Luis Rubio

Los asesores financieros suelen diferenciar entre inversiones en valores de poco riesgo pero con bajos rendimientos, de aquellas con mayor riesgo pero con alto retorno potencial. El viaje del presidente a Washington siguió una lógica distinta: alto riesgo con bajos rendimientos. Dado lo que estaba de por medio, no fue una mala estrategia, pero sólo se podrá cantar victoria si sus reverberaciones no resultan contraproducentes.

Los discursos de los dos presidentes no podían haber sido más contrastantes, porque cada uno tenía un objetivo distinto. Para Trump, el objetivo era concluir la disputa que él mismo generó con México para apaciguar a los electores hispanos. Su discurso fue plano, predecible y contradictorio con todo lo que había dicho desde su campaña en 2016, particularmente en lo relativo a la frontera, la migración, el TLC y, en general, los mexicanos. Un discurso parco, diseñado para ensalzar a su invitado y, a la vez, dedicado a sus potenciales votantes.

El objetivo del presidente López Obrador, del cual se especuló tanto, resultó transparente: ser reconocido por el presidente de Estados Unidos. Más que una agenda de país, la suya era personal y electoral (y, quizá, recompensada con la detención de Duarte). Su discurso no fue el de un presidente involucrado en profundas negociaciones, sino el de quien llegó al zenit de la montaña y quería convertirlo en un hito histórico para su base electoral. Gritar “Viva México” desde la Casa Blanca podría parecer un tanto fuera de lugar, pero era el reclamo de quien fue legitimado por una autoridad superior. Y ese es el problema del discurso: a pesar de repetidamente demandar que se le tratara con respeto y como igual, el discurso deja la sensación de que no se siente así.

La cena ofrecida por el presidente Trump ofrecía la oportunidad de que los empresarios estadounidenses, fuertemente representados por grandes inversionistas en México, sobre todo en el sector automotriz, financiero y energético, hicieran preguntas y planteamientos claros sobre sus preocupaciones respecto a las decisiones que, desde la cancelación del aeropuerto, han caracterizado al gobierno. Una cena presidida por un empresario como Trump, que claramente entiende la importancia de la certidumbre y la confianza en las decisiones de inversión, fue un contexto perfecto para que los empresarios norteamericanos se expresaran con “franqueza,” como se dice en la jerga diplomática.

La lista de invitados por el lado mexicano no deja duda sobre la forma en que AMLO concibe a la actividad empresarial; todos sus invitados representan actividades dependientes del gobierno: contratistas, concesionarios y vendedores de servicios al propio gobierno. El contraste con los estadounidenses es palpable, lo que no ayudará a atenuar las preocupaciones que el gobierno de AMLO atiza cada que cancela un proyecto de inversión, convoca a una consulta patito o elimina a un ente regulador autónomo.

El gobierno se congratula de haber librado la visita sin incidentes mayores, lo cual es de festejarse, pero su mira no era muy alta. Hay tres factores de riesgo que no se atendieron, dos de ellos conscientemente: los demócratas y las comunidades mexicanas. La fecha de la reunión no fue producto de la casualidad: de haber tenido lugar una semana antes, con el Congreso en funciones, el presidente habría tenido que visitar, al menos, a la señora Nancy Pelosi, líder del Congreso y persona clave en la aprobación del nuevo tratado, para no crear un incidente diplomático. Pretender que no habrá respuesta de su partido o del equipo del candidato Joseph Biden es ingenuo. Para ellos, la visita constituye un voto de AMLO por Trump, por lo que el desenlace está por verse. Sería sensato dejar la celebración para más adelante.

Por lo que toca a las comunidades de mexicanos, es inexplicable que no se diera al menos un encuentro informal con los líderes de organizaciones tan militantes y a las cuales el hoy presidente cultivó por mucho tiempo. Una reunión habría tenido un costo mínimo; no haberla organizado seguramente tendrá un costo monumental. Es de preguntarse quién decidió algo tan absurdo y, a la vez tan elemental.

El tercer factor de riesgo es el relativo a las protestas que se dieron cuando el presidente hizo guardia ante los monumentos de Juárez y Lincoln. Yo no estuve ahí, pero los gritos no me sonaron a español de México, sino más bien sudamericano, quizá cubano o venezolano. Es sabido que hay visos de oposición a AMLO en el estado de Florida, por lo que no es imposible que el presidente haya abierto una cloaca muy peligrosa sin siquiera haberse dado cuenta.

