La Suprema Corte de Justicia es el único de los tres poderes públicos que fue conscientemente reformado en el México reciente para empatar con la realidad política de este siglo. Esto le confiere un carácter especial que, sin embargo, sus integrantes no han asumido de manera plena. Aunque los presidentes hasta 2018 respetaron sus sentencias, los ministros nunca han cobrado un papel protagónico, el que en la separación de poderes les correspondería, lo que les ha impedido ganar el respeto y aprecio de la ciudadanía en general. Ese vacío le permitió al presidente López Obrador forzar la salida de un ministro y manipular al presidente del poder que, al menos en la teoría, tiene la responsabilidad de proteger los derechos ciudadanos por encima de cualquier otra cosa.

Es obvio que ningún cuerpo colegiado, y menos en un país con tan pobre opinión de sus jueces, nace con una legitimidad generalizada. Se trata, a final de cuentas, de un poder incómodo, cuya función constitucional es la de resolver diferendos entre los otros poderes de la unión, asegurando que sus acciones y decisiones se apeguen al marco constitucional, donde lo crucial no es la popularidad de sus resoluciones sino su solidez. Los integrantes de los tribunales supremos van ganando (o perdiendo) su credibilidad en el trajín cotidiano de sus decisiones; el prestigio, la legitimidad y, por lo tanto, la independencia, se ganan: no vienen solas ni de manera automática. Son los momentos de conflicto los que definen y determinan su importancia, solidez y trascendencia. Esa es la tesitura en la que hoy está: resuelve los asuntos candentes -como el plazo de su presidente, la extinción de dominio y la prisión preventiva- o se hunde. O sea, oportunidad o irrelevancia.

Un tribunal constitucional es un poder independiente pero idéntico a los otros dos, dedicado a velar por la letra y espíritu del documento supremo que norma la vida en la sociedad, sin preocuparse por los vaivenes políticos del momento. Su función medular es la de tutelar los derechos ciudadanos sin tener que preocuparse de los límites, dificultades o imperativos de la función gubernamental. Ahora que el presidente está desafiando a la Corte y amenazando su futuro, los ministros actúan o dejan que el país se desmorone. Al final del día, su relevancia depende de cómo se perciben a sí mismos y de la trascendencia con que miran su responsabilidad. En la medida en que crece la arbitrariedad del ejecutivo y del legislativo, la Corte se convierte en el único dique que resta.

El punto es clave: toda vez que los ministros se asuman como empleados del presidente, su función no podrá ser otra que la de validar sus decisiones. Asumen la libertad que el plazo de su nombramiento les confiere o pierden su razón de ser. En la historia de las cortes supremas alrededor del mundo hay siempre un momento emblemático que les obliga a definirse: le responden a la ciudadanía y a la historia o sucumben ante el presidente del momento.

Es obvio que es enorme el poder de López Obrador para “persuadir” a los miembros de la Corte para que favorezcan los intereses particulares del presidente. Remover violentamente a un ministro con la anuencia de su presidente demostró que no hay límites a su disposición para imponerse por encima de todo y todos. Eso deja a los ministros ante el dilema inmediato: legitimar las arbitrariedades e intereses promovidos desde el ejecutivo o asumir su responsabilidad histórica como garantes de los derechos ciudadanos encumbrados en la constitución. Hasta ahora, sólo los jueces de distrito han estado dispuestos a cumplir íntegramente con esa responsabilidad.

El dilema de asumirse como tribunal constitucional no es excepcional en la historia de los tribunales supremos, pero la SCJ lo ha evadido una vez tras otra, como ocurrió con el juicio a los expresidentes. El caso emblemático de Madison vs Marbury (1801) en Estados Unidos parece casi idéntico al que hoy tiene frente a sí la SCJ: si la Corte emitía un fallo forzando a Madison a hacer lo que demandaba Marbury, el presidente lo ignoraría, lo que debilitaría la autoridad y legitimidad de la Corte. Por su parte, si la Corte negaba el derecho de Marbury, su falló parecería parcial, sesgado a favor del ejecutivo por miedo a enfrentar represalias. Para el presidente de la corte ambas respuestas habrían minado el principio elemental de la supremacía de la constitución y la legalidad. Su decisión le otorgó la enorme legitimidad que goza hasta la fecha.

El reto para la SCJ es romper con la inercia del viejo sistema presidencialista, que produjo mucha legislación sin jamás afianzar el Estado de derecho. En un entorno de competencia electoral abierta pero enorme fragilidad política, la Corte tiene ante sí la oportunidad de encumbrarse como un poder independiente que cuida no sólo los derechos de los ciudadanos, sino del principio constitucional más elemental que es el de impedir el abuso del poder. La justicia no es algo abstracto: son las reglas clave para la convivencia social.

En Berlín hay jueces: ¿los hay en México?

Como escribió Montesquieu, la libertad no existe si el poder de juzgar no está separado de los poderes legislativo ejecutivo. Para bien o para mal, en sus manos está el futuro del país.

