Nadie está a salvo

Luis Rubio

“Yo soy Dios” me dijo el flamante procurador. “Esta institución confiere un enorme poder de perseguir o perdonar.” Esas son las palabras que recuerdo de una visita a la procuraduría hace un tiempo y no me parecieron sorprendentes: el poder del gobierno mexicano no tiene parangón en el mundo civilizado: cuando un funcionario acumula tanto poder -facultades tan vastas como para unilateralmente decidir quien vive y quien muere, quien queda libre y quien va a la cárcel- la civilización simplemente no existe; todos somos perdedores. En la era del viejo sistema, muchos creíamos que el país contaba con instituciones fuertes cuando, en realidad, se trataba de una estructura autoritaria que mantenía la disciplina a través de mecanismos de control y lealtad que, en retrospectiva, demuestran el enorme primitivismo que nos caracteriza.

El poder que evidenciaba el entonces nuevo procurador, no es algo excepcional. Desde el funcionario más encumbrado hasta el más modesto, todo el país funciona así: todos los operadores del sistema -secretarios, procuradores, inspectores, auditores- cuentan con vastas facultades para perdonar o perseguir, cada uno en su espacio y circunstancia. Un ciudadano que lleva a cabo una pequeña obra en su casa -un cuarto adicional, una remodelación- enfrenta ese exceso de facultades en el inspector municipal: facultades tan enormes que pueden hacer la diferencia entre “resolver” el asunto en unos minutos o pasarse el resto de su existencia en los vericuetos burocráticos que hacen de Kafka el famoso autor costumbrista.

Todos los mexicanos vivimos en esa entretela del potencial abuso. Cualquiera que haya leído los periódicos de los últimos meses sabe que nadie está a salvo: “¿Hay investigaciones abierta contra Marcelo Ebrard en la procuraduría capitalina?”, le preguntaron a Miguel Ángel Mancera: “Nosotros en la CDMX no tenemos una indagatoria abierta”, respondió. El fraseo resulta revelador: no la tenemos, al menos ahora, pero siempre puede iniciarse; más importante: yo decido. No importa que tan poderoso haya sido el funcionario, hoy está sujeto al capricho que produce el enorme poder burocrático de que gozan los funcionarios en turno. Hace unas semanas la víctima fue Manlio Fabio Beltrones: nadie está a salvo del poderoso del momento.

Todo depende de los vientos que soplan, no del apego o violación de la ley. Ejemplos son infinitos y proliferan en todos los ámbitos; en algunos casos, quizá la mayoría, esas facultades arbitrarias de que goza la autoridad en turno existen para propiciar el enriquecimiento del funcionario; en otras, las más visibles, son instrumento de quienes están en el poder para disciplinar, controlar o subordinar a sus enemigos.

El primer caso es el de los inspectores municipales, que pueden permitir o cerrar una obra, un antro, una calle o un restaurante. ¿Cuánto tiempo estuvieron abiertas arterias principales de la Condesa en la ciudad de México hace unos meses como medio para propiciar “donativos” a la campaña futura del delegado? ¿En qué se distingue esa táctica de los que cobran “derecho de piso”? Sólo en el uso posterior del dinero. En el mismo rubro entran los inspectores de la CFE que vienen a contar el número de focos, pero cuyo propósito no es otro que el de utilizar su credencial para cobrar una mordida, algo no distinto a lo que hacen los policías de tránsito de manera cotidiana. Todos tienen facultades tan vastas para “perseguir o perdonar” no son sino medios de extorsión.

Si los ejemplos anteriores explican parte del odio que guarda la ciudadanía respecto a la autoridad, los que siguen ilustran el uso personal y político de las instituciones del Estado: el empresario que es auditado por apoyar al candidato equivocado o a la causa políticamente incorrecta; el candidato al que súbitamente le encuentran cargos de “lavado de dinero,” interviniendo y congelando sus cuentas y las de su familia, sólo para declarar que “no hay denuncia alguna” tan pronto concluye el periodo electoral, o sea, una vez que el daño ha sido absoluto. El uso de las instituciones del Estado -en este caso la Comisión Nacional Bancaria, la Procuraduría, el Banco de México- para fines particulares del poderoso del momento.

