http://www.project-syndicate.org/commentary/jaana-remes-and-luis-rubio-take-issue-with-flattering-headlines-heralding-a-new-emerging-market-success-story/spanish

Luis Rubio

Las reformas que se iniciaron en 2013 nos colocan, potencialmente, en las grandes ligas del mundo, ahí donde los jugadores son profesionales y las reglas del juego transparentes. La mera oportunidad de que podamos jugar en ese terreno constituye un verdadero hito. Al mismo tiempo, es necesario reparar sobre las condiciones que nos hace falta satisfacer para arribar a buen puerto y reconocer la fragilidad de los instrumentos con que estamos llegando.

El asunto genérico es el del Estado de derecho y las instituciones que le dan forma y lo hacen posible, tema de preocupación frecuente para mí. Mientras que un negocio de contratistas puede ser administrado por un gobierno medianamente competente e incluso provinciano, el otorgamiento de contratos y concesiones a las principales empresas petroleras del mundo implica un salto cuántico. Esas empresas conocen a todos los países del mundo, trabajan igual en las regiones más amigables del orbe que en las más corruptas y mafiosas. Su experiencia se apuntala en centenas de abogados y una disposición instantánea, casi irreflexiva, a recurrir a tribunales para resolver entuertos. La pregunta es si México de verdad está preparado para jugar en esas ligas.

Mientras que una discusión sobre el Estado de derecho tiende a ser abstracta y etérea, la administración de procesos complejos fundamentados en contratos del primer mundo no es abstracto y teórico sino concreto y real. De llegar a fructificar las reformas aprobadas el año  pasado, sobre todo en materia de energía, el país se va a encontrar frente a la realidad que en esta materia entrañan las grandes ligas y, no tengo duda, muy rápido será evidente que no se trata de un reto menor.

Como en los deportes, participar en las grandes ligas implica someterse a un régimen de escrutinio superior, réferis profesionales y entes arbitrales sobre los que el gobierno no tiene control. Es decir, implica asumir la responsabilidad de un comportamiento profesional que es muy distinto a las prácticas provincianas que nos son típicas. Me pregunto cómo vamos a dar el salto. La evidencia utilizable para evaluar esta contingencia al día de hoy  es mixta.

En materia económica, una parte del país claramente ha dado ese paso. Por ejemplo,  la industria turística se ha transformado para atender y competir por el turismo más demandante del mundo. Lo mismo es cierto de los exportadores, quienes han rebasado a Japón en el mercado automotriz estadounidense. Es decir, no hay nada en nuestro ADN que nos impida lograr una transformación o competir exitosamente. Sin embargo, la gran diferencia entre los exportadores o los hoteleros respecto al desafío de las ligas mayores es que, en el primer caso, se trata de actores individuales que tienen la flexibilidad de adaptarse con celeridad y están enfocados a asuntos muy concretos. Lo mismo no es cierto del sector de la energía.

En el caso de la energía y, en general, de un régimen de inversión y comercio modernos y competidos, se va a requerir una legislación que sea defendible en tribunales internacionales cuando se presente un litigio, los ministerios públicos tendrán que ser capaces de aportar pruebas fehacientes y confiables, el ente regulador tendrá que poder enfrentar al gobierno y salirse con la suya, los jueces tendrán que emitir fallos susceptibles de resistir el escrutinio de instancias arbitrales no tradicionales y así sucesivamente. Al día de hoy, ninguna de nuestras instituciones legislativas, judiciales o regulatorias podría jactarse de semejante hito.  Para que el país pueda ser exitoso en las ligas mayores será necesario cambiar toda la manera en que funciona el Estado mexicano. Este es un reto mayúsculo y exigirá no sólo capacidad humana sino un excepcional liderazgo  que, además, sea capaz de enfrentar todos los entuertos de nuestro sistema político y judicial. Dudo que en el gobierno o en el legislativo se comprenda la naturaleza del desafío.

Un índice comparativo* que evalúa el grado de Estado de derecho que caracteriza a los países del mundo emplea ocho indicadores: límites a la autoridad gubernamental, ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos fundamentales de la ciudadanía, orden y seguridad, capacidad de hacer valer las regulaciones, justicia civil y justicia criminal. Cada uno de estos indicadores trae toda una cauda de elementos  analíticos, pero dudo que a cualquier mexicano le sorprenda que el índice colectivo nos coloque en el lugar 79 de 99. Vistos como conjunto, los indicadores intentan medir una sola cosa: ¿funciona el gobierno (incluyendo al legislativo y al judicial) para proteger los derechos de las personas (incluyendo inversionistas) o no? Lamentablemente, el veredicto que arroja el indicador no está fuera de la realidad.

La gran pregunta, quizá clave para hacer posible el éxito de reformas como la energética, es si el país, comenzando por su gobierno, está dispuesto a emprender las reformas institucionales que hicieran posible la instalación de un sistema de gobierno capaz de darle continuidad a la vida pública y oportunidad al ciudadano de vivir en un entorno seguro, protegido por leyes y con fácil acceso a la justicia. Si la respuesta a esta pregunta obvia es no, el país tiene un gran problema: si no somos capaces de hacerle la vida más simple a un ciudadano común y corriente, qué nos hace pensar que lo seremos para atraer inversionistas que tienen instrumentos de defensa propios.  El reto hacia adelante es monumental.

*http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf

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FORBES – LUIS RUBIO 

ES INTERESANTE OBSERVAR A MÉXICO DESDE EL DEBATE que tiene lugar en Washington. La crisis financiera que sobrecogió a Estados Unidos en los últimos años ha sido tanto política como económica, y ese componente político la hizo particularmente distinta a nuestras experiencias en momentos similares. Ver a México desde Washington permite entender las semejanzas, pero también las diferencias. Ha habido dos debates en Washington a partir del inicio de la crisis en 2008: uno, sobre la respuesta necesaria y, otro, sobre las causas de la misma.  La respuesta  vino

‘‘MIENTRAS QUE EN MÉXICO EL GOBIERNO TIENE CAPACIDAD PARA IMPONER SU VOLUNTAD, EL ESTADOUNIDENSE VIVE A MERCED DE SU CONGRESO

en la forma de un ambicioso programa de estímulo económico que, sin embargo, fue administrado por la entonces líder del Congreso, cuyas deudas políticas dominaron la asignación de Fondos.

