Luis Rubio

Mientras México va corriendo hacia un pasado incierto, irreproducible y, ciertamente, indeseable, el resto del mundo corre a una velocidad desesperada. No es sólo el hecho de ir en reversa, sino que los riesgos inherentes a lo que se destruye en el camino implican que el país va a perder la posibilidad de, finalmente, lograr altas tasas de crecimiento económico. El asunto no es de preferencias gubernamentales o de popularidades; el asunto es de estrategias de desarrollo en la era de la globalización, en el siglo XXI.

Ningún lugar del mundo evidencia la dirección del desarrollo en esta era, y de manera tan brutal, como Asia. En esa región la disputa es toda por el futuro: quien logrará tasas más elevadas de ingreso per cápita en el menor plazo. Una por una, todas esas naciones, cada cual con su cultura, historia y forma de gobierno, ha ido construyendo los cimientos de su desarrollo, pero todas comparten características comunes, comenzando por su devoción por la educación, la infraestructura y el desarrollo tecnológico. En esa región sería inimaginable pretender regresar a un pasado idílico porque la nostalgia no tiene lugar en el futuro y todo es, a final de cuentas, sobre un futuro mejor.

Una visita reciente a tres países de la región me dejó observaciones y aprendizajes sobre la forma de conducir sus asuntos y, sobre todo, sobre sus prioridades: las diferencias entre naciones como Corea, Singapur e India son pasmosas, pero el dinamismo es sólo uno, común a todos. India es una nación inmensa en población y territorio, con una diversidad étnica, religiosa y económica que, aún viniendo de un país tan complejo como México, es absolutamente incomprensible. Y, sin embargo, todo el país parece volcado hacia la construcción de un futuro que, sin romper con sus tradiciones, sea radicalmente distinto al pasado.

La primera vez que visité Corea, en 1998, el país estaba saliendo de una crisis financiera, similar a las que habíamos vivido en México tantas veces. Lo que más me impresionó en aquella ocasión fue el sentido casi de culpa que mostraban mis interlocutores en el gobierno y la academia. Para ellos, el hecho de haber tenido que recurrir a un apoyo externo (el FMI) era equivalente a perder cara, a demostrar incompetencia y, sobre todo, haber errado el camino. Su respuesta no fue retornar a la pobreza del pasado, sino cambiar radicalmente su estrategia, enfrentar sus problemas y dar un gran salto hacia adelante para alcanzar los resultados de los que hoy están tan orgullosos sus ciudadanos.

India y Corea guardan semejanzas evidentes con México porque son naciones grandes, con una larga y orgullosa historia, pero en lo que son radicalmente distintas es en su determinación por romper con las amarras del pasado y construir una sociedad nueva, distinta, capaz de satisfacer las necesidades de una población ambiciosa y decidida. Corea, una nación sin recursos naturales, optó por convertir a la educación en su ventaja comparativa: en lugar de ceder ante tradiciones o grupos de interés, forzó un cambio radical en la educación hasta convertirla en el medio a través del cual pudo romper con la pobreza y sus impedimentos naturales. India, una nación con más de mil millones de habitantes, decidió un camino similar, pero ello en el entorno de la enorme complejidad que la caracteriza. A pesar de sus contrastes sociales, todo el ímpetu de la nación se puede apreciar en cada cuadra y en cada conversación.

Un miembro del gabinete hindú ilustraba el reto con un argumento simple y claro: a pesar de su semejanza en tamaño con China, India es una democracia y tiene que lidiar con sus problemas en ese contexto, algo que para el gobierno chino es absolutamente inconcebible. La diferencia, continuaba el funcionario, es que los chinos seguirán entusiasmados siempre y cuando el gobierno pueda seguir satisfaciéndolos con crecimiento económico; en contraste, India seguirá en su camino hacia el futuro, en ocasiones de tumbo en tumbo, pero con el apoyo de una población que sólo tiene futuro porque el pasado no es atractivo. Al escucharlo, hubiera deseado que ese fuese el discurso de nuestro presidente.

