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México y Colombia

Luis Rubio

A la memoria de Manuel Olimon SJ

La tentación a seguir los pasos colombianos en la pacificación de su país es inmensa. Si bien aquella todavía no concluye -ni goza de apoyo generalizado-, la experiencia colombiana es ejemplar por su profundidad y solidez de concepción y proceso, pero también porque procuró no sólo resolver una vieja disputa con la fuente de violencia más añeja del continente, sino incorporar a los violentos en la normalidad cotidiana. Imagino que ésta es la fuente que inspiró al nuevo equipo gobernante para proceder con un proceso de negociación, pacificación y justicia transicional, términos todos que, como ilustra el extraordinario texto del negociador colombiano Sergio Jaramillo*, provienen de allá. El problema es que las circunstancias colombianas nada tienen de similar a las nuestras.

 

En Colombia hay dos factores esenciales que hicieron posible el proceso de paz que se siguió: primero, a lo largo de tres décadas, un gobierno tras otro en aquella nación fue construyendo capacidad institucional, lo que no sólo fortaleció al gobierno mismo, sino que le confirió solidez para actuar. Primero construyeron policías profesionales y un poder judicial independiente como medios no sólo para poder negociar, sino sobre todo para lidiar con las consecuencias posteriores al propio proceso de negociación. La negociación que llevó a cabo el gobierno del presidente Santos no hubiera sido posible, ni concebible, sin la existencia de un verdadero Estado.

 

En segundo lugar, en Colombia la fuente de violencia no era meramente el narcotráfico, aunque éste era un componente central, sino la guerrilla que por medio siglo se había asentado en una enorme porción de su país, al cual controlaba y desde el cual operaba, secuestraba y mataba de manera sistemática. Una guerrilla no es lo mismo que una organización criminal, aunque ambos hayan colaborado en el tiempo: lo central de la negociación colombiana fue el hecho de que existía un proyecto político alternativo que era financiado por el narco. La negociación no era con criminales sino con una entidad política.

 

En contraste, en México nuestras instituciones son por demás débiles, no existen policías profesionales que garanticen la seguridad ni serían capaces de administrar un proceso de paz como el que se ha avanzado en Colombia o que pomposamente se propone para México. Tampoco existen instituciones judiciales –ya sea del lado de la fiscalía o del poder judicial- para poder hablar de justicia en cualquiera de sus acepciones. No menos importante es el hecho que la iniciativa del gobierno colombiano era sumamente ambiciosa, centrándose en la ciudadanía, especialmente en las víctimas, para construir un proyecto político democrático con derechos civiles fuertemente anclados, que a su vez protegieran al proyecto de paz en el largo plazo y eliminaran los resentimientos y odios que décadas de conflicto armado habían generado. En México el verdadero reto es más básico: construir las instituciones con que Colombia ya contaba, así como un proyecto político de institucionalización democrática.

 

De igual importancia es el hecho que en México los potenciales interlocutores no son políticos que buscan avanzar un proyecto alternativo de nación (paradoja con el gobierno en ciernes) sino que se trata de crimen organizado puro y duro: no son guerrillas y su proyecto no es político. Quizá haya algo de esto en la sierra de Guerrero o entre los zapatistas en Chiapas, pero ciertamente no es eso lo que extorsiona a los comerciantes de Guanajuato, cobra derecho de piso en la Merced o asesina a las mujeres en Ciudad Juárez. Hay mucho que aprender del proceso colombiano, pero ese aprendizaje claramente no está presente entre quienes promueven un proceso de pacificación o de justicia transicional.

 

La pacificación es un objetivo loable y necesario pero no es substituto de la capacidad gubernamental para cumplir con su objetivo nodal que es el de, pues, gobernar, así como conferirle certidumbre y confianza a la ciudadanía. Luego de dos sexenios de seguir una estrategia que no ha logrado su cometido, es no sólo válido sino necesario cambiar el enfoque, pero éste debe partir de un diagnóstico acertado sobre la naturaleza del problema. Sólo a partir de una definición de las causas de la inseguridad en el país se podrá construir una salida; ésta puede incluir negociaciones y amnistía, pero su esencia no radica en ese otro lado, el de las organizaciones criminales, sino en el del propio gobierno. A final de cuentas, es su debilidad la que ha hecho posible que crezca y se multiplique el crimen organizado.

 

Hay muchos modelos de construcción de la seguridad pública que son posibles, unos que parten del municipio y otros que, reconociendo su debilidad, contemplan a los gobiernos estatales como el corazón de una nación segura. Sea cual fuera el idóneo, lo crucial es contar con un diagnóstico correcto para de ahí concentrar fuerzas y recursos en la creación de un sistema de seguridad efectivo y del cual rindan cuentas los gobernadores.

 

El proyecto que se observa en los foros de discusión ilustra el espíritu más arraigado de nuestra naturaleza política; primero rompemos los huevos y después nos ponemos a buscar donde andará el sartén. Hay mejores formas.

 

*http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/sergio-jaramillo-explica-como-se-logro-la-paz-con-las-farc-247388

 

www.cidac.org

@lrubiof

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México y Colombia

Luis Rubio

A la memoria de Manuel Olimon SJ

La tentación a seguir los pasos colombianos en la pacificación de su país es inmensa. Si bien aquella todavía no concluye -ni goza de apoyo generalizado-, la experiencia colombiana es ejemplar por su profundidad y solidez de concepción y proceso, pero también porque procuró no sólo resolver una vieja disputa con la fuente de violencia más añeja del continente, sino incorporar a los violentos en la normalidad cotidiana. Imagino que ésta es la fuente que inspiró al nuevo equipo gobernante para proceder con un proceso de negociación, pacificación y justicia transicional, términos todos que, como ilustra el extraordinario texto del negociador colombiano Sergio Jaramillo*, provienen de allá. El problema es que las circunstancias colombianas nada tienen de similar a las nuestras.

 

En Colombia hay dos factores esenciales que hicieron posible el proceso de paz que se siguió: primero, a lo largo de tres décadas, un gobierno tras otro en aquella nación fue construyendo capacidad institucional, lo que no sólo fortaleció al gobierno mismo, sino que le confirió solidez para actuar. Primero construyeron policías profesionales y un poder judicial independiente como medios no sólo para poder negociar, sino sobre todo para lidiar con las consecuencias posteriores al propio proceso de negociación. La negociación que llevó a cabo el gobierno del presidente Santos no hubiera sido posible, ni concebible, sin la existencia de un verdadero Estado.

 

En segundo lugar, en Colombia la fuente de violencia no era meramente el narcotráfico, aunque éste era un componente central, sino la guerrilla que por medio siglo se había asentado en una enorme porción de su país, al cual controlaba y desde el cual operaba, secuestraba y mataba de manera sistemática. Una guerrilla no es lo mismo que una organización criminal, aunque ambos hayan colaborado en el tiempo: lo central de la negociación colombiana fue el hecho de que existía un proyecto político alternativo que era financiado por el narco. La negociación no era con criminales sino con una entidad política.

