eliminar de tajo el mecanismo podría implicar mayor impunidad porque ahora serán los jueces quienes tendrían que dictaminar la llamada prisión preventiva justificada, lo que los expondría a represalias e infinita corrupción. Un juez podría verse forzado a abdicar su responsabilidad para proteger a su familia o aceptar un pago a cambio de no dictar la prisión preventiva. En situación similar, Colombia recurrió a los llamados “jueces sin rostro” para evitar personalizar estas decisiones, lo que nunca funcionó.

El contexto importa porque no vivimos en Dinamarca, ni contamos con la estrategia implícita de seguridad de esa nación, sus policías, funcionarios judiciales o instituciones. Hay que estar ciego para pretender que lo que funciona allá es aplicable a la realidad mexicana sin más.

La guardia nacional, formalmente dentro o fuera del ejército, es sólo un componente, no el mayor, de lo que debería ser una estrategia de seguridad. Los militares -con mucho la mayoría de los integrantes del contingente que integra la guardia nacional- no están preparados para ser policías, no es su función, ni es solución al problema de inseguridad y violencia que afecta al país. Aunque su inclusión formal en la Secretaría de Defensa ha desatado enormes pasiones -y sensatos argumentos jurídicos- el “debate” adolece del componente nodal: la seguridad comienza desde abajo; no puede ser impuesta desde arriba por mandato presidencial, vicio que se acumula desde 2007.

La característica central de todos los países en que su población goza de plena seguridad es que las autoridades locales son las responsables de mantener el orden y preservar la paz. Es el policía de esquina de quien depende la seguridad de la población y de las autoridades del fuero común -las locales- que funcione el sistema de procuración de justicia. En México pasamos de un sistema autoritario con fuerte control central a un inmenso desorden en el que la mayoría de las autoridades estatales y municipales no se responsabiliza de nada.

En este contexto, la función de la guardia nacional debería consistir en crear condiciones de paz y estabilidad para que se desarrollen sistemas policiacos y judiciales efectivos a nivel local, proceso que llevaría años, no unos cuantos meses. Como está en la actualidad, la GN sirve para estabilizar temporalmente una localidad, estabilidad que desaparece tan pronto se muda a otro lugar del país.

Dice de la Boétie** que “los tiranos, para fortalecer su poder, se han esforzado en instruir a su pueblo no sólo en la obediencia y el servilismo hacia sí mismos, sino también en la adoración.” Mientras eso no cambie, el resto seguirá igual.

*Northern Securities Co. v. United States, 193 U.S. 197, 400-401 (1904). **The Politics of Obedience

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 Luis Rubio
En solidaridad con José Sarukhán

 Absurdos los hay por todas partes. Algunos abrevan de sus preferencias más que de la realidad. Así le pasaba a Kafka en Zürau, el sanatorio en que escribía sobre los ratones que pululaban en su entorno. Especulaba sobre la urgencia de atraer a un gato que lo liberaba de los ratones, pero eso creaba una nueva circunstancia: ¿quién lo libraría de los gatos? Los absurdos de Kafka son indistinguibles de los de la 4T y, sobre todo, de sus acólitos.

A los mexicanos nos gustaría vivir en el mundo perfecto, pero nadie parece dispuesto a construirlo, porque eso implicaría abandonar no sólo prebendas, sino sobre todo visiones, cuando no entelequias, de quienes hoy son la esencia del statu quo. Las narrativas cotidianas obscurecen lo obvio: la narrativa -y las preferencias, sobre todo ideológicas- sobresalen por encima de la realidad tangible y no sólo la del mexicano de a pie. El presente se percibe, por tirios y troyanos, insostenible. De ahí que sea indispensable entender dónde estamos para saber no qué es deseable, sino qué es posible.

En la ficción mañanera, los cambios emprendidos a partir de 1982 fueron producto de un celo ideológico que alteró -si no es que destruyó- el curso de la patria. Todo marchaba bien hasta que llegaron los pérfidos neoliberales al poder. La (casi) hiperinflación, la destrucción de familias y patrimonios nunca aparece en la narrativa de la 4T.

Al inicio de los setenta, el país experimentó un cambio radical en el manejo de la economía. Por dos décadas, el país había vivido un círculo virtuoso de crecimiento económico bajo férreo control político. Pero ambos habían comenzado a hacer agua. Las exportaciones de granos, clave para el financiamiento de las importaciones de insumos industriales, habían comenzado a declinar desde mediados de los sesenta. Por su parte, el movimiento estudiantil de 1968 había evidenciado los límites del autoritarismo priista.

