Luis Rubio

Más allá de su (enorme) impacto económico, la verdadera trascendencia del TLC fue su carácter excepcional en la vida pública mexicana. El TLC resolvió la principal fuente de incertidumbre que impedía que fluyera la inversión privada. Pero su excepcionalidad radica en que el gobierno aceptó límites a su capacidad de acción frente a esos inversionistas y en eso alteró una de las características medulares del llamado “sistema”. Me pregunto si sería posible ir al siguiente paso: construir un mecanismo que limite la capacidad de acción del gobierno –y, por lo tanto, la principal fuente de arbitrariedad que actualmente existe, en realidad o en potencia, frente a la ciudadanía- pero en el mundo político.

En su origen, y en su concepción original, el objetivo al iniciar la negociación del acuerdo comercial norteamericano era la creación de un mecanismo que le confiriera certidumbre de largo plazo al inversionista. El contexto en que ese objetivo se procuraba es importante: México venía de una etapa de inestabilidad financiera, altos niveles de inflación, la expropiación de los bancos y, en general, un régimen de inversión que repudiaba la inversión del exterior y pretendía regular y limitar la inversión privada en general. Aunque se habían cambiado los reglamentos al respecto, la inversión que, de manera natural se caracteriza por su aversión al riesgo, no mostraba disposición a volcarse hacia el país como pretendía el gobierno del momento. El TLC acabó siendo el reconocimiento factual de que se tenía que dar un paso mucho más audaz para poder atraer esa inversión.

Al final del día, la respuesta gubernamental constituyó un hito en nuestra vida política porque el TLC entraña un conjunto de “disciplinas” (como las llaman los negociadores) que no son otra cosa que impedimentos a que un gobierno actúe como le dé la gana. La aceptación de ese conjunto de disciplinas implica la decisión de auto-limitarse, es decir, de aceptar que hay reglas del juego y que hay un severo costo en caso de violarlas. En una palabra, el gobierno cedió poder en aras de ganar credibilidad, en ese caso frente a la inversión. Y esa cesión de poder le permitió al país generar un enorme motor de crecimiento en la forma de inversión extranjera y exportaciones. Sin esa cesión, el país habría venido dando tumbos los últimos veinte años.

Más allá de los desafíos económicos y políticos que hoy enfrenta el país (que no son pocos ni sencillos), seguimos enfrentando un reto fundamental en la política y éste no es distinto, en un plano conceptual, al que existía cuando se decidió aceptar esas disciplinas económicas y comerciales. En la medida en que el gobernante puede decir sí o no en función de sus propios cálculos personales, políticos o partidistas, sin preocupación de que esa decisión pudiera violar la ley, la legalidad es irrelevante. Esa circunstancia es la que nos hace un país dependiente de un solo hombre (lo que se reproduce a nivel estatal) y, por lo tanto, impide que se consoliden acuerdos, planes, proyectos o carreras, pues todo se limita al tiempo de un sexenio.

Lo que algún cínico llamó el “sistema métrico sexenal” es una realidad nacional que ni los gobiernos panistas alteraron. La propensión a reinventar el mundo y a negarle valía a lo existente cada que entra un nuevo gobernante tiene consecuencias en todos los ámbitos. Por ejemplo, no existen planes maestros para el desarrollo de ciudades; la inversión –igual pública que privada- se concibe para plazos cortos; los pactos y acuerdos entre partidos se entienden como asuntos personales, no institucionales; las decisiones en materia de permisos y nombramientos se hacen por preferencias amistosas; no existe una política de Estado en asuntos elementales como educación, salud, lucha contra la pobreza, política exterior.

El punto es que cada gobierno se siente dueño del país y no ve su gestión como parte de un proceso de desarrollo de largo plazo. Por supuesto, cada gobernante cree que sus proyectos perdurarán y que él en lo personal se unirá a las filas de los líderes de la Independencia y Benito Juárez y que su nombre pasará a la historia como uno de los grandes constructores de la patria. Pocos reparan en el hecho de que eso no es frecuente y menos en que esa forma de ser del país impide que crezcan y se consoliden instituciones independientes, conlleva a dependencias perniciosas y limita el propio potencial de éxito del gobernante en turno.

