“Ser o no ser” se preguntaba Hamlet en su famoso e introspectivo monólogo. Las campañas hacia la presidencia suelen caer en contradicciones e incompatibilidades -ser o no ser- porque tienen que conciliar intereses, grupos y proyectos que no son compatibles o coherentes entre sí, pero que tienden a ser factores reales -y, por lo tanto, inevitables- de poder con los que las candidatas tienen que lidiar. En el México tan extremoso de hoy, estas incoherencias alcanzan niveles descomunales.

Repetir los dogmas del gobierno saliente vende bien frente al gran elector, pero impide plantear un proyecto de desarrollo de largo aliento porque éste entrañaría, de manera inexorable, un viraje respecto a muchos de los dogmas prevalecientes. Proponer ideas novedosas aliena a la base de creyentes que se ha beneficiado de las políticas recientes, aun cuando es claro que éstas no son sostenibles. El dilema para la campaña del partido en el gobierno es claro: cómo ganar una elección y a la vez elaborar un proyecto alternativo porque el que la campaña promueve ya dio de sí. Las contradicciones no podrán más que agudizarse hasta que le sea posible a la candidata salir del encierro que las circunstancias le han impuesto.

El dilema para la candidatura de oposición no es menos complejo. La combinación de partidos políticos dedicados históricamente a competir entre sí (y, en muchos sentidos, a odiarse) y la ínfima calidad de sus liderazgos implica que hay una casi total ausencia de profesionales en materia electoral cuya experiencia pudiese elevar la probabilidad de éxito en la contienda. Un buen discurso ciertamente no hace verano, pero si puede convertirse en la piedra angular que cambie el destino de la candidatura, siempre y cuando exista una estrategia que lo haga posible. En contraste con la candidatura morenista, que vive acosada por el prócer, las limitaciones que enfrenta la de oposición son mitad estructurales y mitad autoimpuestas.

Materia prima no le faltará a ninguna de las candidatas. El gobierno del que surge la candidatura de Morena construyó y afianzó una base electoral que, si bien es insuficiente para triunfar por sí misma, constituye una envidiable plataforma política. Como proyecto de desarrollo o, incluso, de gobierno, el de AMLO le va a quedar debiendo a la ciudadanía, toda vez que la economía que entregue en 2024 quedará, en el mejor de los casos, a la par que la de 2018, pero con varios millones de mexicanos más, y con un gobierno incompetente y corrompido que la ciudadanía reprueba. Sin embargo, como proyecto electoral, el de AMLO ha sido formidable porque su único verdadero objetivo fue el de la continuidad de su grupo en el poder. De esta forma, el gran activo de la candidata de Morena es también su gran maldición.

Por su parte, la candidata de oposición también cuenta con amplio material para promover un proyecto de reconciliación y construcción de una ciudadanía pujante en un contexto de desarrollo económico y político que afiance nuestra vapuleada democracia. Así como AMLO le regaló una plataforma electoral envidiable a su candidata, su estrategia de polarización, destrucción de ciudadanía y de las instituciones esenciales para el funcionamiento de la economía, de la sociedad y de la democracia, constituye una base encomiable para la presentación de una propuesta de cambio hacia el desarrollo. En adición a ello, los resultados de la patética administración en todo lo que no fue electoral -seguridad, crecimiento económico, infraestructura, educación y salud- constituyen un obsequio excepcional para proponer soluciones tangibles a una ciudadanía golpeada y asediada. Las oportunidades están ahí. Las complejidades también.

Los próximos meses van a exhibir toda la parafernalia de virtudes, vicios y contradicciones que caracterizan a nuestro proceso político y al país en general. En el camino, se crearán oportunidades para que cada candidata muestre su capacidad de administrar y operar en condiciones adversas. Lo que ninguna podrá ignorar, el verdadero cambio que padece en el país desde la reforma electoral de 1996, es la centralidad del presidente en el proceso electoral. Aunque en apariencia esto beneficia a la candidata de Morena, con ello hereda los costos de su administración y, en tanto no se deslinde de su predecesor, sus dogmas y vicios.

