Luis Rubio

En Nueva Zelandia, los maorís siguen un ritual al inicio de los juegos de rugby llamado “haka,” que consiste en una serie de muecas, gesticulaciones y movimientos -desde sacar la lengua hasta dar brincos y hacer toda clase de ruidos amenazantes- con el objeto de amedrentar a sus contendientes. Todos sus competidores conocen el ritual y lo aprecian como arte pero, luego de años de practicarlo, nadie se siente intimidado. Me pregunto si, luego de Trump y ahora de Afganistán,  el mundo comenzará a acostumbrase a una realidad internacional distinta respecto a la nación que mantuvo el liderazgo en el mundo internacional a partir del fin de la segunda guerra mundial.

El triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos sorprendió al mundo no sólo por el hecho de ganar, sino sobre todo porque no moderó su discurso una vez llegando a la presidencia. Biden se ha dedicado a desbancar todo lo posible de Trump, pero preserva un objetivo común con su predecesor: modificar las premisas que caracterizaron su país al menos desde 1945. Trump llegó a la presidencia en buena medida por los desajustes que creó la era de la globalización, pero también por la velocidad con que avanza la tecnología y que ha tenido el efecto de disminuir las distancias, creando nuevas vulnerabilidades -o, al menos, la sensación de vulnerabilidad- donde antes no había razón alguna para ello. Biden llegó a la presidencia en buena medida como reacción a Trump, pero con objetivos muy similares: una visión introspectiva que, más allá de la retórica, repliega a EUA del mundo.

Lo peculiar del momento, fenómeno que bien puede tener enormes implicaciones para México, es que estos cambios ocurren en paralelo con el ascenso de China como potencia mundial. China ha seguido un proceso transformativo que le ha permitido no sólo el crecimiento acelerado de su economía -al punto de rivalizar en tamaño al de la estadounidense- sino que su liderazgo cuenta con una visión estratégica que hoy se ha vuelto excepcional en el mundo. En contraste con los presidentes norteamericanos de la era de la guerra fría, los dos presidentes más recientes ni siquiera perciben la necesidad de pensar de manera estratégica, reaccionando ante las circunstancias que se presentan de manera súbita y visceral, como demostró la caótica salida de Afganistán: objetivo quizá loable, pero patético en su ejecución.

El ascenso chino, y su estrategia de construcción de un imperio logístico, constituyen lo que Parag Khanna describió como la recreación del viejo imperio británico pero no con posesiones coloniales sino a través de una red de carreteras, vías férreas, puertos y comunicaciones que permiten integrar a toda la región asiática entre sí y con África y Europa. Se trata del proyecto geopolítico más ambicioso que se haya concebido que, sin duda, representa una amenaza al poderío estadounidense, ahora bajo un liderazgo que no tiene la capacidad, pero mucho menos el interés, por comprender o al cual reaccionar.

Para muchos, esto constituye una oportunidad para disminuir la profundidad de nuestra vinculación con EUA e iniciar una diversificación en nuestras relaciones comerciales. Y, sin duda, como argumenta Luis de la Calle,* el conflicto comercial -y político- que caracteriza a las dos potencias, abre ingentes posibilidades para que México “reafirme su posición como competidor creíble en las dos economías líder,” substituya importaciones chinas en EUA y atraiga nuevas fuentes, y líneas, de inversión extranjera. La oportunidad es enorme, pero requiere una estrategia concertada para colocar a México en la envidiable posición de ser la alternativa natural respecto a esas dos naciones; pero la ventana no será eterna: si no se aprovecha se pierde.

El marco más amplio del futuro de México en el cambiante entorno internacional demanda contemplar las implicaciones del ascenso de China y los potenciales cambios políticos en Estados Unidos en los años próximos, pues la interacción entre ambos determinará el panorama en el que habremos de movernos. China cuenta con un liderazgo estratégico excepcional, una extraordinaria capacidad de adaptación y su naturaleza política le permite asociaciones que las naciones democráticas ni siquiera contemplarían.