Si hay una medida de la civilización o el primitivismo, seguro la persecución judicial se encuentra al principio de la lista porque se trata de la libertad, el derecho más esencial del ser humano. Ese poder, que se manifiesta de distintas maneras en cada nivel y tipo de autoridad, revela todo lo que nos falta avanzar y cuan lejos se encuentra la realidad de la retórica política cotidiana. La realidad evidencia un país primitivo; la retórica pretende una concreción inexistente, y todos los funcionarios y gobernantes, sin distingo de partido, funcionan de esa manera cuando se encuentran en el poder: el poder para fines personales y partidistas, no para el desarrollo del país.

El día en que desaparezcan esas facultades excesivas -arbitrarias- podremos comenzar a vivir el mundo de la civilización; mientras tanto, los que aspiran a remover a los que están salivan por ser los poderosos, sin percatarse que, tarde o temprano, estarán del otro lado. Nadie está a salvo.

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La propuesta de Enrique de la Madrid hace imperativo discutir el asunto: reconozcamos la realidad y hagamos más seguros nuestros destinos turísticos removiendo una de las causas de la inseguridad, la provocada por el mercado ilícito y sumamente violento de las drogas, especialmente la mariguana. La sola mención de una propuesta tan seria, pero controvertida en nuestro entorno político, ha llevado a conectar dos cosas que no tienen conexión, al menos no la que pretenden los críticos de la estrategia de seguridad iniciada hace una década.

Hay dos temas relevantes: por un lado, el de la liberalización del mercado de las drogas y sus efectos; por el otro, el de los potenciales vínculos entre seguridad y drogas. Se trata de dos asuntos distintos que, aunque obviamente vinculados, siguen dinámicas diferentes: los factores que norman el funcionamiento del mercado de las drogas, igual si es legal o ilegal, no son los que determinan el comportamiento de las mafias del narcotráfico y sus pares en el crimen organizado.

El punto de partida es obvio porque sólo hasta ahora una autoridad se ha atrevido a decirlo: el consumo de las drogas en México existe y es fácil de acceder. O sea, aunque las drogas estén prohibidas, existe un mercado en el que es fácil comprar algunas drogas, especialmente la mariguana.

Los países que han caminado la senda de la legalización ofrecen valiosas lecciones: al liberalizar, el consumo aumenta porque se transparenta el mercado previamente existente, pero soterrado. Esas experiencias muestran que los riesgos asociados con el consumo disminuyen porque el producto se estandariza (eliminando substancias tóxicas de que frecuentemente viene asociado el mercado negro) y que, al ser un mercado abierto, desaparece la violencia y el riesgo inherente al proceso de adquisición del producto. En otras palabras, las ventajas y virtudes de la liberalización en cuanto al consumo son obvias.

El problema de las referencias internacionales es que no son muy relevantes a la realidad mexicana en un aspecto crucial: todas las experiencias significativas, comenzando por Holanda, Uruguay y más recientemente Colorado y California, suponen la existencia de un gobierno capaz de regular el mercado ahora liberalizado. En todos esos casos, el gobierno ha asumido la función de supervisor que se asegura de la calidad del producto, de los límites al consumo y de los requisitos que debe satisfacer el consumidor, especialmente la edad.

Cuando uno parte de la existencia de un gobierno funcional, capaz de supervisar un mercado y mantener la seguridad de los ciudadanos, la discusión sobre las drogas adquiere una naturaleza esencialmente moral: debe el gobierno cuidar de la salud de los ciudadanos o es potestad de los propios ciudadanos decidir sobre su propia vida. Esa es una discusión esencialmente filosófica que con rapidez adquiere un cariz ideológico que generalmente se torna imposible de romper.

En México somos peculiares porque tenemos una doble moral respecto a las drogas o una gran confusión respecto a la relación entre éstas y la seguridad. La discusión respecto a la liberalización generalmente supone que en el instante mismo en que se eliminara la prohibición se restablecería el orden público. Y ahí yace la falacia del binomio drogas-seguridad.