La solución avanzada por dos héroes que animan al presidente -Echeverría y López Portillo- fue mágica: el gasto público para satisfacer a todos. El gobierno puede financiar a pobres y ricos, apoyadores y disidentes. Subsidios por doquier. Excepto que la solución no fue tal: el gobierno acabó prácticamente quebrado en 1982 y todo vestigio de civilidad y confianza había sido destruido. Aquellos presidentes fueron incapaces de comprender las fuerzas a las que estaba sujeta la economía mexicana y, en un sentido más amplio, el país en su integridad.

El mundo cambiaba de manera acelerada, pero México se enquistaba en su refugio natural. Mejor esconder la cabeza como avestruz que encarar las circunstancias que determinaban el devenir del país. Como hoy.

El proyecto de la llamada 4T está sustentado en una falacia: la noción de que los tecnócratas, los peyorativamente denominados “neoliberales,” llevaron a cabo una serie de reformas a la economía del país porque eso les dictaba su ideología o por mera corrupción. La realidad es mucho más simple: el país iba a la deriva, el gobierno estaba quebrado y la única forma de recobrar la capacidad -o posibilidad- de crecimiento económico era modificando las estructuras económicas del país.

Mientras México vivía la lujuria petrolera de los setenta -la era del hoy presidente como líder del PRI en Tabasco- el mundo se transformaba. En lugar de economías cerradas y protegidas, el planeta, en términos industriales, se globalizaba, las comunicaciones se revolucionaban y las expectativas explotaban. Poco a poco, el valor agregado se movió hacia los procesos de alto contenido intelectual -software, marcas, innovación, servicios, creatividad, distribución- por encima del trabajo manual.

Aquellos funcionarios, hoy denostados, se abocaron a transformar los fundamentos del desarrollo del país -comunicaciones, infraestructura, energía, educación, salud- a fin de afianzar una plataforma sustentable para el futuro. Evidentemente hubo errores, corruptelas y abusos, pero el objetivo era claro: acercar a México a las oportunidades de desarrollo que eran posibles, y asibles, además de inevitables, en el siglo XXI.

Al final de cuatro años de 4T nos encontramos ante el dilema de siempre: cómo lograr el desarrollo. Excepto que hoy en condiciones subóptimas para alcanzarlo. La destrucción de instituciones que ha promovido el presidente tiene consecuencias. Lo mismo es cierto de la dislocación que ha sufrido el presupuesto público: hoy todo está dirigido a promover la popularidad presidencial y nada al desarrollo del país. El próximo presidente se encontrará ante un panorama aciago, con pocas oportunidades para corregir el rumbo.

Los acólitos de la 4T juran y perjuran -e injurian- pero no tienen argumentos para contrarrestar la devastación que está ocurriendo. Hoy reina el miedo, la incertidumbre y la alienación. La popularidad, producto de una narrativa ficciosa, apunta en una dirección, pero la realidad cotidiana va en sentido contrario. Tarde o temprano la convergencia será inevitable e inexorablemente hacia abajo.

Nada está escrito sobre el 2024, excepto la quiebra fiscal, moral y política que ha enarbolado el gobierno actual. La pregunta ahora es qué o quién ofrece una salida compatible con la realidad del mundo, no con las fantasías que promueve el gobierno.

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Luis Rubio https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/divergencias-2022-09-04/op233293?pc=102&referer=—7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a– https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/divergencias.2122297.html .-     en REFORMA (04 Sep. 2022) ResponderReenviar

NEXOS > 2022 SEPTIEMBRE, AGENDA
Luis Rubio
septiembre 1, 2022

La característica más patente del subdesarrollo es la ubicuidad del binomio escasez-dispendio. Pocos gobiernos ejemplifican mejor la existencia de este binomio como el de México. Lo que distingue al actual sexenio de todos los que me ha tocado observar es la ausencia de un proyecto para el desarrollo del país. Algunos gobiernos han tenido proyectos demasiado ambiciosos, otros meramente ideológicos; algunos faltos de ambición, otros eran irreales o inviables. Pero ninguno carecía de un esquema orientado a lograr mayor prosperidad y mejores niveles de vida. El gobierno actual ha logrado no sólo el empobrecimiento de cada vez más mexicanos, sino el despilfarro de recursos y la ausencia de oportunidades de progreso. Han convivido en él la escasez y el dispendio, inexorable prueba de retroceso.