Por otro lado, no es posible menospreciar los desafíos que China enfrentará en materia tanto económica como política en las próximas décadas. Por su parte, los estadounidenses carecen de un liderazgo preclaro y experimentan una gran polarización política que permite visualizar bandazos en su política interna antes de que logren recuperar su claridad estratégica tradicional, como tantas veces en el pasado. Es fácil menospreciarlos en este momento, pero su sistema político abierto les permite regenerarse con celeridad. Nada está escrito.

México cuenta con oportunidades excepcionales si aprovecha con inteligencia las fisuras que se presentan entre EUA y China, pero eso requerirá de un gran ejercicio de liderazgo y visión, algo que no ha sido una de nuestras características más notables. Por otro lado, la acelerada desaparición de la visión liberal que, al menos en concepto, privó en la política económica, constituye un impedimento formidable para asir esta oportunidad.

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 Luis Rubio

Tres años de un gobierno con claridad de propósito pero sin más proyecto que el de imponerlo dogmáticamente, a rajatabla y sin miramiento. Las circunstancias van cambiando pero el presidente persiste en su camino, sin preocuparse por las consecuencias. ¿No era eso lo que el propio presidente y sus seguidores le reclamaban a los tecnócratas: que querían ajustar la realidad a sus teorías? A tres años de iniciado el gobierno, ya es posible vislumbrar lo que sigue y no es atractivo. Como escribió Thomas Sowell, “los daños a una sociedad pueden ser mortales sin ser inmediatos.”

Los daños son palpables. En un sentido inmediato, cuando se comparan las cifras de 2021 con las de 2018 (para evitar el año de la pandemia) se puede observar la gravedad de lo que estamos viviendo: comparado con 2018, el ingreso de los hogares disminuyó en 5.8%, mientras que la economía (PIB) se encuentra 4% abajo en el primer trimestre de este año. El daño es enorme y comenzó con la decisión de suspender el nuevo aeropuerto. En un mundo en que la información fluye instantáneamente, cada acción (y hasta declaración) de un gobernante tiene consecuencias y, para México, esas acciones han sido todas perniciosas para el crecimiento de la economía y, por lo tanto, para el logro de los objetivos que el presidente se propuso en términos de crecimiento, desigualdad y pobreza. Lo único que ha atenuado la caída ha sido el crecimiento en las remesas, producto de las enormes transferencias que el gobierno americano ha venido realizando con motivo de la pandemia a toda su población.

Los daños en el terreno político institucional son también palpables, pero estos son, en buena medida, resultado de la estrategia de confrontación que ha sido característica del presidente. Convencido de que su camino es el único que vale, el presidente no ha visto necesario (o útil) negociar con los integrantes de partidos de la oposición o de otros actores sociales. Aunque de vez en cuando reconoce públicamente las carencias que ha provocado su estrategia (como cuando habló de la seguridad como el mayor reto del país o en su encuentro con empresarios para promover la inversión privada), la línea general de su gobierno no ha cambiado ni en una coma.

El presidente no reconoce que es imposible aislar un fenómeno del conjunto y que, en esta era, todo afecta a todo lo demás, lo que implica que debe haber plena congruencia entre el discurso gubernamental y su actuar cotidiano. El efecto de que no exista coherencia es que todo siga paralizado, con los consecuentes daños tanto económicos como políticos y sociales. Muchos, sobre todo los creyentes acríticos del presidente, podrán pensar que se trata de costos menores en el camino a la redención o que hay factores (como la pandemia) que han impedido el cambio profundo que prometía la 4T, pero nadie puede evitar ver el deterioro que se va acumulando. Como dice Sowell, el daño puede ser mortal aunque no se perciba en lo inmediato.

La pregunta clave es cómo lidiar con las consecuencias de este periodo de deterioro sistemático, claramente auto infligido. La ciudadanía ganó libertades efectivas, especialmente en materia de expresión, cuando se dio la alternancia de partidos en el gobierno en 2000, mismas que ahora se han venido mermando por la intimidación que, desde el púlpito presidencial, se propicia día a día. Desde luego, muchas de esas libertades son un tanto abstractas para familias que viven al día y que requieren satisfactores indispensables. A esto se suma la ubicuidad de la información, que genera expectativas imposibles de ser satisfechas, máxime cuando se exige satisfacción instantánea. ¿Qué ocurrirá cuando las expectativas alimentadas por el presidente hacia esa (todavía enorme) población resulten insatisfechas?

