“¿Qué se tiene que hacer si en algún momento la población vota para establecer una dictadura?” se pregunta Karl Popper, el gran estudioso de la democracia y las sociedades abiertas. La mayor parte de las democracias, dice el autor, incluyen provisiones para impedir que eso ocurra, como el requerimiento de mayorías calificadas en el congreso. Legalmente o no, el hecho es que Morena, y por lo tanto el presidente, cuenta con una mayoría calificada en la cámara baja del poder legislativo y no le falta mucho para tener lo mismo en el senado. En un sistema de poderes divididos, la Suprema Corte constituía el único poder capaz de evitar la consolidación de una dictadura. Lamentablemente, la Corte se quedó corta.

Cada uno de los poderes en una democracia tiene su estructura, origen y responsabilidades. Mientras que el ejecutivo y el legislativo son electos y, por lo tanto, requieren mantenerse cerca del pulso ciudadano, la Suprema Corte fue diseñada para guardar distancia y valorar, desde la perspectiva de largo plazo que ofrece el marco constitucional, las propuestas, decisiones y legislaciones que son materia de los otros dos poderes. Su función no es la de ser popular sino la de guardar el equilibrio, y romper los empates, entre los otros poderes públicos.

Cuando un poder dotado de semejantes facultades abdica su responsabilidad, le falla a la sociedad y abre la puerta a cualquier tropelía que pudieran querer avanzar los otros poderes. En nuestro caso, con un ejecutivo que domina al poder legislativo y lo subordina a sus intereses y preferencias de manera rutinaria, la Corte era el único reducto que le quedaba a la ciudadanía como fuente de protección constitucional. Con su decisión de endosar la consulta para procesar judicialmente a los expresidentes, la Corte cedió, se doblegó y perdió toda credibilidad. Con una Corte subordinada -tramitadora de las ocurrencias presidenciales- resulta innecesario crear un tribunal constitucional como el que proponía el presidente porque ya está ahí.

En lugar de evaluar la propuesta de consulta para procesar a los expresidentes en términos constitucionales, la Corte optó por elucidar “los sentimientos del pueblo.” Hay sólo dos interpretaciones posibles, ambas malas: primero, que la mayoría de los ministros de la Corte efectivamente cree que la politización de la justicia es una forma legalmente válida; la otra es que la Corte optó por evitar un conflicto con el presidente, accediendo de antemano a sus deseos. Ambas son pésimas noticias para la democracia mexicana y peores para el Estado de derecho.

El asunto de la consulta ha sido ampliamente debatido por lo que sólo destaco tres puntos que me parecen clave. Primero, la consulta no es un tema legal sino político: el presidente quiere estar en la boleta en la elección intermedia de 2021 para elevar la probabilidad de que su partido retenga la mayoría en la cámara de diputados. La Corte le ha regalado lo que quería lograr con la revocación de mandato: un vehículo para promover su iniciativa sin violar estamento electoral alguno. Me queda claro que lo último que le importa es acusar penalmente a los expresidentes, aunque sin duda hay uno o dos que desearía ver en la cárcel por razones estrictamente personales. Segundo, existe un enorme resentimiento contra diversos exmandatarios, parte alimentado por el propio López Obrador y en mucho por la crisis financiera de 1994-95 y la elección de 2006. En lugar de cambiar la realidad a través de mejores políticas públicas que resuelvan aquellos agravios en lo que importa, la calidad de vida de la ciudadanía, el presidente ha optado por una estrategia de confrontación y distracción. La consulta le cae como anillo al dedo para este propósito. Finalmente, la Corte abre la puerta para someter a consulta cualquier cosa: a más de uno se le ocurrirá que eso incluye el pésimo desempeño de la actual administración, la corrupción del gobierno de Morena, el agua de Chihuahua o la extraordinaria conducción de la pandemia.

Una de las peculiaridades del poder en México es su exceso. Los presidentes, y más el actual, gozan de un poder casi ilimitado, libre de mayores contrapesos, lo que les hace creer que son omnipotentes. En la medida en que su actuar fomenta y nutre esa sensación de poder absoluto y sus asesores y funcionarios se tornan, de manera consciente o no, en cómplices, los presidentes comienzan a creer que su realidad es permanente, indisputable y legítima. El mero hecho de que el presidente crea que no hay corrupción en su gobierno es indicador temprano de este hecho.

