Dos filosofías del poder dividen al mundo: una busca su concentración para garantizar que el Estado cuente con facultades plenas para avanzar la igualdad y la que procura su descentralización para asegurar la libertad de la ciudadanía. La primera, originalmente articulada por Rousseau, es la favorita de gobiernos que buscan ponerse por encima de la ciudadanía: de ahí la noción de que el jefe del gobierno es el único representante del pueblo. Inevitablemente, estos gobiernos tienden a ser tiránicos. La segunda filosofía, articulada por John Locke, se orienta a construir contrapesos al poder para asegurar que sea imposible la consagración de un gobierno tiránico. Montesquieu formalizó esta filosofía con su planteamiento de una estructura de gobierno dividido (ejecutivo, legislativo y judicial), un sistema de equilibrios donde cada uno limita a los otros. Claramente, se trata de visiones explícitamente contradictorias.

En los últimos cien años, México ha ido evolucionando en su filosofía gobernante. En el periodo constituyente coexistieron posturas liberales, conservadores, autoritarias, sindicalistas, demócratas, anarquistas y todo lo demás, hasta que se logró un acuerdo en el documento constitucional que acabó siendo adoptado en 1917, mucho de cuyo contenido se derivó de la constitución liberal de 1857. En las siguientes décadas fue cobrando forma la visión centralizadora que caracterizó a la era cardenista y que se fue fortaleciendo en la medida en que el país avanzaba en su desarrollo económico. La movilización estudiantil de 1968 y luego el sismo de 1985 cimbraron al sistema político, dando origen a las disputas político-electorales de los ochenta y, de ahí, a la serie de reformas tanto económicas como políticas que sentaron las bases para una economía abierta y un sistema político que aspira a ser plenamente democrático.

Importante anotar que los cambios político-económicos de las últimas décadas, especialmente los políticos, no surgieron de un eje izquierda-derecha. En el ámbito político en particular, el reclamo democrático y la demanda por limitar al poder presidencial se originó en el movimiento estudiantil y fue secundado, en el tiempo, por el PAN, cuyo origen mismo fue una reacción a la consolidación del sistema priista.

La evolución filosófica ha sido extraordinaria y hubiera sido ingenuo suponer que no se presentaría una contrarrevolución como la que enarbola el presidente. Desde su inauguración en 2018, el actual gobierno se ha empeñado no sólo en concentrar el poder, sino en eliminar cualquier resquicio que impidiera o limitara el ejercicio del poder. La eliminación de instituciones, la inanición financiera de algunas y la neutralización de facto de otras (especialmente al no nombrar reemplazos cuando concluyen los plazos de sus integrantes, como en el INAI, la COFECE y ahora el Tribunal electoral) son todos ejemplos de un patrón que es fácil de discernir. La iniciativa presidencial de formalizar la eliminación de estos y otros organismos autónomos la justifica en términos de costo (son “onerosos” dijo el presidente), pero en realidad es producto de una visión del poder que excluye a la ciudadanía y privilegia el ejercicio irrestricto del poder por parte del presidente.

En la era soviética, muchos de cuyos chistes eran similares a los nuestros, se decía que la diferencia entre un gobierno autoritario y uno democrático era muy simple: en un sistema autoritario los políticos se burlan de la ciudadanía, en tanto que en un sistema democrático ocurre exactamente al revés. No es difícil entender la preferencia por un sistema autoritario en el que una persona sistemáticamente se dedica a excluir, descalificar, ignorar y atacar a todos aquellos que no se alinean con su visión del poder y de la vida.

Viendo hacia adelante hay dos factores que son trascendentes. El primero es cómo reaccionarán las dos candidatas ante la propuesta presidencial, revelando ahí sus preferencias y propensiones. ¿Se alinearán con la ciudadanía o con la tiranía? El segundo es respecto al congreso: ¿ejercerá su responsabilidad o seguirá sometido al poder, como si se tratara de un mero apéndice?

En 1997, cuando el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en el congreso, la oposición se jactó de la nueva realidad (“juntos somos más que vos” le espetó Porfirio Muñoz Ledo al entonces presidente Zedillo), pero se dedicó a oponerse a toda iniciativa que viniera del ejecutivo. En lugar de contrapeso, el congreso mexicano entre 1997 y 2012 fue un muro de oposición casi irreductible. El congreso del sexenio de Peña sucumbió ante los billetes que compraban votos. El actual ha sido sumiso a más no poder.

