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Régimen de excepción

Luis Rubio

La seguridad pública es condición sine qua non para el desarrollo del país y el asunto que más preocupa a la ciudadanía. El problema no es nuevo, pero todos los intentos por enfrentarlo han resultado insuficientes, si no es que fallidos. Las tres administraciones más recientes -cada una en su soberbia- ha asumido el problema a su manera, pero los resultados han sido paupérrimos; lo único que es claro e indudable es que hay muchos mitos al respecto*, pero igualmente claro es que no existe una solución única -o mágica- al problema. Si el gobierno de López Obrador no reconoce este punto de entrada, su estrategia, centrada en la “guardia nacional,” va a acabar en el mismo lugar.

La propuesta de crear una nueva estructura en la forma de una guardia nacional, anunciada con bombo y platillo pero poca información, no es muy distinta a la que acompañó el anuncio de recrear la policía federal hace dos sexenios. En ambos casos, se tenía una gran idea pero no un plan para su desarrollo integral, ni mucho menos un consenso político al respecto. El resultado fue lo esperable: la inseguridad no cedió. Las causas pueden ser muchas, pero la receta ganadora resultó fallida.

La creación de una guardia nacional puede ser parte de la solución o puede ser otra oportunidad perdida: todo depende de como se constituye, cuáles son sus objetivos, qué estrategia se seguiría y, sobre todo, en qué consiste el proyecto en su conjunto. Un mal diagnóstico -que es lo que debe suponerse pues el plan presentado carece de toda coherencia lógica- conlleva un azaroso desenlace. Sin embargo, el peligro no radica exclusivamente en que el problema no aminore, sino en que, a diferencia de los intentos anteriores, éste viene preñado de un riesgo inconmensurable en la forma de la incorporación del ejército en las tareas de seguridad de una manera integral, permanente y encumbrada en el texto constitucional. Es decir, se trata de un paso extraordinariamente apurado, con consecuencias potenciales desconocidas y, seguramente, excesivas y onerosas.

Es fácil entender por qué una administración tras otra ha recurrido al ejército: se trata de la corporación más estructurada, respetada y eficaz con que se cuenta. Ante el vacío, debilidad -y corrupción- que caracteriza a la mayor parte de los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales (y a sus contrapartes por el lado de la procuración de justicia), la noción de recurrir al ejército es lógica, así haya implicado un cambio radical de posición por parte del presidente. Pero el hecho que exista un desafío tan fundamental y una institución tan competente no implica que una cosa sirva para resolver la otra. El ejército ha probado ser eficaz para mostrar la fuerza del Estado, pero no para crear condiciones para la seguridad pública más allá del momento o lugar en que tiene presencia temporal. El ejército no es una corporación policiaca y no debe ser concebido como una respuesta policiaca de largo plazo porque no sirve para eso ni va a servir nunca.

El ejército sin duda será parte central de la solución del problema de seguridad que se enfrenta, pero no puede ser el corazón de la estrategia. A menos que se transforme al ejército en corporación policiaca -y todo lo que eso implica en términos de concepción y formación-, algo que podría ser planteado como una estrategia pero a dos o tres décadas de distancia, los militares están formados para enfrentar enemigos formales, no para constituirse en el garante de la seguridad de la vida cotidiana de una comunidad.

Más importante, la pregunta clave no es sobre el recurso al ejército para fines de proteger a la sociedad, sino sobre la creación de una nueva realidad política y legal en la forma en que se ha propuesto para la llamada guardia nacional. El recurso al ejército es necesario, pero no de una manera permanente, sin mandato claro ni protección legal. Sería infinitamente mejor crear condiciones formales para el funcionamiento del ejército en labores de seguridad civil, que encumbrarlo como el corazón de una estrategia inacabada de seguridad en la que no hay certezas para la ciudadanía, el gobierno o los propios soldados.

Me pregunto, por qué no plantear la presencia del ejército en la guardia nacional -o en la seguridad en general- como un caso excepcional y, por lo tanto, temporal. Es decir, que tal si, en lugar de encumbrar al ejército en la constitución para el combate a la inseguridad, se legisla con precisión la forma en que actuaría esa corporación ante una emergencia y sólo por el tiempo en que ésta dura. Si lo que existe es una situación de excepción, lo que procede es contemplar una respuesta igualmente excepcional en la forma de un régimen de excepción como el que se contempla en el artículo 29 constitucional.

Lo que se ha propuesto es una respuesta desesperada, poco meditada e inadecuada para construir seguridad, proteger a la ciudadanía, darle certeza jurídica al ejército y resolver el problema que se ha planteado el gobierno. En lugar de una sola acción orientada a pretender resolver un problema complejo de tajo, mejor desarrollar una estrategia multifactorial en la cual la participación del ejército sea temporal, limitada y excepcional.