La historia, sin embargo, enseña otra lección. Los presidentes comienzan y terminan su mandato y sólo entonces comienzan a percatarse, usualmente de mala manera, de los errores, costos e insuficiencias de su desempeño. Es entonces cuando vienen los reclamos y las exigencias, justo cuando ya no se encuentran en control de los instrumentos que podrían vindicarlos. Nunca falla.

Hay dos grandes perdedores: primordialmente la ciudadanía que, lo reconozca o no, siempre se beneficia del Estado de derecho, aquí debilitado. El otro gran perdedor es, paradójicamente, el propio presidente, que inexorablemente también podrá ser motivo de una consulta.

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“Todas las generaciones sin duda se sienten destinadas a cambiar el mundo” comenzó diciendo Albert Camus en su discurso al obtener el premio Nobel. Ese es el espíritu con el que el presidente López Obrador parece haber emprendido su gobierno: cambiarlo todo. Buenas razones había para cambiar lo que no funcionaba y así abrirle una oportunidad al desarrollo integral del país. Pero en lugar de seguir esa ruta, se ha dedicado a destruir lo existente, lo que entraña profundas y graves consecuencias para el futuro.

No hay duda alguna que el presidente heredó infinidad de problemas y desajustes, pero también activos muy exitosos y funcionales. Sin embargo, su lógica ha sido la de negar cualquier valor a lo existente sin siquiera ofrecer una alternativa. Como método de distracción, se trata de una táctica potencialmente efectiva, pero sólo para el corto plazo. A cuatro largos años de concluir el sexenio, el país requiere algo más que distracciones.

Primero las distracciones. Por su naturaleza, el presidente confronta y estigmatiza: lo hace con la economía, con los expresidentes, con los empresarios y con toda esa gama que agrupa con una de sus palabras favoritas: “adversarios.” Como estrategia de gobierno, se trata de un instrumento útil, siempre y cuando lo esencial funcione, es decir, que la economía marche de manera razonable, que se creen al menos los empleos indispensables y que la ciudadanía goce de satisfactores suficientes para la vida cotidiana. El problema es que lo esencial no está funcionando y, de hecho, comienza a hacer agua no sólo por la pandemia, sino por la falta de inversión. Por la manera en que dispone de los fondos públicos (para transferencias clientelares y para proyectos con poco o nulo efecto multiplicador) el gobierno no tiene capacidad para invertir y por la manera en que ahuyenta a los inversionistas, la inversión privada tampoco se materializa. Uno tiene que preguntarse qué beneficio trae la confrontación.

Segundo, la retórica si importa: los presidentes, en la forma en que se comunican, crean hechos políticos y más en un país con instituciones tan débiles que el propio presidente ha hecho a un lado. El lenguaje presidencial aliena a vastos sectores de la población, lo que se revierte tanto en una crítica al propio presidente como en ausencia de oportunidades para la realización de proyectos económicos. Las expectativas son sumamente negativas y remontarlas se volverá crecientemente difícil. En un país del perfil demográfico de México, con tantos jóvenes, seis años sin creación de empleos representa un enorme riesgo sociopolítico. Tan grande es éste que uno de los blancos de la estrategia clientelar del presidente son precisamente los jóvenes sin empleo. Pero si las tendencias económicas prosiguen como hasta ahora, pronto no habrá presupuesto suficiente para tanto desempleado, joven o viejo.

Tercero, la popularidad presidencial no es ficticia, pero tampoco es inamovible. Todo indica que la popularidad se sustenta en dos anclas: primero que nada, en la credibilidad del presidente y su historia de denuncia de problemas como la pobreza y la corrupción. Muchos mexicanos no sólo le creen, sino que aborrecen las alternativas tradicionales, lo que les hace permanecer en donde están, aún cuando muchos alberguen severas dudas de la viabilidad del proyecto gubernamental. Por otro lado, la estrategia de transferencias a poblaciones como la de adultos mayores y jóvenes no son inocentes: siguen una lógica estrictamente política y electoral. Es muy probable que no reduzcan la pobreza o eviten el reclutamiento de jóvenes por parte del narco, pero en términos de un intercambio de dinero por apoyo, esos programas son potencialmente infalibles.