 

En contraste, en México nuestras instituciones son por demás débiles, no existen policías profesionales que garanticen la seguridad ni serían capaces de administrar un proceso de paz como el que se ha avanzado en Colombia o que pomposamente se propone para México. Tampoco existen instituciones judiciales –ya sea del lado de la fiscalía o del poder judicial- para poder hablar de justicia en cualquiera de sus acepciones. No menos importante es el hecho que la iniciativa del gobierno colombiano era sumamente ambiciosa, centrándose en la ciudadanía, especialmente en las víctimas, para construir un proyecto político democrático con derechos civiles fuertemente anclados, que a su vez protegieran al proyecto de paz en el largo plazo y eliminaran los resentimientos y odios que décadas de conflicto armado habían generado. En México el verdadero reto es más básico: construir las instituciones con que Colombia ya contaba, así como un proyecto político de institucionalización democrática.

 

De igual importancia es el hecho que en México los potenciales interlocutores no son políticos que buscan avanzar un proyecto alternativo de nación (paradoja con el gobierno en ciernes) sino que se trata de crimen organizado puro y duro: no son guerrillas y su proyecto no es político. Quizá haya algo de esto en la sierra de Guerrero o entre los zapatistas en Chiapas, pero ciertamente no es eso lo que extorsiona a los comerciantes de Guanajuato, cobra derecho de piso en la Merced o asesina a las mujeres en Ciudad Juárez. Hay mucho que aprender del proceso colombiano, pero ese aprendizaje claramente no está presente entre quienes promueven un proceso de pacificación o de justicia transicional.

 

La pacificación es un objetivo loable y necesario pero no es substituto de la capacidad gubernamental para cumplir con su objetivo nodal que es el de, pues, gobernar, así como conferirle certidumbre y confianza a la ciudadanía. Luego de dos sexenios de seguir una estrategia que no ha logrado su cometido, es no sólo válido sino necesario cambiar el enfoque, pero éste debe partir de un diagnóstico acertado sobre la naturaleza del problema. Sólo a partir de una definición de las causas de la inseguridad en el país se podrá construir una salida; ésta puede incluir negociaciones y amnistía, pero su esencia no radica en ese otro lado, el de las organizaciones criminales, sino en el del propio gobierno. A final de cuentas, es su debilidad la que ha hecho posible que crezca y se multiplique el crimen organizado.

 

Hay muchos modelos de construcción de la seguridad pública que son posibles, unos que parten del municipio y otros que, reconociendo su debilidad, contemplan a los gobiernos estatales como el corazón de una nación segura. Sea cual fuera el idóneo, lo crucial es contar con un diagnóstico correcto para de ahí concentrar fuerzas y recursos en la creación de un sistema de seguridad efectivo y del cual rindan cuentas los gobernadores.

 

El proyecto que se observa en los foros de discusión ilustra el espíritu más arraigado de nuestra naturaleza política; primero rompemos los huevos y después nos ponemos a buscar donde andará el sartén. Hay mejores formas.

 

*http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/sergio-jaramillo-explica-como-se-logro-la-paz-con-las-farc-247388

 

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Soluciones drásticas

Luis Rubio

Las sociedades complejas, dice Joseph Tainter,* tienden a colapsarse porque sus costos se apilan hasta hacerse disfuncionales: las inversiones arrojan retornos decrecientes y los costos de administrar estructuras sociales y políticas cada vez más intrincadas son siempre crecientes. Aunque su estudio se refiere a civilizaciones como el imperio romano, los mayas y los chacos de Paraguay, su lectura me hizo pensar en el sur de México, asunto crucial para nuestro desarrollo como país.

El retraso del sur del país no es sólo lacerante, sino que constituye un fardo para el crecimiento. La región más rica en recursos naturales, historia y perfil demográfico es también la más pobre y con menores oportunidades para el desarrollo. La pobreza es ancestral pero se preserva y reproduce por las estructuras políticas y sociales que depredan y viven del statu quo. Los diversos programas que, desde por lo menos los sesenta del siglo XX, se fueron implementando para cambiar esa realidad, han tenido muy poco impacto.

En el curso de estas décadas hemos tenido gobiernos (a todos los niveles) de izquierda y de derecha, priistas, panistas, perredistas y más recientemente, morenistas; pero nada cambia. Unos llevaron a cabo proyectos masivos de gasto, otros se abocaron a transferencia directas; algunas de esas transferencias tenían claros fines electorales, en tanto que otras siguieron criterios objetivos, no politizados. Dentro de ese rubro se constituyeron instituciones de evaluación que se han convertido en parte de la discusión, igualmente politizada. La pobreza no disminuye más que de manera marginal y eso, típicamente, debido al comportamiento de variables macroeconómicas como los precios, la tasa general de crecimiento o el tipo de cambio. Cuando fue inaugurado el actual gobierno federal, su crítica a los gobiernos previos fue implacable; cinco años después, las mismas críticas le son aplicables.

Claramente, algo está mal con el enfoque mismo: el asunto no es de gasto, directo o indirecto, sino de factores estructurales que preservan, de manera consciente o no, el statu quo. Decía Porfirio Díaz que “gobernar a los mexicanos es más difícil que arriar guajolotes a caballo” y quizá algo sabía y entendía al respecto: llevar a cabo cambios en estructuras sociopolíticas y económicas ancestrales, como es el caso de localidades como Chiapas y Oaxaca, entraña tal complejidad que nadie se atreve a intentarlo.

Me pregunto si no es tiempo de repensar toda la forma de conducir los asuntos públicos. En el último medio siglo el país ha experimentado un ritmo inusitado de cambios y reformas, mismos que le han dado nueva vitalidad y viabilidad a una buena parte del país, pero claramente no al conjunto. Algunas regiones, como Tamaulipas y al menos parte de Veracruz, han sido devastadas en sus estructuras gubernamentales más elementales por el crimen organizado, en tanto que otras se han congelado en el tiempo, padeciendo tanto a la criminalidad como a factores locales de poder que viven de que nada cambie, como es el caso de Guerrero. Sea por la criminalidad o por estructuras sociopolíticas ancestrales encumbradas -y, frecuentemente, asociadas al narco- hay estados y regiones incapaces de salir de su predicamento.

Ciertamente, no han faltado esfuerzos e intentos diversos por romper con estas circunstancias pero nada ha funcionado. Esto me lleva a pensar en soluciones drásticas, similares a las que se emplearon en otras latitudes con alto grado de éxito. En Irlanda del norte, por ejemplo, el gobierno británico impuso “gobierno directo,” es decir, desde Londres: tomó control de la provincia hasta que se crearon las condiciones para que ésta pudiese auto gobernarse una vez más. Algo similar ocurrió en el sur de Estados Unidos durante los cincuenta y sesenta, cuando el gobierno federal envió a los federal marshals y a la guardia civil para obligar a los gobiernos locales a modificar sus prácticas policiacas racistas. También hay ejemplos de países enteros convertidos en protectorados para estabilizarlos, pacificarlos y avanzar una transformación.