Hay una razón por la cual algunas naciones logran acceder al desarrollo y esa tiene menos que ver con las tasas de crecimiento de la economía que con la fortaleza de las instituciones que hacen posible ese crecimiento en el largo plazo. Un gobernante que pretenda trascender lograría mucho más cediendo facultades y poder en aras de ir consolidando un sistema institucional (en lugar de uno personal como fue la historia del PRI) que con grandes proyectos que no son otra cosa que la reinvención de la rueda.

Lo que naciones como Chile y Corea, entre otras, han logrado es instaurar al Estado de derecho como su institución primordial. Cada uno de esos países siguió su propio proceso pero, en el corazón del asunto, el común denominador, fue la aceptación del gobernante de auto-limitarse. Ese paso crucial, que ocurrió en el caso del TLC en un ámbito específico, es el ejemplo más palpable del reto que el país tiene frente a sí. El país pasará a las ligas mayores el día en que se dé ese paso. Hasta ese momento, todo será una mera cascarita.

*del libro  Una utopía Mexicana: El Estado de derecho es posible, www.WilsonCenter.org

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 Luis Rubio

Hay dos maneras de enfocar los desafíos que enfrenta el país en la actualidad. Uno es suponer que existe un marco de legalidad al cual apegarse. El otro es partir del reconocimiento de que lo que existe no funciona y requiere una transformación. Los dos caminos constituyen avenidas con posibilidades, pero todo depende del puerto al que se desee arribar. Dante Alighieri ofrece una lectura de lo que implica la alternativa: “el sendero al paraíso comienza en el infierno”, nos dice en un pasaje conocido. En otro afirma que “a la mitad de camino de nuestra vida me encontré en medio de un obscuro bosque, pues el camino prestablecido se había perdido”. Cualquiera que sea la perspectiva preferida, ambas implican que el país tiene frente a sí disyuntivas fundamentales.

En meses recientes se han apuntado toda clase de propuestas de solución. Estas varían dependiendo de la experiencia personal o la perspectiva que anima al proponente: unas son radicales en su contenido, otras ambiciosas en su alcance y algunas claramente interesadas. Los diagnósticos también varían, algo paradójico en una sociedad en la que se decía que los problemas del país estaban perfectamente diagnosticados y que todo lo que se requería era la aprobación de un conjunto de reformas (“las reformas”) para arribar al Nirvana. Pues resulta que hemos vivido el periodo de mayor “turbulencia” legislativa desde que existe la Constitución vigente y, sin embargo, los problemas no han desaparecido.

Con lo anterior no pretendo criticar las reformas aprobadas sino la engañosa propensión a  asumir modas como certezas y cambios en el papel como realidades transformadas. Por eso la discusión nacional ha vuelto a los diagnósticos: que si el problema son las reformas mismas o la corrupción, la impunidad o la clase política, los partidos o la ausencia de Estado de derecho. Unos son síntomas, otros potenciales causas, pero es fundamental determinar cuál es cuál y qué es qué antes de seguir armando pactos, aprobando leyes o pretendiendo que la solución a una situación tan compleja reside a la vuelta de la esquina. Lo único evidente es que todos estos son elementos –componentes- de una compleja fotografía con la que el país –y, sobre todo el gobierno- tiene que lidiar.

En su libro más reciente*, Fukuyama ofrece algunas perspectivas que pueden ser útiles para entender la complejidad del momento. Su principal conclusión es que el orden de los factores si altera el producto, pero no de una manera determinista: para que un país logre la estabilidad y el orden que le permita progresar requiere tanto un gobierno competente como un sistema de rendición de cuentas eficaz, pero si lo primero no existe, lo segundo solo servirá para hacer imposible el funcionamiento del gobierno.

Los países que primero construyeron burocracias competentes y eficientes y luego arribaron a la democracia tienden a ser más ordenados, eficientes y no corruptos, pero sus gobiernos son usualmente menos responsivos a las demandas de la ciudadanía. El caso prototípico que ilustra su punto es Alemania, país al que compara con Estados Unidos, donde la democracia precedió a la construcción de un Estado fuerte y la ciudadanía organizada tiene enorme influencia sobre la toma de decisiones. El extremo del primer ejemplo sería China (muy eficaz pero nada democrático), el del segundo Grecia (muy democrático pero terriblemente disfuncional). ¿Dónde pondría usted a México?