*ver un buen resumen de esto en: http://www.consejomexicano.org/index.php?s=contenido&id=2475

 

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Régimen de excepción

 

Luis Rubio

10 Feb. 2019

Contrapesos

Luis Rubio

Una manera de pensar sobre lo que viene es contrastar lo que el gobierno dice que quiere lograr y lo que de hecho se propone hacer. El caso de la austeridad es ilustrativo: casi la primera prioridad del nuevo congreso fue una ley de austeridad, seguida por la de remuneraciones a funcionarios, como eje de su estrategia. Es obvio, como punto de partida, que nadie puede estar en contra de la austeridad como principio; sin embargo, lo relevante es preguntar cuál es el objetivo de la austeridad y cómo se va a practicar: no es lo mismo elevar la eficiencia y eficacia de la función gubernamental (algo deseable y para lo cual hay, como se dice, muchísima tela donde cortar), y otra muy distinta es someter a otros poderes públicos por medio de recortes de gastos (sobre todo aquellos que le dan capacidad al Congreso de funcionar como contrapeso) o penalizar a los buenos funcionarios reduciéndoles sus ingresos: dos objetivos muy distintos, aunque ambos sean igualmente consistentes con la austeridad. La pregunta no es ociosa: qué se propone lograr y qué le asegura a la ciudadanía que aquello es lo adecuado y necesario.

Andrés Manuel López Obrador ganó la elección con un porcentaje del voto al que ya nos habíamos desacostumbrado. Ninguno de sus predecesores, de los noventa para acá, contó con el nivel de votos o apoyo legislativo y la legitimidad de mandato que ello entraña. Para todos ellos, el Congreso y las diversas entidades del Estado que gozan de autonomía sirvieron de contrapeso, al menos en algunos de los momentos más álgidos. Aunque, a decir verdad, su oposición fue casi siempre inspirada en recelos políticos de corto plazo, ahora ni eso es probable que ocurra. Pero hay un gran valor en ello.

La transición política mexicana que comenzó con la reforma electoral de 1996 resolvió el problema del acceso al poder, pero no el de la forma en que los mexicanos habríamos de ser gobernados. De hecho, mucho del deterioro que se ha dado en las últimas décadas –en seguridad, crecimiento económico y corrupción- se debe, casi exclusivamente, al desarreglo político que se derivó de la derrota del PRI en 2000. El fin del contubernio presidencia-PRI trajo todo tipo de consecuencias, muchas de ellas negativas: inmensas transferencias (y desperdicio) de fondos a los gobernadores sin contrapeso alguno; ocurrencias en lugar de estrategia de gobierno; deterioro sistemático de las estructuras institucionales (procuración de justicia, policías, ministerios públicos, aduanas); y, en general, colapso de la civilidad en el trato cotidiano entre ciudadanos, entre políticos y entre ambos. Hoy no es extraño escuchar a algún mexicano preguntar, cuando se encuentra en el extranjero, si puede salir a caminar a la calle, pregunta hubiera sido ridícula hace algunas décadas. El enojo y la disfuncionalidad no son producto de la casualidad. La pregunta es cómo lograr la transformación que el país requiere, no ir hacia atrás en la historia para empobrecer al país.

La solución que puede intuirse en lo que ha venido haciendo y proponiendo AMLO consiste en centralizar al poder a través de medios como los virtuales procónsules en los estados; la re-concepción del ejército como supervisor de todos los asuntos de seguridad a nivel regional; la reducción de salarios a funcionarios de los primeros niveles; la creación de programas de distribución de transferencias a jóvenes, ancianos y otros grupos susceptibles; y la reducción de presupuestos al Congreso y al Senado. La centralización del poder no es algo bueno o malo en sí mismo; la cuestión es centralizar para qué: todo sugiere que es no más que un medio para eliminar toda disidencia y garantizar lealtades. Sin embargo, lo importante no es la acumulación de poder en sí, sino si ésta permite cambiar la realidad para bien, no sólo para cambiar.

El mandato que recibió AMLO es de cambiar la realidad, pero no cualquier cambio resultaría en una mejora de las condiciones de vida de la población más vulnerable a la que se quiere abocar o a crear un mejor futuro en general. No bastan los buenos deseos: hay problemas de extrema complejidad, comenzando por el de la seguridad, que requieren cuidadosa planeación. Como ilustran algunos ejercicios exitosos a nivel estatal, hay opciones viables, pero una solución integral va a requerir un plan bien articulado por profesionales y una disposición a construir para el largo plazo. En vez de eso, lo observable son acciones, no todas coherentes entres sí, para atender enojos de grupos cercanos al presidente, como el maltrato que se le da al ejército, culpándolo de todos los males y, a la vez, convirtiéndolo en el corazón de la estrategia. Se requieren soluciones de largo plazo para evitar que el país acabe peor de lo que estaba.

En lugar de recortes al Congreso, se requieren contrapesos efectivos que le ayuden al propio presidente a asegurar que sus propuestas sean susceptibles de cambiar la realidad para bien. Los contrapesos no disminuyen el poder presidencial, pero sí obligan a que éste produzca proyectos que puedan mejorar la vida de la población. Ese es el mandato que parece evidente de la elección pasada; ojalá así lo lea así el nuevo presidente.

