Luis Rubio

Dice un viejo proverbio que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Algo así le pasó a México cuando se negociaron sucesivas reformas electorales, todas ellas concebidas por actores políticos que querían conducir a México hacia un terreno, primero, de estabilidad política (sobre todo aquellas de 1958 a 1978) y, luego, hacia la democracia, a partir de 1996. El problema es que esos esfuerzos se enfocaron exclusivamente hacia lo electoral, dejando el asunto de cómo nos habríamos de gobernar en el aire.

La teoría y la práctica explican los problemas que hemos vivido en estas décadas y, también, la racionalidad de la estrategia del presidente López Obrador. Por el lado teórico, hace décadas que se sabe que en los procesos de democratización es clave haber consolidado un gobierno fuerte y efectivo antes de liberalizar la competencia política pues, de lo contrario, (casi) nunca se logra constituir un gobierno que pueda efectivamente gobernar y satisfacer las demandas y expectativas de la población. En adición a lo anterior, las naciones que lograron transiciones exitosas también consolidaron su Estado de derecho, el marco normativo y procedimental crucial para contener el potencial de abuso de un gobierno o su burocracia. Nuestra calificación en esto no es buena.

Por el lado práctico, México ha vivido dos periodos muy exitosos de crecimiento económico con estabilidad política: el porfiriato y la era del PRI duro, entre los cuarenta y el fin de los sesenta. La característica política de ambos era un gobierno autoritario cuyo único contrapeso era la disposición de la población y de los inversionistas a participar en sus respectivos espacios. Ambos momentos históricos acabaron mal por la rigidez de sus estructuras y procesos: cuando se presentaron dificultades, fueron incapaces de adaptarse a una nueva realidad. En el porfiriato, el desafío fue parte político y parte la hambruna que aquejó al país al inicio del siglo XX. Sin la mínima flexibilidad para reformarse, el porfiriato se colapsó, abriendo la puerta a un conflicto civil que arrasó con la economía y dejó sin vida a más de un millón de ciudadanos.

El segundo momento, al inicio de los ochenta, acabó de una manera distinta, pero no menos caótica. Luego de que la economía y la política comenzaran a hacer crisis en los sesenta, el gobierno intentó prolongar artificialmente su vigencia a través de deuda externa, animado por la expectativa de precios cada vez más elevados de petróleo. Al final, la deuda excesiva colapsó financieramente al gobierno y llevó a una década de casi hiper inflación. Las reformas económicas que siguieron resolvieron parte del problema al estabilizar a la economía, abrir el país al comercio internacional y construir una potencia manufacturera en el proceso.

Lo que no se resolvió fue el deseo de la sociedad de participar en las decisiones políticas y, por ese camino, limitar los excesos a los que es propenso nuestro sistema de gobierno. Para el presidente López Obrador es claro que lo que México requiere es construir una nueva era de estabilidad y crecimiento y que para ello se requiere un gobierno fuerte que limite los excesos de la ciudadanía. Esa es la razón por la cual centraliza el poder y elimina contrapesos a diestra y siniestra. La historia le da una poderosa esperanza.

El problema es que el gobierno mexicano no está constituido para resolver problemas, allanar el camino hacia el crecimiento o construir una plataforma de desarrollo para el próximo siglo. Nuestro gobierno, heredero del porfiriato y organizado bajo el pacto post revolucionario con el objetivo expreso de que a los beneficiarios les hiciera “justicia” la revolución, está diseñado para expoliar, corromper y abusar. Los grupos políticos, sindicales, empresariales y sus asociados dentro del entramado del sistema político no están interesados en la ciudadanía, los beneficios laborales o la calidad de los productos, sino en preservarse dentro del sistema que les genera rentas, en ocasiones desmedidas.

Las reformas electorales de 1996 en adelante vinieron acompañadas de la suposición
de que el problema residía en la falta de competencia política y que, una vez liberada ésta, todo el resto se acomodaría por sí mismo. Lo que de hecho ocurrió fue que la democracia electoral se montó sobre el sistema político existente, con sus estructuras burocráticas anquilosadas y el enjambre de intereses que ya existían y que siguen beneficiándose a costa del desarrollo integral del país. De ahí se derivan los dos grandes males que enfrentamos: la frustración de la ciudadanía que se manifiesta en cada justa electoral y la enorme desigualdad tanto de oportunidades como de resultados en materia económica.

