Luis Rubio

Dice un proverbio persa que “cuando está suficientemente obscuro es posible ver las estrellas”. El panorama nacional no parece tan negro como para tener capacidad de ver todo lo que ocurre, pero parece evidente que, como decía el recientemente fallecido Guillermo O’Donnell, la razón principal del desencanto reside en haber creído que “el ladrillo de la alternancia es la casa de la democracia”. La alternancia cambió la realidad del poder pero no nos ha llevado a la construcción de un sistema político funcional.

Al menos en el plano de la teoría política, hay dos formas de construir un sistema político. Una, a la usanza de los teóricos del contrato social de los siglos XVII y XVIII, partía del principio de que el hombre acaba reuniéndose en sociedad para resolver los problemas que enfrenta en un medio inhóspito. Para Hobbes la motivación es la necesidad de seguridad, para Locke la protección de la propiedad y para Rousseau la constitución de una sociedad organizada que garantiza la igualdad. Esos tratadistas hablaban de los momentos fundacionales de la sociedad humana.

Los países que han logrado construir sistemas políticos institucionalizados y consolidados responden a uno de dos escenarios: aquellos que llevan siglos construyendo y corrigiendo errores y ajustando procesos, poco a poco dando forma a tradiciones centenarias que garantizan su estabilidad. Si uno observa la evolución de la democracia inglesa a lo largo de los siglos podrá observar cómo se fueron resolviendo diversas crisis, algunas de ellas violentas, hasta finalmente alcanzar el clima de civilidad que hoy se observa pero que no fue siempre así. Otros, como Francia, lograron un sistema estable fundamentado en un híbrido poco común presidencial-parlamentario a fuerza de ensayo y error.

La otra forma de construir un sistema político se remite a los esfuerzos que han realizado los grandes estadistas de nuestro tiempo al enfrentar situaciones de conflicto real o potencial en sus sociedades. Estos ejemplos muestran cómo es posible saltar décadas o incluso siglos a partir de la construcción sistemática de acuerdos políticos entre los principales actores, partidos o fuerzas políticas. Hay diversos ejemplos que ilustran esta vía. Cada uno es distinto pero lo que todos tienen en común es el hecho de que hubo una construcción intencional de acuerdos orientados a lograr una rápida consolidación democrática.

En España, Adolfo Suárez entendió que el camino para construir un futuro tenía sólo dos vías: la confrontación que surgiría de la recreación de las divisiones que llevaron a la guerra civilo un acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre los mecanismos que permitirían construir y concluir un proceso de transición en un periodo breve. Su convocatoria fue a todas las fuerzas políticas, tanto las exiliadas como las residentes, incluyendo a los liderazgos más representativos de todo el espectro político e histórico, para que acordaran un conjunto de principios elementales que permitieran construir un nuevo régimen político. En Sudáfrica, Nelson Mandela enfrentaba un problema distinto: cómo contener los ánimos de venganza de las huestes negras para preservar los empleos que generaban las blancas en un marco de coexistencia civilizada. Ambos ejemplos, de una media docena de casos ilustrativos, sugierenque una transición política no tiene por qué atorarse en su primera etapa como nos ha pasado a nosotros.

En México la transición ha sido tan prolongada y compleja que no existe ni siquiera un acuerdo sobre cuándo comenzó o cómo debe concluir. Cada partido define la democracia en función de su expectativa respecto a los resultados electorales: para el PRI México siempre ha sido democrático, para el PAN la democracia comenzó en 2000 y para el PRD está todavía por iniciar. A diferencia de España, aquí no hubo un acuerdo sobre los procedimientos por lo que la única medida ha sido el resultado. Con un país dividido más o menos en tercios (la historia de dos décadas), la única posibilidad de avanzar, excepto la imposición, reside en la creación de un mecanismo que garantice una distribución equitativa de los beneficios del poder, independientemente de quién gane las elecciones. Desafortunadamente, nuestro sistema de representación proporcional no lo garantiza.

Un gran impedimento a cualquier acuerdo reside en la indisposición de todo mundo a ceder algo. Por un lado, el ánimo nacional está tan caldeado que la noción misma de ceder resulta insostenible. Si así se hubieran comportado los comunistas exiliados  o los franquistas españoles, ese país jamás habría logrado los pactos que le permitieron ser la nación que hoy es. Por otro lado, cada uno de los partidos experimenta restricciones reales: el PRI no se ha reformado y sigue siendo dependiente de muchos de los intereses más recalcitrantes que impiden cualquier cambio. El PAN integra a suficientes elementos dogmáticos y anti priistas como para hacer sumamente difícil cualquier entendimiento con su rival histórico. El PRD evidencia una fractura irreconciliable entre los ex priistas que siguen viviendo en el mundolopezportillista y una emergente social-democracia. Sólo una gran coalición permitiría fortalecer y privilegiar a los grupos y liderazgos de cada partido que tienen una visión positiva del futuro del país, dejando atrás a todos aquellos que siguen hurgándose el ombligo y albergando viejos dogmas que jamás serán realidad.

Hay dos maneras de concebir un futuro promisorio. Uno, a la española, consistiría en un gran acuerdo sobre procedimientos. Allá el acuerdo consistió esencialmente en la preservación de la legalidad franquista hasta que se aprobara una nueva constitución y los procesos electorales y políticos que de ahí se derivaron. Es decir, se acordó un procedimiento, no un objetivo.

Nuestra historia de las últimas dos décadas demuestra que es imposible un acuerdo similar al español. Primero, porque la experiencia, sobre todo el 2006, así lo evidencia. Segundo y más importante, porque a diferencia de España, aquí no hay una referencia de comportamiento civilizado (así fuera bajo un régimen autoritario) como el que allá hubo y, en todo caso, porque allá murió el dictador y aquí persiste el mismo partido.

Por estas razones, dado nuestro sistema presidencial, sólo un gobierno de coalición permitiría sumar a todas las fuerzas políticas, dándole representatividad al conjunto de la sociedad y forzando a la construcción de acuerdos al interior del gobierno como medio para consolidar una plataforma de transición efectiva que rompa con la inercia paralizante y le confiera legitimidad plena al nuevo gobierno.

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Luis Rubio

Reflexionando sobre su gestión como primer ministro y reformador en la etapa post soviética de Rusia, VictorChermomyrdinhizo una afirmación lapidaria que es tan aplicable a México como lo fue a su país: “queríamos lo mejor pero resultó como siempre”. Muchas de las reformas que se han emprendido en México en los últimos treinta años anunciaban lo mejor pero acabaron como siempre: insuficientes, limitadas y muchas veces sesgadas hacia intereses particulares, igual burocráticos o políticos que privados. Ahora que estamos en temporada electoral, escucharemos muchas propuestas de cambio y reforma. Como ciudadanos, la pregunta obligada es cuál de los candidatos de verdad podría llevar a un cambio para bien.

El tema medular: México está atorado por muchas razones, incluyendo el pesimismo que todo lo paraliza, pero no tengo duda que la principal limitación tiene que ver con las amarras que impiden que innumerables oportunidades de desarrollo se materialicen. Algunas de éstas tienen que ver con la estructura fiscal del gobierno, otras con el aislamiento en que vive una parte importante del sector industrial del que depende una abrumadora parte del empleo. El país requiere una visión transformadora que permita que toda la población se asuma como parte de un gran proceso de cambio y del cual emerjan reformas específicas que, gracias a un liderazgo efectivo, permitan que éste se materialice.

Las contiendas son oportunidades únicas para que los candidatos expliquen su propuesta de gobierno y convenzan al electorado:por qué merecen el favor de los votantes. Una manera de evaluar sus propuestas es revisar la integridad de las mismas. Otra consistiría observar lo que hicieron como funcionarios en sus actividades previas. También sería relevante analizar la dinámica que caracteriza a sus partidos y en qué medida ésta constituye un factor facilitador o limitante.