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Contrapesos

 

03 Feb. 2019

Narrativa y gobierno

Luis Rubio

Según el historiador Micah Goodman, la diferencia entre los animales y los humanos es que los primeros viven exclusivamente en el presente y actúan por instinto, mientras que los humanos piensan y se preocupan por el futuro. El futuro es siempre desconocido y genera temor, para lo cual los humanos recurrieron a la religión y a los políticos. La religión permite tranquilizar el ánimo y el alma; los políticos aprovechan el temor para engañar al votante: en campaña le hacen promesas muchas veces incumplibles, pero ya en el gobierno tienen que ser responsables, chocando con lo que prometieron.

Esta historia se repite una y otra vez en todas las latitudes. Pero en el México de hoy estamos viviendo algo peculiar: el presidente no sólo pretende cumplir todas sus promesas, sino que no cree que haya límites a su capacidad para lograrlo. Esto ha introducido un aire de frescura en la función de gobernar que no habíamos visto en mucho tiempo y que la mayoría de la población reconoce y parece apreciar.

El caso de la gasolina habla por sí mismo: ya para ahora es evidente que el gobierno actuó sin mucho cuidado, conocimiento de causa o previsión sobre las consecuencias de sus acciones. Pero, luego de décadas de robos flagrantes al erario a través de Pemex, la ciudadanía aplaudió el arrojo, así implicara esto decenas de horas perdidas en la búsqueda de combustible para sus automóviles. Sin embargo, la historia sólo acabará cuando los responsables del despojo sean identificados y detenidos, lo cual no parece estar en las cartas o, dada la debilidad de nuestro sistema de procuración de justicia, en las capacidades del gobierno. En ese escenario, lo que comenzó como un objetivo loable podría acabar convertido en un elevado costo.

El robo de gasolinas se inscribe en un capítulo complejo de la vida pública de las últimas décadas. En estos años ha habido una disputa entre dos modos de concebir la realidad nacional y su futuro. Por un lado, quienes promovieron las reformas, sobre todo económicas, a partir de la virtual quiebra del gobierno en 1982, planteaban la integración de la economía a los circuitos tecnológicos y comerciales del mundo como el medio para elevar la productividad y, con ello, generar tasas de crecimiento económico mucho más elevadas que, a su vez, mejoraran los ingresos de la población y crearan muchos más empleos. Por otro lado, sobre todo desde la crisis de 1995, volvió a la palestra la visión post revolucionaria que afirma que no se han logrado tasas de crecimiento más elevadas, que ha aumentado la desigualdad y que el país ha perdido la estabilidad y la seguridad que caracterizaba a la era previa a las reformas.

Si uno se sale de las narrativas e intereses políticos disímbolos detrás de cada una de estas posturas, es claro que ambos planteamientos tienen asidero en la realidad cotidiana. Respecto a la primera, nadie puede negar las virtudes del proyecto reformador en términos de crecimiento económico, empleo y productividad en prácticamente la totalidad de la mitad norte del país. Por otro lado, si uno observa lo que no ha ocurrido en el sur, la conclusión es igualmente evidente: los contrastes y diferencias son claramente pasmosos. Mientras que buena parte del norte del país crece con extraordinaria celeridad, el sur se ha congelado en el tiempo, con lo que eso implica en términos de empleo, ingresos y expectativas.

El común denominador en todo el territorio nacional es el colapso de las estructuras de seguridad y justicia, produciendo gran impunidad. Es decir, se reformaron diversos reglamentos y leyes, pero nunca se desarrolló la capacidad gubernamental necesaria para preservar lo más fundamental de la vida en sociedad: la seguridad de las personas. El presiente ha planteado un proyecto para estos propósitos que, como sus predecesores, es incompleto, poco meditado y muy riesgoso, ante todo porque no parte de un diagnóstico que reconozca que el problema yace en las propias estructuras gubernamentales y que, al no atenderlo, sólo profundizará el problema, politizando al ejército –y potencialmente corrompiéndolo- en el camino.

 

El problema de la seguridad no es distinto al del robo de gasolina. En ambos casos, el factor nodal es la impunidad: quienes roban la gasolina -y los funcionarios y gobernadores que cobran porque se pueda llevar a cabo ese robo- no son distintos a quienes roban, extorsionan, secuestran o matan sin rubor. En ambos casos, esto ocurre porque no hay restricción alguna a su actividad y abuso. Es esa impunidad la que el presidente aparentemente quiso evidenciar con el cierre de los ductos de gasolina. Pero evidenciar el fenómeno no resuelve el problema: no se trata de un grupo de ladrones, sino de un sistema dentro del aparato gubernamental, a todos niveles, que se beneficia y promueve la impunidad.

El problema no radica en las reformas tan vituperadas, sino en la falta de claridad sobre la naturaleza del problema. A final de cuentas, como dice la historiadora Margaret Macmillan, “las reformas sirven para impedir que ocurra algo mucho peor.” El gobierno tiene que revisar sus prejuicios sobre la problemática nacional para que, como dice Goodman, sea realista sobre lo que puede lograr.

