Electricidad: para cuándo

Imposible minimizar el problema energético del país. Si uno sigue las tendencias actuales, en unos cuantos años la falta de inversión en el sector nos va a alcanzar. En esto no hay grandes disputas: hasta los perredistas más recalcitrantes reconocen la existencia del problema. Las diferencias comienzan con las propuestas de solución, sobre todo en un tema muy específico: la función del gobierno en el desarrollo eléctrico y, en general, del país. Tarde o temprano, las propuestas acaban anegadas en el tema de soberanía. Al margen de las preferencias de carácter político o ideológico, todos los involucrados en la controversia eléctrica saben bien que el problema no es de soberanía sino de intereses. Por ello quizá fuera más productivo comenzar por reconocer la otra vertiente del problema eléctrico: la presupuestal.

 

La dimensión presupuestal del desafío eléctrico está en el corazón de todo el debate. Si el gobierno tuviese acceso infinito a recursos, el debate eléctrico tendría características muy distintas a las actuales, pues se discutirían temas de eficiencia, calidad del fluido y productividad en materia eléctrica, más que de abasto suficiente para cubrir la demanda que el crecimiento económico naturalmente va generando. Pero la realidad es que el gobierno no tiene recursos infinitos sino presiones crecientes sobre su presupuesto. De hecho, el gobierno no tiene recursos ni para mantener la operación cotidiana del aparato gubernamental o burocrático; de otra manera no se explicarían los recortes frecuentes al gasto. Por ello, lo que proponen quienes se oponen a cualquier cambio en el régimen legal que regula al sector eléctrico no es solución, pues parte de la premisa de que existen los recursos públicos suficientes para poner al día al sector o, en todo caso, que se puede pasar la factura a la población, cobrándole tarifas sensiblemente superiores a las del resto del mundo y a las que pagan empresas de otros países que compiten directamente con las nuestras.

 

Desde esta perspectiva, la negativa a discutir con seriedad las opciones potenciales para enfrentar el problema eléctrico entraña graves consecuencias para el desarrollo del país. Lo más peculiar es que los legisladores (y partidos) que sostienen una oposición a ultranza a la modificación del régimen eléctrico (y que dan por hecho que no hay limitaciones de recursos) son exactamente los mismos que hace unos meses rechazaron una reforma fiscal que hubiera al menos relajado la presión sobre las cuentas fiscales. De esta manera, los legisladores que manifiestan una oposición a ultranza a toda reforma no sólo han ido orillando al gobierno mexicano a un potencial precipicio fiscal, sino que demandan que éste gaste más. Como ninguno de esos legisladores es tonto o incompetente, lo obvio es que hay otros intereses detrás de semejante serie de contradicciones.

 

El problema energético tiene dos dimensiones.  Por un lado se encuentra el hecho de que no se está invirtiendo lo necesario para asegurar que no haya apagones en unos cuantos años y esto tiene un costo que rebasa la frontera del tema energético. Sin inversiones masivas, la economía mexicana no va a poder crecer lo suficiente como para asegurar un desarrollo económico estable, condición sine qua non para la creación de empleos y la elevación de los niveles de vida. Este tema no es trivial. En los últimos años se suspendieron diversos proyectos de inversión que, por la magnitud de sus necesidades de fluido eléctrico, como es el caso de la producción de acero, requerían de una certidumbre absoluta respecto a la disponibilidad de la energía; al no existir esa certidumbre optaron por buscar otros destinos. Si a la ausencia de certidumbre en esta materia se suman los riesgos que inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros perciben, después de la patética decisión de suspender el proyecto del nuevo aeropuerto, el problema económico y, por lo tanto, social del país puede salir de control.

 

La otra dimensión del problema eléctrico es esencialmente presupuestal. Históricamente, el gobierno realizó o garantizó todas las inversiones en materia eléctrica. Hace años, las inversiones las realizaba el gobierno de manera directa a través de la Comisión Federal de Electricidad; más recientemente, en la medida en que los avances tecnológicos permitieron reducir la escala de las inversiones requeridas, la CFE avaló diversas inversiones en generación de electricidad (a través de lo llamados Pidiregas) y se constituyó en el principal consumidor de la electricidad generada por empresas privadas. En uno u otro caso –inversiones directas o garantías gubernamentales-, el gobierno siguió aportando los recursos o comprometiendo su crédito para asegurar el abasto. El esquema funcionó por varios años pero ahora enfrenta dos limitantes económicas y otra legal. Los impedimentos son muy simples: por un lado, el gobierno no cuenta con los recursos para invertir y sus pasivos contingentes son muy elevados (pues incluyen, por ejemplo, los propios Pidiregas así como el pago de pensiones ya comprometidas por el IMSS y el ISSSTE, pero sin que jamás se hayan constituido las reservas correspondientes); por el otro, los propios inversionistas encuentran tan obtuso y complejo el mecanismo de inversión que actualmente existe que son cada vez más renuentes a proseguir por esa vía. De cualquier forma, sea cual fuere la preferencia de los inversionistas, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia en esta materia hace imposible, para todo fin práctico, continuar con los esquemas de los últimos años.

