En 2018 se manifestaron dos Mexicos contrastantes, pero igualmente válidos y representativos: el de una población enojada y resentida que quiere cambiar su realidad, aunque no tenga un rumbo claro y el de otra que quiere tener acceso a una educación moderna, una exitosa inserción global y una capacidad real para elevar la productividad en un contexto de Estado de derecho y reglas del juego claras. La primera cohorte votó masivamente por AMLO y espera resultados prontos. La segunda vio mejorías a lo largo de las últimas décadas pero no está satisfecha. Votaron diferente, pero enfrentan –enfrentamos- los mismos desafíos.

Los resultados electorales a nivel regional del día de la elección de 2018 son por demás reveladores: la abstención fue relativamente elevada en las regiones en que las cosas han mejorado sustantivamente, en tanto que ésta fue muy baja en las zonas en que no ha habido crecimiento. Es decir, la gente no está satisfecha con el ritmo de avance, pero toda quiere progresar, toda quiere mejorar. La paradoja, demostrativa en sí misma, es que quienes se han beneficiado (como en Aguascalientes, Querétaro y, en general, en el norte y este del país) están insatisfechos por no mejorar con la suficiente rapidez, en tanto que quienes no se han beneficiado para nada demandan ser incluidos en los beneficios. Nadie quiere ir para atrás: lo que demandan todos es ir más rápido, pero con mejor distribución de los beneficios.

No son dos proyectos de país, son dos realidades contrastantes luego de décadas de reformas parciales, insuficientes y, en muchos casos sesgadas. Las reformas iniciadas en los ochenta fueron inevitables porque el modelo de desarrollo que había sido tan exitoso en la era de la postguerra dejó de funcionar y, al intentar extremarlo a lo largo de los setenta, provocó el colapso de las finanzas gubernamentales en 1982, lustros de crisis económicas y casi hiperinflación. No es cierto que el país estuviera en el nirvana al inicio de los ochenta: más bien, se trató de un espejismo producto de un instante de elevados precios de petróleo y de mucha disponibilidad de deuda externa, ambos, como hubiera dicho López Velarde, escriturados por el diablo.

El problema de las reformas no fue su imperiosa necesidad, sino el criterio que las guio: se hicieron reformas no para alterar el statu quo, sino para hacerlo viable. El objetivo era reactivar la economía luego de años de interminables crisis para que el viejo sistema político se mantuviera intacto. Bajo esta premisa, no es casualidad que muchos cacicazgos políticos, sindicales y empresariales preservaran sus privilegios, haciendo imposible el progreso de vastas regiones del país, sectores de la economía y partes de la sociedad. Tampoco es sorprendente que se mantuvieran elevados índices de pobreza y marginación o que la corrupción persistiera.

No hay que olvidar que las reformas fueron impulsadas por los tecnócratas y limitadas por los políticos, cuyo entre juego produjo inevitables contradicciones y contrastes. Lo irónico de los planteamientos de AMLO es que ha excluido a quienes serían sus mejores aliados en la satisfacción de las demandas de todos los mexicanos: igual aquellos que se sienten insatisfechos a pesar de que les ha ido relativamente bien y aquellos que están insatisfechos porque no han mejorado para nada. La gente sabe muy bien lo que quiere; lo que quizá no sepa es cual es la mejor forma de lograrlo. Quizá esto explique el enorme contraste entre la aprobación de que goza el presidente en su persona y el poco apoyo que reciben sus iniciativas. Puesto en términos coloquiales: ningún mexicano querría seguir viviendo de un trapiche cuando aspira a vivir como viven quienes aparecen en la televisión. La solución no es ir hacia atrás, sino apresurar el paso hacia adelante bajo la premisa de la inclusión y la movilidad social. Ahí es donde AMLO podría verdaderamente transformar a México.

Si el escenario es tan evidente, ¿por qué no hay manifestaciones masivas a favor de una mejor educación, reglas claras y confiables y fin a la extorsión y la impunidad? Sin duda, gran parte de la explicación reside en la realidad de los cacicazgos en el país: no importa el ámbito en el que cada mexicano se mueva, siempre hay un poder real que limita esa movilidad. Algunos son muy obvios, como las mafias del crimen organizado y las de la educación, como la CNTE, pero otros son más sutiles: las dádivas clientelares que le encantan al presidente tienen el efecto de apaciguar en lugar de resolver problemas; la manipulación que ejercen los medios electrónicos, cierra, en lugar de abrir, oportunidades a quienes viven más alejados de las posibilidades de desarrollo que ofrece, y exige, el mundo de hoy; y, no menos importante, el hartazgo producido por décadas de promesas y evidencia de corrupción. La gente no es tonta y si entiende, pero sus posibilidades de actuar son escasas en ausencia de condiciones propicias o presencia de liderazgos opresivos.