La gran oportunidad comienza en septiembre y octubre de 2024, respectivamente. Ahí nacerá un nuevo congreso y un nuevo gobierno. Luego de experiencias variopintas de alternancia, estilos presidenciales y un patético desempeño en general, la oportunidad es única para construir un efectivo sistema de contrapesos dedicado a cogobernar: construir un nuevo andamiaje que goce de plena legitimidad, sustentado en tres poderes dedicados a hacer valer sus funciones y cumplir sus responsabilidades. En otras palabras, salir del ocaso en que estamos para entrar en un nuevo estadio de desarrollo.

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REFORMA

10 diciembre 2023

El mundo vive una era de animosidad y México no es la excepción. La estrategia presidencial de dividir y polarizar ha sido utilizada por líderes alrededor del mundo en esta era de convulsiones, como muestra Trump, Narendra Modi en India, Bolsonaro en Brasil y Orban en Hungría. Algunos líderes han sido más sutiles en sus formas, menos estridentes, pero igualmente divisivos en sus estrategias, como Obama. El punto es que, en la última década, la polarización se convirtió en un instrumento para hacer política. Todo en el espacio público mexicano -la presidencia, el congreso, la Corte y los procesos electorales- adquirió dimensiones calamitosas como si en cada voto, decisión o fallo se jugara el futuro del país. La pregunta que me parece pertinente es si, a la luz de la próxima justa electoral, el país puede retornar a un esquema de unidad, que no es lo mismo que unanimidad.

El punto de partida es que México no es un país homogéneo o igualitario donde las diferencias sociales, económicas, políticas o culturales sean menores. Al revés, la sociedad mexicana ha evolucionado hacia una creciente diversidad que, por cierto, no es nueva, pues desde antaño se hablaba del mosaico que nos caracteriza, es decir, diferencias, divisiones y perspectivas encontradas. Si uno observa al mundo, lo natural es la existencia de heterogeneidad en todos los órdenes de una sociedad. Es decir, el desacuerdo sobre asuntos fundamentales para el desarrollo y el futuro es inherente e inevitable en una sociedad libre. Por eso la pregunta sobre la posibilidad de lograr acuerdos sobre el futuro es relevante.

Pierre Manent* argumenta que en una sociedad libre y, por lo tanto, diversa, la unidad no implica pensar igual; la unidad significa actuar de manera conjunta. Manent sugiere que las naciones cuentan con anclas comunes que las definen en términos de nacionalidad, historia y fundamentos culturales, todo lo cual implica que no se trata de enemigos a muerte, sino de personas que, simple y llanamente, piensan distinto y que, por lo tanto, la labor política debe consistir en encontrar los espacios bajo los cuales todos pueden participar sin que ello implique coincidir en todo. Bajo esta premisa, un liderazgo eficaz procuraría sumar esfuerzos más que imponer una visión particular.

Desafortunadamente, la política mexicana se ha polarizado por muchos años, situación que se ha exacerbado en este gobierno, esencialmente porque todo se ha organizado y estructurado, de manera intencional o no, en torno a los desacuerdos que existen, más que en las coincidencias. Esto que es intrínseco a los procesos de competencia política no contribuye a la construcción de acuerdos en épocas no electorales y mucho menos cuando el objetivo expreso es el de agudizar las divisiones.

En un sistema de poder tan concentrado como el mexicano, el liderazgo acaba siendo crucial. Un buen líder puede contribuir a resolver problemas y allanar el camino para el desarrollo, en tanto que uno negativo puede minar las fuentes de crecimiento y limitar la viabilidad de largo plazo del país. Es esa concentración de poder la que mantiene a México en un vilo permanente: todo acaba dependiendo de la persona en la oficina de la presidencia. Incluso un gran liderazgo que prueba ser benigno pero que no contribuye a institucionalizar ese poder y a crear condiciones para la unidad en el sentido mencionado anteriormente, acaba siendo insuficiente para realmente atender los enormes desafíos que enfrenta el país.

