Todas las sociedades enfrentan riesgos, pero el que México y los mexicanos enfrentamos hoy en día es inconmensurable, sobre todo porque es auto infligido. México y Estados Unidos avanzan en la dirección de un potencialmente incontenible encontronazo de trenes que, con enorme facilidad, podría llevar a la cancelación de la principal fuente de actividad económica del país.

El escenario no es difícil de visualizar. Por el lado mexicano, el gobierno se apresta a ir a la guerra con todo su escaso arsenal. A sabiendas de que su postura contraviene el contenido y espíritu del tratado comercial, TMEC, que nos vincula económicamente, el presidente está absolutamente indispuesto a cambiar la legislación eléctrica que es el motivo del diferendo. En consecuencia, en su lógica, la única salida es ir a la guerra con el nuevo equipo en la Secretaría de Economía.

Por el lado norteamericano, el presidente Biden le ha tolerado una tras otra de las travesuras que le ha propinado el presidente López Obrador; la pregunta es si el resultado electoral reciente altera esta condición. Las negociaciones comerciales tienen que ser aprobabas por su congreso, en tanto que el Representante de Comercio, entidad creada por el congreso, pero dentro del ejecutivo, les reporta a ambos. Esta circunstancia le obliga a actuar y le confiere gran latitud respecto a la administración. En una palabra, las decisiones clave de seguir o no hacia la constitución de un panel para resolver la controversia no responde exclusivamente a los objetivos presidenciales. Además, la nueva correlación de fuerzas va a modificar la relación bilateral, toda vez que, aunque no dejó enclenque al presidente Biden, podría cambiar su decisión respecto a buscar la reelección. En ese escenario, liberado de la carga de tener que cuidar múltiples flancos, podría optar por dejar de permitir el continuo de abusos que le ha propinado el presidente López Obrador.

El gobierno mexicano parece estar cegado ante la trascendencia de lo que está de por medio con su (patética) defensa de un régimen autárquico en materia eléctrica. Ante el nombramiento de la nueva secretaria de Economía, el presidente afirmó que “Ya no estamos en condiciones de mantener la misma política neoliberal que tenía secuestrado al gobierno. Imagínense 36 años de dominio de la política neoliberal.» ¡Imagínese! Treinta y seis años de menores precios para los consumidores, mayores libertades económicas y políticas, certeza en la disponibilidad de energía y empleos de mayor calidad y salario. ¡Imagínese!

Es obvio que no todo fue bueno en las últimas décadas, pero (casi) todo lo bueno, en materia económica al menos, ocurrió en esas décadas, gracias a las reformas que se emprendieron y al TLC. Luego de décadas de crisis sexenales, el país logró muchos lustros de estabilidad, suficientes reservas para evitar recrear los años de crisis que le precedieron y un creciente sector exportador que le garantiza al país ingresos, empleos, salarios y divisas.

Poner en riesgo el instrumento que le ha permitido al país estas oportunidades constituye un despropósito que sólo puede entenderse desde una postura ideológica dogmática, ciega y perversa. El TMEC es crucial para garantizar las exportaciones que, por desidia de un gobierno tras otro (exacerbado por el actual) se fueron convirtiendo en el único motor relevante de crecimiento económico. En lugar de preocuparse por abrir espacios para la inversión en el mercado interno y generar condiciones para una mejor distribución de los beneficios, el país se quedó limitado en sus posibilidades al único instrumento que nos permite generar actividad económica. En adición a esto, al socavar la inversión privada en energía, el gobierno cierra una de las llaves de mayor potencial de crecimiento que además es crucial para atraer inversión en otros sectores. Es decir, de desidia pasamos a negligencia y de ahí a un creciente riesgo de inestabilidad.

Al presidente le molestan los técnicos, que son quienes conocen los factores que hacen posible el desarrollo de la economía pero los asuntos comerciales y de inversión son absolutamente técnicos y requieren personal capacitado y experimentado. Lo que está de por medio es monumental: además del potencial panel para la resolución de esta controversia, se encuentran disputas con naciones europeas y asiáticas sobre el mismo asunto de la electricidad; luego vienen las demandas de empresas privadas, cuyo criterio no es el de obtener resarcimiento de su inversión, sino de los flujos que están (o estarían) dejando de percibir. Es decir, el asunto en términos financieros podría fácilmente convertirse en una cifra descomunal. A menos de que el presidente quiera convertirse en el paria mundial (ej. el BID), con lo que eso implicaría en términos de ingresos para la población, el asunto amerita un cuidado y un criterio muy distinto al que se le está asignando.

