Para nadie es sorpresa que el mundo se está complicando de una manera dramática. Esto no es algo nuevo: por al menos una década, todos los referentes que caracterizaron al orbe en el último medio siglo se han venido erosionando, poniendo en duda o han sido eliminados. Esto que podemos observar en la política interna, ha venido ocurriendo en el mundo en general: baste ver fenómenos como el de Brexit, la elección de Trump en 2016, los gobiernos de ultraderecha en varias naciones europeas, los ataques a la Organización Mundial del Comercio y el súbito crecimiento de la migración en el mundo y sus repercusiones en las naciones desarrolladas, todo eso antes de la pandemia. Además, las fuentes de conflicto se han multiplicado y muchos de los factores de equilibrio que antes eran diversos y gozaban de amplia credibilidad, ahora prácticamente han desaparecido. El contexto, se podría decir, se ha alterado o, parafraseando a Einstein, “todo ha cambiado, excepto nuestra forma de pensar…”

Los cambios afectan a todas las naciones, pero cada una responde de acuerdo con sus circunstancias, posibilidades y condiciones. En algunos casos, su capacidad de respuesta depende de factores internos, en otras a circunstancias externas. El electorado de numerosas naciones ha tendido a polarizarse, eligiendo figuras que antes hubieran sido inconcebibles; sistemas políticos que antes arrojaban gobiernos enclenques, ahora hacen posible la emergencia de “hombres fuertes,” incluso en naciones con larga y profunda raigambre democrática que gozan de sólidos contrapesos. Lo que hace no mucho parecía imposible ahora es asunto cotidiano.

En México, tenemos un gobierno con enorme capacidad de acción que, sin embargo, ha respondido de maneras contrastantes ante fenómenos exteriores, como ilustra la aceptación abnegada de la negociación del TLC (lo que comenzó con el gobierno anterior que respondió, en esto, de manera idéntica al actual) frente al nuevo activismo (también contrastante) en los casos de Venezuela y Bolivia y la absurda reticencia a felicitar a Biden. Los países actúan según sus circunstancias tanto internas como externas: el gobierno mexicano ha reconocido su vulnerabilidad hacia el norte a la vez que se ha desplegado con inusitada confianza (y sustento interno, a pesar de la división que existe) en su actuar hacia el sur.

Pero una cosa es responder y otra, muy distinta, actuar. En la reciente presentación del texto México y Centroamérica: encuentro postergado* el connotado líder mundial en materia de migración, Demetrios Papademetriou hizo dos comentarios que son especialmente relevantes para el momento actual. Primero, refiriéndose a la migración, pero implicando a toda la complejidad que hoy caracteriza al mundo, dijo que los problemas que hoy enfrenta el mundo son solubles, pero su resolución requiere la cooperación entre gobiernos y, para eso, es necesario que las partes compartan una mínima confianza mutua. El problema, prosiguió, es que en la actualidad ningún gobierno cuenta con la confianza de su población y mucho menos hay confianza entre los propios gobiernos.

Para ningún mexicano es noticia que, en el asunto migratorio, México ha subordinado principios y prácticas añejas (algunas loables, otras menos) en aras de preservar objetivos superiores, como la viabilidad económica, cuando el presidente Trump amenazó imponer aranceles a las exportaciones si no limitaba el flujo de migrantes centroamericanos. A pesar de las críticas, el gobierno actuó de la única manera en que se podía y lo hizo menos por el hecho mismo de la asimetría de poder que por las potenciales consecuencias para las exportaciones y el mercado cambiario, que habrían destruido la estabilidad en un instante.

El segundo comentario del Dr. Papademetriou fue que los problemas tienen que resolverse con una estrategia cuidadosamente concebida y desarrollada, además de proactiva, porque, en sus palabras, “cuando uno trata de empatar, nunca puede lograrlo.”** Las soluciones resultan de un plan de acción que responde a la naturaleza específica de los problemas. Por más que quieran las naciones expulsoras de migrantes (o los americanos y europeos) no pueden alterar la realidad demográfica, cuyos patrones se miden en términos no de años sino de generaciones. Simple y sencillamente, los asuntos migratorios no se pueden resolver en el corto plazo aunque así lo quiera un presidente.

Esto también es cierto de México: los problemas que enfrentamos ciertamente se pueden agudizar por un nuevo conflicto bélico en el Medio Oriente, por la inseguridad centroamericana que expulse a más migrantes, por la interminable disputa chino-estadounidense o por un sinnúmero de factores fuera de nuestro control. Algunos de estos factores podrían convertirse en fuentes de oportunidad (el caso de China es obvio) pero también podría serlo un conflicto en la zona petrolera de Levante, siempre y cuando se deje de poner en entredicho la reforma energética, pues de otra forma nos quedaríamos como el famoso chino del cuento: “nomas milando.”

Las crisis son siempre fuentes de oportunidad, pero para asirlas es necesaria una clara disposición a cambiar criterios, obsesiones y dogmas. El déficit de hoy no es fiscal, sino político.