En suma, los mexicanos tenemos dos retos muy distintos pero complementarios: uno es el de crear condiciones para que se sumen los esfuerzos de toda la sociedad en aras de avanzar hacia un mayor desarrollo y, en el ámbito político, paz y estabilidad. El otro es el de ir institucionalizando el poder a fin consolidar los esfuerzos del conjunto de la sociedad. Se trata de dos canales distintos, pero que se suman y acaban en el mismo lugar: la capacidad y disposición del liderazgo a actuar en ambos frentes.

Lo común, o al menos frecuente, en nuestra historia es que los presidentes se aboquen a sumar esfuerzos a fin de que el país prospere. Esto ha sido particularmente palpable en las últimas tres décadas en que se intentó crear mecanismos generales donde todo aquel que cupiera -ciudadanos en el ámbito electoral, empresarios en el ámbito de la inversión, sindicatos en el espacio laboral y políticos en el entorno legislativo- pudiesen desempeñar sus funciones sin tener que recurrir a favores o permisos a cada vuelta. El gobierno actual ha retornado al control de todos los procesos, no siempre con éxito, pero el hecho de intentarlo ha tenido el efecto de limitar el potencial de desarrollo.

Lo que el país requiere es moverse hacia el siguiente estadio: no sólo reglas generales, sino cada vez más institucionalizadas y con mecanismos que trasciendan la capacidad de un presidente, incluso de quien las promueva, para alterarlas a su antojo. Philip Wallach** dice que el propósito de un gobierno de mayoría debe consistir en “domesticar la fuerza bruta hacia una forma más gentil” de política. Gane quien gane en 2024, el país requiere un gobierno distinto, apropiado al siglo XXI y a las circunstancias, como el nearshoring, que sólo se dan una vez en la historia.

*Democracy Without Nations? **Why Congress

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Según Simón Kuznets, hay cuatro tipos de países en el mundo: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Argentina lleva décadas, casi un siglo, desafiando la gravedad: a excepción de unos pequeños momentos de euforia, su economía ha ido de mal en peor por tanto tiempo que este economista galardonado con el Nóbel acabó creando una categoría especial para esa nación que fue la segunda más rica del mundo al inicio del siglo XX para hoy tener más de 40% de su población viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Independientemente del proyecto económico y, en general, de gobierno que llegue a implementar el hoy presidente electo Javier Milei, para al menos el 56% de los votantes la situación había llegado a ser tan intolerable que cualquier alternativa parecía mejor.

No se requiere ser un genio para apreciar la desazón de los argentinos. En términos conceptuales, el problema de Argentina es muy obvio: a lo largo de ocho décadas construyeron un conjunto de programas sociales que entrañan un gasto creciente, a la vez que facilitan, y de hecho premian, el desempleo. La cantidad y diversidad de esquemas “de apoyo” es inverosímil: pensiones, transferencias por número de hijos, retiro con sueldo completo con muy pocos años de trabajo y una gran variedad de prestaciones. Juan Domingo Perón, presidente en los cuarenta, creó y pudo financiar sus transferencias (que buscaban lealtad) y nacionalizaciones por la enorme riqueza que esa nación acumuló durante la segunda guerra mundial, pero tan pronto se desvaneció, todo se vino abajo: la primera gran crisis fiscal ocurrió al inicio de los cincuenta. Nunca ha habido capacidad o disposición para enfrentar la realidad fiscal: los programas permanecen, se amplían y multiplican, pero no así el ingreso para pagarlos.

El costo fiscal se eleva de manera sistemática, de hecho exponencial, todo lo cual se ha estado financiando con emisión monetaria, lo que mantiene al país, sobre todo en estos últimos años, permanentemente al borde de la hiperinflación. La inflación que caracteriza al país es estructural: las transferencias se han convertido en derechos adquiridos que cobran vida propia y se convierten en factores políticos intocables.

La noción de forzar una solución a través de un mecanismo monetario no es nueva. En los noventa Menem creó la llamada convertibilidad que equiparaba al peso argentino con el dólar uno a uno. La teoría de aquel proyecto era que el costo de romper la convertibilidad sería tan elevado que eso forzaría a los políticos a enfrentar las realidades fiscales. Sin embargo, el problema no se encaró, el gasto siguió creciendo como siempre y ocurrió lo inevitable: el proyecto se colapsó con el llamado “corralito” al inicio de este siglo, donde la mayor parte de la población perdió todos sus ahorros a la vez que se produjo una virtual depresión.

