03 May. 2015
¿Cuáles son los retos particulares de gobernabilidad en México?
En su exilio en París, Porfirio Díaz afirmó que “gobernar a los mexicanos es más difícil que arrear guajolotes a caballo”. Algo debe haber sabido luego de casi treinta años de intentarlo. Sin embargo, el hecho de que haya perdurado tanto tiempo y la forma en que culminó su gestión es sugerente del problema del país que no acaba de resolverse.
En su libro La política del desarrollo mexicano, Hansen dice que el sistema priista no fue otra cosa que la institucionalización del porfiriato. Fue, en realidad, una forma creativa de responder ante los problemas a los que se refería Díaz y una respuesta que le dio al país décadas de paz y algunas de desarrollo económico. Funcionó hasta que comenzó a hacer agua de manera más o menos simultánea tanto en el ámbito económico como en el político: en los sesenta el sistema llegó a sus límites y, a pesar de muchos malabares legales, constitucionales y políticos, el problema sigue ahí.
¿Por qué es importante abordar el tema de la gobernabilidad?
La gobernabilidad del país sigue siendo el corazón del problema y se nota en todos los ámbitos: en la falta de seguridad, en una justicia enclenque, en la discontinuidad permanente de la política económica, en las altas tasas de desempleo y, en general, en la falta de oportunidades. De haber un sistema efectivo y funcional de gobierno el país no estaría padeciendo los males de inestabilidad, criminalidad y bajo crecimiento económico. La gran pregunta es cómo resolver el acertijo de la gobernabilidad: ¿cómo crear un régimen político que sea a la vez funcional y que rinda cuentas?
¿Son necesarios cambios al marco legal?
Por años, el mantra político-intelectual era que se requería una serie de reformas y que éstas, casi como por arte de magia, resolverían los problemas del país. Ahora que se ha reformado la Constitución en tantos artículos que muchos dicen ya no reconocerla, uno supondría que deberíamos estar en el umbral del desarrollo y, sin embargo, nada de eso está ocurriendo. Con esto no quiero sugerir que las reformas emprendidas son malas o innecesarias; todo lo contrario: creo que algunas de ellas pueden ser profundamente transformadoras. Dicho eso, estoy convencido que sin un sistema de gobierno efectivo y adecuado para el siglo XXI las reformas son claramente insuficientes.
¿Qué elementos son importantes para abordar una solución al problema de fondo?
Tres textos recientes me hicieron reflexionar sobre la complejidad del problema y la falta de acuerdo sobre la naturaleza de la solución. En agudo texto intitulado La ley del cinismo*, Sergio López Ayllón dice que “tenemos un sistema jurídico cínico, saturado de derechos y obligaciones sin instituciones con las capacidades para hacerlos efectivos… Si queremos un Estado de derecho creíble entonces necesitamos leyes en serio”. O sea, el énfasis ha sido el equivocado: nuestros políticos creen que con cambiar la ley cambia la realidad y su trabajo ha sido satisfecho. Como bien apunta López Ayllón, el problema no es de leyes por sí mismas sino de estructuras que hagan posible un Estado de derecho.
Héctor Aguilar Camín** enfoca su análisis en otra dirección: “la gobernabilidad de un régimen presidencial depende en gran medida de que hay siempre una mayoría absoluta en el Congreso en manos de un partido, sea del gobierno o sea de la oposición, para que ese partido sea responsable claramente de las decisiones que toma el Congreso en todas las materias”. Es decir, nuestro problema radica en la falta de concentración de poder y responsabilidad, esto luego de que el gobierno actual logró reformas que parecían imposibles a lo largo de los quince años anteriores, sin mayoría alguna.
En un análisis sobre China*** David Shambaugh desmenuza los desafíos que enfrenta el sistema político de ese país, en buena medida porque la excesiva concentración de poder –que ha hecho tan efectivo a ese gobierno en materia económica a lo largo de los últimos cuarenta años- está generando conflictos que parecen crecientemente inmanejables, además de que limitan el potencial de ese país de acceder a tecnologías cuyo desarrollo depende en buena medida de un sistema político abierto.
Ambos países, China y México, enfrentan el desafío de la gobernabilidad en la era del conocimiento, lo que demanda un sistema político abierto pero eficaz. No cabe duda que crear un sistema de esa naturaleza va a requerir la construcción de instituciones capaces de hacer valer el Estado de derecho como afirma López Ayllón, pero también que es imperativo reconfigurar al sistema político como infiere Aguilar Camín.
¿Hay un modelo que podamos seguir para esta reconfiguración?
El reto del Estado de derecho es descomunal y, aunque hay casos exitosos de construcción institucional en el mundo, ningún ejemplo es aplicable nada más porque sí. Lo que es claro es que la solución no reside en un gobierno monolítico con férreo control partidista. Más bien, me parece que debemos comenzar por estudiar los incentivos a la polarización que genera el actual sistema electoral, evaluar los aciertos y errores de las sucesivas reformas –de 1996 a la fecha- para determinar no sólo como se representa mejor a las fuerzas políticas y se evitan los abusos que cada partido ha identificado (correctamente o no), que ha sido la lógica a la fecha, sino cómo se construye capacidad para gobernar.
El énfasis de los últimos veinte años ha estado en resarcir agravios de la era priista. Lo imperativo ahora es construir capacidad de gobierno, junto con instrumentos institucionales en manos de la sociedad para que ésta pueda exigir rendición de cuentas. La gran interrogante es si esto se tendrá que construir de abajo hacia arriba o a la inversa. La respuesta no es obvia.
*Universal Marzo 9, ** Milenio Marzo 24, ***WSJ Marzo 6