La clave de los ejemplos exitosos radica en una cosa muy específica: un gobierno federal con claridad sobre lo que se requiere y la disposición para lograrlo. Si observamos el caso de Michoacán en 2007 y, de nuevo, en 2013, es decir, bajo Calderón y Peña, respectivamente, el resultado fue patético: ambos enviaron a la policía federal y al ejército para pacificar al estado, pero no para transformarlo. La pacificación tuvo lugar en unas cuantas semanas, pero nunca existió un plan transformador; en contrate, tanto en Irlanda del norte como en Alabama, el proyecto mismo era la transformación. En una palabra, la clave es un gobierno con claridad de miras, brújula clara y un proyecto transformador dedicado a modificar la estructura socio política local, imponer el orden al crimen organizado y constituir un nuevo sistema de gobierno.

Nada de esto es sencillo o rápido y no se apega a calendarios sexenales: en los ejemplos citados, el control externo duró años y no se retiró sino hasta que la realidad había cambiado. No veo alternativas, pero si veo una condición sine qua non: claridad del objetivo que se persigue.

*The Collapse of Complex Societies

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05 Ago. 2018

El nuevo PRI

Luis Rubio

El gobierno saliente nunca entendió el México al que se aprestaba a gobernar. No le importó que hubiera un México que ansiaba incorporarse al mundo moderno y que avanzaba con celeridad a esa meta, y otro México rezagado que no lograba romper las amarras del viejo sistema político y los feudos, intereses y mafias que lo mantienen firmemente anclado en un estadio insoportable. Sus reformas eran necesarias, pero no suficientes: también hacía falta gobernar. Sus carencias crearon el entorno que hizo posible a Andrés Manuel López Obrador.

La noción de un “nuevo” PRI que promulgaba a diestra y siniestra no era otra cosa que el PRI más viejo y rezagado, ese que se había negado a modernizarse, que se había opuesto a la primera ola de reformas y que había vivido del statu quo, ese que ahora AMLO tiene en la mira. El verdadero nuevo PRI es el que seguramente comenzaremos a ver en los próximos tiempos: el que enarbola Morena, ahora ya sin tecnócratas o confusiones -ni limitantes- ideológicas o pragmáticas. Un nuevo monopolio político, una nueva hegemonía ideológica.

El proyecto de AMLO es fundacional: hacer tabula rasa de lo existente para construir una plataforma que guíe el futuro del país. El modelo se asemeja a lo planteado por Plutarco Elías Calles pero con una diferencia medular: para aquel se trataba de un proyecto institucional, para AMLO el objetivo es personal, construir un movimiento que abarque a todas las fuerzas políticas, controle a la población y de sustento político-ideológico a su gobierno. Lo que AMLO llamó la “cuarta revolución” no es algo etéreo: se trata de una reorganización política integral, mucho más grande y ambiciosa que los tres próceres que él invoca como autores de las tres previas.

La pregunta es qué tan viable es un proyecto hegemónico de esta naturaleza en el siglo XXI. Cuando Elías Calles plantea la creación de un “país de instituciones,” México se encontraba hundido en una ola de violencia política, el gobierno contaba con poderes extraordinarios producto de las circunstancias del momento y de la era específica: la información con que contaba la población era filtrada por el gobierno, no existía ni siquiera la televisión, para no hablar de Internet y el movimiento revolucionario había acabado con todas las instancias públicas y privadas de alguna relevancia. En una palabra, era un mundo que en absolutamente nada se parece al del día de hoy.

Elías Calles convocó a los liderazgos relevantes de la época y los sumó en una organización que serviría para darle forma al proyecto de desarrollo que enarbolaban los ganadores de la gesta revolucionaria. AMLO llega al gobierno de un país profundamente dividido y polarizado, sumamente informado, inserto en un mundo de comunicaciones instantáneas y en el contexto de poderes políticos, empresariales, financieros e internacionales que pesan y que tienen capacidad de acción. El contexto es absolutamente distinto, pero también las personas.

En contraste con Elías Calles, el proyecto de AMLO es esencialmente personal. No afirmo esto en sentido negativo: su visión es la de corregir o desmantelar lo que, desde su perspectiva, constituye el proyecto modernizador de las últimas cuatro décadas. En lugar de construcción de nuevas instituciones, el objetivo es sustentar una visión personal para darle viabilidad política. Su proyecto no entraña la construcción de un nuevo marco institucional, sino la reorientación de las políticas púbicas. La insistencia de las últimas semanas de la campaña de ampliar el voto hacia sus candidatos para el congreso y las gubernaturas revela el verdadero proyecto: ir ocupando todos los puestos e instancias políticas para, desde ahí, lanzar el asalto al proyecto modernizador.

El modelo no es el de Alonso Quijano, el Quijote, pero tiene mucho de ello: ir contra las instancias de poder -político, económico, sindical, civil- no para destruirlas sino para someterlas. En lugar de Sancho, está Morena, cuyo objetivo será absorber al menos al PRI y regresar al proyecto hegemónico “original” que emergió de la Revolución. Para eso es imperativo llenar todos los espacios y controlar todos los resquicios de poder.

¿Qué tan lejos llevará su cruzada? A lo largo de la contienda, se le acusó de ser chavista y querer instaurar un régimen permanente. Pero AMLO no es Chávez: es un priista de los años sesenta que quiere regresar a México a la era en que, desde su perspectiva, todo funcionaba bien: había crecimiento, menos desigualdad y orden. El momento de quiebre llegará cuando su visión choque con la compleja realidad de hoy y sea evidente que el costo de implantarlo en el siglo XXI podría ser tan alto que produciría justamente lo opuesto de lo que él pretende: crisis financiera, empobrecimiento y más desigualdad.

AMLO no tiene un proyecto destructivo en mente, pero su proyecto sí es incompatible con el mundo de hoy. Cuando ese choque resulte evidente sabremos qué está dispuesto a hacer porque lo obligará a definirse: hay mucho que podría lograr si se dedica a corregir los excesos y los vicios del presente -y que planteó con absoluta claridad en su campaña, como desigualdad, crecimiento patético e inseguridad- en lugar de tratar de echar el reloj hacia atrás.

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El problema a resolver

Luis Rubio

En 2000 Fox tuvo la oportunidad de modificar la estructura del poder que ha mantenido subyugado al país, pero no tuvo la visión o los pantalones para hacerlo. Hoy el electorado le ha dado a Andrés Manuel López Obrador una nueva -¿última?- oportunidad para llevarla a cabo y evitar que el país siga a la deriva. La clave no reside en cambiar per se, sino en qué cambiar y, sobre todo, para qué.