Milei tiene dos características: una es su excentricidad y retórica, que lo asemeja a Trump. Pero el parecido es de forma, porque su equipo económico no es proteccionista. Según Milei, que pretende achicar al gobierno de manera drástica, el problema no reside exclusivamente en el gasto social sino en una burocracia encumbrada que impide resolverlo.

La otra característica es un programa de choque monetario ya no con convertibilidad peso-dólar, sino con la adopción del dólar como moneda. Acoger al dólar implica que el gasto sólo puede aumentar en la medida en que crece el número de dólares en la economía, lo que ocurre ya sea por exportaciones, inversiones del exterior o el crecimiento normal de la base monetaria americana. En la práctica, adoptar al dólar implica un freno inmediato a la economía, pues todo se tiene que ajustar a los dólares disponibles. Como Argentina está en default frente al FMI, los bonistas y la banca privada, el proyecto, si es que lo llega a implementar (dado que no cuenta con mayoría en el congreso), implicaría crear un efecto de olla de presión: no hay dinero, pero las demandas de gasto siguen constantes. El conflicto está cantado.

Según los economistas detrás de Milei, la recesión sería breve porque hay muchos dólares en manos privadas y Argentina podría elevar sus exportaciones de carne, granos, petróleo, gas y similares tan pronto se eliminen los impuestos que hoy lo impiden. Tiene lógica, pero esto sólo cubre una parte del problema. El otro problema es que el gasto deficitario es estructural por los programas sociales. Si el gobierno efectivamente se apega al proyecto monetario que propone, tendría que recortar ese gasto de inmediato y de manera brutal. El tiempo dirá si los votantes entienden las implicaciones de lo que votaron, pero lo que viene no va a ser agradable, por necesario que pudiera ser.

Desde México, cuyo gobierno hizo todo lo posible por apoyar al candidato peronista perdedor, el mensaje es muy claro: tarde o temprano la población se rebela contra lo que considera intolerable. Aunque es obvio que México no enfrenta una situación crítica como la de Argentina, la noción de que más de lo mismo sería aceptable para el electorado es por demás dudosa. Las dos candidatas tienen mucho que aprender de lo ocurrido en Argentina: una para proponer algo distinto, pero razonable y la otra para no dejarse llevar por la idea de que todo está bien.

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Cuando uno lee las novelas de Kafka -el proceso, el castillo, la metamorfosis- no hay forma de evitar la sensación de turbación y fascinación al trascurrir esos laberintos de miedo, ansiedad, incertidumbre, ironía y, siempre presente, el lacerante humor. Quien lea las páginas de los periódicos nacionales o se atreva a ver las mañaneras presidenciales no podría más que concluir que Kafka vive y radica en nuestro país.

México es un caso clínico, en ocasiones patológico, en otros excepcionalmente saludable. Ambas realidades conviven en todos los ámbitos: regiones pacíficas y zonas violentas; economía pujante en algunas comarcas y depresión en otras; escolaridad ascendente y agudo analfabetismo; riqueza sonora y pobreza punzante. México es un mosaico cultural pero también una colección de contrastes benignos y malignos. Lo que funciona en algunas regiones es rechazado en otras, y viceversa. La diversidad es impactante, pero también lo son las disparidades. México es una cosa y la otra, todo al mismo tiempo.

En esta temporada de competencia electoral es fácil caer en frases simples para explicar circunstancias por demás complejas donde por más que quiera un aspirante a gobernar no siempre caben las soluciones que surgen a botepronto. La diversidad, disparidad, desigualdad y complejidad de México tiene que ser atendida con estrategias idóneas no para cada una de estas, sino para el conjunto, pero sin desdeñar la necesidad de crear condiciones para que esas diferencias puedan encontrar cauce de salida. Es igual de ingenuo pretender que lo que constituye una solución para una problemática en Sonora va a funcionar en Chiapas que desarrollar programas específicos para cada situación. Gobernar implica encontrar el justo medio entre lo general y lo particular, punto sumamente difícil de lograr.

La primera gran disquisición tiene que ser de carácter filosófico: pretender controlar todos los procesos o crear condiciones para que cada mexicano encuentre las oportunidades que le son posibles. El primer camino, nuestra historia lo muestra, nos lleva directo al cadalso. El segundo, debidamente estructurado, obliga al gobierno a resolver problemas al tiempo que facilita que la ciudadanía sea productiva y haga suyo el proceso. Resolver problemas para que el progreso sea posible es el camino más directamente conducente al desarrollo.