Cien años de soledad, la gran novela de García Márquez, representa el arquetipo del realismo mágico de la región latinoamericana y sus consecuentes mecanismos de poder que producen resultados incongruentes, cuando no desastrosos, pero siempre incompatibles con la realidad circundante. Se trata de un espacio en que los personajes habitan en mundos paralelos que se ven, pero no se tocan. Algo similar se puede decir de un país que es lo que es, pero preferiría ser distinto sin cambiar nada. Es en ese contexto que las candidatas tienen que encontrar las grietas que les permitan mostrar quienes son sin alienar a quienes las patrocinan.

Así concluye Hamlet su soliloquio: ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve…? Las candidatas seguramente lo entenderán…

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Sarajevo 1914. Gavrilo Princip le dispara al Archiduque Francisco Fernando y su esposa. Un asesinato más, excepto que éste tendría consecuencias inenarrables, comenzando por decenas de millones de muertos. Un evento aparentemente nimio desata fuerzas que luego nada ni nadie puede contener. Así comienzan los grandes cambios: con pequeñas cosas que se acumulan, el viejo dicho de la gota que derrama el vaso. Pero los tiempos son engañosos y las cosas ocurren en sus tiempos, no necesariamente los del reloj político.

2024 marca el periodo de transición constitucional, proceso que encarna dos elementos simultáneos, pero en direcciones opuestas: por un lado, los que se van; por el otro, los que todavía no llegan. Los primeros son conocidos, en tanto que los segundos están por definirse. Para eso son las elecciones y los mecanismos diseñados para llegar a ese momento, comenzando por las campañas mismas, periodo en el que estamos insertos en este momento.

Las campañas tratan sobre los que aspiran a llegar al gobierno y ese periodo, que en nuestro país está excesivamente definido y regulado, está diseñado para que los candidatos se den a conocer y se presenten ante el electorado. En circunstancias normales, los candidatos surgirían de sus propios procesos internos y se abocarían a conquistar los votos por parte de la ciudadanía. La teoría es muy clara, pero en esta ocasión ese proceso ha sido rebasado por las prisas del presidente por intentar ganar la elección meses antes de que ésta tenga lugar y por la forma en que se han dado las alineaciones partidistas.

Las encuestas y otras medidas sugieren que el resultado ya es inevitable, por lo que la estrategia de la candidata del partido gobernante está diseñada para desalentar el voto opositor: para qué perder el tiempo en las campañas y en el día de los comicios si el resultado ya se conoce de antemano, como en los buenos tiempos. Pero el objetivo del periodo de las campañas es precisamente para que los candidatos se presenten ante el electorado, sean conocidos y calados, gestándose con ello una verdadera competencia. Mientras que la candidata de Morena es ampliamente conocida, la campaña es la oportunidad para que el electorado conozca a la candidata de la oposición. El proceso mismo es clave para un resultado creíble que sea consumado y legitimado el día de las elecciones.

El otro lado de la moneda, crítico en este momento por la estrecha vinculación (mucho más que eso) entre el presidente saliente y su candidata, es el que se da en el ámbito de los que concluyen su mandato constitucional este año, desde el presidente y su familia hasta el último de sus colaboradores.

No hay sexenio en el que el grupo saliente no sienta una satisfacción desmedida por los logros de su gestión. Todos y cada uno de los gobiernos del pasado siglo concluyeron con el grupo gobernante seguro de que sus logros -todos extraordinarios, si no es que descomunales- explican su prestigio y su trascendencia histórica. Viéndose al espejo, (casi) todos ellos estaban ciertos de haber hecho el bien, transformado la realidad y concluído sin pasivo o pendiente alguno. Todo ello vindica su sensación de invulnerabilidad, plenamente justificada frente a un dorado futuro. Todos, todos ellos, erraron: unos porque quedaron en la irrelevancia, otros porque acabaron causando crisis descomunales o peor. Algunos, pocos, acabaron en la cárcel. Pero su error más importante fue creer que la fiesta seguiría pasado el día de la entrega constitucional. En eso el sistema político mexicano es no sólo ingrato, sino absolutamente brutal: de ahí ese pequeño detalle maderista de la no reelección.