El resultado electoral de 2018 fue producto de reformas insuficientes que dejaron insatisfecha a la mayoría de la población. Es tiempo de asumir responsabilidades y construir un nuevo futuro. Ojalá el presidente estuviera dispuesto a encabezarlo.

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La ley lo dice, por lo tanto tiene que ser verdad. Cicerón hubiera dicho: Lex dixit, verita est. Bajo ese rasero, si la ley lo prohíbe, no existe: no hay secuestros, no hay robos, no hay homicidios, no hay violencia intrafamiliar, porque todo eso está prohibido por ley.

Al menos eso es lo que nos dicen nuestros legisladores de manera recurrente; los anuncios que emergen del congreso son siempre iguales: “nosotros ya legislamos, por lo tanto el problema ya desapareció.” Excepto que, todos lo sabemos, nada cambió, excepto lo que se publica en el Diario Oficial: miles de páginas de nueva legislación que no cambia nada en la realidad: siguen los secuestros y los robos y la corrupción. Lo único que falta es que a alguien se le ocurra decretar la felicidad. Con eso nuestros problemas serían historia.

Los políticos, máxime cuando son candidatos, se desviven en prometer que resolverán todos los problemas: unos porque ellos son la personificación del bien, otros porque traerán la legalidad a la vida cotidiana. Para quienes viven en el mundo terrenal, ese en el que los problemas no se resuelven por sí solos ni con más leyes y regulaciones inútiles, las promesas de legalidad son vagas, reiteradas y falsas.

La legalidad se ha convertido en un mito retórico: todos la prometen, pero nadie la define. Para nuestros “gobernantes” leguleyos, si está en la ley, es legal y, por lo tanto, vivimos en un Estado de derecho, lo que ha llevado a la práctica de modificar la ley para que lo que el gobierno quiera se pueda hacer. Lo que todos esos políticos no entienden -igual los de barriada que los que se sienten superiores- es que la esencia de la legalidad radica en que el gobernante no pueda cambiar la ley a su antojo. Es decir, la legalidad es imposible mientras alguien tenga, por sí mismo, el poder para modificarla.

El reino de la ley consiste en tres cosas muy simples: primero, que los ciudadanos tengan sus derechos (legales, políticos y de propiedad) perfectamente definidos; segundo, que todos los ciudadanos conozcan la ley de antemano; y, tercero, que los responsables de hacer cumplir la ley lo hagan de manera apegada a los derechos ciudadanos. Es decir, la legalidad implica que ambas partes -la ciudadanía y el gobierno- viven en un mundo de reglas claras, conocidas y predecibles que no pueden ser modificadas de manera voluntaria o caprichuda, sino siguiendo un procedimiento en el que prevalecen pesos y contrapesos efectivos cuya característica medular sea el respeto a los derechos de la ciudadanía.

Esta definición, aunque sea escueta, establece la esencia de la plataforma de reglas que norman el comportamiento de una sociedad. Cuando existe ese marco y éste se respeta y hace cumplir, existe el Estado de derecho. Cuando las reglas son desconocidas, cambiantes o ignorantes de los derechos ciudadanos, la legalidad es inexistente.

Es en este contexto que debe analizarse la problemática que encara el Estado de derecho en el país. La propensión natural de nuestros políticos y abogados (y, más recientemente, de la OECD) es a proponer más leyes en lugar de atender el problema de fondo. Ese problema de fondo es muy simple y en este radica el dilema: la legalidad en México no existe porque quienes ostentan el poder político tienen –de facto- la capacidad de ignorar la ley, violarla, modificarla a su antojo o aplicarla, o no, cuando quieran. Es decir, el problema de la legalidad en México reside en el enorme poder que concentra  el gobierno –y, crecientemente, una persona- y que le permite mantenerse distante e inmune respecto a la población.