Finalmente, no se debe confundir un rebote económico con una recuperación de la economía. El tamaño del colapso es tal, que es natural, simple lógica, esperar un rebote en estos y los próximos meses. Sin embargo, un rebote no implica una recuperación, que usualmente viene acompañada de inversión, crecimiento del empleo y elevación del consumo. Nada de eso es posible vislumbrar por ahora, razón por la cual hasta los pronósticos más benignos y optimistas son terribles. Sin un cambio de estrategia política, la economía no va a recobrarse en los próximos años.

Vuelvo al inicio: nadie puede dudar que el presidente heredó enormes problemas, que él mismo resumió en pobreza, desigualdad, corrupción y bajo crecimiento. Todos esos son problemas reales que ameritan una estrategia integral que permita no sólo remontarlos, sino erradicarlos. Pero en lugar de construir esa estrategia, el presidente se ha dedicado a destruir todo lo que existía, mucho de ello no sólo funcional, sino altamente benigno. Paso a paso, la destrucción ha ido ascendiendo, al grado en que llegará el momento en que ya no sea reversible. Como dice la anécdota del peregrino que quería ir a Roma, si el presidente quiere construir un país acorde a su visión, no puede seguir por donde va.

El discurso de Camus seguía: “mi generación sabe que no podrá [cambiar al mundo], pero su tarea es quizá mayor: debe prevenir que se destruya.” Llevamos dos años de destrucción sistemática. ¿No será tiempo de comenzar a construir?

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El rey Canuto de Dinamarca (990 dc) es famoso por haber instalado su trono en la playa rodeado de todo su séquito: sentado cerca de las olas, demandó que éstas pararan, pero acabó empapado. El mensaje a sus serviles seguidores fue que hay límites al poder humano. Así debemos ver la relación con nuestro vecino del norte y, en general con el resto del mundo: todo en el planeta está cambiando y los elementos que conferían certidumbre en las pasadas décadas se han erosionado.

Más allá de la pandemia, una mirada a lo que ocurre a nuestro derredor revela patrones de conducta que hubieran sido inconcebibles hace sólo unos años. El cambio más notable, y todavía más para México, es sin duda el que ha experimentado la sociedad estadounidense en la forma del presidente Trump. El país que había liderado al mundo con el conjunto de ideas e instituciones relativos al comercio, la inversión y las relaciones internacionales, el llamado “orden internacional,” a partir del fin de la segunda guerra mundial, abdicó su liderazgo y ahora es fuente de interminables conflictos y desarreglos en el ámbito global.

Trump no fue producto de la casualidad: al igual que Brexit y otros cambios políticos en el espacio europeo (Polonia, Hungría, Italia, etc.), refleja desequilibrios y desilusiones de las ciudadanías de sus respectivos países por factores que van desde la migración hacia las naciones desarrolladas hasta los desajustes producidos por la globalización. Por muchos años, Estados Unidos y China desarrollaron un esquema de integración –al que Nial Ferguson bautizó como “Chimerica”- que provocaron desajustes en el empleo industrial y, con ello, fuertes estragos al interior de la sociedad estadounidense.

Muchas comunidades, típicamente en el centro de EUA, el corazón del cinturón industrial desde el siglo XIX, eran dependientes de una gran empresa que dominaba la vida laboral –como ocurría en industrias como la del carbón, acero y automotriz- fueron devastadas cuando ese empleador tuvo que cerrar por razones tan diversas como el cambio tecnológico, costo laboral o regulaciones ambientales. Las personas que habían dedicado su vida a esa empresa o actividad súbitamente se encontraron sin empleo, con pocas habilidades o capacidad de adaptación a la “nueva” economía, generalmente en el ámbito digital. Si bien proliferan los ejemplos de ajuste exitoso (como ocurrió en Rochester, NY luego de la caída de Kodak), hay un sinnúmero que no lo lograron, su población acabando sumida en el alcohol y las drogas. Trump no inventó esa realidad, sólo la convirtió en fuerza electoral.