Es lógico para un político pensar que los asuntos complejos se pueden resolver en ese plano, pero en estos temas eso no funciona; a menos que el gobierno modifique su dogma, el futuro podría ser sumamente complejo. El gobierno juega con fuego sin percatarse que el fuego quema. Todo le parece sencillo y de fácil solución política. Esta vez ciertamente no.

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“Las culturas difieren notoriamente en cuanto al contenido de sus reglas, pero no hay cultura sin reglas, muchas reglas.” En el último medio siglo, México transitó de un mundo de reglas establecidas desde el poder y para el poder -las importantes siempre siendo reglas “no escritas” y, de ellas, la primera era que nadie disputara la autoridad y legitimidad del presidente- hacia un sistema de reglas codificadas y establecidas en blanco y negro. Fue un intento loable, pero realizado sin convicción más allá de algunas áreas de la economía, especialmente aquellas vinculadas a la inversión y el comercio exterior y en el ámbito electoral. El resto siguió, y sigue, el viejo patrón. Ahora vamos de regreso hacia el reino del jefe máximo. La pregunta clave es si esas dos áreas -la economía y el sistema electoral- perderán esa cualidad única que las ha hecho distintivas y clave para la prosperidad y democratización, respectivamente, del país.

Las reglas, dice Lorraine Daston,* son parte inherente a la naturaleza humana, pero no todas las reglas son iguales y cada cultura desarrolla las suyas propias y las modifica en la medida en su proceso evolutivo. Cada sociedad, dice la autora, desarrolla dos tipos de reglas: las densas y las ligeras. Las primeras son administradas por jueces o expertos porque vienen acompañadas de excepciones circunstanciales, como ocurre con procesos judiciales, el juego de ajedrez o la conducción de operaciones militares. En estos casos, se requiere la interpretación o el juicio de expertos o personas especializadas para aplicar reglas que, por naturaleza, entrañan un elevado grado de discrecionalidad. Es por esto último que ese es el tipo de reglas que prefieren los políticos encumbrados pues les confieren poderes extraordinarios, con elevada propensión a la arbitrariedad.

Las reglas “ligeras” son explícitas, precisas y no sujetas a interpretación: la escritura (con su alfabeto y reglas gramaticales), la geometría, el tránsito de vehículos y otras similares que hacen posible la convivencia y la interacción humanas porque generan disciplinas elementales. Todas las sociedades desarrollan reglas que se codifican y publican de manera natural. En países serios, la obtención de una licencia de conducir requiere un examen de conocimiento (de las reglas) y de manejo, ambos requisitos esenciales para la vida convivencia pacífica.

Si bien siempre hay reglas que requieren interpretación, el desarrollo de las sociedades y la creciente complejidad de la actividad económica exigen reglas (y leyes) confiables, conocidas por todos, no sujetas a interpretación y aplicadas de manera uniforme. Un exportador cuenta con que las reglas aduanales y fiscales del país al que le vende serán respetadas; un importador espera que, al llegar a la aduana, sus mercancías, de cumplir con los requisitos, podrán pasar de manera expedita. De manera paralela, un inversionista que pretenda fabricar bienes en el país cuenta con que las reglas se harán cumplir de manera pareja para todos, de acuerdo con lo establecido en los códigos o tratados respectivos.

Uno fácilmente puede imaginar el proceso que llevó a la adopción de reglas para la conducción de automóviles: cuando había sólo unos cuantos transitando, especialmente en lo que hoy son los centros de las ciudades con calles angostas, cada quien circulaba a su mejor entender; igual el estacionamiento o la dirección de las calles mismas. Poco a poco fue necesario adoptar reglas para que fluyera la circulación. Cuando éstas se acogen se convierten en normas sociales, con lo que adquieren permanencia y legitimidad. Eso mismo ha ocurrido con las leyes electorales que, con toda su complejidad, se convirtieron en norma que la ciudadanía reconoce como una característica distintiva y crucial para la determinación de quien nos gobernará.