Para el presidente López Obrador el desarrollo se logra casi por ósmosis: el gobierno concentra todo el poder y el resto ocurre de manera automática. En lugar de estrategias, inversiones o legislación, lo que hay es una manipulación narrativa dedicada a nutrir una base electoral, junto con tres proyectos de inversión que no sólo no son ambiciosos, sino que no tienen sentido estratégico alguno ni para el país ni para las regiones donde se instalan. Estamos frente a un proyecto político de poder, no de desarrollo.

La pandemia inexorablemente afectó tanto a la actividad económica como a la función gubernamental. Pero no cambió las prioridades de inversión del gobierno, todas ellas concebidas antes, sin mayor debate. El gasto ejercido hasta ahora ha sido posible por las dos décadas previas de construcción institucional, que dieron por resultado una estructura financiera estable, un perfil de deuda muy cómodo para el erario, fondos y fideicomisos para casos de emergencia, como recesiones económicas o desastres naturales. Sin eso, el gobierno actual jamás habría podido desviar hacia sus clientelas favoritas recursos que se dedicaban antes a promover la inversión en infraestructura, generación de electricidad, etcétera. El presidente habla de austeridad, pero la austeridad no existe: los recursos se siguen gastando, pero ahora con un criterio de rentabilidad electoral y política, no de desarrollo económico.

Los hechos no son favorables al presidente y su proyecto. Los números muestran una enorme desmesura en las políticas emprendidas tanto por su costo intrínseco como por lo que los economistas denominan “costo de oportunidad”, es decir: la inversión que no se realizó por haber privilegiado otras prioridades.

El gobierno actual diseñó cuatro proyectos emblemáticos. Su costo debe medirse de tres maneras. En primer término, por la inversión misma: ¿es adecuada?, ¿contribuye al desarrollo del país o a resolver problemas fundamentales, así sea en el largo plazo? En segundo lugar, ¿qué otras opciones existían?, ¿los proyectos emprendidos fueron los mejores o se pudieron haber empleado esos mismos recursos de una mejor manera? Finalmente, pero igual de importante, ¿qué consecuencias tuvieron las inversiones elegidas?, ¿cuál fue su rendimiento?

La primera pregunta que se hace cualquier funcionario que se respete es si la inversión que piensa hacer es la mejor posible, ¿cuál es su costo y cuál su beneficio esperado? ¿Hay mejores opciones? Si las hay, ¿cuánto cuestan? El punto es determinar la mejor probabilidad de avance en el bienestar de la población, cosa que no puede ocurrir cuando el análisis del costo de oportunidad no existe o la decisión se reduce a un dogma o a una convicción que no parte de la realidad.

Ilustración: Víctor Solís

El aeropuerto

No hay mejor ejemplo de dispendio que el famoso aeropuerto Felipe Ángeles con sus tres costos: el de construirlo, el de destruir el NAICM —que llevaba cerca de 40 % de avance— y el de tener que construir en el futuro otro aeropuerto porque la combinación de los dos actuales (AIFA y AICM) es disfuncional e insuficiente.

El gobierno se ha distinguido por la opacidad en el manejo de las inversiones públicas, así que es necesario estimar los costos a partir de la (poca) información disponible. Según la Cuenta Pública, se han aprobado para el aeropuerto de Santa Lucía 95 000 millones de pesos, poco menos de 5000 millones de dólares al tipo de cambio actual (ver tabla 1).

Tabla 1

Fuentes: https://bit.ly/3T3nN1B, https://bit.ly/3QFQPTy y https://bit.ly/3CqV8h4

A este costo hay que agregar el de la destrucción del aeropuerto de Texcoco (NAICM), que incluye el repago a los tenedores de bonos por una cantidad cercana a los 16 000 millones de dólares, coincidente con la cifra de 331 996 millones de pesos de la Cuenta Pública de 2019 reconocida por la Auditoría Superior de la Federación.

Como saben todos los usuarios del viejo aeropuerto (AICM), aunque al parecer no el presidente, tarde o temprano se requerirá un nuevo aeropuerto que reemplace al actual y que no será el de Santa Lucía, en tanto éste compite por el espacio aéreo con el viejo aeropuerto y porque adolece de sus mismos defectos: malos accesos y límites a su potencial de crecimiento. El nuevo aeropuerto costará al menos otros 16 000 millones de dólares. En suma: la mala decisión sobre el aeropuerto costará al menos unos 37 000 millones de dólares.