Mucha gente espera que el día en que Trump deje la presidencia, el mundo retorne a la normalidad. Lamentablemente, aunque pudiera disminuir la estridencia y las malas formas en el discurso y actuación de sus futuros gobernantes, los factores estructurales que llevaron a Trump a la presidencia seguirán ahí. Llegue un gobierno de derecha o uno de izquierda, los asuntos contenciosos que hoy vive esa nación no van a disminuir, aunque adquirieran otras formas. El caso de China hace esto más que evidente: Republicanos y Demócratas han llegado a la conclusión de que se están enfrentando ante una potencia hostil y comienzan a actuar, al unísono, bajo esa premisa.

Para México, el conflicto EUA-China ofrece oportunidades para afianzar nuestras propias cadenas de producción y suministro y atraer nuevas líneas de inversión extranjera, pero también constituye un llamado de atención a la urgencia de evaluar los factores clave que afectan la viabilidad y dinamismo de nuestro sector exportador y a actuar para atenuar los elementos que son tan disruptivos en la relación bilateral. En particular, México tiene que elaborar una estrategia integral de acercamiento con las regiones y comunidades estadounidenses que son susceptibles de ver a México como un socio confiable y cercano, todo ello en aras de proteger y afianzar nuestros propios intereses en aquella nación. Esto sería todavía más importante de ganar Biden.

En contraste con China, México experimenta dos fuentes de conflictividad que son administrables, pero México no las ha administrado. Por un lado, se encuentran los dos elementos que se han convertido en emblemáticos de la relación y que Trump ha explotado sin rubor: la migración y el superávit comercial, incluyendo al movimiento de plantas industriales hacia México. Ambos fenómenos son viejos, pero México no ha hecho prácticamente nada en el ámbito político dentro de la sociedad norteamericana -no en Washington, sino en Peoria, como dicen allá, en la base- para neutralizar esas fuentes de conflicto. Independientemente de si Trump gana o pierde en noviembre, este es un frente abierto en el que México debe actuar.

La otra fuente de conflictividad es más profunda y compleja porque tiene que ver con nuestras propias carencias e insuficiencias, muchas de las cuales se manifiestan en la zona fronteriza, pero que no se originan ahí: las drogas, la inseguridad y la falta de certeza jurídica. Estos fenómenos no son nuevos ni comenzaron con este gobierno, pero su responsabilidad es enfrentarlos. Ahí si, como dice el presidente, una buena política interior es una buena política exterior.

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La democratización que ha experimentado el país en las últimas décadas trajo consecuencias no anticipadas con las que hay que lidiar porque la alternativa es absolutamente inaceptable. Quien gana una elección se siente libre de avanzar su agenda no sólo negando a la oposición, sino, como hoy, tildándola de enemiga. En lugar de una democracia, hemos construido, o reproducido para el siglo XXI, la famosa frase de Cosío Villegas: una monarquía sexenal. En lugar de emplear la política para construir un futuro común, una interdependencia necesaria, se excluye y persigue toda visión y pensamiento crítico o disidente. Esas son las formas de una dictadura y, cuando eso ocurre, deja de importar el signo o la persona a cargo: lo que importa es la realidad.

Muchos de los excesos del gobierno actual, sobre todo su manera de destruir instituciones y obligar a sus contingentes legislativos a seguir instrucciones, como si fuesen meros empleadillos, son sin duda reacción visceral a los excesos -de forma o de fondo- de administraciones anteriores. Pero el hecho de que un presidente se pueda exceder evidencia la enorme fragilidad de nuestro sistema de gobierno, que la pandemia no hecho sino magnificar. Elaborar y modificar leyes en una democracia es la función elemental del legislativo que, en la división de poderes, constituye un poder igual y un contrapeso. Sin embargo, como dice Santiago Kovadloff de Argentina, “nosotros modificamos mucho más la constitución de lo que la cumplimos.” En México es el presidente quien manda, legisla, ejecuta y viola la constitución, pretendiendo que gobierna, cuando en realidad instruye y sojuzga.

Las naciones en que la palabra es única, una imposición, la reversión es igualmente veloz. Lo que el presidente está haciendo con las reformas económicas y con las instituciones, fideicomisos y organismos que surgieron del ejercicio ejecutivo y legislativo previo no se puede explicar más que por un ánimo revanchista y retardatario que parte de la negación del tiempo y del cambio de circunstancias.