Ensimismados en sus propios mitos y verdades artificiales y artificiosas, los que se van nunca se ponen a meditar sobre los posibles errores que se hayan cometido, los abusos, las víctimas de sus excesos o los agravios que dejaron en el camino, por no hablar de las barbaridades que pudiesen haber causado sus iniciativas. Todos ellos saben, quizá son parte, de eso que Emilio Portes Gil denominó como “las comaladas sexenales de millonarios.” Nada les quita el sueño porque se trata del gobierno más limpio, puro y excepcional de la historia. Como todos los que le precedieron… ¿Cuantos Sarajevos habrán dejado en el camino?

El sexenio que concluye es un tanto excepcional porque su narrativa es tan atractiva y contagiosa, que lleva a que sus integrantes se la crean y se sientan parte de una gran transformación, de esa cruzada que parece imparable y que se potencia por la enorme distancia entre el discurso y la realidad. No hay duda de la popularidad del presidente, pero su sustento es de arena. La única pregunta es cuándo se colapsan esos soportes sin cimientos. Es ahí donde entran los tiempos, que beneficiarán a una u otra candidata, pero inexorablemente será como la rifa del tigre para la ganadora.

Según Voltaire, “la historia nunca se repite. Pero el hombre siempre lo hace.” Quizá por ello pensó Marx que la segunda vez no es más que una farsa, pero México lleva un siglo repitiendo esa historia y los que se van nunca aprenden. La historia de este proceso de sucesión parece inevitable, pero está lejos de haber quedado escrita en los libros de texto. Los que se van se van, pero los que vienen están por definirse.

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Las contiendas electorales son un poco como campañas militares: se disputa un objetivo, se despliegan las armas y los instrumentos de combate y se busca derrotar al enemigo, en este caso al contendiente. En su biografía sobre Napoleón, Andrew Roberts dice que “una medida de la resiliencia y del ingenio de Napoleón –y de la confianza que todavía tenía en sí mismo– fue el hecho de que, habiendo regresado de Rusia con sólo 10,000 efectivos de su fuerza invasora, fuera capaz en cuatro meses de alinear un ejército de 151,000 hombres para la campaña de Elba y muchas más por venir.” Como en las campañas bélicas, ambas partes se creen destinadas a ganar, pero en materia electoral solo los votos cuentan y cualquiera de las dos puede sorprender.

Las encuestas sugieren que Claudia Sheinbaum ganará la elección, pero en materia electoral y en el último año de un gobierno, máxime uno tan contencioso como el saliente, todo puede pasar. Su campaña, comenzando por el jefe de la misma, no dejan de emplazar armas cada vez más pesadas (las más recientes anunciadas el pasado 5 de febrero), mostrando que ellos mismos no están tan seguros de que las traen todas consigo.

Hay buenas razones para lo anterior. El gobierno que está por concluir su mandato se dedicó a esta sucesión desde el día en que fue inaugurado (de hecho, desde la elección misma), ignorando su responsabilidad de lidiar con asuntos elementales para la ciudadanía, como la seguridad y el desarrollo económico. Dedicado a construir y nutrir una base electoral, se encuentra ahora ante la tesitura de si lo hecho fue suficiente para garantizar el resultado de la votación que desea. Quizá lo logre, pero a un costo elevadísimo. La población le reconoce beneficios importantes en términos de mejoría en el ingreso real de las familias, un logro nada pequeño, pero sin la certeza de que pueda preservarse. Estirar la liga tiene beneficios, pero también riesgos…

Un triunfo de Claudia Sheinbaum, la candidata morenista, traería al gobierno a una persona que ha mostrado gran capacidad ejecutiva y que cuenta con un equipo mucho más competente y organizado que el de su predecesor. Imposible saber qué haría como presidente, dado que su campaña se ha dedicado a reproducir los dichos y dogmas del gobierno actual. Su biografía sugiere una disposición mucho más acusada para actuar y transformar, pero no es factible derivar conclusiones de ello. De lo que no hay duda es que su éxito dependería enteramente de su capacidad para construir hacia adelante, es decir, abandonar el proyecto del que proviene. Esto no sería algo inusual en materia política, pero no es evidente que le sea claro a ella.