Así, el estímulo acabó siendo poco enfocado, mal calibrado y, por lo tanto, arrojó pobres resultados. El debate sucesivo, por los pasados cinco años, se ha dedicado a determinar si el estímulo debió ser más grande o si debiera haber uno adicional. Pocos reparan en el costo del estímulo o el inusitado crecimiento de la deuda pública.

Sobre las causas de la crisis hay virtual consenso sobre que ésta comenzó en el sector financiero y que en su gestación yacen los instrumentos que aglutinaban o «empaquetaban» hipotecas: en términos generales, los economistas coinciden en que fue la presión de diversos miembros del Congreso para obligar a los bancos a otorgar hipotecas a personas de bajos recursos lo que desato la crisis. Los financieros, siempre creativos (y saturados de  incentivos perversos), idearon mecanismos para otorgarle créditos hipotecarios a personas de bajos recursos a través de un instrumento que permitía pagos muy bajos en los primeros años, pero que luego se incrementaban de manera súbita. Millones de personas tomaron esas hipotecas para luego abandonar las propiedades, precipitando la crisis.

En sentido contrario a lo que se proponían los promotores del esquema, la crisis acabó concentrando el riesgo en un pequeño conjunto de megabancos. Además, la crisis generó una abismal brecha en la política estadounidense, impidiendo que se apruebe un presupuesto en los últimos cinco años y propiciando inútiles confrontaciones entre los dos partidos políticos. Las encuestas muestran que ambos partidos han perdido legitimidad. A su vez, la izquierda del Partido Demócrata ha avanzado su agenda de mayor gasto y mayores impuestos, a la vez que el Partido Republicano se ha dividido entre quienes procuran entenderse con sus colegas demócratas y quienes, desde la tribuna del «Tea Party», proponen paralizar al gobierno en eras de disminuir su gasto y retornar a la estabilidad financiera.

El primer gran contraste con la política mexicana reside en la capacidad del gobierno de actuar. Aunque los mexicanos nos quejamos mucho, tanto en la época de las crisis financieras como en los años sucesivos, la gran característica del sistema político mexicano ha sido que el presidente cuenta con una enorme latitud para actuar y responder. Cuando Zedillo enfrentó la crisis de 1995, el Congreso voto todo el paquete que él propuso. En algunos casos, como el Fobaproa, hubo debate y controversia pero, al final, se salió con la suya. En contraste, Obama no ha podido avanzar sus iniciativas y su programa señero en materia de seguro de enfermedad continúa experimentando un retroceso tras otro. La diferencia entre los dos sistemas políticos es tajante.

Una manera de interpretar las diferencias es observando los mecanismos de pesos y contrapesos que existen en ambas sociedades. Mientras que en México el gobierno tiene capacidad para torcer brazos, comprar votos e imponer su voluntad, el estadounidense vive a merced de su Congreso y goza de poderes relativamente modestos. En México, el gobierno emite decretos que, aunque criticados, se convierten en política pública, en tanto que en Estados Unidos el gobierno enfrenta a la Suprema Corte cada vez que abusa de su poder. La democracia tiene sus costos, pero también sus virtudes.

Quizá la mayor de las diferencias reside en otra parte: en México los favoritos del régimen, en cada gobierno, tienen una desproporcionada capacidad para influir sobre el futuro, modificar la Constitución y avanzar sus preferencias. Hay decenas de reformas constitucionales que son por demás inadecuadas, contraproducentes y viciosas, que se deben a individuos dentro del gobierno que, al no tener contrapeso alguno, acaban imponiendo sus preferencias personales.

Estados Unidos tiene problemas, peso tiene un sistema político que protege al ciudadano de los peores excesos. En México esa protección es por demos dudosa. La democracia tiene costos, pero la ausencia de contrapesos es quizá la medida más clara del subdesarrollo que observamos en la vida cotidiana

Luis Rubio

Hace más o menos 25 años, Mariano Grondona, perspicaz observador argentino, explicaba su escepticismo sobre las reformas liberalizadoras de aquella era. Su argumento era doble: por un lado, decía, “venimos de unas décadas en las cuales se llegó a pensar que el Estado es la panacea… ahora corremos el riesgo de creer que sea el mercado esa panacea”. Por otro lado, se preguntaba si “¿es el capitalismo un movimiento que cuando suspendamos los controles emerge naturalmente?… América Latina tiene raíces culturales que no son capitalistas. Nuestra estructura está basada en la familia, no en la sociedad. Nuestra idea es que la familia es el modelo y el Estado es como el padre protector de una gran familia. De ahí venimos. Y no creo que eso pueda cambiar simplemente con sacar las reglas y dejar que el mercado opere mágicamente”.  “Lo que ha muerto es creer que el Estado lo va a arreglar todo”.

Veinticinco años y muchas crisis después, las palabras de Grondona me siguen impactando. No sólo anticipaba con clarividencia los problemas de su propio país, sino que su escepticismo ha sido bien justificado. Aunque es innegable que, al menos en algunos países, comenzando por México, ha habido un gran progreso material en estas décadas, también es evidente que estamos lejos de haber consolidado un camino sólido hacia el crecimiento y el desarrollo.