Singapur no es modelo para México (ni para India o Corea), simplemente por su escala. Una isla-nación en la que todo funciona, la infraestructura es inmejorable y el orden excesivo, Singapur sabe de donde viene y a donde quiere llegar, a lo que dedica recursos y esfuerzos de manera incesante y hasta despiadada. Nada se pone en el camino de los funcionarios mejor pagados del mundo (ahí se entiende al revés: un funcionario bien pagado se dedica a su trabajo y a nada más), todos ellos especialistas dedicados a su mandato.

Hace algunas décadas los representantes del banco mundial y otros organismos similares afirmaban que México tenía quizá el equipo gobernante más competente; sin duda, era de gran clase, pero el de Singapur es simplemente inmejorable, uno tras otro. No por casualidad tiene el PIB per cápita más alto del mundo.

Tres naciones construyendo su futuro: con sus enormes diferencias y características, cada una de ellas con claridad de rumbo y, sobre todo, sin complicarse la vida con un pasado que es imposible de ser recreado. Imposible no tener enorme envidia.

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Luis Rubio

Sobre lo único que no hay disputa es que el presidente está avanzando aceleradamente hacia una creciente concentración del poder. Cada paso que da y cada decisión que toma tiende a eliminar competencia, disminuir o neutralizar contrapesos y cancelar todas las fuentes de independencia que puede. El objetivo manifiesto es controlar para resolver los problemas que el país ha venido experimentando con presidencias débiles que fueron incapaces de restablecer el orden y promover el crecimiento de la economía. En una palabra, recrear los sesenta.

Décadas de observar el funcionamiento del sistema político me han llevado a dos conclusiones sobre sus pilares fundamentales y, por ende, sobre la viabilidad del proyecto de concentración de poder.

En primer lugar, no cabe ni la menor duda que en toda la era independiente del país sólo ha habido dos periodos en que la economía creció con celeridad y la sociedad vivió años de paz y estabilidad. El primero fue el del porfiriato que, después de décadas de conflictos y levantamientos, el gobierno fundamentó un orden que permitió atraer inversiones, construir ferrocarriles y darle un fuerte impulso a la economía. El segundo periodo fue el de la etapa postrevolucionaria, especialmente los años del desarrollo estabilizador, en que la economía creció de manera inusitada, el país experimentó una rápida urbanización y el crecimiento de la clase media. El común denominador fue un gobierno fuerte que no permitía disidencia e imponía orden. No es difícil identificar en esos logros un poderoso imán para la imaginación de un gobernante que sueña con lograr la tercera era de paz y estabilidad.

El problema de mirar nostálgicamente hacia el pasado es que permite aislar los logros de los fracasos o los avances de sus consecuencias. El porfiriato se colapsó por razones biológicas porque todo dependía de un individuo que empujaba y controlaba, negociaba y gobernaba, pero que inexorablemente tenía un fin. Incluso sin revolución, el porfiriato vivía contradicciones que difícilmente hubieran sobrevivido al caudillo. El fin del PRI duro fue producto no de la falta de institucionalidad sino de su cerrazón y autoritarismo, que negaba cualquier flexibilidad para ajustar el modelo cuando sus soportes comenzaron a hacer agua, a la vez que cegaba a sus líderes respecto al desarrollo de la sociedad, producto, irónicamente, del éxito de su gestión. Al igual que el porfiriato, la naturaleza del sistema le impedía transformarse y no hay razón para pensar que una nueva era de férreo control presidencial vaya a ser distinta. Los problemas que hoy experimentan los priistas en su intento por recrearse se derivan de lo mismo.

En segundo lugar, tenemos una profunda propensión a desperdiciar oportunidades, quizá por el bajo calado de la democracia mexicana y sus profundos sesgos autoritarios. Aunque se resolvió (casi) el problema de acceso al poder, estamos lejos de haber construido el andamiaje institucional que le dé protección a la ciudadanía, arraigue de manera profunda la participación ciudadana en una sociedad tan dispersa y desigual y obligue a la autoridad a ser transparente y rinda cuentas efectivas de sus actos. El mero hecho que el presidente pueda barrer con los incipientes contrapesos sin costo alguno lo dice todo.