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La ciudadanía lleva muchos años desilusionada con la política. Se suponía que, primero, las reformas restaurarían la capacidad de crecimiento económico y, después, que la democracia reduciría la corrupción y acercaría a los políticos -los supuestos representantes de los votantes- con los electores. Ninguna de estas dos cosas ocurrió, al menos no de manera cabal. Primero iban a “sacar al PRI de los Pinos;” luego vino el sexenio de “mover a México;” y ahora estamos en el periodo de la “honestidad valiente.” Cambios, muchos cambios, pero la realidad sigue igual para la abrumadora mayoría de la población.

El fenómeno no es nuevo ni especialmente mexicano en naturaleza. En un ensayo sobre el escepticismo político de los ciudadanos en las democracias* Bertrand Russell especula sobre las motivaciones cada vez que un votante asiste a las urnas. “La mayoría de los [ciudadanos] está convencida que todos los males que sufre se remedían de llegar al poder un determinado partido. Por eso se mueve el péndulo. Un hombre que vota por un partido y sigue siendo desgraciado deduce que el otro partido es el que lo iba a hacer exitoso. Cuando se ha desilusionado de todos los partidos, es ya viejo y la muerte le acecha; sus hijos conservan su fe de juventud y el sube y baja continúa.” ¿Estaremos condenados a ese péndulo de mediocridad?

La elección de 2018 fue correctamente definida como resultado del hartazgo que experimentaba la ciudadanía: muchas promesas y grandes discursos habían agotado y agobiado a la población. Aunque mayoritario, el voto por AMLO fue también, en una parte significativa, un voto en contra de los gobiernos que le precedieron. Ganó luego de tres intentos no porque le hayan robado la elección, sino porque su proyecto (o sus promesas, porque más allá de desmantelar todo, no hay mucho proyecto) era repulsivo para la mayoría de la ciudadanía. Fueron los yerros, corruptelas y fracasos de sus predecesores los que decidieron la elección.

La facilidad con que López Obrador ha venido desmantelando el statu quo ante obliga a meditar sobre lo que se había construido y como. Más allá de unas cuantas quejas por parte de especialistas y opinadores, el presidente ha podido eliminar, desintegrar o hacer irrelevantes a diversas entidades y organismos que consideraba estorbosos a su propósito centralizador. El mensaje es claro: esas instituciones podían ser importantes (y, en algunos casos, clave) para ciertas funciones o mercados, pero no gozaban de reconocimiento social. Esperar eso quizá hubiera sido excesivo en el caso de instituciones muy técnicas o especializadas, pero todas han sido igualmente victimadas. Es sintomático que el propio gobierno ha sido cuidadoso con las dos instituciones que son más conocidas para la población en general, la Suprema Corte y el INE, reconociendo implícitamente que sería costoso erosionarlas aún más.

La lección que yo leo de esta experiencia es doble: por un lado, para tener vigencia, relevancia y trascendencia, las instituciones deben gozar de amplio reconocimiento público. Muchas veces, sobre todo cuando se trataba de técnicos en el gobierno, la percepción de que sería gravoso pero, sobre todo, innecesario ir por la vía legislativa para encumbrar alguna institución, llevó a que se crearan organismos por decreto, lo cual lo hizo expedito pero también políticamente vulnerable. Desde luego, la embestida lopezobradorista ha sido igual contra los organismos constitucionales, así que esta apreciación es sólo parcialmente válida. El punto más amplio es que las instituciones no son para técnicos o especialistas sino para la ciudadanía y los consumidores que son, o deberían ser, a final de cuentas, la razón de ser del gobierno y son a estos a los que hay que convencer para lograr los objetivos de la política.

La otra lección es que a la población claramente le importan menos las etiquetas que los resultados. Lo importante para el ciudadano promedio no es si la economía es de mercado o estatizada, sino que haya crecimiento, buenos empleos y mayores beneficios para la colectividad. La discusión respecto a la mejor manera de lograr esos objetivos es materia de disputa -yo no tengo duda que requerimos mercados muy competidos para lograrlo- pero es claro que lo trascendente para el consumidor es que el desempeño sea óptimo. Lo mismo es cierto del sistema político: nuestra democracia no sólo es frágil, sino también enclenque y muy limitada. Elección tras elección y encuesta tras encuesta, la ciudadanía ha sido cada vez menos optimista respecto a la democracia y más deseosa de un sistema de gobierno que funcione y que haga posibles resultados encomiables.

A la luz del coronavirus, en el mundo se discute mucho la mejor manera de lograr el desarrollo. China ha sido vehemente en su defensa a ultranza, inequívoca y sin rubor del autoritarismo como un mejor sistema de gobierno, superior a la democracia. Lo que me queda claro es que lo único que le importa a la ciudadanía mexicana es la calidad de la gobernanza, es decir, la capacidad del gobierno para crear condiciones para el progreso y la prosperidad: todo el resto es demagogia pura.

