Luis Rubio

Impactante el contraste entre las reformas económicas de las últimas décadas y las de naturaleza político electoral. Las primeras han seguido una lógica impecable y se caracterizan por su claridad de propósito. Las segundas han sido todas reactivas, chiquitas y de brújula cambiante. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con unas o las otras, pero es indiscutible que se trata de dos “animales” distintos.

La necesidad de reformar surge cuando el statu quo resulta insuficiente para poder satisfacer las necesidades de la población. En este sentido, la noción de reformar implica un cambio en la realidad circundante y, por lo tanto, la afectación de intereses que se benefician del estado de cosas.

Las reformas comenzaron a discutirse en los sesenta porque los factores que habían sostenido al orden político-económico comenzaron a hacer agua. Hasta entonces, la economía operaba dentro del contexto de la substitución de importaciones, lo que requería de la importación de diversos insumos para funcionar. Como no exportábamos prácticamente nada en materia industrial, el declive de las exportaciones de granos a partir de los sesenta constituyó una señal de alarma. Lo mismo fue cierto del movimiento estudiantil de 1968 para el sistema político. Lo que había funcionado por varias décadas estaba haciendo crisis.

México requería reformas para lidiar con las dos crisis en ciernes, pero lo que ocurrió fue el inicio de una disputa por el futuro que se resolvió, en un primer momento, a favor de un crecimiento en el gasto público y la inflación (1970-1982) como medio para intentar satisfacer a toda la población. La idea era que un mayor gasto se traduciría en mayor crecimiento y menores tensiones políticas. El resultado fue veinte años de crisis económicas y una explosiva polarización política.

Luego de la debacle de 1982 (una crisis de deuda externa que llevó dos décadas resolver), comenzaron las reformas económicas, al principio con timidez, después con mayor celeridad, pero siempre con un claro sentido de dirección así como con una gran limitación: se liberalizaron las importaciones, se abrió el régimen de inversión y se privatizaron empresas que en prácticamente ningún país del mundo son gubernamentales. La gran limitación también fue obvia: si bien el objetivo era consecuente (generar tasas elevadas de crecimiento económico), nada ser haría para alterar el monopolio del poder, lo que, en la práctica, protegió a diversos grupos, actividades y sectores en aras de mantener la paz política y los privilegios que la acompañan. Es decir, aunque consistentes, las reformas económicas estuvieron siempre encajonadas -y, por lo tanto, impedidas de lograr íntegramente su cometido- por razones políticas.

Las reformas políticas fueron otro cantar: el monopolio del poder era intocable y no se modificó más que para evitar crisis (generalmente cuando éstas ya estaban por explotar). Si bien algunas de esas reformas fueron inteligentes y proactivas -como la de 1977 que procuraba incorporar a las izquierdas en el espacio de plena legitimidad política- o la de 1996, que creó una autoridad electoral independiente, el común denominador fue que siempre se reaccionaba ante el problema del momento en lugar de pretender construir, como en el caso de la economía, un nuevo orden político. La razón es simple: cómo dijo el Fidel Velázquez, líder de la CTM por muchos años, “por las armas llegamos y sólo por las armas nos quitarán.”

El contraste entre los dos procesos explica nuestra circunstancia actual. En primer lugar, persiste la disputa por el futuro y ésta ha cobrado enorme trascendencia en la contienda presidencial actual; en segundo lugar, como ilustró la enorme dificultad que enfrentaron los candidatos independientes para lograr su registro, el sistema político no se abrió, sino que al viejo sistema se le sumaron dos nuevos partidos (el PAN y el PRD); finalmente, en tercer lugar, por más que la población vota y su voto se cuenta (algo no menor en nuestra historia), la capacidad de la población para influir en las decisiones que le afectan es casi inexistente porque el sistema político es absolutamente refractario a la ciudadanía.

Lo que México requiere es un nuevo régimen político. Gane quien gane en esta justa electoral, el ciudadano seguirá siendo el perdedor: aunque los candidatos prometan resolver esto o aquello, nuestro problema nodal es que seguimos esperando que una persona nos resuelva problemas que requieren de la participación de toda la población. En esta contienda se juega la dirección de la economía y de la sociedad, algo que jamás debiera ponerse en entredicho en un país serio porque nadie debiera tener tanto poder como para tomar decisiones tan trascendentes sin contrapesos.

Para evitar que eso se repita en el futuro, requerimos un sistema político nuevo que contenga pesos y contrapesos efectivos, elimine las facultades arbitrarias con que de facto cuentan nuestros políticos y burócratas, haga posible un gobierno funcional y profesional, todo ello dentro de un entorno de rendición de cuentas real.

¿Será mucho pedir? Sin duda, pero sin eso ni siquiera bailar en Chalma. La pregunta es quién contribuye mejor a esta posibilidad.

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@lrubiof

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