Hay dos componentes del “Estado de chueco” que prevalece en el país, como lo llamó Gabriel Zaid: uno es la enorme, excesiva, latitud y discrecionalidad -que acaba siendo arbitraria- que le otorgan todas las leyes y regulaciones a nuestros funcionarios, desde el policía de crucero hasta el presidente de la República. Los funcionarios en México pueden decidir quién vive y quien muere (o quien tiene que pagar una mordida) porque la ley les otorga esa facultad. Esto no es algo que ocurrió por error: es la forma en que se nutre y preserva el sistema político, la forma en que se pagan los moches, la corrupción y la impunidad.

La única forma de construir un régimen de legalidad es quitándole el poder tan desmedido que tiene nuestra clase política y eso sólo puede ocurrir por voluntad propia –o por un liderazgo efectivo que reconoce que aquí reside una de las fuentes esenciales de la corrupción y la impunidad- o por una revolución. No hay otra posibilidad.

A riesgo de repetir un ejemplo que es imbatible, el gobierno de los 80-90 entendió que la ausencia de Estado de derecho hacía imposible atraer inversión privada, sin la cual el crecimiento económico es imposible. Así, la razón de ser del TLC norteamericano es precisamente esa: un espacio de legalidad en el que hay reglas claras y conocidas y una autoridad que las hace valer. Ese régimen se adoptó porque el gobierno de entonces estuvo dispuesto a aceptar reglas “duras” a cambio de la inversión.

Si queremos un régimen de legalidad, tendremos que hacer lo mismo para todo el país, para toda la población, para todos los ciudadanos. Esa es la revolución que le falta a México.

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15 Sep. 2019

La estrategia presidencial ha sido muy clara: concentrar y consolidar su poder. Su expectativa es que, al recrear el esquema de la presidencia fuerte de hace medio siglo, la economía automáticamente responderá. La realidad ha probado ser muy distinta: la inversión privada se ha contraído y la economía se ha desacelerado, con alta probabilidad de entrar en recesión. Para contrarrestar esta tendencia, el gobierno ha promovido mensajes por parte de empresarios cercanos, incitando la reactivación de la inversión. El objetivo es loable, pero inconsistente con el entorno en que ocurre.

El ingrediente nodal para lograr el crecimiento de la economía es la inversión privada. Así lo entiende el gobierno y por eso su activismo promocional; lo que estas iniciativas no reconocen, es que no hay inversión porque, al atemorizar al inversionista, impiden que ésta se materialice. El problema no radica en la lógica del empresario -obvia y absolutamente predecible- sino en el ímpetu gubernamental por hacerla imposible al aterrorizar a los potenciales inversionistas.

En el último año, el gobierno se ha dedicado a destruir todos los elementos que hacen posible y atractiva la inversión, comenzando por el que es central para el empresario: la certidumbre. La retahíla de atentados contra la certidumbre comenzó con la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México y prosiguió con la andanada de persecuciones sin orden judicial, el anuncio cotidiano de nuevas investigaciones y la aprobación de la ley de extinción de dominio, que hace vulnerable a cualquier persona y la somete enteramente a la discrecionalidad burocrática y política de quien es el mandamás del momento. Es decir, el gobierno se ha dedicado a erradicar toda fuente de certidumbre y a atemorizar precisamente a aquellos de quienes depende que crezca la economía y se avance en la lucha contra la pobreza, dos de las promeses del presidente.

Por si esto fuera poco, no hay mañanera en la que no se ataque a una fuente de certidumbre: un día es la Comisión de Derechos Humanos, otro algún periodista, seguido de descalificaciones a algún empresario. O sea, hay una creación sistemática de miedo. En adición a lo anterior, el desmantelamiento, intimidación o debilitamiento de todas las instancias de contrapeso al poder ejecutivo -desde los órganos llamados autónomos, cada uno relevante en su ámbito de competencia, hasta la Suprema Corte y el Banco de México- constituyen afrentas a la certidumbre.

Lo interesante es la lógica de la andanada, pues replica una era pasada, a la vez que contradice las afirmaciones que, desde hace más de una década, han caracterizado al hoy presidente. Mientras que AMLO prometió erradicar la corrupción y privilegiar la justicia, su actuar ha ido en sentido contrario: el lugar de construir una amplia y ambiciosa estrategia para eliminar las causas de la corrupción a través del fortalecimiento del sistema de justica, el gobierno ha optado por reproducir la forma exitosa en que actuó el presidente Salinas. Nada malo en ello, excepto que tiene lugar en un contexto muy distinto, tanto por el proyecto presidencial como por la naturaleza de la economía mundial tres décadas después.