La solución que avanza el presidente López Obrador no hará sino posponer y profundizar el problema porque no lo encara, sólo busca esquivarlo. En lugar de enfrentar las estructuras políticas, burocráticas y de intereses que desvalijan al erario y preservan a medio México en la pobreza, este gobierno, como sus predecesores, se dedica a inventar nuevas excusas en lugar de soluciones. Lo que el país requiere es una transformación de su sistema político, sin lo cual nunca saldremos del círculo vicioso en que llevamos décadas.

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Luis Rubio

Luis Rubio

La ciudadanía habló claro y ahora todo el aparato político tendrá que ajustarse a una nueva realidad. Con gran sabiduría, la población refrendó su confianza en el INE, rechazó los excesos del presidente, exigió cordura a los actores políticos y sigue buscando “un cambio.” Al reclamar triunfos totales y absolutos, los líderes de los partidos mostraron total incomprensión del momento, pero no así el presidente López Obrador, quien emprendió, a su peculiar manera y sin acusar de recibido, una operación de moderación (que no duró mucho). Difícil encontrar un mejor escenario dado el polarizado y enconado entorno que subía de tono por segundo.

Por casi tres años, el presidente ordeñó su elección de manera desmesurada y abusiva. Suponiendo un mandato inapelable de las urnas para hacer y deshacer a su antojo, procedió a echar el reloj nacional cuatro décadas hacia atrás. Su tenacidad y singularidad de propósito le llevaron a alterar el entorno de manera decisiva, provocando con ello el amplio rechazo de las clases medias y de la inversión: de hecho, esta fue una rebelión de las clases medias en todas las urbes.

El resultado electoral le deja suficiente margen de maniobra para salvar cara y poder argumentar que sus (enormes) pérdidas no fueron tan grandes (sobre todo al contrastar la disminución de 20% de su contingente legislativo contra el crecimiento en el número de gubernaturas en manos de Morena). Sin embargo, tanto el resultado electoral como el momento del sexenio anuncian cambios fundamentales.

En primer lugar, desde que Fox anunció su candidatura inmediatamente pasada la elección intermedia en 1997, los presidentes perdieron la capacidad de contener el proceso de nominación bajo su férula, y más con Morena, donde la ausencia de estructuras institucionales y disciplina interna prometen choques constantes entre los promotores de las candidaturas de sus principales cuadros. Este sólo hecho va a acentuar las fracturas ya de por sí existentes, lo que inexorablemente debilitará la capacidad del presidente de controlar el proceso o de promover iniciativas políticas o legislativas nuevas.

En segundo lugar, aunque Morena gobernará más de la mitad de las entidades, la capacidad de intimidación, que ha sido el principal instrumento de subordinación de los gobernadores al presidente, se verá mermada. No es lo mismo amenazar con el séptimo año del sexenio cuando éste está por venir que cuando ocurrirá en otro sexenio. Independientemente de su filiación partidista, los 15 nuevos gobernadores gozarán de libertades infinitamente superiores a las de sus predecesores.

Tercero, Morena ya no tendrá la mayoría que antes tuvo ni le será fácil encontrar un partido “bisagra” para avanzar enmiendas constitucionales. Esto cambia la dinámica legislativa de varias maneras: ante todo, introduce un elemento de inestabilidad a la coalición Morena-Verde-PT, toda vez que incentiva a estos excéntricos aliados, especialmente al segundo, que nunca pierde oportunidades pecuniarias, a contemplar alianzas distintas para el futuro. No menos importante, la cámara de diputados pasará a ser el espacio obligado de interacción y negociación política que la super mayoría (y control) del periodo que ahora concluye hacía imposible.

Todo esto crea un entorno nuevo en el que podrían -de hecho, deberían- prosperar visiones y propuestas que esbocen un futuro menos contencioso y enconado. A la fecha, toda la política mexicana se ha concentrado en el pasado: para uno los setenta, para otros antes del 2018, a pesar de que no hay muchos mexicanos en sus cinco sentidos que quisieran retornar a esos momentos. El contraste entre el voto ciudadano del 2018 con el de hace unos días hace evidente que la población quiere ir hacia adelante, hacia un estadio más amigable, de mayor progreso y con mejor distribución de los beneficios. Esa carta, que era, o debió ser, la de López Obrador, se perdió en la estrategia de confrontación que no ha arrojado beneficio alguno para la ciudadanía y menos al propio presidente, como se pudo apreciar en el resultado electoral. De hecho, el futuro político del presidente se encuentra ahora en una difícil tesitura: a menos que corrija el rumbo, su ambición de ser uno de los grandes transformadores de nuestra historia se ha esfumado.