Las campañas son un ejercicio de mercadotecnia: promueven su “producto” en la forma de propuestas para lograr los objetivos que plantean. Como votantes, nuestra responsabilidad es la de evaluar la racionalidad y viabilidad de lo que nos ofrecen. Al igual que los llamados productos “milagro” que se anuncian por televisión en las noches, los candidatos inevitable, pero lógicamente, proponen soluciones que parecen perfectas. La pregunta es si son viables.

Observando el panorama, los objetivos generales que proponen los candidatos no son muy distintos entre sí: proponen una sociedad desarrollada y una transformación generalizada. Me pregunto por qué habríamos de creerles. El candidato del PRI implícitamente argumenta que “ellos si saben cómo lograrlo”: sin embargo, setenta años de gobierno prueban que no lo pudieron hacer. La candidata del PAN presenta un conjunto de propuestas que chocan con la experiencia de los últimos doce años. El candidato del PRD promete recrear la visión del desarrollo de los setenta, época en la que hubo unos cuantos años de elevadas tasas de crecimiento, pero seguidas de años (décadas) de depresión.

Los candidatos del PRI y del PAN plantean la necesidad de llevar a cabo una serie de reformas. Ambos suscriben ideas como la de convertir al sector petrolero en una palanca de desarrollo y transformaral mercado interno. Aunque hay muchas diferencias que reflejan visiones contrastantes sobre la relación gobierno-sociedad, se trata de planteamientos que, en lo inmediato, no son radicalmente distintos. Donde hay una diferencia perceptible es en la forma en que proponen lograrlo: el candidato del PRI propone la constitución de un gobierno “eficaz”, capaz de lograr lo que los últimos tres gobiernos no pudieron. Por su parte, la candidata del PAN propone un “gobierno de coalición” como medio para sumar a las distintas fuerzas e intereses políticos en un gabinete. El candidato del PRD ha sido más circunspecto respecto a cómo lo haría, presumiblemente confiando en la fuerza de su personalidad como motor.

Ninguno ha explicado cómo es que su propuesta tiene sentido dada la historia que los precede. La propuesta de Peña Nieto me recuerda mucho al sexenio de Carlos Salinas, periodo durante el cual el país observó una gran transformación en la naturaleza del gobierno. Por primera vez en décadas tuvimos a un gobierno que entendía al mundo como era, que la economía ya no se podía administrar como si el país fuera una miscelánea al servicio de la burocracia y se proponía elevar la tasa de crecimiento por medio de la inversión privada. Algo así es lo que hizo el hoy candidato como gobernador. Sin embargo, visto en retrospectiva, lo que hizo Salinas, pero sobre todo lo que no hizo, fue revelador de las limitaciones de un gobierno priista: saturado de intereses sindicales, grupales y políticos, el PRI no puede reformar lo que hoy está atorado en lugares clave como PEMEX, CFE, la SEP, la relación del gobierno federal con los estados, el poder judicial y otros sectores y actividades cruciales para el desarrollo. El gobierno de Salinas revolucionó parte de la economía del sector privado pero no transformó a la economía en general ni la estructura política o gubernamental en buena medida porque estaba estructuralmente impedido de hacerlo. La pregunta es si esa saturación de intereses comprometidos con el statu quo ha cambiado porque, de no ser así, las reformas que propone su candidato serían imposibles.

La propuesta de Josefina Vázquez Mota es quizá más ambiciosa que la de Peña Nieto pero enfrenta una situación similar: luego de doce años de gobiernos incompetentes de su partido, ¿cómo es que su propuesta tendría mejor posibilidad de lograr los objetivos que se propone? Los gobiernos panistas no consumaron un cambio de régimen ni construyeron una estructura política y de gobierno distinta. Sin duda, hay algunos avances por demás meritorios producto de estos años como es la transparencia y el acceso a la información, pero el cambio prometido nunca se dio.

El caso de López Obrador es un tanto distinto porque no propone reformas de manera expresa sino la recreación de un esquema de rectoría gubernamental que implicaría una modificación medular de la relación gobierno-economía y una inevitable confrontación con el esquema industrial construido en torno al TLC. Su reto será explicar cómo, haciendo lo mismo, podríamos esperar algo distinto.

Los candidatos nos deben a los ciudadanos una explicación de por qué ellos tienen la llave de la solución para los problemas del país en este momento y que es diferente a lo que sus predecesores hicieron y lograron. No es que el pasado determine el presente o el futuro, pero en ausencia de otras mojoneras, ésta es una por demás relevante.

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Luis Rubio

El caso de Walmart nos descara porque ilustra una faceta de nuestra vida que nadie quiere enfrentar. Todos sabemos que en México no se puede resolver nada sin el empleo de un gestor que, en buen castellano, implica una negociación, sea ésta lícita o no. El impactante rasgado de vestiduras que el caso ha suscitado no hace más que confirmar el viejo dicho de que «un buen chivo expiatorio es casi tan bienvenido como la solución al problema».

Más allá de lo específico del caso Walmart, cuyos detalles siguen siendo obscuros, lo que éste evidencia es la contradicción fundamental que hoy caracteriza al país y que se puede sintetizar en una frase: hoy tenemos empresarios del primer mundo pero seguimos teniendo un sistema gubernamental del quinto. La capacidad de crecimiento del país depende de la fortaleza de las empresas, pero ésta siempre se verá coartada por el poder de una inmunda burocracia cuya racionalidad nada tiene que ver con el crecimiento de la economía, la generación de empleos o el enriquecimiento del país.

El asunto exhibe varios ángulos. Ante todo está la transformación económica que ha experimentado el país en las últimas décadas y que, aunque real, ha tenido menor impacto del prometido. En los últimos veinticinco años se han hecho numerosas «inversiones» que, poco a poco, han transformado la naturaleza de la economía. Entre éstas sobresalen: la liberalización de las importaciones, que ha disminuido drásticamente el costo de insumos industriales, pero también de la carne, ropa y calzado, por citar ejemplos obvios. El crecimiento de la infraestructura física -carreteras, presas, puentes, generación eléctrica- ha permitido elevar la productividad de las empresas, reducir costos en las comunicaciones y hacer confiable el suministro del fluido eléctrico. La capacidad exportadora del país se ha multiplicado en volumen y en diversidad geográfica. Con todos sus defectos, el sistema electoral ha transformado la cultura política. La clase media ha crecido de manera prodigiosa. La productividad de las empresas es hoy comparable a la de economías mucho más ricas que la nuestra. El punto es que, a pesar de todas las limitaciones y problemas, el país se está transformando por debajo de la superficie.

Ciertamente persisten rezagos en materia económica y los insumos que proveen muchas de las empresas estatales, sobre todo PEMEX, no son competitivos en precio o confiables en sus tiempos de entrega. De la misma forma, continúa habiendo un sinnúmero de actividades que siguen protegidas y, por lo tanto, gozando del dudoso privilegio de no tener que competir. El resultado de todos estos males es que el conjunto de la economía es menos competitivo de lo que podría ser y que más que generalizarse los beneficios de la parte exitosa de la actividad productiva, estos tienden a concentrarse. Pero lo que no puede ignorarse es que hoy tenemos miles de empresas que son ultra competitivas y que, poco a poco, están cambiando la faz de nuestra economía.

