Crecimiento económico a voluntad

Tal vez no haya tema en el debate público y en la política nacional más polémico, y al mismo tiempo más corriente, que el del pobre desempeño de la economía mexicana en las últimas décadas. Nadie puede disputar nuestros miserables resultados en este campo. Sin embargo, la discusión, ya añeja, tiene menos que ver con la economía misma que con visiones muy distintas del país y del mundo. Para unos, el desarrollo comienza y termina con el gobierno como factotum de la vida económica,  política y social. Para otros, el meollo está en la centralidad del mercado, donde el papel del gobierno es crucial, pero limitado a establecer las reglas del juego, regular la actividad económica y asegurar igualdad de oportunidades y equidad en el acceso al mercado. Como en el pasado mediato, la sociedad mexicana está, una vez más, inmersa en un debate más ideológico que práctico y más dogmático que analítico. Es tiempo de comenzar a situarnos en la realidad de hoy, que poco o nada tiene que ver con la que determinó el tipo de “modelo de desarrollo” que el país siguió hace años o décadas.

 

Es importante comenzar por situar el problema en su justa dimensión, es decir, los números, el contexto y la naturaleza de lo que se discute. Cada uno de estos elementos determina la conclusión a la que uno llega. En primer lugar, los números no están a discusión: la economía mexicana creció a razón de 3.6% per cápita en la era del desarrollo estabilizador (sobre todo a partir de 1952 y hasta 1970). En comparación, la economía experimentó un crecimiento poco menor a 1% en términos per cápita de 1983 a 2004. Pero antes de inferir la conclusión que parecería obvia de esta comparación, es importante entender lo que los números incluyen, pues de otra forma podríamos elegir a discreción cualquier periodo y construir un argumento convenenciero sin relevancia alguna. Resulta de particular importancia resaltar que el periodo que uno escoja para evaluar el crecimiento lleva en sí la conclusión: por ejemplo, si uno incluye la década de los ochenta, periodo en el que el país tuvo que amortizar la enorme deuda contraída en los setenta, los resultados se alteran dramáticamente. Si, en cambio, uno toma el periodo de 1989 a 2004, en lugar de 1983 a 2004, el resultado es distinto ya que el crecimiento per cápita fue de casi 2%, cifra todavía baja, pero el doble de la que resulta con el cálculo anterior.

 

Dado el ambiente de confrontación en que se discuten –es un decir- estos temas en la actualidad, la forma de comparar es definitiva. Para quienes pretenden ensalzar al desarrollo estabilizador, lo conveniente es ignorar la década de los setenta, pues ésta da al traste a sus prejuicios, a la vez que es imperativo incluir a los ochenta en el cálculo del desempeño de la economía bajo el “nuevo modelo”, pues eso lleva a su descalificación sin mayor necesidad de análisis. Dicho lo anterior, hay dos cosas que no aceptan discusión: una es que el país efectivamente experimentó una era de jauja en los cincuenta y sesenta, que los setenta, aunque hubo crecimiento, fueron de desperdicio, exceso y corrupción, los ochenta de crisis y desde los noventa de un cambio de modelo que no ha probado su eficacia. Lo otro que no está, o no debiera estar, en discusión es el hecho de que el mundo de los cincuenta y sesenta en nada se parece al que existe a partir de los noventa.

 

La economía de un país no es independiente del sistema político, por un lado, y de la realidad internacional, por el otro. De la misma manera, el desempeño de la economía mexicana en una década no se puede disociar de lo ocurrido en una anterior: los setenta no se pueden explicar sin los sesenta y los ochenta  sin la estrategia, si así se le puede llamar a lo que pasó en los setenta, seguida en ese periodo. Puesto en términos llanos, aunque el desempeño de la economía en los sesenta y setenta fue excepcionalmente robusto, la esencia del modelo que se siguió en ese periodo no fue sostenible. Es decir, aunque el gobierno de Echeverría optó por abandonar la estrategia económica seguida en las décadas anteriores, lo cierto es que dicho modelo había llegado a su límite. La economía mexicana requería un cambio de estrategia en 1970. Lamentablemente, el viraje que se dio no fue el adecuado.

 

Es fácil llegar a conclusiones erróneas respecto al buen desempeño del desarrollo estabilizador, sobre todo porque la realidad de entonces en nada se asemeja a la actual. La estrategia del desarrollo estabilizador dependía de dos factores fundamentales: primero, las exportaciones sobre todo agrícolas y mineras que financiaban las importaciones de materias primas, maquinaria y otros insumos para el desarrollo industrial. Segundo, el gobierno administraba la actividad económica tanto en el sentido macroeconómico (estabilidad financiera), como en el microeconómico, sobre todo a través de subsidios, permisos de importación, etcétera. El modelo del desarrollo estabilizador se vino abajo por dos razones: a) porque el descenso de las exportaciones agrícolas comenzó a generar problemas en la balanza de pagos; y b) porque, dado el tamaño del mercado mexicano, la industria no podía producir a escala competitiva, lo que se traducía en productos de baja calidad, caros y sin opciones para el consumidor intermedio o final. El punto es que se abandonó el desarrollo estabilizador porque éste estaba haciendo agua.