Por su parte, Xóchitl Gálvez es mucho más transparente y directa en su posicionamiento por personalidad y porque no navega bajo la sombra de un presidente tan dominante. Sus instintos yacen claramente en la liberación de las capacidades de la población; en lugar de pretender controlarlo todo, buscaría romper con los entuertos que impiden y obstaculizan el desarrollo de la ciudadanía. Su historia como empresaria y funcionaria muestran una disposición a emprender proyectos y a llevarlos a buen puerto, mientras que su origen y biografía augurarían una clara disposición a enfrentar los factores que preservan la desigualdad en el país. Su principal reto radicaría en comandar bancadas disímbolas que comparten pocos elementos en común.

El escenario más peligroso para el país sería uno en que cualquiera de las dos candidatas lograra una mayoría abrumadora en las dos cámaras legislativas: incluso una mayoría calificada. Este escenario, hipotéticamente más probable de ganar Morena, sería particularmente pernicioso para Claudia Sheinbaum, quien no sólo enfrenta conflictos nuevos y ancestrales dentro de la maraña de intereses contrapuestos que caracteriza a su partido, sino que implicaría que las facciones más extremas se impondrían y que, en aras de avanzar su agenda, le impedirían gobernar. Esta paradoja no es menor como ilustró la nominación de la candidata para la CDMX y de la Suprema Corte.

Faltan muchos meses para que concluya esta faena, periodo durante el cual podrían aparecer innumerables factores que alteren lo que para muchos ya es una certeza. Algunos de esos factores provendrán del presidente en su afán por sesgar el resultado, pero muchos otros serán meramente producto de los altibajos inevitables de un proceso de sucesión que, en nuestro país, siempre entraña tanto el cambio de estafeta como la terminación del poder del presidente saliente.

En el camino, como sugiere el diplomático chileno Gabriel Gaspar, se mostrará a plenitud la incertidumbre y la desconfianza, “dos rasgos que modelan el sentir de amplias mayorías de nuestras sociedades… La incertidumbre para buena parte de la población es muy concreta, pues cada día es más difícil sobrevivir, llenar la olla y, a la vez, cada día salir a la calle es más peligroso.” Y concluye con lo que debiera ser obvio para las contendientes: “Reemplazar la incertidumbre requiere de certezas.”

Mientras tanto, como dice Sowell, “El hecho de que tantos políticos exitosos sean unos mentirosos tan descarados no es sólo un reflejo de ellos, sino también de nosotros. Cuando el pueblo quiere lo imposible, sólo los mentirosos pueden satisfacerlo.”

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No es difícil dilucidar los problemas que enfrenta el país; lo difícil es identificar las soluciones idóneas y construir consensos para su implementación. Los problemas son en buena medida añejos y por todos conocidos, pero sus causas, consecuencias y potenciales soluciones son siempre controvertidas. Es por ello falsa, o al menos absurda, la vieja noción de que el país está sobre diagnosticado y que las soluciones son obvias. Si lo fueran, no estaríamos atorados como lo estamos. Algunos de esos problemas son ancestrales, otros producto de la acelerada evolución del mundo, pero ambos demandan soluciones que la política mexicana ha sido incapaz de proveer.

En su campaña para la presidencia, el candidato López Obrador esbozó los problemas ancestrales de una manera cabal: pobreza, desigualdad, bajo crecimiento y corrupción. Uno puede agregar todos los asegunes que quiera, aunque es obvio que esta lista resume la problemática que es percibida como central para el desarrollo del país, pero se trata de consecuencias, no de factores causales. Es decir, ahora que comienzan las campañas, una discusión susceptible de arrojar un programa de gobierno relevante y viable tiene que enfocarse hacia las causas de los problemas que han sido identificados para efectivamente poder incidir sobre ellos.

Por otro lado, complicando el panorama, se encuentran problemas nuevos o, al menos, circunstancias que alteran el entorno dentro del cual se desarrolla la actividad económica y las sociedades interactúan. La globalización de la actividad económica -de la que México vive a través de las exportaciones y, recientemente, del llamado nearshoring- hace imposible (y contraproducente) adoptar medidas económicas unilaterales, como hubiera ocurrido hace medio siglo. Factores como el crimen organizado -actividad transnacional- requieren atención a nivel interno, pero ninguna nación los puede derrotar por sí misma. La ubicuidad de la información y la universalización de su acceso han alterado todos los vectores que en el pasado caracterizaban a la vida política.