Salinas procuró la consolidación de su poder para emprender una transformación económica profunda. Independientemente del resultado, su actuar le abrió espacios para confrontar sindicatos, empresarios y líderes políticos y con ello ganar amplia credibilidad entre la población. El punto clave es que, detrás de la estrategia de consolidación del poder radicaba una estrategia de desarrollo económico compatible con el momento del mundo del momento. Nada de esto es cierto en el caso del gobierno de López Obrador.

En este contexto, es inconcebible que crezca la inversión privada, por más que se intenten ejercicios de promoción, invitaciones, presiones o renegociaciones escuálidas. En el mundo globalizado del siglo XXI la inversión no tiene domicilio: se mueve en un instante hacia donde hay oportunidades y, sobre todo, donde hay claridad de rumbo y certidumbre. Lo que atrae a la inversión es la creación de condiciones para que ésta florezca y pueda rendir frutos atractivos. La estrategia gubernamental ha ido en el sentido exactamente opuesto.

La historia, dijo Marx, se repite primero como una tragedia y después como una farsa. Más allá de la extraña ironía de copiar la estrategia que siguió Salinas, el enemigo más mencionado por AMLO, el embate emprendido por el gobierno actual tiene una lógica política impecable, pero choca contra la pared porque adolece de una estrategia de desarrollo que todo mundo -comenzando por los inversionistas- pueda entender.

Salinas actuaba en el contexto del viejo sistema político: impuso su marca con la detención de la Quina y otros personajes públicos, logrando con ello credibilidad como un presidente capaz y dispuesto a romper con la oposición a su proyecto. Treinta años después, el gobierno carece de un proyecto de construcción de un futuro novedoso y tiene lugar en un contexto político radicalmente distinto: ahora esa misma estrategia suena más a venganza, lo opuesto a la necesaria certidumbre porque genera temor. En un contexto así, no hay forma de atraer la inversión privada.

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La frontera México-Estados Unidos es un mundo peculiar: parte mexicano, parte americano y, a la vez, distinto a ambos. Sobre todo, es absolutamente diferente a lo que imaginan los políticos en Washington o la Ciudad de México. La frontera ha ido adquiriendo su propio carácter por sus circunstancias particulares: el desdén de sus gobiernos centrales, la distancia a las capitales respectivas y, sobre todo, la dependencia mutua que cada punto de la frontera ha desarrollado. El Paso no podría existir sin Ciudad Juárez y ambas viven en medio de un desierto inhóspito que las atrae en lugar de repelerlas. El reto, y la oportunidad, para México no radica en volver a aislar la zona fronteriza (que es lo que se está haciendo) sino en integrarla con el país a la vez que el país se integre con la propia frontera.

En un libro señero, La Frontera, Weisman y Dusard describen las muchas fronteras que caracterizan a la línea que une (y separa) a las dos naciones: cada región tiene sus características, pero el conjunto guarda semejanzas que se derivan de la interacción permanente -y la interdependencia- que surgen de una convivencia cada vez más profunda. Ese libro, de hace casi tres décadas, era un mero atisbo a lo que  habría de venir. El libro describe, e ilustra con fotografías, la cambiante geografía natural, pero también la forma en que interactuaban a diario las comunidades en ambos lados de la línea fronteriza, con todos los problemas y tensiones que son parte inherente al panorama.

De publicar una secuela hoy, estos autores seguramente describirían dos nuevas realidades: primero, el incremento descomunal de la interacción fronteriza, sobre todo producto de la integración creciente entre las dos economías, las cadenas de suministro que alimentan a la industria automotriz, química, electrónica, de aviación y tantas otras que son el pan de cada día de nuestra economía y que han llevado a un ascenso dramático en el número de camiones, carros de ferrocarril y personas que cruzan en ambos sentidos de manera cotidiana. Por otra parte, la descripción seguramente incluiría el deterioro que ha experimentado la región como resultado de la cada vez mayor actividad criminal, los interminables flujos migratorios que ahora se han hacinado del lado mexicano y las tensiones y conflictos que todo esto entraña.