Quedan dos incógnitas no menores: la primera es qué pasará cuando un periodista agarre a Trump desprevenido y éste vuelva a su tradicional retórica antimexicana o cuando, en los próximos días, actúe respecto al asunto DACA.

Por otro lado, nada en esta visita altera el escollo del lado mexicano: las palabras se las lleva el viento y lo que cuenta son los resultados. Para ser exitoso, el nuevo tratado, razón del encuentro, depende íntegramente de la certeza que genere el gobierno del presidente López Obrador entre los inversionistas, algo por demás dudoso. La visita se salvó; ahora falta que se salve la economía.

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Luis Rubio

Objetivos divergentes que pretenden resolver un problema común. Quizá así se podría comenzar a apreciar la complejidad inherente al nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica. Cada uno de los gobiernos involucrados tenía sus prioridades y el resultado es el nuevo T-MEC que se inauguró esta semana: como todo instrumento, éste tiene sus virtudes y sus defectos, pero no es una panacea.

Según la vieja mitología griega, la panacea, nombrada así por la diosa de los remedios universales, es una cura a todos los males. El nuevo tratado comercial ciertamente no es una panacea en el sentido griego, pero es, sin la menor duda, el mejor acuerdo que era posible dada la coyuntura política. Y ese es el criterio relevante: las negociaciones entre países son un reflejo tanto de los propósitos de las partes involucradas como de la correlación de fuerzas del momento.

Para el gobierno del presidente Trump, el objetivo primario era desincentivar la emigración de plantas industriales de Estados Unidos hacia México y el nuevo tratado refleja esa prioridad. No hay contraste más grande entre el llamado NAFTA y su sucesor, el T-MEC, que éste. En este cambio desapareció la prioridad número uno por la cual México propuso la negociación original, al inicio de los noventa.

El contexto de aquel acuerdo es clave: el gobierno mexicano propuso la negociación de un acuerdo comercial y de inversión como medio para conferirle certidumbre a los inversionistas luego de la conflictiva década de los ochenta: en una palabra, el objetivo era utilizar al gobierno norteamericano como palanca para recobrar la confianza perdida en la expropiación de los bancos. Se buscaba un medio para asegurarle a los inversionistas que el gobierno mexicano no actuaría de manera caprichuda o arbitraria en la conducción de los asuntos económicos y que las disputas que pudieran surgir entre el gobierno y las empresas serían resueltas en tribunales no dependientes del gobierno mexicano.

El gobierno norteamericano de aquel entonces veía en el NAFTA la oportunidad de apoyar a que México lograra un progreso acelerado, objetivo central de la definición de su interés nacional. Detrás de ello residía la premisa y expectativa de que México llevaría a cabo reformas profundas para convertir al tratado en una palanca transformadora que permitiera lograr el ansiado desarrollo, cosa que evidentemente no ocurrió.

Aunque la renegociación comenzó en el sexenio anterior, el presidente López Obrador le imprimió su carácter distintivo, plasmando en el nuevo tratado sus propios objetivos, que son muy distintos a los que animaron al TLC original, especialmente en materia laboral y social. Muchas de las provisiones más polémicas y potencialmente onerosas del T-MEC surgen de esta visión, en la que, por razones muy distintas, convergen los dos gobiernos. Mientras que para Trump el objetivo manifiesto es la protección del trabajador estadounidense, para el mexicano la prioridad es disminuir la desigualdad y reducir la pobreza. A través del tratado, el gobierno mexicano se propone promover la modernización de la planta productiva con una racionalidad de inclusión social y protección de derechos laborales. No son objetivos muy distintos, pero tampoco es obvio como cuajen en la práctica. Cuando se mezclan propósitos ambiciosos con instrumentos limitados, el resultado no siempre es el esperado.

Lo extraño es el uso (que sin duda será sesgado y politizado) de instancias norteamericanas para forzar un cambio en la manera de operar de las empresas mexicanas, sobre todo, en la organización de los sindicatos y la elección de sus liderazgos. El gobierno mexicano se propone un salto mortal triple: democratizar las relaciones laborales, cooptar a los nuevos liderazgos y crear nuevas clientelas electorales, todo ello a través de un tratado internacional donde el gobierno del país del que todo esto depende tiene objetivos políticos y de protección de su planta laboral que claramente no tienen nada que ver con la lógica política del gobierno de López Obrador.