El punto es que los problemas ancestrales requieren soluciones que deben contemplar y ser parte de una concepción que incluya las realidades que caracterizan al mundo de hoy. El intento por abstraerse del mundo como ha propugnado el gobierno que está por concluir ha probado ser falaz y perjudicial para el desarrollo y, paradójicamente, dañino para la población más pobre y que es la que con mayor intensidad padece los males que el presidente identificó en su campaña.

Lo sorprendente de la situación que vive México, similar a la de otras naciones, es que no es difícil dilucidar qué es lo que hay que hacer. Lo difícil, cualquiera que sea la causa, ha sido avanzar hacia la implementación de esas soluciones. Las respuestas muchas veces son obvias, aunque a primera vista no parezcan plausibles.  Ronald Reagan esbozó el dilema de manera clarividente: “por muchos años nos han dicho que no hay respuestas simples a los complejos problemas que están más allá de nuestra capacidad de comprender. La verdad, sin embargo, es que sí hay respuestas simples; el problema es que éstas no son sencillas”.

Las tensiones que caracterizan al país no son mera casualidad. La suma de desajustes políticos -muchos de estos producto de la creciente complejidad que caracteriza al mundo y que se manifiesta en Ucrania, la inteligencia artificial, los ataques cibernéticos y la posibilidad de que retorne Trump y políticos disruptivos, especialmente en el contexto de una extrema debilidad institucional, sobre todo en la forma de ausencia de contrapesos efectivos, ha arrojado un panorama político, y ahora electoral que ha paralizado al país. Esto, paradójicamente, también constituye una gran oportunidad porque hasta los más devotos creyentes del presidente saben que el progreso es imposible en ausencia de acuerdos sobre al menos los factores más fundamentales de la convivencia humana.

El manejo del presupuesto gubernamental a lo largo del sexenio ha sido particularmente pernicioso para el crecimiento de la economía. Al distraer recursos que normalmente se habrían dedicado a la educación y la salud, así como a la inversión pública, el gobierno prefirió nutrir las transferencias hacia sus clientelas favoritas. Como dice el cómico Andy Borowitz, “sería sensacional gastar billones en escuelas y carreteras, pero en este momento el dinero se requiere de manera desesperada para las campañas políticas.”

Los periodos de campaña hacen imposible construir acuerdos sobre y para el futuro, pero también son momentos propicios para explorar opciones y posibilidades. Las propuestas de los candidatos pueden ser o no viables, pero obligan a pensar distinto respecto al statu quo imperante. En este último sentido, le abren la puerta a la sociedad para proponer soluciones y vías alternativas a las existentes para enfocar los problemas, estableciendo potenciales anclas comunes para soluciones futuras.

Uno de los errores más frecuentes en los diagnósticos políticos es el de atribuirle a los liderazgos responsabilidades sobre lo que son de hecho problemas estructurales, pero eso no los exime de la obligación de trabajar -o proponer en el periodo electoral- alternativas que permitan superar las complejidades estructurales.

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Parafraseando a Albert Camus en su discurso al recibir el premio Nóbel, “todos los gobiernos sin duda se sienten destinados a cambiar el mundo.” Pocos lo logran. Tan pronto concluyen su mandato, comienzan las reverberaciones: lo que quedó inconcluso, lo que no se hizo, lo que se hizo mal. O peor. En la era postrevolucionaria mexicana la respuesta natural fue la de corregir el rumbo en lo que acabó denominándose la “teoría del péndulo:” un gobierno se movía en una dirección, el siguiente corregía el camino en el sentido opuesto. Esta manera de funcionar cambió a partir de los ochenta en que el país optó por incorporarse en los circuitos tecnológicos, financieros y comerciales del mundo en aras de lograr una estabilidad duradera. Desde 2018 el gobierno ha intentado obviar aquel objetivo, lo que ha recreado el riesgo de un movimiento pendular. ¿Dónde quedó la bolita?

Contrario a lo que usualmente se piensa (y se insiste en la narrativa diaria) entre los ochenta y 2018 hubo menos continuidad de lo aparente y ciertamente no hubo una estrategia consistente a lo largo del periodo. Luego de un inicio claro y con visión estratégica, siguió una aceptación, a veces renuente, de la falta de alternativas en materia de política económica, lo que se tradujo en una serie de políticas inconexas, frecuentemente inconsistentes, pero que avanzaban en la misma dirección. El objetivo formal era la incorporación de México en la economía global y cada acción de los gobiernos de esa era intentó avanzar en algunos frentes o corregir deficiencias que hacían difícil el camino, pero nunca hubo un proyecto de desarrollo integral o consistente.