El presidente ganó en 2018 porque prometió un gobierno limpio y efectivo. Ambos brillan por su ausencia.

*The need for political scepticism.

La desigualdad es una característica estructural de nuestro país: desde tiempos ancestrales, el origen social, la localización geográfica y las condiciones del entorno en que cada familia vive determinan un piso desigual. México no es excepcional en haber heredado tanto una estructura social como una orografía que crea condiciones socio políticas y económicas de desigualdad; en lo que México sí es excepcional respecto a innumerables países de similar nivel de producto per cápita es en haber fracasado (o, incluso, no intentado) crear condiciones para mejorar la probabilidad de éxito de toda la población, sin distingo alguno. De hecho, el problema radica en otro lado: muchos políticos tienen visiones maximalistas de tal magnitud que acaban siendo utópicas. Otros simplemente prefieren que persista la pobreza.

El discurso político sobre la desigualdad es generoso en retórica, pero parco en soluciones. Desde luego, no faltan propuestas de igualar hacia abajo a través de una redistribución radical del ingreso, lo que implicaría que hubiera muchos más pobres cuando lo que nuestra sociedad exige es tener muchos más ricos. Otras propuestas se concentran en atenuar los síntomas de la pobreza o de quienes no tienen acceso a los beneficios que genera la sociedad, sobre todo a través de subsidios que consisten en transferencias a familias pobres a cambio del cumplimiento de ciertos compromisos como llevar a los niños a la escuela y a los centros de salud, la esencia de programas como Oportunidades, Progresa y similares. También hay quienes proponen generalizar ese principio a través de mecanismos como el de un ingreso universal, que han tenido el efecto de eliminar el incentivo al progreso individual de las personas. Otros más buscan soluciones mágicas a través de más gasto público (y los concomitantes impuestos) sin cambiar ni el objetivo del gasto ni su ejecución.

Como dijera Einstein, no hay razón para esperar resultados distintos cuando se siguen haciendo las mismas cosas.

China demuestra que es posible disminuir la desigualdad en un par de generaciones: lo que se requiere es una economía pujante que demande mano de obra y un proceso educativo que cree capital en las personas dispuestas a incorporarse en el mercado de trabajo. El éxito de China es tan obvio que debería darnos vergüenza porque no es el único país que lo ha logrado. El gigante asiático creó incentivos para la instalación y progreso de empresas privadas (nacionales y extranjeras) y dedicó ingentes recursos para convertir a la educación en un medio a través del cual todos, independientemente de su origen, pudieran incorporarse en el mercado laboral del siglo XXI. Con esa estrategia (inaugurada por Corea, Taiwán y otros), China logró que más de trescientos millones de ciudadanos se incorporaran en el mercado de trabajo, elevaran sus niveles de vida y pagaran impuestos. El círculo virtuoso de la movilidad social.

El reto de México es el de la inclusión social: crear condiciones para que todos los mexicanos, sin distingo alguno, tengan igual capacidad de acceso a las oportunidades que ofrece el país y el mundo. Eso implica cambiar la lógica del gasto público, de la educación y del desarrollo en general: cuando se adopta la lógica de la inclusión, lo único que importa es que la economía crezca aceleradamente y que la población tenga capacidad para incorporarse en ella. Eso, a su vez, arroja nueva luz sobre el papel de las mafias sindicales de la educación, los caciques políticos y los gobernantes que no tienen mayor objetivo que el de controlar a la población. Todos ellos saben que una población pobre es siempre más fácil de manipular, lo que no les impide dramatizar la desigualdad en lugar de actuar para eliminarla.

En un entorno muy distinto que fue el siglo XX,  México logró una acelerada movilidad social gracias a la combinación de estabilidad política e inversión pública y privada. El siglo XXI, el de la tecnología y el conocimiento, demanda eso y más: como el éxito depende de la capacidad de las personas para agregar valor, la educación y la infraestructura física y de salud se convierten en activos nodales para lograr el mismo objetivo. El progreso del país requiere estrategias creativas de inclusión, pero el gobierno sigue en el siglo XX, ahora de manera oficial.

La pregunta obvia es por qué crece tan poco la productividad y, por ende, el ingreso de la población a pesar del éxito de sectores como el exportador. De nuevo, cuando uno observa a Corea o China la respuesta es evidente: porque ellos han apostado por la agregación de valor, que es lo que eleva los niveles de vida en este siglo. No se necesita ser genio para observar que las mañaneras son una mera distracción para evitar implementar una probada estrategia de desarrollo.

No hay otra receta para reducir y eventualmente acabar con la desigualdad que la movilidad social y ésta es el resultado de la acción concertada de un gobierno para crear condiciones tanto para el crecimiento económico acelerado como para la igualación de oportunidades a través del capital humano, es decir, especialmente la educación y la salud, para los más desfavorecidos. Claro, todo depende de que el objetivo sea el desarrollo y la inclusión y no el control y la pauperización.