Pero el problema de fondo es que el poder, por vasto que sea, no garantiza un resultado benigno. En los ochenta y noventa, gracias al maridaje del PRI y la presidencia y al autoritarismo que le era inherente, con una presidencia infinitamente más poderosa a la que siguió, el gobierno fue incapaz de llevar a cabo el cambio integral que su propio proyecto proponía. Se hicieron reformas incompletas, muchas veces a modo, que se tradujeron en una gran desazón, por la cual ahora estamos pagando el costo. Un ejemplo lo dice todo: para la privatización de Telmex hubo dos proyectos de título de concesión, uno que valía cuatro veces más que el otro; el primero garantizaba el fin inmediato del monopolio y la apertura a la competencia, en tanto que el segundo preservaba el monopolio. El crecimiento económico requería lo primero; el interés hacendario aseguró lo segundo. Nada es gratuito.

Al inicio de este siglo, Fox volvió a desperdiciar la enorme oportunidad que su elección había creado. A la dilución del poder presidencial se sumó la incompetencia y frivolidad del personaje, quien hasta la fecha no ha podido comprender su responsabilidad histórica. ¿La tercera -o 4T- será la vencida?

El problema trasciende las características de las personas porque refleja una debilidad estructural de la política mexicana que no se resuelve con la reconstrucción de la presidencia imperial.

AMLO goza de un enorme apoyo popular, mayor al de Fox en su momento, pero igualmente volátil. Si algo enseña la historia nacional es que los grandes estadistas que hoy así se reconocen lo fueron por haber trascendido las escaramuzas del momento y construido una nueva plataforma de realidad. Ninguno de ellos -Juárez, Madero, Cárdenas- sabía de antemano que sería estadista: simplemente construyeron un nuevo futuro. Todo lo cual muestra la futilidad de intentar recrear un pasado irrepetible, cuando lo que se requiere es un nuevo futuro.

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El electorado mexicano le quitó la máscara a la narrativa dominante y al establishment y eligió al candidato que prometía cambiar los vectores de la política y la economía del país. Desde la elección, pero particularmente desde el 1ero de septiembre en que el Congreso entró en funciones, los contingentes morenistas y sus aliados se han comportado más como una fuerza de choque que quiere alterar el orden establecido sin que medien procedimientos formales o negociaciones, que como un grupo parlamentario institucional. La lógica detrás de este modo de proceder responde a la concepción de que llegaron al poder independientemente de las elecciones: en lugar de haber ganado, se les reconoció su triunfo. Es decir, hay un enorme ánimo revanchista, un encono soterrado en muchos de los actores clave de la coalición de Morena. La gran pregunta para el futuro es si López Obrador secundará esta concepción o si asumirá la presidencia como un estadista responsable ante la totalidad del electorado.

El contraste entre los dos escenarios es evidentemente radical. En el primer caso estaríamos hablando de un gobierno que viene no sólo a gobernar a su modo, sino a cambiar el orden establecido y las instituciones que lo sostienen de una manera integral y drástica, incluso violenta. Es decir, la vieja idea revolucionaria que procura el fin de un régimen y el comienzo de otro sin que medie un proceso institucional. De manera alternativa, López Obrador podría apegarse a todos los reglamentos institucionales para dar cabida a su agenda de cambio sumando al resto de la población, como ocurrió en la España post-Franco. Un camino así tiene la virtud de hacer más permanentes los cambios a los que se llegue.

España ilustra el contraste entre estos dos modos de proceder. Al momento en que muere Francisco Franco, el pueblo español quería un nuevo régimen. Para los políticos, la interrogante era cómo dar ese paso: una posibilidad era romper con el régimen franquista, entrando en un entorno de absoluta incertidumbre; la alternativa era aceptar el régimen institucional vigente, así fuese detestado por la mayoría de las fuerzas y partidos políticos, mientras se construía un nuevo andamiaje legal e institucional. En este sentido, los pactos de La Moncloa no acordaron “el qué” sino “el cómo”. El tema en la agenda en aquel momento era relativo a precios y salarios, asuntos cruciales, pero de menor trascendencia política. La trascendencia de aquella reunión en particular tuvo que ver precisamente con lo que en México no hemos logrado: acuerdos de procedimiento.

