Todo iba bien, hasta que comenzaron las locuras. El afán transformador se había limitado a eliminar obstáculos que no gozaban de mayor reconocimiento popular y a ampliar las transferencias en efectivo a las clientelas favoritas. Ambos pasos respondían a una lógica impecable: si no goza de legitimidad se puede eliminar a un costo mínimo y los fondos derivados de ese actuar permiten ampliar y consolidar las fuentes de apoyo. Y, efectivamente, las encuestas muestran que el costo político de eliminar entidades, instituciones y fondos, incluso para cosas tal fundamentales como el sector salud, ha sido mínimo. Quizá eso llevó a considerar que todo es posible y que el único límite es la imaginación.

De hecho, hay muchas cosas que requerían (y requieren) ser modificadas y que eso no había sido posible en buena medida por la capacidad de obstaculizar el actuar gubernamental por parte de diversos grupos de interés: sindicatos, empresarios, políticos. Nadie puede tener la menor duda que hay inmensos rubros de dispendio en el gasto público; que la inercia burocrática inevitablemente conlleva a demandar mayores recursos en lugar de elevar la productividad y mejorar los resultados; y que hay diversos renglones en el presupuesto público que tienen el efecto opuesto al concebido en su origen. La forma en que se conducen los líderes de los partidos de oposición dados los recursos federales que reciben por ley es un buen ejemplo de esto, pero ese es otro asunto.

Sin compromisos previos, el presidente López Obrador tenía todo en sus manos para llevar a cabo esa transformación que prometió pero que luego se redujo a no más que a concentrar el poder y a destruir fuentes de potencial contrapeso a la presidencia. Muchos de los grandes impedimentos al crecimiento económico y al desarrollo del país podían haber sido eliminados, abriendo ingentes oportunidades para el futuro. Eso no ocurrió. Y ahora el panorama se ensombrece por medidas que permiten anticipar escenarios cada vez más complejos y conflictivos para el proceso de sucesión en ciernes.

Las últimas semanas han sido testigo de la disposición a tentar el destino, incluso sin reconocerlo. Los ataques a la Suprema Corte de Justicia y especialmente a la ministra presidente no cesan y ahora se acompañan de decretos que entrañan, al menos en términos políticos, un claro espíritu de desacato. Nunca antes había ocurrido algo así. Acto seguido una expropiación, en este caso del ferrocarril transístmico. Estos dos ejemplos constituyen una enorme escalada respecto al ya de por sí agrio y agresivo tono de las mañaneras cotidianas. Y todavía faltan quince meses.

Pasado el colapso de la Unión Soviética y de los gobiernos comunistas de sus satélites, el jefe del partido de Hungría, Karoly Grosz acuñó una frase lapidaria que comienza a parecer una predicción de lo que viene en México: “el partido no fue destrozado por sus opositores sino, paradójicamente, por su liderazgo.” Justo en el momento del ciclo político en que los presidentes mexicanos tradicionalmente intentaban consolidar lo logrado y prepararse para el tramo final, confiando en poder evitar los altercados y potenciales crisis que acompañaron a muchas de las transiciones presidenciales, el presidente López Obrador eleva el tono y emprende una nueva embestida en cada vez más frentes.

El objetivo es claro: ganar las elecciones presidenciales a cualquier costo. La pregunta obligada es obvia: si las cosas van tan bien, ¿por qué tanto circo? O, en términos llanos, ¿para qué correr el riesgo de desatar fuerzas que luego pudieran resultar incontenibles a estas alturas del partido, abriendo más frentes cada minuto?

Especulando, hay dos posibilidades: una es que no hay tal certeza de triunfo, lo que exigiría doblar apuestas. La otra es que la facilidad con que el presidente ha logrado avanzar su agenda a lo largo de estos cinco años llevó a considerar que cualquier cosa es factible a un costo menor. Los japoneses pensaron algo así en la segunda guerra mundial y acabaron haciéndose harakiri.

El problema no radica meramente en el desquiciamiento de los límites tradicionales de la política mexicana (que, dicho sea de paso, no tienen porqué ser inamovibles), sino en la agresividad de la estrategia justo en el momento en que las vulnerabilidades inexorables de todos los sexenios comienzan a ascender y, con éstas, los riesgos de acabar mal. El instinto suicida anda desatado.