Lo que no ha cambiado es la calidad de la administración gubernamental, sobre todo a nivel estatal y municipal. La famosa «permisología» sigue tan compleja como siempre. La simple apertura de un negocio puede llevar meses y la incorporación a Hacienda o al IMSS puede dejar viejo al más hábil. Pero la palma se la llevan sin duda los gobiernos locales, cuyo modus vivendi depende de «contribuciones» por parte de las empresas para poder emprender cualquier actividad. Los permisos de construcción y uso de suelo son el instrumento histórico de enriquecimiento de los políticos y burócratas, a los que se suman autorizaciones diversas como venta de alcohol en restaurantes y apertura de comercios.

Lo que tenemos es el choque de dos mundos. Por un lado, la liberalización de la economía fue y sigue siendo parcial, dejando una infinidad de resquicios de improductividad. Por el otro, un sistema político que nunca se reformó y que se traduce en criterios de expoliación más que de promoción por parte de la autoridad, a todos los niveles de gobierno.

En el viejo sistema, mucho del cual persiste, los puestos gubernamentales y políticos se repartían con criterios de premiación de lealtad o necesidad de inclusión de grupos. Es decir, los nombramientos de funcionarios respondían a una lógica política y corporativista y entrañaban un permiso implícito para utilizar cada puesto para fines personales. La lealtad al sistema se premiaba con puestos que daban acceso al poder y/o a la corrupción. Un funcionario veía al puesto no como una oportunidad para generar desarrollo económico, atraer empresas a su localidad o elevar la productividad de una industria o sector, sino como un medio de enriquecimiento personal o grupal.

Esto último no ha cambiado prácticamente en ningún lado. Las autoridades delegacionales (DF) o municipales siguen entendiendo sus puestos como medios para beneficiar a sus clientelas o para acumular fondos para su propia bolsa o la próxima campaña electoral. Puesto en otros términos, la corrupción fue y sigue siendo la razón de ser de la distribución de puestos en el gobierno. Es verdaderamente excepcional el funcionario -nombrado o electo- que entiende su función como la de promover el desarrollo económico y allanar el camino para que éste ocurra.

Desde esta perspectiva, lo patético del caso Walmart no es la corrupción en que esa empresa pudiera haber incurrido, sino el impresionante show de hipocresía que ha caracterizado tanto a los políticos, que ahora se aprestan a revisar los expedientes, o muchos de los críticos, que hacen creer que nunca en su vida habían visto evidencia alguna de corrupción. Dudo que fuera posible encontrar a un solo mexicano que no se haya visto obligado a optar entre obtener el servicio o permiso que requiere al costo inevitable de la corrupción, o mantenerse en el limbo de la moralidad.

En lugar de insistir en este mundo de simulación, sería más útil comenzar a buscar la forma de resolver el problema de fondo: construir un país moderno. El país requiere institucionalizar sus procesos gubernamentales, eliminar las fuentes de discrecionalidad que le dan tanto poder a la burocracia y generar la plataforma de crecimiento que, por estas ausencias, sigue siendo tan enclenque. Profesionalizar los servicios municipales con gerentes que no cambien con los ciclos electorales sería un buen lugar para comenzar. Pero esto sólo sería relevante sólo si el objetivo es el desarrollo del país…

Decía Yogi Berra que «antes de construir una mejor ratonera, necesitamos asegurarnos si hay ratones». La pregunta es si tenemos estadistas en ciernes o meros burócratas depredadores.

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Luis Rubio

Como en las familias infelices de Tolstoy, cada uno de los países pobres es infeliz a su propia manera. El misterio de la prosperidad es algo que ha entusiasmado a innumerables estudiosos y filósofos. ¿Qué es lo que hace que unos países prosperen mientras que otros permanecen pobres?

La discusión al respecto de la prosperidad es vasta e interminable y cada quien tiene su teoría. La paradoja es que, en países como México, las propuestas más llamativas suelen provenir no de estudiosos y estadistas sino de grupos interesados. Para un industrial mexicano la prosperidad es (casi) siempre producto de apoyos gubernamentales en la forma de protección arancelaria y subsidios. Para un burócrata el gasto público es el único camino hacia la prosperidad. Caricaturas sin duda, pero sugerentes de la forma en que cada quién procura justificar sus preferencias con una ornamenta que disfraza el interés pecuniario o político que yace detrás.

Los estudiosos en el mundo no se quedan atrás. Recientemente se publicaron dos libros que intentan explicar el fenómeno del desarrollo y la prosperidad. Muy distintos en su enfoque, aportan perspectivas que contribuyen a entender qué es eso del desarrollo. También muestran, quizá sin proponérselo, lo difícil que es lograrlo.

En Por qué las Naciones Fallan: El origen del poder, la prosperidad y la pobreza, Robinson y Acemoglu se preguntan por qué algunas sociedades son democráticas, prósperas y estables, mientras que otras son autocráticas, pobres e inestables. Tal vez no haya una pregunta más trascendente para las naciones que intentan lograr el desarrollo, aunque la manera en que la formulan ya sugiere un problema: al menos el caso de China podría aparecer de los dos lados de la ecuación.

El argumento de estos estudiosos es que el asunto de fondo en el desarrollo no es económico sino político: son las instituciones que establecen las reglas del juego y que crean incentivos las que determinan la forma de actuar de la población. De esta premisa elaboran un planteamiento interesante: hay dos tipos de instituciones económicas, aquellas que son “extractivas” y las que son “inclusivas”. Las extractivas garantizan la prosperidad de unos cuantos a costa de todos los demás. Las inclusivas favorecen la participación de todos en condiciones iguales. La esclavitud y el feudalismo ilustran el primer caso, en tanto que los sistemas de mercado sujetos a un Estado de derecho son el prototipo del segundo.

Según los autores, la naturaleza de esas instituciones queda determinada por la conformación de la estructura política de cada nación. La característica determinante de las instituciones inclusivas es la combinación de centralización con pluralismo: el Estado debe ser suficientemente fuerte para contener al poder de los intereses privados pero, simultáneamente, estar controlado por mecanismos de autoridad política ampliamente diseminados en la sociedad: pesos y contrapesos. En ausencia de cualquiera de estos componentes, el arreglo político se torna extractivo y, por lo tanto, excluyente.

La tesis del libro acaba siendo muy simple: las instituciones políticas extractivas generan modelos excluyentes de desarrollo económico, en tanto que las instituciones inclusivas generarán modelos incluyentes. El momento histórico crucial en que se logró la diferenciación entre estos dos modelos fue cuando,en 1688,el parlamento inglés se impuso sobre la autoridad del rey, abriendo paso a la revolución industrial. Quizá la parte más interesante, pero también frágil, de su argumento es la que intenta explicar el caso de China: una nación autocrática y que, sin embargo, ha logrado elevadas tasas de crecimiento y un rápido descenso en los índices de pobreza. Su explicación es que China es una nación extractiva que tarde o temprano encontrará un límite al crecimiento si no logra una transición a un Estado de derecho.

NiallFerguson adopta una perspectiva histórica. En su libro Civilización: Occidente y el resto, Ferguson argumenta que la razón por la cual las naciones occidentales lograron la prosperidad que las caracteriza tiene que ver con una serie de “aplicaciones asesinas” (killerapps) que se conjuntaron para producir una fuente de inmensa riqueza: la competencia, la revolución científica, el Estado de derecho y el gobierno representativo, la medicina moderna, la sociedad de consumo y la ética del trabajo. “Por cientos de años, estas «aplicaciones asesinas» fueron monopolizadas fundamentalmente por los europeos y sus primos que se establecieron en América del Norte y Australasia. Ellos son la mejor explicación de lo que los historiadores económicos llaman «la gran divergencia»: la brecha asombrosa que surgió entre los estándares de vida occidentales y los del resto del mundo.”

En contraste con Robinson y Acemoglu, Ferguson tiene una explicación más rica para el caso de China y otras naciones: “Empezando por Japón, muchas sociedades no-occidentales se percataron que esas aplicaciones podían ser descargadas e instaladas en sistemas operativos no-occidentales.” El resultado es que la prosperidad se ha multiplicado en latitudes cada vez más diversas.