El presidente ha lanzado una campaña para “recuperar” a las clases medias urbanas (a las mismas que tilda de ignorantes) sin reconocer que el fenómeno no se puede resolver con sus tácticas clientelares favoritas. Dado que su objetivo es la subordinación de todos los sectores de la sociedad, le es imposible recurrir a los mecanismos que serían susceptibles de efectivamente “recuperar” a esos sectores de la sociedad.

La contradicción, y paradoja, es flagrante: quien se asume como de clase media ha logrado una estabilidad económica mínima que le permite no depender del gobierno, razón por la cual tratar de conquistarla con dádivas clientelares resulta contraproducente. Lo que realmente atraería a ese segmento social sería un entorno real de seguridad, mejores servicios públicos y de salud, escuelas que permitan la movilidad social y acción efectiva en materia de corrupción. Al presidente la puede parecer muy atractivo atacar presidentes de hace cuatro décadas, pero la mayoría de los ciudadanos, por edad, no tiene más memoria que la del predecesor al que el presidente protege. Las contradicciones no dejan de ser emblemáticas.

Tres años dedicados a intentar recrear un obsoleto e irreproducible sistema de control social y político. Tres años de deterioro sistemático y tres más que vienen adelante: el daño será inconmensurable. Es posible, aunque no certero, que el presidente evite una crisis financiera, pero no el resultado de un sexenio de daños potencialmente mortales.

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Luis Rubio

El objetivo, nos dice una y otra vez el presidente, es un cambio de régimen. Sin embargo, a juzgar por sus acciones, su verdadera misión es la de concentrar el poder y eliminar cualquier fuente de oposición o contrapeso. Quizá sea un nuevo régimen, pero ciertamente no es esa la razón por la cual el electorado se volcó por el hoy presidente en 2018.

El verdadero problema que enfrenta México, la razón por la que el presidente López Obrador ganó la presidencia en 2018, es que la población estaba hasta la coronilla de tres décadas de reformas de los cuales percibían pocos beneficios. Y tiene razón ese electorado. Lo que el país ha vivido en los últimos tiempos no fue un camino errado, sino un proceso sesgado que no resolvió -de hecho, ni siquiera enfrentó- los problemas estructurales que acabaron traduciéndose en concentraciones enormes de poder y riqueza, así como disparidades regionales intolerables.

La pregunta clave no es quién es el culpable, el asunto cotidiano de las mañaneras, sino cuál es la causa de estos malos o sesgados resultados. Si México hubiera sido la única nación en el planeta en haber emprendido ese proceso de reformas, procedería determinar quién se equivocó y porqué. Sin embargo, dado que la estrategia que se siguió fue característica virtualmente universal, la pregunta pertinente es otra: ¿por qué los resultados de naciones como Corea, Taiwán, China, Chile y otras naciones similares fueron tanto más exitosos?

En una palabra, qué es lo que no se hizo en México -o se hizo mal- que en otras latitudes se hizo bien. En los sesenta, por ejemplo, tanto Corea como México hicieron suya la oportunidad creada por un cambio en la ley de aduanas estadounidense que permitía importar a ese país bienes manufacturados pagando arancel sólo por el valor agregado, lo que conocemos como maquila: se importan componentes y se exportan productos elaborados. En Corea, las maquilas se instalaron en los centros industriales de esa nación para estimular el desarrollo de una amplia industria de proveedores, al grado en que, décadas después, más el 80% de los insumos venían de empresas locales. En México, ese número nunca fue mayor al 10%. En nuestro país se circunscribió el establecimiento de esas empresas a la franja fronteriza para evitar que se “contaminara” el resto de la industria.