Ortega y Gasset decía que “Este es el peligro más grave que amenaza hoy la civilización: la intervención del Estado; la absorción de todo esfuerzo social espontáneo por parte del Estado, es decir, de la acción histórica espontánea, que a largo plazo sostiene, nutre e impulsa los destinos humanos.” El camino emprendido en los últimos días no sólo nos aleja de la civilización para acercar al país a la tiranía, sino que conduce a situaciones potencialmente críticas, justo lo opuesto a lo que ha motivado al presidente desde el primer día de su mandato.

De no alterar el curso, el país se podría encontrar, en el menor de los casos, ante una crisis constitucional que bien podría exacerbarse de no salir la elección como el presidente desea. Tiempos de pronóstico reservado.

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¿Qué gana: el discurso o la realidad? El discurso dice “vamos bien,” “yo tengo otros datos,” “Por el bien de todos, primero los pobres.” La realidad, sin embargo, dice otra cosa: el país no está progresando, el desempleo se ha elevado, la pobreza se acentúa, la educación se deteriora todavía más, la falta de oportunidades se acrecienta y la violencia asciende de manera incesante. El discurso afecta percepciones, desvía la atención y mitiga el sentido de urgencia, pero no altera la realidad. Tarde o temprano, la realidad se va a imponer. La pregunta es qué tan tarde, porque de eso depende el devenir mediato del país.

Dos factores mantienen al país funcionando: las exportaciones y las remesas. El gobierno ha hecho prácticamente nada para promover el crecimiento de las exportaciones, el principal motor de crecimiento económico: no hay infraestructura nueva; la violencia cunde por todo el territorio y especialmente en las rutas que llevan a la frontera por donde tienen que atravesar las exportaciones; y factores clave, como la electricidad, son motivo de disputas político-ideológico que se traducen en incertidumbre respecto a su disponibilidad futura. En una palabra, se obstaculiza la principal fuente de empleo, crecimiento y oportunidades.

Por lo que toca a las remesas, el gobierno hace todo lo posible por estimular la migración hacia el norte (que ha vuelto a crecer de manera dramática) al negar oportunidades, castigar a las madres que no tienen con quien dejar a sus hijos al cerrarse las estancias infantiles y favorecer la violencia a través de su política de abrazos con los delincuentes. El crecimiento de las remesas en los últimos años, desde mediados del gobierno de Peña Nieto, ha sido extraordinario y explica al menos en parte la estabilidad de vastas zonas rurales, pero también representa un reto social monumental para familias que se fragmentan. Como política social, la migración es, por decir lo menos, una política de dudosa calidad moral, toda vez que entraña la pérdida de mucha de la ciudadanía con mayor potencial de desarrollo y creatividad.

Avanza el sexenio sin que el gobierno repare en las consecuencias de la negligencia implícita en su estrategia de “desarrollo.” El momento del sexenio es relevante porque la capacidad de administrar la multiplicidad de variables que caracterizan a un país de la complejidad de México va disminuyendo con el reloj sexenal. El discurso presidencial puede aparentar que todo marcha bien, pero su propia capacidad para incidir en los procesos sociales y económicos va desapareciendo en paralelo con el ascenso de las naturales e inevitables disputas que surgen en el contexto de la definición de candidaturas para la sucesión presidencial.

Este no es un reto novedoso para el sistema político mexicano, cuya historia es extraordinaria en dos sentidos: primero, en evitar catástrofes. Y, segundo, en contar con una insólita capacidad para reparar el daño causado por políticas y estrategias descarriadas. Desde esta perspectiva, esta no es la primera vez que México se encuentra ante una tesitura tan compleja como la actual; lo que no es evidente es que ese viejo sistema político siga contando con las condiciones y elementos para evitar una catástrofe.

Durante los setenta, la era que parece ser dorada para la actual administración, el país avanzaba de manera incontenible hacia la catástrofe, pero el discurso presidencial -infinitamente menos sofisticado y efectivo que la narrativa actual- mantenía la apariencia de estabilidad a la vez que promovía la polarización de la sociedad. Sin embargo, nada de eso pudo evitar la catástrofe que siguió. Aquella circunstancia era muy distinta a la actual porque los excesos financieros y el endeudamiento con el exterior eran evidentes, todo ello sin las fuentes de divisas que, gracias a las exportaciones, hoy alteran radicalmente la película. Por otro lado, en contraste con el momento actual, la economía venía creciendo a un ritmo inusitado que no sólo animaba el discurso triunfalista, sino que parecía justificarlo en el terreno que cuenta: el de la realidad.