Ambas perspectivas ofrecen ángulos que permiten entender mejor las carencias y las ausencias en nuestro propio proceso de desarrollo. Todos los países enfrentan contradicciones y dificultades, incluidos los ricos. De hecho, el libro de Ferguson está dirigido a los estadounidenses, convocándolos a que reviertan el proceso de deterioro de esas seis “aplicaciones asesinas”. Según este autor, el riesgo para Occidente, sobre todo para EUA es que los “alumnos” acaben siendo mucho más virtuosos y, por lo tanto exitosos.

Al leer estos dos libros me vino a la mente el argumento de otro estudioso, NathanRosemberg, que en los ochenta publicó un libro intitulado Cómo se hizo rico Occidente. Su argumento era lapidario y quizá más simplista si bien no menos poderoso: “El crecimiento sostenido de Occidente comenzó con la aparición de una esfera económica caracterizada por un amplio margen de autonomía respecto al control político y religioso”. En otras palabras, la prosperidad floreció cuando el Estado comenzó a dejar de imponer sus preferencias sobre los actores económicos y se limitó a lo que Robinson y Acemoglu plantean: un Estado capaz de contener a los intereses privados y a la vez ser controlado por pesos y contrapesos efectivos.

Como ilustran las contradicciones de China, no hay manera de lograr la prosperidad de la noche a la mañana. Lo que sí se puede es ir construyéndola. Esa intencionalidad hace tiempo que ha estado ausente en nuestro país.

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Luis Rubio

En los setenta, cuando los países anglosajones se sentían acosados por los productos japoneses, Charles Tilly publicó un artículo sobre el efecto paradójico de la segunda guerra mundial sobre los países industrializados. El corazón de su argumento era que los países que habían sido devastados al final de la guerra no habían tenido más alternativa que construir una nueva planta industrial. Por su parte, naciones como Inglaterra y Estados Unidos habían experimentado continuidad en su base industrial misma que, veinte años después, evidenciaba rasgos de vejez. La devastación había obligado a construir lo más moderno en tanto que la continuidad había acelerado el envejecimiento económico. Algo así me parece que podría estar ocurriendo en el panorama de la seguridad pública en el país.

Por décadas, la seguridad en el país se procuró por medios informales desde un Estado autoritario que administraba, más que impedía, la criminalidad. En los últimos lustros, las apariencias han cambiado pero las realidades se tornan cada vez más agudas. El caso de la ciudad de México es paradigmático: desde el inicio de los noventa el DF comenzó a experimentar una acusada descomposición en el ámbito de la seguridad. El secuestro cobró dimensiones industriales, el asalto una forma de vida. Las manifestaciones y plantones se convirtieron en el instrumento predilecto del régimen local y la inseguridad crecía sin cesar. Muchos chilangos emigraron a Puebla, Monterrey y otras latitudes en busca de tranquilidad. En los últimos dos o tres años este patrón se ha invertido: ahora la migración interna ha sido hacia la ciudad de México, percibida como más segura que lugares como ciudad Juárez, Tampico, Chihuahua o Monterrey.

La pregunta es si hubo un cambio cualitativo o uno meramente de percepciones: ¿se comenzó a construir un nuevo aparato de seguridad, sujeto a controles democráticos o simplemente se hizo mejor lo que por algunos años se había hecho mal? Mientras los índices de delitos graves en el DF han disminuido, el ascenso de la violencia abierta en diversas zonas del país ha aumentado de manera dramática. Muchos norteños han migrado a la ciudad de México simplemente huyendo de la violencia. Sin embargo, es necesario preguntar si la seguridad en la ciudad de México realmente ha mejorado y, si sí, si es sostenible o meramente producto circunstancial de una administración más eficaz.

El colapso de las instituciones de seguridad en diversas regiones del país es absoluto. En algunos casos, la delincuencia organizada tomó control total; en otros (en ocasiones los mismos) la llegada del ejército liberó a la ciudadanía de autoridades corruptas y policías subordinadas al narco, pero también barrió con mecanismos informales que contribuían a la seguridad en diversos ámbitos de la vida cotidiana, así se tratara de lacras sociales: hay estudios que sugieren que los franeleros evitan el robo de autos y partes, función que debería corresponder a la policía, pero ese es otro asunto. Cuando el ejército ha barrido con todo, incluidos los franeleros, se eleva la criminalidad.

El hecho tangible es que en muchas regiones y ciudades del país desaparecieron los viejos mecanismos de control y seguridad, quedando como tierra de nadie. En cambio, esa discontinuidad no se ha dado en la ciudad de México. Según algunos expertos, en el DF la mera presencia de amplios contingentes policiacos sirve como mecanismos disuasivo de ciertos delitos. No importa, dicen, que se trate de policías ignorantes, mal formados y mal pagados: el sólo hecho de estar ahí satisface una función importante.

Igual de cierto es que en el DF persisten muchos mecanismos del viejo estilo de control social, utilización de la intervención telefónica, cooptación y manipulación de la criminalidad. El conjunto arroja un resultado palpable: la percepción de menor inseguridad en el DF podría ser extraordinariamente precaria porque se sustenta en mecanismos incompatibles con un régimen de participación democrática. No es casual que la democracia siga tan acotada…

En un excelente artículo en Nexos de enero, Joaquín Villalobos argumenta que el viejo modelo de seguridad se ha colapsado y que se requiere una transformación radical. Lo que antes funcionó para administrar una criminalidad modesta y poco amenazante, dice Villalobos, se ha colapsado porque se sustentaba en pilares enclenques que no son sostenibles frente al crimen organizado y su enorme poder corruptor y de violencia. «Muchas de las tesis que se oponen a confrontar al crimen organizado intentan encontrar caminos para volver pacíficos a los criminales, en vez de fortalecer al Estado para que controle a los delincuentes».

Esto me retrotrae al planteamiento inicial. En lugares como Tamaulipas o ciudad Juárez no hay nada que preservar de los antiguos mecanismos dedicados a la seguridad. En esos lugares, como en Alemania o Japón al final de la guerra, hay que comenzar de cero. Si sus autoridades tienen visión y capacidad, harían bien en abocarse a construir sistemas modernos de seguridad, compatibles con un régimen democrático de control ciudadano y sustentados en una policía educada, bien pagada y que se gana el respeto de la ciudadanía en su actuar cotidiano. Esto no es algo imposible o inconcebible. Aunque modesto, el programa que Querétaro ha construido en ese sentido es muestra de que es posible cambiar y desarrollar algo muy distinto.

La ciudad de México corre el riesgo de asemejarse a Inglaterra y EU en el ejemplo de Tilly. Como las cosas no están tan mal, para qué moverle. Algo funciona, mejor dejémoslo en paz. Aprovechemos los activos existentes (muchos policías, mucho espionaje ilegal y algo de eficiencia judicial) y con eso ya la hicimos. Preservar el modelo de seguridad del DF simplemente porque es menos malo que el del resto del país constituiría no sólo una enorme oportunidad perdida, sino la posibilidad de que el sistema de seguridad acabe igualmente colapsado.

La vieja estrategia de cooptación, control y administración del crimen empataba perfectamente con un sistema político vertical en cuyo corazón se encontraba el cacique mayor. Aun con todas las imperfecciones del régimen político actual, ese sistema es incompatible y contraproducente y será incrementalmente disfuncional. El gran reto consiste en construir un Estado moderno que le rinda cuentas al ciudadano. En el ámbito de la seguridad eso implicaría una transformación cabal de las policías, del sistema de procuración de justicia y de la manera de entender la relación gobierno-ciudadano. Poner la casa en orden es tarea central e indispensable.