El presidente López Obrador ha ido cayendo en una paradoja no inusual entre quienes acumulan poder sin un proyecto que atraiga y convoque a la población: mientras más poder acumula, menos poder puede ejercer porque el riesgo de radicalizarse causaría crisis susceptibles de destruir el propio proyecto de poder. Quizá no haya mejor ejemplo de esto que el riesgo de una devaluación, límite explícito que el presidente se ha auto impuesto. Algo similar ocurre con la noción de ampliar su mandato o buscar la reelección: intentar romper tabúes de más de un siglo traería consecuencias devastadoras para el promotor y nocivas para el país.

Vienen tres años complejos que podrían convertirse en excepcional oportunidad de reconciliación para sembrar el andamiaje de un mejor futuro. Lamentablemente no es obvio que existan estadistas -en el gobierno o en la oposición- susceptibles de encabezarlo y encausarlo. Pero la oportunidad no deja de estar ahí.

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Luis Rubio

 Hoy es el día, el día de la ciudadanía. El día en que, con su voto, los ciudadanos, expresarán individualmente su sentir sobre el gobierno y su expectativa sobre el futuro. Pocas veces una elección intermedia es tan trascendente, y lo es porque el presidente así ha definido el momento: por él o contra él. En lugar de una práctica democrática limpia y respetuosa, se nos exige a los ciudadanos una definición tajante, definitiva y, obviamente por él.

La responsabilidad que cada uno de nosotros asume, en nuestra calidad de ciudadanos, es extraordinaria: con un voto tenemos que escoger a nuestros representantes populares y gobernantes locales. Pero, más que eso, nuestro voto entraña un juicio sobre el momento que vivimos, nuestras expectativas de futuro y la mejor manera de lograrlas. El problema, y la virtud, de la democracia es que todo ello tiene que expresarse en un instante, con una marca en cada una de las boletas respectivas. Lo interesante es que todos los mexicanos estaremos a la expectativa de cómo votan los demás.

Al acercarnos al momento de votar es esencial considerar dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que sigue y quién nos ofrece un mayor grado de certidumbre de poder avanzar en la dirección deseada. Evidentemente, cada uno de los ciudadanos va a evaluar distintos factores en el momento de decidir su voto, pero sin duda hay un conjunto de elementos que a todos nos afectan, directa o indirectamente, aunque de maneras distintas.

Lo excepcional del día del voto no es el enorme número de puestos que serán definidos por el voto ciudadano (el mayor de nuestra joven democracia), sino que una elección intermedia revista tan grande trascendencia. En un país de poderes separados con un presidente a cargo del ejecutivo, las elecciones definitorias suelen ser las presidenciales. Sin embargo, dada la forma personalista, agresiva y excluyente que ha caracterizado al gobierno del presidente López Obrador en sus primeros (casi) tres años, la pregunta que todo votante tiene frente a sí es si se le debe otorgar una carta blanca para sus siguientes, y últimos, tres años, o si su manera de ser amerita el fortalecimiento del poder legislativo para asegurar que exista un contrapeso efectivo que contribuya a un país más equilibrado y un presidente más comprometido con el conjunto de la ciudadanía.

Nadie puede adivinar qué nos depara el futuro. De lo que no cabe la menor duda es que en las últimas décadas el país ha experimentado gobiernos malos y algunos mediocres, todos prometiendo grandes soluciones para luego acabar con expectativas destrozadas y un mar de corrupción. El presidente López Obrador llegó a la presidencia mucho más por cansancio del electorado que por la calidad de su propuesta de gobierno que, en la práctica, ha consistido en no más que la concentración de poder en su persona.

Su programa de gobierno se reduce a tres proyectos de infraestructura de dudosa relevancia económica y un mecanismo de transferencias en efectivo para sus clientelas favoritas. En lugar de buscar la forma de generar una plataforma económica que permita producir riqueza y empleos buenos y permanentes para un desarrollo equilibrado y con mejor distribución del ingreso, su visión se limita a repartir dinero sin producir nada. La retórica puede disfrazar muchos actos de gobierno, pero no produce ingresos o empleos permanentes, la única forma de salir del atraso, la pobreza y la desigualdad existentes.