 

La visión que gobernó a la economía desde algunos años después de la Revolución y hasta 1970, respondió esencialmente a las circunstancias particulares de la época. El gobierno revolucionario era el único capaz de promover el desarrollo en una sociedad fundamentalmente rural y todo su esfuerzo se enfocó a desarrollar una plataforma industrial, una clase media y un sector agrícola de exportación. Fue gracias al gobierno que el país se estabilizó y experimentó tasas elevadas de crecimiento. Pero eso ocurrió en contexto que nada tiene que ver con la realidad de hoy: la de entonces era una sociedad exhausta por los años de desmanes revolucionarios, el gobierno era todopoderoso, los desafíos que se enfrentaban eran de orden interno y, con la mayor de las frecuencias, producto de disputas intestinas dentro del propio régimen. Mientras el gobierno cuidara los equilibrios económicos fundamentales mantuviera un control político efectivo e invirtiera en infraestructura, la respuesta del sector privado era inmediata.

 

La realidad de hoy nada tiene que ver con aquel mundo que tanto atrae a políticos que añoran tener el control del país en sus manos. Hoy el país cuenta con una sociedad mayoritariamente urbana, con una clase media amplia y crítica y un sector empresarial desarrollado que ya no acepta la imposición gubernamental. Todo esto existe en un entorno internacional que impide el aislamiento, así como la adopción de medidas unilaterales de promoción, subsidio o protección. De hecho, si uno analiza la dinámica política que envolvió las decisiones en materia económica desde mediados de los sesenta, lo evidente es que el problema del país fue esencialmente político, no económico: desde mediados de aquella década fue evidente que el modelo del desarrollo estabilizador era inviable y que la solución técnica residía en una apertura gradual de la economía; sin embargo, el gobierno optó por no actuar al respecto para no comprometer las posibilidades del entonces secretario de Hacienda de llegar a la presidencia. De la misma manera, el viraje de los setenta tuvo mucho que ver tanto con el movimiento estudiantil del 68 como con el deseo de retener el control gubernamental de la economía aun si eso llegara a implicar el colapso económico. En los ochenta, el gobierno no tuvo más remedio que lidiar con el exceso de deuda contraída al amparo de los sueños de gigantismo que caracterizaron a la década precedente: no había de otra.

 

Independientemente de la corrupción y los errores de los noventa y, de hecho, de mediados de los ochenta para adelante, el gobierno optó por emprender ambiciosas reformas económicas no porque quisiera perder control sobre la economía, sino porque estaba respondiendo a dos dinámicas fundamentalmente políticas: a) los costos políticos crecientes del estancamiento económico; y b) la urgencia de atraer inversión privada para generar empleos y crecimiento. El cambio de modelo que se verificó en ese periodo reconocía que el crecimiento ya no se podría generar a partir de las estrategias seguidas durante el desarrollo estabilizador y que la inversión no prosperaría a menos de que se crearan condiciones para atraerla. Es decir, más allá de preferencias o de errores de cualquier naturaleza, la estrategia seguida en los últimos lustros era al menos un intento de respuesta a la realidad del momento.

 

Hoy el país vive un momento decisivo: o camina hacia adelante o se va para atrás. El statu quo es insostenible. Es evidente que el crecimiento de la economía es insuficiente, pero las respuestas que se dan para elevarlo suelen ser tan pobres como dogmáticas. Los dogmas provienen de planteamientos ideológicos que poco sirven al proceso de decisión. Una visión sostiene que la salida depende de reconstruir las políticas de los cincuenta y sesenta, cuando esto es imposible a todas luces. Otra visión supone que dos o tres cambios específicos (las famosas reformas) transformarán al país de la noche a la mañana. La realidad es que nos hemos quedado varados en un proceso en el que el gobierno ya no tiene mayor influencia en el desempeño económico más allá de las variables macroeconómicas, en tanto que el mercado no opera más que en el plano comercial. Es decir, la mexicana ya no es una economía centralmente administrada, pero tampoco es de mercado. El peor de todos los mundos posibles.

 

No hay duda que es envidiable el crecimiento experimentado por sociedades como las asiáticas, Chile, Canadá o España. Pero su éxito reside precisamente en que se han adecuado a la realidad de su tiempo, han creado estructuras legales y regulatorias modernas, se orientan a la economía del conocimiento y no se pierden en sus objetivos. Nosotros, en cambio, nos empeñamos en ver para atrás en lugar de planear hacia el futuro. Lo envidiable no es el crecimiento que esos países han registrado, sino el hecho de que viven en el mundo real.

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