Luis Rubio
El legendario detective Sherlock Holmes tenía un principio que empleaba para resolver muchos de sus casos. Decía que cuando todas las demás posibilidades habían sido eliminadas, lo que quedara, así pareciera implausible, tenía que ser la respuesta. Con la lógica sherlockiana, no queda más que concluir respecto a la forma en que se conducen nuestros legisladores en estos días que es más importante avanzar puntos que ganar adeptos, aunque esos puntos no se traduzcan en beneficios para la población o en un entorno político que promueva una ambiente de reconciliación. Todo se vale mientras dure la fiesta.
El problema es que la fiesta no es eterna y nada estamos haciendo como sociedad para prepararnos para el futuro. En aras de proteger a la planta productiva vieja, no tocar a los sindicatos y sostener a todas las mafias políticas y partidistas existentes, el país está sacrificando su futuro e impidiendo el desarrollo de su población. Ese es el costo verdadero del actuar de nuestros legisladores, de sus intrigas, fobias y ánimo de imposición a cualquier precio.
Ante la abrumadora evidencia de que lo importante no es el futuro ni la posibilidad de construir algo mejor en lo económico o en lo político, la pregunta obligada tiene que ser: ¿hasta cuándo?
La pregunta es pertinente porque el país se consume sus recursos, limita el desarrollo de su población, impide que surjan y prosperen nuevas empresas y todo eso ocurre mientras que un puñado de sindicatos hace de las suyas en empresas y entidades que deberían ser grandes fuentes de oportunidades pero no lo son. Y todo esto es posible porque el gobierno y los partidos cierran todas las llaves de competencia y monopolizan las decisiones más importantes para beneficio de un puñado de privilegiados.
Todo esto me recuerda el título de un libro sobre la Indonesia de Sohearto. El libro, Una Nación en Espera, pintaba un panorama que no parece muy distinto al nuestro: un sistema de gobierno depredador, un capitalismo a modo donde algunas empresas funcionaban y prosperaban por sus propios méritos pero la mayoría debía favores (o mordidas) por todos lados y un conjunto de grupos políticos que controlaba las fuentes de recursos más importantes de la sociedad y la economía. El problema para nosotros es que todo eso supuestamente habría de morir con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales.
Lo que ocurrió, todos lo sabemos, es que obtuvimos un cambio en la presidencia pero no un cambio de sistema. El resultado fue un gobierno incompetente incapaz de gobernar al estilo de antes, pero con el mismo sistema corrupto y corrompido que ahora ha dado lugar al imperio absoluto de tres partidos. La pregunta es qué hace posible que sobreviva un sistema así.
Aventuro dos respuestas. Por un lado, las estadísticas demuestran que la población ha mejorado en su bienestar, quizá no tanto como ha ocurrido en otras latitudes (como España, Chile, China o Irlanda), pero suficiente para que nadie tenga incentivos para protestar demasiado. Por otro lado, el petróleo ha permitido mantener el statu quo sin generar fuentes excesivas de conflicto en el mundo político o sindical. Es decir, dada nuestra historia y la evidente preferencia de la población por no menear el bote, las cosas están suficientemente bien, o no tan mal, como para protestar.
Para una población que lleva siglos a la expectativa de una mejora sustancial, parecería impecable la lógica de esperar un poco más. Menos explicable es la lógica de nuestros gobernantes y políticos que siguen impávidos aún a sabiendas de la amenaza de que el crecimiento no llegue a ser suficiente en los próximos años o, particularmente, de que los recursos emanados del petróleo se desplomen en un futuro muy cercano. Vayamos por partes.
Aunque los últimos gobiernos se han dedicado a culpar al poder legislativo de la parálisis económica, la verdad es que una buena parte de los factores que mantiene inmovilizada a nuestra economía se encuentran bajo control del poder ejecutivo. Es en el ejecutivo donde se alojan las principales decisiones en materia de gasto corriente o de inversión; donde se regula el comercio exterior y se determinan los aranceles que hacen desigual a nuestra economía y hacen posible la informalidad; ahí también reside el poder de decisión respecto a las tarifas de interconexión en telefonía y licitaciones de espectro para banda ancha; y, en general donde se deciden las reglas que impactan la forma en que compiten o no compiten las empresas. Es en el ejecutivo donde se tolera a los sindicatos abusivos que obtienen más en cada negociación contractual y que hacen imposible la igualdad de oportunidades, por ejemplo a través de la educación. Aunque es fácil culpar al congreso (con razón), mucho de lo que hace imposible el crecimiento acelerado de nuestra economía se encuentra en el fuero del ejecutivo y la maraña de intereses que lo rodea. Mientras el ejecutivo se duerme, los partidos avanzan hacia convertirse en el factotum del poder.
Por supuesto, el poder legislativo no se queda atrás. Nuestros legisladores ni siquiera han sido capaces de atender el tema al que son más vulnerables: el ingreso petrolero. La evidencia empírica demuestra que la producción petrolera viene descendiendo de manera acerada y, sin embargo, hay cientos de iniciativas de reforma energética que están en la famosa congeladora. Nadie, ni los principales beneficiarios del statu quo, parecen capaces de actuar para mantener esos privilegios. Paradójico, por decir lo menos.
A nadie debe sorprender el hecho de que un político se aboque a lo que tiene inmediatamente enfrente. Eso es no sólo humano, sino natural. Para los políticos lo trascendente es la próxima elección o el siguiente puesto y su incentivo es el de concentrarse en ello. Desde esta perspectiva, parecería inevitable que tendremos que esperar a que el petróleo efectivamente deje de aportar recursos para que lo inmediato sea precisamente eso. De ser así, el país tendrá que esperar unos cuantos años más.
Lo que es mucho más difícil de explicar es la incapacidad del ejecutivo para atacar las fuentes de la parálisis económica. Particularmente inexplicable para un gobierno emanando de un conflicto cuya causa profunda es el hecho de que la economía del país no satisface a una enorme porción de la población. A diferencia del petróleo, cuyos beneficios en términos de ingresos podrían durar hasta una década (o sea, otras legislaturas), para el gobierno el plazo es 2012 y ni un minuto más. En vez de culpar a otros, el gobierno debería enfocar sus baterías a lo único que lo puede salvar: tasas elevadas de crecimiento económico.