A lo largo del último cuarto de siglo, el TLC se convirtió en el principal motor de la economía mexicana a través de las exportaciones. Cuando éstas se colapsaron por la crisis financiera de EUA en 2009, la economía mexicana se vino abajo de manera dramática, evidenciando tanto la enorme importancia del sector exportador, como la falta de una estrategia para acelerar la transformación del mercado interno, que lo convirtiera en otro gran motor del desarrollo. Sin embargo, nada se hizo para responder ante aquella obviedad y eso es lo que el nuevo tratado, al menos en espíritu, se propone lograr.

Lo que no ha cambiado del lado mexicano es la necesidad de proveer certidumbre al inversionista, cosa que el nuevo tratado ya no garantiza, excepto para algunos servicios. La certidumbre ahora tendrá que ser provista por el propio gobierno mexicano, quien no se ha distinguido por su disposición a afianzarla. Sin inversión privada el nuevo tratado -y cualquier otra estrategia- resultará irrelevante. El verdadero reto no es el señor Trump o las potenciales (probables) demandas norteamericanas, sino la falta de brújula interna respecto a lo que hace posible atraer la inversión.

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Luis Rubio

NEXOS 1 julio 2020
Luis Rubio

Luis Rubio

El petróleo pudo haber sido una bendición -o la maldición que recetó López Velarde- pero PEMEX es el gran lastre que está hundiendo a las finanzas públicas y, con ellas, al país. La distinción es clave porque yace en el corazón de la disputa energética que vive hoy el país: no es lo mismo la empresa estatal que monopoliza (cada vez más) la explotación del petróleo, que el recurso mismo. Lo crucial es el recurso y su explotación eficiente y limpia para transformarlo en riqueza. La empresa se ha convertido en el gran obstáculo al desarrollo del país y es un fardo para las finanzas públicas que amenaza la estabilidad económica.

La paradoja es que el mayor perjudicado de la situación de PEMEX es el gobierno del presidente López Obrador, quien anticipaba convertir a la paraestatal en la principal fuente de crecimiento económico, como en los setenta. En lugar de fuente de efectivo, PEMEX está consumiendo todo el dinero del presupuesto federal, afectando a los servicios de salud, la operación normal del gobierno y hasta las universidades. Es imperativo preguntar si el presidente sabe que se encuentra frente a un barril sin fondo y ante el riesgo de perder la calificación crediticia que es clave para la estabilidad de las finanzas públicas.

La foto es clara: PEMEX es la petrolera más endeudada del mundo; su producción ha venido declinando en las últimas décadas; y su operación es altamente ineficiente. La deuda es elevadísima y se mal usó en subsidios a la gasolina, transferencias al gobierno y malas inversiones, como Chicontepec. Eso sin contar su endémica corrupción.

Por lo que toca a la producción, según me dicen expertos en el sector, el gran pecado, o mala suerte, de PEMEX, fue haberse topado con el yacimiento de Cantarell, pues el manto era tan productivo que nadie se preocupó por desarrollar otras posibilidades o entrenar a personal para una explotación menos abundante. Mientras duró ese yacimiento y los precios eran elevados, a nadie le importó la ineficiencia de la empresa o su situación financiera: cuando el costo de producir un barril era, por decir, veinte dólares y éste se vendía en cien, una ganancia nominal de ochenta dólares por barril, el que se desperdiciaran dos o tres dólares en malas prácticas o corrupción parecía irrelevante.

En el momento actual, el gobierno no tiene mayor espacio fiscal para pagar sus funciones básicas y financiar sus proyectos favoritos por lo elevado de su deuda y las altas tasas de interés. No es el caso del 2009 en que la deuda federal era de menos del 30% del PIB y las reservas de hidrocarburos sustancialmente superiores a las actuales. Tampoco es el caso de los setenta en que crecían las reservas como la espuma, impulsando al resto de la economía con la inusitada demanda de acero, tubos, cemento, carreteras, etcétera.