Las carencias y ausencias que se dieron en ese periodo son de todos conocidas porque se insiste sobre ellos de manera irredenta en el discurso público. Lo que no se reconoce, porque sería equivalente a cometer una herejía, es que los problemas de México no son producto de lo que se hizo (aunque sin duda hubo errores), sino de lo que no se hizo. Claudio Lomnitz describió el corazón del problema en un artículo en Nexos hace un año cuyo subtítulo lo dice todo: “La ínsula de los derechos y el mar de la extorsión.” Según Lomnitz, las reformas de los ochenta y noventa crearon un espacio donde existían reglas del juego y hacia donde se dedicaron recursos tanto en la forma de infraestructura como de capacidad gubernamental (una semblanza de transparencia y legalidad), pero en lugar de ampliar ese espacio para toda la sociedad y territorio, el gobierno abandonó a su suerte al mexicano que no cabía en el primer espacio y es ahí donde el país se colapsó en un mar de violencia, ausencia de justicia y extorsión.

La paradoja del gobierno actual es que no ha incidido de manera favorable en ninguna de las carencias o ausencias que identificó (y con las que ganó la presidencia) sino que, en todo caso, las ha acentuado si no es que extremado. Aunque ha habido un significativo avance en materia del ingreso disponible de la población, los retrocesos en materia institucional y de democracia son patentes y pueden acabar destruyendo lo anterior. Contra lo esperable y a pesar de la popularidad del presidente, el país es hoy más desigual y menos próspero.

Por cinco años, el gobierno actual cuidó las finanzas públicas y se benefició tanto de las reformas de las décadas previas que tanto denuesta como de la creciente “independencia” del tipo de cambio respecto a las finanzas gubernamentales. Pero el inicio del año electoral cambió el panorama: un gran déficit amenaza la estabilidad fiscal, se presentó una retahíla de propuestas constitucionales que cambiaría el panorama político e institucional y dejaría al país en una situación de crisis prolongada, quizá similar a la de los ochenta. Como dice el dicho, cuando un líder siembra vientos, cosecha tempestades: nada está escrito respecto a la popularidad del presidente, a la estabilidad cambiaria o a la elección misma.

En contraste con sus predecesores, el presidente tuvo la oportunidad de afectar intereses profundamente arraigados en diversos ámbitos de la sociedad mexicana que han sido exitosos en impedir la adopción de políticas mucho más agresivas en materia de justicia, equidad, distribución de los recursos públicos e infraestructura, pero optó por dormirse en sus laureles, como si la mera presencia de un presidente poderoso cambiaría la historia. El que pudo ser el gran constructor del futuro, lo hizo más difícil y saturado de incertidumbres.

El próximo primero de octubre, día en que se inaugurará el próximo gobierno, el país se encontrará ante un panorama sombrío, con una sociedad dividida y una economía mucho menos pujante de lo posible y, sobre todo muy poco productiva, donde sigue proliferando tanto la pobreza como la desigualdad regional. Quien asuma la presidencia ese día se encontrará con enormes carencias y el grandísimo reto de corregir el rumbo, para cuya consecución requerirá del apoyo de la sociedad mexicana. Su primera decisión, desde el mismo discurso inaugural, tendrá que ser relativa a si procurará sumar a toda la sociedad mexicana en un proyecto común o si procederá a acentuar las divisiones.

Gane quien gane, su verdadero dilema será en cómo salir del hoyo en que el gobierno saliente habrá dejado al país y cómo quitarse al protagonista de encima.

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Los problemas se apilan en tanto que la capacidad de respuesta disminuye. Si a esto se agrega la total indisposición del gobierno a encontrar soluciones a los problemas que aparecen (y a los que innecesariamente genera), el potencial explosivo, sobre todo en un año electoral, crece sin límite. Para nadie es sorpresa que problemas como los de inseguridad, criminalidad, corrupción, cobro de piso y conflicto electoral crezcan de manera incontenible. Candidatos asesinados, periodistas desaparecidos, expropiaciones sin la menor advertencia y el incesante ataque a todo aquel que discrepa de la línea presidencial son todos ejemplos del entorno contencioso que caracteriza al país. También son evidencia de la ausencia cabal de gobernanza.