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Luis Rubio

La Biblioteca de Babel, una de las obras más provocadoras de Borges, no es una historia racional. El universo que construye, la biblioteca misma, no es algo lógico: saturado de contradicciones e inconsistencias, en el que hay vida sin comida y niños que nacen sin que haya mujeres. Sin embargo, hay una cierta lógica en el panorama aunque no sea la que un Aristóteles o un Bertrand Russell hubierandeseado: todos los libros se encuentra en alguno de los estantes, aunque no sea claro dónde. Es decir, aunque parezca una locura, hay un cierto método en el esquema que construye el gran autor argentino. Yo quisiera pensar que algo parecido ocurre con la estructura de regulaciones con la que se pretende gobernar a la economía mexicana.

El problema es que se requiere más fe que evidencia para creerlo. Sólo para ilustrar, en los últimos meses se procesaron dos iniciativas de ley que conducen a dos modelos de país absolutamente opuestos: en uno, en la ley de competencia, se propone combatir la colusión y las prácticas monopólicas. En el otro, la iniciativa relativa a asociaciones público-privadas, se proponen esquemas de colaboración entre empresas y el sector público para desarrollar proyectos sobre todo de infraestructura. Por un lado se combate la colaboración, por otra se propicia. Muchos dirán que no necesariamente hay contradicción entre un concepto y el otro, y quizá tendrían razón, pero no hay duda que existe una confusión conceptual en la conducción de la política económica. Si uno ve hacia atrás, muchos de los problemas de competencia se remontan a la forma en que el gobierno conducía la política industrial hasta los setenta y a los pactos para derrotar la inflación de los ochenta. En ambas instancias, el gobierno promovió la activa comunicación entre empresas para lograr sus cambiantes objetivos.

El tema de fondo no es el modelo que existe o que se adopte, sino el hecho de que vivimos en un mar de contradicciones que inexorablemente tiene el efecto de generar confusión, abrir espacios para la violación de algunas regulaciones y, al final del día, de disminuir la inversión total. En un sentido, las regulaciones que existen entrañan contradicciones que hacen imposible que una empresa o inversionista tenga certeza del marco regulatorio que es relevante para su proyecto, lo que disuade la inversión. Por el lado negativo, una empresa puede aprovechar las diferencias, contradicciones y rendijas que quedan entre una regulación y otra para hacer su agosto.

Además, un esquema de regulación saturado de contradicciones abre oportunidades para que las comisiones responsables de hacer cumplir cada una de ellas abuse o sea excesivamente cauta: en un caso porque facilita las cruzadas personales, producto de intereses, ignorancia o motivaciones diversas; y, en el otro, porque las contradicciones la paralizan.Es decir, por donde uno le busque, lo que hoy tenemos no contribuye a un nivel mayor de inversión, una economía con más competencia interna o una mayor claridad de rumbo respecto al desarrollo del país.

En adición a las regulaciones que emanan de las leyes y decretos presidenciales, cada una de las comisiones encargadas de regulación –telecomunicaciones, COFETEL; competencia, COFECO, y energía, CRE-sigue su propia lógica, en parte derivada de la ley que la vio nacer, pero también producto de las personas que, como presidentes o miembros de sus consejos, le han ido dando forma. Si uno se sale del entorno estrictamente económico, lo mismo es cierto de otras instancias de regulación como el IFE (elecciones) o el IFAI (transparencia). En todos los casos, la lógica que llevó a la creación y desarrollo de estos instrumentos siguió una dinámica legislativa propia: en algunos casos saturada de disputas, pero en otros siguiendo la lógica de un funcionario que pensó a su manera, distinta a la de otros que también estaban desarrollando mecanismos de regulación. El hecho es que el entorno legal y de regulación no es consistente y está lleno de incoherencias y contradicciones.

Cada uno de los comisionados o integrantes de los consejos de estas entidades está convencido de la bondad del instrumento que representa. Cada uno de ellos cree que su función es la de cumplir con el mandato -explícito o implícito, o como lo entienda cada uno de ellos- que norma la existencia de la entidad, independientemente de lo que pudiera ocurrir en otras instancias. Esa lógica borgiana quizá tenga algún sentido, pero constituye una enorme y permanente fuente de incertidumbre para los empresarios e inversionistas potenciales.

El caso me recuerda un poco lo que ocurría con el gasto público hace unos treinta o cuarenta años. A lo largo de los setenta, los gobiernos de la docena trágica se dedicaron a incrementar el gasto (y las regulaciones) como si no hubiera restricción alguna. Se crearon programas y fideicomisos, nuevas secretarías y entidades gubernamentales, todos ellos respondiendo a alguna brillante (y cambiante) idea del presidente en turno. Poco tiempo después el gasto público se había exacerbado, el desorden era mayúsculo, el déficit se había disparado y la inflación crecía sin cesar. Todo esto disuadía la inversión hasta que acabó paralizando a la economía.

La solución terminó siendo un esfuerzo multifacético dentro del gobierno dedicado a racionalizar lo que existía, recortar lo innecesario y reforzar lo básico. Es decir, al amparo de lo que se conoció como la “comisión gasto financiamiento”, representantes de las diversas secretarías e instancias gubernamentales se abocaron a (implícitamente) definir las funciones gubernamentales y enfocar sus esfuerzos y recursos hacia las prioridades que se identificaron. El instrumento permitió retornar a la estabilidad financiera, acabar con la inflación y, a la larga, sentar las bases para el crecimiento de la economía y del desarrollo de la clase media.

Algo similar urge en el ámbito regulatorio: ver el bosque en lugar de cada uno de los árboles, definir prioridades y un sentido de dirección y dejar de ver los detalles de cada cosa para que las diversas instancias de regulación permitan, en conjunto, una mayor racionalidad gubernamental. En el camino, sería igualmente deseable fortalecer la institucionalidad de estas entidades con mecanismos tanto internos como externos de contrapeso y supervisión.

Las contradicciones son una fuente interminable de oportunidades para los escritores de ficción como Borges, pero una pesadilla para quienes no aspiran a más que crear una empresa y abrirse oportunidades en la vida. Los primeros nos deleitan, pero son los segundos los que nos dan de comer.

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  Luis Rubio

En “Los Hermanos Caradura”, luego de que Jake (Belushi) la dejó vestida y alborotada frente al altar y con una comida para 300 invitados, su ex prometida le grita “¡me traicionaste!”. “No”, dice él, ahora acorralado junto a Elwood (Akroyd). “De verdad. Se me acabó la gasolina, se me poncho la llanta, no tuve suficiente dinero para el taxi. Mi smoking no regresó de la tintorería. Un viejo amigo me vino a visitar de fuera. Alguien se robó mi coche.  Hubo un terremoto. Una terrible inundación. Langostas. NO FUE MI CULPA, TE LO JURO”. Así parece este inicio de año electoral. Puras excusas para lo que no se ha hecho.

Los años de elecciones son siempre el punto más vulnerable de cualquier sistema político. La transmisión de las riendas del gobierno entraña todo un conjunto de procesos, actores y decisiones, cada uno de los cuales puede generar conflicto a la menor provocación. Así, por ejemplo, no es casualidad que prácticamente todas nuestras crisis recientes –políticas o financieras, del 68 al 2006- hayan ocurrido precisamente en esos tiempos. Se trata de un momento (de meses) en el que la administración saliente ya no controla todas las instancias del gobierno y la nueva todavía no entra en funciones.

El fenómeno es prácticamente universal, aunque se agudiza en naciones con estructuras institucionales débiles, donde todo el personal clave cambia de la noche a la mañana, es decir, donde no hay un servicio profesional de carrera que hace funcionar al gobierno en las buenas y en las malas, con los políticos o sin ellos. En algunos casos, como ocurrió en Argentina hace unos años, un nuevo gobierno entró en funciones antes de su fecha legal para evitar un deterioro todavía mayor.