Entre los detractores de la reforma energética emprendida por el sexenio pasado hay una clara propensión a verla como una obsesión ideológica. Visto en retrospectiva, lo que en realidad intentó aquella administración fue algo muy distinto, porque es claro que reconocía la grave situación de PEMEX. Su objetivo fue desarrollar la industria más allá de PEMEX para generar mayor flujo de efectivo hacia la economía en general. Es decir, su objetivo era idéntico al del presidente López Obrador, excepto que no querían seguir dependiendo de una empresa ineficiente, sin la tecnología más avanzada y, sobre todo, corriendo riesgos excesivos en el desarrollo de nuevos campos. El hecho de que PEMEX sea socia de prácticamente todos los proyectos privados que surgieron de la reforma indica que la entidad no estaba siendo marginada sino protegida.

El punto crucial es que lo que le importa a México es que se utilicen esos recursos de la manera más eficiente y multiplicadora posible, pero lo que de hecho hay es no más que una enorme fuente de riqueza potencial. Lo importante no es quién lo explota sino que se explote para que se logre el beneficio. Sin embargo, en sentido contrario a sus objetivos y a lo establecido en la Constitución, el gobierno está sacrificando programas y funciones fundamentales para mantener a flote a la paraestatal. Lo que PEMEX requiere es sanear su operación, no que se subsidie su ineficiencia.

En un mundo ideal, el verdadero rescate de PEMEX involucraría: reconfigurar las refinerías, ajustar el costo laboral y renegociar los pasivos financieros y laborales de la empresa para que se apeguen a los flujos reales de la entidad. Es decir, en lugar de seguirle metiendo miles de millones de dólares escasos, tendría que ajustar las finanzas de la empresa a su realidad productiva y, una vez hecho eso, renegociar su deuda con los bancos y tenedores de bonos. Y, sin duda, parte de la renegociación inexorablemente requeriría replantear los impuestos, explícitos e implícitos, que el gobierno federal le cobra a la empresa.

El punto es que PEMEX debe convertirse en una empresa dedicada a explotar los recursos petroleros y no a ser una fuente, antes, de subsidios y, ahora, de pasivos. El verdadero rescate consiste en sanearla. La recesión obliga a revisar estas cuentas y, a la vez, lo hace posible. Si no lo hace, el mercado financiero lo hará inevitable, a un costo inenarrable.

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Para el presidente, México debe retornar a sus raíces y lograr la felicidad por la vía de la negación: así lo consigna el video en el que ensalza la tecnología del trapiche. El artefacto, un molino empleado para extraer jugo que también se usaba en la minería, es una tecnología que se remonta al siglo XVI. Ese parece ser el punto de convergencia de la visión presidencial: echarnos cuatrocientos años para atrás.

Los indicadores económicos dejan entrever que el presidente está logrando su objetivo: la contracción económica se acelera, el desempleo crece sin contención y, sin duda alguna, los dramas humanos producto de la falta de ingresos y necesidades crecientes se agudizan. Evidencia anecdótica sugiere que las dimensiones tanto del desempleo como de las muertes en los saturados hospitales son sustantivamente superiores a lo que las autoridades reconocen, al menos en público. El engaño yace en el corazón del proyecto.

El problema no radica en la pandemia que provocó este escenario tan funesto, sino en el gobierno que ya antes de la emergencia sanitaria había producido una recesión sin posibilidad de recuperación. El presidente ataca al neoliberalismo como el factor causante de los males que aquejan al país, pero eso es mera retórica. La evidencia demuestra que su visión no es la del desarrollo ni del progreso, cualquiera que sea la manera en que estos se definan, sino la de un retorno a una forma muy básica de vida, quizá ancestral, todo ello subsidiado por el petróleo. “Al diablo no sólo con las (sus) instituciones”, sino con todo el México moderno, la planta productiva y el ansia de ser mejores, civilizados y desarrollados. Sus planteamientos -por escrito y en su disertación diaria- revelan una concepción fundamentalista de la vida que parte de la recreación de la auto suficiencia agrícola, la promoción del auto empleo a partir de la revitalización de oficios diversos, como ilustra el trapiche, y el trueque, la vida simple y moral. La religión es siempre un instrumento para avanzar su visión.