AMLO ha postulado tres prioridades centrales a lo largo de sus campañas: crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Si le agrega el problema de seguridad que aqueja a cada vez más mexicanos, esa es la agenda que tiene que ser atendida. La pregunta es cómo, porque estos fenómenos no son causas sino síntomas y consecuencias de los males que enfrenta el país.

Desde los setenta, todos los gobiernos han tratado de elevar la tasa de crecimiento. Unos lo intentaron con deuda, otros con inversión pública y otros más buscando atraer la inversión del exterior; con aciertos y errores, se lograron resultados contrastantes pero no se resolvió el asunto central, detrás del cual yacen las otras dos prioridades de AMLO, la pobreza y la inequidad. El proyecto más acabado y más longevo de todos los que se han intentado es el que personifica el TLC porque ha tenido un éxito desmedido en algunas partes del país, aunque casi ningún impacto en otras.

El diagnóstico que realice el gobierno en ciernesva a ser crucial en determinar lo que hay que hacer. De ese diagnóstico dependerá su devenir y la probabilidad de éxito que tenga. Como dice el dicho, no es lo mismo borracho que cantinero, por lo que ahora ya no es un asunto retórico sino de responsabilidad y de oportunidad.

Los gobiernos de los setenta intentaron resolver el problema con gasto y deuda y acabaron creando la crisis financiera que hizo quebrar al gobierno en 1982 y determinó el empobrecimiento generalizado que siguió. Las tan denostadas reformas que siguieron tuvieron dos características: una, permitieron dinamizar la actividad económica en algunas industrias y regiones; la otra fue que no se implementaron de manera cabal porque siempre hubo algún interés político, burocrático, empresarial o sindical que lo impidió. Las reformas se hicieron para reactivar la economía pero siempre y cuando no afectara el statu quo político. Ahí es donde el nuevo gobierno puede hacer una diferencia decisiva: romper el statu quo para darle una oportunidad igual a todos los mexicanos para ser exitosos.

El éxito del TLC radica en que creó un espacio de actividad económica que se encuentra aislado de todos esos intereses y entuertos políticos. Así, el TLC no es sólo el motor de la economía, sino que sirve de escaparate para ver lo que está mal en el país y que ha provocado la permanencia de la pobreza y la desigualdad: lo que está asociado con el entramado institucional que caracteriza al TLC funciona; lo demás vive sometido a los intereses caciquiles que matan toda oportunidad. Solo para ejemplificar, no es casualidad que el país tenga muchos menos kilómetros de gasoductos -clave para el desarrollo industrial- que otros países de similar nivel de desarrollo: porque había un monopolio de pipas en manos de un político que tenía el poder para impedirlo. Eso condenó al sur y al oeste del país a muchas menos oportunidades de crecimiento. La pobreza no viene de las reformas sino de la ausencia de reformas políticas que creen un nuevo sistema de gobierno de abajo hacia arriba.

El sistema político post revolucionario se apuntaló en la asignación de privilegios, que se han preservado en formas por demás creativas. No es sólo los puestos que crean oportunidades de corrupción con plena impunidad o los contratos y concesiones de siempre, sino incluso los mecanismos de asignación de senadurías y diputaciones que permiten que sigan estando ahí los de siempre, dedicados a sus intereses personales y partidistas en lugar de atender a la ciudadanía.

Si AMLO quiere cambiar al país -el mandato de las urnas- la disyuntiva es muy clara: abrir el sistema político para quitárselo a los políticos y sus favoritos y transferírselo en vez a la ciudadanía; o intentar recrear el viejo sistema político con su presidencia imperial, algo imposible por la realidad de diversidad y complejidad poblacional y económica actuales.

El primer curso de acción llevaría a construir confianza por parte de la población de manera permanente porque tendría que estar institucionalizada en un nuevo sistema de gobierno levantado de abajo hacia arriba. La alternativa sería destruir lo existente sin la menor probabilidad de éxito.

El problema del sur del país no es que el norte vaya bien, sino que el sur está dominado por cacicazgos, grupos políticos y sindicales intrincados que depredan y someten a la ciudadanía, impidiendo el desarrollo económico. Por ello, la solución radica en enfrentar esos cacicazgos y construir un nuevo sistema de gobierno, no en recrear algo que hace mucho murió.

En contraste con Fox, López Obrador tiene las habilidades para llevar a cabo cambios estructurales. La pregunta es si será para romper obstáculos respetando las libertades y derechos ciudadanos o para reconstruir un pasado autoritario. Sólo lo primero sería una revolución digna de lograrse.

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22 Jul. 2018

Y México se movió…

 Luis Rubio

El presidente Enrique Peña ofreció “mover a México.” Dudo que su definición de movimiento sea la que ocurrió el pasado primero de julio, pero no cabe ni la menor duda de quién es responsable. En un sistema presidencial tan centralizado como el nuestro, donde todo funciona en torno al presidente, éste constituye, para bien y para mal, el corazón y la brújula del país. De quien ostenta esa oficina depende que exista confianza entre los ciudadanos, que los ahorradores e inversionistas cuenten con la suficiente certeza como para guardar o invertir su dinero y, en general, que el país goce de una claridad de rumbo.

Cuando desaparece ese sentido de dirección o la persona que ocupa esa oficina ignora los factores elementales de su función, todo el país entra en catatonia. El presidente Peña llegó con grandes planes y una enorme arrogancia a restaurar la presidencia imperial de los sesenta, pero entre todos esos proyectos no se encontraba el propósito de gobernar. Grandes reformas fueron aprobadas por el Congreso, pero la ciudadanía no vio mejoría en las cosas que más le importaban: seguridad, ingresos y empleos.

Lo que la población si vio fue a un presidente distante, frívolo y siempre indispuesto explicar y convencer, terminando como ejemplo de todo lo que la población desprecia: impunidad, corrupción y mal gobierno. Peor, utilizó los recursos de la presidencia para perseguir a un candidato, favorecer a sus favoritos y vengarse de sus enemigos. Nunca entendió que gobernar en el siglo XXI consiste en explicar, liderar y convencer a la ciudadanía, quien tiene acceso a tantas fuentes de información como las del presidente. Cuando el presidente abandona su responsabilidad de liderar en un país tan centralizado y sin pesos y contrapesos, el país entra en problemas. Enrique Peña no entendió el momento de México.

A partir de Ayotzinapa, el presidente abdicó a sus funciones elementales: despareció del mapa, creando un vacío que fue llenado con diligencia y clarividencia por Andrés Manuel López Obrador, quien es hoy presidente electo gracias a su trabajo de décadas y claridad estratégica. No es necesario estar de acuerdo con sus propuestas y posturas para reconocer su extraordinaria habilidad y trabajo para lograr lo que la ciudadanía le concedió en la elección.