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China se ha convertido en un factor de interminable disputa: ¿reemplazará a Estados Unidos como la próxima superpotencia? ¿el autoritarismo que le caracteriza es superior a la democracia? ¿Es sostenible su aparentemente incontenible ritmo de avance? Preguntas relevantes todas. Muchos más los intentos por responderlas y definir los escenarios futuros. Lo que resulte tendrá enormes implicaciones para México.

Innumerables autores de todas corrientes han intentado responder a estas interrogantes. Relato aquí dos perspectivas, interesantes porque ofrecen respuestas contrastantes.

David Goldman,* un analista financiero radicado en Asia, describe cómo es y qué motiva la enorme transformación que ha experimentado el gigante asiático. Su argumento es en ocasiones contraintuitivo; por ejemplo, dice que China es una nación caracterizada por una implacable meritocracia que contrasta con la benevolencia occidental: su sistema educativo es tan severo y determinista que los niños compiten a muerte porque los exámenes de acceso a la universidad determinan su futuro. El resultado es una sociedad de pocos amigos, donde la competencia comienza desde el nacimiento, a lo que deben agregarse dos elementos adicionales: primero, que la mayoría de los hogares chinos son de hijos únicos y, segundo, por la complejidad del lenguaje (y la extraordinaria diversidad de lenguas), los hogares chinos son prácticamente silenciosos. La estructura social es piramidal y la burocracia, desde tiempos ancestrales, ahora comandada por el partido comunista, domina todos los aspectos de la vida y de la economía.

Los chinos, dice Goldman, no tienen particular aprecio por su gobierno, pero éste ha logrado consolidar su posición en las últimas décadas, remontando una inseguridad estructural que se deriva de siglos de inundaciones, invasiones y otras catástrofes. Una parte de su análisis concluye en que el Estado chino hoy goza de enorme estabilidad pero que el partido comunista tiene que ganarse su lugar todos los días. El autoritarismo chino no es novedoso, pero ahora se ha convertido en una bandera porque, desde su perspectiva, ha demostrado ser más funcional y exitoso que el modelo capitalista occidental. Su burocracia desarrolla planes de largo plazo y actúa con racionalidad, suponiendo que lo mismo ocurre en el resto del mundo (fuente de enormes malentendidos).

La ambición que despliega la nación asiática es ilimitada y lo muestra en todos los ámbitos, pero particularmente en el tecnológico, donde aspira a dominar la inteligencia artificial, la conectividad vía banda de 5G y la criptografía cuántica, todo ello con aplicaciones tanto civiles como militares. Tanto en el frente tecnológico como en el militar, todos los pasos que da China tienen obvias implicaciones geopolíticas, que Estados Unidos ha intentado contraponer con medidas punitivas como aranceles y prohibiciones comerciales y legales. En contraste con otras naciones, el proyecto chino ha procurado una inclusividad social que yace en el corazón de su éxito tanto económico como de la legitimidad de que goza su burocracia. Se trata, en suma, de un plan de transformación integral donde el costo es secundario al objetivo político y geopolítico. Aunque el argumento de Goldman no es infalible, tiene la enorme virtud de explicar la consistencia y coherencia del modelo económico y político chino.

Matthew Kroenig,** un académico estadounidense, se enfoca hacia la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. Kroenig analiza el contraste entre la viabilidad y permanencia del modelo de desarrollo democrático frente al autoritario, que él llama autocrático. Analizando la historia y la literatura, desde Atenas frente a Esparta hasta el presente, el estudio es fascinante porque demuestra que, en cada era, siempre hubo una potencia que logró enorme funcionalidad y eficacia en su forma de actuar, pero que, al mismo tiempo, siempre encontró límites a su desarrollo por la ausencia de contrapesos. Kroenig concluye que la virtud de la democracia radica en que la participación ciudadana, si bien complica y hace menos efectiva la toma de decisiones, tiene el efecto de reducir o limitar las malas decisiones que suelen tener lugar en regímenes autocráticos. Es decir, el planteamiento es esencialmente institucional y su conclusión es que el sistema chino inexorablemente le llevará a cometer errores que limitarán su avance.

El tiempo dirá si China logra sus ambiciosos objetivos, mucho de lo cual dependerá de la forma en que EUA responda y actúe en el futuro, sobre todo en el frente tecnológico. Sin embargo, lo interesante del contraste entre el determinismo de cada una de estas dos lecturas de la realidad es que ambas son intransigentes.

Desafortunadamente, México no está haciendo nada para mejorar su posición tecnológica ni para atraer inversiones que hoy se encuentran localizadas en China, porque lo que es absolutamente seguro es que la competencia entre esas dos potencias no puede más que incrementarse. La oportunidad para México es evidente pero no se va a consumar por sí misma: dependerá de acciones concretas en el frente educativo, la infraestructura y la promoción, ninguna de ellas prioridad del gobierno actual.