México ha logrado consolidar un poderoso motor de crecimiento en las exportaciones pero se ha rezagado dramáticamente en el mercado interno. Dos cosas ilustran lo anterior: una es, simple y llanamente, las diferencias en el crecimiento de la productividad; mientras que las empresas y sectores exportadores muestran espectaculares tasas de crecimiento de la productividad, el sector manufacturero tradicional experimenta una productividad negativa año con año. Así, aunque el promedio de crecimiento en la productividad se ve tétrico, ese número esconde más de lo que revela, y lo que revela es un problema político y social que sucesivos gobiernos han estado indispuestos a atacar: han preferido el statu quo, así implique éste un empobrecimiento sistemático, que el riesgo del proceso de cambio y ajuste que sería necesario llevar a cabo para darle una oportunidad de crecimiento a esa economía rezagada. La preocupación por el riesgo es razonable, toda vez que algo así como el 80% de la población empleada en manufacturas se concentra en la economía “vieja”, pero las consecuencias de seguir por ese camino no son nada promisorias: baste ver otros casos al sur del continente.

El otro ejemplo ocurrió en 2009. Cuando comenzó la crisis estadounidense, muchos economistas anticipaban que, dado que el país exporta el equivalente a la tercera parte del PIB, la contracción de nuestra economía sería aproximadamente de una tercera parte de la recesión estadounidense. Pero ocurrió lo contrario: la contracción fue tres veces superior. En lugar de que la economía interna sacara al país a flote, su contracción evidenció su dependencia respecto a la demanda generada por la derrama económica que producen las exportaciones.

El gobierno actual está intentando construir un nuevo motor de crecimiento en la forma de gasto público deficitario e inversión en infraestructura. No se trata de una forma innovadora de promover el crecimiento pero, dado el evidente déficit en infraestructura que padece el país, todo ayuda. El problema radica en otra parte: como vimos entre los setenta y los noventa, ese no es un motor que pueda ser perdurable porque entraña el riesgo de exacerbar el crecimiento de las importaciones y, con ello, una crisis cambiaria. Con esto no pretendo ser catastrofista: con mesura todo funciona;  pero los antecedentes históricos no son generosos en pruebas de mesura y moderación.

La viabilidad de largo plazo de la economía reside en algo que Grondona entendía muy bien: la única forma de lograr el desarrollo es mediante la constitución de un mercado fuerte y de un Estado fuerte, ambos en contrapeso, limitando los excesos de cada uno. Un mercado fuerte impide que el gobierno se extralimite y emprenda políticas contraproducentes y costosas. Un gobierno fuerte establece reglas del juego para que el mercado pueda funcionar con eficacia. Todos los países exitosos tienen una buena combinación de estos dos factores.

Simplificando, sin afán de generalizar en exceso, me parece que hay dos tipos de países: los que cuentan con un equilibrio entre Estado y mercado (equilibrio muy distinto en Hong Kong que en Francia, pero ambos con mercado y gobierno fuertes) y los que no lo tienen. Muy pocos países han logrado transitar de estructuras económicas y estatales precarias a un mercado consolidado. La crisis europea de los últimos años ha exhibido tanto la ausencia de equilibrio en algunas naciones (vgr. Grecia) como lo insostenible del equilibrio existente en otros (vgr. España).

Pero sólo un puñado de naciones ha logrado una transición exitosa: ejemplos evidentes son Corea y Chile. La fortaleza de estas dos naciones reside en haberse dedicado a construir los cimientos y andamios de una economía y Estado modernos. Cada uno siguió su camino particular y ninguno fue libre de abusos y violencia, pero ambos tienen algo importante que enseñarnos. La pregunta es por qué nuestra propensión a querer imitar casos perdedores (o, al menos, no ganadores) como Brasil, en lugar de observar a los que han dado el gran salto. Ese es nuestro reto y si el gobierno no lo intenta, acabará igual que todos los anteriores.

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@lrubiof

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 AMERICA ECONOMIA – Luis Rubio

La realidad se construye por la acumulación de acciones e inacciones, decisiones y omisiones. Aquí van algunas observaciones sobre México.

1.-La captura de “El Chapo” y la muerte de Nazario Moreno reabrieron el debate sobre la seguridad y las semejanzas o diferencias entre la administración anterior y la actual. ¿Hay diferencias? La evidencia sugiere que la única diferencia notable reside en la estrategia de comunicación, donde el gobierno del presidente Peña Nieto se pinta solo. La forma de actuar del gobierno sugiere eficacia y competencia pero, al menos en este asunto, no cabe ni la menor duda que la suerte también juega su parte. Los responsables de ambos hechos –policías, marinos, ejército- son los mismos y es claro que el gobierno actual no tiene una estrategia, en lo policiaco-militar, distinta al anterior. El tiempo dirá si su manejo político, en Michoacán, arroja resultados diferentes.

2.-El dilema de la competencia es más complejo de lo que sugiere la discusión en torno a la declaración de “preponderancia” que emitió el recientemente creado IFETEL. No hay duda de la dominancia de dos empresas en televisión y telecomunicaciones, respectivamente, pero las soluciones no son simples, en buena parte por el cambio tecnológico que ha tenido lugar en las últimas décadas.  Hay varias cosas que me parecen evidentes, algunas aparentemente contradictorias: a) el gran tema de hoy en telecomunicaciones es acceso a las redes móviles y a Internet. La exigencia de apertura a otras empresas, en igualdad de condiciones, parece lógica y conducente a la creación de un bien público –la interconexión- que, valga decirlo, debió ser el criterio original de la privatización hace más de dos décadas; b) el tema de la televisión ha cambiado en un sentido y permanece en otro: por una parte, el futuro de la televisión radica en redes cerradas, vía Internet y teléfonos móviles, lo que los expertos llaman “triple play”, circunstancia que pone en duda la viabilidad, y atractivo económico, de la televisión abierta, al menos en el largo plazo. Por otro lado, el escarnio y desaprobación respecto a las televisoras quizá tenga menos que ver con su dominancia que con la percepción de que se dedican menos al entretenimiento como afirman que a la manipulación política. En esta perspectiva, Carlos Slim, que no es percibido en el mundo político como un actor político sino como un empresario encumbrado, puede bien ser una solución para el dilema de la televisión: un competidor creíble; c) la resolución de IFETEL todavía está por aterrizarse con criterios concretos, algunos de los cuales, supongo, se derivarían de la ley secundaria que todavía está por ser debatida, pero es importante que su consejo entienda que la competencia es un medio, no un objetivo. También es clave preguntar si IFETEL actuó de manera autónoma, si respondió al clamor de la galería que exige “pegarle” a los grandes o si existe una institución con fuerza en ciernes, capaz de enfrentar al gobierno y a los poderosos, aunque eso la haga impopular, asunto nada pequeño a la luz de lo que vendrá en energía. No menos importante es el asunto de no dividir a las empresas declaradas preponderantes, mensaje también relevante para otros sectores de la economía donde, por razones históricas, diversas empresas tienen presencia significativa en sus respectivos mercados.