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27 Ene. 2019

Enconos y rencores

Luis Rubio

 

Quien siembra vientos, reza un refrán, cosecha tempestades. Así, con vientos -en la forma de enconos, rencores, descalificaciones y desprecio- comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una forma de hacer política que apuesta a la permanencia de vientos favorables, al apoyo continuo, a la resignación de la población. Se trata de una apuesta riesgosa porque tarde o temprano aparecen las tempestades y, para entonces, los “otros,” esos que han sido denostados y agraviados, estarán en otras cosas. La política de la discordia es útil en tiempos electorales, pero letal en el proceso de construcción nacional.

Todas las naciones requieren un nivel elemental de acuerdo para avanzar; pero igual de valioso es el desacuerdo, siempre y cuando éste sea sobre ideas y modos de resolver los problemas y nunca involucre descalificaciones personales. Al menos así avanzan las sociedades democráticas y civilizadas, como ilustró el Reino Unido -a todo color- esta semana. Sin embargo, en los últimos meses, se juzga la moralidad de personas y grupos a partir de su postura política: los buenos están conmigo, los otros son conservadores o, para usar la lingua franca, “fifis.” El presidente perdona o excomulga con un fervor casi religioso. En lugar de sumar, lo que debería ser la esencia de la función gobernante, se descalifica, eliminando los espacios de acuerdo.

Nadie disputa quien es el presidente; su legitimidad es el punto de partida. Tampoco está en discusión que ya concluyó el proceso electoral y que ahora el presidente es responsable del devenir del país. Su mejor interés radica en sumar al conjunto de la población en su proyecto de desarrollo: nada funciona mejor que con la participación y aquiescencia de todos. La estrategia de dividir, polarizar y descalificar es lógica y racional en tiempos de disputa electoral pero no sólo es absurda en tiempos de gobierno -máxime cuando nadie disputa su legitimidad- sino que es absolutamente contraproducente.

Seis años son muchos meses, más semanas y muchos más días, cada uno de los cuales puede amanecer con crisis y circunstancias complejas de manejar. Algunas son locales, otras son mundiales, pero nunca faltan problemas. La pregunta es cómo enfrentarlas cuando éstas se presentan. La estrategia que el presidente ha seguido hasta la fecha sugiere que su cálculo es optimista: todo va a salir bien, no habrá problemas y el tiempo está a su favor. Cualquiera de los últimos cincuenta presidentes de México, incluyendo a los favoritos de AMLO, le podrá confirmar que la realidad nunca es así.

Los problemas aparecen cuando menos se esperan y el gobierno no tiene más remedio que actuar. Esa fue la experiencia de López Portillo con la devaluación 1976 y de Miguel de la Madrid con la expropiación de los bancos y, luego, el asesinato de Enrique Camarena; de Salinas con la explosión de Guadalajara; de Zedillo con la devaluación de 1994; y con Calderón con la crisis financiera estadounidense de 2008. El problema se presenta y el gobierno tiene que actuar más allá de sus preferencias o posturas. Es en ese momento que importa no sólo la legitimidad de origen -que siempre se pone a prueba en las crisis- sino el capital político que el presidente fue acumulando -o perdiendo- en los tiempos anteriores.

La estrategia de polarización y discordia que sigue AMLO, y que contamina a todo su gobierno, no augura nada bueno para el futuro. Las crisis exigen lo mejor del gobernante y el apoyo de la sociedad; cuando la sociedad está dividida -los buenos y los malos- la gobernanza es difícil y, en tiempos de crisis, imposible. La apuesta a una permanente estrategia de división y descalificación entraña el riesgo de no contar con la sociedad si el entorno benigno se desvanece.

Las amplias mayorías legislativas con que cuenta el presidente le permiten suponer que suyo es el reino de la Tierra y que nada puede mermar sus fuentes de apoyo. Pero hay dos circunstancias que nadie puede perder de vista: la primera es que no es lo mismo el apoyo que un candidato amasa que las dificultades inherentes al ejercicio del gobierno. La popularidad de que goza AMLO en este momento podría desvanecerse si las cosas no mejoran. La segunda es que, cuando vienen las crisis, todos los supuestos dejan de ser válidos: en ese momento, cada uno vela por sus intereses y eso es tan cierto para el más humilde de los mexicanos como para el más encumbrado.

Ningún gobierno se puede dar el lujo de alienar a la mitad de la población (el 47% que votó por otros candidatos) ni puede suponer que su propia base es inalterable. Como dijo alguna vez Napoleón, “para alcanzar el poder es necesario exhibir absoluta mezquindad, algo que cualquiera puede lograr, pero para ejercerlo es necesario mostrar verdadera grandeza y generosidad.”

Mao fue más directo en su apreciación. Cuando el historiador Edgar Snow le preguntó qué se necesitaba para gobernar, Mao respondió: “Un ejército popular, alimento suficiente y confianza del pueblo en sus gobernantes.” “Si sólo tuviera una de las tres cosas, ¿cuál preferiría?”, preguntó Snow. “Puedo prescindir del ejército. La gente puede apretarse los cinturones por un tiempo. Pero sin su confianza no es posible gobernar”.