Sin duda, lo que ha hecho posible desmantelar las estructuras administrativas, políticas y regulatorias es la poca legitimidad de que gozaban; pero, al actuar de la misma manera -de hecho, de forma mucho más arbitraria porque ahora ni las formas se cuidan- el presidente está sembrando las semillas del siguiente contraataque. En lugar de construir y gobernar, la población, a la que trata como súbdita, acabará viendo y pensando al gobierno actual como le ocurrió con todos los anteriores. Nadie, ni AMLO, puede desafiar la ley de la gravedad.

Uno se podría preguntar cómo es posible que el presidente tenga tanto poder para llevar a cabo su programa de centralización sin contrapeso alguno. La respuesta es muy simple: seguimos viviendo en un entorno predemocrático en el que los integrantes de su partido en el legislativo están dispuestos a plegarse ante el presidente, y él a hacerlos funcionar de esa manera, sin rubor alguno. En lugar de representar a la población, responden a su jefe, típica forma predemocrática.

La interrogante clave es qué harán esos mismos legisladores y jueces cuando los errores y carencias de este gobierno rebasen al presidente y exijan respuestas ante los problemas cotidianos, de esos que la pandemia acumula a una velocidad superior al crecimiento en el número de muertos. Si una constante tiene el sistema político mexicano es que el rey es rey, pero sólo mientras está ahí; en el momento en que eso cambia comienza el calvario. No hay ni un solo presidente en esta era que no haya pasado por esa criba, aunque algunos la hayan librado mejor que otros. Atizar el fervor vengativo solo eleva los momios.

La otra constante es una infinita incapacidad para reconocer lo previamente logrado y construir sobre ello. El pasado siempre fue malo y tiene que ser modificado porque los nuevos siempre son más inteligentes que los anteriores. La arrogancia es tan grande que ciega a todos: un país de más de ciento veinte millones de habitantes es mangoneado como si se tratase de un pueblo perdido en la mitad de Tabasco. El problema es que, con todos los errores y corruptelas, México es una de las principales naciones del mundo y la ciudadanía, aunque ninguneada, tiene aspiraciones, a mejorar y salir adelante. Y, a la larga, siempre se impone. Ni cerrando a toda la prensa evitará que la información sea conocida.

Sin embargo, el panorama hacia adelante no es halagüeño. Negar el número de muertos, la profundidad de la recesión o el número de desempleados (los reales, no sólo los del IMSS) no hace sino contribuir a la profundización y alargamiento de las dos crisis simultáneas: la sanitaria y la económica. El gobierno ignora a la ciudadanía, pero ésta no puede ignorar su realidad, esa que le pega directamente a su ingreso y a sus posibilidades de sobrevivir.

Urge revisar el contenido de nuestra democracia para hacer reingeniería en la forma de gobernar. La ausencia de un proceso de reforma al sistema político es lo que ha causado la subordinación del legislativo, la disfuncionalidad del llamado pacto federal y las excesivas atribuciones -reales y nominales- de esta presidencia. La alternativa no es de un color atractivo.

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 REFORMA
30 Ago. 2020

23 Ago. 2020

Nada más viejo que el resentimiento, sobre todo de los pobres hacia los ricos. Tampoco es novedoso el recurso de políticos a explotar y provocar agravios, reales o imaginados. Isócrates, uno de los grandes oradores griegos del siglo IV ac, acusaba la hostilidad, pero la reconocía como una emoción típica de la democracia. Lo que ha cambiado, dice Jeremy Engels,* es que mientras que en la democracia directa los ciudadanos se expresaban abiertamente en la polis, hoy son los políticos quienes atizan el resentimiento como instrumento de gobierno. Una estrategia así, dice Engels, tiene límites y fácilmente se puede revertir.

Los griegos veían a la democracia como una fraternidad dedicada a impedir la tiranía. Sus resultados, sin embargo, no impresionaron a los federalistas, aquellos pensadores que dieron vida al sistema político norteamericano: para ellos, era fundamental evitar la “tiranía de la mayoría” porque un sistema democrático debía igualmente proteger a las minorías. Su preocupación era muy específica: desatada la furia, nada puede contener a una turba violenta.

El problema de fondo es, y siempre ha sido, que hay diferencias naturales entre los ciudadanos: riqueza, habilidades, origen, preferencias, educación. Las diferencias sociales son una parte inexorable de la historia de la humanidad y la democracia es una forma de tomar decisiones que le permite a todos los ciudadanos participar de manera equitativa independientemente de esas diferencias. Son las políticas que adopta el gobierno elegido democráticamente las que deben logar atenuar las diferencias e igualar las oportunidades.