Mi posición es que las drogas, al menos la mariguana, deben ser legalizadas, pero no bajo la expectativa de que con eso se resolvería el problema de la seguridad. Sin duda, la eliminación de las rentas (utilidades excesivas) de que gozan las mafias de las drogas reduciría su poder y, por lo tanto, ayudaría a equilibrar la balanza entre policías y criminales. Sin embargo, más allá del espacio inmediato (ciertamente es posible mejorar la seguridad en una colonia o ciudad), el mercado relevante para estos fines no es el local, sino el estadounidense, y el más importante no es el de la mariguana (de la que cada vez exportamos menos), sino el de las drogas más rentables para los carteles, como son la cocaína, heroína y metanfetaminas.

Es crucial reconocer que nuestro problema no es de drogas, corrupción o violencia per se, sino de ausencia de gobierno y esa ausencia se debe a dos factores: uno, que nuestro sistema político centralizado se creó hace un siglo y nada se ha hecho para ajustarlo a la era de la descentralización política; en una palabra, los gobernadores no han construido capacidad policiaca, judicial y administrativa para mejorar la vida de sus ciudadanos. La otra causa de nuestra problemática se debe al enorme poder que derivan las mafias de sus (enormes) negocios billonarios en otro país. Así, la liberalización de las drogas en México no cambiaría la dinámica de los carteles ni afectaría las industrias de secuestro, extorsión y robo.

Por lo tanto, la inseguridad se deriva de la ausencia de gobierno y del enorme poderío (corruptor y de violencia) de las mafias y eso no se afectaría más que marginalmente por la legalización de la mariguana en México. Debemos discutir estos dos temas -drogas y seguridad- como dos asuntos independientes y ser honestos respecto a la urgencia de atender cada uno de ellos en su justa dimensión. Liberalizar es necesario, pero no es la panacea.

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En una entrevista, Woody Allen dijo que estaba “estupefacto de que la gente quisiera conocer el universo cuando ni siquiera sabe navegar dentro del barrio chino”. Así parecen haber sido muchos de los cambios que ha experimentado el país en los últimos tiempos.

En las pasadas cinco décadas, el país experimentó un gran colapso y dos respuestas incompletas. El sistema político y económico que se construyó a partir del fin de la gesta revolucionaria había dado de sí, hasta acabar colapsado. Quienes hoy fustigan los diversos cambios experimentados en estas décadas asumen que las reformas tanto en materia política como económica fueron voluntarias cuando, en realidad, fueron producto de la falta de alternativa.  En los sesenta, el país comenzó a vivir el principio del fin del viejo sistema: en la economía, la balanza de pagos sufría estragos como consecuencia de la disminución acelerada de exportaciones de granos, clave para financiar las importaciones de maquinaria y equipo. En ausencia de esa fuente de financiamiento, el proyecto de substitución de importaciones dejó de ser sustentable. En la política, el movimiento estudiantil de 1968 anunciaba el inicio de fuertes tensiones que se habían acumulado a lo largo del tiempo, hasta acabar rompiendo el monopolio de la hegemonía priista.

De esta manera, con mayor o menor claridad de rumbo y de sentido común, luego de las locuras populistas de los 70 se inicia un intento de transformación, originalmente encaminado a no alterar el orden político. Los dos grandes procesos de reforma emprendidos en los últimos treinta años dicen mucho de nuestra forma de ser y proceder: enorme ambición para soñar, pero poca disposición para aterrizar; objetivos grandiosos, pero metas pequeñas; comprensión de la urgencia de cambiar, pero sin alterar lo esencial; discurso altisonante, pero tolerancia a los intereses más cercanos. En una palabra, entendimiento de que el statu quo es insostenible pero falta de decisión o capacidad de aterrizar y llevar a buen puerto los proyectos de reforma que se emprendieron.

Fue así como acabamos con reformas incompletas, muchas de ellas extraordinariamente preclaras, pero inacabadas al fin. La visión transformadora, tanto en los 80 y 90 como en los últimos tres años, ha acabado siendo rebasada por la terca realidad. Algunas reformas se atoraron porque se encontraron con poderosos intereses que las paralizaron; otras naufragaron por la mezquindad y/o errores de los implementadores, los conflictos de intereses que los animaban y, en general, por la percepción de costos excesivos de la afectación de los beneficiarios del statu quo, en muchos casos los propios reformadores y sus aliados. Las razones del estancamiento reformista son muchas, pero las consecuencias pocas y específicas: el conjunto de la economía no crece (aunque sí muchas de sus partes) y los costos de la parálisis se apilan en la forma de pobreza, informalidad y desempleo, todo a cuenta de la legitimidad y desprecio del gobernante.