La pretensión de echar hacia atrás este andamiaje es connatural a un gobierno que prefiere imponer sus propias reglas, interpretarlas y, en el camino, mantener un amplio margen de discrecionalidad. Pero no hay mayor riesgo para una sociedad organizada que un gobernante que así actúa, especialmente cuando se trata de asuntos de enorme volatilidad. Por ejemplo, las reformas electorales, desde fines de los cincuenta pero especialmente desde los noventa, se emprendieron no por gracia divina sino por la necesidad imperiosa de evitar violencia política. Morena jamás habría llegado al poder de no haber existido ese marco normativo. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Estados Unidos y Canadá: el tratado que nos vincula existe para hacer predecibles los flujos de mercancías e inversión en ambas direcciones. El país se paralizaría, en lo político y en lo económico, de ponerse en duda estas dos fuentes de certidumbre y paz.

Carl Schmitt, un entusiasta promotor del régimen Nazi, definió la soberanía como “el poder de decidir sobre las excepciones.” No es casualidad que detestara la existencia de leyes y el debido proceso porque éstos limitaban los poderes gubernamentales. Ese es el tipo de compañía en que estaríamos si, en lugar de avanzar hacia la civilización, proseguimos en esta cauda destructora de todo lo que hace funcionar al país, sin aportar nada mejor para lograrlo.

*Rules: A Short History of What We Live By

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“La crisis consiste precisamente en que lo viejo se muere y lo nuevo no puede nacer; en este interregno aparece una gran variedad de síntomas morbosos.” Así caracterizó Gramsci los procesos de transición política. México se quedó atorado a la mitad de ese proceso, lo que se nota en materia política y, especialmente, en materia de seguridad. La política autoritaria es muy distinta a la política democrática. La pregunta es si nos encontramos en un proceso de transición o si estamos meramente estancados, como sugiere Gramsci, en un limbo interminable.

La evidencia es abrumadora, en el ámbito que uno quiera observar. Cuando el presidente denuesta a los miembros de la Suprema Corte por apegarse a lo establecido en la ley y no seguir sus órdenes, no hace sino hacer obvio que no existe separación de poderes ni respeto a las responsabilidades respectivas de los tres poderes públicos. Exactamente lo mismo cuando se utilizan medios gansteriles para forzar a una bancada a votar como prefiere el ejecutivo federal, un caso flagrante de extorsión.

En el ámbito de la seguridad, ni siquiera existe la pretensión de que el país se encuentra en un proceso de transición: en lugar de construir los cimientos de un sistema de seguridad natural y típico para una sociedad democrática (pretensión que es crucial con la existencia del Instituto Nacional Electoral), la respuesta a la creciente violencia se limita a enviar al ejército, institución que no tiene las habilidades o capacidades para lidiar con el fenómeno.

Las transiciones hacia la democracia que emprendieron naciones como España y varias en el sur del continente sirvieron de ancla retórica para la construcción institucional que tuvo lugar en México en los noventa y cuyo resultado tangible fueron las dos instituciones electorales: el (entonces) IFE y el Tribunal Electoral. Esas dos entidades han sido clave para resolver el problema más candente de la política mexicana desde los ochenta: el acceso al poder. Aunque costosas, esas dos instituciones igualaron el terreno de la disputa política, profesionalizaron la organización y administración de los procesos electorales y le confirieron certidumbre a los ciudadanos y a los actores políticos. Se resolvió el problema de cómo acceder al poder, más no el de cómo nos gobernaríamos. Los problemas que hoy enfrentamos se derivan de esa ausencia.

Por tres décadas, un gobierno tras otro jugó a las pretensiones. Cada uno de ellos, desde los noventa hasta 2018, actuó como si las instituciones que se fueron construyendo -la Suprema Corte de Justicia, el IFE/INE, el poder legislativo, las entidades regulatorias como la Comisión Reguladora de Energía y la de Competencia- constituían verdaderos contrapesos al actuar presidencial. Gracias a la manera de ser y actuar del presidente López Obrador, hoy sabemos que todo aquello fue una mera ficción. Las entidades supuestamente independientes o autónomas eran vulnerables y propensas a la manipulación por parte de un presidente con habilidades políticas y, sobre todo, con absoluta indisposición a aceptar la existencia de contrapesos a su propio poder.