De manera similar, López Obrador tiene que definir si va por el camino institucional como hizo Adolfo Suárez, lo que lo elevó al nivel de un estadista trascendental, o por el camino de la imposición radical, clásica de un proyecto radical o revolucionario.

No me cabe duda de que López Obrador muy pronto se encontrará con que muchos de sus planteamientos son inviables o extraordinariamente destructivos y, por lo tanto, contraproducentes respecto a su propia visión para el futuro del país. Su decisión respecto al aeropuerto de la ciudad de México sirve de ventana para observar los potenciales costos de realizar acciones que tienen más ángulos relevantes de los que podría parecer a primera vista. En este caso, el aeropuerto tiene no sólo unos cuantos contratistas de por medio –para los cuales López Obrador aseguró que habría compensación- sino miles de tenedores de bonos en los mercados financieros internacionales, proveedores nacionales y extranjeros y toda clase de actores clave para el proyecto. Al cerrar la puerta, López Obrador envió la señal de que nunca se apegará a las reglas existentes y que, por lo tanto, ninguna inversión goza de certidumbre. El costo inmediato se pudo ver en acciones por parte de las calificadoras de crédito y el tipo de cambio, pero el costo potencialmente incontenible vendrá después: cuando los inversionistas potenciales incorporen en su proceso de decisión sobre si invertir un cálculo respecto al riesgo de perder su inversión por la forma de proceder del gobierno. En contraste con contratistas y constructores, los empresarios e inversionistas tienen, por necesidad, que ver un horizonte de más largo plazo.

El punto de todo esto es que López Obrador tiene una decisión fundamental que tomar respecto a la forma en que actuará como presidente: será un activista social o un estadista. Si es lo primero, la decisión sobre el aeropuerto ya marca una pauta; si es lo segundo, todavía es tiempo de establecer un nuevo patrón de comportamiento, como ha ocurrido en instancias como la de la CONAGO. Me parece claro que, para él, un cambio en este sentido sería sumamente difícil por su profunda y arraigada convicción de que todo lo realizado a partir de los ochenta fue errado, y porque es un factor importante para las bases que lo han apoyado frente a viento y marea, las cuales por eso frecuentemente corean que “es un honor estar con López Obrador”. También me queda claro que le es mucho más importante lograr sus objetivos que apegarse a dogmas contraproducentes.

Fragmento del libro Fuera Máscaras: el fin del mundo de fantasía, que se puede descargar en:

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/mi_190625_unmasked_spanish_v2.pdf

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Vicios a la Argentina

Luis Rubio

El riesgo de que México adquiera el vicio argentino de quedarse permanentemente atorado en un limbo de desempeño económico mediocre –peor al vivido en años recientes- con altibajos recurrentes y propensión a experimentar frecuentes crisis financieras es real y se eleva incrementa con las políticas que ha adoptado el gobierno actual. Las coincidencias comienzan a ser demasiadas para no ver el peligro que su consolidación podría implicar para el país y las generaciones de jóvenes que renovaron su esperanza con AMLO.

Tanto el peronismo como el morenismo son movimientos incluyentes, caracterizados por una enorme diversidad de adeptos y seguidores, pero con un elemento en común que es la férrea lealtad al jefe: todo se vale mientras esa lealtad sea inquebrantable. AMLO está substituyendo las pocas instituciones que existían en el país por estructuras personales de lealtad y sumisión, dos recetas para segura inestabilidad en el futuro. En lugar de consolidar los pocos avances institucionales que se habían logrado, se está avanzando hacia un proyecto donde las reglas que nos rigen son la voluntad de una sola persona, tal como sucedió en los años del kirchnerismo.

En segundo lugar, la estrategia de subsidio y generación de clientelas, que sigue el mismo patrón de subordinación, pero a una escala masiva, inexorablemente viene acompañado de la creación de nuevos derechos que, en el tiempo, se tornan difíciles, si no es que imposibles de revertir. La crisis fiscal argentina no es producto de la casualidad, sino de derechos adquiridos que luego se tornan en obligaciones que el gobierno tiene que sufragar con recursos cada vez más escasos. México ya de por sí avanza hacia una sociedad con un mayor número de adultos pensionados y menos nuevos jóvenes incorporándose a la fuerza de trabajo, a lo que ahora se sumará el costo de las huestes clientelares de AMLO.