El resentimiento es una reacción visceral al contraste entre la promesa de igualdad inherente a la democracia frente a las inequidades flagrantes en los resultados de proceso político o cuando los contrastes entre pobreza y riqueza son mayúsculos. El grado de contraste es material propicio para políticos e intereses especiales dedicados a explotar las diferencias sociales y los privilegios de que algunos gozan como medio para avanzar sus causas: ganar apoyo popular y, más comúnmente, manipular a la población. El resentimiento que es inherente a la sociedad humana acaba siendo un instrumento del poder para controlar a la población: la estrategia más típica de demagogos como Perón, Chávez o Trump, al igual que del corporativismo, de triste memoria en buena parte del siglo XX mexicano, y del sistema fascista concebido por Mussolini.

Confrontar y atizar a la población es la táctica que ha empleado el presidente López Obrador para afianzar a su base y solidificar su proyecto. La pregunta clave es si se trata de un medio para avanzar una transformación constructiva que disminuya la inequidad y eleve el desarrollo al que se pueda sumar toda la población, que es lo que, al menos en la retórica, proponían los usuarios del mismo método en el viejo PRI; o si se trata de un primer paso hacia la destrucción de la frágil estabilidad social que ha caracterizado al país desde los setenta. En el primer caso estaríamos hablando de un proceso de conformación de un régimen de control en substitución del que caracterizó a México después de la Revolución; en el segundo, del comienzo de un proceso de destrucción de la endeble democracia mexicana que se ha venido construyendo con penurias, contrariedades y a regañadientes en las últimas décadas. En ambos casos, resentimiento como instrumento de poder, no de construcción de un mejor futuro.

De lo que no hay ni la menor duda es que el presidente ve a la confrontación y al encono como instrumentos de gobierno. En esto no se diferencia mayormente de otros experimentos en el mundo o en el sur del continente, todos los cuales acabaron en el ocaso: unos por quebrar a sus economías, otros por provocar respuestas violentas. Chávez optó por comprar un seguro contra una salida violenta, al virtualmente transferirle a Cuba el control de su país.** Cualquiera que sea el método, ninguno de esos ejemplos benefició a la población o permitió su prosperidad, pero todos empobrecieron a la ciudadanía y mancharon a sus seguidores.

El problema es que, una vez desatado el encono, retornar a un mundo de concordia se torna casi imposible. Ahí está Venezuela, Argentina y Chile como ejemplos donde el rencor nunca fenece.

Lo único que es claro es que la popularidad del presidente sigue relativamente alta, resultado no de sus inexistentes éxitos en materia económica, de corrupción o de concordia social, sino más probablemente del odio que ha destapado y que podría no poder contener. No es obvio cómo evolucionará la percepción ciudadana de un líder que provoca pero que no da resultados. ¿Aparecerá otro listo a explotar el mismo resentimiento?

Cuando Lenin llegó a Petrogrado luego de ser expulsado de Zúrich, la revolución ya había comenzado pero él tenía algo único en mano: un plan, que le permitió tomar control y construir un régimen a su imagen y semejanza. La realidad mexicana está tan caldeada que quien llegue con un plan bien podría convertirse en un nuevo líder. El riesgo es que el plan sea como el de Lenin, Chávez o Bolsonaro y México acabe en el ocaso, como tantos otros experimentos en la historia.

*The Politics of Resentment;
**Maldonado, Diego G., La invasión consentida

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Lo normal cuando cambia un gobierno es la continuidad, con los ajustes naturales de estilo y personalidad. Cambia el presidente, pero el país sigue su curso: el nuevo gobierno le imprime sus formas, preferencias y prioridades, pero en general preserva la esencia de lo que es el gobierno y su relación con la sociedad. En ocasiones, por razones endógenas -como el advenimiento de un gobierno transformador- o exógenas -como la aparición de factores no predecibles, como una pandemia y sus secuelas económicas y sociales- las circunstancias demandan un rompimiento o lo hacen posible. A veces, los cambios mejoran el futuro, otros equivalen a darse un tiro en el pie.