*You Will Be Assimilated, Bombardier Books **The Return of Great Power Rivalry, Oxford

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Cuando el divorcio no es una posibilidad, las dos partes tienen que entenderse a como dé lugar. Esa ha sido la lógica que México y Estados Unidos han seguido respecto a la frontera que las dos naciones comparten. Baste mirar alrededor del mundo para constatar que hay alternativas mucho peores y, sin embargo, todo sugiere que al gobierno mexicano no le molestaría probar esta otra posibilidad, sin comprender la caja de Pandora que ahí yace.

No es noticia que la frontera entre estos dos países es por demás compleja no sólo por la multiplicidad de asuntos involucrados, sino por las percepciones encontradas. Octavio Paz escribió que “la frontera entre México y Estados Unidos es política e histórica, no geográfica,” a lo cual luego agregó los enormes contrastes culturales que distinguen a las dos naciones. De hecho, la característica principal del siglo XX mexicano fue el intento sistemático por mantener una distancia respecto al coloso del norte. Todavía en los sesenta, en la era más exitosa de la economía mexicana, algunos políticos albergaban temores de una posible invasión.

En los ochenta, en el contexto de una crisis económica que no parecía tener fin y que había sido magnificada y profundizada por decisiones políticas (como la expropiación de los bancos en 1982) México decidió dar un viraje. La lógica de ese cambio fue doble: primero, un reconocimiento de las nuevas realidades productivas a lo largo y ancho del mundo que habían roto con la noción de que era posible prosperar con una economía aislada del mundo. Ya desde los sesenta, la economía mexicana mostraba tendencias preocupantes que quedaron obscurecidas, pero no superadas, por el descubrimiento de recursos petroleros, lo que permitió posponer por más de una década la inevitable revisión del desarrollo estabilizador.

La otra razón que llevó al gobierno a acercarse a Estados Unidos fue la búsqueda de anclas de estabilidad. La economía mexicana se había contraído y empobrecido en los ochenta por malas decisiones en los setenta y por la enorme desconfianza que el actuar gubernamental había generado. Se buscó en la relación con EUA una fuente de certidumbre que permitiera atraer ahorro e inversión para el desarrollo del país. Además, para entonces, las dos economías se habían acercado, las maquiladoras habían prosperado, los asuntos de seguridad habían adquirido un dinamismo bilateral frecuentemente contencioso y la migración crecía. Es decir, en cuestión de una década, las fuentes de potencial conflicto entre las dos naciones se habían multiplicado.

Las gestiones entre los dos gobiernos eventualmente llevaron al TLC, pero fue el acuerdo inicial, que precedió a la negociación comercial, el que resulto clave para las siguientes décadas. En 1988 los gobiernos adoptaron dos principios que han permitido resolver problemas y destensar la relación, abriendo oportunidades de interacción que antes eran impensables.

El primer principio fue una visión compartida sobre el futuro de la vecindad, que incluía una creciente integración económica, esfuerzos por evitar usar la historia como medio de distanciamiento de las dos sociedades y la apertura de espacios para un mayor intercambio entre estudiantes de las dos naciones.

El segundo principio fue el de resolver los asuntos que aquejaban a la relación sin que unos contaminaran a los otros, es decir, se adoptó el principio de la compartimentación, que ha permitido, hasta que llegó Trump, administrar esta compleja relación sin demasiados aspavientos.

Esos dos principios se han debilitado, si no es que desaparecido, en los últimos cuatro años. Primero, Trump y López Obrador no compartían la visión anterior respecto al futuro de la relación y, de hecho, ambos preferirían volver al distanciamiento que existía antes de los ochenta. Y, segundo, al vincular migración con exportaciones, Trump le dio al traste al concepto de compartimentación. Es posible que Biden quisiera retornar a esos dos principios, pero todo sugiere que ese no es el caso del lado mexicano.

En su afán por recrear su mundo idílico de los setenta, el presidente López Obrador busca reproducir la relación de “respeto y soberanía” que, en su imaginario, era la característica nodal de la relación bilateral en aquella época. La lógica con que se ha conducido desde que Biden ganó la elección en noviembre pasado es indicativa de su objetivo por disminuir la relación, alejarla y diversificarla, cortejando a China y a Rusia para tal efecto. Me parece evidente que el gobierno mexicano no está buscando un divorcio, sino una redefinición de la relación. La pregunta es a qué costo.

La relación actual no es sólo extraordinariamente compleja, demandando una acuciosa administración, sino que es sumamente profunda e indispensable para ambas naciones. La codependencia económica es enorme, al grado en que, por más que Trump y AMLO claramente hubieran preferido acabar con el TLC, las fuerzas centrípetas obligaron a renegociarlo y ratificarlo.

La gran interrogante será cómo administrar algo sobre cuya dinámica y futuro no hay visión compartida y sin el instrumento clave de la compartimentación de asuntos para evitar conflagraciones frecuentes. Lo fácil es soñar con la distancia; en la vida real, ésta es inexistente.