A pesar de estos males, la región es cada vez más un “país” en sí mismo, una región en que conviven comunidades de ambos lados y que tienen características en su vida cotidiana que son radicalmente distintas a las del resto del país. No es casualidad que siempre que se realizan cambios fiscales o regulatorios (como el IVA o sobre el lavado de dinero) se crean excepciones para la zona fronteriza porque no habría otra forma de funcionar ahí. Innumerables mexicanos van a la escuela en el país del norte, o viven “del otro lado” y cruzan la frontera de manera cotidiana. Trabajadores mexicanos van al lado estadounidense todos los días, en tanto que empresarios americanos vienen a trabajar al lado mexicano.

Algunos estados fronterizos han formalizado diversos esquemas de cooperación para facilitar los intercambios, otros simplemente se dedican a ello. Quizá no hay mejor ejemplo que el caso de la frontera de Sonora y Arizona con su comisión bilateral. Para el estado de Texas, México es su mayor socio comercial, superior en volumen y valor al de todo el resto de sus intercambios con toda la unión americana y sus gobernadores, igual republicanos que demócratas, se dedican a hacer funcionar la relación. El propio gobierno federal estadounidense ha ido inventando mecanismos para facilitar la vida fronteriza y atenuar la creciente complejidad burocrática que caracterizan sus programas de seguridad, a través de programas como el Sentry, cuyo propósito es hacer expedito el cruce de vehículos previamente registrados.

Para México, la frontera siempre ha sido un desafío. El instinto histórico ha sido el de distanciarnos de los americanos, tolerar las inevitables peculiaridades que requieren quienes viven en esa región y olvidarse del asunto. Fue con ese fin que, a mediados del siglo pasado, se creó la zona libre y, luego, se propició el establecimiento de maquiladoras, pero siempre restringidas a esa región. Es decir, se quería aislar a la zona fronteriza como si se tratara de una cuarentena por razones de salud: que no se contagiara el resto del país.

Esa perspectiva ya no es sostenible ni tiene sentido. Desde los ochenta, la frontera se convirtió en el factor clave de la interacción entre las dos economías y el punto de encuentro de México con su principal motor económico. Desde luego, no hay razón alguna para limitarse a un sólo motor, pero es imposible, y sería suicida, pretender disminuir o eliminar los elementos y mecanismos que hacen funcionar a la región.

En una palabra, en lugar de volver a aislar a esa zona del resto del país a través de la recreación de la zona libre, el gobierno debería integrarla de manera cabal con el resto del país y, al mismo tiempo, integrar al país con esa zona. Este no es un juego de palabras: la única manera de poder prosperar es simplificando, descentralizando y desburocratizando, característica inherente a esa región.

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Otro país

25 Ago. 2019

Luis Rubio

Mientras México va corriendo hacia un pasado incierto, irreproducible y, ciertamente, indeseable, el resto del mundo corre a una velocidad desesperada. No es sólo el hecho de ir en reversa, sino que los riesgos inherentes a lo que se destruye en el camino implican que el país va a perder la posibilidad de, finalmente, lograr altas tasas de crecimiento económico. El asunto no es de preferencias gubernamentales o de popularidades; el asunto es de estrategias de desarrollo en la era de la globalización, en el siglo XXI.

Ningún lugar del mundo evidencia la dirección del desarrollo en esta era, y de manera tan brutal, como Asia. En esa región la disputa es toda por el futuro: quien logrará tasas más elevadas de ingreso per cápita en el menor plazo. Una por una, todas esas naciones, cada cual con su cultura, historia y forma de gobierno, ha ido construyendo los cimientos de su desarrollo, pero todas comparten características comunes, comenzando por su devoción por la educación, la infraestructura y el desarrollo tecnológico. En esa región sería inimaginable pretender regresar a un pasado idílico porque la nostalgia no tiene lugar en el futuro y todo es, a final de cuentas, sobre un futuro mejor.

Una visita reciente a tres países de la región me dejó observaciones y aprendizajes sobre la forma de conducir sus asuntos y, sobre todo, sobre sus prioridades: las diferencias entre naciones como Corea, Singapur e India son pasmosas, pero el dinamismo es sólo uno, común a todos. India es una nación inmensa en población y territorio, con una diversidad étnica, religiosa y económica que, aún viniendo de un país tan complejo como México, es absolutamente incomprensible. Y, sin embargo, todo el país parece volcado hacia la construcción de un futuro que, sin romper con sus tradiciones, sea radicalmente distinto al pasado.