El componente religioso es fundamental porque todo se juzga a partir de una criba moralista que determina quién o qué es o no corrupto. En sentido contrario a lo que asumen muchos de sus acólitos, se trata de una visión en extremo conservadora en la que las definiciones de corrupción, honestidad y entereza son todas relativas y no absolutas: lo que importa no es el hecho (robo al erario, abuso en la venta de bienes y servicios al gobierno o comportamiento personal) sino el fin para el que se hace: si contribuye a los objetivos presidenciales la redención está al alcance de la mano. Cualquier acción, convicción o comportamiento que no contribuya al proyecto presidencial es corrupto, neoliberal y, por lo tanto, despreciable. Más importante, es inmoral. El predicador decide quien vive y quien no.

Desde esta perspectiva, es perfectamente explicable porque el crecimiento de la economía (uno de los factores centrales de su crítica al llamado neoliberalismo) ya no es importante, la violencia se puede ignorar y el conocimiento es reprobable. Además, resulta muy conveniente para pretender no tener que rendir cuentas sobre la situación del país. Detrás de esto reside la realidad de una enorme porción de la población que ha sufrido la “educación” que han hecho (im)posible la CNTE y el SNTE, ambos apadrinados y validados por el propio AMLO. Lo relevante no es la consistencia sino lo expedito, todo envuelto en la moralina que, al menos hasta hoy, mantiene en babia a suficientes votantes como para preservar relativamente elevados niveles de popularidad. En un mundo de pobreza fundamentalista la educación y la salud son irrelevantes, porque así lo determina una autoridad superior, que actúa siempre con fines electorales, los únicos que valen.

El problema de la visión presidencial es que parte de una falacia: que la gente es tonta y no entiende su condición: que se le puede mentir, engañar y embaucar al mexicano común y corriente porque no tiene manera de comprender lo que está ocurriendo. La realidad es exactamente opuesta: la mayoría de los mexicanos puede haber estado furiosa con la flagrancia de la corrupción y arrogancia del gobierno de Peña, así como con las promesas y errores de los tecnócratas en general y con el abuso cotidiano de la población por parte de burócratas y políticos, pero sabe bien -lo ve en la televisión y lo escucha de sus parientes en Estados Unidos- que el mundo funciona con base en apertura, democracia y los mercados. Muchos verán al presidente como impoluto, pero eso acaba siendo irrelevante cuando la disyuntiva es entre el trapiche y un empleo de verdad. La gente sabe que el futuro se encuentra en los empleos que representan las plantas manufactureras del Bajío o del norte y no en una tecnología del siglo XVI. La dependencia respecto a transferencias gubernamentales no engaña a nadie, aunque lleve naturalmente a hacer lo necesario para preservarlas.

El mundo del trapiche no lleva a ningún lado, lo que hace claro que el gobierno actual no tiene futuro y su devenir acabará siendo acelerado por esta pandemia que desnuda a todos y hace evidente lo que no funciona. Pero el costo de todo esto será enorme.

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Luis Rubio

La habilidad para lograr que cada individuo defina sus objetivos y los alcance, eso que se llama liderazgo, es quizá el factor más trascendente que hace toda la diferencia en momentos de crisis. Los grandes líderes se forjan en momentos de grandes desafíos: cuando, por circunstancias ajenas, la población tiene que resolver problemas más allá de sus capacidades personales. Los líderes más efectivos en la historia son aquellos que logran construir una solidaridad colectiva en torno a la resolución del problema. Así es como creció hasta alcanzar dimensiones sobrehumanas la fama de Winston Churchill: su accidentada historia previa no permitía anticipar que sería el gran líder que su país, y el mundo libre, verían como una luz en el horizonte incluso en los momentos más lúgubres.

Churchill fue la persona clave en el momento crucial, pero no ha sido el único. En los pasados noventa días hemos visto a la canciller Merkel, a quienes muchos ya veían en fase terminal, no sólo recobrando un apoyo masivo en su país, sino convirtiéndose en símbolo de tesón, claridad mental y templanza. Jacinda Ardern, primer ministro de Nueva Zelandia, hizo lo propio, como lo logró su equivalente en Taiwán, Tsai Ing-wen. Lo que las distinguió fue que nunca confundieron su papel ni tuvieron agendas secundarias: se abocaron a lo que les correspondía y a nada más. Su éxito, y el reconocimiento que lograron en sus naciones así lo consigna. El caso de Corea es emblemático: el presidente Moon Jae-in enfrentaba decreciente aprobación pero logró una super mayoría en su parlamento a la mitad de la pandemia por el liderazgo que ejerció.