Los riesgos de discontinuidad son enormes porque todo el personal del aparato político ya está en otra cosa. Los legisladores -que en un sistema político más representativo estarían cerca de los electores, buscando la reelección- desde abril ya estarán concentrados en su siguiente chamba. Los funcionarios federales estarán en lo suyo cuando mucho hasta la elección y luego comenzarán a ver qué otras posibilidades existen. El hecho es que el país estará concentrado, en el mejor de los casos, en el futuro. La pregunta es quién estará en la cocina asegurándose que no falte lo esencial.

En un país institucionalizado no habría necesidad de preocuparse por estos asuntos, pero ese no es nuestro caso. En Inglaterra puede haber gobierno en funciones o no, pero la burocracia funciona sin cesar: los profesionales son permanentes y lo único que cambia es el ministro cuya responsabilidad es de línea estratégica, no de operación cotidiana. Lo mismo sucede en Francia: país más ruidoso que el anterior pero con una burocracia que funciona como reloj.

En nuestro caso, prácticamente ninguna de las últimas sucesiones recientes ha sido libre de conflicto. A pesar del levantamiento zapatista y los asesinatos políticos, en 1994 apenas la libramos y, con todo, acabamos en una profunda crisis financiera. En 2000 la libramos sólo porque ganó el candidato políticamente correcto o, de otra forma, porque perdió el PRI. En 2006 experimentamos el conflicto político más agudo desde 1968. La gran pregunta es cuál será el devenir de este año.

Los procesos políticos dependen de las reglas del juego, de la capacidad de los actores gubernamentales de hacerlas valer y del comportamiento de los actores en lo individual. Cuando todo juega en la dirección de la estabilidad (reglas del juego claras y percibidas como legítimas; un gobierno eficaz y razonablemente imparcial; y actores serios y comprometidos que no perciben alternativa más que la legal), tenemos un escenario como el que ocurrió en EUA en 2000 cuando la disputa por los votos se limitó a lo legal y todo mundo se cuadró en el instante en que la Suprema Corte de ese país rindió su veredicto. El extremo contrario serían casos como el de Costa de Marfil, donde por meses coexistieron dos gobernantes en un entorno de violencia permanente. Cada quien decidirá dónde estamos en relación a ese continuo, pero es evidente que nuestras debilidades son enormes.

Para comenzar, las reglas del juego son nuevas, han sido disputadas por todos los involucrados y la autoridad electoral no siempre tiene claro cómo proceder y no goza de un respeto amplio por parte de los contendientes. En segundo lugar, la presidencia de la República se ha distinguido más por su actitud partidista que por el ejercicio de la función elemental de mantener el orden, garantizar la paz y ejercer sus facultades de manera imparcial. Finalmente, entre los actores clave de esta contienda hay de todo: desde la institucionalidad más íntegra hasta la irreverencia más consumada. Con esos burros habrá que arar.

El devenir de este año seguramente dependerá, además del comportamiento de los candidatos y sus partidos, de tres factores centrales: la forma en que se conduzca el presidente y su equipo cercano, la manera en que se administren los indicadores macroeconómicos clave y el actuar de las autoridades electorales. Cada uno de estos factores podría igual garantizar la tersura del proceso que hacerlo explotar.

Los candidatos seguirán su lógica y no se le puede pedir peras al olmo. Pero los dos factores cruciales serán el gobierno y las autoridades electorales. El gobierno se ha distinguido más por su preocupación de quién gana que por el funcionamiento óptimo del país y ha permitido que su equipo, en lugar de concentrarse en su responsabilidad, intente sesgar los resultados. Quedan las mermadas autoridades electorales, en cuyos hombros queda una administración inteligente de un proceso complejo que requiere la flexibilidad que la ley no aporta pero que la realidad exige.

Todos los presidentes, de antes y de ahora, creen que tienen las riendas del país en sus manos. Cincuenta años de evidencia muestran lo contrario: nadie puede imponer un resultado electoral en la actualidad y el potencial de conflicto es infinito. Los presidentes también creen que pueden manipular los procesos políticos a su antojo. Esto último es parcialmente cierto al inicio de un sexenio, cuando se comienza la construcción de un proyecto. Cinco años después la situación es muy distinta: todo está enfocado al futuro y los instrumentos y capacidades de la administración saliente se erosionan cada segundo. A estas alturas lo único que queda es intentar un final feliz.  Los mexicanos sabemos que los riesgos son enormes y lo único que podemos esperar es que cada uno de los responsables del proceso contribuya a un final lo menos infeliz posible…

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Luis Rubio

Desde Platón, la idea de una sociedad abierta entraña transparencia, capacidad de respuesta y un gobierno tolerante y respetuoso de la ciudadanía. Karl Popper amplió, desarrolló y acotó el concepto con sus observaciones a lo largo del siglo XX. Para él lo crucial no era la calidad del gobierno sino la capacidad de la ciudadanía de impedir que éste abusara de ella o se perpetuara en el poder. Así, la pretensión de establecer una sociedad abierta, con transparencia y rendición de cuentas,parecería mucho más optimista de lo que Popper creía posible. En un país que todavía no ha logrado acercarse a ese nivel de civilización, quizá la pregunta relevante sea qué pasa cuando, a pesar de las apariencias, todo conspira contra la apertura y la transparencia, incluso por muchos de quienes la demandan de manera constante y sistemática.

El atractivo de vivir en una sociedad abierta es enorme. Pero elprimer obstáculo que México enfrenta en este sentido es que el nuestro es un país en buena medida insular y ensimismado, sobre todo entre sus élites. El contraste entre la clase política, los altos empresarios y la intelectualidad con el ciudadano común y corriente se puede apreciar de manera tajante en la migración, factor que evidencia contundentemente como la ciudadanía “de a pie” es infinitamente más cosmopolita que su contraparte más ilustrada. Mientras que un mexicano de Oaxaca que emigró en los últimos años a Nueva York sin papeles y viviendo en un entorno de incertidumbre laboral, económica y jurídica entiende el funcionamiento del mercado porque lo vive de manera cotidiana, mucho del empresariado, la intelectualidad y los políticos rechazan sus virtudes de entrada. La contraposición difícilmente podría ser mayor.

Pero esa es nuestra realidad. La mexicana es una sociedad menos abierta y transparente de lo que con frecuencia se presume y muchos de los mecanismos de interacción social se definen más por su naturaleza de estancos que por su funcionamiento institucional. Recojo algunos ejemplos de naturaleza diversa.

En un insigne, provocador, inteligente e ingenioso artículo intitulado “Kafkacyt”, publicado hace más de treinta años, Ruy Pérez Tamayo argumentaba que la institución creada para la promoción de la ciencia y el aprendizaje era no más que un bodrio burocrático dedicado a patrocinar grupos de interés para el sistema político o proyectos cuyo valor científico lo evaluaban personas ignorantes del tema. Décadas después, en regulaciones de adopción reciente, Conacytsigue sin patrocinar estudios de maestría en el exterior para diversas disciplinas bajo el criterio de que en México ya las hay. Todos los que hemos estudiado fuera sabemos que el mayor valor de hacerlo reside no en los grandes aprendizajes científicos, técnicos o teóricos, sino en la experiencia de vivir bajo otro esquema educativo, cultural y social. El mayor valor que adquiere un estudiante que sale de su país es la perspectiva cosmopolita que, por definición, nunca podría adquirir si se quedara. Esa es la razón por la que gobiernos como el coreano, chino y brasileño se desviven por encontrar espacios -en las decenas de miles- para sus jóvenes en Europa o EUA. Nosotros queremos que estudien en Tuxtla. No deberían sorprendernos los resultados.