Como dijera el general prusiano von Moltke, ningún plan sobrevive el primer contacto con el enemigo. Los presidentes de 1988 a 2018 pudieron haber desmantelado aquel entramado institucional, pero optaron por respetarlo en aras de avanzar un proceso de (supuesta) transición democrática. El presidente López Obrador demostró que se trataba de una falacia, un castillo de naipes.

La realidad es muy clara: México ha dado enormes pasos en algunos ámbitos, pero sigue atrapado en un pasado autoritario en la mayoría de los otros. Peor, los mecanismos autoritarios de antaño ya no funcionan, por lo que todo ese México que se quedó rezagado vive sumido en un mar de violencia, extorsión, desigualdad y el consiguiente resentimiento. Ni autoritario ni democrático: un espacio difuso e inestable a la mitad del río.

Pero ese río es extraordinariamente riesgoso, inestable y propenso a la violencia. El gran éxito del presidente ha radicado en explotar los sentimientos y resentimientos de toda esa población (mayoritaria) que quedó atrapada en el camino, pero no le ha ofrecido solución alguna. Su respuesta ha sido meramente retórica: una retahíla permanente e interminable de palabras mañaneras que asignan culpas sin jamás asumir responsabilidades. Todo menos soluciones.

Lamentablemente, los ejemplos de transiciones como la española, chilena o coreana, por citar tres claramente exitosas, no son aplicables a México. En esas naciones, cada una en sus circunstancias, la transición fue integral: el objetivo era abandonar el pasado autoritario para construir una sociedad democrática. En México el objetivo se limitó a atender algunos problemas, especialmente los de confianza de los inversionistas y las disputas postelectorales. El objetivo no fue, ni es, la transición hacia una sociedad democrática.

Atrapados a la mitad del río, donde no funciona nada: no crece la economía, persiste la violencia y los resentimientos son brutales. La palabra la tiene la sociedad mexicana -toda ella- que, con su actuar y su activismo, tiene en sus manos la oportunidad de forzar la salida de este atolladero. La manifestación de hoy será una prueba de voluntades.

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La batalla por el INE tiene dos explicaciones muy simples. Primero, a estas alturas resulta evidente que no hay garantía de continuidad de la 4T o, en el mejor de los casos, del partido en el gobierno. El desgaste natural y la ausencia de resultados orillan al presidente a buscar medios para evitar una potencial catástrofe para su proyecto político. La otra explicación, más benigna para el régimen, es que le falta amarrar un cabo suelto clave para preservarse en el poder: el brazo electoral. Como supuestamente dijo Stalin, “la gente que vota no decide nada; la gente que cuenta los votos es quien decide todo.” Controlar el proceso de votación se convierte en un imperativo categórico: la única forma de preservar el poder es anulando el derecho de la ciudadanía a decidir, como en los buenos viejos tiempos.

El sistema electoral es un estorbo para el proyecto fallido. Este silogismo hace evidente que el problema no radica en el Instituto Nacional Electoral y su contraparte en el Tribunal, sino en la pretensión de recrear un mundo que desapareció hace medio siglo y que no es recreable o repetible. La mera pretensión de imponerle una visión omnímoda del país y del mundo a 130 millones de ciudadanos, prácticamente el doble de la población en los setenta, es imposible tanto porque es inasequible como porque ignora -o rechaza de manera consciente- la diversidad y dispersión que caracteriza al país y que ya no tiene vuelta. Pretender recrear una época que ya fue superada por el tiempo y por la cambiante realidad no es más que un espejismo y, a final de cuentas, una fantasía. Una población que ya se acostumbró al ejercicio de su vida sin la presencia omnipresente del gobierno ya no se puede volver a someter.

Desde luego, no toda la población goza de libertades plenas. La falta de acceso a la economía moderna, a la justicia o a la seguridad personal y patrimonial, por citar tres ejemplos obvios, limita la capacidad de desarrollo de las personas y, en general, del país. Ahí es donde la falta de un gobierno competente y claro de propósito se manifiesta de manera aguda y determinante. También ahí es donde el presidente López Obrador, sin compromisos con el statu quo ante, tenía la enorme oportunidad de cambiar las reglas del juego para hacer posible un gobierno susceptible de crear condiciones para que toda la población, especialmente la más pobre, rezagada y la que menos oportunidades ha tenido, rompiera con esa barrera aparentemente abstracta, pero absolutamente real.