Una forma de apreciar el argumento del autor es observando los sistemas clientelares: un sistema dedicado al reparto de favores acaba ahogado en la corrupción y es sumamente reacio a ser reformado. El clientelismo, dice Fukuyama, es un “fenómeno ambiguo” porque es “inherentemente democrático” pero también “sistemáticamente corruptor”. Gobiernos dedicados a construir, nutrir y explotar clientelas generan incentivos para que todo mundo vea a la política como una oportunidad de lucro personal.

Cuando evalúa a los países subdesarrollados dice que lo que diferencia a naciones como Corea, Vietnam o China del sub-Sahara africano es que los primeros se caracterizan por la existencia de “Estados altamente competentes, con gran capacidad de acción”, en contraste con aquellos que “no poseen instituciones estatales fuertes”. La clave, dice el autor, reside en fortaleza y capacidad de las instituciones, no en la orientación ideológica o ética (o sea, cultural) de la sociedad. Donde hay instituciones fuertes, hay un gobierno competente, y viceversa.

Sea cual fuere el diagnóstico correcto de la problemática nacional, es obvio que nuestra debilidad en materia institucional es legendaria, lo cual nos lleva a dos preguntas cruciales: primero, ¿está dispuesto el gobierno a enfrentar una problemática que no tenía en el radar y que lo rebasó en los meses pasados? Segundo, ¿tendrá capacidad la sociedad mexicana para aceptar que algunos de los avances en materia democrática son también parte del problema porque hacen imposible la existencia de un gobierno funcional susceptible de rendir cuentas?

Respecto a lo primero, el país carece de capacidad gubernamental incluso para lo más elemental: seguridad, justicia, infraestructura y disposición a generar certidumbre entre la población. Respecto a lo segundo, la habilidad del gobierno para aprobar las reformas debería ser suficiente para un gran ejercicio de liderazgo que permita discernir entre lo deseable y lo necesario. Lo que no es prescindible es un gobierno funcionando y funcional.

*Politica Order and Political Decay

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América Economía – Luis Rubio

El mundo ha experimentado una convulsión tras otra en los últimos años. Con la caída del muro de Berlín desaparecieron los viejos mecanismos que (casi) forzaban la estabilidad, lo que llevó a que, en general, cada nación tuviera que desarrollar y mantener sus propias fuentes de estabilidad y adaptabilidad. La Primavera Árabe es un perfecto ejemplo por su muy diferenciado impacto: mientras que en Libia desapareció toda semblanza de orden y Siria vive días aciagos, Túnez logró una elección democrática, Egipto reconstruyó sus viejas formas y Líbano ha salido relativamente intacto. ¿Qué explica las diferencias y qué nos dice eso sobre el desorden que ha caracterizado a México en los últimos meses y años?

Un artículo y un libro arrojan luz sobre lo que permite o impide la adaptabilidad frente a procesos de alta volatilidad política, económica o social. En Resilient America, que se podría traducir como “Adaptable Estados Unidos”, Michael Nelson describe uno de esos annus horribilis: en 1968, explica Nelson, EUA padeció disturbios urbanos, levantamientos estudiantiles, la ofensiva del Tet en Vietnam (el principio del final de esa “aventura”), el asesinato de Martin Luther King y Robert Kennedy y la incautación del barco espía Pueblo por parte de Corea del Norte. “Nunca desde la Guerra Civil y la Gran Depresión, dice Nelson, el sistema político estadounidense había sido sometido a tanto stress como en 1968…” y, sin embargo, “el sistema sobrevivió prácticamente intacto”.

Si bien tiene razón el Secretario de Hacienda cuando afirma que se requiere un plan de desarrollo para el sur del país distinto al que ha caracterizado al resto, la solución que el gobierno actual ha intentado –la concentración del poder y, por lo tanto, de la responsabilidad- no ha hecho sino exacerbar las tensiones.