En tercer lugar, las políticas adoptadas por los dos gobiernos de los Kirchner en Argentina sugieren el tipo de riesgos que la estrategia del nuevo gobierno mexicano va a endilgarle al país: la centralización de todos los programas sociales en la oficina presidencial. Los Kirchner hicieron algo muy similar con sus programas “bandera”: Asignación Universal por Hijo, Ingreso Social con Trabajo, Ellas Hacen, Plan Más y Mejor Trabajo, Prestación por Desempleo, El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines), Argentina Trabaja y Emprendedores de nuestra tierra.

México ya había pasado por programas (y fracasos) clientelares como los anteriores, pero desde los noventa logró una cierta institucionalización de la política social, que ahora ha sido desmantelada a una velocidad que asombra. Peor, sorprende que ni los beneficiarios de programas como Prospera ni lo que queda de la oposición hayan levantado siquiera un dedo. En Argentina esos programas permitieron apabullar electoralmente a la oposición mientras duro la bonanza fiscal. La pregunta obligada es si AMLO navegará con esa facilidad de aquí a las elecciones de 2021 o si enfrentará al menos algo de resistencia. La pregunta ciudadana es obvia: si la población no defiende sus logros, no los merece.

Existen otras coincidencias que deberían preocupar por su efecto sobre la competencia política y en el menguado ambiente de negocios. Por ejemplo, el Programa de Jóvenes Construyendo El Futuro, un esquema muy similar al utilizado por el Kirchnerismo para atraer jóvenes al movimiento de La Cámpora, organización dedicada a movilizar jóvenes desocupados y con pocas alternativas en el mercado laboral. Este tipo de programas están diseñados para generar dependencia respecto al gobierno, mermando el desarrollo de una fuerza de trabajo guiada por criterios de mérito y productividad, cada vez más importantes en la era de la economía digital. Un ejército de jóvenes permanentemente movilizados sirve para fines electorales pero destruye el futuro económico de un país.

Cuando el presidente dice que su objetivo es subordinar las decisiones económicas a las políticas, ahora consolidado con la renuncia del secretario de Hacienda, ratifica que está dispuesto a ir contra las fuerzas más poderosas de nuestra era: los mercados financieros. Cuando Bill Clinton contendió por la presidencia, su principal asesor político, James Carville, de golpe entendió que el mundo había cambiado: “yo solía pensar que, si hubiera reencarnación, quisiera retornar como el presidente o el Papa… Ahora quisiera regresar como un operador de los mercados de bonos. Esos intimidan a cualquiera.” AMLO también cree que seguimos en los ochenta…

El ejemplo argentino es por demás sugerente porque es el tipo de programa que AMLO y sus seguidores ven como deseables. La desaparición de (casi) toda capacidad técnica en el gobierno permite implementar programas costosos sin medir consecuencia alguna, además de que provee incentivos para adoptar políticas cuyo efecto de mediano y largo plazos siempre acaba siendo devastador, como controles de precios, la nacionalización de fondos de pensiones y el empleo de herramientas como encaje legal y cajones de inversión a bancos. Algunos morenistas salivan por este tipo de mecanismos. No tienen idea de la destrucción que implican.

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14 Jul. 2019

Luis Rubio

En su autobiografía, la antropóloga afroamericana, Zora Neale Hurston, escribe que “ya no tiene sentido, con pocas excepciones, preguntarle a la gente qué piensa pues, en lugar de ello, lo que va a escuchar de regreso es lo que desean.” Así estamos hoy en día en México: avanzando preferencias y deseos en lugar de construir oportunidades y posibilidades.

El asunto no es de preferencias, sino de las políticas que podrían llevar a lograr tasas mucho más elevadas de crecimiento y desarrollo con equidad. La concentración de poder no es buena ni mala en sí misma porque igual puede llevar a la creación de condiciones propicias para un desarrollo más equilibrado que a una nueva hecatombe política o económica.