En lugar de hacer una diferencia para la construcción de un país más equitativo y exitoso, el proyecto de la 4T no ha sido otra cosa que un intento vano por controlarlo todo y reconstruir la vieja presidencia, esa que empobreció al país en los setenta. El gobierno consiste en una retórica permanente -las mañaneras- que son sumamente exitosas en comunicar al presidente con su base social y explotar resentimientos históricos, pero sin dejar nada a cambio. La popularidad, como toda emoción, es volátil y se disipa con la mayor facilidad. Por más que el presidente explote y se vanaglorie de su elevada calificación, debería observar a sus predecesores de los noventa para acá: no hay nada más efímero que la popularidad. Peor cuando la distancia entre la evaluación del gobierno es tan distante de la del presidente: una fiel representación de un gobierno que habla pero no gobierna.

El quinto año de todo sexenio es siempre el crucial porque ahí se patentizan los resultados de los cuatro anteriores, manifestándose vívidamente los éxitos y las carencias: es ahí donde se suman los resultados de la gestión. Nunca, en las décadas que me ha tocado observar a un gobierno tras otro, he visto menores inversiones en el futuro que en el gobierno actual. Algunos de esos gobiernos fueron cautos, otros ambiciosos; unos competentes, otros ineptos; pero lo que unía a todos era su común propósito por mejorar el futuro. El presidente López Obrador no ha hecho sino invertir en el pasado -una refinería, un aeropuerto pueblerino- sin que mediara evaluación alguna: con su visión bastaba.

Y esa visión no es ni siquiera desarrollista en el sentido que se empleaba en la era de la que él se precia tanto, el desarrollo estabilizador, que le dio al país un par de décadas de elevadas tasas de crecimiento. Al revés: el propósito manifiesto es el de empobrecer a la población, eliminar las fuentes principales de crecimiento económico y consolidar una presidencia omnipotente.

El embate contra el INE y contra el TMEC (en la forma de un rechazo a resolver el diferendo con nuestros socios, dejando abierta la posibilidad de cancelar nuestra membresía) se inscribe en esta estrategia. Puede tratarse de un proyecto consciente o inconsciente, pero la evidencia de la intención es por demás amplia.

Los estertores de un gobierno que comienza a languidecer, pero que se rehúsa a aceptar el veredicto de la ciudadanía. Mejor decidir por ésta; mejor imponerle una sucesión que respetar sus deseos, preocupaciones o preferencias. Como dijera Yogi Berra, “uno tiene que ser muy cuidadoso porque si no sabes a dónde vas, podrías no llegar ahí.” El país corre el riesgo de perderse en esta senda de buenas intenciones que, con frecuencia, acaban en el infierno.

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En julio de 1914, un mes antes de que estallara la primera guerra mundial, ninguno de los protagonistas en la que sería una cruenta conflagración tenía idea de lo que venía o, como escribe Christopher Clark, caminaban como sonámbulos hacia el precipicio. Leyendo esa y otras narrativas sobre el inicio de aquel sanguinario conflicto es imposible no pensar en la manera en que el presidente va configurando sus piezas hacia la sucesión de 2024 como si el país viviera un momento glorioso en el que todo es miel sobre hojuelas. En las semanas recientes organizó el congreso de Morena para encumbrar a su candidata y excluir a todos los demás aspirantes, ha intentado dividir -destruir es una palabra más precisa- a toda la oposición, y se apresta a garantizar sus deseos a través de la beatitud inherente a su creciente cesión de poder hacia el ejército mexicano.

La “gran guerra,” como se conoce a la primera guerra mundial, fue violenta, horrífica para quienes vivieron largos tiempos (o murieron) en las trincheras, sometidos por armamentos hasta entonces desconocidos como las ametralladoras y, eventualmente, los tanques, que podían acribillar a todo un regimiento en cuestión de minutos. Los medios, dice Paul Fussell,* son siempre “melodramáticamente desproporcionados” a los fines que se persiguen. Así parece ser el lance del presidente en este proceso.

