Luis Rubio
La próxima legislatura será quizá la más importante de la historia moderna del país. Ahí tendrán que crearse las condiciones que permitan una transición política no sólo pacífica y ordenada, sino sobre todo adecuada a los grandes retos que enfrenta el país. Nadie ignora que la elección del 2000 estaba resuelta exclusivamente en su aspecto electoral y que no se había establecido la plataforma institucional idónea para hacer posible el funcionamiento eficiente del gobierno. Las viejas estructuras y mecanismos, todos ellos derivados del presidencialismo que emergió de la Revolución Mexicana, quedaron intactos, y como tales incompatibles con el triunfo de un partido distinto al PRI. De esta manera, una vez que se desmanteló la relación PRI-presidencia con la llegada de Vicente Fox, aun el equipo gubernamental más experimentado se habría encontrado con enormes dificultades para operar con eficiencia. Además, el cambio de gobierno coincidió con una cambiante situación internacional y con problemas estructurales no resueltos, sobre todo en el ámbito económico interno. Lo que parece cierto es que las dificultades serán mucho mayores en el 2006 y, por lo tanto, que la responsabilidad del próximo congreso será inconmensurable.
Paradójicamente, la mayoría de los políticos no reconoce la gravedad del momento. Los partidos y la mayoría de sus principales miembros, parecen convencidos de que en la siguiente legislatura se juega la próxima presidencia de la República. Esa percepción sin duda tiene fundamento, pero refleja más la ambición de quienes anhelan para sí la presidencia que una visión honesta de la compleja realidad de México en la actualidad. El hecho es que el país se encuentra a la deriva porque no existen las instituciones ni los mecanismos institucionales idóneos para tomar las difíciles -y, en muchos casos, impopulares- decisiones que se requieren. Sin duda, una parte del problema tiene que ver con la falta de un liderazgo apropiado al momento histórico, pero incluso con el liderazgo más talentoso, las circunstancias no serían muy distintas. En ausencia de instituciones adecuadas y de un liderazgo capaz de impulsar su desarrollo, existe un riesgo real de que el 2006 constituya una vuelta al primitivismo político y no a la consolidación de una nueva realidad política democrática y competitiva.
El problema de fondo es que la transición política nunca se consumó. Las instituciones del «viejo régimen» siguen existiendo, con la excepción de la pieza central que las hacía funcionar: el presidencialismo. Como resulta obvio, las atribuciones constitucionales con que cuenta el presidente son infinitamente menores a las que caracterizaron al presidencialismo de antaño. Los presidentes priístas contaban con instrumentos de negociación y control que los hacían sumamente poderosos, todos ellos producto de la naturaleza y estructura del PRI, más que de las facultades legales del propio ejecutivo. El presidencialismo pasó a mejor vida en julio del 2000, pero todo el andamiaje que operaba a su alrededor aún subsiste, sin que ello favorezca el funcionamiento del gobierno o la toma de decisiones.
Los dos últimos años han sido prueba fehaciente de la complejidad política que caracteriza al país. La ausencia de mecanismos institucionales apropiados se aprecia en la falta de incentivos para que los actores políticos cooperen y contribuyan a tomar las decisiones que el país requiere para funcionar, propiciar el desarrollo de la economía, crear condiciones para que la ciudadanía se fortalezca, reducir las desigualdades extremas, atenuar la pobreza, etcétera. En realidad, los últimos dos años muestran casi lo contrario: padecemos de la propensión extrema a ignorar responsabilidades mientras se maximizan los intereses sectarios.
Los miembros del Congreso vieron en el resultado electoral del 2000 la fuente de su liberación, más que el origen de una nueva obligación. En lugar de constituirse en una fuente de equilibrio frente al ejecutivo, el legislativo se ha convertido en una barra de contención. Algo similar ocurrió con la mayoría de los gobernadores que, al romper con el molde de sumisión histórica, se han convertido en derechohabientes, en demandantes de beneficios sin responsabilidad alguna como contraparte. Por su parte, la Suprema Corte, uno de cuyos deberes principales es el de resolver disputas entre los poderes públicos, se ha abocado a la tarea, inevitable dada nuestra historia, de acotar y reducir el poder presidencial. Independientemente de la enorme capacidad de muchos de los integrantes de cada uno de estos grupos y cuerpos colegiados, todos actúan bajo la misma motivación: confrontar al presidente, cobrar viejas facturas y hacer gala del hecho que no existen incentivos a la responsabilidad.