Al inicio del sexenio publiqué un libro en el que comenzaba diciendo que el presidente había identificado correctamente los tres problemas principales que enfrenta el país: la baja tasa de crecimiento económico (en promedio), la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, escribía yo, su propuesta para encararlos era errada y resultaría fallida porque no reconocía ni aceptaba que el problema radica en las condiciones en que vive una parte enorme de la población y que son esas condiciones y circunstancias las que deben ser atacadas. En vez de eso, el presidente se ha dedicado a intentar recrear la fantasía de un mundo idílico que dejó de existir, no por diseño de a quienes él denomina adversarios, sino por la falta de visión de sus predecesores que acabaron, como él acabará, porque se rehúsa a resolver los problemas de la realidad del hoy.

Los tajantes contrastes que vive el país pueden resolverse y el presidente López Obrador tiene la legitimidad para enfrentarlos, pero su proyecto es ciego a la realidad política y a la enorme complejidad del México de hoy, la realidad económica del siglo XXI y el enorme potencial de la ciudadanía en todos los rincones del país. Volver al autoritarismo empobrecedor del pasado no logrará más que destruir lo poco que sí se ha avanzado, sin construir nada mejor en el camino. Pero el presidente no está dispuesto a contemplar alternativas, incluso aquellas que fortalezcan su probabilidad de efectivamente eliminar esos males ancestrales.

Ante esto, la ciudadanía tiene que optar el día de hoy, con su voto, entre ratificar el camino adoptado por el presidente o construir una salida alternativa en la forma de contrapesos efectivos y dispuestos a ser corresponsables en la definición del futuro del país. ¡A votar!

Luis Rubio

Luis Rubio

Dice un viejo aforismo que la nostalgia ya no es lo que solía ser. Sin embargo, constituye un pesado fardo que nunca acaba por desaparecer. Hay dos fuentes de nostalgia que obnubilan a tiros y troyanos en la política mexicana actual. El presidente encabeza la nostalgia por los setenta, el momento idílico en su memoria en que todo marchaba a tambor batiente y, en sus palabras, la gente “vivía bien.” Recrear ese pasado idílico se convirtió en mantra y la razón de ser de su gobierno. Pero también hay otros nostálgicos, aquellos que quieren retornar a 2018 cuando, en su imagen mítica, todo estaba bien, todo funcionaba inmaculadamente hasta que llegó el hoy presidente López Obrador a echarlo a perder. Como todos los mitos y todas las nostalgias, ambos son arquetipos falsos que jamás producirán un mejor futuro.

El proyecto presidencial está llevando a México a una caricatura del pasado priista, pero una caricatura peligrosa. La presidencia de antaño era poderosísima, toda vez que contaba con instrumentos a su alcance, comenzando por el PRI, que le proferían una estructura de control político que facilitaba la implementación eficaz de las decisiones gubernamentales. Pero el PRI no era meramente un mecanismo maleable que simplemente respondía al presidente: se trataba de un aparato de negociación que, en algún sentido, podía limitar los peores excesos de los presidentes. Hoy no existe semejante mecanismo y el presidente actúa como si no hubiera límite a su poder. Desde luego, la realidad es un contrapeso inescapable, pero su impacto suele demorar. La pregunta es qué tan grave será el daño infligido por un presidente hiperactivo que cree que puede desmontar lo construido por toda una sociedad sin consecuencia alguna.

El grupo de nostálgicos sobre el pasado cercano es disperso e informe. Aunque algunos de quienes pretenden organizar a los partidos y grupos de oposición al gobierno actual para formar un frente común enarbolan la noción de que todo lo que hay que hacer es retornar a donde estábamos, hay muchos que añoran esa idea y albergan la esperanza de que el próximo seis de junio comienza el retorno a tan deseado estadio. Entre estos se encuentran activistas de los diversos partidos de oposición, empresarios y no pocos opinadores. El problema es que no hay a donde regresar: primero que nada, ese pasado no era tan encomiable como ahora nos quieren hacer creer y, segundo, la mera pretensión de regresar entraña un desprecio a los millones de votantes que se manifestaron con toda claridad en contra del statu quo ante. Para mí no hay ni la menor duda que el voto que encumbró a López Obrador en la presidencia fue mucho más un rechazo a lo existente que un endoso a una persona o un proyecto que no tenía (ni tiene) pies ni cabeza más allá de la nostalgia y la retórica.