En el ámbito político nunca hubo un proyecto visionario e integral como el que, desde los 80, estuvo presente en la economía. En lo político-electoral el proceso fue de negociaciones parciales que finalmente permitieron una plataforma de competencia equitativa a partir de 1996. Sin embargo, aunque se hablaba de transición, nunca se comprendió que una transición requiere una definición precisa y consensuada del punto de partida y del de llegada. Como quedaron las cosas, nadie sabe cuándo comenzó la transición política mexicana ni hay acuerdo sobre cuándo concluirá: la conflictividad actual no es producto de la casualidad.

El asunto de fondo es que, cualquiera que sea la causa, los mexicanos no hemos podido dar “el gran salto hacia adelante”. Esto contrasta con los hallazgos de Soifer* en su estudio sobre la construcción del Estado: según Soifer, México destaca, junto con Chile y en contraste con Colombia y Perú, por haber logrado construir un Estado fuerte, resultado de la habilidad de sus élites para organizarse, imponer un orden y desarrollar una ideología común que le diera coherencia a la nación. Su estudio también sugiere algunas de las razones por las cuales algunos estados o regiones del país nunca consolidaron un sistema de gobierno eficaz. Pero el punto de fondo, lo interesante del libro, es que desde fines del siglo XIX hubo gran capacidad de construcción del Estado, misma que se renovó luego de la revolución. La pregunta es por qué nos hemos atorado ahora.

La parálisis en la toma de decisiones gubernamental –algunos le llaman oclocracia- es un tema frecuente en el mundo. Las democracias consolidadas han venido sufriendo el fenómeno de la existencia de grupos de interés que, para defender sus posiciones, han paralizado la toma de decisiones. Ejemplos de esto no solo es México sino también EUA y muchos países de Europa. Es en este contexto que el Pacto por México fue tan aplaudido en el mundo porque, aunque no muy democrático, parecía permitir romper con el cerco de la parálisis. Ahora es claro que, para lograrlo, tendremos que aprender algo más que navegar en el barrio chino. Y solo la sociedad lo podrá hacer.

*State Building in Latin America, Cambridge, 2015

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La contienda va a todo lo que da, meses antes de que inicie formalmente. Los candidatos hacen lo posible por tener presencia, atraer votantes nuevos y responder a los desafíos (y bretes) en que los colocan sus contendientes. Todo eso es lo normal en la vida democrática, aunque ésta se vea plagada de spots, discursos y alharacas. Los candidatos hacen lo que tienen que hacer para elevar su visibilidad y, confiadamente, ganar el voto adicional que permitiría lograr la victoria. La pregunta es qué está haciendo la ciudadanía para exigirle respuestas a los candidatos. Uno sin lo otro no es más que una invitación a la perpetuación de la impunidad.

La pregunta clave es dónde estamos, porque sólo así es posible responder a lo trascendente: cómo lo resolvemos. Los candidatos se desviven por avanzar su mensaje (y descontar a los otros), pero eso no responde al asunto medular que interesa a los ciudadanos: cómo vamos a salir del bache.

Por situación lógica e inevitable, el candidato del partido en el gobierno tiene la difícil situación de tener que proponer algo distinto sin alejarse de donde proviene y con demasiados jefes que, además, no comprenden el sentir del electorado; por su parte, los dos contendientes tienen mayor facilidad para atacar y denunciar, sin molestarse en proponer. AMLO se ha distinguido a lo largo de todos estos años por plantear algunos de los dilemas y problemas más fundamentales que enfrenta el país; sus planteamientos para resolverlos son vagos, muchos de ellos absurdos y casi todos a-históricos, pero eso no le quita el mérito de obligar a enfocar hacia problemas reales como los de la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Anaya traía un discurso más moderno e innovador, pero se ha dedicado a competir por el voto anti sistémico, perdiendo con ello su ventaja comparativa: la herencia liberal de su partido, que es lo que lo hace (hacía) distinto. José Antonio Meade cuenta con la experiencia y la visión que permitiría romper con los entuertos que mantienen empinado al país, pero sólo lo lograría en la medida en que rompiera con mucho de lo que hereda del gobierno del que emana. Ninguno la tiene fácil.