Los candidatos ganan por su habilidad para convencer a los ciudadanos de su proyecto y personalidad, pero a los presidentes se les juzga por la forma en que responden a circunstancias inesperadas. Algunos presidentes crecen ante a adversidad, otros se amilanan. En países serios y desarrollados, el presidente es importante en cuanto a avanzar una agenda determinada de gobierno y en la medida en que éste o ésta logra convencer a la población y a las instancias legislativas de la relevancia de su propuesta, pero no tiene capacidad de afectar la vida de la población de una manera dramática o excesiva. En México, un error presidencial puede conducir a una crisis financiera en cuestión de segundos o puede provocar una crisis política de enormes magnitudes. Ejemplos sobran.

La paradoja de Enrique Peña fue que avanzó la agenda que ofreció y luego se quedó sin proyecto, pero su insistencia en demostrar que él estaba a cargo y en control del país (algo que hace décadas es imposible) no hizo sino subrayar sus errores y fracasos. La realidad es que ningún presidente puede controlarlo todo sino, más bien, en esta era tan convulsa, con frecuencia no es más que un rehén de circunstancias sobre las que no tiene influencia alguna, como ocurre ahora con el TLC. Lo que hace distinto -y exitoso- a un presidente, es su capacidad para responder ante las dificultades: importa más el liderazgo que despliega que el problema mismo porque de ahí surge, o desaparece, la confianza. El presidente abandonó su responsabilidad antes de concluir la mitad de su mandato y, peor, no supo responderle a Trump, algo que AMLO sin duda gozará haciendo, aún con los potencialmente enormes riesgos que eso entrañaría.

La casa blanca y luego Ayotzinapa marcaron a esta administración de manera definitiva. A partir de ese momento, su suerte estaba marcada, pero el presidente se empeñó en empeorar las cosas.

Para mí es incomprensible que un presidente se dedique a quejarse de los votantes, pero este presidente lo hizo sin reparo y, peor, de manera repetida. La campaña publicitaria de “Ya chole con tus quejas” pasará al historial de la arrogancia presidencial, seguida de la última edición: “haz bien las cuentas.” En el curso del tiempo he escuchado a muchos políticos, en México y en el extranjero, quejarse del electorado, al que en general consideran, casi de manera universal, como un estorbo, cuando no una pinta de tontos (con otra palabra). Sin embargo, hasta que vieron la luz estas campañas, nunca había visto a un político decirle lo que piensa de ellos a los ciudadanos. Lo ocurrido el pasado primero de julio fue ganado a pulso.

Con nuestro voto, los mexicanos somos responsables de elegir a un gobernante. La falta de pesos y contrapesos efectivos crea una presidencia con poderes excesivos, haciendo dependiente el bienestar colectivo del humor y capacidad de una persona. Acaba un sexenio así y comienza otro que ojalá sea mejor.

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=138379&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=138379

 

15 Jul. 2018

Mito vs. oportunidad

Luis Rubio 

 

Ya hay presidente electo y ahora es tiempo de reconciliación. Un nuevo gobierno, especialmente uno expresamente enfocado a cambiar el paradigma reinante, tiene la excepcional oportunidad de transformar al país. Para acabar con el clima rijoso que nos caracteriza y, sobre todo, para construir un nuevo futuro. Construir sobre lo existente para así enfrentar exitosamente los tres asuntos que AMLO planteó como prioritarios en esta campaña: el crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad.

 

En las últimas tres décadas, los mexicanos pasamos de un sistema político autoritario abocado al control de la población que no toleraba competencia, hacia un régimen electoral competitivo pero sin instituciones que generen certidumbre y protejan a la ciudadanía. Sin embargo, el común denominador sigue siendo el mismo: las elecciones constituyen una apuesta irreductible donde se juega “la vida” cada seis años. Ningún país serio puede sobrevivir semejante espada de Damocles, permanentemente amenazando la estabilidad política y económica.

 

En el régimen emanado de la Revolución, la figura central fue siempre la del presidente, cuyas facultades efectivas rebasaban con mucho las expresadas en la Constitución. La concentración del poder, combinada con el liderazgo de la estructura de control que ejercía el PRI, rebasaba el entramado legal y le confería facultades meta constitucionales al presidente. Aquellos poderes no sólo se expresaban en sus propias decisiones sino que le confería un papel central a las lealtades personales y grupales al presidente, mismas que se compensaban con la corrupción y, por ende, la impunidad. Ese es el régimen con el que los mexicanos hemos vivido desde hace casi cien años y que no se modificó ni en un ápice con los gobiernos del PAN. Ese régimen ha impedido un verdadero desarrollo y ha sido propenso a crisis recurrentes.

 

Tan central es la figura presidencial que cualquier elección –o decisión errada- entraña el riesgo de convertirse en un cisma. El problema no reside en una persona sino en que la presidencia ostenta poderes tan vastos que puede afectar, en el viejo dicho, vidas y haciendas. En el pasado -en la era priista que, al menos en esto, concluyó en 2000- la sucesión presidencial era parte de un proceso acotado en el que el mandatario saliente procuraba limitar la probabilidad de que su sucesor rompiera los cánones y pusiera en riesgo la viabilidad del país, lo que ocurrió a partir de 1970. La oportunidad hoy es terminar con ese régimen político sin sacrificar lo que se ha construido para generar riqueza y empleos como nunca antes.

 

Las cosas cambiaron desde el 2000 porque los poderes inherentes a la presidencia disminuyeron (producto de su “divorcio” del PRI), pero surgieron poderes cuasi autónomos, como los gobernadores, a la vez que, con la competencia democrática, emergieron candidatos que no comparten los paradigmas previamente existentes. La suma de poder excesivo y ausencia de paradigmas compartidos exacerbó el potencial de dislocamiento asociado al cambio de gobierno, produciendo miedos, desequilibrios y crisis. Hoy existe la oportunidad casi única de dejar todo eso en el pasado.

 

México ya no es un país marginal en el mundo internacional. Cuando la economía mexicana estaba cerrada y (casi) todas las variables se encontraban bajo control gubernamental, los riesgos inherentes a la sucesión podían ser contenidos. Hoy, en el contexto de un sistema financiero abierto, una economía orientada a la exportación y una competencia inmisericorde por atraer inversión (en esto la inversión mexicana y la del exterior son indistinguibles) de la que depende el bienestar de la población, la capacidad para contener los riesgos es, simplemente, inexistente. No hay país que resista los embates de los mercados cuando se rompen los equilibrios financieros o políticos clave. Eso es lo que le pasó al imperio británico en 1992.

 

El México de 2018 es muy distinto al de mediados del siglo pasado, excepto en un factor: el régimen político sigue siendo, en su esencia, el mismo, pero ahora, en lugar de generar certidumbre, se ha convertido en la fuente de desequilibrios, riesgos y, de hecho, amenazas a la estabilidad. Los vastos poderes permitían que el gobierno actuara de manera concertada, como ocurrió durante la etapa del desarrollo estabilizador, pero también permitían toda clase de abusos burocráticos y políticos que quizá eran tolerables en una era anterior a la de las redes sociales. Hoy, con el acceso universal a la información, ha desaparecido la capacidad de control que era la esencia de aquel sistema.