En México tuvimos uno de esos años en 1994 que acabó provocando cambios fundamentales en la estructura política, sembró las semillas de la crisis financiera más profunda que había experimentado el país hasta entonces y forzó la transformación del sistema electoral, eventualmente llevando a la alternancia en la presidencia. Aunque el costo en términos de legitimidad para el sistema fue enorme, se podría argumentar que el país sobrevivió la crisis porque encontró la forma de adaptarse. En esto, el contraste entre aquel momento y 2014 es patente: en esta ocasión, al menos hasta ahora, la capacidad de adaptación parece mermada si no es que inexistente.

Nassim Nicholas Taleb y Gregory F. Treverton ofrecen una perspectiva interesante en su artículo The Calm Before de Storm*, texto que afina y aterriza algunos de los conceptos que Taleb desarrolló en sus libros previos: El cisne negro y Anti-frágil. En este artículo los autores se enfocan hacia la forma en que un sistema político administra el desorden. Su argumento central es que algunos sistemas políticos tienen capacidad de soportar un enorme stress, en tanto que otros se colapsan ante las primeras tensiones. La solidez o fragilidad de un sistema depende de las estructuras institucionales de cada nación.

Nelson explica la capacidad de adaptación del sistema norteamericano en aquel momento tanto por sus estructuras institucionales (en un momento dice que “Madison gobierna a Estados Unidos”, queriendo decir que la división de poderes y la descentralización del poder garantiza la institucionalidad), como porque las fuerzas de discordia que tensaban al sistema no estaban alineadas, por lo que no tuvieron un efecto político coherente. Más importante, argumenta Nelson, el sistema incluye mecanismos de disensión que permiten que cualquier fuerza política se exprese a través de diversos canales perfectamente establecidos, coincidan o no con el gobierno del momento.

El argumento de Taleb y Treverton, más conceptual, es que la centralización del poder, que hace parecer a los gobiernos eficaces y eficientes, y por lo tanto estables, no es más que una ilusión porque magnifica los problemas cuando estos se presentan: cualquier situación anómala se traduce en un impacto directo sobre la estructura central. Es decir, la concentración del poder es desproporcionadamente dañina porque disminuye la responsabilidad de los poderes locales y eleva el riesgo de colapso sistémico. Ejemplificando con la URSS, afirman que los sistemas altamente centralizados son mucho más frágiles que los que distribuyen mejor el poder y la responsabilidad. Parecería que se refieren al México de hoy.

La lección parece evidente: México es un país extraordinariamente diverso en términos geográficos, étnicos, religiosos y regionales. Si bien tiene razón el Secretario de Hacienda cuando afirma que se requiere un plan de desarrollo para el sur del país distinto al que ha caracterizado al resto, la solución que el gobierno actual ha intentado –la concentración del poder y, por lo tanto, de la responsabilidad- no ha hecho sino exacerbar las tensiones. Esa exacerbación se ha traducido en un desproporcionado impacto sobre el gobierno federal, dejándolo paralizado. En lugar de hacerlo más eficaz, lo ha hecho más vulnerable, más propenso a ataques sistémicos y, por lo tanto, en mayor riesgo para la estabilidad general. En retrospectiva resulta que la descentralización caótica de la década anterior tuvo el efecto benigno de diversificar el riesgo sistémico.

Lo anterior no implica que esa sea una solución perdurable, pero sí sugiere que la crisis actual es producto en buena medida de haber proyectado las características del Estado de México –nula alternancia- al resto del país, una nación cada vez más diversa y compleja. México tendrá que desarrollar un modelo político que descentralice el poder y establezca líneas claras de responsabilidad, eso que en países serios se llama Estado de derecho.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/estados-fuertes-estados-debiles

FORBES  – Enero 2015

ES FACIL OLVIDAR LO QUE SIGNIFICÓ EL MURO DE BERLÍN, SOBRETODO porque en nuestro ámbito parece que sigue ahí. En México, el Muro fue, y lamentablemente sigue siendo, una gran excusa para no resolver los problemas fundamentales del país, pero también para justificarlos y, en la práctica, preservarlos.

La caída del Muro alteró la geografía política del continente euroasiático, restableciendo el poderío alemán y terminando con el otrora imperio soviético. Quizá lo más importante fue que la caída del Muro aniquiló al marxismo como ideología, aunque no lo hizo desaparecer, especialmente fuera de Europa.