La principal apuesta del presidente López Obrador es que su base, ahora clientela, se preservará intacta a pesar de las dolencias económicas y el desempleo, y que la economía de Estados Unidos será lo suficientemente fuerte como para generar demanda para las exportaciones nacionales. Como principal motor de nuestra economía, las exportaciones son clave para cualquier conato de recuperación económica, como bien aprendimos en 2009, cuando la recesión americana causó casi una depresión en México.

Otra cosa es que el proyecto presidencial quede incólume a pesar de los cambios en el entorno tanto interno como externo: lo único seguro es que las giras y toda la operación política están orientadas a ganar el 2021 a cualquier precio.

En esta perspectiva, no es tediosa la interrogante de si a este gobierno lo anima el ansia de un cambio profundo (a los demagogos de la 4T les encanta hablar de un inexistente “cambio de régimen”) o de una continuidad con modificaciones al estilo de la casa presidencial. Más allá de eliminar contrapesos que han probado ser meros tigres de papel, el gobierno no ha hecho sino intentar recrear la vieja presidencia mexicana, pero esos esfuerzos han venido aparejados de consecuencias no anticipadas. Quizá no se hayan percatado que mientras mayor el control, mayor el deterioro: en un mundo abierto, las restricciones, cancelaciones e imposiciones tienen un costo incremental.

La interrogante clave es si todo lo que el país y el mundo han experimentado a lo largo de este año permitirá retornar a la normalidad anterior, como si nada hubiera pasado. Países serios que condujeron el proceso sanitario sin agendas encontradas -como Alemania o Corea, por citar dos casos exitosos- han logrado un retorno a algún grado de normalidad y, en el camino, sus gobiernos se ganaron el aplauso de la ciudadanía porque ésta percibió en el gobierno a un aliado que no hizo más que dedicarse a combatir el enemigo común. En México el gobierno encontró una multiplicidad de enemigos, tomó en chunga el combate al virus y se ganó el oprobio y, peor, la decepción, de una buena parte de la ciudadanía. Así lo consignan las encuestas. Quizá más importante para su objetivo único, las elecciones de 2021, el presidente no ha hecho nada, ni siquiera reconocer que el desempleo y la recesión tienen consecuencias para las personas y sus familias, especialmente aquellas más vulnerables, muchas de las cuales votaron por él. Las urnas serán la prueba última de esas percepciones.

Dos circunstancias hacen dudar de la viabilidad de la estrategia gubernamental. La primera es si la obcecación con los proyectos prioritarios (como la refinería y el tren maya) es la mejor manera de gobernar. El famoso general prusiano von Moltke decía que ni los mejores planes sobreviven el primer contacto con la realidad y a nadie le debe caber duda alguna que la realidad cambió radicalmente en los últimos meses, tanto por la recesión, que ya venía desde el año pasado, como por el desempleo. El presidente no está dispuesto a alterar su proyecto ni en una coma, lo que obliga a preguntar si la falta de atención a la población más afectada tendrá efectos políticos y/o electorales. Inconcebible que no sea así.

La segunda característica de la estrategia gubernamental es que consiste en una transacción esencialmente comercial: si bien el presidente se dedica a activar y nutrir sus redes a través de las giras por todo el país, la esencia de la estrategia electoral son las transferencias que se realizan a adultos mayores, “jóvenes construyendo el futuro” y demás clientelas. Esas personas y familias sin duda agradecen la contribución, pero no por ello todas son creyentes: exceptuando a quienes efectivamente tengan una vinculación cuasi religiosa con el presidente (que hay muchos), los demás mantienen una relación esencialmente de carácter comercial, dependiente de que las transferencias persistan. La compra de votos es un instrumento muy viejo en la política mexicana y la población lo juega como lo que es: una transacción. ¿Sobrevivirá la relación cuando aprieten las finanzas públicas, lo que inexorablemente ocurrirá en los próximos meses?

Nada está escrito para las elecciones de 2021, pero es claro que ya estamos en plena temporada electoral y todo lo que hace el gobierno y la oposición está encaminado a definir o redefinir la correlación de fuerzas que emergió en 2018. El problema para el gobierno es que no tiene una estrategia para el desarrollo del país y eso es lo que, a final de cuentas, le hace una diferencia a la ciudadanía.

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