*http://consejomexicano.org/ **when you play catch-up, you never catch-up

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Las cosas ciertamente no estaban perfectas y la promesa de ingresar al primer mundo hacía tiempo que se había disipado. Pero la realidad no era blanco y negro: México había dado enormes pasos hacia adelante, como ilustran las exportaciones aeronáuticas, automotrices y agroindustriales. Estados como Querétaro y Aguascalientes no sólo han mantenido la paz interna, sino que han venido creciendo a tasas asiáticas. Pero también hay regiones que no sólo se han estancado y rezagado, sino que en las pasadas décadas se convirtieron en fábricas de migrantes. Cualquiera que tenga un mínimo de sensatez y capacidad de observar sin distorsiones ideológicas y partidistas sabe bien que hubo grandes avances y enormes insuficiencias. Los grises del panorama mexicano son palpables por donde uno mire. La pregunta es si para lograr un progreso decidido y generalizado se requería destruir todo lo existente o si, por el contrario, la receta idónea era corregir el rumbo, construir sobre lo acertado y reparar los errores cometidos.

López Obrador llegó al gobierno hace exactamente dos años convencido del primer planteamiento: todo está mal y hay que destruirlo para retornar a lo que funcionaba antes. Paso seguido, el país ha vivido el torbellino de la eliminación de programas, cancelación de proyectos y toda clase de acciones, algunas justificadas y la mayoría arbitrarias. Algunos comparten la necesidad de replantearlo todo, pero lo que es seguro, a dos años de distancia, es que el único plan que guía al presidente es el de echar todo para atrás, en muchas ocasiones animado por las más viscerales de las motivaciones: el odio, el ánimo de venganza y el ansia de poder.

Hay dos factores clave en que se centra la narrativa del gobierno actual: primero, que las reformas de las pasadas décadas siguieron una lógica ideológica; y, segundo, que las cosas estaban bien antes de comenzar las reformas.

Si uno analiza la manera en que se fue conformando el proyecto de reformas a lo largo de los ochenta, lo primero que salta a la vista es que no había un plan. El gobierno de Miguel de la Madrid se encontró con un gobierno quebrado y una economía desquiciada. Todas sus acciones por los primeros dos años de su gobierno se encaminaron a intentar reconstruir la estabilidad económica de los años sesenta: controlar el gasto público, bajar la deuda externa y restaurar los equilibrios financieros. El gran viraje que dio aquella administración consistió en comenzar a liberalizar las importaciones, ello con el objetivo de atraer inversión y elevar la productividad de la economía.

Ese viraje, enorme en concepto, muy modesto en su primera fase de implementación, no respondía a consideración ideológica alguna, sino a un reconocimiento crucial: que el mundo había cambiado. Primero que nada, las altas tasas de crecimiento de la economía de los setenta se habían debido a un momento excepcional: el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros y la expectativa de ingentes recursos que de ahí se derivarían. Cuando eso no se materializó, al inicio de los ochenta, la economía se colapsó. El punto esencial es que no es cierto que la economía estaba muy bien antes de las reformas: quienes creen eso estaban viendo el espejismo del petróleo, no la solidez de la estructura de la economía.

El problema real del proyecto reformador, que adquirió forma mucho más estructurada al inicio de los noventa y que se consolidó con el TLC, reside en que fue concebido para evitar llevar a cabo un cambio en el statu quo político. En contraste con otras naciones que se reformaron en estas décadas -como España, Chile, Corea- en México no fue un nuevo gobierno, producto de una elección posterior al fin de una dictadura, quien llevó a cabo las reformas, sino un gobierno emanado del partido que llevaba décadas en el poder. La única similitud es la URSS, que no lo sobrevivió. En consecuencia, las reformas nacieron truncas porque procuraban dos fines contradictorios: liberalizar y hacer más eficiente la economía; y al mismo tiempo, proteger a intereses relevantes para la clase política en negocios, sectores y funciones. El resultado es, por ejemplo, el sistema educativo que tenemos y que impide el progreso de vastas regiones del país (y que nos impide reemplazar mucho de lo que China produce para EUA), vastos monopolios que persisten y toda clase de intereses que mantienen pobre al sur del país.

Razones para cambiar hay muchas y AMLO estaba excepcionalmente posicionado para llevar a cabo los cambios que México requería. Sólo alguien como él, conocedor de la historia, hábil para la movilización política y desvinculado de los promotores de las reformas, podía haber llevado a cabo los cambios que el país requería. Desafortunadamente, optó por otro camino: negar las circunstancias que llevaron al país a donde está y dejarse llevar por motivaciones primarias incompatibles con la función para la que fue electo. El resultado es una destrucción, sistemática y a rajatabla, de mucho de lo que funciona en el país, sin crear nada susceptible de transformar a México para bien, con mejores condiciones económicas, menos corrupción y mayor legalidad. En una palabra, dos años de retrocesos. Y los que faltan.