Algo similar ocurrió a partir de los ochenta en que se abrió la economía a las importaciones para promover el crecimiento de una planta industrial moderna, generar una base exportadora y elevar la productividad general de la economía. El objetivo era claro e indisputable, idéntico a lo que ocurría en otras naciones que luego acabaron siendo más exitosas. ¿Cuál fue la diferencia? Que en esas naciones se entendió la apertura como un proceso integral de cambio donde no habría vacas sagradas: no hay ejemplo más claro de esto que China. En esa nación se decidió que lo importante era lograr elevadas tasas de crecimiento y que no habría obstáculo alguno que lo impidiera; paso seguido, se afectaron sindicatos, cacicazgos locales e intereses particulares en aras de lograr el objetivo. En México seguimos teniendo mafias a cargo de la educación, sindicatos abusivos extorsionando tanto a las empresas como a los trabajadores e intereses políticos y empresariales intocables.

El resultado es una potencia industrial pero acompañada de una vieja planta manufacturera que vive en un limbo de productividad y es incapaz de competir en el mundo.

Un ejemplo dice más que mil palabras: con todo el conflicto que caracteriza la relación Estados Unidos-China, muchos especulan que serán miles de plantas las que migrarían de este último país hacia otras locaciones, incluido México. Sin embargo, la experiencia de Apple con el iPhone sugiere algo muy distinto. La producción de este sofisticado artefacto requiere de una fuerza laboral altamente calificada, extraordinariamente disciplinada y con habilidades específicamente desarrolladas para procesos de alta tecnología. Apple ha explorado otras opciones, pero ninguna ofrece un sistema educativo capaz de generar esa fuerza laboral, un gobierno dedicado a resolver problemas para que su proceso productivo sea exitoso y la escala necesaria para satisfacer su mercado. Muchas naciones soñarían con atraer a los Apple de este mundo -que pagan excelentes sueldos y contribuyen al desarrollo general- pero nadie se aboca a crear las condiciones para que eso ocurra.

Una fuerza laboral como la de Apple -un ejemplo entre miles- permite que crezca la clase media, se eleve el bienestar y se propague la prosperidad. Es decir, que cambie el régimen de concentración de la riqueza y disminuyan las disparidades regionales.

Las empresas pueden crear empleos y producir artefactos excepcionales, pero sólo los gobiernos pueden crear condiciones para que prospere una clase media de manera acelerada, como lo han logrado las naciones mencionadas. Nada de eso ocurre en nuestro país.

En lugar de refinerías obsoletas y aeropuertos inoperables, el gobierno debería abocarse a remover mafias sindicales y crear un nuevo sistema educativo con los maestros a la cabeza. Es decir, reformar todo lo que no se quiere tocar porque amenaza al verdadero objetivo, que no es el desarrollo sino el poder.

https://www.reforma.com/el-desarrollo-2021-08-29/op211183?pc=102
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1980495.el-desarrollo.html

Luis Rubio

 Luis Rubio
En memoria de mi querido Chacho

La función de un árbitro en materia constitucional es la de resolver las diferencias entre los otros poderes públicos. En los últimos años, con un poder legislativo en control del poder ejecutivo, la única garantía de estabilidad política e institucional radica en la Suprema Corte de Justicia; pero ¿qué pasa cuando el árbitro renuncia a su responsabilidad constitucional y su presidente se subordina públicamente ante el presidente?

La reforma a la Corte de 1994 fue concebida justo para un momento como el actual. El objetivo era conferirle certeza al proceso de cambio político que comenzaba a cobrar forma con la modernización de la estructura del poder judicial. Muy en el estilo de la época, se dieron dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás: por ejemplo, no hay ninguna Corte en el mundo democrático que requiera más de una mayoría simple para sus decisiones; en México se requieren ocho de los once votos. De la misma manera, se le confirió un enorme poder de control de los procesos internos al presidente de la Corte. Estos pecados de origen ponen de manifiesto, una vez más, la falta de visión de nuestros presidentes y su perenne compromiso con el statu quo, en aquel caso uno no muy democrático o encomiable.

Las anomalías con que nació la Corte son las que han creado el galimatías en que estamos en este momento porque le permitió al presidente López Obrador tomar control de la institución al forzar la salida de un ministro, nombrar a dos que le correspondían y subordinar al presidente de la Corte. En un santiamén, el presidente acabó en control del árbitro quien, a través de su presidente, congela todos los asuntos vitales que minan y amenazan los derechos y garantías más elementales de la ciudadanía. Cuando el árbitro deja de serlo, el país entra en un terreno por demás pantanoso.