El impacto de la caída del Muro sobre México fue distinto. La izquierda mexicana, y en buena medida la latinoamericana, ha preservado el marxismo como dogma y guía de acción. Si bien la izquierda siempre se ha definido por su oposición a un statu quo inaceptable (como la pobreza, la desigualdad o la falta de acceso a diversos satisfactores), su persistente cercanía al marxismo es significativa y reveladora. El marxismo ofrecía y ofrece un vehículo justificatorio y unificador para la oposición al statu quo.

NO ES CONTROLANDO Y OPRIMIENDO COMO SE AVANZA. SINO GENERANDO OPCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, TODO ELLO EN UN ENTORNO DE COMPETENCIA Y LIBERTAD

Para quienes estudiamos la universidad en la década de 1970, el marxismo constituía la espina dorsal de las Ciencias Sociales. En algunos lugares se aprendía como ciencia o instrumento analítico, en otras como dogma, pero su penetración era prácticamente universal. Con la caída del Muro, la naturaleza del marxismo cambió y desapareció la fuente de financiamiento a activistas útiles a Moscú.

Sin embargo, en México el marxismo persistió en parte porque ofrecía una explicación para la realidad social, pero también por la ausencia de opciones de estudio. Este hecho tiene consecuencias que se pueden apreciar, así sea de manera indirecta, en la intentona de forzar una nueva elección presidencial a finales del año pasado.

Desde luego, el problema no es el marxismo o el hecho de que subsistan núcleos duros de creyentes en México u otras latitudes. El problema es doble: por un lado, dentro de los ámbitos universitarios pasa algo muy similar a lo que ocurre en la economía, donde con frecuencia tampoco hay competencia. La competencia de las ideas es una de las fuentes más importantes de avance y transformación, pues es así como avanza el conocimiento. En la medida en que no hay ideas disidentes (porque no las hay o porque el medio no las permite), el conocimiento se estanca.

El otro problema es que la realidad no ha cambiado: en la medida en que persiste la pobreza, en combinación con la ausencia de oportunidades de participación para generaciones de maestros, académicos y estudiantes, se acumula la frustración y se generan focos permanentes de extremismo. Mucho del radicalismo que caracteriza al país tiene su origen en factores reales que se derivan de la estructura política y de la realidad socioeconómica. Cualquier estrategia política que pretenda atender las fuentes de radicalismo en el país tendría que reconocer los factores que le dan vida.

La escuela normal de Ayotzinapa, por citar un ejemplo, es conocida como fuente de radicalismo y no es la única que comparte esa característica. Los meses pasados ilustran la ausencia (histórica) de comprensión de los factores que generan una permanente conflictividad social y que, por ejemplo, hacen atractivo al marxismo como fuente de ideología y estrategia de lucha. En los 70 se le combatió por medios violentos (la llamada guerra sucia), mismos que claramente no sólo no alteraron el patrón histórico sino que lo afianzaron.

El verdadero aprendizaje de la caída del Muro de Berlín es que tiene que haber competencia de ideas y existir condiciones que hagan propicio el desarrollo. Sobre todo, la gran lección es que ambas cosas condiciones para el desarrollo y competencia de ideas van de la mano y constituyen la esencia del progreso.

Para progresar, México tendrá que cambiar de manera de ser: no es controlando y oprimiendo como se avanza, sino generando opciones de participación social, todo ello en un entorno de competencia y libertad. Esto es tan válido para la economía como lo es para la política.

LUIS RUBIO ES PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO, A.C.

Luis Rubio

Los problemas de México no comenzaron en Iguala ni radican en lo que haga o no el gobierno. En todo caso, parafraseando un dicho árabe, el gobierno es culpable de haber celebrado “antes de tener todos los pelos del camello en la mano”, pero ese es un tema de arrogancia y no de intención. El gran problema del gobierno es que no tiene una respuesta, un proyecto idóneo ante la realidad de la globalización del mundo y de una sociedad abierta que, aunque lejos de haber logrado una institucionalidad democrática, ya no es sumisa y temerosa como lo fue bajo el viejo régimen priista. El problema es de proyecto.