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Dice el dicho que uno desafía a la naturaleza a su cuenta y riesgo. En materia económica, existe amplia evidencia de los riesgos que entraña desafiar los principios más elementales de la forma de ser de la humanidad. Dedicar la actividad gubernamental a reconstruir una era que quedó atrás y que no es recreable no puede más que conducir al fracaso. En términos llanos, ningún gobierno sobrevive cuando desafía el contexto en el que intenta conducir los asuntos públicos.

Tres momentos cambiaron al mundo de manera radical: la imprenta de Gutenberg, la revolución industrial y, más recientemente, la revolución digital. Cada uno de esos instantes transformó la existencia de la población y alteró todos los patrones y modos de vida. Así como es indudable que hubo alguien que siguió produciendo látigos para carruajes jalados por caballos cuando apareció el automóvil, es absurda la pretensión de reconstruir el terruño nostálgico del pasado en el umbral de la revolución digital que nos ha tocado vivir en la actualidad.

Cada uno de esos momentos transformadores vino acompañado de dislocaciones: la más evidente y conocida es la que experimentó el empleo cuando aparece la máquina de vapor. En cuestión de unos cuantos años, la forma de producir -esencialmente con personas asistidas por animales de carga- se transformó, dejando una estela de sufrimiento en la forma de pobreza, desempleo y desazón. Quien quiera que haya leído las desgarradoras crónicas de Charles Dickens puede apreciar el enorme costo humano que estos procesos de cambio entrañan y su recuerdo explica la reticencia a aceptar la inevitabilidad de lo que implica y, sobre todo, la impotencia de todo el mundo -individuos y gobiernos- frente a la fuerza imparable de una revolución así.

El momento que nos ha tocado vivir implica exactamente lo opuesto a lo que intenta hacer el gobierno. Para comenzar, el mañana se convirtió en ayer: hoy todo es interdependiente y nada espera; lo que ocurre en China o Francia nos afecta y puede desatar acciones que un minuto antes de ocurrir parecían inimaginables. Así como Brexit prácticamente aniquiló a los partidos políticos tradicionales, Morena emergió como un movimiento que, en unos cuantos años, desplazó a las fuerzas políticas existentes; ya nada es permanente y todo cambia: la única constante es que ya no hay constates.

En segundo lugar, el sistema educativo tradicional ha dejado de ser relevante en un mundo en el que las habilidades que demanda el mundo productivo cambian inexorablemente. Los viejos sindicatos de la educación seguirán protegiendo los intereses de pequeñas mafias o a los extremistas del gobierno actual, pero no son más que impedimentos al ajuste que los niños de hoy requieren para poder ser exitosos en el mundo al que se enfrentarán mucho antes de lo que cualquiera pudiera imaginar.

De la misma manera, el gobierno que antes era todopoderoso hoy no tiene más remedio, si quiere ser relevante, que administrar su debilidad, una debilidad estructural que no tiene que ver con la coyuntura inmediata, sino con la forma en que funcionan las comunicaciones, los mercados y las demandas ciudadanas. La clave radica en fortalecer y hacer eficaces las funciones primarias del gobierno (como seguridad y servicios clave) pues la pretensión de controlarlo todo no es más que otra quimera que desafía la madre naturaleza, es decir, la realidad. Peña lo intentó y ya vemos donde está hoy.

El reto es flexibilidad y adaptabilidad, no control y dogmatismo. Ciertamente, la riqueza está mal distribuida y la vida cotidiana deja mucho que desear, todo lo cual se manifiesta en un casi total cese de la movilidad social, el factor que le confirió al país décadas de progreso y estabilidad en el siglo pasado. La solución no radica en más gasto o mayor austeridad -o en la expectativa fantasmagórica de la siempre inasible reforma fiscal que todo lo resuelve- sino en un uso muy distinto de los recursos. Si el factor clave de éxito reside en la agregación de valor a través del conocimiento, es imposible no concluir que lo urgente es un giro radical en la naturaleza del sistema educativo y lo que eso implica para la justicia, la seguridad y el funcionamiento de los mercados.

Los cambios que México requiere para construir una plataforma de desarrollo acelerado son muchos y sin duda complejos, pero, para lograr su cometido, tienen que ser compatibles con el mundo de la era digital. El autoritarismo, el control, el desprecio a la educación y el rechazo a la naturaleza del mundo productivo en el siglo XXI son recetas reaccionarias que no harán sino empobrecer al país. La serie de reformas que ha emprendido el gobierno y las que planea llevar a cabo en los próximos meses son producto de nada más que nostalgia y resentimiento.

Todo ello impedirá el progreso, medido éste como se quiera, y provocará lo contrario a lo buscado porque implica, a final de cuentas, ignorar -y, por lo tanto, desafiar- a la realidad. No es un buen puerto de partida, por decir lo menos.

Por loable que pudiera ser pretender regresar a un tiempo menos convulso y acelerado, se trata de un esfuerzo vano que desafía la fuerza de la naturaleza y, por ello, entraña riesgos inconmensurables.