3.-La celebración del aniversario 85 de la fundación del PRI constituye un hito no tanto por la longevidad del partido, sino por su evidente resurrección, y lo que eso implica. Los priistas se aprestan a recuperar el control legislativo en 2015 y todas sus acciones están encaminadas a ese objetivo. Visto en retrospectiva, es evidente que el PRI nunca se fue y los panistas, quizá en su mayor torpeza, no fueron capaces de desmontar el andamiaje que sustentaba sus redes de poder. Pero el “retorno” de un PRI que nunca tuvo que reformarse dice mucho sobre la cultura política del país y sobre su característica excepcional como grupo disciplinado, pragmático, capaz de construir y reorganizar su maquinaria electoral, desarrollar nuevos métodos para construir y nutrir a sus clientelas y centralizar el mando. También dice mucho de una oposición cuya debilidad determina el éxito del PRI. Nadie sabe qué ocurrirá en las elecciones del año próximo, pero hay tres temas sobre los cuales vale la pena reflexionar: primero, la popularidad del presidente no es lo que era antes y esto podría anticipar que el 2015 no necesariamente será como 1991 cuando Salinas arrasó; segundo, la economía es siempre un factor crucial en materia electoral y la situación actual no es exactamente boyante; finalmente, tanto el PAN como la izquierda se encuentran sumidos en un caos, cada uno de naturaleza propia. Quizá la pregunta pertinente es menos si el PRI dominará los próximos procesos electorales que si los otros partidos serán capaces de resurgir como contrapesos efectivos frente a un partido que ya no es “de Estado” pero que tiene toda la capacidad de imponerse cuando la oposición es débil, como prueba el propio Pacto. Por el lado del PRI, la pregunta es cuál de los PRIs dominaría el futuro, porque su naturaleza histórica como partido de grupos sigue vivita y coleando.

4.-Quizá lo más interesante del 2015 sea la disputa por la ciudad de México. Unos buscarán convertirlo en estado, otros querrán recuperarlo electoralmente. Seguramente ninguno se saldrá con la suya, pero en el PRI reverbera el grito foxista de, parafraseado, “sacar al PRD del DF”.

Luis Rubio

La realidad se construye por la acumulación de acciones e inacciones, decisiones y omisiones Aquí van algunas observaciones.

1. La captura de “El Chapo” y la muerte de Nazario Moreno reabrieron el debate sobre la seguridad y las semejanzas o diferencias entre la administración anterior y la actual. ¿Hay diferencias? La evidencia sugiere que la única diferencia notable reside en la estrategia de comunicación, donde el gobierno del presidente Peña Nieto se pinta solo. La forma de actuar del gobierno sugiere eficacia y competencia pero, al menos en este asunto, no cabe ni la menor duda que la suerte también juega su parte. Los responsables de ambos hechos –policías, marinos, ejército- son los mismos y es claro que el gobierno actual no tiene una estrategia, en lo policiaco-militar, distinta al anterior. El tiempo dirá si su manejo político, en Michoacán, arroja resultados diferentes.

2. El dilema de la competencia es más complejo de lo que sugiere la discusión en torno a la declaración de “preponderancia” que emitió el recientemente creado IFETEL. No hay duda de la dominancia de dos empresas en televisión y telecomunicaciones, respectivamente, pero las soluciones no son simples, en buena parte por el cambio tecnológico que ha tenido lugar en las últimas décadas.  Hay varias cosas que me parecen evidentes, algunas aparentemente contradictorias: a) el gran tema de hoy en telecomunicaciones es acceso a las redes móviles y a Internet. La exigencia de apertura a otras empresas, en igualdad de condiciones, parece lógica y conducente a la creación de un bien público –la interconexión- que, valga decirlo, debió ser el criterio original de la privatización hace más de dos décadas; b) el tema de la televisión ha cambiado en un sentido y permanece en otro: por una parte, el futuro de la televisión radica en redes cerradas, vía Internet y teléfonos móviles, lo que los expertos llaman “triple play”, circunstancia que pone en duda la viabilidad, y atractivo económico, de la televisión abierta, al menos en el largo plazo. Por otro lado, el escarnio y desaprobación respecto a las televisoras quizá tenga menos que ver con su dominancia que con la percepción de que se dedican menos al entretenimiento como afirman que a la manipulación política. En esta perspectiva, Carlos Slim, que no es percibido en el mundo político como un actor político sino como un empresario encumbrado, puede bien ser una solución para el dilema de la televisión: un competidor creíble; c) la resolución de IFETEL todavía está por aterrizarse con criterios concretos, algunos de los cuales, supongo, se derivarían de la ley secundaria que todavía está por ser debatida, pero es importante que su consejo entienda que la competencia es un medio, no un objetivo. También es clave preguntar si IFETEL actuó de manera autónoma, si respondió al clamor de la galería que exige “pegarle” a los grandes o si existe una institución con fuerza en ciernes, capaz de enfrentar al gobierno y a los poderosos, aunque eso la haga impopular, asunto nada pequeño a la luz de lo que vendrá en energía. No menos importante es el asunto de no dividir a las empresas declaradas preponderantes, mensaje también relevante para otros sectores de la economía donde, por razones históricas, diversas empresas tienen presencia significativa en sus respectivos mercados.