El país claramente no marchaba bien. Los dos momentos de grandes expectativas -primero con Fox y luego con Peña- acabaron en un enorme desengaño y decepción que se tradujo en frustración y desaliento. Justo los valores que López Obrador supo capitalizar con enorme destreza, parte por su propia biografía, pero mucho porque logró convencer a un electorado harto de promesas sin resultados positivos de que el problema era la persona: él sería diferente porque no era corrupto, no porque tuviera un buen plan para salir avante.

No hay a donde regresar, pero tampoco hay en el panorama actual un proyecto positivo, esperanzador y viable que permita vislumbrar un futuro mejor. El mayor de los costos de las fallas de las reformas de las últimas décadas y, especialmente, de las promesas incumplidas en lo que va del siglo, es que desapareció la disposición a visualizar oportunidades, debatir propuestas y resolver sin descalificar.

Todavía está por verse cómo concluirá el gobierno actual. Como en todos los sexenios, el primer par de años vuelan sin demasiados contratiempos porque persiste la esperanza de que sus planes y decisiones se traducirán en resultados positivos. Pronto, sin embargo, las cosas cambian, como ya le comienza a pasar al gobierno actual. Confiadamente, el daño que arroje este gobierno no será peor de lo que ya ha sido, pero no hay forma de saberlo, pues la capacidad destructiva del presidente y sus huestes es vasta.

Luego de la debacle de 1982, en que otro presidente fallido intentó reparar (u ocultar) sus errores expropiando a los bancos, al país le tomó más de una década retornar a la senda del crecimiento y la confianza. Eso se logró gracias a algunas reformas, pero sobre todo a la disposición de los estadounidenses a apoyar al proceso de cambio mexicano con el TLC. Esa opción ya no existe hoy en día porque la agotamos por la falta de reformas políticas y resultados, esos que desalentaron al electorado y llevaron al gobierno de hoy.

El futuro no está atrás sino adelante. El próximo seis de junio es clave para que pueda haber futuro, porque sin contrapesos acabaremos en el ocaso. Pero un futuro promisorio resultará sólo de una nueva visión esperanzadora y realista, lo opuesto a la nostalgia que hoy reina en el gobierno y la oposición. La “trampa de la nostalgia,” escribió García Márquez, quita los momentos amargos y los pinta de otro color. Pero no deja de ser una trampa.

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Luis Rubio

La vieja Unión Soviética se mantuvo cohesionada por el monopolio ideológico que ejercía el partido comunista en una era en la que el acceso a la información estaba totalmente controlado por el gobierno. De hecho, dice David Satter,* “el mundo imaginario de la ideología marxista-leninista nunca se fue porque su relevancia no se derivaba de la validez de la ideología, sino de su efectividad política. Individuos subyugados mentalmente pueden ser tratados como materia prima para los propósitos del estado, razón por la cual la ideología es tan útil.” La pretensión del presidente mexicano de retornar al nacionalismo revolucionario sigue la misma lógica.

Fue el propio Marx quien afirmó que la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. En la Rusia contemporánea, el control ideológico ha retornado, pero, como anticipara Marx, la segunda vez sin creyentes, puro acomodo autoritario: una farsa. No hay razón para pensar que algo distinto será el resultado de un gobierno dedicado a la manipulación permanente sin arrojar un solo saldo positivo.

El plan de López Obrador consistía en restaurar el poder de la vieja presidencia del siglo XX y emplearlo para ejercer la rectoría económica. Para eso, el presidente se ha dedicado a eliminar cualquier vestigio de contrapeso que pudiera mermar su poder. Por el lado económico, ha desmantelado la estrategia de desarrollo de la industria petrolera y eléctrica que había armado la administración anterior, con el propósito expreso de convertir a esas dos empresas improductivas y sobre endeudadas en las principales fuentes de demanda en la economía.

El proyecto restaurador está casi concluido y el resultado es una tragedia. En lugar de una economía pujante, tenemos un país moribundo, mucho más dependiente hoy de la economía americana a través de las exportaciones de lo que se observó en las pasadas cuatro décadas tan descalificadas por el presidente. La inversión, pública y privada, brilla por su ausencia; el viejo sindicalismo está siendo reemplazado por un nuevo sindicalismo igual de viejo, corrupto y caciquil, pero éste dependiente del presidente actual. O sea, la misma gata, pero revolcada.