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La pregunta clave es si la corrupción es un instrumento para el avance de un proyecto político o un mal que debe ser erradicado. Lo que es cierto es que no se pueden lograr los dos propósitos al mismo tiempo porque se trata de una flagrante contradicción: o se utiliza a la corrupción o se le persigue con el objeto de eliminarla del panorama. La evidencia a la fecha es que la corrupción es un instrumento en manos del gobierno para la consolidación de su base política y proyecto de poder.

La corrupción es un mal ancestral en nuestro país, pero no uno inexplicable. En términos históricos, hay dos factores que la promueven y arraigan. En primer lugar, el viejo sistema político postrevolucionario convirtió a la corrupción, ya de largo linaje para entonces, en un instrumento de poder. El régimen emergido de la épica revolucionaria requería crear un mecanismo que satisficiera a los liderazgos que habían sido parte del contingente ganador y, a la misma vez, consolidar un régimen hegemónico.

La clave de la solución radicó en el sistema de lealtades, nutrido por dos componentes: por un lado, el acceso a la corrupción y, por otro, las complicidades cruzadas. Lo primero permitía, en las palabras inmejorables del dicho todavía vigente, que “le hiciera justicia la Revolución,” arreglo verbal que permitía justificar cualquier cosa y excusar a quien robaba  como un servicio a la patria. Los puestos se asignaban con ese criterio: premiar la lealtad, lo que llevó a otro de los dichos tan reveladores: “no me des; sólo ponme donde hay.” Quien era nombrado director de adquisiciones de alguna secretaría o (mil veces mejor) de alguna paraestatal, sabía que no iba ahí para mejorar la productividad, sino a ser compensado por su lealtad.

El otro factor que promueve y, de hecho, hace posible, la corrupción, es la naturaleza del sistema legal que nos caracteriza. En México un inspector de obras de construcción sabe que su trabajo no depende de asegurarse que se hayan seguido los planos originales (o los autorizados), sino negociar con los constructores las diferencias que existan respecto al proyecto inicial. Es así como edificios que cuentan con una autorización de diez pisos acaban siendo de quince. Sin embargo, la culpa no es del inspector o del constructor, sino del sistema que le confiere tan vastas facultades discrecionales al inspector.

Esas facultades discrecionales acaban siendo arbitrarias porque no se apegan a ningún código, regulación o criterio previamente establecido y debidamente publicado (condiciones elementales de cualquier Estado de derecho). Las facultades con que cuenta un inspector se van magnificando en la medida en que uno sube la escala burocrática. En la legislación en materia de inversión extranjera que promulgó el gobierno de Echeverría (y cuyo título no dejaba duda de su objetivo: Ley para promover la inversión nacional y regular la inversión extranjera), el texto establecía prioridades y límites para cada tipo de inversión. Uno podía estar de acuerdo con los objetivos o no, pero el texto era claro en su propósito y pretendía conferirle certidumbre al potencial inversor. Sin embargo, la ley también incluía un artículo que le otorgaba al secretario respectivo facultades plenas para que, a su juicio, modificara los límites de participación establecidos en la ley. Con esas facultades, la ley dejaba de tener importancia, toda vez que la autoridad podía modificar su contenido en cualquier momento. El punto de fondo es que esas facultades discrecionales han sido siempre una fuente de corrupción dentro del gobierno, entre particulares y el gobierno y entre particulares.

La corrupción adquiere muchas formas en el país y no todas involucran dinero. El aprovechamiento de recursos públicos, el uso del presupuesto, la compra de terrenos donde pasará una carretera y tantos otros medios de enriquecimiento tradicional son parte intrínseca de lo que ha sido México y no hay un solo partido político que salga invicto de ello, incluyendo al que gobierna en la actualidad. El uso de recursos públicos para nutrir clientelas es corrupción pura y dura.

Además de los medios tradicionales de corrupción, ahora se suman otros prominentes (si bien no nuevos): el perdón -y purificación- de funcionarios corruptos o empresarios cercanos; la destrucción de instituciones; la eliminación de proyectos clave para niños y sus mamás (como las estancias infantiles) o la disponibilidad de medicamentos. Todas estas son manifestaciones de corrupción que siguen gozando de plena impunidad.

Las dos fuentes clave de corrupción –la naturaleza de la ley y el pago de lealtades- se pueden erradicar porque ambas surgen de factores conocidos y, al menos en principio, modificables. Pero nada de eso se está haciendo. El encarcelamiento de una exsecretaria o el uso del púlpito para atacar supuestos adversarios en nada se diferencia de las prácticas de antaño. Se trata de un escarmiento y no de un proceso de erradicación del fenómeno: se actúa con un criterio acomodaticio, no de acuerdo con lo que marca la ley.

La retórica cambia, pero la corrupción persiste: se trata, como siempre en el periodo post revolucionario, de la consolidación del poder. Nada más.