3. La celebración del aniversario 85 de la fundación del PRI constituye un hito no tanto por la longevidad del partido, sino por su evidente resurrección, y lo que eso implica. Los priistas se aprestan a recuperar el control legislativo en 2015 y todas sus acciones están encaminadas a ese objetivo. Visto en retrospectiva, es evidente que el PRI nunca se fue y los panistas, quizá en su mayor torpeza, no fueron capaces de desmontar el andamiaje que sustentaba sus redes de poder. Pero el “retorno” de un PRI que nunca tuvo que reformarse dice mucho sobre la cultura política del país y sobre su característica excepcional como grupo disciplinado, pragmático, capaz de construir y reorganizar su maquinaria electoral, desarrollar nuevos métodos para construir y nutrir a sus clientelas y centralizar el mando. También dice mucho de una oposición cuya debilidad determina el éxito del PRI. Nadie sabe qué ocurrirá en las elecciones del año próximo, pero hay tres temas sobre los cuales vale la pena reflexionar: primero, la popularidad del presidente no es lo que era antes y esto podría anticipar que el 2015 no necesariamente será como 1991 cuando Salinas arrasó; segundo, la economía es siempre un factor crucial en materia electoral y la situación actual no es exactamente boyante; finalmente, tanto el PAN como la izquierda se encuentran sumidos en un caos, cada uno de naturaleza propia. Quizá la pregunta pertinente es menos si el PRI dominará los próximos procesos electorales que si los otros partidos serán capaces de resurgir como contrapesos efectivos frente a un partido que ya no es “de Estado” pero que tiene toda la capacidad de imponerse cuando la oposición es débil, como prueba el propio Pacto. Por el lado del PRI, la pregunta es cuál de los PRIs dominaría el futuro, porque su naturaleza histórica como partido de grupos sigue vivita y coleando.

4. Quizá lo más interesante del 2015 sea la disputa por la ciudad de México. Unos buscarán convertirlo en estado, otros querrán recuperarlo electoralmente. Seguramente ninguno se saldrá con la suya, pero en el PRI reverbera el grito foxista de, parafraseado, “sacar al PRD del DF”.

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AMERICA ECONOMIA – Luis Rubio

 Primero se aprobaron las reformas constitucionales, ahora todo está concentrado en las leyes secundarias. Luego vendrá la parte más importante, la ley terciaria: la realidad. «Una de las cosas bellas de la realidad, dice el filósofo James Morris, es que es lo que es, independientemente de lo que se diga al respecto». Podría haber estado hablando del proceso legislativo mexicano: en los meses pasados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mostró lo efectiva -y trascendente- que es esta tercera etapa. Habría que incorporar esta perspectiva en el proceso de redacción de la ley secundaria en energía…

La realidad tiene distintas dimensiones. La más obvia, porque es pública, al menos en forma, es la que tiene lugar en el entorno legislativo propiamente dicho: al menos en teoría, ahí se presentan todas las posturas, intereses y actores relevantes. En un país serio ahí comenzaría y terminaría el proceso. En nuestro caso, esa dinámica está siendo muy distinta este año que la del pasado: para los que cuentan -quienes se verían afectados o beneficiados por el nuevo esquema legal- las reformas constitucionales pueden cambiar el contexto, pero lo que realmente cuenta es la ley reglamentaria y es ahí, este año, en que todos los intereses «de adentro» están haciendo sentir su peso.

Este año va a ser crucial para el futuro del país. Luego del huracán constitucional del año pasado, lo que viene va a definir qué clase de economía tendremos y, sin duda, qué clase de país construiremos.

Otra dimensión de la realidad es la que tiene lugar después del proceso: en las calles y en las plantas, o sea, en la realidad mundana. Esa es la verdadera prueba de la viabilidad de una ley.Las burocracias, sindicatos, contratistas, mafias y otros actores en cada uno de los sectores afectados pueden ser tan ruidosos como la CNTE o tan sutiles como sería un burócrata en control de un activo neurálgico, pero ambos tienen el mismo efecto: paralizar o “adecuar” la reforma en la práctica. En cierta forma, la CNTE fue una anomalía en este último año por el descabezamiento del sindicato. Su fuerza habría sido mucho menor bajo el escenario del statu quo ante.

Sea como fuere, en 2014 son obvios dos procesos: el legislativo y el real, la ley terciaria, y esta última suele ser mucho más trascendente y relevante que los deseos del reformador más agudo y decidido. Nuevamente, el ejemplo de la CNTE es útil simplemente por la enorme debilidad del Estado: si ni la paz puede garantizar, ¿cómo esperar que va a lograr aterrizar esa palabra exquisita del lenguaje burocrático, la «rectoría» del Estado?

No hay que ir muy lejos para imaginar lo complejo de lo que viene y, dentro de ello, el enorme número de oportunidades para paralizar una reforma como la energética. Sin conocer mayor cosa del sector, algunas áreas clave son: licitaciones, regulación, credibilidad del regulador, interconexión (ductos, cables, redes eléctricas), competencia. En el pasado ha habido infinidad de licitaciones para contratos de diverso tipo en Pemex que, aunque formalmente internacionales y transparentes, acaban siendo acaparadas por dos o tres ingenieros porque las reglas de la licitación eran tan caprichudas que sólo ellos podían satisfacerlas. Obviamente esto no era producto de la casualidad.

Este año va a ser crucial para el futuro del país. Luego del huracán constitucional del año pasado, lo que viene va a definir qué clase de economía tendremos y, sin duda, qué clase de país construiremos. La transformación que, al menos en potencia, ha sido legislada es tan enorme que la ley secundaria va a requerir un gran cuidado y, a la vez, va a ser sujeto de presiones interminables por parte de todos los actores: desde los reformadores que aunque no tienen interés particular, con frecuencia suponen más de lo que saben, lo que lleva a plasmar errores garrafales en la ley, hasta las decenas de grupos y personas cuyos intereses van de por medio. Encima de lo anterior vendrán los actores ideológicos que, pretendiendo salvar a la república, incorporarán toda clase de restricciones en la forma de un lenguaje barroco que luego permita toda latitud a los abogados y tribunales.