 

Más allá de las características y disquisiciones de carácter regulatorio, económico o práctico que caracterizan al sector eléctrico, se encuentra el complejo y controvertido tema filosófico y político del desarrollo económico, sobre todo en lo referente al papel que debe tener el gobierno en esa materia. Muchas personas de buena fe parten del principio de que existen sectores y actividades que deben estar firmemente sujetos al control gubernamental y el eléctrico, como el petrolero, son dos por demás obvios en nuestro país. Desde esa misma perspectiva filosófica, la pregunta relevante es qué quiere decir control: ¿el control implica que todo lo relativo al sector debe ser llevado a cabo por el gobierno? o ¿se trata exclusivamente del control estratégico, es decir, de las decisiones de inversión, de la asignación de contratos, de la supervisión de los actores e inversionistas y de la resolución de disputas? El tema es fundamental, pues si de lo que se trata es de un monopolio integral, entramos de lleno al problema presupuestal antes mencionado, por no hablar del de corrupción que ha estado asociado históricamente con ese control. Uno es indistinguible del otro.

 

Nadie en su sano juicio puede suponer que un sistema eléctrico puede funcionar sin la existencia de una autoridad regulatoria fuertemente arropada para cumplir su cometido. Esa entidad y autoridad reguladora debe estar debidamente constituida y sus criterios de acción cuidadosamente analizados, a fin de que ejerza su autoridad eficazmente y evite caer en las faltas y aberraciones que se ven con frecuencia en sectores como el bancario y de telecomunicaciones, o en el eléctrico en otras latitudes. En este sentido, quienes se oponen de entrada y sin la menor pretensión de análisis objetivo a cualquier esquema de liberalización o son unos irresponsables, o su verdadero propósito es proteger a intereses políticos y sindicales que se esconden detrás del statu quo.

 

Mucho más importante que los intereses particulares de los legisladores es el tema de si el gobierno debe subsidiar la generación de electricidad (o, en otros términos, alimentar la corrupción que existe en el sector), en lugar de privilegiar las actividades y sectores en los que nadie o muy pocos están interesados en participar o que, como en la educación pública, la salud, la seguridad pública y la lucha contra la pobreza, son (o deberían ser) la esencia de la actividad gubernamental. La verdadera pregunta que debemos hacernos los mexicanos es si el gobierno está ahí para preservar los grupos e intereses del viejo sistema político, algunos de los cuales se escudan detrás del monólogo legislativo en materia eléctrica, o si debe concentrar sus esfuerzos y gasto en los asuntos de esencia. Hasta ahora, la respuesta ha sido un tajante sí para lo primero y un igualmente definitivo no para lo segundo.

 

Al día de hoy existen tres iniciativas de ley en esta materia. Ninguna de ellas responde al desafío eléctrico de manera integral y no parece que los partidos políticos estén dispuestos a llegar a los acuerdos necesarios para asegurar el abasto futuro. Las iniciativas del PRI y del PRD parten del principio de que es imperativo echar para atrás las pocas reformas de los últimos años, aunque una de ellas haría lo necesario por restablecer la legalidad a las inversiones que ya se hicieron, luego del fallo de la Corte. Por su parte, la iniciativa del ejecutivo, aunque liberalizadora en su contenido general, es significativa por los rubros que no toca (como el gas, insumo central para la generación eléctrica en la actualidad, así como por la excesivamente modesta competencia que propone para el sector) y, sobre todo, porque constituye una propuesta inviable en el contexto político imperante. Más importante, es una iniciativa que de aprobarse, no resolvería el problema de fondo. Sin un esquema que garantice la fortaleza e independencia de la entidad reguladora, todo el planteamiento es estéril.

 

El debate legislativo, que seguramente será un diálogo de sordos, se va a concentrar en el único tema que no está de por medio: la soberanía. El meollo del asunto eléctrico reside en la certidumbre del abasto futuro y en la independencia y fortaleza de la entidad gubernamental que se dedique a asegurar la suficiencia de las inversiones y la integridad de los inversionistas. El día en que esos temas hayan sido resueltos, los legisladores podrán estar seguros de que no provocaron ni apagones ni la quiebra virtual del gobierno. Todo el resto es pirotecnia retórica.

www.cidac.org