Pero resolver problemas no es un objetivo sencillo. Los problemas de México son vastos y complejos, pero no son novedosos. Al menos desde Andrés Molina Enríquez en su libro “los grandes problemas nacionales” publicado hace un siglo, es claro que México enfrenta una caterva de circunstancias, como desigualdad y pobreza, que no han sido resueltas. Los pasados cien años son testigos de una diversidad de intentos, igual limitados que ambiciosos, por lidiar con estos problemas, pero el resultado, en conjunto, no es especialmente encomiable. El gobierno actual intentó una nueva versión de lo mismo -carretonadas de dinero- sin que el país tenga mejor posibilidad de avanzar. Me pregunto si no será tiempo de comenzar a otear un futuro distinto.

Ahora que nos encontramos ante un cambio de gobierno, sería deseable procurar nuevas maneras de enfrentar las diversas problemáticas que enfrenta el país, a la vez que se apoyan los factores que ya están encarrilados o que pueden funcionar casi por sí mismos. No hay soluciones perfectas ni unívocas, pero sí hay muchas cosas que se sabe que funcionan, en tanto que hay otras que ameritan nuevas maneras de pensar y actuar. La disyuntiva es muy clara: pretender controlar lo incontrolable dada la diversidad y dispersión de la población y la economía o focalizar los esfuerzos y recursos hacia los espacios y poblaciones más susceptibles de transformarse para sumarse al desarrollo.

Los problemas que enfrenta México, como los de otras latitudes, no son incorregibles; en términos técnicos, todo tiene solución. Los problemas son, en el fondo, políticos, porque responden a intereses, ideologías, culturas o preferencias que nada tienen que ver con la naturaleza técnica de la situación. Son esos factores los que diferencian a las naciones en la manera en que encaran, o no enfrentan, sus problemas. Esas diferencias son también los factores que generan certidumbre o incertidumbre.

Visto desde esta perspectiva, la pregunta pertinente sería ¿cuál es la mejor manera de avanzar un proyecto de desarrollo de largo plazo que además arroje beneficios tangibles en el corto plazo, especialmente en rubros como pobreza, ingreso y crecimiento? Esta pregunta evidentemente supone que el desarrollo es el objetivo, algo que no se puede decir de la administración saliente, pero que sin duda permea el discurso de quienes aspiran a encabezar el próximo gobierno. En este contexto, no sería impertinente preguntar, por ejemplo, si los ataques, burlas y estrategias dedicadas a polarizar por el hecho mismo de hacerlo contribuyen a ese propósito. La polarización empata con un gobierno para el que el desarrollo es más un problema que un objetivo, pero no así para el que desea promoverlo.

En el corazón del dilema que enfrenta México en la próxima elección yace un factor crucial, que es el para qué del gobierno: ¿controlar o promover? ¿generar certidumbre o desconfianza? En esas disyuntivas nos jugamos el futuro.

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Antinomia, una contradicción entre dos cosas tales como leyes o principios, describe bien el dilema de México, pero que ha sido sistemáticamente soslayado como si no existiera. En lugar de encarar el problema de gobernabilidad, cada uno de los gobiernos de las pasadas tres o cuatro décadas pretendió que era manejable sin resolver sus contradicciones de esencia. Hace mucho que el problema es patente, como he intentado articularlo en este espacio, pero fue la lectura del nuevo compendio de Fernando Escalante* que me permitió encontrar la pieza del rompecabezas que faltaba para precisarlo.

El problema esencial de la sociedad mexicana es la gobernabilidad. En el pasado, dice Escalante, el arreglo político consistía en acomodar “la inmensa heterogeneidad de las necesidades sociales y ofrecer, según en caso, dinero, reglamentos, cuotas o licencias, concesiones o tolerancia para el incumplimiento de la ley. Y para eso se necesitaba un margen razonable de impunidad para administrar los recursos públicos.” En un párrafo, Escalante sintetiza la esencia del funcionamiento del viejo sistema: corrupción, ilegalidad, impunidad, todo lo cual preservaba la paz y creaba un entorno en el que se daba algún grado de progreso. Nada de esto es novedoso, por más que el gobierno actual lo presente como su gran innovación.

