El techo se estaba cayendo, las goteras habían desaparecido, reemplazadas por agujeros de más de 30 centímetros de diámetro por los que entraba lluvia, nieve y basura. Uno pensaría que se trataba de una propiedad abandonada en la mitad de la nada, pero era una de las embajadas más importantes de México en el extranjero. Ante la inexistencia de fondos para reparar el techo, el embajador había procedido con la única alternativa que le quedaba: cerrar el piso superior y pretender que el problema no existía, lo que agravó la situación e hizo mucho más costosa la reparación posterior. La noción de que hay que presupuestar para mantener los activos existentes simplemente no se nos da. Mucho menos planear eso mismo hacia el futuro.

El deterioro de la infraestructura física del país es visible en todos los ámbitos: se puede observar en el metro de la ciudad de México, en múltiples condominios en todo el país, en la escasez de agua en diversas regiones, en el aeropuerto de la ciudad de México y, como muestra el caso de la embajada referida, en muchos edificios gubernamentales. El problema no se limita al gobierno: los condóminos son reacios a hacer aportaciones para el mantenimiento de los edificios en que viven.

La crisis del agua en Monterrey ha destapado toda la cloaca de críticas, posicionamientos políticos y ataques a usuarios grandes del preciado líquido. Las crisis son siempre oportunidades para sacar raja política, pero pocos se ponen a pensar que no se trata de una situación súbita, sino de la consecuencia de no haber hecho el trabajo requerido, en este caso de infraestructura, por décadas. Como no se ve, los políticos prefieren obviar la necesidad de construir capacidad en anticipación al crecimiento que viene: todos quieren el crecimiento, pero nadie está dispuesto a invertir para que se transforme en un gran beneficio para todos.

Hace algunas décadas se realizó un estudio comparativo[1] sobre el manejo del agua en dos ciudades similares -Fénix y Tucson- ambas localizadas en un desierto con muy poco acceso a fuentes naturales de agua. El estudio surgió de la extraordinaria diferencia en el consumo de agua por habitante que caracterizaba a dos ciudades separadas por poco más de cien kilómetros de distancia. Mientras que en Tucson se consumía un promedio de 640 litros diarios por cada casa, en Fénix el consumo promedio era de 1040 litros. La diferencia radicaba en la administración del agua: mientras que en Fénix se le veía como un derecho humano, en Tucson se considera un recurso escaso. Los habitantes de Tucson pagan más por su agua, pero nunca enfrentan problemas de escasez, lo que si ocurre en Fénix. Lo mismo es cierto en Monterrey y Saltillo, ciudades caracterizadas por circunstancias físicas y geográficas similares, excepto que en Saltillo nunca hay escasez. En Monterrey la administración es gubernamental, en Saltillo una empresa responde ante la ciudadanía.

En la medida en que crece la población (y, en estos años, menos la economía), los problemas de infraestructura nos van a acosar cada vez más. Más habitantes implica más calles, más agua, más comunicaciones, escuelas, hospitales y demás, todo lo cual entraña inversiones en infraestructura y fondos para el mantenimiento y mejoramiento de la existente. Sin embargo, nada de eso es evidente en los criterios que animan a los presupuestos gubernamentales anuales o en los planes de desarrollo. En términos técnicos, esto se llama entropía, el gradual deterioro que lleva al desorden, ausencia de predictibilidad y, potencialmente, al caos. Como apuntó Héctor Aguilar Camín[2] hace unos días, “las decisiones aeroportuarias del gobierno han puesto a la Ciudad de México en un dilema kafkiano: entre más aeropuertos tiene, menos aeropuertos funcionan.” El caos.

El gobierno actual se ha distinguido por su total desprecio a cualquier cosa que pudiese producir una mejoría económica para la población o para el país, pero el deterioro que heredó y el que su desidia acumula no hace sino empeorar la situación, como mostró el embrollo que caracterizó su respuesta durante la pandemia. En lugar de un plan coherente para modernizar la estructura institucional del sector salud, la eliminación del seguro popular ocurrió en el peor momento posible y sin un plan debidamente articulado para reemplazarlo. El caos que provocó no fue particularmente distinto al de sus predecesores, pero su desidia agravó la situación por su indisposición a actuar frente a una situación crítica. Falta de inversión en lo básico y en su mantenimiento.