Dos Bocas

La información presupuestal sobre la Refinería de Dos Bocas es prácticamente nula. En la Cuenta Pública 2019 se reportó como aprobada una reserva de 48 200 millones de pesos.¹ Para ese año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un gasto de Pemex Transformación Industrial por 14 388 millones de pesos. Sin embargo, es imposible calcular el avance de las obras debido a la falta de bitácoras y metas.²

En la Cuenta Pública 2020³ y 2021,⁴ el proyecto de Dos Bocas Tabasco aparece en ceros tanto en la inversión aprobada como en la ejercida. A pesar de esto, para 2020 la ASF detectó pagos por 34 941 millones de pesos de Pemex Transformación Industrial para la nueva refinería. Asimismo, en la Cuenta Pública 2021⁵ se reporta un gasto de 74 975 millones de pesos para la construcción de la refinería de Dos Bocas (ejercicio del presupuesto de egresos de Pemex). En los mismos documentos de la Cuenta Pública de 2020 y 2021 no se reporta información al respecto.

Al mismo tiempo, en la Cuenta Pública 2021, en el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Energía,⁶ se precisa que 66 718 millones de pesos de los 316 354 millones transferidos de la Sener hacia Pemex se destinaron a actividades sustantivas y el resto al pago de deuda. Es posible que dichas actividades sustantivas correspondan a la construcción de la refinería, pero es imposible afirmarlo con certeza. En 2019 la Sener transfirió a Pemex 122 131 millones de pesos y 46 256 millones de pesos en 2020. Aunque en la Cuenta Pública no se especifica el destino, es posible pensar que parte se dedicó al pago de la deuda y otra parte a la refinería.

En suma: la información disponible sugiere que el gobierno ha dedicado hasta 331 000 millones de pesos a la refinería que, aunque recientemente inaugurada, está lejos de haber sido completada. Informaciones periodísticas argumentan que el costo final de la obra podría ascender a 18 000 millones de dólares.

El Tren Maya y el Corredor Transístmico

El Proyecto del Tren Maya se compone de cuatro líneas de inversión: una llamada Tren Maya, dos de estudios de preinversión y otra de reubicaciones de asentamientos. Entre todos, el monto total de inversión interanual es de 172 369 millones de pesos⁷ (ver tabla 2).

Tabla 2

Nota: Montos en millones de pesos reales de 2021

En el acumulado de 2019 a primer trimestre de 2022 se han gastado 70 627 millones de pesos, un avance del 41 % del monto global aprobado, o sea 3500 millones de dólares de un monto total aprobado de 5875.

El proyecto del Corredor Transístmico se reporta dividido en dos proyectos: el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V. y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para ambos se contempló en 2020 una inversión global de 11 076 millones de pesos reales. Este monto fue ampliado a 16 671 millones de pesos para 2021, pero en 2022 se redujo a 7239 millones de pesos, lo que podría indicar que ha perdido prioridad para el gobierno.⁸

En la práctica internacional, prácticamente no hay proyecto de inversión que se apegue a su presupuesto inicial, por lo que los sobregiros que experimentan muchos de estos proyectos no deberían sorprender a nadie. Desde luego, los sobregiros se pueden deber a malos proyectos (cosa probable dada la premura con que se decidieron), pero también a la corrupción, que nunca está ausente en los proyectos gubernamentales. Mucho más importante que los costos directos, lo imperativo es determinar si se trató de las mejores inversiones posibles, aquéllas susceptibles de generar el mayor beneficio para la población en materia de crecimiento económico, desarrollo y bienestar.

Proyectos chicos y caros

Si se comparan con la política de desarrollo más ambiciosa y trascendente del último medio siglo, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los proyectos descritos resultan pequeños, con poco efecto multiplicador y poca capacidad de generar riqueza, empleos o beneficios de largo plazo. El tiempo dirá, pero las perspectivas de los cuatro proyectos no son brillantes.

Los costos, en cambio, son enormes. Las estimaciones más recientes sugieren que la refinería costará cerca de 18 000 millones de dólares y que el Tren Maya alcanzará una cifra de entre 15 000 y 20 000 millones de dólares al tipo de cambio actual (ésta es la última información dada por el presidente en su conferencia del 26 de julio de este año). Como con el aeropuerto, la medición tiene que ser triple: lo que costarán los proyectos, la ecuación costo-beneficio y los efectos potenciales de largo plazo.

Si las tendencias actuales sobre los automóviles eléctricos se materializan (es decir: que el 50 % de los automóviles vendidos en 2030 serán eléctricos y el 100 % en 2040), lo mejor que se podría esperar de Dos Bocas es que opere máximo diez años: de mediados de los veinte a mediados de los treinta. O sea, un enorme dispendio.

El Tren Maya constituye una apuesta todavía más temeraria, toda vez que ni siquiera pasa por dos de las tres ciudades importantes de la península: Mérida y Campeche.