A lo anterior habría que agregar los asuntos cotidianos de gobierno que no funcionan como deberían, desde las escuelas hasta la provisión de agua potable o medicamentos, por citar tres ejemplos obvios. Lo mismo puede decirse de los extraordinarios desequilibrios presupuestales y financieros en que se está incurriendo en el año en curso y que inevitablemente impactarán las finanzas del próximo gobierno.

Si uno acepta la definición convencional de gobernanza del PNUD (“la gobernabilidad comprende los mecanismos, procesos e instituciones que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias”) el país no está siendo gobernado ni existe la más mínima comprensión o disposición a construir el andamiaje para que eso ocurra. Si uno agrega que el problema no radica exclusivamente en el hoy y ahora, sino en la planeación y anticipación de las necesidades y retos futuros, el país mantiene la estabilidad realmente de milagro. Y los milagros siempre se ponen a prueba durante los procesos de sucesión presidencial en que el gobierno saliente va perdiendo capacidad de acción, en tanto que el siguiente aún no ha comenzado a enfocarse y organizarse para ello.

Un gobierno sensato que reconociera sus limitaciones buscaría maneras de descentralizar la toma de decisiones para reducir riesgos y elevar la capacidad de administrar los existentes, pero el nuestro se ha empeñado en centralizar todas las decisiones ya no en el gobierno en general, sino en la persona del presidente. El andamiaje institucional que se fue construyendo en las pasadas décadas probó no tener capacidad de responder ante el embate presidencial, pero al menos era un intento por atender este problema nodal. Hoy la única descentralización que existe, si es que así se le puede llamar, es la que se ha hecho al transferir un número creciente de decisiones al ejército.

Recurrir al ejército tiene sentido por la naturaleza vertical de la institución, lo que le confiere capacidad de acción más allá incluso de lo que un gobierno autoritario podría ejercer. Sin embargo, la diversidad y dispersión de las actividades que se le han encomendado hace imposible la consecución de los objetivos planteados. Esto no lo escribo como evaluación de lo que se le ha transferido al ejército, sino como apreciación genérica: nadie puede encargarse de la construcción de toda clase de obras, administrar aeropuertos y líneas aéreas, atender emergencias naturales (como sismos o inundaciones) y la seguridad nacional. La diversidad de responsabilidades es tal que el desempeño es siempre pobre. No por casualidad las naciones en las que el gobierno y sus entidades administraban todo (como el antiguo bloque socialista) acabaron por descentralizarse para poder elevar los niveles de vida de la población. Es decir, es imposible controlarlo todo y, al mismo tiempo, cumplir con lo esencial de cualquier gobierno que es la seguridad física y patrimonial de la población y la creación de condiciones para el progreso económico.

Es claro que estos factores no han sido prioridad (o incluso objetivo) del gobierno actual, pero su ausencia constituye el mayor reto, primero, para el transcurso del año electoral en que estamos inmersos y, segundo, para que el próximo gobierno tenga capacidad de operar y salir adelante. Es fácil perder de vista la trascendencia de estos elementos cuando el presidente cuenta con altos niveles de popularidad a la vez que las variables económicas más visibles (como el tipo de cambio y el precio de la gasolina) se mantienen estables y a niveles políticamente benignos, pero quienquiera que haya observado la evolución del país en las pasadas décadas sabe bien que se trata de factores inestables, cuando no efímeros. En otras palabras, la ausencia de gobernanza no sólo entraña un riesgo para el gobierno saliente, sino también para el país en general justo en el momento más delicado del sexenio: el de la transición del poder.

Max Weber, el sociólogo alemán de inicios del siglo XX, decía que hay tres tipos de autoridad legítima: la carismática, la racional-legal y la tradicional. México ha vivido cinco años de ejercicio carismático del poder, el más inestable de acuerdo con Weber. Al abandonar la responsabilidad de gobernar, el presidente ha cedido el Estado a los criminales y al azar, garantizando con ello que la estabilidad actual sea por demás precaria.

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 REFORMA

04 febrero 2024