Para complicar el asunto, por razones obvias de nuestra historia, en México no tenemos mayor experiencia en asuntos energéticos desde la perspectiva legal porque la realidad no lo requería. Este hecho no es bueno ni malo en sí mismo, pero implica que, cualquiera que sea el resultado del trabajo legislativo, la ley que emerja  va a ser la plataforma que se empleará para decidir litigios cuando estos se presenten. Dada la forma tan abrupta en que se aprobó la reforma constitucional, nuestra propensión a producir entuertos legislativos ininteligibles (y saturados de lenguaje confuso diseñado ex profeso para darle discrecionalidad a la autoridad), y la arbitrariedad con que se deciden cosas de manera cotidiana, el potencial de conflicto es infinito. Si el objetivo es atraer capital del exterior, capital por fuerza de largo plazo, todo mundo debe saber que los litigantes estarán un paso atrás de cada decisión.

En pocas palabras, la realidad se va a imponer independientemente de las preferencias de todos los involucrados. La ley terciaria es siempre definitiva y brutal y, peor, como decía Maquiavelo en sus historias florentinas, «los ganadores, ganen como sea, no tienen vergüenza». A quienes resulten ganadores o perdedores, en lo que salga en la reforma se les va la vida y por lo tanto harán todo lo posible por impedirla, adecuarla a sus necesidades o neutralizarla. Quizá la CNTE sea muy obvia y burda en sus formas y planteamientos pero nadie puede cerrar los ojos ante su evidente victoria en el terreno que cuenta, el de la realidad.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/2014-ano-clave-para-saber-que-pais-construiremos-en-mexico

          Luis Rubio

Primero se aprobaron las reformas constitucionales, ahora todo está concentrado en las leyes secundarias. Luego vendrá la parte más importante, la ley terciaria: la realidad. «Una de las cosas bellas de la realidad, dice el filósofo James Morris, es que es lo que es, independientemente de lo que se diga al respecto». Podría haber estado hablando del proceso legislativo mexicano: en los meses pasados, la CNTE mostró lo efectiva -y trascendente- que es esta tercera etapa. Habría que incorporar esta perspectiva en el proceso de redacción de la ley secundaria en energía…

La realidad tiene distintas dimensiones. La más obvia, porque es pública, al menos en forma, es la que tiene lugar en el entorno legislativo propiamente dicho: al menos en teoría, ahí se presentan todas las posturas, intereses y actores relevantes. En un país serio ahí comenzaría y terminaría el proceso. En nuestro caso, esa dinámica está siendo muy distinta este año que la del pasado: para los que cuentan -quienes se verían afectados o beneficiados por el nuevo esquema legal- las reformas constitucionales pueden cambiar el contexto, pero lo que realmente cuenta es la ley reglamentaria y es ahí, este año, en que todos los intereses «de adentro» están haciendo sentir su peso.

Otra dimensión de la realidad es la que tiene lugar después del proceso: en las calles y en las plantas, o sea, en la realidad mundana. Esa es la verdadera prueba de la viabilidad de una ley. Las burocracias, sindicatos, contratistas, mafias y otros actores en cada uno de los sectores afectados pueden ser tan ruidosos como la CNTE o tan sutiles como sería un burócrata en control de un activo neurálgico, pero ambos tienen el mismo efecto: paralizar o “adecuar” la reforma en la práctica. En cierta forma, la CNTE fue una anomalía en este último año por el descabezamiento del sindicato. Su fuerza habría sido mucho menor bajo el escenario del statu quo ante.

Sea como fuere, en 2014 son obvios dos procesos: el legislativo y el real, la ley terciaria, y esta última suele ser mucho más trascendente y relevante que los deseos del reformador más agudo y decidido. Nuevamente, el ejemplo de la CNTE es útil simplemente por la enorme debilidad del Estado: si ni la paz puede garantizar, ¿cómo esperar que va a lograr aterrizar esa palabra exquisita del lenguaje burocrático, la «rectoría» del Estado?

No hay que ir muy lejos para imaginar lo complejo de lo que viene y, dentro de ello, el enorme número de oportunidades para paralizar una reforma como la energética. Sin conocer mayor cosa del sector, algunas áreas clave son: licitaciones, regulación, credibilidad del regulador, interconexión (ductos, cables, redes eléctricas), competencia. En el pasado ha habido infinidad de licitaciones para contratos de diverso tipo en PEMEX que, aunque formalmente internacionales y transparentes, acaban siendo acaparadas por dos o tres ingenieros porque las reglas de la licitación eran tan caprichudas que sólo ellos podían satisfacerlas. Obviamente esto no era producto de la casualidad.

Este año va a ser crucial para el futuro del país. Luego del huracán constitucional del año pasado, lo que viene va a definir qué clase de economía tendremos y, sin duda, qué clase de país construiremos. La transformación que, al menos en potencia, ha sido legislada es tan enorme que la ley secundaria va a requerir un gran cuidado y, a la vez, va a ser sujeto de presiones interminables por parte de todos los actores: desde los reformadores que aunque no tienen interés particular, con frecuencia suponen más de lo que saben, lo que lleva a plasmar errores garrafales en la ley, hasta las decenas de grupos y personas cuyos intereses van de por medio. Encima de lo anterior vendrán los actores ideológicos que, pretendiendo salvar a la república, incorporarán toda clase de restricciones en la forma de un lenguaje barroco que luego permita toda latitud a los abogados y tribunales.