Cuando un (sistema de) gobierno se rehúsa a prevenir estos extremos, el caos se torna inevitable. Steven Pinker[3] lo dice de una manera por demás clara: “Los sistemas cerrados inexorablemente se tornan menos estructurados, menos organizados, menos capaces de lograr resultados útiles e interesantes, hasta que deslizan hacia un equilibrio de monotonía gris, tibia y homogénea, donde se estancan.” Quienquiera que haya visto las escenas de las elecciones de Morena para su congreso apreciará esto en su máxima expresión…

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/la-desidia-2022-08-21/op232431?pc=102

Parafraseando a Marx y Engels, un fantasma recorre al mundo, el fantasma del populismo. Se trata de la lucha entre distintos modelos de desarrollo y formas de conducir a la política. Hoy se enfrentan dos modelos que aceptan la ortodoxia económica: el modelo de democracia de mercado que caracteriza a prácticamente todas las naciones ricas alrededor del mundo, con el modelo de capitalismo autoritario chino. Pero también hay otra disputa, la de los liderazgos políticos: hay jefes de Estado que siguen formas institucionales (lo que Weber denominó “dominación legal”), en tanto que otros han desarrollado perfiles carismáticos, igual de izquierda que de derecha (Trump, Bolsonaro, Chávez, Erdogan), todos los cuales caen bajo el rubro de populismo. Detrás de todo esto hay una batalla entre dos formas radicalmente distintas de concebir al mundo y de adaptase (o no) al entorno internacional y tecnológico predominante.

La contienda se presenta en dos niveles: por un lado, el anhelo de innumerables líderes políticos por romper con los impedimentos impuestos por la economía globalizada y el estrechamiento del mundo debido al avance tecnológico. Por otro lado, la lógica avasalladora de la producción descentralizada a lo largo y ancho del mundo, la ubicuidad de la información y, especialmente, la revolución de las expectativas que se deriva de los dos factores anteriores. La pregunta clave que todo líder político enfrenta es si realmente hay opción. Margaret Thatcher inauguró la frase de “no hay alternativa” para explicar la necesidad imperiosa de reformar a la economía británica. Esté o no uno de acuerdo con la filosofía de la llamada “dama de hierro,” la frase que ella empleaba resume la naturaleza de la disputa que sigue caracterizando al mundo.

Ernesto Laclau,* escribió que “normalmente se suele recurrir a la globalización para justificar el dogma de ‘no hay alternativa’ y el argumento más corriente contra las políticas de redistribución es que las constricciones fiscales a las que se enfrentan los gobiernos son la única posibilidad realista en un mundo donde los mercados no permiten ni la más mínima desviación de la ortodoxia neoliberal.” A partir de este planteamiento, Laclau propone pasar por encima de las instituciones republicanas para transformar la realidad.

Tan atractivo es este planteamiento que innumerables líderes políticos alrededor del mundo y de ideologías tan diversas han intentado romper con los marcos institucionales como propone Laclau. El grito de guerra de Trump era acabar con el “pantano,” noción no distinta, en un sentido conceptual, a lo que propone Podemos en España o que han procurado los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador o López Obrador en nuestro país.

El problema de los proyectos voluntaristas, aquellos en que el gobernante desafía la ortodoxia e intenta imponer sus propias preferencias, es que usualmente chocan con la pared. México vivió severas crisis en la segunda mitad del siglo pasado precisamente porque diversos presidentes se sintieron libres de hacer de las suyas. Eso mismo ocurriría de adoptar el gobierno una línea de choque ahora con la consulta en materia eléctrica.