Las libertades civiles se deterioran día a día; la suprema corte está impedida de ejercer su función de contrapeso, sus ministros callados frente a abusos tan monumentales como los de la extinción de dominio, la prisión preventiva y las facultades extrajudiciales que se le han otorgado a diversas entidades del ejecutivo. Los cacicazgos de la educación siguen intocados, trabajando al servicio del control político, negándole con ello a las generaciones actuales y venideras la oportunidad de incorporarse al desarrollo. En una palabra, en lugar de mejorar la vida de los pobres (“primero los pobres”), reactivar la economía o disminuir la corrupción, el gobierno ha recreado una farsa de aquel mundo idílico de los setenta que nunca fue encomiable para comenzar.

De seguir por donde vamos, el gobierno actual arrojará un resultado peor que patético: una economía retraída, incapaz de satisfacer las necesidades de la población o las oportunidades que se presentan en el mundo internacional (comenzando por el conflicto comercial EUA-China), niveles exacerbados de desempleo (que se traducen en cientos de miles de migrantes hacia EUA) y una creciente conflictividad política. Marx diría que es una tragedia. Pocos mexicanos podrían contradecirlo.

El pretendido retorno al nacionalismo revolucionario es una farsa porque se trata de una ilusión: la creencia de que se puede adaptar el mundo a los delirios de un gobernante. Aquella era terminó en crisis no (solo) porque se gastara en exceso, sino porque el modelo económico (y político) que tanto añora el presidente dejó de ser viable en un mundo abierto en el que la información es ubicua. El presidente está tratando de meter la pasta de dientes de regreso a un tubo de ensueño: no se puede retornar al pasado, pero sí se puede destruir la capacidad del país para desarrollarse y generar condiciones para que todos y cada uno de los mexicanos prospere.

El mundo de las últimas décadas estaba lleno de desperfectos que una administración tras otra rehuyó, creando el entorno propicio para que llegara al poder un presidente cuyo único proyecto era regresar al pasado: algo distinto a lo que los mexicanos habíamos vivido pero indefinido, impreciso y, por lo tanto, atractivo a mucha gente.

Tres años después la evidencia es abrumadora: el presidente no tiene más plan que el de encumbrarse como el personaje más poderoso del país, un mito. Para lograrlo, ha destruido en lugar de crear y construir, impedido en lugar de promover y polarizado en lugar de sumar. ¿Tragedia o farsa? Las dos: tragedia porque ha empobrecido al país y, especialmente, a la población más pobre y vulnerable; y farsa porque nunca tuvo un plan alternativo. Todo era una caricatura.

La Rusia que Satter describe pasó del control ideológico totalitario estalinista a la apertura fallida de Gorbachov, a la lujuria y criminalidad de los noventa y ahora al autoritarismo de Putin. El presidente ha mostrado absoluta indisposición a aprender, exacerbando el riesgo de reproducir el viejo autoritarismo sin ninguno de sus beneficios. Urgen contrapesos efectivos.

*Never Speak to Strangers

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 Luis Rubio

Parece ser un enigma la forma en que innumerables naciones, especialmente en Asia, concilian el enorme desorden que las caracteriza con su extraordinario desempeño económico. Quienquiera que haya observado el caos que reina en el tráfico de Indonesia, Filipinas, Vietnam o India, por citar algunos casos emblemáticos, no podría imaginar que se trata de las naciones con mayores tasas de crecimiento a lo largo de las últimas décadas. Todavía más interesante, ese desorden que se percibe en la vida cotidiana también tiene su contraparte en la corrupción que existe en el mundo de la economía, donde no es excepcional el enriquecimiento de políticos y funcionarios o el uso de conexiones y compadrazgos para avanzar en los negocios. ¿Será posible que la explicación del éxito económico y en la distribución del ingreso se encuentre en lugares distintos a los que convencionalmente se asume?

Orden y caos son dos extremos de un mismo continuo. Hay sociedades donde el orden lo es todo: nadie mejor que Singapur para comprobar que el éxito económico y el orden están altamente correlacionados: las reglas son claras y éstas se cumplen y se hacen cumplir; los castigos son consecuentemente ejemplares y, por lo tanto, infrecuentes. En el otro extremo hay naciones donde parece reinar el caos, el cumplimiento de la ley es más bien laxo, cuando no inexistente y, sin embargo, el éxito económico es innegable. También hay naciones con mucho orden (Rusia, Corea del norte, Cuba) y otras caóticas (África, América Latina), la mayoría con pésimo desempeño económico. ¿Dónde radica la diferencia?