Es importante situarse en aquella circunstancia para comprender el ánimo del momento y poderlo contrastar con las circunstancias actuales. La economía venía creciendo a casi 8%, el empleo era casi total, los salarios reales crecían, las becas se multiplicaban y México, como país, era visto como un ejemplo de oportunidad y potencial. Independientemente del factor que sostenía aquel sueño -los precios del petróleo- es fácil percibir la sensación del momento. Todo iba hacia arriba en el imaginario colectivo hasta que, de pronto, se colapsó, con aterradoras consecuencias sociales y económicas.

Ninguna de las variables económicas de hoy justifican escenarios catastrofistas como aquellos, pero la complejidad del México de hoy nada tiene que ver con aquel país tan primitivo en términos relativos. La economía y sociedad de hoy funcionan gracias a la existencia de instituciones como el TMEC y el INE, ambas bajo ataque, la segunda de manera explícita, la primera de facto. El México de hoy requiere fortaleza institucional, pesos y contrapesos y un gobierno efectivo. La “nueva” Suprema Corte ha mostrado su relevancia, pero podría no ser suficiente.

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 Una virtud que debe reconocérsele al presidente López Obrador es la transparencia: en contraste con sus predecesores recientes, hay una congruencia total entre su discurso y su visión del país y de la función de la política y su relación con la economía. Como las ve las dice. A diferencia de sus predecesores, no tiene ni a menor preocupación por pretender lo que no es, ni la menor intención de gobernar para todos. Tampoco pretende resolver los problemas del país ni mucho menos crear una plataforma para el futuro. Su agenda es nostálgica y su visión congruente con ella. La pregunta es si eso es sostenible.

En los ochenta México dio un viraje en su estrategia de desarrollo. Ese es el gran punto de contención para el presidente: su reyerta se remite a ese momento de nuestra historia bajo el argumento de que se traicionó el proyecto de desarrollo postrevolucionario. Detrás de esa concepción yace una falacia nodal: que el cambio fue voluntario, promovido por tecnócratas desnaturalizados que no conocían nuestra historia y que, en consecuencia, impusieron una visión del mundo contraria a los intereses de la nación.

El viraje que experimentó el país en aquellos años respondió a dos circunstancias inexorables: una fue la virtual quiebra del gobierno mexicano al inicio de los ochenta. La causa inmediata de la quiebra fueron los excesos fiscales de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, que precipitaron el colapso económico en 1982, la crisis de deuda, una recesión de casi una década y niveles extraordinarios de inflación. La causa mediata fue que aquellos gobiernos recurrieron a la concentración del poder y funciones en la presidencia con el objetivo de restaurar la capacidad de crecimiento económico, lo que resultó imposible, provocando el colapso. La pretensión de que con evitar excesos fiscales se puede lograr el objetivo fallido de entonces no va a acabar de otra manera.

La otra causa de la quiebra fue que el mundo había cambiado. Lo que aquellos tecnócratas que el presidente desprecia observaron fue que el modelo de desarrollo estabilizador que tan buenos resultados había dado en las décadas previas ya no era sostenible. Si el objetivo era avanzar y acelerar el desarrollo, el país tendría que cambiar su modelo de crecimiento, en congruencia con la creciente disminución de las barreras a los intercambios financieros, comerciales, industriales y de información que la tecnología comenzaba a impulsar. En una palabra: México se sumaba al mundo o se quedaba sumido en la crisis.

El gran reto para lograr aquellos objetivos grandiosos radicaba en la incompatibilidad del viejo sistema político con una economía moderna, integrada al resto del mundo. Es decir, para poder ser exitoso, el país tenía que cambiar no sólo su economía, sino todas sus estructuras internas. Sin embargo, el “secreto” detrás del viraje en el proyecto económico iniciado en los ochenta fue que el objetivo “real” era el de reiniciar el crecimiento acelerado de la economía para evitar modificar al sistema político. Se entendía la incompatibilidad, pero se pretendió que era manejable.