Para complicar el asunto, por razones obvias de nuestra historia, en México no tenemos mayor experiencia en asuntos energéticos desde la perspectiva legal porque la realidad no lo requería. Este hecho no es bueno ni malo en sí mismo, pero implica que, cualquiera que sea el resultado del trabajo legislativo, la ley que emerja  va a ser la plataforma que se empleará para decidir litigios cuando estos se presenten. Dada la forma tan abrupta en que se aprobó la reforma constitucional, nuestra propensión a producir entuertos legislativos ininteligibles (y saturados de lenguaje confuso diseñado ex profeso para darle discrecionalidad a la autoridad), y la arbitrariedad con que se deciden cosas de manera cotidiana, el potencial de conflicto es infinito. Si el objetivo es atraer capital del exterior, capital por fuerza de largo plazo, todo mundo debe saber que los litigantes estarán un paso atrás de cada decisión.

En pocas palabras, la realidad se va a imponer independientemente de las preferencias de todos los involucrados. La ley terciaria es siempre definitiva y brutal y, peor, como decía Maquiavelo en sus historias florentinas, «los ganadores, ganen como sea, no tienen vergüenza». A quienes resulten ganadores o perdedores, en lo que salga en la reforma se les va la vida y por lo tanto harán todo lo posible por impedirla, adecuarla a sus necesidades o neutralizarla. Quizá la CNTE sea muy obvia y burda en sus formas y planteamientos pero nadie puede cerrar los ojos ante su evidente victoria en el terreno que cuenta, el de la realidad.

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@lrubiof

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 América Economía – Luis Rubio

La detención de El Chapo es de enorme importancia, pero su trascendencia dependerá de lo que se haga a partir de ahora. Todavía es prematuro aventurar conclusiones, pero sí es posible elucubrar sobre sus potenciales implicaciones.

La propaganda en torno a El Chapo me ha hecho recordar la caracterización que de Adolph Eichmann hizo Hannah Arendt cuando cubrió su juicio en Jerusalém. Aunque es evidente que el Holocausto nada tiene que ver -en dimensiones, escala, trascendencia, horror o maldad- con el narco, la fotografía del personaje de Sinaloa permite observar que se trata de un mero eslabón de una larga cadena donde el individuo, aislado de su mafia, no es más que un simple «funcionario» mas. Por eso, por más que sea meritoria su captura, el problema que asedia a la población –extorsión y secuestro- no cambia con la detención de un capo, sino exige atención a todo el sistema que lo hace posible. La gran pregunta es si esta detención envalentonará al gobierno para enfrentar el verdadero desafío.

El problema que asedia a la población –extorsión y secuestro- no cambia con la detención de un capo, sino exige atención a todo el sistema que lo hace posible. La gran pregunta es si esta detención envalentonará al gobierno para enfrentar el verdadero desafío.

El gobierno tiene razón en autofelicitarse y nadie puede escatimarle el crédito de haber capturado a quien, por tantos años, se había burlado del sistema de justicia. El gobierno se puede vanagloriar de su eficacia, pero ahora tendrá que demostrar que realmente está dispuesto a diseñar y hacer valer una estrategia que trascienda el asunto del individuo en cuestión o, incluso, del negocio del narco en su conjunto, para atender el tema que yace en el fondo, que es la seguridad de la población y la ausencia de un gobierno eficaz que la haga efectiva.

La captura es importante por su simbolismo: a partir de ahora se podría desarrollar un plan serio de lucha contra la impunidad, pero en esto la historia no es encomiable. A pesar de la narrativa que con celeridad se construyó respecto a la mecánica de la detención, la información proveniente del exterior sugiere que no hubo nada excepcional en el actuar de las fuerzas de seguridad. Fueron entidades estadounidenses las que aportaron los datos cruciales que hicieron posible que la Marina capturara al capo con tanta limpieza y eficacia. Nada malo en ello, pero hizo patente que no existe una nueva estrategia.

El asunto de la estrategia es más relevante de lo que se pudiera pensar. En primer lugar, cabe preguntarse si en realidad existe la convicción de que es necesario reconstituir a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población. Aunque hace un año el presidente lanzó elogios a la reforma policiaca de Nuevo León, no hay indicio alguno de que ésta, u otra, se esté aplicando para lograr lo que a todas luces es medular: desarrollar capacidad policiaca y judicial a nivel estatal y local.

En segundo lugar, si efectivamente no existe una estrategia de seguridad, ¿seguimos con la estrategia estadounidense de “cortar cabezas”? En concepto, la búsqueda de capos y su “eliminación” o encarcelamiento tiene todo el sentido del mundo porque se avanza la causa de la justicia y se ataca la impunidad de frente. Sin embargo, esa estrategia quizá sea viable o idónea para el territorio norteamericano donde existen autoridades policiacas y judiciales funcionales en los tres niveles de gobierno: cuando se detiene a un capo, las policías locales actúan contra el resto de la mafia involucrada y, usualmente, logran desarticular a la organización en su conjunto. La experiencia de México y, no sobra decirlo, de Irak, sugiere que esa estrategia es contraproducente donde no existe una similar estructura de autoridad, porque la captura del capo no conduce al desmantelamiento de la organización, sino a su fragmentación, con el consecuente ascenso en los niveles de violencia. Con esto no quiero sugerir que se debe abandonar la búsqueda y captura de líderes, pero sí que no es suficiente, ni siquiera lo más relevante.

Ahí yace el problema: existe la posibilidad, nada remota, de que la detención del gran capo se convierta en un trofeo de vitrina que, como en el caso de la lideresa de los maestros, no tenga trascendencia más que en cuanto al efímero beneficio de hacer aparecer al gobierno como más eficaz de lo que realmente es. Por ello, toca ahora al gobierno determinar cómo usará la detención, confiadamente de manera más efectiva y perdurable que en el caso anterior.

Porque, a final de cuentas, el verdadero problema de México no reside en el narcotráfico, sino en la incapacidad de nuestro sistema de gobierno (en los tres niveles) de mantener la paz, proteger a la población y crear un clima de estabilidad para que sea posible que la economía progrese. Nadie le puede pedir al gobierno, a sólo un año de inaugurado, que entregue cuentas perfectas, pero es claro que no hay una estrategia que conduzca a ese fortalecimiento institucional (comenzando por policías y poder judicial), donde yace la única posibilidad de, eventualmente, resolver los problemas de seguridad del país.