Morena ha venido ganando terreno, parte por el desencanto que caracteriza al electorado desde al menos 1997 en que, de manera casi sistemática, ha votado en contra del partido que ostenta el cargo respectivo. Poco a poco, con la enorme ayuda (en muchos casos de manera ilegal) del presidente, los candidatos de su partido han ganado gubernaturas, desplazando a los partidos tradicionales, hoy medio perdidos en la oposición. El proyecto es clarividente: control, destrucción del enemigo (esa es la caracterización correcta en esta era) y sometimiento integral.

El problema es el proyecto. Una narrativa esperanzadora que polariza y alienta el resentimiento es útil para el control, pero tarde o temprano comienza a hacer agua. Ahora que el presidente ha entrado en la etapa declinante del sexenio, su proyecto es, y crecientemente será, cada vez más vacuo e irrelevante. Así lo muestran las mañaneras, que van perdiendo el filo que tanto impactaba al inicio. El presidente narra el acontecer nacional como si él fuese un mero espectador y no el protagonista. Eso le permite inventar culpables, asignar culpas y adjudicar responsables, pero el mexicano está demasiado curtido como para ceder su desarrollo personal y familiar a cambio de una ficción cada vez más distante de la realidad cotidiana.

Nuestro sistema de partidos políticos es demasiado inflexible como para favorecer el realineamiento que reclama la realidad, lo que ha llevado a alianzas poco santas entre partidos disímbolos. En sistemas políticos como el francés o el brasileño, los viejos partidos se habrían disuelto y nuevas formaciones políticas competirían por el voto. La ductilidad de aquellos sistemas favorece la rápida adaptación de las cambiantes realidades, desplazando a personas y partidos que dejan de tener razón de ser. En México situaciones similares generan oportunidades para los ataques políticos y la paralización de la política. Hoy no es claro dónde quedará la oposición en el próximo ciclo electoral, decimado como está el PRI y carente de liderazgo el PAN. Con todo y a pesar de ello, esas dos entelequias ganaron nueve de las principales diez entidades en las elecciones intermedias de 2021. Lo que los partidos no pueden hacer lo está haciendo el electorado: como ilustró el referéndum revocatorio, un hito de soberbia pura, difícilmente votó por la permanencia la mitad de los votantes que lo encumbraron en 2018. La población no es tonta y la apuesta a la narrativa mera ilusión.

La oposición ciudadana está ahí; la pregunta es quién o qué la puede capturar para convertirla en una fuerza imparable. Hay dos elementos en esta ecuación: una es el partido o alianza de partidos, la otra el o la candidata. Al día de hoy, ninguno de esos elementos está resuelto. Quien aspire a la candidatura tendría que ser suicida para ponerse en la línea de fuego de las mañaneras en este momento, pues la capacidad destructiva de ese instrumento presidencial es implacable, razón por la cual ese elemento de la oposición tendrá que manifestarse a fines del año próximo. Por su lado, ningún candidato puede ganar si no cuenta con una estructura organizacional que le permita acercarse al ciudadano, presentar sus propuestas y promover el voto. La oposición, como está en este momento, es incapaz de organizar una elección nacional susceptible, con un grado razonable de probabilidad, de ganar, máxime cuando la contienda es con el presidente de la República y todos los instrumentos con que ésta cuenta.

Quizá la gran interrogante es si la oposición se entiende a sí misma como tal, desde el PRI hasta Movimiento Ciudadano, pasando por el PAN y el PRD. Se suma o se muere. Todos fenecen si siguen doblándose y, con ellos, México.

El reto para el presidente es que el control le baste frente a las aguas turbulentas que se avecinan desde el norte; para la oposición, toda sumada, el desafío es serlo…

*The Great War and Modern Memory

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Mucho después de lo que imaginan los promotores de “grandes” cambios, aparecen las consecuencias, producto generalmente de no reconocer que los seres humanos aprenden y responden ante los estímulos que se les presentan. G.K. Chesterton describió el fenómeno con un ejemplo: “no remuevas la barda hasta que no entiendas porqué ésta fue erigida originalmente.” Su argumento era que es imperativo comprender la razón por la cual las cosas son como son para no acabar dejándolas peor.