Otro ejemplo: cientos de instituciones públicas anualmente patrocinan diversas encuestas, sobre todo en el sector salud. Aunque utilizan recursos públicos, tratan las encuestas como si fueran privadas: sólo ellos tienen acceso. En una sociedad abierta, todo lo que es patrocinado en el ámbito científico por quienes pagamos impuestos es público. Pero la lógica patrimonialista es implacable: los fondos públicos se consideran privados y se utilizan para beneficio no del país sino de los individuos involucrados. No muy abierto, transparente o cosmopolita.

En el ámbito de la administración urbana el fenómeno es ubicuo: el gobierno no es responsable de nada. Un vehículo puede sufrir un grave percance por la existencia de hoyos en las calles, ausencia de alumbrado o señalamiento. Si se tratara de una situación excepcional, nadie se preocuparía. Pero tratándose de un país que a veces parece más una colección de baches unidos por pavimento que de calles debidamente cuidadas, el tema es serio. ¿Cuántos vehículos han sufrido desperfectos, roturas de la suspensión o de sus llantas en las calles de las principales ciudades? Seguro miles. Sin embargo, nadie es responsable. Al no haber responsabilidad, no hay incentivo alguno para evitar percances, cuidar las obras o administrar debidamente. Si extendiéramos el tema hacia los cambios berrinchudos de regulaciones y otros mecanismos burocráticos, el tema se ampliaría a toda la administración pública, a todos niveles. No hay transparencia y la capacidad de respuesta, o interés por tenerla, es por demás escasa.

Las leyes y regulaciones están diseñadas para beneficio particular, lo que niega la calidad de sociedad abierta. La ley electoral es uno de esos ejemplos que ilustran todo lo que no debe ser porque no puede ser. La noción de legislar la apertura y civilidad es una belleza, pero una imposibilidad política. Aunque sus promotores la defienden a capa y espada, la ley no ha hecho sino esconder lo que realmente ocurre: se ha convertido en un incentivo, en un mecanismo promotor de la simulación y la violación sistemática de la propia ley. Además, la noción de que se puede decretar el buen y civilizado comportamiento de los políticos en campaña es de una ingenuidad que ni siquiera merece comentario. Lo que seguro no logra es hacer más abierta, transparente o civilizada a la sociedad mexicana. Para eso habría que ir en sentido contrario: liberalizar, darle poder a la ciudadanía (y no a la burocracia) y forzar a los políticos a rendir cuentas efectivas.

El asunto de fondo reside en que el país no ha experimentado lo que técnicamente se llama un cambio de régimen o, al menos, un cambio de paradigma. Además de llevar décadas administrando los problemas en lugar de resolverlos, el objetivo esencial de nuestro sistema de gobierno (de cualquier color o partido) es el de preservar a los herederos de la revolución y sus socios en los otros partidos en el poder.

Lo que México requiere es la consolidación de una sociedad abierta que sólo es posible a través de un cambio de régimen. Cualquier partido lo puede promover, pero no lo podrá lograr quien busque el poder simplemente para seguir gozándolo: se requiere un nuevo sistema de gobierno. Ese es el verdadero desafío para el país en los próximos años. De otra forma, más de lo mismo (con cualquier partido) no es solución.

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Luis Rubio

La perspectiva que uno toma sobre los asuntos públicos determina la forma de actuar. Joseph de Maistre, un estratega y crítico de la Revolución Francesa al final del siglo XVIII, escribió que «la opinión es tan poderosa que puede alterar la naturaleza de un mismo evento e incluso darle dos nombres distintos, sin mayor razón o justificación que un capricho. Un general comanda a sus tropas entre dos ejércitos enemigos y le escribe a su rey: ‘Dividí al enemigo, él ha perdido’. Su contrincante le escribe a su rey: ‘Se puso entre dos fuegos, está perdido’. ¿Cuál de los dos está en lo cierto? El que sea atrapado por la fría diosa del miedo: Es la imaginación, no la realidad, la que pierde batallas».

En México vivimos una guerra de perspectivas, visiones y opiniones. Todo se combina para complicar la toma de decisiones y confundir a la sociedad, como si fuera un objetivo expreso. En la medida en que nos acercamos a la justa electoral, el nivel de confusión no podrá sino elevarse. Y hay buenas razones para ello.

Cuando las instituciones son fuertes y limitan el ámbito de acción -es decir, restringen el poder efectivo- de quien ocupa la presidencia, la persona del presidente se torna importante pero no crucial. De esta forma, independientemente de las diferencias naturales entre partidos y candidatos, ningún inglés o canadiense percibe que su país va a morir o vivir como resultado de una elección.

Lo contrario es cierto en naciones con instituciones débiles, donde la persona que ocupa la presidencia tiene un impacto descomunal sobre el devenir de su país. Basta contrastar el resultado de la gestión de Hugo Chávez en Venezuela con la de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil para hacer evidente el resultado. La persona importa.

El país enfrenta desafíos fundamentales que tendrán que ser atendidos en los próximos años. Los problemas de seguridad, crecimiento y estabilidad política requerirán respuestas que ya no admiten mayor evasión. Quien ocupe la presidencia tendrá que actuar innovando. La pregunta evidente es quién logrará la transformación necesaria sin afectar, más bien consolidando, los derechos de la ciudadanía. Todo esto sin provocar una crisis financiera en el camino. La fortaleza intrínseca y claridad de rumbo de quien resulte presidente será trascendental.

En 2010, en el momento en que Inglaterra se acercaba a su elección de primer ministro, la revista TheEconomistplanteaba una interrogante sobre los contendientes: ¿quién tendrá las habilidades para resolver y eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de la economía? Su conclusión: algunos candidatos entendían el reto pero no tenían las habilidades o tenían un planteamiento inadecuado de solución, y viceversa: algunos contaban con la visión o las habilidades pero no tenían el diagnóstico correcto.

Tomando esa perspectiva, en los últimos años se ha afianzado la noción de que México está sobre diagnosticado, que se conocen todos los problemas y que bastaría que el congreso se pusiera de acuerdo para salir del hoyo sin más. Yo discrepo. Si bien es evidente que los problemas que enfrenta el país son bastante claros, no me parece obvio que exista un consenso sobre las causas de los mismos y, por lo tanto, es imposible que las propuestas de solución sean todas idóneas. Además, somos muy dados a mezclar causas con síntomas.

En términos nominales, los problemas que enfrenta el país son bastante evidentes y se refieren, en buena medida, a impedimentos al crecimiento de la economía y a la disfuncionalidad del sistema político. La combinación ha creado el espacio en el cual hemos experimentado un pobre desempeño económico, una abultada economía informal, la crisis de seguridad y el permanente golpeteo político.

Las propuestas de solución para estos males son muchas y muy diversas, pero no todas responden a las causas y no todas son igualmente susceptibles de resolver el problema de fondo. Sólo para ilustrar, entre las propuesta para enfrentar el problema del crecimiento que están en la mesa sobresalen dos que ilustran formas contrastantes de concebir el problema. Unos proponen mayor rectoría del Estado y una participación activa de éste por vía del gasto público como fuente de estímulo para el crecimiento. Otros proponen atacar las causas del problema en el plano microeconómico, es decir, procurando elevar el contenido nacional de las exportaciones para hacer crecer el mercado interno o resolviendo problemas de regulación para formalizar a la economía que hoy vive fuera del marco legal. Se trata de dos perspectivas radicalmente distintas tanto del diagnóstico como del papel del gobierno en la economía.