 

La oportunidad radica en llevar a cabo la reforma política que el sistema anterior siempre rechazó, para construir pesos y contrapesos efectivos que le den viabilidad económica y política al país para el próximo siglo, una verdadera transformación. Sólo un presidente fuerte puede lograr esa revolución.

 

México necesita un cambio de régimen para construir un futuro distinto, sin pobreza y con equidad. El país requiere un sistema político fundamentado en el Estado de derecho, lo que quiere decir una sola cosa: pesos y contrapesos que protejan al ciudadano. Para lograr el desarrollo tan añorado y acabar con el clima de odio y confrontación.

 

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08 Jul. 2018

El país del imaginario

Luis Rubio

En el corazón de la disputa política que hoy concluye se encuentra la gran ausencia que México padece desde hace décadas: capacidad de gobierno o gobernabilidad. Esa capacidad de actuar y resolver desapareció en la vorágine que produjo una combinación letal de circunstancias -crisis financieras, (casi) hiperinflación, globalización, crimen organizado y ceguera de la clase política- entre los setenta y lo que va del milenio. En lugar de soluciones, la parálisis condujo al declive de las capacidades gubernamentales y esto generó una interminable nostalgia.

La nostalgia, esa añoranza por un pasado mítico, es fácilmente explicable por las carencias y complejidades cotidianas que padece la población: inseguridad, malos servicios públicos, pésima educación, pobreza. Pero la nostalgia fácilmente se puede convertir en un instrumento propagandístico de control político y no de buen gobierno.

El gobierno que emergió de la gesta revolucionaria era más autoritario que institucional, circunstancia que le permitió lidiar eficazmente con la criminalidad y asignar recursos de manera discrecional, todo lo cual favoreció algunas décadas de estabilidad política y crecimiento económico. Al mismo tiempo, su inherente rigidez le impidió adaptarse a los cambios que ocurrían tanto dentro del país como en el entorno externo.

Y esos cambios acabaron minando sus estructuras, tornándolo cada vez más ineficaz. Las primeras manifestaciones fueron las crisis económicas de los setenta, las insuficientes y, en ocasiones, inadecuadas reformas de los ochenta y la crisis de seguridad a partir de los noventa. Todos estos factores fueron producto de cambios en el entorno externo que el gobierno mexicano no tenía capacidad -o disposición- a enfrentar. En una palabra, México no se preparó para los cambios que se dieron en Colombia y Estados Unidos y que tuvieron el efecto de alterar los patrones de operación del crimen organizado; ni creó condiciones integrales para que todo el país se insertara exitosamente en el mundo de la globalización. Ambos fenómenos transformaron al mundo, pero en México el gobierno no se adaptó y así fue incapaz de evitar la crisis de seguridad o de generar un marco para una mejor distribución de los beneficios de la globalización.

En este contexto, es fácil caer en la nostalgia de regresar a un mundo en que las cosas aparentemente funcionaban, donde la economía crecía y no había violencia: un momento en la historia que es irrepetible. La nostalgia por la estabilidad viene de la mano del sueño de mando unipersonal, el control de la población y el sometimiento de los sindicatos y de los empresarios; le permite al votante imaginar una solución mágica a los problemas que le aquejan, sin costo alguno.

A quienes viven en ese momento idílico del pasado les es imposible comprender que el mundo cambió no por nuestra voluntad sino porque se dieron circunstancias que acabaron con los sustentos de aquella era: la tecnología evolucionó de manera prodigiosa, las comunicaciones aceleraron los intercambios y la integración de los procesos productivos elevó las economías de escala, mejorando la calidad de los bienes y su precio. Quien maneja un automóvil en la actualidad no puede concebir que hace treinta años había que llevar los coches al taller cada rato porque las descomposturas eran frecuentes: la vida ha mejorado dramáticamente.

El reto es corregir los males del presente sin crear una mega crisis y eso requiere del reconocimiento que no hay más recursos; la (supuesta) austeridad de los gobiernos de los ochenta hacia acá no fue producto de su deseo, sino de falta de alternativa. Hubo poca austeridad y no hubo ahorros.

Es evidente que los mexicanos vivimos contradicciones interminables. Las cosas no están organizadas para que sea fácil prosperar: todo se hace difícil por burocratismos, intereses dedicados a obstaculizar la vida cotidiana y gobernantes cuidando más de sus propios asuntos que de generar condiciones para el desarrollo. Esto habla de la necesidad de un cambio político para que la economía prospere.

Las estructuras económicas que tenemos han hecho posible que vastas regiones del país crezcan a tasas asiáticas, pero las viejas estructuras políticas y sociales han preservado cacicazgos y, con ello vastos espacios de pobreza. No ha habido un gobierno capaz de romper obstáculo: el problema no es el modelo económico en sí, sino los impedimentos políticos que mantienen a estados como Oaxaca y Chiapas paralizados. La disyuntiva no radica en reconstruir el pasado manteniendo lo bueno del presente, algo imposible, sino en cambiar los vectores actuales para hacer posible el desarrollo. Y este es el gran desafío político hacia adelante.

La paradoja de esta elección radica en que las regiones que sufren son aquellas en las que el modelo económico tan criticado no ha sido implementado. La inequidad y la pobreza son producto de intereses intrincados: cambiar esa realidad implica un cambio de régimen con dos características: un gobierno moderno y funcional y un régimen de legalidad.

La nostalgia, dice un religioso, “es una forma de indulgencia. Como todos los miembros del clero saben, las indulgencias vienen con un alto precio.”

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01 Jul. 2018

 

Nuestro futuro

Luis Rubio 

“Quien piense que las cosas no se pueden poner peor no conoce la historia de Argentina,” dice el agudo observador David Konzevik. En 1913, Argentina ocupaba el décimo lugar del mundo en producto per cápita; hoy se encuentra en el lugar 57. La razón: décadas de malas políticas económicas ostensiblemente dirigidas a resolver problemas de corrupción, bienestar y pobreza. En lugar de avanzar, el país se ha retraído y los argentinos han ido de crisis en crisis por más de un siglo. Cuando escucho que “las cosas ya no podrían estar peor,” recuerdo la historia de Argentina: podrían estar mucho peor, muy rápido. Solo pregúntele a los venezolanos, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, que hoy viven en la miseria, la desesperanza y la peor crisis social y política de su historia.

La contienda en que estamos inmersos tiene tres dinámicas claramente diferenciables: primero, la disputa entre el futuro y el pasado; segundo, el desenvolvimiento de la administración del presidente Peña y la percepción de corrupción abrumadora que de ella emana; y, tercero, las personas de los candidatos, sus virtudes y defectos. Cada uno de estos elementos contribuye a las percepciones que la ciudadanía tiene de los candidatos mismos y de la forma de votar.