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 Cuenta un viejo chiste que un candidato le ofrece al electorado la opción del cielo o el infierno. El votante primero visita al cielo, encontrando todo tranquilo y en orden. Luego pasa al infierno, donde se encuentra con preciosos jardines, mesas llenas de platillos deliciosos, música atractiva y una infinidad de distracciones en las que se deleitaban sus habitantes. De vuelta con el candidato le dice “no creo lo que voy a decir, pero votaré por el infierno.” Tan pronto dice eso, el panorama cambia de manera radical: el infierno se vuelve, pues, el infierno: agonía, dolor, pesadez, sufrimiento. La otrora alegría ahora resulta ser un martirio. “No comprendo, dice el votante, esto no es lo que me mostraste antes.”  “Bueno, responde el político, esa era la campaña; ahora ya votaste.” Así ha evolucionado el presidente López Obrador.

Criticando a Vicente Fox hace poco más de tres lustros, dedicó un memorable discurso a explicar su filosofía sobre la presidencia: “Un presidente no puede ser un líder faccioso. El presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista; no debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El presidente debe representar a todos los mexicanos. El presidente debe ser factor de concordia y de unidad nacional. El presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa ni para ayudar a sus amigos no para destruir a sus adversarios.”

Me pregunto dónde quedó ese candidato que prometía el nirvana, pero entregó el infierno. Siguiendo otro viejo chiste, el que afirma que no es lo mismo ser borracho que cantinero, el presidente ha ido en sentido contrario: como ilustra el pasaje anterior, cuando candidato prometía la institucionalidad; una vez en el gobierno se ha dedicado a dividir, polarizar, atacar y poner en entredicho la relación con la potencia del norte. En lugar de evolucionar hacia la responsabilidad que entraña ser dueño del establecimiento -el cantinero del cuento- se comporta como el arquetipo del borracho que no tiene empacho en romper el orden y destruir lo existente, como si no tuviera responsabilidad alguna.

Las frases que lo definen hablan por sí mismas. En lugar de aquello que “el presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista,” al inicio de la pandemia afirmó que «esta crisis nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de nuestra transformación.» Prometiendo no ser un líder faccioso, le escribe a la Suprema Corte que “sería lamentable… que sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del estado de derecho.”

“No es solo la intromisión con el Poder Judicial, dice Verónica Ortiz, sino la expresa propensión de que los jueces decidan no en función de los méritos de los amparos, sino de quienes los interpongan.” ¿Estadista o líder faccioso?

El calor de la plaza pública -y de las mañaneras- inevitablemente entraña excesos discursivos, pero en AMLO éstos no son deslices: son una estrategia de confrontación y descalificación permanente. El presidente que antes criticaba de faccioso a su predecesor ahora emplea la misma táctica para dividir: el maniqueísmo como estrategia y la denostación como sistema. La pregunta que uno debe hacerse es si este método le permite avanzar o si no hace más que correr para quedarse, en el mejor caso, en el mismo lugar.

Si algo ha enseñado la pandemia es que no hay contradicción entre el actuar exitoso de un líder político en materia de salud y su popularidad. Más bien, el silogismo funciona en sentido contrario: mientras que los jefes de gobierno que se dedicaron en cuerpo y alma a combatir la crisis sanitaria sin conflictos de agenda son altamente evaluados, los que ignoraron o politizaron la crisis viven en creciente descrédito. El presidente puede ufanarse de sus altos números de popularidad, pero éstos en nada se comparan con los que caracterizan a la canciller Merkel de Alemania, a la primera ministra Ardern de Nueva Zelandia o a Tsai Ing-wen de Taiwán.

Hace unas semanas, el día en que formalmente inició la última etapa de la canciller alemana, toda la población salió a sus ventanas y balcones a aplaudirle por seis larguísimos minutos. Gente de izquierda y de derecha reconocía así la labor exitosa de quien condujo a su país en tiempos turbulentos que incluyeron retos tan complejos como los de las guerras de medio oriente, la migración siria, Trump y la pandemia. En lugar de denostar, la canciller se ocupó y el resultado está ahí. ¿Cómo se compara AMLO contra ese parangón?

México retrocede en todos los indicadores. Aunque sería cómodo culpar a la pandemia de la regresión económica, la realidad es que la economía mexicana ya venía de picada en 2019. La corrupción del pasado sigue igual de impune que siempre, pero ahora ya hay innumerables ejemplos de corrupción en la actual administración que están, y seguramente acabarán, en la misma impunidad. La relación con Estados Unidos, clave para el funcionamiento de la economía, está en veremos y los prospectos para los próximos años son todo menos alentadores.

Esta es la hora de la Suprema Corte. De los ministros depende, literalmente, el futuro y las libertades de los mexicanos. También que obligue al presidente a comportarse como estadista.