El gobierno ha tratado todo: reformas, gasto, amenazas; ha avanzado proyectos de infraestructura y ha cancelado otros; ha intentado convencer al mundo pero ha ignorado a los mexicanos. Los sucesos de Iguala no modifican la necesidad de acciones en múltiples frentes ni tienen por qué impedir que mucho de lo logrado a la fecha se consolide y arroje resultados favorables en el curso del tiempo: el caso de la energía es emblemático. Lo que Iguala hizo fue darle voz a toda una sociedad que rechaza la imposición de un modelo gubernamental gastado y a-histórico.

Al gobierno le ha tomado meses elaborar una respuesta en buena medida porque de entrada  repudió los límites que le impone la realidad. El gobierno rechaza el hecho de que la globalización imponga severas restricciones en su libertad de acción, porque ésta viene acompañada de transparencia que reverbera en todo el orbe, ubicuidad de la información que le da poder hasta al ciudadano más modesto y opciones a todos los actores sociales, comenzando por los empresarios e inversionistas. El gobierno demostró que puede elevar impuestos, beneficiar a algunos contratistas sobre otros, privilegiar a una televisora sobre otros tele-comunicadores y encarcelar a la líder magisterial, pero no ha demostrado que puede sacar al país del hoyo. En esta paradoja radica su desafío: no es lo mismo negociar con políticos en el contexto legislativo y partidista que gobernar.

El primer lado de la paradoja es clave: el éxito inicial, construido al amparo del Pacto entre los partidos políticos, tuvo el beneficio de hacer posible la aprobación expedita de la agenda legislativa, pero el enorme costo de hacer irrelevante a los otros partidos como oposición funcional. Muchos aplaudieron el acuerdo político, pero pocos repararon en sus implicaciones. Dado el régimen electoral tan restrictivo que caracteriza al país –y que implica que es sumamente difícil crear formas alternativas de participación política (incluyendo nuevos partidos)- se creó el efecto de una olla exprés, donde la disidencia se ha venido manifestando por otros medios, muchos no legítimos. Las marchas, manifestaciones, quemas y formas de rechazo pasivas, pero no por ello menos efectivas, ilustran el riesgo de cerrar todo espacio de disidencia y manifestación de ideas o propuestas alternativas. Desde luego, esto no es privativo del gobierno actual, pero su devoción por controlar y censurar, además de corromper a los partidos de oposición (ej. los moches), ha tenido el efecto de cancelar otros medios de acceso y participación.

En el segundo lado de la paradoja reside, a final de cuentas, el verdadero reto de cara hacia el futuro. El país enfrenta un problema fundamental de gobierno: dicho en una palabra, el país lleva décadas sin ser gobernado. La inercia ha ido llevando las cosas, se han enfrentado las crisis de la mejor manera posible, pero no se han ido construyendo instituciones –queriendo decir por esto reglas del juego que son conocidas por todas y que el gobierno hace cumplir sin distingo- que permitan ir desarrollando una sociedad funcional, una economía exitosa y, en general, un país próspero. Ha habido inercia pero no gobierno y en esto el actual no es distinto.

Gobernar no consiste en hacer acuerdos entre políticos o avanzar una agenda legislativa. Gobernar es crear condiciones para el funcionamiento de la sociedad y asegurar que éstas operen de manera sistemática a fin de que sea posible tanto la estabilidad como la prosperidad. Sin orden es imposible el funcionamiento del país, pero por orden no debe entenderse el dictum autoritario porfirista (y priista) de que nada se mueva. El orden es un concepto dinámico que entraña una activa participación de la sociedad dentro de un marco de reglas transparentes.

Esto nunca ha existido en la sociedad mexicana. Pasamos de un régimen autoritario en que las reglas eran “no escritas” a un régimen pseudo-democrático sin reglas y sin gobierno. Se reformó la economía (al menos en aspectos clave como las finanzas públicas y el régimen comercial) pero no se construyó un sistema moderno de gobierno ni se procuró la transformación de la planta productiva tradicional a fin de que eleve su productividad y haga posible compartir el éxito del desarrollo. Y ambas cosas se retroalimentan: el viejo sistema de gobierno empata a la vieja economía y uno vive del otro en una relación simbiótica que beneficia a muy pocos, a la vez que cancela un futuro de viabilidad para la mayoría. Urgen anclas de estabilidad que confieran certidumbre a la población y medios de ajuste al empresariado tradicional.