La primera vez que visité Corea, en 1998, el país estaba saliendo de una crisis financiera, similar a las que habíamos vivido en México tantas veces. Lo que más me impresionó en aquella ocasión fue el sentido casi de culpa que mostraban mis interlocutores en el gobierno y la academia. Para ellos, el hecho de haber tenido que recurrir a un apoyo externo (el FMI) era equivalente a perder cara, a demostrar incompetencia y, sobre todo, haber errado el camino. Su respuesta no fue retornar a la pobreza del pasado, sino cambiar radicalmente su estrategia, enfrentar sus problemas y dar un gran salto hacia adelante para alcanzar los resultados de los que hoy están tan orgullosos sus ciudadanos.

India y Corea guardan semejanzas evidentes con México porque son naciones grandes, con una larga y orgullosa historia, pero en lo que son radicalmente distintas es en su determinación por romper con las amarras del pasado y construir una sociedad nueva, distinta, capaz de satisfacer las necesidades de una población ambiciosa y decidida. Corea, una nación sin recursos naturales, optó por convertir a la educación en su ventaja comparativa: en lugar de ceder ante tradiciones o grupos de interés, forzó un cambio radical en la educación hasta convertirla en el medio a través del cual pudo romper con la pobreza y sus impedimentos naturales. India, una nación con más de mil millones de habitantes, decidió un camino similar, pero ello en el entorno de la enorme complejidad que la caracteriza. A pesar de sus contrastes sociales, todo el ímpetu de la nación se puede apreciar en cada cuadra y en cada conversación.

Un miembro del gabinete hindú ilustraba el reto con un argumento simple y claro: a pesar de su semejanza en tamaño con China, India es una democracia y tiene que lidiar con sus problemas en ese contexto, algo que para el gobierno chino es absolutamente inconcebible. La diferencia, continuaba el funcionario, es que los chinos seguirán entusiasmados siempre y cuando el gobierno pueda seguir satisfaciéndolos con crecimiento económico; en contraste, India seguirá en su camino hacia el futuro, en ocasiones de tumbo en tumbo, pero con el apoyo de una población que sólo tiene futuro porque el pasado no es atractivo. Al escucharlo, hubiera deseado que ese fuese el discurso de nuestro presidente.

Singapur no es modelo para México (ni para India o Corea), simplemente por su escala. Una isla-nación en la que todo funciona, la infraestructura es inmejorable y el orden excesivo, Singapur sabe de donde viene y a donde quiere llegar, a lo que dedica recursos y esfuerzos de manera incesante y hasta despiadada. Nada se pone en el camino de los funcionarios mejor pagados del mundo (ahí se entiende al revés: un funcionario bien pagado se dedica a su trabajo y a nada más), todos ellos especialistas dedicados a su mandato.

Hace algunas décadas los representantes del banco mundial y otros organismos similares afirmaban que México tenía quizá el equipo gobernante más competente; sin duda, era de gran clase, pero el de Singapur es simplemente inmejorable, uno tras otro. No por casualidad tiene el PIB per cápita más alto del mundo.

Tres naciones construyendo su futuro: con sus enormes diferencias y características, cada una de ellas con claridad de rumbo y, sobre todo, sin complicarse la vida con un pasado que es imposible de ser recreado. Imposible no tener enorme envidia.

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Luis Rubio

Sobre lo único que no hay disputa es que el presidente está avanzando aceleradamente hacia una creciente concentración del poder. Cada paso que da y cada decisión que toma tiende a eliminar competencia, disminuir o neutralizar contrapesos y cancelar todas las fuentes de independencia que puede. El objetivo manifiesto es controlar para resolver los problemas que el país ha venido experimentando con presidencias débiles que fueron incapaces de restablecer el orden y promover el crecimiento de la economía. En una palabra, recrear los sesenta.

Décadas de observar el funcionamiento del sistema político me han llevado a dos conclusiones sobre sus pilares fundamentales y, por ende, sobre la viabilidad del proyecto de concentración de poder.

En primer lugar, no cabe ni la menor duda que en toda la era independiente del país sólo ha habido dos periodos en que la economía creció con celeridad y la sociedad vivió años de paz y estabilidad. El primero fue el del porfiriato que, después de décadas de conflictos y levantamientos, el gobierno fundamentó un orden que permitió atraer inversiones, construir ferrocarriles y darle un fuerte impulso a la economía. El segundo periodo fue el de la etapa postrevolucionaria, especialmente los años del desarrollo estabilizador, en que la economía creció de manera inusitada, el país experimentó una rápida urbanización y el crecimiento de la clase media. El común denominador fue un gobierno fuerte que no permitía disidencia e imponía orden. No es difícil identificar en esos logros un poderoso imán para la imaginación de un gobernante que sueña con lograr la tercera era de paz y estabilidad.