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/de-cantinero-a-borracho-2021-03-21/op201474?pc=102&referer=–7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a–

Dos visiones sobre la transición política mexicana caracterizan a los observadores y estudiosos del tema: una sostiene que la transición concluyó el día en que hubo elecciones limpias y competidas que permitieron un cambio pacífico en el poder. La otra argumenta que el sistema político no ha cambiado de naturaleza a pesar de la alternancia de partidos políticos. Más allá de los detalles, quizá la pregunta pertinente sea ¿qué debió haberse hecho diferente para llegar a un mejor puerto? La respuesta permitiría un diagnóstico más agudo de la situación actual y, quizá, en un idílico ejercicio de estadistas, volver a empezar.

La reforma electoral de 1996 fue un gran ejercicio de alta política. Tanto el presidente como los grupos de trabajo, sobre todo académicos, y los líderes de los diversos partidos pujaron y presionaron para lograr el esquema que hizo posible que, desde 1997, México tuviera elecciones libres, limpias, competidas y profesionalmente administradas. Dada la historia previa, nadie puede minusvalorar lo ahí logrado.

También me parece que, con la perspectiva y arrogancia que permite el espejo retrovisor, hubo más esperanza y júbilo entre quienes lograron aquella reforma que previsión y profundidad. La elección de 2000 fue aplaudida dentro y fuera de México porque se logró una alternancia de partidos en la presidencia de manera pacífica, pero la realidad es que ese aplauso se refería más al hecho de que perdió el partido que había estado décadas en el poder que una verdadera transformación del Estado mexicano. El factor clave fue que triunfó el candidato políticamente correcto, lo que le permitió a todos los actores auto congratularse por el hito que eso representó. Sin embargo, los sucesos de la siguiente contienda presidencial en 2006 demostrarían que México estaba lejos de haber arribado a la democracia.

La realidad simple y dura es que los poderes reales del viejo sistema (no sólo en el PRI) querían cambios que facilitaran su propio triunfo, pero no estaban dispuestos a una verdadera apertura ni tampoco a una transformación cabal del sistema político o de las estructuras gubernamentales. Se transformó el sistema electoral de manera radical, creando un aparato inusualmente estructurado (respecto al mundo) y también costoso porque, como dijera José Woldenberg en su momento, ese era el precio de las desconfianzas. Acabamos con un instrumento excepcionalmente poderoso para garantizar que el voto decidiera quien nos gobernaría pero, como ilustra el momento actual, no hemos logrado un mejor resultado en la forma de gobernarnos.

Los mexicanos podemos estar orgullosos de haber resuelto el problema del acceso al poder, lo que hace que las críticas al INE sean no sólo injustas sino absurdas porque el problema que se quiso resolver en 1996 y en las subsecuentes reformas se resolvió de manera cabal. El asunto es que lo que no se resolvió ahí es la forma en que los mexicanos debemos gobernarnos, lo que entraña atender tanto la forma en que funciona el gobierno como los derechos de la ciudadanía.

Los promotores y actores clave de la reforma de 1996 estaban convencidos que el nudo que impedía transformar al sistema político era el sistema electoral. Sus expectativas eran que, una vez lograda la alternancia de partidos en la presidencia, las piezas se acomodarían de manera automática, abriendo nuevas oportunidades para la participación política. Nadie previó que el viejo sistema tenía anclas e inercias tan poderosas que han logrado resistir un cuarto de siglo prácticamente intocadas. A eso debe añadirse la tragedia que representó el hecho de que el ganador en 2000 no tenía idea de la responsabilidad que caía en sus manos o de la oportunidad que ello representaba. El trabajo inacabado de unos y la ignorancia y desidia del otro permitió que la victoria fuera de la inercia y de los poderes fácticos.

En honor a la verdad, a nadie debió sorprender el resultado, porque en mucho es parte del ADN nacional. Cuando se negoció el TLC quedaron tres productos agrícolas (maíz, frijol y leche en polvo) a los que se les dio 17 años de ajuste antes de que se abrieran las importaciones. Pasados 16 años y ante la inminencia de la apertura, las organizaciones de productores comenzaron a bramar “no nos dieron suficiente tiempo.” Al final, la campana los salvó porque los precios se elevaron justo en ese momento, permitiendo una transición sin complicaciones. Pero el ejemplo ilustra nuestra forma de proceder: en lugar de anticipar y actuar de manera oportuna, siempre andamos corriendo cuando algo ya salió mal.

El gran pendiente de la política mexicana es el de la reforma cabal del gobierno. El gobierno mexicano es opaco, intrínsecamente corrupto, no rinde cuentas ni se apega a marco legal alguno. La forma en que el presidente actual ha podido desmantelar el entramado institucional demuestra que éste no gozaba de la fortaleza y legitimidad que muchos suponían. Quien pretenda retornar a una senda de estabilidad, crecimiento y desarrollo no tendrá más remedio que emprender una transformación de gran calado, sin lo cual la desconfianza tanto de ciudadanos como de empresarios e inversionistas va a ser permanente, impidiendo la prosperidad y el bienestar de la población.