Un diagnóstico errado puede conducir a estrategias contraproducentes, como vimos tantas veces con las crisis financieras del las décadas pasadas. Por su parte, un diagnóstico acertado puede llevar a la resolución del problema sin aspavientos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se remite a la solidez de quien toma las decisiones, a su disposición para comprender la complejidad inherente a los problemas que enfrentamos y a su seriedad para separar preferencias e ideologías del análisis relevante.

Es en el entorno político donde quizá se concentra el problema mayor y la principal fuente de contradicciones que, tarde o temprano, se manifiestan en decisiones y acciones que impactan a la economía y otros ámbitos del actuar gubernamental. Para que un sistema político funcione se requiere que todos los actores se sientan partícipes y vean beneficios de participar. El sistema priista resolvió ese problema del poder en los treinta del siglo pasado con una combinación de zanahoria y chicotito: la promesa de acceso al poder y/o a la riqueza para quien se mantuviera leal al sistema y al presidente. Ese sistema se colapsó, dando pie a la era de desencuentros y conflictos que hoy vivimos.

Hoy se requiere construir un arreglo político compatible con una ciudadanía activa, competencia política y democracia. El sistema forjado hace ochenta años dio de sí y tiene que ser reemplazado por un nuevo acuerdo de poder que permita la toma de decisiones y disminuya el incentivo para el conflicto. La paradoja es que, para lograr eso, se requiere gran claridad de visión y capacidad de operación que conduzca a la institucionalización del poder. Es decir, los acuerdos del poder no se dan por ósmosis, sino que son resultado de un liderazgo efectivo que se traduce en capacidad de operación política. Esto no ocurre al revés: la institucionalización es producto de la articulación de acuerdos.

La persona que gane la presidencia importa y más por lo delicado del momento que vivimos.

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Luis Rubio

Uno pensaría que las víctimas serían las primeras interesadas en lo que en derecho se llama el «debido proceso». En su esencia, elconcepto implica que los procedimientos que sigue la autoridad judicial en sus pesquisas e investigaciones deben apegarse estrictamente a lo establecido en la ley y no pueden ser injustos, arbitrarios o poco razonables para el individuo que está siendo acusado o investigado. Se trata de una garantía elemental concebida para proteger a una persona que, aunque esté siendo acusada, pudiera ser inocente.

El asunto en cuestión es el tan debatido caso Cassez. En su proyecto de resolución, preparado para su discusión en la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar argumenta que las violaciones a los derechos de la inculpada fueron tan vastos que no pueden ser pasados por alto. El planteamiento ha generado un enorme escándalo por parte de las víctimas que, con toda razón, esgrimen que, de aprobarse el planteamiento del ministro, se estarían ignorando sus derechos como víctimas.

En un país caracterizado por tanta violencia e impunidad, es lógico que las víctimas y sus deudos se organicen para exigir atención a sus derechos, asegurar que los culpables paguen por sus delitos y que el Estado responda ante la ola de criminalidad que padece el país. Las víctimas obviamente tienen derechos, comenzando por el de hacer valer su voz en el debate público. Lo que no me parece evidente es que su oposición al proyecto de Zaldívar sea racional o que empate con sus propios objetivos y causas.

Oponerse al debido proceso implica oponerse a la profesionalización del Ministerio Público y de las policías, es decir, a la consolidación del Estado, ente responsable de lo que las víctimas demandan: la seguridad de los ciudadanos. La consolidación del Estado es el prerrequisito para la seguridad pública, el fin de la impunidad, la corrupción y la violencia.

Es la debilidad del Estado -y su naturaleza pre moderna- lo que explica la criminalidad y la impunidad que yacen detrás de la existencia de las víctimas. Un Estado que viola las garantías y derechos de la ciudadanía no es un Estado digno de ese nombre y no es presentable en un contexto internacional del que depende nuestra economía y, en general, nuestra autoestima y prestigio como nación. ¿Con qué cara se puede impugnar la justicia estadounidense en casos como los de mexicanos inculpados allá cuando aquí no se respeta el debido proceso y otros principios elementales de cualquier sistema judicial que se respete?

Desde luego, la perspectiva de las víctimas es que un fallo favorable para el proyecto mencionado implicaría dejar en libertad a la persona en cuestión y, potencialmente, abrir un río de amparos por parte de otros delincuentes que hoy están en prisión. Las víctimas legítimamente se oponen a la liberación de quienes secuestraron, mataron y vejaron a sus parientes o a sí mismos. Nadie puede reprocharles su furia.

La principal objeción de las víctimas es que el proyecto de Zaldívar las ignora. Mi impresión es que, en su enfoque, el ministro no las ignora sino que se dirige hacia la causa del problema de criminalidad que generó esas víctimas: la debilidad del Estado, en este caso del Ministerio Público. La falta de respeto a los procedimientos -al debido proceso- dice implícitamente el postulante, es una de las causas de nuestra situación actual. Es por esta razón que me parece que la oposición al planteamiento es producto más de la furia -¿o ánimo de venganza?- que de una reflexión más fría.

Sin embargo lo que está de por medio es fundamental. El debido proceso es uno de los componentes centrales de la civilidad, baluarte del Estado de derecho y de la democracia. Todos los mexicanos sabemos que las violaciones a los procedimientos son cotidianas por parte los Ministerios Públicos y las policías. Ningún país puede llamarse moderno si no se respetan los derechos de los ciudadanos, incluyendo los de los acusados. Un fallo en contra de este principio nos retrotraería a la era neolítica. Un fallo a favor implicaría un cambio radical en los incentivos de las policías y ministerios públicos y abriría la puerta a una nueva era en materia judicial en el país. El asunto no es menor.

La paradoja es que el punto de partida de los activistas y de las víctimas está en que no tienen confianza en las autoridades pero, por otra parte, defienden a muerte los procedimientos a los que éstas llegan. El tema sería risible de no estar involucrado algo tan fundamental.

La falta de confianza en las autoridades es producto de la experiencia. En teoría, las autoridades son responsables de erradicar males endémicos como la corrupción, impunidad, criminalidad y violencia. Históricamente, más allá del ascenso en la criminalidad y violencia en las últimas décadas, nuestros gobiernos, a los tres niveles, jamás han sido especialmente hábiles para combatir estos males. En realidad, los incentivos que nuestro sistema político profería no eran los de un país moderno sino los de un sistema autoritario en el que la autoridad no tenía razón alguna para interesarse en los ciudadanos, excepto cuando protestaban. En otras palabras, las autoridades y gobiernos se ganaron a pulso la desconfianza de la ciudadanía.

Una resolución a favor del debido proceso tendría enormes consecuencias porque generaría incentivos tanto positivos como negativos. Por el lado positivo, forzaría al Ministerio Público y a las policías a reformarse de manera radical. Esa es la razón por la que el proyecto es tan importante. Por otro lado, un fallo en ese sentido generaría incentivos, en el corto plazo, para que todos los malhechores iniciaran procesos de amparo. Es decir, se correría el riesgo de que secuestradores, asesinos, narcotraficantes y otros delincuentes reclamaran el mismo derecho. El costo de haber abandonado la ilegalidad es alto, pero el de seguir por la misma senda sería intolerable.

La pregunta importante es qué queremos como país. Una posibilidad sería persistir en la estrategia del avestruz: pretender que se puede terminar con el mal gobierno y la pésima administración y procuración de la justicia quedándonos donde estamos. La alternativa sería encarar los problemas que se presenten en aras de comenzar a construir un país moderno, civilizado y democrático. El proyecto del ministro Zaldívar constituye un enorme desafío para una nación -tanto la ciudadanía como sus políticos y jueces- que no se ha distinguido por su disposición a enfrentar los problemas que entraña la construcción de un futuro digno. No es poco lo que está de por medio, así sean grandes las consecuencias con las que después habría que lidiar.

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