Lo que me aclaró el panorama fue el papel del PRI en la consecución de aquella gobernabilidad. Mi punto de partida había sido que la conjunción entre el gobierno y el partido (dos de los varios componentes de lo que Escalante denomina Estado) permitía mantener el control y la estabilidad, además de crear condiciones para el progreso económico. El texto, especialmente el capítulo sobre el PRI, hace claro que México contaba con un gobierno enclenque, dedicado esencialmente a las funciones propiamente administrativas, pero que la actividad expresamente de gobernanza la realizaba el partido: la función de “mediación, entre Estado y sociedad, entre capital y trabajo, entre el orden legal y el orden informal, entre las expectativas y las posibilidades, para resolver el problema fundamental de la debilidad del Estado y la dispersión del poder.”

El PRI se constituyó para institucionalizar el poder, eliminando la violencia política que había culminado con el asesinato de Álvaro Obregón. Su función, en palabras de Escalante, había sido la de lidiar con la dispersión del poder, pero sobre todo con reemplazar la misión que, en otras circunstancias, habría correspondido al gobierno. Con Estado débil, dice el autor, que “no se corresponde con la ambición de la idea del Estado, que no puede imponer su autoridad dondequiera de manera inmediata e incondicional, de modo que las decisiones tienen que negociarse siempre.” El partido acaba siendo “un recurso para contribuir a gestionar, gobernar o hacer gobernable esa situación.”

El punto nodal es que, a lo largo del siglo XX, México contó con un sistema político eficaz porque logró remontar, a través del PRI, la ausencia de capacidad de gobernanza por la debilidad intrínseca del gobierno, por su falta de institucionalidad. El PRI se convirtió en el mecanismo a través del cual se intermediaban las decisiones, se organizaba a la sociedad, se mantenía el control político y se negociaba con los diversos grupos e intereses para que el conjunto funcionara, como haya sido: con corrupción, arreglos particulares, favores, discrecionalidad, arbitrariedad y total impunidad. Funcionó mientras funcionó. Como todo en la vida, su éxito produjo las semillas de su propia extinción: en la medida en que avanzó el país, se diversificó la economía, creció la clase media, se incrementó y dispersó la población, aquellos arreglos ya no resolvían los problemas que comenzaron a presentarse, sobre todo a partir de finales de los sesenta.

Las reformas de los ochenta y noventa consistieron esencialmente en tratar de formalizar todo lo que el PRI antes realizaba de manera informal: en lugar de acuerdos particulares, leyes generales, en lugar de politización de las decisiones, reglas claras y transparentes. El punto es que la transición tanto política como económica implicaba el desmantelamiento de todos los mecanismos que hasta ese momento habían sido la esencia de la gobernabilidad del país. Y nada los substituyó. Se pretendió que la democracia electoral crearía un nuevo sistema de gobierno y que una economía pujante resolvería los problemas de pobreza y desigualdad regional. En una palabra, se inhabilitaron los mecanismos del viejo orden, pero no se construyó el andamiaje de una nueva gobernabilidad (ni, claramente, se resolvieron los problemas económicos ni los de violencia y criminalidad, otra evidencia de la ausencia de gobierno).

Tres décadas después llegó un gobierno dedicado a devolverle “márgenes de maniobra impune a la clase política, opacidad en el gasto público, posibilidades de manipulación electoral y nuevos espacios de intermediación.” Ni lo anterior ni lo “nuevo” son solución al problema de fondo: el gobierno mexicano no funciona.

Para colmar el plato, las características particulares del presidente actual tal vez han permitido evitar el colapso integral del gobierno, pero nada asegura que quien lo vaya a substituir tenga las capacidades y habilidades para sostenerlo.

*México: el peso del pasado. Cal y Arena

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John McCain solía decir que “lo más obscuro siempre ocurre antes de ponerse completamente negro.” El futuro se va construyendo todos los días a través del actuar de millones de personas, empresas y gobiernos en el país y a lo ancho del mundo. Todo interactúa y se complementa, dando forma y contenido al futuro que viviremos. En materia política, el gran momento nacional del futuro mediato es la justa electoral de junio próximo. Cada evento, circunstancia, discurso y acción contribuirá a darle forma al resultado de esa contienda.