El fenómeno se ha agudizado en la era del conocimiento por dos razones: primero, con un par de excepciones (como Cuba y Corea del norte), el mundo se ha integrado debido a las comunicaciones que hacen sumamente difícil que un país se abstraiga del resto del mundo. Antes, cuando no existían esas circunstancias, los presidentes festinaban la producción integral de automóviles o refinados del petróleo en su nación, sin inscribirlo en el contexto global. Hoy eso es imposible porque ya no existen plantas en que se fabrique la totalidad de un producto y, más importante, porque la población reclama satisfactores de alta calidad y de inmediato. La idea de que es posible ignorar lo que ocurre en el resto del mundo es inconcebible no por el mentado neoliberalismo, sino porque el electorado ya no lo tolera: al revés, espera respuestas aquí y ahora.

El planteamiento de Laclau y sus seguidores es muy bonito en términos políticos y anímicos, pero es disfuncional en el mundo de la realidad. Lo único certero que se puede afirmar de los proyectos voluntaristas (aquellos que no han sido constreñidos por la fortaleza de las instituciones, como fue el caso de Trump) es que han sido un desastre en términos de crecimiento económico y disminución de la pobreza. Aunque muchos del grupo gobernante discurren sobre los éxitos del régimen venezolano, la evidencia del desastre que es esa nación es abrumadora. La retórica puede ser generosa, pero la realidad es absoluta.

Como ha argumentado Jan-Werner Mueller,** la evidencia muestra que los ciudadanos que sostienen a gobiernos voluntaristas-populistas no son una mayoría silenciosa, sino una minoría vociferante. Es por ello que prácticamente todos los intentos por desafiar la realidad en la era del conocimiento acaban mal. Bill Hicks, un cómico, soñaba con un partido político para “personas que odian a otras personas.” Su problema era que no lograba juntar a su base para integrar el partido: al movimiento egoísta lo destruía su principio nodal. La realidad no se puede desafiar y eso es lo que acaba con estos voluntarismos insostenibles.

*Hegemonía y estrategia socialista; **The Myth of the Nationalist Resurgence

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La desmesura o pecado de orgullo, que los griegos denominaban hubris, consiste en creerse más que humanos, desconocer y traspasar imprudentemente los límites de nuestra condición olvidando su insuperable finitud. Tal desmesura, dice Aníbal Romero, incluye el desdén hacia los costos que nuestra pérdida del sentido de las proporciones puede acarrear a otros, en términos de angustia, dolor y desencanto. Un gobierno dedicado a caprichos sin la menor preocupación por la relación entre costos y potenciales beneficios es un ejemplo inexorable de desmesura.

La propensión a la desmesura es una constante en la naturaleza humana. En la Ilíada, Homero muestra diversas formas en que Helena, Aquiles y otros personajes pierden sentido de realidad. Eso mismo ocurre cada vez que un gobierno decide en función de mitos, dogmas o preferencias sin reparar en lo obvio: los recursos que emplea no son suyos. Los gobiernos utilizan recursos que recaudan de la población y son, o deberían ser, responsables ante ésta. Éste claramente no ha sido el caso del actual gobierno.

Los gobiernos, potenciados por su enorme tamaño, ejercen sus recursos como mejor consideran, impactando la vida cotidiana por comisión, pero también por omisión. El gobierno actual diseñó tres proyectos emblemáticos cuyo costo debe medirse de dos maneras: en primer término, por la inversión misma y las opciones que existían; igual de importante, es indispensable evaluar sus consecuencias. No hay mejor ejemplo de esto que el famoso aeropuerto Felipe Ángeles: el costo de construirlo, el costo de destruir el NAICM, que llevaba cerca de 40% de avance, y el costo de tener que construir un nuevo aeropuerto en el futuro porque la combinación de los dos actuales (AIFA y AICM) es disfuncional y, en todo caso, insuficiente.

El gobierno se ha distinguido por la opacidad en el manejo de las inversiones públicas, así que todo son estimaciones, pero los cálculos publicados sugieren lo siguiente: el costo de AIFA fue de 5 billones de dólares; el costo de destruir el aeropuerto de Texcoco, incluyendo el repago a los tenedores de bonos, bordea los 16 billones de dólares. En adición a esto, como saben todos los usuarios del viejo aeropuerto, pero que es un secreto para el presidente, tarde o temprano se requerirá un nuevo aeropuerto que reemplace al actual y ese nunca va a ser el de Santa Lucía. Ese nuevo aeropuerto costará al menos otros 16 mil millones de dólares. En suma, el “chistecito” va a costar unos 37 mil millones de dólares.