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Luis Rubio

20 Ene. 2019

¿Gobierno o revolución?

Luis Rubio

En la visión histórica de la izquierda, se tomaba al gobierno no como producto de una elección sino como resultado de una revolución o, en todo caso, de una toma del poder. El objetivo era el poder y los medios eran lo de menos: tomar el poder para cambiar al mundo. El comportamiento de Morena en el Congreso en los meses pasados hace pensar que muchos de sus contingentes todavía no ven una diferencia: para muchos de esos grupos (o tribus, como se les solía llamar en el PRD), lo importante es tener el poder para llevar a cabo un cambio radical y no el de gobernar para toda la ciudadanía, como se esperaría de un gobierno en un sistema democrático. La pregunta es dónde está el nuevo gobierno: en las reglas democráticas o en las revolucionarias.

Hay tres ángulos que pueden ser observados: primero, la avasalladora victoria y sus implicaciones para quienes desde hace un mes detentan ya formalmente el poder; segundo, la complejidad inherente a una coalición tan diversa, dispersa y con racionalidades contrapuestas; y, finalmente, en tercer lugar, la visión tan ambiciosa que el presidente ha esbozado para su gobierno. Cada uno de estos elementos entraña sus propias dinámicas que, al combinarse, como se ha podido ver con el desastre de la gasolina, tiene una alta propensión a producir desencuentros.

El triunfo de Morena fue tan abrumador que sorprendió hasta a sus propios contingentes. Describiendo la composición de su bancada en San Lázaro, un diputado de Morena expresó que nunca imaginaron semejante escenario, al grado en que muchos de los nuevos diputados claramente no eran aptos para su nueva responsabilidad. Pero más allá de las personas, el triunfo no ha sido reconocido por los propios contingentes morenistas como producto de un voto democrático: de hecho, hasta la fecha no ha habido un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal o a los procedimientos democráticos que llevaron a ese triunfo. Para muchos de sus integrantes, no fue una elección sino un reconocimiento de su poder. La diferencia práctica podría parecer nimia, pero en realidad es más que trascendente porque determina la naturaleza del juego político: será un gobierno que se apegue a las reglas del juego político civilizado o intentará cambiar la realidad barriendo con toda la estructura legal, imponiendo su ley como si se tratara del viejo Oeste.

La coalición que construyó Morena será sin duda la parte más compleja del gobierno de AMLO. La coalición incluye personas y contingentes que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por exguerrilleros, intelectuales, grupos de base, priistas, panistas, perredistas, grupos de choque, empresarios. Cada uno de estos grupos o tribus tiene sus propios objetivos y muchos no sólo son incompatibles con los otros, sino contradictorios. Para muchos AMLO es un ser superior, pero para otros es un mero instrumento para avanzar sus agendas, con o sin él. Es raro el día en que no se ataquen unos a otros desde la tribuna de las dos cámaras legislativas. Administrar el conflicto inherente a esa coalición va a ser tan difícil y engorroso como la función gubernamental propiamente dicha.

En adición a lo anterior, AMLO y sus contingentes parecen ver a la elección de julio pasado como un hito inamovible e inmutable: el 53% que votó por AMLO es un punto de partida y todo lo que sigue es hacia arriba. Si uno observa a cualquier país en el mundo, lo normal son los altibajos y, cada vez más, los descensos. No hay que olvidar que al inicio de 2018 AMLO sólo contaba con 30% de las preferencias, lo que sugiere que el 23% adicional es mucho más volátil de lo que él imagina. Muchos ciudadanos votaron por AMLO porque no vieron alternativa y porque esperan soluciones rápidas y efectivas; si éstas no se materializan, su apoyo comenzará a erosionarse. La forma de decidir del gobierno no le ayuda: si sigue por donde va, perderá adeptos con enorme rapidez.

Todo lo anterior es apenas el punto de partida. AMLO ha planteado una visión extraordinariamente ambiciosa para su gobierno. La visión no viene acompañada de un plan, sino de una serie de objetivos o agendas propias o del grupo -muchas de ellas obsesiones- que no contribuyen a su visión, misma que en muchos sentidos entraña la reconstrucción de un pasado idílico que, en todo caso, nunca existió y es imposible de recrearse. Esto implica que habrá muchos proyectos individuales, algunos emanados del ejecutivo, otros del legislativo, que no serán particularmente coherentes entre sí pero que responderán a objetivos y agendas de grupos particulares o de concepciones ideológicas, sin que medie una evaluación de sus consecuencias en términos del crecimiento de la economía o de su impacto en la distribución del ingreso, algo que es fácil de argumentar pero muy difícil de impactar en la práctica.

AMLO nunca fue legislador y parece ver al poder legislativo como un mero trámite; sin embargo, ahí enfrentará la propia dispersión de su coalición y, más importante, al ignorar a la oposición, fomentará la confrontación, casi seguramente erosionando su propia legitimidad. La paradoja es que será en el poder legislativo donde quizá se consolide o colapse su gobierno.