Para comenzar, el crecimiento depende de la inversión y ésta no está creciendo. El problema no comenzó ahora, sino desde 2016 cuando, en su campaña, el hoy presidente Trump amenazó la permanencia del TLC norteamericano. Esa amenaza era -y sigue siendo- mucho más grave de lo que generalmente se aprecia, porque el factor medular de la inversión privada en el país a lo largo de las últimas tres décadas ha sido ese tratado, al crear un marco de certidumbre política, legal y regulatoria para la inversión.

Un gobierno puede ser duro o suave en su forma de conducirse, pero no puede obligar a la población a ahorrar, consumir o invertir. Esas acciones ocurren cuando una persona lo decide voluntariamente en el contexto económico y político en que se encuentra. El  contexto determina la propensión del ciudadano -en su calidad de ahorrador, empresario, inversionista o consumidor- a contribuir al desarrollo y eso depende enteramente de los factores que afiancen su confianza en el futuro. Esto es exactamente igual para una familia considerando la adquisición de un refrigerador, para un trabajador que contempla la compra de una bicicleta para ir más rápido a su trabajo o para un megaproyecto industrial. La razón por la que el TLC fue tan importante no radica en su contenido técnico, sino en la certidumbre política que entrañaba.

Un segundo componente de la inversión es el gasto público. Parte de la razón por la que la economía mexicana crece tan poco, especialmente en el sur del país, es la falta de inversión pública, sobre todo en infraestructura. Una empresa no se puede instalar donde no hay carreteras, vías férreas, puertos y servicios confiables (como electricidad, agua y drenaje y, obviamente, seguridad) en condiciones adecuadas. Además de los obstáculos políticos y sindicales que plagan al sur del país, se encuentra una infraestructura sumamente vieja, inadecuada e insuficiente. Sucesivos gobiernos han optado por gasto público corriente, recortando el gasto de inversión, con lo que han condenado al país a bajas tasas de crecimiento. El gobierno actual sigue la misma estrategia: aunque está cambiando los rubros de gasto (reduce los salarios y programas para construir clientelas), la ausencia de inversión pública es la misma. El resultado no será distinto y podría ser peor.

La inversión privada podría substituir a la pública en muchas instancias, pero aún esas posibilidades han sido truncadas, como ilustra el caso del aeropuerto de la ciudad de México. Esa obra prometía ser un polo de atracción de otras inversiones y servicios, creando nuevas fuentes de crecimiento y empleo. Lo relevante es que su cancelación, además del mensaje que envía, va a ser costosa por lo que hay que pagar a cambio de nada, a la vez que constituye un exorbitante costo de oportunidad: es equivalente a toda la infraestructura que no se construye en el sur del país.  Todavía peor sería dispendiar billones de dólares en una refinería que no se requiere, que no crea riqueza o empleos y que no contribuye a atraer inversión privada: es una pifia de incalculables consecuencias. Es, sobre todo, un pésimo uso de recursos escasos y, como dicen los economistas, sin efecto multiplicador.

Al inicio de los ochenta, el país entró en una crisis de deuda que sometió a la economía, y a la sociedad, a más de una década de inestabilidad, inflación e incertidumbre. La deuda abrumaba cualquier proyecto u oportunidad porque impedía cualquier acción o inversión. Todo estaba paralizado y cualquier circunstancia empeoraba el panorama, como ocurrió con el sismo de 1985. Al final, la salida se encontró en la construcción de instituciones que se convirtieron en fuentes de confianza y estabilidad, como los organismos autónomos -de competencia, el IFE, los de energía y telecomunicaciones- hasta llegar al TLC. Cada uno de estos elementos -unos mejor estructurados, otros más costosos, pero todos orientados en la misma dirección- acabaron construyendo estabilidad política y dándole viabilidad a la inversión y, con ello, crecimiento a algunas regiones del país.

Las carencias son evidentes, pero no se puede avanzar ignorando los factores que hacen, o harían, posible el crecimiento. Es evidente que se requieren muchos ajustes y correcciones, para lo cual el gobierno actual cuenta con una legitimidad que, todo indica, va a desperdiciar, una vez más. Peor, destruir los factores que han favorecido la estabilidad y la inversión es autodestructivo y, a final de cuentas, suicida.

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Luis Rubio

30 Jun. 2019