Un video me hizo reflexionar sobre lo que hace que funcionen las cosas. El video compara la forma de conducir a personas en sociedades ordenadas con los de alguna nación desordenada (shorturl.at/npJ18) e ilustra de manera nítida los contrastes entre países con reglas establecidas de aquellos que las tienen que forjar en la práctica cotidiana. El video comienza con varios ejemplos de vehículos que llegan a una intersección y, en ausencia de semáforo o señalamiento, continúan de frente, presumiblemente suponiendo que los otros enfrenarán. El video concluye con el caso de una nación asiática en la que no hay regla formal alguna pero donde, a pesar de ello, el sistema funciona. El caos crea su propio orden.

En naciones caracterizadas por la existencia de reglas claras y que se cumplen, la población inter construye en su fuero interno una serie de supuestos que hacen que las cosas funcionen de manera natural, excepto cuando esas reglas desaparecen. Un canadiense que llega a una intersección sabe que, en ausencia de un semáforo o una señal de “alto,” puede cruzar sin miramiento, algo que ningún vietnamita o indonesio daría por sentado. Como ilustra el video, el canadiense (o alemán o francés) acaba chocando porque los dos conductores aplicaron, de manera instintiva, supuestos que son inválidos cuando no hay reglas. Por su parte, en una sociedad acostumbrada al caos, todo se adapta de manera natural.

Lo que funciona para el tráfico no funciona para la economía, que requiere de reglas claras que no cambian: es eso, más que el orden mismo (o la ausencia de corrupción), lo que crea condiciones para que prospere el ahorro, la inversión y, por lo tanto, el crecimiento. Lo que asemeja a Indonesia con Singapur no es el orden, sino la constancia en las reglas del juego. En Indonesia no se modifica la legislación para la inversión privada cada que cambia un gobierno, ni se cambia la forma de operar de los funcionarios porque cambió el jefe.

En un estudio comparativo sobre la forma de funcionar de los gobiernos asiáticos y latinoamericanos* los autores citan a un empresario: “yo viví en Brasil y en Indonesia y era responsable de una operación muy similar. Pero en Indonesia me dedicaba en cuerpo y alma a la operación productiva y no me tenía que preocupar de nada más. Las regulaciones eran claras y no cambiaban. Todo fue diferente en Brasil. Ahí me despertaba todas las mañanas para averiguar si todavía tenía empleo porque no había día en que no cambiaran las regulaciones.” ¿Suena conocido?

El gobierno mexicano ha sido propenso a inventar la rueda cada seis años, lo que creó, a lo largo del último siglo, el fenómeno del ciclo económico sexenal: los ahorradores, empresarios e inversionistas esperaban a que el nuevo gobierno “diera color” antes de comprometer y arriesgar sus recursos. Cada gobierno que llegaba cambiaba las reglas, lo que impedía que se consolidaran proyectos de larga maduración: todo tenía que caber en el sexenio. Instrumentos como el TLC comenzaron a cambiar esa tradición porque crearon mecanismos que le conferían certidumbre y protección legal al inversionista.

El gobierno actual desdeña la necesidad de certidumbre, claridad de rumbo y contrapesos que afiancen ambos. Empeñado en ignorar el mundo a nuestro derredor, incluyendo sus propias corrupciones como ilustró el reciente desastre del metro, el presidente imagina que puede imponer sus propias reglas sin costo alguno. Por ello, su actuar no va a arrojar mejores resultados: no entiende, ni va a entender, que nadie va a ahorrar o invertir sin la existencia de certidumbre y fuentes creíbles de confianza.

* Borner, S., Political Credibility and Economic Development

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Luis Rubio

En un viejo cuento medieval,* famoso en el mundo de los abogados, un rey decide expropiar el predio de un molinero porque le afecta la vista desde su palacio. El molinero acude al tribunal superior en Berlín, quien le concede la razón y obliga al rey a indemnizarlo. De ahí surge la frase “hay jueces en Berlín.” En el contexto mexicano actual, las tres decisiones del tribunal electoral de esta semana no pueden calificarse más que de históricas. Al menos, rompen lo que parecía un inevitable deslizamiento hacia el caos.