Algo similar ocurrirá con la refinería y el tren maya. Las estimaciones más recientes sugieren que la refinería costará cerca de 18 mil millones de dólares y que el tren maya alcanzará una cifra de aproximadamente 11 mil millones de dólares al tipo de cambio actual. Como con el aeropuerto, la medida tiene que ser doble: lo que costarán los proyectos y los potenciales beneficios que lleguen a arrojar. Si las tendencias actuales en materia de automóviles eléctricos se materializan, lo mejor que se podría esperar es que un proyecto concebido para funcionar por décadas (la refinería que Pemex adquirió en Texas tiene más de un siglo desde su construcción), es que ésta opere por un máximo diez años: de mediados de los veinte a mediados de los treinta. O sea, otro enorme dispendio. El tren maya constituye una apuesta todavía más temeraria, toda vez que ni siquiera pasa por dos de las tres ciudades importantes de la península.

La desmesura tiene muchas formas de cuantificarse, pero la esencial es aquella que se deriva de dogmas que nunca experimentaron criba alguna de realidad. Yo no se si el aeropuerto de Texcoco se localizaba en el mejor lugar, pero no tengo duda alguna que los dos aeropuertos que hoy existen comparten un mismo espacio aéreo y, por lo tanto, no suman sino restan. Todo por demostrar, como indicaba el título del libro que el presidente colocó junto a su sillón el día en que anunció la cancelación del aeropuerto, “quién manda aquí.” Gracias a la ausencia de contrapesos, los presidentes mexicanos mandan en su sexenio y son propensos a los excesos aquí apuntados, pero ninguno como el actual.

La soberbia y la arbitrariedad se mezclan para producir no sólo excesos, sino devoción por los mismos, la mejor medida de hubris, ese pecado capital tan mexicano que tan costoso le ha salido al país a lo largo de su historia. Por muchos años, el hoy presidente criticó, con toda legitimidad, el excesivo costo del rescate bancario, estimado en alrededor de 12% del PIB. El costo de sus proyectos de inversión se acercará al 6% de la economía. La diferencia es que aquél fue producto de una crisis mal manejada; éste fue intencional y auto infligido.

El presidente Juárez anticipó lo que vendría ciento cincuenta años después de su muerte: «Un sistema democrático y eminentemente liberal, como el que nos rige, tiene por base esencial la observancia de la ley. Ni el capricho de un hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la sociedad, forman su esencia. Bajo un principio noble y sagrado él otorga la más perfecta libertad, a la vez que reprime y castiga el libertinaje… Es por tanto evidente, que a nombre de la libertad jamás es lícito cometer el menor abuso».

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Más allá de sanciones y cálculos sobre el resultado final de aquel conflicto, lo directamente relevante para México es qué cambiará en la relación México-Estados Unidos, sea esto con el gobierno de Biden o con quien le siga.

Es fácil subestimar al tío Sam, como le pasó a los japoneses en 1941, a los terroristas de septiembre 11 y a los rusos en Ucrania. Biden no ha sido un líder particularmente exitoso, pero no es la persona, sino la superpotencia que él representa, con quien México debe lidiar.

Visto desde la ciudad de México, sobre todo dada la enorme capacidad que AMLO parece creer tener para influir sobre las decisiones internas de ese país, es fácil imaginar que puede imponerle su agenda a Biden, como hizo con la Cumbre de las Américas. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que apostar contra los estadounidenses, como de hecho lo ha estado haciendo el gobierno mexicano, no es una estrategia muy inteligente.