En esa contradicción, en ese pecado de origen, reside la verdadera diferencia entre el gobierno actual y sus predecesores. Los gobiernos de los ochenta en adelante llevaron a cabo múltiples reformas institucionales, todas ellas concebidas para arropar a las reformas económicas y darle contenido efectivo a las regulaciones que se habían venido adoptando tanto por iniciativa interna como por consecuencia de los tratados comerciales que se fueron negociando. Así nacieron las entidades regulatorias en materia de competencia, comunicaciones, energía, etcétera. En paralelo, se reformó la Suprema Corte de Justicia y, atendiendo al creciente conflictividad, se construyeron las instituciones electorales.

El paradigma era uno de acotamiento del poder presidencial y los presidentes hicieron su parte, cumpliendo las formas. En el camino, fueron presentándose las incongruencias que producía el choque entre las demandas de una economía moderna y la realidad tangible a nivel del piso: comenzando por las vastas diferencias regionales de crecimiento, pero también el ascenso del crimen organizado, la violencia e inseguridad de la población, y la disfuncionalidad en la relación federación-estados, los incentivos perversos de las autoridades locales en materia fiscal, de seguridad y de justicia.

Son esas incoherencias y contradicciones la esencia del rompimiento que ha llevado a cabo AMLO. En contraste con sus predecesores, él actúa bajo un paradigma distinto: el no pretende construir un país moderno; al revés, su proyecto consiste exactamente en lo contrario, en cancelar la parte moderna del país para restaurar la congruencia entre lo económico y lo político.

Desde esa perspectiva, él no tiene porqué dar explicaciones sobre el espionaje que lleva a cabo el gobierno, sobre el destino del gasto público o sobre los vínculos entre su gobierno y otras naciones a las que dedica tiempo y recursos. En un sistema cerrado, introvertido (e inevitablemente autoritario) el gobierno no tiene porqué explicar nada.

Las incongruencias son reales y a la vista de todos. La nueva incongruencia radica en pretender que se puede cancelar lo que sí funciona en lugar de resolver lo que lo obstaculiza.

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¿Qué ocurre cuando una fuerza irresistible se topa con un objetivo inamovible? El fentanilo en Estados Unidos es un asunto no sólo electoral, sino de sobrevivencia para su sociedad. Aunque es evidente que en las circunstancias que llevan a su consumo (como el de otros tantos estupefacientes) yace la clave del enigma, es absurdo pretender que México es un actor inconsecuente en esta materia. De hecho, la crisis del fentanilo en nuestro país vecino no es distinta, en concepto, a la crisis de seguridad que vive México y, más importante, ninguna de las dos naciones puede resolver su propia crisis sin la concurrencia del otro. Se trata de la historia de dos crisis que se retroalimentan.

En su novela sobre la era del terror previo a la revolución francesa, Historia de dos ciudades, Charles Dickens se mofa de los revolucionarios que ambicionan hacer compatible la libertad con la muerte: “Libertad, igualdad y fraternidad o muerte: está última mucho más fácil de obsequiar, ¡oh guillotina!” El fentanilo no es distinto para los estadounidenses que la extorsión, el narco y la muerte que acecha a infinidad de ciudades y comunidades mexicanas. La exportación de la droga, como ocurrió con sus predecesoras, alimenta el poder (y armamento) de las mafias que acosan a los mexicanos.

Quizá no sea casualidad que el presidente rechace los dos componentes de la ecuación: ni se produce fentanilo en México, ni hay crisis de seguridad en el país. Eso que padecen los ciudadanos de ambas naciones es producto de su imaginación. Pero ambas crisis son reales y tienen efectos inexorables. Cada sociedad reacciona ante sus circunstancias de manera distinta por la naturaleza de sus respectivos sistemas políticos, pero eso en nada cambia el hecho mismo de que ambas sociedades se encuentran acosadas por factores que son irresolubles exclusivamente en su fuero interno.