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La popularidad del presidente, aunque menor a otros momentos y a otros presidentes, sigue elevada. Muchos se preguntan cómo es esto posible dada la compleja, incierta y muy deteriorada situación del país y de la economía. El presidente se ha dedicado a minar todos los cimientos del desarrollo, debilitar los factores que hacen posible el crecimiento de la economía y eliminar los mecanismos que se construyeron para conferirle estabilidad y predictibilidad al actuar del gobierno. A pesar de todo esto, su popularidad no parece afectarse por su manera de decidir o sus consecuencias. No es una pregunta esotérica pero tampoco difícil de dilucidar.

La popularidad del presidente se sustenta en varios elementos, no todos los cuales se encuentran bajo su control. En primer término, la extraordinaria estrategia de propaganda que son las mañaneras tiene el efecto de mantener cautivada a su base social. Este factor es clave para la popularidad y ha sido probado a lo largo del tiempo: la conexión del presidente con la población es real y trasciende lecturas basadas en la razón. Como toda conexión cuasi religiosa, ésta es sostenible mientras los factores que la alimentan, sobre todo su credibilidad, persistan. El presidente explota un profundo y ancestral resentimiento de un amplio segmento de la población que se siente traicionado por décadas o siglos de promesas insatisfechas. El odio que promueve hacia personas, instituciones y grupos cae, ahora si, como anillo al dedo, en esa población que resiente muchos elementos de la realidad nacional. En su extremo, ha logrado crear fanáticos entre ciudadanos que lo ven como un salvador.

Un segundo componente de la popularidad reside en el más papable de los errores de los partidos tradicionales en los últimos años, particularmente el llamado “Pacto por México” que organizó Peña Nieto y que, al sumar acríticamente al PAN y al PRD, los mimetizó con el PRI –con toda la carga histórica que eso representa- tornándolos dependientes del resultado de aquel proyecto. Seguro hay explicaciones de porqué se sumaron pero, en términos estratégicos, le vendieron su alma a un presidente cuyos objetivos no eran los de la transformación del país a través de las reformas prometidas, sino el enriquecimiento de su pequeño grupo de aliados. El PAN y el PRD de facto aceptaron lo absurdo: los beneficios de una buena gestión se le atribuirían al PRI en tanto que los errores y fracasos se les colgarían a los tres. Para el mexicano común y corriente, se desdibujaron las diferencias entre los tres partidos, circunstancia que hoy se traduce en una sola cosa, que el presidente López Obrador ha explotado con singular habilidad: la ciudadanía puede albergar dudas sobre la gestión del gobierno actual, pero no percibe alternativa alguna entre los partidos tradicionales.

La gran falla de las reformas de las últimas décadas reside en su parcialidad porque no todo estuvo sujeto a modificación. La condición central, implícita, del proyecto reformador radicaba en la protección del “sistema” y sus beneficiarios: igual la CNTE que la clase política o intereses particulares –privados, sindicales, políticos- de cualquier índole. Esto garantizó que los beneficios no se desparramaran de manera equitativa, lo que se puede apreciar de manera por demás obvia en los contrastes regionales que persisten. Esta es una tercera ancla de la popularidad del presidente: ha logrado convencer a un segmento de la población que el sistema no trabaja para ellos, explotando sentimientos y resentimientos acumulados.

En el fondo, sin embargo, la popularidad se sustenta en el uso que hace López Obrador de la población y que ésta hace uso de él. Se trata de una sociedad de conveniencia que es sostenible sólo mientras sus pilares no se erosionen en demasía. Por eso cala tan duro la evidencia de corrupción contra el hermano del presidente, los robos en la institución dizque para devolverle al pueblo lo robado y los que seguro se seguirán acumulando. A esto se deben sumar los errores en materia de salud, la falta de medicamentos y la obvia incompetencia del gobierno. A Morena le está pasando lo que al PAN en su momento: una vez a cargo, están cayendo en las prácticas ancestrales del gobierno mexicano porque nada en la esencia de su funcionamiento ha cambiado.

Los resultados de Coahuila e Hidalgo demuestran que hay algo de artificial en las cifras de popularidad y que, en todo caso, ésta no es transferible a los candidatos de Morena.

Lo que sí ha cambiado y no se debe desdeñar es la solidez y fortaleza de personas clave en distintas instancias y que también se acumulan. La Suprema Corte le dio carta blanca al presidente en sus consultas, pero los cinco ministros que votaron en contra cimbraron al país con argumentos sólidos y poderosos. La minoría que bloquea excesos constitucionales en el senado hace mella cada día. La discusión pública no cesa por más que haya amenazas cotidianas.

En contraste con el México de hace medio siglo, hoy existen factores que limitan los peores excesos y ciudadanos dispuestos a hacer valer sus derechos, lo que garantiza que, aunque se pierdan algunas batallas, los sustentos de la popularidad del presidente sean mucho más endebles de lo aparente.