El problema de mirar nostálgicamente hacia el pasado es que permite aislar los logros de los fracasos o los avances de sus consecuencias. El porfiriato se colapsó por razones biológicas porque todo dependía de un individuo que empujaba y controlaba, negociaba y gobernaba, pero que inexorablemente tenía un fin. Incluso sin revolución, el porfiriato vivía contradicciones que difícilmente hubieran sobrevivido al caudillo. El fin del PRI duro fue producto no de la falta de institucionalidad sino de su cerrazón y autoritarismo, que negaba cualquier flexibilidad para ajustar el modelo cuando sus soportes comenzaron a hacer agua, a la vez que cegaba a sus líderes respecto al desarrollo de la sociedad, producto, irónicamente, del éxito de su gestión. Al igual que el porfiriato, la naturaleza del sistema le impedía transformarse y no hay razón para pensar que una nueva era de férreo control presidencial vaya a ser distinta. Los problemas que hoy experimentan los priistas en su intento por recrearse se derivan de lo mismo.

En segundo lugar, tenemos una profunda propensión a desperdiciar oportunidades, quizá por el bajo calado de la democracia mexicana y sus profundos sesgos autoritarios. Aunque se resolvió (casi) el problema de acceso al poder, estamos lejos de haber construido el andamiaje institucional que le dé protección a la ciudadanía, arraigue de manera profunda la participación ciudadana en una sociedad tan dispersa y desigual y obligue a la autoridad a ser transparente y rinda cuentas efectivas de sus actos. El mero hecho que el presidente pueda barrer con los incipientes contrapesos sin costo alguno lo dice todo.

Pero el problema de fondo es que el poder, por vasto que sea, no garantiza un resultado benigno. En los ochenta y noventa, gracias al maridaje del PRI y la presidencia y al autoritarismo que le era inherente, con una presidencia infinitamente más poderosa a la que siguió, el gobierno fue incapaz de llevar a cabo el cambio integral que su propio proyecto proponía. Se hicieron reformas incompletas, muchas veces a modo, que se tradujeron en una gran desazón, por la cual ahora estamos pagando el costo. Un ejemplo lo dice todo: para la privatización de Telmex hubo dos proyectos de título de concesión, uno que valía cuatro veces más que el otro; el primero garantizaba el fin inmediato del monopolio y la apertura a la competencia, en tanto que el segundo preservaba el monopolio. El crecimiento económico requería lo primero; el interés hacendario aseguró lo segundo. Nada es gratuito.

Al inicio de este siglo, Fox volvió a desperdiciar la enorme oportunidad que su elección había creado. A la dilución del poder presidencial se sumó la incompetencia y frivolidad del personaje, quien hasta la fecha no ha podido comprender su responsabilidad histórica. ¿La tercera -o 4T- será la vencida?

El problema trasciende las características de las personas porque refleja una debilidad estructural de la política mexicana que no se resuelve con la reconstrucción de la presidencia imperial.

AMLO goza de un enorme apoyo popular, mayor al de Fox en su momento, pero igualmente volátil. Si algo enseña la historia nacional es que los grandes estadistas que hoy así se reconocen lo fueron por haber trascendido las escaramuzas del momento y construido una nueva plataforma de realidad. Ninguno de ellos -Juárez, Madero, Cárdenas- sabía de antemano que sería estadista: simplemente construyeron un nuevo futuro. Todo lo cual muestra la futilidad de intentar recrear un pasado irrepetible, cuando lo que se requiere es un nuevo futuro.

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El electorado mexicano le quitó la máscara a la narrativa dominante y al establishment y eligió al candidato que prometía cambiar los vectores de la política y la economía del país. Desde la elección, pero particularmente desde el 1ero de septiembre en que el Congreso entró en funciones, los contingentes morenistas y sus aliados se han comportado más como una fuerza de choque que quiere alterar el orden establecido sin que medien procedimientos formales o negociaciones, que como un grupo parlamentario institucional. La lógica detrás de este modo de proceder responde a la concepción de que llegaron al poder independientemente de las elecciones: en lugar de haber ganado, se les reconoció su triunfo. Es decir, hay un enorme ánimo revanchista, un encono soterrado en muchos de los actores clave de la coalición de Morena. La gran pregunta para el futuro es si López Obrador secundará esta concepción o si asumirá la presidencia como un estadista responsable ante la totalidad del electorado.