El consumo de drogas no es producto de la disponibilidad de éstas, sino de los factores sociales que llevan a que exista la demanda. Ese es el reto de la sociedad estadounidense. De la misma manera, la inseguridad que padece la población mexicana no es resultado exclusivamente de la disponibilidad de armas, sino de la inexistencia de fuerzas policiacas y judiciales en México que la protejan. Como dice el refrán, lo fácil es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Dos de los puntos más contenciosos en la política estadounidense actual, especialmente a la luz de su próxima contienda electoral (2024), son la migración ilegal y el fentanilo. En ambos, México es actor protagónico. Esa es la fuerza irresistible que se aproxima y que va a impactar, nos guste o no. En términos analíticos es posible discutir la sensatez de culpar a terceros por el hecho de que haya demanda, respectivamente, de drogas y mano de obra, sin la cual ninguno de estos factores sería relevante. Pero eso en nada cambia el hecho mismo de que se trata de una embestida que ya está ahí y que nadie la puede parar. La gran pregunta es si el gobierno mexicano seguirá comportándose como un objeto inamovible y, en ese caso, qué consecuencias tendría.

La inseguridad en México comenzó de manera acusada con el gradual debilitamiento de las estructuras de seguridad del gobierno federal en los noventa. Fue la época en que súbitamente se incrementaron los robos y los secuestros. Hasta entonces, desde la era de la pacificación que tuvo lugar luego de la gesta revolucionaria, el gobierno federal había tenido tal fuerza y presencia a lo largo y ancho del territorio que eso permitía una relativa calma y una convivencia en concordia. Por su naturaleza centralizadora, el sistema político nunca favoreció el desarrollo de capacidades locales, en este caso de seguridad y justicia. En este contexto, no es casualidad que el gradual, y luego acelerado, debilitamiento del gobierno federal viniera acompañado de un colapso de la seguridad en todo el país. Fue ese vacío el que llenó el crimen organizado, sin duda asistido por las armas que sus utilidades tanto de actividades criminales en México como por la exportación de drogas les permitían. Pero el problema de fondo no son las armas o las drogas, sino la inexistencia de un gobierno eficaz en México.

De nada sirve pontificar contra los norteamericanos cuando los problemas de México son tan profundos y no distinguibles, o al menos no atendibles, sin la concurrencia del otro. Ahí yace la falacia del discurso político mexicano que, a su vez, alimenta al estadounidense y lo hace creíble, como han ilustrado los recientes juicios penales de personajes mexicanos en aquella nación. En lugar de actuar como objeto inamovible, México podría estar buscando formas de cooperación mutua orientadas a dos objetivos inexorablemente vinculados: las drogas allá y la violencia aquí.

“La muerte bien podría provocar la vida, pero la opresión no provoca nada más que a sí misma” concluye Dickens en la novela referida. La historia de dos crisis que sólo se pueden resolver en la medida en que ambas naciones cooperen y cada una actúe en su fuero interno. Ambas viven en la negación, una culpando a la otra de sus males cuando sus problemas son internos, pero requieren de la asistencia del otro para atacarlos.

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/dos-crisis-2023-04-23/op247641?pc=102

El propósito es evidente. La pregunta es si cuadra con las necesidades de la ciudadanía, que, claramente, no son las de quienes redactaron la iniciativa de ley. La “iniciativa en materia administrativa del ejecutivo federal” es el sueño de cualquier burócrata: el gobierno decide qué se hace, cómo se paga, quién se beneficia y, si no le gusta lo que ve en el camino, puede suspender la adquisición o contrato sin indemnización. Nunca, en las décadas que he observado el proceder de los políticos mexicano, he visto algo tan perverso y sesgado como esto.

La iniciativa de ley tiene por evidente propósito quitarle toda latitud y libertad de acción al próximo gobierno: perseverar en el paraíso que hoy caracteriza al país, asegurando que la economía se mantenga en recesión, el ingreso no se incremente y el país siga respondiendo a las obsesiones de una sola persona.

La iniciativa presenta un conjunto de objetivos que, en términos retóricos, aparecen como sensatos, pero que en realidad ocultan su megalomanía: el propósito nominal es fortalecer la rectoría del Estado en la economía. Los cambios que propone se refieren a las facultades del gobierno en materia de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias; modificación (disminución) de las potenciales indemnizaciones en el caso de expropiación; eliminación del resarcimiento de daños o perjuicios cuando se revoque un contrato; e incorporación de una cláusula de terminación anticipada (cláusula exorbitante) en todos los contratos. En el camino se deroga la preeminencia que en la actualidad se le otorga a los tratados internacionales y convenios arbitrales. En una palabra, le confiere plenas facultades al gobierno para conducir los asuntos públicos sin limitación alguna.