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Una de las características que definen al gobierno es su insistencia en el pasado: en franco contraste con sus predecesores, que siempre prometían un futuro mejor, el presidente parece creer fervientemente que en el pasado se encuentra el fundamento de todo lo que sigue. La disputa que ha emprendido por el pasado es, en realidad, una batalla por el derecho a definir el futuro y, sobre todo, las percepciones. Orwell lo decía con claridad: quien define el pasado controla el presente y el futuro. Es decir, el poder político reside en la capacidad para forjar la manera en que la gente percibe al mundo.

La idea de Orwell, también expresada por Gramsci, era la hegemonía ideológica, lo que los estrategas electorales y políticos hoy denominan como “narrativa.” Todos quieren darle forma al discurso como medio de control de la vida pública. En la medida en que todos, o una gran mayoría, acepta el discurso o la narrativa como válido, un proyecto político (o, en menor escala, un interés particular) puede progresar y prosperar sin límite. Las mañaneras son eso: un medio para manipular y desacreditar a los supuestos adversarios, extinguirlos.

Pero el control de la narrativa no garantiza el progreso. Si la narrativa no contribuye a unificar de manera integral a la población, ésta no logra más que ilusionar, para luego frustrar, a quienes la comparten. Una nueva narrativa puede ser extraordinariamente poderosa pero obtusa si el objetivo es imposible. Ayotzinapa lo ilustra bien: el gobierno actual cambió la narrativa, prometió una nueva investigación y poco le faltó para prometer que los padres volverían a ver a sus hijos. Es claro que muchos de ellos así lo entendieron, pues hoy retornan con reclamos similares a los de antes. Independientemente de la solidez y honestidad de las investigaciones de la administración anterior, el gobierno actual sabía bien que ese retorno era imposible, por lo que logró apaciguar a esa población temporalmente, pero ahora regresa con furia renovada. Nada es gratis y este caso ejemplifica el actuar de toda la administración.

Una narrativa errada, fundamentada en una lectura sesgada o intencionada de la historia, magnifica los problemas y exacerba la polarización. En lugar de unificar para lograr un propósito común, así implique éste someter a determinados grupos o intereses, la narrativa mañanera no sólo resulta incapaz de avanzar su agenda, sino que despierta el desarrollo de narrativas alternas, algunas por demás reaccionarias. La lucha por desacreditar el mérito no sólo debilita al sistema educativo, sino que elimina todo incentivo para la creación de empleos o la mejoría de los salarios. Si el mérito deja de ser relevante, la violencia acaba siendo legítima y el crimen una respuesta razonable ante la desigualdad reinante.

Una narrativa diseñada para polarizar parte del principio de que no es necesario asumir la realidad como es. Si bien cambiar la realidad es un objetivo legítimo, lograrlo es imposible si se parte de la negación de la realidad existente. Juan José Campanella, un director de cine, escribió que “no dejemos que la inmensa corrupción tape la gestión. La gestión fue peor.”

Nos encontramos en una etapa que parece de transición: el gobierno comenzó atacando la corrupción de otros, solo para encontrarse con que la propia no es menor, lo que le quitó el viento de cola que traía. Pronto comenzará a apreciarse la pésima calidad de su gestión. Ciertamente, el gobierno no es culpable de la pandemia, pero sí lo será, inexorablemente, de lo que de su manera de conducirla -lo que hizo y lo que dejó (o deje) de hacer- resulte en los próximos meses. Ninguna narrativa puede encubrir una realidad como la que comienza a vislumbrarse.

El pasado es el origen de lo que hoy existe pero no puede ser el fundamento de nuestro futuro porque es precisamente ese pasado el que produjo las distorsiones y resultados que hoy encontramos inaceptables y que yacen en el corazón de la propuesta electoral del presidente López Obrador. Como todo en la vida, cada momento produce virtudes y defectos, pero el tiempo avanza y altera las condiciones en que surgieron ambas.

El llamado desarrollo estabilizador produjo unos cuantos lustros de elevado crecimiento con estabilidad política que permitió el crecimiento acelerado de la clase media urbana, pero las circunstancias que hicieron eso posible desaparecieron en la medida en que cambió el entorno externo y, especialmente, las erradas medidas que se adoptaron al inicio de los setenta. De no haber sido por el súbito descubrimiento de yacimientos petroleros, la borrachera de finales de los setenta y comienzo de los ochenta no habría tenido lugar y el país estaría mucho mejor, exacto lo opuesto a la narrativa mañanera. Las reformas que siguieron, con todos sus sesgos, aciertos y errores, no tenían más propósito que intentar responder ante los mismos males que hoy pretende combatir el presidente López Obrador: el bajo ritmo de crecimiento promedio, la desigualdad regional y la inestabilidad política. La historia, la real, importa mucho.

Todos los gobiernos tienen la necesidad de construir su propia narrativa para asentar su legitimidad y poder gobernar. Solo lo logran aquellos que aceptan la realidad como es.