En una entrevista cuando Rusia comenzó su embate contra Ucrania, Natan Sharansky, un prisionero político en la era soviética, explicó a Putin con la siguiente metáfora: “El cabecilla en su celda” cuando estaba en prisión no era la persona más fuerte físicamente, sino quien estaba dispuesto a emplear su navaja. “Todos tenían una navaja, pero no todos estaban dispuestos a usarla; Putin está convencido que él usará su navaja en tanto que occidente no, que occidente solo puede hablar a pesar de ser físicamente mucho más poderoso.” Putin lleva años midiendo a occidente, especialmente a EUA, y su lectura le llevó a concluir que podía invadir Ucrania y salirse con la suya. El veredicto sobre el devenir está por conocerse, pero el hecho de haber invadido cambió la historia y eso tiene enormes implicaciones para México.

El presidente López Obrador actúa bajo un marco de referencia previo a la invasión de Ucrania. Independientemente de esa nación, es imposible no reconocer que el mundo volverá a la lógica de las zonas de influencia donde las potencias -dos o tres, según lo que resulte- comenzarán a hacer sentir sus prioridades y preferencias. Esto que ya han venido haciendo China y Rusia, cada uno a su manera, tarde o temprano se reproducirá en nuestra región.

México es la primera línea de fuego en esa lógica y será sin duda el primero en sentir el peso de la potencia de la región. Desde la perspectiva estadounidense, México lleva años a la deriva, sobre todo en materia de seguridad, pero también por su incapacidad para resolver problemas elementales que impiden el crecimiento de su economía. Por algún tiempo desde finales de los ochenta en que se llegó a una serie de acuerdos seminales sobre los principios que regirían la relación bilateral, Estados Unidos fue un factor activo y dispuesto a apoyar la ansiada transformación interna, el TLC siendo el principal caballo de pelea para lograr el objetivo. Con el tiempo, sin embargo, la falta de resultados y de acción llevó a una desilusión por parte de los norteamericanos, que se limitan cada vez más a cuidar su frontera, abandonando la expectativa de que México lograría un desarrollo integral.

AMLO ha pasado meses provocando al gobierno estadounidense, amenazando y desairando a su presidente y, más recientemente, ofendiendo a su población con la grandiosa idea de destruir la estatua de la libertad, de los pocos símbolos que todavía unen a todos los norteamericanos. No tengo duda que, si la geografía lo permitiese, su preferencia sería distanciar a México de su vecino norteño pero, como no puede, hace todo lo posible por enfriar y disminuir la relación, probablemente confiando con ello lograr el mismo objetivo, independientemente del costo.

Quizá el presidente piense que tiene una desmedida capacidad para imponer sus preferencias sobre los estadounidenses, pero todos los que los conocen saben que, como superpotencia a veces renuente, tarde o temprano pintará su raya e impondrá sus reglas. Tal vez no pueda obligar a México a enfrentar la violencia y extorsión a que están sometidos los mexicanos o a que mejoren los niveles de vida de los mexicanos, pero, como ilustró Trump en su momento, no va a tolerar una ofensa tras otra.

El presidente clama respeto y habla de soberanía, pero se trata de una quimera en la era de la globalización. El respeto, para existir, tiene que ser mutuo y México no se ha caracterizado por esa virtud hacia Biden. Por lo que toca a la soberanía, ésta se afianza logrando la grandeza de México, no con su creciente sumisión ante el crimen organizado y con la interminable construcción de barreras al desarrollo económico. La relación con EUA puede ayudar en ambos frentes, pero no cuando se les usa de puerquito.

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En su afán por imponer su manera de ver al mundo, el gobierno federal nos ha regalado una fotografía fehaciente de lo que no funciona y que por eso no debe ser. Décadas -si no es que siglos- de gobierno centralizado con estructuras verticales de control tuvieron el efecto de estabilizar al país, pero no de lograr su desarrollo. La descentralización que nos ha caracterizado en las últimas décadas no se tradujo en un renacimiento generalizado de creatividad local, quizá en buena medida por el enorme peso de la idea de control central que el presidente intenta recrear. Como escribiera Marx hace casi doscientos años, lo que es tragedia la primera vez, resulta ser una farsa la segunda.