Se trata de un virtual sabadazo, presentado justo al inicio de semana santa, orientado a alterar el marco normativo de manera radical. De aprobarse esta legislación, desaparecería toda inversión privada pues dejaría de haber protección jurídica. A menos que la iniciativa fuese eventualmente declarada anticonstitucional por la Suprema Corte, la nueva legislación acabaría con la única fuente de inversión que ha prosperado en los últimos cuatro años: la que ingresa bajo la protección de los tratados comerciales vigentes, incluido el más importante, aprobado ya en este gobierno, el TMEC.

El objetivo expreso no es el de acabar con la inversión privada, sino sujetarla a las preferencias del gobierno en turno. Muy al estilo de la 4T, el propósito es que quien invierta le deba el favor al gobierno el cual preserva la facultad legal de quitarle la autorización cuando así lo decida. Esto es exactamente lo opuesto a lo que se había venido construyendo en las décadas pasadas, cuando el objetivo era consolidar, y darle credibilidad, a reglas generales que se aplicaban de manera neutral e imparcial. Como hemos visto en estos años en que el gobierno ha ido negociando (o intentando negociar) acuerdos particulares con cada empresa, especialmente en el ámbito eléctrico, el objetivo es extender esta práctica al conjunto de la economía, confiriéndole un halo de legitimidad jurídica. El caso de Iberdrola es ejemplificativo: dado que la empresa no estuvo dispuesta a negociar en los términos gubernamentales, acabó vendiendo sus activos. Parece obvio que el gobierno tuvo una victoria política, en tanto que México y los mexicanos empobrecieron en el camino.

Lo que los redactores de la iniciativa no entienden, o no reconocen, es que los empresarios e inversionistas, de cualquier nacionalidad, tienen el mundo como espacio para su desarrollo. Ciertamente, la vecindad con Estados Unidos ofrece un aliciente excepcional que ha servido de protección frente al embate que ha emprendido este gobierno; sin embargo, eso ha funcionado (muy por debajo de su potencial) bajo el marco normativo existente. De modificarse el contexto legal como propone esta iniciativa, la situación sería otra, muy distinta.

Un viejo axioma dice que “Cuando una entidad gubernamental no puede, o preferiría no realizar adecuadamente su función principal, o cuando siente que su función principal no es lo suficientemente grandiosa, ésta ampliará su misión, distrayendo así la atención de la incompetencia que le caracteriza.” Eso es lo que se propone lograr esta iniciativa: avanzar lo mediocre de la realidad actual para congelarlo en el tiempo y hacer imposible el desarrollo y la prosperidad del país.

Cada uno juzgará lo deseable de esta iniciativa, pero las consecuencias serían inexorables porque, además de dañar la credibilidad general del gobierno y del sistema normativo, se constituiría en una camisa de fuerza para la próxima administración, incluso si ésta es de Morena.

Hasta hoy, lo peor del actual gobierno ha sido la falta de resultados en materia de crecimiento económico, del empleo y del ingreso (como se puede apreciar en la creciente emigración hacia EUA). Es decir, no ha habido una crisis significativa. De convertirse en ley, esta iniciativa cambiaría la realidad, haciendo mucho más probable un acusado empobrecimiento de la población.

Como dijo el gran novelista Roberto Louis Stevenson, “tarde o temprano todo mundo se sienta en el banquete de las consecuencias.” Vamos corriendo hacia allá.

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/revela-eu-pugnas-entre-marina-y-sedena/ar2587938?v=3

¿En qué momento se rompe el orden social? ¿Cuándo es más probable que una sociedad entre en procesos de confrontación fuera de los canales institucionales establecidos? Preguntas como éstas son materia de permanente discusión y análisis tanto en instancias académicas como gubernamentales alrededor del mundo. Unos quieren explicar potenciales estallidos, otros intentan prevenirlos. Lo interesante es que hay cada vez mayor coincidencia en los criterios que emplean estos dos sectores tan contrastantes y esa coincidencia le anuncia a México elevados riesgos.