La lista de asuntos pendientes en la Corte crece minuto a minuto; algunos de esos pendientes hablan de lo más elemental para la vida de una nación, como son la libertad de las personas, los derechos de propiedad y la permanencia de las reformas que se fueron adoptando en las décadas pasadas. Estos asuntos competen y afectan a toda la ciudadanía porque se refieren a la esencia de las relaciones entre la sociedad y el gobierno, entre el gobierno federal y los estados y, sobre todo, a los mecanismos de contrapeso que toda sociedad democrática y civilizada requiere para funcionar. Una sociedad que carece de esos mecanismos o cuando esos mecanismos se ponen en entredicho y no existen instancias capaces de protegerlos, deja de poder concebirse en términos de civilización y democracia. México no ha cruzado ese umbral, pero la subordinación de la Corte, especialmente de su presidente, al poder ejecutivo federal, nos pone en esa tesitura.

El ex ministro de la Corte, José Ramón Cossío, argumenta que “la función central de la justicia constitucional es -precisamente- retener esos intentos de apoderarse de ella. La justicia constitucional requiere de jueces que sostengan una plaza que es la Constitución.” Cuando esos jueces permiten la subordinación de la última instancia constitucional al ejecutivo, no sólo convierten a la justicia en una mera burla, sino que atentan contra la estabilidad del país.

El resultado electoral del pasado 6 de junio reduce parcialmente la gravedad del brete en que la Corte ha colocado a la ciudadanía. La pérdida de la mayoría calificada por parte de Morena y aliados cambia, al menos parcialmente, el panorama político, pero no resuelve el daño en que ya se ha incurrido y que son los asuntos que el ministro presidente de la Corte guarda celosamente y bajo llave en su cajón, como la prisión preventiva y la extinción de dominio, por citar dos especialmente abominables y ominosos.

La pregunta es qué sigue. Una posibilidad, la preferida de los políticos mexicanos, ahora acelerada por la decisión del presidente de “quitarle la corcholata” al proceso de sucesión y destapar a potenciales candidatos de Morena, es la de “nadar de muertito” por los siguientes tres años. Dada la presión a la que están sometidos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, ésta podría parecer una opción atractiva en su calidad de individuos, especialmente su presidente, pero implicaría una absoluta irresponsabilidad en términos de su compromiso constitucional.

Otra posibilidad sería la que proponen Jemabar Denis y Roucate Yves en su famoso libro Elogio de la traición. Es tiempo de que el presidente de la Corte reconozca el momento histórico y rompa cualquier compromiso en que haya incurrido: “no traicionar es perecer: es desconocer el tiempo, los espasmos de la sociedad, las mutaciones de la historia. La traición, expresión superior del pragmatismo, se aloja en el centro mismo de nuestros modernos mecanismos republicanos… La traición es la expresión política –es el marco de las normas que se da la democracia- de la flexibilidad, la adaptabilidad, el anti-dogmatismo; su objetivo es mantener los cimientos de la sociedad, en tanto el de la cobardía criminal es disgregarlos.”

Lo mínimo que merece el país es que se asuma la máxima de José María Morelos: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario.”

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Luis Rubio

La desigualdad es uno de los más poderosos reclamos y demandas que ha enarbolado el presidente López Obrador y que animan a mucha de su base. Buenas razones hay para ello, lo que no equivale a que el presidente esté avanzando hacia su disminución: más bien, todo lo que hace parece orientado a acentuarla. La desigualdad es sin duda una de las características de nuestra sociedad pero, en lugar de desarrollar programas para resolverla, el gobierno se ha abocado, como en todo lo que hace, a identificar culpables en lugar de soluciones. Mejor transferir la responsabilidad que asumir el reto de crear condiciones para que el fenómeno disminuya y eventualmente desaparezca.