Mark Kleiman afirma que la clave reside en utilizar la capacidad policiaca y judicial existente para imponerle a las mafias del narcotráfico reglas y límites tan severos –aunque modestos al inicio- como sea capaz de hacer cumplir, seguido de un fortalecimiento sistemático de esa capacidad hasta que logre imponer la paz y limitar el actuar de los narcos estrictamente al movimiento de sus mercancías hacia el norte. La captura de El Chapo permite darle vuelo a una estrategia así, pero sólo funcionará si de verdad se diseña y hace funcionar. Para eso la retórica es insuficiente: se requiere actuar.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-detencion-de-el-chapo-y-la-oportunidad-de-crear-una-estrategia-de-seguridad

Luis Rubio

La detención de “El Chapo” es de enorme importancia pero su trascendencia dependerá de lo que se haga a partir de ahora. Todavía es prematuro aventurar conclusiones, pero sí es posible elucubrar sobre sus potenciales implicaciones.

La propaganda en torno al Chapo me ha hecho recordar la caracterización que de Adolph Eichmann hizo Hannah Arendt cuando cubrió su juicio en Jerusalém. Aunque es evidente que el holocausto nada tiene que ver -en dimensiones, escala, trascendencia, horror o maldad- con el narco, la fotografía del personaje de Sinaloa permite observar que se trata de un mero eslabón de una larga cadena donde el individuo, aislado de su mafia, no es más que un simple «funcionario» mas. Por eso, por más que sea meritoria su captura, el problema que asedia a la población –extorsión y secuestro- no cambia con la detención de un capo sino exige atención a todo el sistema que lo hace posible. La gran pregunta es si esta detención envalentonará al gobierno para enfrentar el verdadero desafío.

El gobierno tiene razón en auto felicitarse y nadie puede escatimarle el crédito de haber capturado a quien, por tantos años, se había burlado del sistema de justicia. El gobierno se puede vanagloriar de su eficacia pero ahora tendrá que demostrar que realmente está dispuesto a diseñar y hacer valer una estrategia que trascienda el asunto del individuo en cuestión o, incluso, del negocio del narco en su conjunto, para atender el tema que yace en el fondo, que es la seguridad de la población y la ausencia de un gobierno eficaz que la haga efectiva.

La captura es importante por su simbolismo: a partir de ahora se podría desarrollar un plan serio de lucha contra la impunidad, pero en esto la historia no es encomiable. A pesar de la narrativa que con celeridad se construyó respecto a la mecánica de la detención, la información proveniente del exterior sugiere que no hubo nada excepcional en el actuar de las fuerzas de seguridad. Fueron entidades estadounidenses las que aportaron los datos cruciales que hicieron posible que la Marina capturara al capo con tanta limpieza y eficacia. Nada malo en ello, pero hizo patente que no existe una nueva estrategia.

El asunto de la estrategia es más relevante de lo que se pudiera pensar. En primer lugar, cabe preguntarse si en realidad existe la convicción de que es necesario reconstituir a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población. Aunque hace un año el presidente lanzó elogios a la reforma policiaca de Nuevo León, no hay indicio alguno de que ésta, u otra, se esté aplicando para lograr lo que a todas luces es medular: desarrollar capacidad policiaca y judicial a nivel estatal y local.

En segundo lugar, si efectivamente no existe una estrategia de seguridad, ¿seguimos con la estrategia estadounidense de “cortar cabezas”? En concepto, la búsqueda de capos y su “eliminación” o encarcelamiento tiene todo el sentido del mundo porque se avanza la causa de la justicia y se ataca la impunidad de frente. Sin embargo, esa estrategia quizá sea viable o idónea para el territorio norteamericano donde existen autoridades policiacas y judiciales funcionales en los tres niveles de gobierno: cuando se detiene a un capo, las policías locales actúan contra el resto de la mafia involucrada y, usualmente, logran desarticular a la organización en su conjunto. La experiencia de México y, no sobra decirlo, de Irak, sugiere que esa estrategia es contraproducente donde no existe una similar estructura de autoridad porque la captura del capo no conduce al desmantelamiento de la organización sino a su fragmentación, con el consecuente ascenso en los niveles de violencia. Con esto no quiero sugerir que se debe abandonar la búsqueda y captura de líderes, pero sí que no es suficiente, ni siquiera lo más relevante.

Ahí yace el problema: existe la posibilidad, nada remota, de que la detención del gran capo se convierta en un trofeo de vitrina que, como en el caso de la lideresa de los maestros, no tenga trascendencia más que en cuanto al efímero beneficio de hacer aparecer al gobierno como más eficaz de lo que realmente es. Por ello, toca ahora al gobierno determinar cómo usará la detención, confiadamente de manera más efectiva y perdurable que en el caso anterior.

Porque, a final de cuentas, el verdadero problema de México no reside en el narcotráfico sino en la incapacidad de nuestro sistema de gobierno (en los tres niveles) de mantener la paz, proteger a la población y crear un clima de estabilidad para que sea posible que la economía progrese. Nadie le puede pedir al gobierno, a sólo un año de inaugurado, que entregue cuentas perfectas, pero es claro que no hay una estrategia que conduzca a ese fortalecimiento institucional (comenzando por policías y poder judicial), donde yace la única posibilidad de, eventualmente, resolver los problemas de seguridad del país.

Mark Kleiman afirma que la clave reside en utilizar la capacidad policiaca y judicial existente para imponerle a las mafias del narcotráfico reglas y límites tan severos –aunque modestos al inicio- como sea capaz de hacer cumplir, seguido de un fortalecimiento sistemático de esa capacidad hasta que logre imponer la paz y limitar el actuar de los narcos estrictamente al movimiento de sus mercancías hacia el norte. La captura del Chapo permite darle vuelo a una estrategia así, pero sólo funcionará si de verdad se diseña y hace funcionar. Para eso la retórica es insuficiente: se requiere actuar.

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