 

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13 Ene. 2019

 

Ahora sí

Luis Rubio

La suma de expectativas, demandas y necesidades de la población no le da mucha latitud al nuevo gobierno. A un mes de su inauguración, Andrés Manuel López Obrador ya está formalmente a cargo y es responsable del devenir cotidiano y de largo plazo del país. Ahora es su responsabilidad y de él dependen no sólo los satisfactores que la ciudadanía demanda, sino el cambio de perspectiva que prometió.

La paradoja de un triunfo tan contundente es que no da margen de responsabilidad. Cuando un gobierno surge de una pluralidad de votos, como ha sido el caso desde que comenzó el milenio, el gobernante sabe que hay un contingente ciudadano mayoritario que no voto por él; sin embargo, con un triunfo tan arrollador, la responsabilidad es integral y, de hecho, absoluta. El gobierno de AMLO es responsable de lo que siga y eso no lo hace más libre sino todo lo contrario: tiene que producir resultados duraderos. En contraste con gobiernos minoritarios, las expectativas son casi infinitas y, en un gobierno de seis años, los logros de corto plazo tienen que abonar al resultado final: no hay margen de error ni nadie más que responsabilizar de lo que vaya mal.

El problema para AMLO es que no controla todas las variables que afectarán su desempeño y aún las que sí se encuentran dentro de su ámbito de competencia, al menos en principio, están sujetas a factores fuera de su control. Por lo que toca a lo primero, la economía mexicana está inserta en el mundo y su principal fuente de ingresos proviene de las exportaciones, lo que entraña la enorme virtud de que los errores internos (de enorme trascendencia con una coalición tan compleja y diversa como la que lo llevó al triunfo) se minimizan pero, al mismo tiempo, constituyen un factor de incertidumbre sobre el cual la influencia del gobierno es nula.

La economía estadounidense lleva más de diez años en expansión luego de su última recesión y, en los últimos años, ha venido creciendo a tasas superiores a su promedio histórico, lo que ha generado una demanda creciente por nuestras exportaciones. El problema es que ninguna expansión es perenne y ésta tiene todos los visos de una recesión en algunos meses o a principios del próximo año. En adición a lo anterior, el banco central norteamericano, la Federal Reserve, ha comenzado a elevar las tasas de interés, menos por alguna amenaza inflacionaria que por el rápido crecimiento de la deuda de las empresas de ese país. Ambos factores -la potencial recesión y el ascenso de las tasas de interés- implican un dólar fortalecido, es decir un peso devaluado, y un menor crecimiento económico por menores exportaciones mexicanas.

Por su parte, en los próximos meses veremos un sensible crecimiento en las transferencias que realiza el gobierno hacia los llamados “ninis,” los jóvenes que ni estudian ni trabajan, así como a los adultos mayores. Esto debería entrañar una fuente de satisfacción para los beneficiarios y un mayor consumo, pero no mayor crecimiento económico. Independientemente de lo que ocurra afuera, al menos para las huestes de Morena, las expectativas internas mejorarán.

Donde no mejorarán las expectativas será en la plataforma de apoyo que llevó a AMLO al poder. En una economía creciente y pujante, el gobierno tiene muchos medios para repartir beneficios a los diversos grupos de su coalición, como ocurrió en los setenta con el boom petrolero y como experimentaron países como Brasil y Argentina con el acelerado crecimiento de la demanda por sus mercancías (granos, carne, acero) por parte de China en las décadas pasadas. Sin embargo, una vez que pasa esa situación excepcional, las cuentas pendientes se revierten y, de no haberse invertido los beneficios en crecimiento futuro, la recesión acaba siendo inevitable. Así ocurrió en los setenta en México y podría pasar de nuevo.

El punto es que tenemos frente a nosotros un año que debería ser benigno para la economía mexicana, pero con grandes nubarrones hacia adelante. La gran pregunta es cómo reaccionará el nuevo gobierno frente al panorama que se presente: buscará crear condiciones para un crecimiento más acelerado en el futuro o se dedicará a identificar culpables de una situación que es a todas luces predecible.

De la misma forma, cómo reaccionará la coalición detrás de AMLO: ¿estará dispuesta a adecuarse a un entorno complejo o demandará satisfactores inmediatos, beneficios y gasto público? Ante la inexistencia de opciones, ¿demandará acciones radicales por parte del gobierno? El escenario que es fácil de anticipar obliga a pensar en potenciales conflictos o, al menos, en una enorme complejidad en el manejo político.

La esencia de la política es el imperativo de tener que escoger; Galbraith lo dijo de una manera sinigual: “La política no es el arte de lo posible. Consiste en escoger entre lo desastroso y lo desagradable.” El problema para AMLO es que, como ilustra su comportamiento en el congreso, sus huestes no están en el plan de aceptar lo difícil de digerir: más bien, las caracteriza una absoluta intransigencia y una total indisposición a comprender la complejidad del ejercicio del poder. En este contexto, ¿AMLO actuará como presidente o como activista, sumando o alienando?