Aunque hay personas específicas entre los legisladores y gobernadores que han mostrado más visión y responsabilidad, el problema no es de individuos sino de instituciones. Mientras que la vieja estructura política favorecía el entendimiento entre los poderes públicos, tanto por los beneficios que eso generaba como por la capacidad presidencial de disciplinar cualquier disidencia, la nueva realidad política favorece la distancia, la confrontación y la irresponsabilidad. Para que el país funcione, ahora bajo un esquema democrático fundamentado en pesos y contrapesos, es necesario transformar la lógica de las instituciones públicas. Esa es la tarea que tiene que hacer suya el nuevo congreso a partir del primero de septiembre del 2003.
Antes de especular (o soñar) sobre las formas que podría adoptar esa nueva estructura institucional, es importante adentrarse en las razones por las que dicha transformación no tuvo lugar. Ciertamente lo ideal hubiese sido que se pactara una transición ordenada y planeada, como la que se dio en España y Chile, pero eso simplemente no ocurrió. Y no ocurrió porque la lógica de los partidos en ese momento lo impidió. La gran pregunta es si esa lógica ha cambiado en estos dos años y medio.
Los priístas no podían concebir un mundo sin el PRI, razón por la cual cedieron sólo lo necesario (o inevitable) para apaciguar las aguas políticas. Su visión se limitaba a mantener el poder y todo lo que hacían se subordinaba a ese objetivo específico. Si la oposición había logrado poner al gobierno y a los priístas contra la pared en materia electoral, se haría la reforma electoral lo más limitado (y, en varias ocasiones, tramposo) posible. Esos gobiernos (y políticos) no tuvieron la estatura para ver hacia adelante y crear condiciones que pudiesen hacer posible el desarrollo de un país pujante y moderno. Uno podría pensar que esas actitudes y concepciones ya pasaron a la historia, pero la realidad es que la mayoría de los priístas aún piensa que hasta los pocos avances en materia institucional fueron excesivos. Desde su minúsculo razonamiento, ellos seguirían detentando el poder de no haber sido por las reformas emprendidas en los últimos quince años.
El PAN, por su parte, siguió una lógica a la vez inocente y negociadora. Inocente porque los panistas supusieron que todos los males eran producto de la incompetencia y mala fe de los priístas, de tal suerte que todo cambiaría el día en que ellos pudieran llegar al poder. Y negociador porque se convirtieron en la contraparte institucional seria, capaz de hacer posible una transformación gradual del país. Su falta de visión, su incomprensión de la complejidad del PRI y del gobierno y su temor de verse ensuciados por el poder, les llevó a una negociación minimalista donde avanzaron puntos concretos, pero siempre dentro de la agenda del PRI. Aunque realizaron contribuciones vitales en materia electoral, es evidente que vivían en la luna en materia del poder y del gobierno.
El PRD, con muchas y muy notadas excepciones, es un partido que no podía ser parte de una transición a la democracia porque la mayoría de sus integrantes creía que el poder existe para ejercerse y no para servir a la ciudadanía. Su concepción de la democracia es plebiscitaria: no discutas conmigo, sólo ratifícame cuando yo lo decida. A partir de esa lógica, su contribución en el proceso de negociación de la reforma política fue, con excepción de la reforma constitucional en materia electoral de 1996, casi nulo. La mayoría de los perredistas prefería una reforma electoral limitada que hiciera posible derrotar al PRI, pero no para construir una democracia fundamentada en los ciudadanos, sino para reemplazarlo y asumir el control a partir de ahí. La esperanza es que los perredistas logren su madurez política y que ésta contribuya a fortalecer el sistema democrático que tanto dicen avanzar.
La lógica de cada uno de estos partidos hace fácil comprender porqué nunca avanzó la transformación institucional del país. Los tres principales «socios» en la empresa de transformar al sistema político mexicano post revolucionario tenían todos los incentivos para no llevar a cabo las reformas que el país requería. Cada uno actuó de acuerdo con sus propias razones y hoy cosechamos lo que esos partidos y sus líderes sembraron. Pero el comprender la complejidad del momento actual no resuelve el problema hacia adelante; en el mejor de los casos, sirve para anticipar la enorme dificultad que acompañara al porvenir. Si la próxima legislatura falla en su responsabilidad histórica, los riesgos de colapso institucional se exacerbarán, así como los de creciente conflicto social y de descomposición tanto política como económica. Para apreciar ese riesgo basta observar el desgobierno que distingue a la mayoría de las ciudades del país y la renovada propensión a recurrir a la violencia para hacer valer intereses particulares. Ahora que los partidos se preparan para nominar a sus candidatos al congreso, es imperativo que reconozcan la gravedad del momento. La próxima legislatura tendrá que llevar a cabo los cambios institucionales y las reformas estructurales que tanto los últimos gobiernos priístas como la legislatura saliente fueron incapaces de emprender. Lo que no se hizo por la fuerza ahora puede y debe hacerse por el acuerdo y con una gran visión. La calidad de los candidatos será crucial.