Muchos de los grandes cambios en la historia, los que cobran forma en el largo plazo, comienzan con decisiones mundanas y buenas intenciones. Se adoptan programas, se aprueban legislaciones y se aplaude como héroes a los gobernantes que los promueven. Todo progresa como si se tratara de avances inexorablemente destinados a conducir a la prosperidad. Mientras mayor la ambición en esos cambios, mayores los aplausos, pero también los riesgos: siempre queda la posibilidad de que la remoción de la barda, en la metáfora de Chesterton, cree secuelas que minen el futuro.

En su prisa por transformarlo todo, los promotores del progreso suelen perder de vista que lo popular no siempre es benigno y que lo que parece benigno frecuentemente viene preñado de mensajes no anticipados para el resto de la población. Esto se agudiza cuando la pretensión transformadora proviene de dogmas inamovibles que nada tienen que ver con el entorno en que se pretenden aplicar. El mexicano común y corriente lleva siglos padeciendo gobernantes altisonantes y reconoce perfectamente los riesgos implícitos, pero entiende lo limitado de sus opciones, por lo que se atiene a la transacción inmediata: beneficios por un voto o, en el caso actual, transferencias por popularidad.

El presidente se vanagloria de los grandes hitos que ha logrado o que está avanzando. Cancelar un aeropuerto sin medir las consecuencias para el desarrollo de largo plazo del país, construir proyectos de infraestructura que no son susceptibles de aportar beneficios significativos de largo plazo, legitimar la corrupción de los cercanos, eliminar organismos regulatorios clave, atacar a jueces que otorgan suspensiones por amparos o aniquilar instituciones académicas señeras. El teatro cotidiano facilita decisiones fundamentadas en encuestas amañadas, burlas y ataques, pero la población reconoce lo que son y ningún resentimiento es suficiente, en el largo plazo, como substituto de empleo, oportunidades y prosperidad.

Acciones y decisiones que entrañan consecuencias porque alteran las percepciones de la población, modifican el destino del país y cancelan sus opciones de desarrollo. Es claro que el objetivo presidencial es precisamente el de minar lo existente; pero igual de claro debería ser que no todo lo existente es malo y que, por lo tanto, ese actuar inevitablemente entraña consecuencias perniciosas: incentivos para el futuro. Y mientras mayor la pretensión del cambio, peores las secuelas.

Cuando un presidente cancela la autonomía de un organismo o impide la transparencia de sus proyectos de inversión su mensaje es evidente: en palabras de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No toda corrupción involucra dinero: la impunidad también lo es.

Intentar predeterminar el futuro, controlar las variables hacia adelante, incluyendo al presunto sucesor (o sucesora) es el truco más viejo de la política mexicana. Es raro el presidente en nuestra historia que no lo haya intentado, pero sólo Plutarco Elías Calles -el fundador- lo consiguió, en circunstancias no repetibles. El ejercicio es en buena medida fútil, pero no por eso deja de tener consecuencias. Y ese es el tema de fondo: por tres décadas, un gobierno tras otro se abocó a construir un entramado institucional para conferirle certidumbre a la población respecto al futuro, comenzando con el tratado de libre comercio. Sin duda, en el camino hubo excesos y errores y muy pocas de las instituciones resultantes gozan de plena legitimidad popular, lo que explica la facilidad con que el presidente las fue desmantelando.

Pero la consecuencia de su actuar será de enorme trascendencia, como ilustra desde ahora la inexistencia de inversión y la rapidez con que muchos procesos industriales (clave para las exportaciones) se van tornando obsoletos, especialmente debido a cambios en materia energética. Si la polarización genera confusión, el futuro acaba siendo por demás incierto, circunstancia que nunca beneficia a la continuidad del statu quo. México vivió algo similar al inicio de los ochenta y se requirió algo del tamaño del TLC para restaurar un sentido de certidumbre. La gran pregunta para el futuro es ¿qué se requerirá en esta ocasión, de qué tamaño tendrá que ser?

Un extranjero, viejo observador de la política mexicana, decía que México padecía de una carencia nodal: “tienes un estado de derecho o no lo tienes, y si no lo tienes la gente se apega al reino del poder, la corrupción -una forma de poder financiero- o al reino de la criminalidad para obtener lo que les correspondería bajo el reino de la ley.”

En lugar de avanzar hacia la legalidad, para lo cual este gobierno se encontraba excepcionalmente dotado, lo que ha hecho es promover la corrupción y la criminalidad. Obvio cuales serán las consecuencias.

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