La disputa entre el futuro y el pasado yace en el corazón de esta contienda: se trata de dos proyectos y perspectivas de país los que presentan, por una parte, Anaya y Meade y, por la otra, AMLO. Los primeros, cada uno con sus características y capacidades, coinciden en la necesidad de construir el país del futuro por medio de su transformación integral, con la mira hacia el futuro y siguiendo a los países más exitosos.

AMLO, por su parte, plantea un retorno a los orígenes: el país funcionaba mejor antes cuando no se pretendía la modernidad, cuando el gobierno imponía su visión sobre la sociedad y el presidente era todopoderoso. Su planteamiento parte del principio que las cosas estaban bien y que las reformas que comenzaron en los ochenta le dieron al traste al desarrollo que el país ya estaba logrando. Su modelo es el México de entonces; el problema es que la sensación de certidumbre que da el pasado no resuelve la pobreza, la desigualdad ni la falta de crecimiento.

Independientemente de la viabilidad de cualquiera de los planteamientos, explícitos o implícitos, de los candidatos, se trata de dos maneras de ver y entender al mundo radicalmente distintas. Así, esta elección no es sobre políticas concretas sino sobre la dirección que debe seguir el país en el futuro: hacia adelante o hacia atrás.

La administración del presidente Peña es un factor central de la elección de este año, esencialmente por sus carencias, pero sobre todo por su distancia respecto a la realidad cotidiana de la población. Sus campañas publicitarias -en resumen, ya no molesten- y sus paseos por el país revelan una absoluta incapacidad para comprender el enojo de la ciudadanía con la corrupción, la desidia y el desinterés por la vida diaria del mexicano. El resultado es que un componente nodal de esta elección será el enojo con Peña frente al miedo a retornar al pasado que entraña AMLO. El enojo con Peña es real; por lo tanto, el futuro de Meade depende de ser percibido como independiente del presidente. El futuro de Anaya depende de que pueda convencer de su capacidad para ser presidente. Meade y Anaya han tratado de diferenciarse entre sí a la vez que buscan presentarse como personajes del futuro. Hasta hoy, ninguno ha crecido lo suficiente como para diferenciarse entre sí y tornarse en una opción real frente al electorado.

La naturaleza de los candidatos mismos es clave en la elección. En orden alfabético, Anaya ha sido un legislador exitoso y encabeza una coalición de fuerzas políticas y partidos que hace tiempo hubiera sido considerada inconcebible, pero su tesón y rudeza lo llevó a donde está. López Obrador lleva décadas en la política, fue un exitoso jefe del gobierno del DF y ha logrado mantenerse en el pandero porque ha demostrado integridad y honestidad como persona, a la vez que plantea las preguntas relevantes que México todavía tiene que resolver, como pobreza, desigualdad y crecimiento económico. Meade ha sido funcionario gubernamental por décadas, conoce mejor que nadie los vericuetos de la burocracia y tiene una visión clara y estructurada de los desafíos que enfrenta el país.

En los estudios norteamericanos sobre su presidencia, una rama de la ciencia política de vieja raigambre, el elemento clave con el que se evalúa a los presidentes es su “carácter,” un término que se traduce como entereza; cómo lidiaría ante problemas que no son previsibles o anticipables y que obligan a la persona a responder, momento en el cual es la entereza lo único que cuenta. Es en esas condiciones que emergen figuras como Lincoln y que los convierten en parangones de liderazgo e integridad.

Los mexicanos tenemos frente a nosotros una elección que conjuga visiones radicalmente distintas del mundo, personalidades con historias y habilidades contrastantes y una decisión fundamental que determinará hacia dónde iremos. ¿Resolveremos los problemas del país o repetiremos la historia de Argentina?

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24 Jun. 2018

El problema de fondo

Luis Rubio

México es una contradicción andante. Se han implementado ambiciosísimas reformas y, sin embargo, los resultados, al menos en promedio, no son encomiables. El problema es el promedio: el país vive contrastes extremos entre un sur pobre que apenas se mantiene vivo y un norte que crece a tasas casi asiáticas. Hay regiones enteras que se han transformado, hay una industria híper moderna que compite con las mejores del mundo, hay ejemplos de virtud en el desempeño de las funciones de gobiernos locales y, por supuesto, empresas mexicanas que son exitosas dentro y fuera del país. ¿Cómo es posible que convivan estos extremos?

Hay partes del país que funcionan como en el primer mundo y hay fuerzas -tradiciones, intereses y grupos poderosos, tanto económicos como políticos y sindicales- que han logrado atorar cambios y reformas para preservar el statu quo. En la práctica, esto implica que, mientras una parte de la población -y del país en general- prospera, hay otra que experimenta un deterioro continuo en los niveles de vida. En otras palabras,  son dos verdades indisputables y realidades contrastantes con las que los mexicanos convivimos todos los días.

Si uno observa el crecimiento del PIB per cápita, las exportaciones, el empleo formal o el acceso a Internet, por citar indicadores obvios, el país ha avanzado de manera definitiva. Por otra parte, los rezagos son igualmente evidentes, como se puede apreciar en las tasas contrastantes de crecimiento entre Oaxaca y Aguascalientes, los dos casos más extremos. Las disparidades en la economía mexicana son pasmosas tanto en términos de desempeño como de actitud, ambos producto de una realidad que no es coherente ni consistente.

Tanto la disfuncionalidad política como la transformación económica son reales; de hecho son dos caras de una misma moneda: la combinación de sobre concentración del poder con gobierno disfuncional (donde lo primero explica a lo segundo) lleva a la parálisis porque impide la institucionalización del poder. Las leyes y reglas del juego cambian de acuerdo a las preferencias de quien se encuentra en el gobierno, lo que se convierte en la fuente de disfuncionalidad y causa de la ausencia de instituciones capaces de ejercer funciones autónomas y de contrapeso. Estos fenómenos son históricos y el sistema emanado de la Revolución los agudizó.

Por otra parte, el crecimiento del país en términos tanto económicos como demográficos generó una dislocación del sistema político tradicional porque los viejos mecanismos de control dejaron de ser funcionales.  Lo paradójico es que la respuesta que han dado sucesivos gobiernos a la pérdida de capacidad de gobernar y la consecuente desaparición de la legitimidad del Estado no ha consistido en el reforzamiento o reconstrucción de las capacidades del propio gobierno o, incluso, la redefinición de sus funciones, sino en la adopción de parches, componendas y soluciones temporales.