El contraste entre los dos escenarios es evidentemente radical. En el primer caso estaríamos hablando de un gobierno que viene no sólo a gobernar a su modo, sino a cambiar el orden establecido y las instituciones que lo sostienen de una manera integral y drástica, incluso violenta. Es decir, la vieja idea revolucionaria que procura el fin de un régimen y el comienzo de otro sin que medie un proceso institucional. De manera alternativa, López Obrador podría apegarse a todos los reglamentos institucionales para dar cabida a su agenda de cambio sumando al resto de la población, como ocurrió en la España post-Franco. Un camino así tiene la virtud de hacer más permanentes los cambios a los que se llegue.

España ilustra el contraste entre estos dos modos de proceder. Al momento en que muere Francisco Franco, el pueblo español quería un nuevo régimen. Para los políticos, la interrogante era cómo dar ese paso: una posibilidad era romper con el régimen franquista, entrando en un entorno de absoluta incertidumbre; la alternativa era aceptar el régimen institucional vigente, así fuese detestado por la mayoría de las fuerzas y partidos políticos, mientras se construía un nuevo andamiaje legal e institucional. En este sentido, los pactos de La Moncloa no acordaron “el qué” sino “el cómo”. El tema en la agenda en aquel momento era relativo a precios y salarios, asuntos cruciales, pero de menor trascendencia política. La trascendencia de aquella reunión en particular tuvo que ver precisamente con lo que en México no hemos logrado: acuerdos de procedimiento.

De manera similar, López Obrador tiene que definir si va por el camino institucional como hizo Adolfo Suárez, lo que lo elevó al nivel de un estadista trascendental, o por el camino de la imposición radical, clásica de un proyecto radical o revolucionario.

No me cabe duda de que López Obrador muy pronto se encontrará con que muchos de sus planteamientos son inviables o extraordinariamente destructivos y, por lo tanto, contraproducentes respecto a su propia visión para el futuro del país. Su decisión respecto al aeropuerto de la ciudad de México sirve de ventana para observar los potenciales costos de realizar acciones que tienen más ángulos relevantes de los que podría parecer a primera vista. En este caso, el aeropuerto tiene no sólo unos cuantos contratistas de por medio –para los cuales López Obrador aseguró que habría compensación- sino miles de tenedores de bonos en los mercados financieros internacionales, proveedores nacionales y extranjeros y toda clase de actores clave para el proyecto. Al cerrar la puerta, López Obrador envió la señal de que nunca se apegará a las reglas existentes y que, por lo tanto, ninguna inversión goza de certidumbre. El costo inmediato se pudo ver en acciones por parte de las calificadoras de crédito y el tipo de cambio, pero el costo potencialmente incontenible vendrá después: cuando los inversionistas potenciales incorporen en su proceso de decisión sobre si invertir un cálculo respecto al riesgo de perder su inversión por la forma de proceder del gobierno. En contraste con contratistas y constructores, los empresarios e inversionistas tienen, por necesidad, que ver un horizonte de más largo plazo.

El punto de todo esto es que López Obrador tiene una decisión fundamental que tomar respecto a la forma en que actuará como presidente: será un activista social o un estadista. Si es lo primero, la decisión sobre el aeropuerto ya marca una pauta; si es lo segundo, todavía es tiempo de establecer un nuevo patrón de comportamiento, como ha ocurrido en instancias como la de la CONAGO. Me parece claro que, para él, un cambio en este sentido sería sumamente difícil por su profunda y arraigada convicción de que todo lo realizado a partir de los ochenta fue errado, y porque es un factor importante para las bases que lo han apoyado frente a viento y marea, las cuales por eso frecuentemente corean que “es un honor estar con López Obrador”. También me queda claro que le es mucho más importante lograr sus objetivos que apegarse a dogmas contraproducentes.

Fragmento del libro Fuera Máscaras: el fin del mundo de fantasía, que se puede descargar en:

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/mi_190625_unmasked_spanish_v2.pdf

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