Pero esa perspectiva es en abstracto. En el mundo real, la contienda es muy distinta a lo que sugieren las encuestas en este momento. Una contienda de más de dos candidatos sin segunda vuelta tiene características muy específicas que determinan mucho del devenir del proceso electoral. El primer efecto es el de la fragmentación del voto; un segundo efecto es que alguna porción de la población, típicamente cercana al 10% en nuestro pasado reciente, abandona a su candidato si éste o ésta va en tercer o cuarto lugar para evitar un resultado que le es inaceptable: es decir, una porción del electorado de hecho actúa como si hubiera segunda vuelta. El tercer efecto es el más trascendente: con la fragmentación del voto, disminuye el umbral de triunfo, lo que le otorga un enorme peso al voto duro; es decir, la contienda se convierte en una en la que las maquinarias partidistas se tornan críticas.

Aunque todos los partidos tienen sus aparatos y maquinarias, ninguno tiene la organización con que cuenta el PRI que, por razones obvias de nuestra historia, tiene presencia incluso en estados y localidades en las que hace décadas no gobierna. Esto implica que si Meade logra consolidar la base priista, su probabilidad de ganar rebasa con mucho las apariencias que reflejan las encuestas.

Desde luego, la maquinaria no lo es todo, pero en una contienda en la que la base dura del electorado es crucial, la maquinaria adquiere una importancia excepcional. AMLO tiene su base dura (que, según diversas encuestas, anda alrededor del 25%) en regiones del centro del país históricamente saturadas de operadores, clientelas y organizaciones. El PRI, con la maquinaria más aceitada y distribuida, arroja un voto duro, si todos esos electores de hecho votan, de alrededor del 18%, en tanto que el PAN tiene cerca del 15%. Si al voto priista se le suma el Verde y el PANAL, el candidato del PRI prácticamente se empareja con AMLO. Con estos números, la verdadera contienda se concentraría en los 5%-6% adicionales que el ganador tendría que lograr de la ciudadanía.

Este análisis supone que Meade logra sumar al 100% de los priistas, comenzando por los que no se sienten representados por el candidato que no es miembro del partido que lo postula, y que todos sus operadores actúan de manera coordinada el día de la elección. Sin el voto duro priista, la probabilidad de éxito de Meade disminuye porque el voto ciudadano estaría muy disperso y casi sin duda sería insuficiente para reemplazar a la base dura.

En este contexto, el Frente se encuentra ante la tesitura que explica el discurso anti-sistémico de su candidato, así como la manera en que juega con fuego el gobernador de Chihuahua. Con una maquinaria menos grande y con un voto duro más pequeño, su única probabilidad de éxito, como ocurrió en 2006, es que alguno de los otros dos candidatos falle, cometa una pifia o se desmorone.

Nada de esto garantiza un resultado -de hecho, cualquier cosa es posible- pero sugiere que esta elección estará de morderse las uñas.

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Año nuevo, año de elecciones presidenciales: combinación de oportunidades, pero también de riesgos que ningún país saludable debería tener que vivir. Dos circunstancias entrelazan las oportunidades y los riesgos de una manera tan palpable: por un lado, aunque ha habido enormes avances en una multiplicidad de frentes, los problemas se siguen apilando y muchos, quizá la mayoría, es ignorada, como si no existieran. Por otro lado, el poder que concentra un presidente mexicano sigue siendo tan vasto que la persona misma es factor de confianza y estabilidad o, por el contrario, de riesgo e incertidumbre. Así comienza 2018.