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Si el discurso lo dice, tiene que ser cierto. Así funciona la política mexicana en los últimos años: pura retórica. Baste escuchar los interminables anuncios de los legisladores en que afirman que aprobaron determinada ley, razón por la cual el problema ha desaparecido. Desde luego, muchos asuntos clave para el desarrollo del país requieren modificaciones normativas; sin embargo, el mero hecho de aprobar una ley o hacer un pomposo anuncio gubernamental no resuelve el problema: se trata de una simulación de la que se alimenta la retórica que domina el panorama.

Se afirma que vivimos en una democracia, lo que es parcialmente cierto porque hoy se eligen limpia y libremente a nuestros gobernantes y legisladores, asunto no menor luego de décadas de imposiciones y fraudes electorales. Sin embargo, la vida del ciudadano prototípico no ha mejorado sensiblemente por ese hecho, excepto en que –de enorme trascendencia- los gobernantes hoy tienen menos capacidad de abuso de lo que era típico en el pasado. Pero si la democracia implica representación, participación y límites a la capacidad de abuso, estamos muy lejos de haber llegado ahí.

Nuestra democracia, así sea enclenque como ha demostrado la capacidad del gobierno actual para eliminar cualquier vestigio de contrapeso, no sólo liberó a los ciudadanos del autoritarismo del viejo régimen sino, sobre todo, le dio rienda suelta a los políticos –líderes de partidos, legisladores, gobernadores y presidentes- para construir todo un andamiaje retórico que nunca aterriza: todo es pretensión que se avanza cuando, en realidad, ni siquiera se definen los problemas concretos o se diagnostican correctamente para resolverlos.

En su libro sobre la manera en que evolucionó la Europa exsoviética después de la caída del muro de Berlín, Krastev y Holmes* describen la forma en que la élite rusa se abocó a emplear el lenguaje para no cambiar el statu quo, es decir, construyeron una democracia fake que les permitió preservar sus privilegios. Pero lo más interesante que explican los autores es que a esa misma cohorte le pareció enteramente natural simular la nueva democracia porque llevaban dos décadas (antes del fin de la URSS) pretendiendo que el comunismo era democrático y funcionaba bien. Cualquier semejanza con la forma en que ha evolucionado la democracia mexicana es meramente casual.

Quizá la pregunta más trascendente sea si la ciudadanía en general se cree la retórica y la acepta como palabra suprema. No cabe ni la menor duda que muchos políticos no sólo creen en sus propias palabras (y mentiras), sino que suponen que éstas se convierten en realidad por el mero hecho de haber sido expresadas en público. Sin embargo, el fenómeno ciudadano es clave: la historia sugiere que la población cree lo que dicen los políticos, hasta que deja de creerles. La retórica es parte inherente a la política, pero cuando los hechos no cambian, o cuando la realidad no mejora, el deterioro se torna inexorable: la experiencia de Fox y Peña Nieto es aleccionadora; la pregunta al aire es cuándo sucederá lo mismo con el actual gobierno.

Esta forma de ser y proceder ha paralizado al país por varias décadas. En lugar de debatir la naturaleza de los problemas y sus posibles soluciones, la vida política se dedica a la retórica y, por lo tanto, a la simulación. La mediocridad que eso alienta, ahora formalizada en un discurso cotidiano cuya característica central es la de desviar la atención de los asuntos relevantes, no se limita exclusivamente a la falta de crecimiento económico, sino incluso a la pretensión de que éste ni siquiera es necesario.

En el fondo, quizá el problema nodal del sistema político mexicano actual radica en la disfuncionalidad, cuando no ausencia, de un gobierno susceptible de cumplir sus responsabilidades, desde las más básicas como la seguridad, hasta las medulares, como la creación de condiciones para el progreso de la población, en el sentido más amplio del término progreso.

El fenómeno lo explica Fukuyama** con claridad: el progreso depende de la existencia de un gobierno competente, un eficaz sistema de rendición de cuentas y un sistema democrático de elección de los gobernantes, pero afirma que el orden en que estos factores hacen su aparición es crucial. Si un país se democratiza antes de construir un Estado fuerte y competente, el resultado será parálisis, disfuncionalidad y, potencialmente, inestabilidad.

En México se construyó un gran aparato para garantizar la limpieza electoral, pero no se transformó al sistema de gobierno para ser capaz de darle viabilidad social y económica al país. El gobierno mexicano acabó siendo enclenque; carente de instrumentos idóneos al reto; con instituciones débiles y, en su mayoría, sin poder alguno (igual la Suprema Corte que los organismos autónomos); y saturado de disputas no institucionales entre los diversos actores políticos.

La retórica ha permitido disfrazar esta fragilidad, pero ha impedido que se atienda como la prioridad nacional principal que debería ser. Peor, ahora se aprovecha para intentar retrotraer la presidencia omnipotente que, a final de cuentas, es lo que nos dejó donde estamos.