 El establishment estadounidense logró convertir a la pandemia en otro punto de contención y polarización. El asunto se suma a una infinidad de factores que la dividen y que produjeron, en la última década y media, tres administraciones polarmente opuestas: Obama, Trump y ahora Biden. Donde prácticamente no hay diferencias es respecto a la relación de Estados Unidos con China. Ahí la unidad es casi absoluta, llegando a niveles obsesivos.

Es raro el tema sobre el cual los americanos no estén divididos. Trump y Obama siguen siendo factores de controversia y Biden está por definirse. Hay división por todo: desde los asuntos más íntimos de la vida -como el aborto y el matrimonio- hasta los geopolíticos, como Rusia y Europa, pasando por el comercio y la migración. Hasta los asuntos más nimios acaban siendo motivo de disputa, todo lo cual explica la tardanza en actuar frente al coronavirus, asunto que afectó hasta al nombramiento del director de la institución señero en materia sanitaria, el CDC. La sociedad estadounidense de hoy no puede ponerse de acuerdo en prácticamente nada. Excepto China.

La disputa con China tiene muchos niveles y facetas. En primer lugar, la guerra comercial que inició Trump pero que se deriva de la pérdida de empleos industriales. En contraste con México, China utilizó las plantas que se instalaron en su suelo para detonar una transformación industrial. De ahí se derivan todo tipo de agravios, igual reales que imaginarios: la trasferencia obligatoria de tecnología, los subsidios a las empresas paraestatales y el sesgo anti extranjero. En segundo lugar, nuestros vecinos culpan al gobierno chino de robar, vía hackeo, tecnología, información y secretos a través de Internet. En tercer lugar, y quizá central a toda la percibida injuria, los estadounidenses se sienten traicionados -y, más que eso, engañados- de que China no haya evolucionado en concordancia con sus expectativas de convertirse en una democracia. Aunque seguramente los gobernantes chinos nunca prometieron una evolución hacia la democracia en paralelo a su desarrollo económico, esa fue la expectativa occidental cuando se aceptó a China como miembro de la Organización Mundial de Comercio en 2001.

El impactante crecimiento de China en las últimas décadas desató toda clase de pasiones tanto entre admiradores como detractores. Algunos ven a China como la señal del futuro y enaltecen a su gobierno autoritario como la solución a los problemas tanto de las naciones como del orbe: si en lugar de debatir y discutir en un contexto democrático, sueña Thomas Friedman, columnista del New York Times, Estados Unidos tuviera un gobierno como el chino, podría confrontar sus problemas (y los del mundo, como el clima) con celeridad y determinación. Otros, como Minxin Pei* estiman que el sistema chino es insostenible, en tanto que George Magnus** ve un futuro muy difícil, sobre todo por la indisposición de Xi Jinping a enfrentar los dilemas que confronta esa nación de frente, complicados ahora por las consecuencias del coronavirus y la estela de enojo interno que arrojó. Obviamente, nadie sabe qué pasará, pero las apuestas van en todos sentidos.

La sumatoria de todos estos diferendos, malentendidos y choques de expectativas se ha traducido en un virtual consenso respecto a China como una amenaza geopolítica. Innumerables publicaciones debaten las implicaciones de la nueva realidad, las que se reducen, en su esencia a dos: quienes anticipan una creciente confrontación frente a quienes consideran posible un acomodo. El líder del primer bando es Graham Allison,*** quien puso sobre la mesa la noción de que EUA y China enfrentan lo que él denomina como una “trampa de Tucídides,” confrontación que se genera cuando una potencia decadente intenta impedir el ascenso de otra nueva. El otro lado, encabezado desde siempre por Kissinger, plantea no sólo la posibilidad, sino la necesidad de un acomodo.**** Este bando argumenta que la relación con China nada tiene que ver con la antigua URSS por la multiplicidad de interacciones que existen, por lo que propone que es perfectamente compatible trabajar donde haya intereses comunes y competir donde haya diferencias y niega tajantemente la vigencia de la trampa de Tucídides. Kishore Mahbubani,***** un diplomático de Singapur, propone los detalles de cómo podría ser el contenido concreto de semejante arreglo. El texto de Mahbubani es arrogante y poco analítico, pero constituye un ejemplo claro de cómo podría llegarse a un arreglo.

Los americanos, escribió Kissinger hace años, juegan ajedrez, donde el objetivo es acabar con el rey lo antes posible; por su parte, los chinos juegan wei qi, cuya naturaleza es pacientemente construir posiciones hasta abrumar al enemigo, sin jamás confrontarlo de manera directa. No me es obvio quién ganará esta partida, pero dos cosas son claras: primero, el resultado nos afectará y, segundo, los americanos han sido muy poco estratégicos y deliberados en este pleito.

Lástima que los mexicanos estemos tan perdidos que no tenemos capacidad de ver la ingente oportunidad que esa guerra nos representa. Otra más que se nos va a ir.

* China’s Crony Capitalism ** Red Flags ***Destined For War **** On China *****Has China Won?

www.mexicoevalua.org
@lrubiof
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