No son muchos los ejemplos de éxito tan extraordinario, pero son evidentes los casos de fracaso: quienes dedicaron sus energías a buscar culpables en lugar de encontrar soluciones. En situaciones de crisis, cuando la población requiere certeza y claridad de rumbo, los líderes permiten avanzar hacia una pronta resolución, impidiendo una permanente e inevitable decadencia. Al colapsarse el apartheid, Sudáfrica pudo haber evolucionado en distintas direcciones, comenzando por una carnicería de blancos. Si en lugar de Nelson Mandela el sucesor de F.W. de Klerk hubiese sido alguno de quienes sucedieron al primer presidente negro, ese país habría acabado en un violento ocaso; Mandela fue quien hizo posible una transición pacífica y exitosa. El líder necesario en el momento exacto.

Imposible minimizar la magnitud de una crisis que se magnifica todavía más porque combina el riesgo de contagio -y los miedos y preocupaciones que eso trae consigo- con el súbito colapso de la actividad económica por el recurso al confinamiento como estrategia para lidiar con el virus. Los americanos lograron convertir a la crisis pandémica en un nuevo motivo de disputa política: en lugar de responder a la crisis, su gobierno persistió en su agenda de polarización, prolongando y agudizando el sufrimiento. Las crisis demandan acción adecuada ante y para las circunstancias específicas: como demuestran Suecia y Alemania, no hay una sola respuesta posible porque cada nación tiene sus características particulares, pero todas requieren una línea de acción convincente y decidida que trascienda las querellas del momento. Más tratándose de sociedades divididas porque lo que se requiere es un gobierno eficiente y con visión de largo plazo para enfrentar obstáculos sin precedente. El punto nodal es lograr la confianza de la gente en un gobierno que demuestra que sabe lo que está haciendo y que, como producto de ello, logra la solidaridad de la sociedad. Algunos gobiernos lo lograron, otros se quedaron con las ganas.

Una encuesta reciente* encontró que “demasiada gente en demasiados países desconfía de sus líderes políticos para actuar en el mejor interés nacional o, en el extremo, incluso conducir elecciones limpias.” La misma encuesta demostró una enorme aprobación (90%) a los científicos, seguidos de líderes militares y empresariales. La razón de la desconfianza se reduce a corrupción o debilidad de los gobiernos y políticos, factores que se acentúan mientras menor la edad del encuestado.

Los momentos de crisis son perfectos para comparar la manera en que distintas sociedades y personas responden ante el mismo desafío: es ahí donde se decantan los países que cuentan con una solidez institucional intrínseca para lidiar con los retos que se presentan, independientemente de la calidad de su liderazgo, y también de los líderes -en naciones fuertes o débiles- que emergen, como ilustra la canciller alemana frente a Mandela, ambos exitosos en circunstancias críticas. Margaret MacMillan, autora de algunos de los libros más trascendentes sobre el siglo XX, afirma que “la historia muestra que las sociedades que sobreviven y se adaptan mejor ante las catástrofes son fuertes en sí mismas.”** Ilustra su punto diferenciando al Reino Unido de Francia ante el embate Nazi en la segunda guerra mundial.

La lección es obvia: sólo los países con estructuras institucionales sólidas salen bien librados de las crisis. También lo logran aquellos que cuentan con un liderazgo idóneo cuando las circunstancias lo exigen. Cuando ambos están ausentes, el futuro se torna aciago. Es clave que aparezca y sume.

* Tällberg Foundation’s “Democracy’s Temperature” was conducted from April 14 to 30 among 526 respondents from 77 countries.

**Economist Mayo 9, 2020

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Luis Rubio

A la memoria de Héctor Fix Fierro

Nada como una crisis para aprender cómo realmente somos. Las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, de los gobiernos y de los países. Recuerdo el clima de solidaridad que se gestó tras el sismo de 1985 y que tuvo una brutal repercusión política, tornándose en un factor nodal de la democratización que experimentó el país en los años siguientes, en buena medida debido a la incapacidad que demostró el gobierno para responder ante la tragedia, pero sobre todo a la habilidad de la sociedad para organizarse y contribuir de manera decisiva a la estabilización del país. El extinto Adolfo Aguilar Zinser no lo pudo describir mejor cuando, un año después del terremoto, publicó un libro intitulado Aún Tiembla. Si un terremoto pudo cambiar tantas cosas, me pregunto ¿qué tanto podría cambiar con semanas o meses de confinamiento, grave recesión y ausencia de liderazgo político?