Lo que sigue son elementos e ingredientes que todos observamos a diario y que van a incidir, de alguna manera, en la conformación del futuro mediato:

• Acapulco sin duda impactará la dinámica política de los próximos meses, aunque no es obvio que alguien le pueda “sacar raja” como dice el dicho. Pasados los primeros días de desconcierto, absurdos en la forma de conducir la actividad gubernamental y los legítimos reclamos de la población damnificada, algunas entidades del gobierno han comenzado a responder de manera efectiva. La CFE hizo un trabajo casi heroico de restaurar el servicio eléctrico (algo no inusual en situaciones como ésta), las secretarías de defensa y marina empiezan a establecer un marco de orden, distribución de víveres y agua y, una semana después del huracán, los reclamos disminuyen y la gente se concentra en la reconstrucción, como tantas otras veces en el pasado. Es posible que los (obvios) intentos por manipular la distribución de provisiones a través de cajas o bolsas con la efigie de la candidata gubernamental influyan algunas conciencias, pero es dudoso que tenga un impacto significativo, sobre todo en un estado que hace tiempo gobierna el partido en el gobierno y donde los problemas de gobernanza y seguridad son abrumadores y ubicuos.
• El huracán constituye un gran reto para un presidente que quiere guardar control de todos los procesos. En ocasiones, su capacidad de acción táctica -como todas las mañaneras- le rinde extraordinarios frutos en términos de popularidad, pero en otros le crea déficits que sólo tiempo después quedan evidenciados. Nada como la eliminación del FONDEN, el fondo constituido precisamente para situaciones como la que ahora viven los acapulqueños: con la desviación de fondos de rubros clave como educación, salud y, en este caso, catástrofes naturales hacia sus proyectos favoritos, el presidente se encuentra ante un severo dilema que ha estado tratando de resolver con retórica contra los medios (como si éstos fueran culpables de lo que pasa en el puerto del Pacifico) o las organizaciones civiles que de inmediato se movilizaron para reunir víveres (de lo mejor que tiene la ciudadanía). Primero los chivos expiatorios y luego que la realidad se resuelva sola.
• La mayoría de la prensa ha hecho un trabajo encomiable, justo el que le corresponde en estas circunstancias al exhibir la tragedia humana que representa una catástrofe como esta. Su función es esa: dar las noticias y lo ha hecho bien, como contrapeso natural.
• El fenómeno de las redes sociales es otra cosa: este nuevo espacio de interacción constituye, en todo el mundo, un gran reto a la gobernanza y a la democracia. Aunque permite que cualquier persona participe y opine, le abre la puerta a posturas radicales, información falsa y le confiere credibilidad a lo que no tiene veracidad alguna, beneficiando a nadie.
• Lo paradójico del momento es que un huracán -un fenómeno natural del que no se puede culpar a los “adversarios” de siempre, por más que se intente- constituye una extraordinaria oportunidad para lograr una “tregua,” la posibilidad de introducir algo de civilidad a la política nacional. Pero no, mejor polarizar hasta lo que ni por asomo proviene de la oposición.
• La prioridad del presidente es una sola: ganar la elección presidencial. Todo está concentrado en ello y, desde esa perspectiva, el huracán constituye una molestia inaudita. ¡Cómo se atreve Otis a alterar mi proyecto, que iba tan bien! Gobernar no es parte del catálogo que despliega el presidente. Su objetivo es el poder y las crisis, de cualquier tipo o monta, son meros distractores que deben ser ignorados porque no contribuyen al plan. Lo que venga en los próximos meses -el huracán, el desempeño económico, los vaivenes de los candidatos y partidos; y lo que ocurra en el resto del mundo- determinará que tan probable es que logre su cometido. Lo que hoy parece seguro podría no materializarse.
• ·   El potencial para que se conforme una contienda verdaderamente competida es enorme. La campaña de Claudia Sheinbaum va encarrerada, pero le faltan meses para aterrizar. La campaña de Xóchitl Gálvez no acaba de cobrar forma, pero enfrenta el cerco informativo y político que administra el presidente, un contendiente mucho más poderoso que su candidata. A favor de la primera corre la popularidad del presidente; a favor de la retadora viene la realidad que cada día se complica más.

Para Gramsci “la crisis consiste precisamente en que lo viejo se muere y lo nuevo no puede nacer; en este interregno aparece una gran variedad de síntomas morbosos.” En Acapulco los síntomas son evidentes. Igual con la elección del próximo año. Los dados podrán estar cargados, pero la carga de la realidad también pesa.

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