Lo que ha avanzado no es pequeño. Para comenzar, en los últimos veinte años hemos logrado que los votos cuenten y se cuenten, hazaña no menor luego de setenta años de fraudes. Desde luego, el fraude no ha desaparecido y la capacidad de adaptación de los viejos operadores es impresionante: en el último par de años los ciudadanos pudimos ver el desarrollo de una estrategia que se podría denominar “Luis XV” por eso de “después de mi el diluvio:» el PRI ganó elecciones difíciles a un costo exorbitante tanto en dinero como en credibilidad.  El tiempo dirá si esa forma de jugar canicas (a diferencia de ajedrez, que requiere de una estrategia) trae beneficios o perjuicios, pero cuando la medida de las cosas es ganar y no avanzar, el resultado habla por sí mismo.

Por el lado económico, en las últimas décadas pasamos de una economía poco productiva, propensa a interminables crisis, malos salarios y pocos satisfactores, a una economía pujante que, si bien dista de haber resuelto los problemas del sur del país, ofrece un potencial de desarrollo que antes era impensable. El país hoy cuenta con oportunidades que eran inasibles antes, la ciudadanía se ha vuelto demandante y el gobierno no tiene más remedio que responder o perder. Algunas administraciones intentaron responder, otras, como la que está por concluir, optaron por perder, pero en ambos fueron decisiones conscientes.

Es fácil criticar todo lo que no se ha hecho y, sin duda, si uno ve hacia adelante, la complejidad de lo que viene parece infranqueable. Los problemas producto de la inmovilidad política y el desinterés de nuestros gobernantes (los a cargo y los aspirantes) es tan patente que no es difícil explicar el pesimismo reinante, al que se adiciona la flagrante corrupción e impunidad -y nadie en el espectro político se salva.

Pero el otro lado de la moneda también es cierto: si uno ve hacia atrás, es impactante el cambio que ha experimentado el país en niveles de vida, competitividad industrial, longevidad, sistema de salud, balanza de pagos y un largo etcétera. Los edificios, negocios, becas y oportunidades que aparecen cada día hablan por sí solos. México no puede decir que entró a la civilización, pero claramente ha avanzado en esa dirección.

Lo que falta es mucho y también obvio: México sigue dependiendo de las decisiones de un grupo compacto al que le sobra soberbia y una absoluta impunidad. Esa arbitrariedad lleva a que se utilicen los recursos del Estado -como el fisco y las instituciones de seguridad- para espionaje político, amedrentar empresarios o intimidar a la ciudadanía. Mientras que Trump intenta cambios casi en todos los casos sin lograrlo, los presidentes mexicanos tienen facultades tan vastas y arbitrarias que no hay mexicano que pueda sentirse seguro. El riesgo inherente a la persona que llegue a ganar las elecciones en julio próximo es tan grande que todo México está a la expectativa, cualquiera que sea su preferencia partidista o de candidato. Ningún país serio puede vivir procesos similares cada seis años y pretender que es posible el desarrollo.

Hay dos tipos de desafíos: los que podrían denominarse “técnicos” y los que se refieren a la estructura del poder. Los técnicos son conocidos y, en general, no disputados: la ineficiencia de los monstruos paraestatales, la insuficiente y pésima calidad de la infraestructura, la inexistencia de un sistema educativo idóneo para la era del conocimiento y todo lo relacionado con malas regulaciones, excesos burocráticos, dispendio de los recursos fiscales y carencia de mecanismos para que los funcionarios y políticos rindan cuentas de los fondos que aporta la ciudadanía a través de sus impuestos.

Mientras que los desafíos técnicos se pueden definir, los relacionados con el poder son más complejos y explican tanto la parálisis como la razón por la cual ni los asuntos técnicos se atienden. La estructura del poder en el país está dedicada a preservar cotos de beneficios y privilegios y a impedir que prosperen iniciativas que eleven la productividad, faciliten el acceso de la población a las decisiones o, incluso, que mejoren cosas elementales como el sistema educativo. Gane quien gane, el problema es el mismo: el sistema de privilegios que todo lo controla y que, en consecuencia, propicia tanto la desazón como los movimientos anti sistémicos.

“Sería de ciegos ocultar lo obvio,” dice John Womack: “que el México contemporáneo exige una reorganización política profunda y responsable; reorganización que comporta una limpia de todos los extremos del nudo, y no de uno solo”.

¡Feliz año nuevo!

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