Lo primero que fue notable para mí a lo largo de estas semanas fue la solidaridad que mostró la población, pero una solidaridad partida en dos: fiel reflejo de la polarización que ha caracterizado a la sociedad mexicana, nutrida y agudizada por el presidente, el país se ha partido en dos, pero cada una de esas dos mitades se ha acercado entre sí y hubo muy poca empatía hacia quienes perdieron sus ingresos además de sus empleos. A pesar de ello, fueron notables los esfuerzos tanto de empresarios como de empleados por encontrar formas de preservar las fuentes de trabajo, ambas partes cediendo en aras de evitar una catástrofe social. Lamentablemente, dada la composición del mercado laboral -una parte formal y la mayoría informal- esos esfuerzos ayudaron a cientos de familias pero no a millones de personas que súbitamente se quedaron, como dice el viejo chiste, colgados de la brocha. Más importante, la solidaridad integral es difícil en ausencia de un gobierno que explique y quiera unificar.

El momento llamaba para un gran liderazgo; de hecho, constituía la gran oportunidad de forjar un nuevo país, asentado en un gran llamado a la solidaridad, hasta para avanzar la transformación que persigue el presidente. Sin embargo, la materia prima no dio para eso. El presidente entiende a la solidaridad como lealtad al gobierno: así lo ilustraron las declaraciones del vocero de la insalubridad, del SAT y, la joya, las “lecciones de la pandemia” del presidente. Para cuando llegó el Coronavirus, el gobierno ya había desmantelado al sector salud y lo había privado de medicamentos e insumos críticos, como había mostrado la tragedia que experimentaron los niños con cáncer.

Luego de mucho titubeo, el gobierno finalmente adoptó una estrategia para lidiar con la crisis sanitaria. El obstáculo había sido la indisposición presidencial para arriesgar una recesión, lo que llevó a adoptar una estrategia de contagio que todos los expertos reprueban como inadecuada. En el camino, se pudo ver el retorno del gobierno supremo que no tiene porqué dar explicación alguna, vaya, ni información sobre el número de contagiados o muertos. Un enorme subregistro, todo para tratar de salvar cara. El gobierno no está para respetar a la ciudadanía o convencerla.

En franco contraste con la casta gobernante, el personal médico y de salud no cejó ni un instante en dar lo mejor de sí, incurriendo en enormes riesgos personales por la ausencia de equipos adecuados, pero cumpliendo con su vocación y deber más allá de lo esperable. Flagrante el contraste entre ellos y sus líderes políticos, cuyas motivaciones son siempre las de las bajas pasiones.

Por el lado de la sociedad hubo de todo: desde los acaparadores de papel de baño e implementos de limpieza hasta personas, organizaciones y empresas dedicándose a buscar soluciones en lugar de excusas. Tan pronto se supo que en el MIT habían diseñado un respirador efectivo y barato, se montaron líneas de producción para manufacturarlo. Otros cedieron sus hoteles para que los ocuparan los pacientes menos urgidos de tratamientos complejos, o los familiares de quienes sufrían por el virus mismo.

Desde lo sustantivo hasta lo trivial, las muestras de habilidad, disposición y dedicación fueron impactantes. Trabajando desde su casa, muchos lograron crear espacios para elevar su productividad, en tanto que otros lo tomaron como vacaciones. Algunos mostraron gran capacidad de adaptación y disciplina.

Lo peor de todo, lo que quedó evidenciado de mil maneras, fue la pésima calidad de nuestra infraestructura, en el más amplio sentido del término. Las prioridades de muchos gobiernos en las últimas décadas han estado en otro lado, como se puede apreciar en la educación, la brecha digital y, ya no se diga, el sistema de salud. Las crisis sacan lo mejor y lo peor y aquí el gobierno mexicano sale reprobado.

Por lo que toca al gobierno actual, resalta que su única prioridad es político-electoral. Los dramas familiares que la crisis sacó a la luz le son irrelevantes. No es sólo su renuencia para incurrir en un déficit fiscal, que surge de una preocupación legítima, sino su desdén incluso por quienes mayoritariamente votaron por AMLO. Las crisis evidencian a las sociedades, pero desnudan a sus gobiernos. Como en 1985, México comienza una nueva etapa.

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