El aparente abandono en las inversiones para el Corredor Transístmico no auguran sino una obra inacabada: otra vez, dispendio.

La desmesura tiene muchas formas de cuantificarse, pero la esencial es aquella que se deriva de dogmas que nunca experimentaron criba alguna de realidad. Yo no sé si el aeropuerto de Texcoco se localizaba en el mejor lugar, pero no tengo duda alguna de que los dos aeropuertos que hoy existen comparten un mismo espacio aéreo y, por lo tanto, no suman sino restan. Todo para demostrar, como indicaba el título del libro que el presidente colocó junto a su sillón el día en que anunció la cancelación del aeropuerto, “quién manda aquí”.

Gracias a la ausencia de contrapesos, los presidentes mexicanos mandan en su sexenio y son propensos a los excesos, pero ninguno como el actual.

La soberbia y la arbitrariedad se mezclan para producir no sólo excesos, sino devoción por los mismos, la mejor medida de hubris, ese pecado capital de la política que tan costoso le ha salido al país a lo largo de su historia.

Durante años, el hoy presidente criticó el excesivo costo del rescate bancario, estimado en alrededor de 12 % del PIB. El costo de sus proyectos de inversión se acercará al 6 % de la economía. La diferencia es que aquél fue producto de una crisis mal manejada; éste fue intencional y autoinfligido.

Las apuestas del presidente

El gobierno del presidente López Obrador ha hecho tres apuestas fundamentales. La primera, los proyectos de infraestructura (la refinería, el Tren Maya, el Tren Transístmico y el aeropuerto), a lo que se suma la pretendida revitalización de Pemex, otro gran espacio de inversión sin retorno hasta la fecha. Estas iniciativas han avanzado contra lluvia y marea, pandemia y recesión, gracias a la convicción del presidente de que así se construye el futuro y se afianza su llamada cuarta transformación.

La segunda apuesta es al subsidio de la población que ha sido su base electoral (no siempre la más pobre o necesitada), y que confía que garantice la continuidad política-electoral de su proyecto de gobierno. Esa población refrendó su apoyo en la justa electoral intermedia (2021), pero mostró su verdadera dimensión en el referéndum revocatorio: luego de haber ganado la presidencia con poco más de 30 millones de votos en 2018, sólo 16 millones se manifestaron por el presidente López Obrador en 2022. La interrogante es si ese voto duro probará ser suficiente para lograr el objetivo último de garantizar la continuidad o legitimidad del proyecto.

La tercera apuesta es a la estabilidad económica-financiera del país, medida esencialmente en la forma de un tipo de cambio estable. Lo que muchos consideran una obsesión, particularmente quienes argumentaron con insistencia por un mayor gasto durante la pandemia, es producto de un cálculo político frío que se resume en la famosa frase de que “el presidente que devalúa se devalúa”. Para el presidente es claro que esta variable es trascendente para toda la sociedad mexicana y que, por lo tanto, es factor esencial en su proyecto.

La apuesta más grande, la inconfesa, es a que el país preserve su estabilidad política a pesar de la estrategia de polarización que ha caracterizado al presidente. A los acólitos del presidente les podría parecer una apuesta razonable y hasta justificada, pero ignoran tres factores que determinarán el devenir del gobierno y, en buena medida, del país en los próximos años: la sucesión presidencial de 2024; los mercados de exportación, clave para la estabilidad económica y social, ahora amenazada por la potencial disputa en materia de electricidad con nuestros socios comerciales; y la destrucción institucional, que benefició al presidente en el corto plazo, pero que eliminó toda la vertebración institucional que es crucial para atraer inversión productiva, tanto nacional como extranjera. Al final del día, el país sigue dependiendo de demasiadas apuestas.

Luis Rubio
Presidente de México Evalúa. Su libro más reciente es La nueva disputa sobre el futuro de México (Grijalbo).

Agradezco encarecidamente a Mariana Campos y a su extraordinario equipo de México Evalúa por su apoyo en la consecución de las cifras presupuestales que me hicieron favor de proveer.

¹ https://bit.ly/3dF2h39

² ASF. “Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas. Auditoría de Desempeño 409-DE”, https://bit.ly/3PBx9Ph

³ https://bit.ly/3K8aWr5

⁴ https://bit.ly/3CeUTG0

⁵ https://bit.ly/3AyN0tR

⁶ https://bit.ly/3QIDZ7e

⁷ Transparencia Presupuestaria

⁸ https://bit.ly/3T3nN1B