Dos de las decisiones fueron sobre las candidaturas de dos individuos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no haber cumplido con el requisito de oportunamente entregar las cuentas de gastos de sus precampañas. Podría parecer una nimiedad, pero se trata de un requisito asentado en la ley (que, dicho sea de paso, se reformó después de las elecciones de 2006 y 2012 para satisfacer las demandas -berrinches es una mejor palabra- del hoy presidente), pero Morena se negaba a aceptar la decisión del INE. Luego de semanas de estira y afloje -y varias mañaneras saturadas de los usuales insultos- el tribunal, que parecía irremediablemente intimidado y sometido por AMLO, falló a favor de la decisión del INE.

La tercera decisión es mucho más trascendente porque Morena, empleando una serie de trucos al intercambiar diputados de su partido por los de otros fuera de su coalición formal luego de la elección de 2018, acabó con 334 diputados, cuando la constitución establece un límite absoluto de 300 y una sobre representación de no más de 8% en la asignación de diputados por representación proporcional. De haberse respetado esta regla (que está en la ley) en 2018, Morena no hubiera tenido la super mayoría con la que ha impuesto una enmienda constitucional tras otra sin el más mínimo interés por construir un consenso, que fue la intención y el espíritu del legislador al limitar el número de diputados por bancada: para que tuvieran que negociar.

Independientemente de la (baja) probabilidad de que Morena y sus aliados pudieran repetir el éxito electoral de 2018 en junio próximo, el fallo es histórico porque falló en contra de AMLO. Más allá de lo sustantivo (que no es excepcional), el tribunal osó desafiarlo, un hito en lo que va de esta administración y de ahí su extraordinaria trascendencia.

El fallo del tribunal respecto a la sobre representación toca el corazón de mucho de la disputa que ha caracterizado al país en las últimas décadas. Desde los años sesenta del siglo pasado, el país ha vivido una disputa sobre su futuro: unos quieren retornar al nacionalismo revolucionario, otros quieren un país moderno, abierto al mundo. La expropiación bancaria en 1982, una decisión visceral que dividió al país, contrapuso las dos posturas e inauguró una era en la que se reformó la constitución de manera repetida (y contradictoria) sin intentar construir un consenso para conferirle longevidad a las reformas. Durante los noventa, las reformas se construyeron entre el PRI y el PAN, dejando afuera al PRD. La reforma electoral de 1996 fue consensuada entre los tres partidos, pero la ley reglamentaria ya no fue apoyada por el PRD. Las reformas que siguieron, especialmente las del gobierno de Peña Nieto, alienaron a la mitad del electorado, abriendo la puerta para la reversión que ahora ha llevado a cabo López Obrador. El punto es que el conflicto político se refleja en la forma de legislar, especialmente en materia constitucional, agudizando las diferencias y polarizando al país. En lugar de sumar, se impone a fuerzas y se acaba restando. López Obrador no inauguró esta forma de proceder, sólo la está exacerbando.

En circunstancias normales, los fallos del tribunal electoral de esta semana hubieran sido cosa de todos los días, pues no son excepcionales ni rompen con grandes precedentes. Sin embargo, en el contexto actual, constituyen verdaderos hitos que no pueden ser desdeñados ni minimizados. En línea con la manera profesional y valiente con que han actuado los jueces de distrito en materia eléctrica y, recientemente, de los datos biométricos para el uso de teléfonos celulares, el tribunal electoral se impuso por encima de las preferencias de un presidente que no escatima amenazas ni insultos para intentar salirse con la suya.

La bolita pasa ahora a la cancha de la Suprema Corte de Justicia, que tiene decenas de asuntos pendientes, todos ellos candentes y de la mayor trascendencia. Confiadamente, los ministros que la integran leerán el evidente mensaje que los fallos de esta semana entrañan. En manos de la Corte se encuentran decisiones clave respecto a las libertades de los mexicanos, la vigencia de la constitución, los derechos individuales y un sinnúmero de amparos congelados por órdenes de quien no debería mandarlos. Quizá esto sea pedirle peras al olmo dada la manera de responder del ministro Zaldívar al asunto del transitorio, pero ciertamente no lo es para la ciudadanía.

Sea como fuere, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuaron de manera independiente en un momento clave para México. Una de cal por muchas de las que van de arena.

*un excelente análisis del cuento se encuentra en Hay jueces en Berlín, De José Esteve Pardo, Marcial Pons.

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