El tema no es particularmente nuevo: el asunto se remonta a los cincuenta, etapa en la que comenzaron a darse golpes de estado, dictaduras, guerras civiles y otros fenómenos similares en diversas naciones alrededor del mundo. El momento en que esto ocurría no era producto de la casualidad: concluida la guerra (1945), tanto las Naciones Unidas como las potencias ganadoras se dedicaron a impulsar el desarrollo de naciones en Asia, África y América Latina. Algunos de esos países se habían independizado recientemente, otros habían sido derrotados en la etapa bélica y muchos más simplemente intentaban elevar las tasas de crecimiento de sus economías. Pronto resultó que estos cambios tenían efectos desestabilizadores.

Primero la academia, y luego las instancias internacionales y de inteligencia de las naciones más poderosas (de ambos lados de la barrera de la guerra fría), se abocaron a intentar entender e interpretar el fenómeno. Así nació la teoría de la modernización, cuyo objetivo inicial consistió en comprender los procesos de cambio social y político que acompañaban a la industrialización. Algunos argumentaban que había etapas en el proceso de desarrollo, otros observaban la manera en que evolucionaban las sociedades y sus sistemas políticos.

La situación cambió cuando comenzaron a darse situaciones de conflicto, rompimiento social y golpes de estado. Algunos gobiernos, especialmente el norteamericano y soviético, respectivamente, reaccionaron de manera radical, buscando imponer su ley por medio de la fuerza, frecuentemente sin éxito o, al menos, no sin consecuencias negativas de largo plazo. Por su parte, los estudiosos y analistas empezaron a buscar explicaciones para el fenómeno. La nueva era de interpretación, a lo largo de los setenta, concluyó que el problema no era el subdesarrollo ni la modernidad (o del desarrollo mismo) sino del tránsito entre uno y el otro: al inducirse procesos económicos de cambio acelerado se desequilibraba el orden social, provocando conflicto y, con frecuencia, inestabilidad.

Cincuenta años después el asunto ha vuelto a la discusión pública por una nueva ola de situaciones de inestabilidad, pero sobre todo un fenómeno novedoso. La característica de este periodo ha sido la democratización en cada vez más naciones. Algunas lograron una transición cabal, alcanzando una inusitada estabilidad (como ilustran casos como España o Corea del sur). Pero, de manera creciente, los procesos de democratización han experimentado retrocesos significativos, lo que ha llevado a la acuñación de términos como “democracia iliberal,” “anocracia,” “oclocracia” o, simplemente, autocracia. Una institución noruega, el Instituto para la Investigación Sobre la Paz se ha dedicado a codificar eventos de esta naturaleza alrededor del mundo para categorizar los conflictos.

La conclusión principal de todos estos estudios* es que lo que conduce a la inestabilidad en esta era es la falta de consolidación de las instituciones democráticas: son más propensas al conflicto las naciones que se quedaron en la etapa de la democracia electoral y/o que no llegaron a constituirse en verdaderas democracias liberales. El momento más delicado para esas democracias es aquel en que las promesas de democratización no empatan con la capacidad de sus gobiernos y economías para satisfacerlas, lo que lleva al riesgo de inestabilidad o, más frecuentemente en esta era, a líderes extremistas que llegan al poder por la vía democrática para luego dedicarse a desmantelar las instituciones que les permitieron ascender.

México vive un momento álgido en estas materias. El país logró dar un gran paso adelante en los noventa al crear instituciones electorales excepcionalmente fuertes que facilitaron la competencia equitativa entre los partidos políticos y candidatos, iniciando una nueva etapa política. Sin embargo, ese enorme avance no se tradujo en un mayor bienestar para toda la población, en buena medida porque los gobiernos que resultaron de procesos electorales democráticos no siempre tuvieron la habilidad o disposición para avanzar sus proyectos o legislaciones, pero sobre todo porque la democratización no vino acompañada de instituciones fuertes que efectivamente se constituyeran en contrapesos entre sí.

Fue en ese contexto que llegó al poder en México, por vía democrática, un presidente que, desde el día cero, se ha abocado a construir una creciente autocracia, sin que ésta haya sido un mejor conducto para la solución de los problemas del país. El riesgo de esta evolución radica en una creciente radicalización. La ciudadanía tiene que responder ante un reto tan trascendente porque la alternativa es inaceptable y mucho más costosa para todos.

*un buen resumen se encuentra en Walter, Barbara F, How Civil Wars Start, Crown, 2022

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