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06 Ene. 2019

 

Opcional y perdedor

Luis Rubio

El taxi conduce por una de las principales arterias de la ciudad, hasta que, de pronto, se para en seco. A lo lejos se puede ver que el entronque con el ramal de uno de los circuitos “rápidos” de la urbe prácticamente no se mueve. El taxista voltea a la izquierda y observa que, del otro lado de la avenida, hay una entrada por la que se incorpora un automóvil tras otro a la calle. El taxista piensa rápido y decide darse la vuelta a la brava para cortar unos minutos en su trayecto. Los coches que vienen en sentido contrario le tocan el claxon y le recuerdan a su progenitora pero en un par de minutos se sale con la suya y les regresa el sentimiento con la mano. El taxista se comportó tal como lo hacemos muchos una y otra vez de manera cotidiana al estacionarnos en doble fila, tocar el claxon frente a un hospital, darnos vuelta en sentido contrario, pasarnos un alto, conducir a mayor velocidad de la permitida, etcétera. Lo hacemos y creemos que fuimos muy listos.

Detrás del taxista antes mencionado está otra persona que iba a su trabajo y observaba la misma escena pero opta por mantenerse en su carril hasta llegar al entronque, cumpliendo las reglas al pie de la letra. Mientras que el taxista se ufanaba de su travesura y se burlaba de los tontos que se quedaron en la cola, el señor de atrás llegó tarde a su trabajo. Le salió caro a quien cumplió con las reglas. Esta historia en nada se diferencia a la del ciudadano ejemplar que va y paga la tenencia de su automóvil en el tiempo establecido, mientras que su vecino pospone y pospone hasta el límite, sólo para encontrarse con que el gobierno local decreta un descuento especial para los retrasados. El que optó por apegarse a las reglas perdió.

En México el cumplimiento de la ley es opcional, igual para los gobernantes que para los ciudadanos. Los funcionarios deciden si aplican la ley o si la cambian sin el menor rubor; lo peor que le puede suceder a un ciudadano común y corriente por no cumplir una ley es que tenga que pagar una mordida para luego decir “me salió barato.” El que cumple la ley llega tarde, paga más y tiene una vida complicada. Cumplir con la ley es ser perdedor.

En nuestro sistema de gobierno la ley es un instrumento que se usa a conveniencia: cuando satisface los objetivos, usualmente políticos, del funcionario en turno, la ley ES LA LEY y se hace cumplir. Cuando no le gusta lo que dice la ley, el funcionario tiene dos posibilidades: una es ignorarla (lo más frecuente); la otra, sobre todo si es el presidente o se trata de un funcionario de alto nivel, procede a modificarla o promover una nueva ley, que se apegue al objetivo. Cuando López Obrador le respondió al Ing. Slim en el asunto del nuevo aeropuerto, su punto de partida hizo evidente que sería facultad suya aplicar la ley, cambiarla o concesionar el aeropuerto. No es necesario que haya un proceso de licitación o que el congreso revise la ley. Con la decisión de una persona basta.

Nada de esto es novedoso o especialmente revelador, pero ilustra el choque entre nuestra forma de ser y nuestras pretensiones. Hace no mucho observaba yo a una persona indignadísima, tocando el claxon y gritándole a una señora que se había estacionado en Paseo de la Reforma, creando un enorme embotellamiento. Más allá de los gritos, la persona molesta tenía razón: no se puede uno parar en esa avenida como si fuera estacionamiento particular. Lo interesante fue lo que ocurrió dos cuadras más adelante, cuando el gritón hizo exactamente lo mismo, en la misma avenida. Se paró en seco, puso las luces de emergencia y se bajó a comprar un periódico. Cuando alguien le tocó el claxon como él había hecho unos minutos antes, su lenguaje corporal fue desafiante y amenazó: “lo que quieras c….” Poco le faltó para sacar una pistola. Nos indigna que otro viole el reglamento pero nos parece enteramente natural violarlo cuando nos conviene o sirve a nuestros propósitos.

Saltarnos las trancas es parte de nuestro ADN y lo hacemos todos los días. El caso del tránsito es quizá el más evidente o, al menos, el más visible, pero es sólo una muestra de nuestro ser. En una ocasión asistí con varios legisladores mexicanos al Congreso estadounidense. El policía de la entrada tenía una lista de los visitantes y exigía una identificación a cada uno de nosotros para cotejarla contra ella. Un senador se acercó y, con tono de autoridad, le dijo “yo soy senador de la República,” como si al policía, responsable de quien entra y sale, le importara. En inglés, le respondió, de la manera más natural, pero inconfundible: “si quiere entrar tiene que mostrar su identificación.”

Los países más exitosos y desarrollados se apegan a las reglas y no piensan ni un instante en la alternativa: las reglas y las leyes no son opcionales: son obligatorias. Los funcionarios de esos países no dudan en que la ley es la que está en el código y tiene que hacerse cumplir sin chistar: no es algo opcional. Eso es lo que hace posible la equidad y el desarrollo. Algún día, los mexicanos tendremos que decidir si queremos ser un país desarrollado y lo que eso implica, comenzando por cumplir y hacer cumplir la ley. Mientras, sólo los tontos (hay mejores palabras) la cumplirán.