El punto de todo esto es que el problema del país no es económico sino político. Si uno ve las cifras agregadas de crecimiento, la economía ha experimentado un desempeño patético (de 2% anual en promedio); sin embargo, si uno ve región por región, hay partes del país que experimentan una transformación inconcebible. La pregunta relevante es: ¿por qué no crece a la misma velocidad el sur del país? La realidad es que las reformas emprendidas desde los ochenta hasta la actualidad han sido transformadoras donde ha habido liderazgo (político o empresarial); por otro lado, donde las estructuras político-sociales se han enquistado y privilegian a grupos retardatarios como sindicatos, burócratas y empresarios tradicionales, el crecimiento ha sido muy bajo o nulo.

El asunto acaba siendo político, no económico. La economía del país va bien y podría ir mucho mejor de llevarse a cabo profundas reformas políticas. En este sentido, la propuesta de AMLO de echar para atrás las reformas económicas no haría sino empobrecer al país. Si lo que quiere es resolver los entuertos que nos caracterizan, debería estar proponiendo una reforma política de avanzada que tenga por ejes medulares la institucionalización del poder, la construcción de pesos y contrapesos y la apertura del sistema político a la participación abierta y activa de la ciudadanía. No lo hace porque su visión es la de concentrar el poder. Es decir, no reconoce que el país ha avanzado en lo económico y su problema es justamente la parálisis y disfuncionalidad política.

México ha sido un caso peculiar de transformación parcial e incompleta. Muchas naciones han procurado reformas, pero pocas han sido tan parciales en su proceso de reforma como nosotros. Chile, España, Corea y otras naciones paradigmáticas asumieron la modernización como un proceso integral; aunque evidentemente han encontrado problemas y crisis en el camino, su instinto ha sido el de reformar más para poder avanzar. En México, las reformas económicas se emprendieron para no reformar la estructura del poder y ese es el problema que yace en el corazón de nuestro “mal humor social.” Anular las reformas destruiría lo que sí funciona.

La solución está ahí: en una reforma integral, no en la recreación del desarrollo estabilizador.

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17 Jun. 2018

Reingeniería

Luis Rubio

 

Los síntomas -y paradojas- son evidentes en todas partes. Nadie puede dejar de verlos, cualquiera que sea su posición, pertenencia partidista o actividad. El país hace agua por todas partes y, al mismo tiempo, cuenta con impactantes fortalezas que no se explotan a cabalidad porque algo las limita y entorpece. Hemos hecho ingentes avances en un sinnúmero de áreas y, sin embargo, hay algo que no acaba de cuajar: el cambio se da, pero no se consolida y la población no ve beneficios. Las disputas políticas cotidianas, que naturalmente se magnifican en periodos electorales, tienen razón de ser porque reflejan un sentir nacional.

Quien quiera que vea el panorama general no podrá dejar de observar los contrastes que nos caracterizan porque revelan nuestra forma de ser, pero también las limitaciones auto impuestas al desarrollo. Aquí va una pequeña muestra de lo cotidiano, claramente no exhaustiva:

  • Tenemos una pujante economía de exportación, pero no construimos la infraestructura necesaria -incluyendo seguridad- para que ésta se multiplique.
  • No existe una sola economía nacional, sino al menos tres, con tasas de crecimiento dramáticamente diferenciadas (de Aguascalientes que parece un enclave asiático a Guerrero que apenas se mantiene a flote), pero el discurso político se concentra en cómo proteger al sur en lugar de qué sería necesario hacer ahí para imitar al norte.
  • Los gobernadores no hacen su chamba: en lugar de gobernar – ser eficaces en la seguridad, infraestructura idónea para atraer inversión y empleos y mejorar la vida de sus poblaciones-, se dedican a la frivolidad y a construir sus siguientes chambas políticas o a financiar las de sus cuates. Algunos se adentran en las contiendas políticas nacionales como misión, abandonando su razón de ser. ¿Para eso se les paga?
  • Hemos construido un costoso y no muy representativo poder legislativo que no le reporta a la ciudadanía, sino a los intereses particulares de los propios legisladores y sus jefes políticos. Las decisiones no se toman luego de debates relevantes, negociaciones entre partidos o convencimiento individual, sino de “intercambios” no siempre sacrosantos. Las oficinas privadas de algunos legisladores son prueba fehaciente de los criterios que animan sus decisiones y acciones.
  • Las empresas elevan su productividad de manera prodigiosa, pero sus clientes se ven acosados por extorsionadores que demandan “derecho de piso.”
  • El gobierno federal restaura el control de las finanzas públicas, pero todo mundo demanda más gasto.
  • Los legisladores aprueban leyes electorales y en materia de corrupción, pero en el camino crean mecanismos para violarlas, como ilustra, particularmente, el financiamiento de campañas.
  • Se promueven ambiciosas reformas, pero luego no se quiere pagar el costo de implementarlas.
  • Se construye infraestructura con frecuencia mediocre que usualmente es insuficiente el día en que se inaugura. Peor, no se mantiene o vigila: cualquiera que haya circulado por el circuito mexiquense podrá observar la presencia de huachicoleros y asaltantes, pero no la de un policía que cuide a quienes por ahí transitan.

Ejemplos hay miles y todos sabemos y vemos estas y muchas otras manifestaciones de lo que es nuestro país: los extraordinarios avances y el enorme desperdicio. Se emprenden proyectos de enorme alcance y valía -igual en materia de reformas estructurales que de infraestructura, construcción de instituciones (como la Suprema Corte) y liberalización de mercados- pero luego se les limita por los absurdos de nuestro sistema político y, muy especialmente, por la indisposición del viejo sistema político a abrirse y ceder en sus privilegios.

Como en la novela del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, relativa a una misma persona que tiene dos caras, una buena y una perversa, el gobierno mexicano -en realidad, el sistema político, porque incluye a todos los que ahí participan- es dos cosas a una misma vez: un ente progresista y promotor de cambios y desarrollo, por un lado, y un bodrio que explota a la población, depreda de ella y pretende que nadie se da cuenta, por el otro. Desde luego, es imposible ver cada una de las fechorías que ocurren en todos los ámbitos del sector público, a todos los niveles de gobierno, desde el municipio más modesto hasta la presidencia, pero lo que es indudable es el efecto general: las cosas no se concluyen porque eso implicaría afectar a alguno de los beneficiarios del sistema. Y, en esto, todos los partidos son iguales.

Todo esto hace perfectamente explicable la incredulidad del ciudadano común y corriente cuando un funcionario afirma que la obra pública que realizó va a transformar a su municipio o cuando un secretario de estado elogia una determinada reforma. Difícil de creer porque los beneficios toman tiempo, pero también porque muchas veces estos no son como se anunció: el segundo piso en la CDMX resolvió el transporte entre extremos de la ciudad pero no se pensó en las bajadas a la realidad cotidiana, la de los embotellamientos interminables.

El país va a cambiar, y dejar de ser tan rijoso, cuando deje de haber un Jeckyll y un Hyde, cuando el gobierno se dedique a resolver problemas y gobernar para todos, no sólo para sí mismo.

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10 Jun. 2018