Acostumbrados a poderosos gobiernos centrales, a los mexicanos nos cuesta trabajo entender la trascendencia de la gobernanza local y, sobre todo, los costos de la imposición desde “el centro.” Los grandes éxitos económicos de las últimas décadas han surgido en estados y regiones que se dedicaron a promover el crecimiento y se abocaron a crear condiciones para que eso fuera posible. El auge experimentado por Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Nuevo León y otras entidades no ha sido producto de la casualidad, sino de estructuras efectivas de gobierno local.

En sentido contrario, tanto la incapacidad para erradicar la violencia, la extorsión y otras formas de actividad criminal, como la pobreza que sigue imperando en muchas regiones del país, especialmente en el sur, reflejan gobiernos locales incapaces o, más al punto, dedicados al control y la expoliación.

Los números muestran que el deterioro en materia de seguridad avanzó de manera paralela al debilitamiento de las estructuras de control centralizado desde los noventa y, aunque hubo alguna mejoría al inicio de la segunda década del siglo, ésta no se consolidó. Los controles centralizados de antaño resultaron inviables en un país que se diversificaba y democratizaba, pero nada se hizo, especialmente a nivel local, para construir capacidad de gobierno, comenzando por policías, poder judicial y mecanismos de interacción y comunicación entre la ciudadanía y las autoridades electas.

Con el “divorcio” del PRI y la presidencia en 2000, los gobernadores, organizados en un sindicato, le “robaron la chequera” al gobierno federal, pero no usaron la súbita cauda de recursos para transformar sus estructuras con miras hacia el desarrollo de sus entidades, sino para enriquecerse y/o promover sus propias carreras políticas. En confesión manifiesta de sus prioridades, los gobernadores no encontraron motivación alguna para proteger a la ciudadanía a la luz del brutal crecimiento del crimen organizado.

Desde entonces hemos sido testigos de dos respuestas igualmente erradas y absurdas: por un lado, Felipe Calderón movilizó al ejército para confrontar a los criminales. El valor de su decisión radicó en el reconocimiento de la amenaza que el crimen organizado constituye y su impacto sobre la sociedad y la economía; pero el envío del ejército no constituyó una respuesta idónea porque los militares, no siendo policías, saben pacificar una región, pero no construir capacidad para la seguridad de largo plazo. Fuera de unos meses de paz, retornaron los criminales y nada cambió para la población.

La segunda respuesta es la del presidente López Obrador, que ha ido en sentido opuesto: argumentando que hay que atender las causas últimas de la criminalidad, ha impedido que la guardia nacional actúe, con lo que de hecho ha promovido una nueva ola de criminalidad, la que se expresa en la forma de extorsión, secuestro, derecho de piso y toda clase de negocios ilegales. La mitad del país vive ese terror.

Lo que ninguna de estas estrategias contempla es que el bienestar -desde la seguridad hasta el desarrollo- comienza desde abajo, desde el gobierno municipal. Las ciudades más exitosas del mundo cuentan con policías de manzana o de barrio que conocen a sus habitantes y son garantes, tanto por su presencia física como por la autoridad que representan, de la paz y seguridad de la población. En México se ha intentado imponer la seguridad sin reconocer que el objetivo, y la razón de ser del gobierno, es (o debiera ser) la ciudadanía y su seguridad.

El país es demasiado grande y diverso para pretender controlarlo desde el gobierno federal. El intento que representa el gobierno actual en esa materia va a fracasar como le ocurrió a todos los experimentos anteriores.

Resolver la inseguridad sólo es posible en la medida en que se reconozca, primero, que la razón de ser del gobierno es el bienestar de la población y, segundo, que eso sólo es posible con la concurrencia y participación de la ciudadanía. Es posible que, en sociedades con culturas autocráticas, o bajo dictaduras, se pueda imponer el orden desde arriba, pero ese no es el México de hoy, por lo que todos los experimentos en ese sentido seguirán fallando.

La democracia mexicana adolece de múltiples carencias porque la ciudadanía sigue siendo impedida, en tanto que el crimen organizado prolifera. El conjunto ha arrojado un país cada vez más inestable y con su potencial económico mermado. Hay que comenzar por reconocer a la ciudadanía como el corazón del futuro y construir desde abajo. No hay de otra.

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