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23 Dic. 2018

Mis lecturas

Luis Rubio

 

Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído

Jorge Luis Borges

Jonathan Tepperman, el editor de Foreign Policy, argumenta en The Fix, que hay soluciones no convencionales a los problemas que enfrentan los países y que todo depende de la forma en que se utilizan, o aprovechan, las crisis que se van presentando. Entre los ejemplos que presenta está el de Botswana cuando se acabó su fuente principal de recurso, los diamantes; la forma en que Singapur acabó con la corrupción; y la extraordinaria reconciliación que logró Ruanda luego de las masacres étnicas.

Carlos Elizondo escribe en Los de adelante corren mucho que la desigualdad que caracteriza a nuestra región no es producto de la casualidad sino, más bien, resultado de la contradicciones que caracterizan a nuestros sistemas políticos porque permiten arreglos “por fuera” de los regímenes legales, inducen el intercambio de favores entre las élites y, en general, favorecen la conformación de oligarquías cuya lógica no es la del desarrollo sino de su propio beneficio. El libro desnuda la forma en que operan nuestras sociedades y permite darle dimensión al enorme reto que entraña lograr un desarrollo más equilibrado y generalizado.

El avance tecnológico parece imparable, ahora con la conexión de toda clase de aparatos, vehículos, ropa, juguetes y personas a la red. Pax Technica, un libro de Philip Howard, argumenta que nos estamos acercando a la “algoritmocracia,” el gobierno de los algoritmos, instrumentos que se han convertido en la herramienta política más poderosa que jamás se haya creado y que amenaza con subvertir toda forma de autoridad y organización política, comenzando por el Estado-nación. Se trata de una visión catastrofista que obliga a repensar -y revalorar- las libertades que, con todos los obstáculos y avatares, hemos gozado.

El voto sobre Brexit y Trump ha generado un amplio debate en el mundo sobre el valor y características de la democracia y su viabilidad. En La democracia y sus crisis, A. C. Grayling analiza las circunstancias que le han impedido a los sistemas democráticos lidiar con las fuerzas sociales que la propia democracia ha creado.

El mejor libro que leí este año fue, sin la menor duda, When the World Seemed New: George H.W. Bush and the end of the Cold War, de Jeffrey A. Engel. Se trata de un estudio crítico de la política exterior del primer presidente Bush, los años en que se colapsó la Unión Soviética, la primera guerra del golfo, el TLC, la unificación de las Alemanias y la invasión de Panamá, todo lo cual fue dando forma a lo que aquel presidente denominó un “nuevo orden internacional.” El libro pinta una serie de fotografías que evidencian los dilemas y cálculos que enfrentan los tomadores de decisiones en momentos clave de la historia, aunque no lo sepan en ese momento. El libro refleja las falibilidades humanas, las incertidumbres y la complejidad ante lo desconocido: ¿se puede confiar en Gorbachov o es una mera treta? ¿Cuál es la verdadera situación de la Unión Soviética?  Se trata de un verdadero tratado de política exterior –entre la prudencia y el arrojo- sobre cuando el mundo entero parecía un nuevo amanecer. Este volumen complementa al publicado por el propio Bush y su asesor de seguridad nacional, Brent Scowcroft, A World Transformed, dos décadas atrás: una perspectiva desapasionada de lo que es el gobernar. Ambos muestran a un estadista quizá menos reconocido precisamente por haber sido tan sólido, cauto y prudente, contraste dramático con quien hoy ocupa esa misma oficina.

El Plan Marshall, diseñado para contribuir a la recuperación de las devastadas naciones europeas (sobre todo las perdedoras) después de la Segunda Guerra Mundial, goza de un prestigio fuera de toda proporción. Es raro el gobierno que no reclama un programa similar para ayudar a naciones pobres  o a las que atravesaron una guerra civil; en México, no es infrecuente invocar a ese programa para resolver los problemas del sur y sureste del país. Benn Steil acaba de publicar un libro con ese título en el que explica el programa en su contexto histórico y en su dimensión de política exterior estadounidense. El libro explica que el programa no fue de carácter asistencial, sino un medio a través del cual se apoyaron los esfuerzos y capacidades locales para salir del bache. Quien lea este libro sabrá que no hay soluciones fáciles ni automáticas: el desarrollo no se logra con dádivas sino con una gran capacidad de gestión administrativa y gerencial. No es casualidad que Alemania y Japón acabaran siendo tanto más exitosos que Grecia.

Stephen Pinker, autor de Los Mejores Ángeles, libro en el que demostró que la humanidad ha experimentado una constante mejoría con la declinación de la violencia a lo largo de los siglos, ahora publicó, a contra corriente, Enlightment Now. Ahí plantea el extraordinario progreso que caracteriza a la raza humana, rechazando de manera frontal a los populistas que niegan avances y el progreso. Lo fascinante del libro reside en la forma en que enfoca la propensión a dar por hecho que lo avanzado permanecerá y, en ese contexto, su defensa del progreso es implacable porque presenta a los movimientos populistas como arrogantes y falaces.

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Luis Rubio

16 Dic. 2018