El tema no es nuevo. En años recientes, el reclamo por atender las desigualdades se eleva, en gran medida, paradójicamente, porque el avance en esta materia ha sido mucho, pero más lento de lo que la gente quisiera. La paradoja es clave porque el presidente utiliza las diferencias sociales como instrumento de polarización sin reconocer la naturaleza del fenómeno: la gran mayoría de la población ha avanzado en las últimas décadas, pero unos han avanzado mucho más rápido que otros. Es decir, las reformas que tanto reprueba el presidente permitieron que casi toda la población mejorara con celeridad, pero el hecho de que algunos se enriquecieran en el camino creó expectativas de un avance más rápido para todos, lo que ciertamente no se ha dado. La pregunta es porqué.

No menos importante es el enfoque por el que ha optado el gobierno: en lugar de buscar cómo resolverlo, se ha dedicado a identificar supuestas causas y culpables. Michael Novak decía que entender las causas del atraso y la pobreza es interesante, pero lo que es más relevante (y, agrego yo, poderoso) es identificar las causas de la riqueza. Es evidente que es políticamente más rentable encontrar culpables que procurar soluciones, pero lo que el presidente está haciendo es acelerar la desigualdad empobreciendo no sólo a los ya de por sí pobres, sino sobre todo a quienes ya habían logrado avances sensibles en su nivel de vida y capacidad de consumo, la parte más vulnerable de la sociedad mexicana y, no una ironía pequeña, una importante fuente de apoyo electoral al presidente.

Tres fenómenos han ocurrido en las últimas décadas: primero, una gran proporción de la sociedad mexicana elevó sensiblemente su nivel de vida y capacidad de consumo, la incipiente clase media; segundo, la explosión de Internet, las redes sociales y, en general, la ubicuidad de la información, provocaron una revolución en las expectativas de la gente: todo mundo ve a quienes se han enriquecido y quiere ser y tener lo que aquellos tienen y lo quiere ahora. Esta fuente de aspiración también es una enorme fuente de frustración y, por lo tanto, fácil presa para los traficantes de resentimientos; y, tercero, otra parte de la sociedad, particularmente en el sur del país, se ha quedado rezagada no por falta de aspiraciones o capacidades, sino por los cacicazgos políticos y sindicales que impiden la prosperidad en lugares como Oaxaca y Chiapas.

La gran innovación de Morena y sus liderazgos radica en querer resolver estos problemas empobreciendo a toda la población: mejor elevar impuestos, expropiar, impedir la instalación de nuevas empresas (y sus consecuentes empleos), que resolver las causas estructurales de la desigualdad, lo que entrañaría generar nuevas fuentes de crecimiento, una economía más productiva y con mayor competencia y menos obstrucción de políticos y líderes marrulleros que viven de la expoliación permanente.

Este debate ocurre en todo el mundo, en cada caso con sus sesgos particulares. Por ejemplo, en Estados Unidos se discute la idea de resarcir el mal que causó la esclavitud mediante el pago de reparaciones a los descendientes de esclavos. Los problemas éticos, morales y prácticos que se derivan de estos planteamientos son enormes y la razón por la cual este asunto lleva décadas en la palestra sin avanzar mayor cosa. La complejidad de lidiar con una fuente de rencores, sufrimientos y pasiones tan grande es enorme, pero traigo a colación el ejemplo porque hay quienes están proponiendo soluciones creativas que bien podrían ser adoptadas en México.

En lugar de exigir que ciudadanos de hoy que nada tienen que ver con la esclavitud de hace dos siglos paguen reparaciones a personas que nunca fueron esclavos, la propuesta es llevar a cabo inversiones dirigidas a quienes sufren la desigualdad de manera más acusada, cualquiera que sea su origen. Específicamente, se propone un amplio programa para la construcción de escuelas con los mejores maestros y complejos habitacionales para las comunidades más pobres con el propósito expreso de romper con el círculo vicioso de la pobreza-desigualdad-falta de oportunidades.

En México las mafias sindicales y caciquiles como la CNTE se dedican a preservar la ignorancia y, por lo tanto, la desigualdad y la falta de oportunidades. Quizá no haya peor mal que el de la desigualdad causada por esas mafias que también son operadores de Morena y cuyo objetivo es el que la gente siga siendo pobre, sumisa e ignorante. La desigualdad es producto del sistema que Morena quiere no sólo preservar sino afianzar.

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