*The Light that Failed: A Reckoning;

**Political Order and Political Decay

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“¿Qué se tiene que hacer si en algún momento la población vota para establecer una dictadura?” se pregunta Karl Popper, el gran estudioso de la democracia y las sociedades abiertas. La mayor parte de las democracias, dice el autor, incluyen provisiones para impedir que eso ocurra, como el requerimiento de mayorías calificadas en el congreso. Legalmente o no, el hecho es que Morena, y por lo tanto el presidente, cuenta con una mayoría calificada en la cámara baja del poder legislativo y no le falta mucho para tener lo mismo en el senado. En un sistema de poderes divididos, la Suprema Corte constituía el único poder capaz de evitar la consolidación de una dictadura. Lamentablemente, la Corte se quedó corta.

Cada uno de los poderes en una democracia tiene su estructura, origen y responsabilidades. Mientras que el ejecutivo y el legislativo son electos y, por lo tanto, requieren mantenerse cerca del pulso ciudadano, la Suprema Corte fue diseñada para guardar distancia y valorar, desde la perspectiva de largo plazo que ofrece el marco constitucional, las propuestas, decisiones y legislaciones que son materia de los otros dos poderes. Su función no es la de ser popular sino la de guardar el equilibrio, y romper los empates, entre los otros poderes públicos.

Cuando un poder dotado de semejantes facultades abdica su responsabilidad, le falla a la sociedad y abre la puerta a cualquier tropelía que pudieran querer avanzar los otros poderes. En nuestro caso, con un ejecutivo que domina al poder legislativo y lo subordina a sus intereses y preferencias de manera rutinaria, la Corte era el único reducto que le quedaba a la ciudadanía como fuente de protección constitucional. Con su decisión de endosar la consulta para procesar judicialmente a los expresidentes, la Corte cedió, se doblegó y perdió toda credibilidad. Con una Corte subordinada -tramitadora de las ocurrencias presidenciales- resulta innecesario crear un tribunal constitucional como el que proponía el presidente porque ya está ahí.

En lugar de evaluar la propuesta de consulta para procesar a los expresidentes en términos constitucionales, la Corte optó por elucidar “los sentimientos del pueblo.” Hay sólo dos interpretaciones posibles, ambas malas: primero, que la mayoría de los ministros de la Corte efectivamente cree que la politización de la justicia es una forma legalmente válida; la otra es que la Corte optó por evitar un conflicto con el presidente, accediendo de antemano a sus deseos. Ambas son pésimas noticias para la democracia mexicana y peores para el Estado de derecho.

El asunto de la consulta ha sido ampliamente debatido por lo que sólo destaco tres puntos que me parecen clave. Primero, la consulta no es un tema legal sino político: el presidente quiere estar en la boleta en la elección intermedia de 2021 para elevar la probabilidad de que su partido retenga la mayoría en la cámara de diputados. La Corte le ha regalado lo que quería lograr con la revocación de mandato: un vehículo para promover su iniciativa sin violar estamento electoral alguno. Me queda claro que lo último que le importa es acusar penalmente a los expresidentes, aunque sin duda hay uno o dos que desearía ver en la cárcel por razones estrictamente personales. Segundo, existe un enorme resentimiento contra diversos exmandatarios, parte alimentado por el propio López Obrador y en mucho por la crisis financiera de 1994-95 y la elección de 2006. En lugar de cambiar la realidad a través de mejores políticas públicas que resuelvan aquellos agravios en lo que importa, la calidad de vida de la ciudadanía, el presidente ha optado por una estrategia de confrontación y distracción. La consulta le cae como anillo al dedo para este propósito. Finalmente, la Corte abre la puerta para someter a consulta cualquier cosa: a más de uno se le ocurrirá que eso incluye el pésimo desempeño de la actual administración, la corrupción del gobierno de Morena, el agua de Chihuahua o la extraordinaria conducción de la pandemia.

Una de las peculiaridades del poder en México es su exceso. Los presidentes, y más el actual, gozan de un poder casi ilimitado, libre de mayores contrapesos, lo que les hace creer que son omnipotentes. En la medida en que su actuar fomenta y nutre esa sensación de poder absoluto y sus asesores y funcionarios se tornan, de manera consciente o no, en cómplices, los presidentes comienzan a creer que su realidad es permanente, indisputable y legítima. El mero hecho de que el presidente crea que no hay corrupción en su gobierno es indicador temprano de este hecho.

La historia, sin embargo, enseña otra lección. Los presidentes comienzan y terminan su mandato y sólo entonces comienzan a percatarse, usualmente de mala manera, de los errores, costos e insuficiencias de su desempeño. Es entonces cuando vienen los reclamos y las exigencias, justo cuando ya no se encuentran en control de los instrumentos que podrían vindicarlos. Nunca falla.

Hay dos grandes perdedores: primordialmente la ciudadanía que, lo reconozca o no, siempre se beneficia del Estado de derecho, aquí debilitado. El otro gran perdedor es, paradójicamente, el propio presidente, que inexorablemente también podrá ser motivo de una consulta.

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@lrubiof
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