El gran reto reside en avanzar la transformación tanto del sistema de gobierno como de la vieja economía. Estos asuntos quizá no sean tan llamativos y atractivos como reformas al sector energético, pero sin ellos ni una reforma tan ambiciosa y promisoria como esa tiene futuro alguno.

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Luis Rubio

Luis Rubio

La mejor lectura de este año fue Inventando la libertad, una historia del origen del liberalismo anglosajón y sus diferencias con su contraparte continental. Daniel Hannan, político e historiador inglés se aboca a explicar el origen de la civilización occidental centrada en el concepto de libertad individual. En el mundo político y legal fundamentado en el derecho anglosajón, la libertad del individuo es el valor más preciado y de ahí se construye todo el sistema de interacción humana. En contraste, afirma Hannan, en la versión europea, derivada del derecho romano y de pensadores como Rousseau, la libertad es una concesión del Estado y, por lo tanto, el corazón de la interacción humana yace en las regulaciones que de éste emanan. Lo fascinante del libro reside en la serie de implicaciones que estas diferencias entrañan para las relaciones internacionales, las diferentes posiciones que existen respecto a temas como el cambio climático, el comercio o los derechos de propiedad.

Casi como si fuera el otro lado de la moneda, Stein Ringen se dedica a analizar qué es el poder y cómo se puede ejercer exitosamente en una democracia. En Nación de Diablos, Ringen afirma que el poder del gobernante es lo que hace que otros obedezcan, pero lo que permite que sean persuadidos es la autoridad. Un gobierno puede tener claros sus objetivos, bien construida su estructura de legitimidad y, sin embargo, ser incapaz de modificar la realidad cuando carece de políticas públicas efectivas. «No es suficiente tener buenas intenciones. Tener habilidad es insuficiente. Cuando un gobierno tiene poder y puede desarrollar políticas públicas, su siguiente problema es evitar errores». Un gobierno no puede actuar por «imposición, porque es contraproducente: sólo por medio de liderazgo y generando confianza por su profesionalismo».

Liberalismo: La vida de una idea, es una historia extraordinariamente vívida de una creencia. A diferencia del uso político del liberalismo como una estrategia económica, Edmund Fawcett lo concibe como una creencia que evoluciona pero que se sustenta en el progreso, el escepticismo respecto a la autoridad y el respeto por el individuo por encima de todas las cosas. Esta manera de entender la idea liberal le permite incorporar no sólo a los clásicos anglosajones sino también, y prominentemente, a pensadores que no suelen estar asociados con el liberalismo, al menos en la forma en que el debate político lo ha distorsionado, como Sartre, Brandt y Kohl. ¿Cómo ha sobrevivido? Por su enorme capacidad de adaptación: en contraste con los conservadores, que temen al cambio, dice Fawcett, los liberales le dan la bienvenida porque las sociedades cambiantes son adaptables y estables. En contraste con los socialistas, que consideran que la Utopía tiene que ser administrada, los liberales buscan crear condiciones en las que cada persona pueda desenvolverse a su propia manera sin el peso de una dictadura. Libro por demás oportuno.

Gottland es un libro por demás extraño: un conjunto de historias escritas por un polaco sobre los checos. Su éxito se debe a la extraordinaria colección de historias, anécdotas y cuentos sobre cómo vivía y se adaptaba la población, la gente común y corriente, al sistema totalitario. Más allá de las historias específicas, lo que emerge es una fotografía, realmente una película, de la vida cotidiana bajo el fascismo y el totalitarismo. Aunque el libro es por demás gracioso y astuto, lo que revela es una perspectiva de la condición humana cuando se enfrenta a la tiranía y la corrupción y, a pesar de ello, mantiene su conciencia y la frente en alto. Al leer el libro de Mauriusz Szczygiek pensaba yo que es muy difícil imaginar lo que es vivir bajo una sombra tan pesada y que es imposible juzgar a quienes así vivieron. Su marco de referencia es totalmente ajeno a nuestra experiencia.

Steven Levitt y Stephen Dubner han escrito tres libros excepcionalmente interesantes por la forma innovadora en que han interpretado situaciones y tendencias que van de la criminalidad al narcotráfico, exámenes de conocimiento, transacciones inmobiliarias y educación casera. Analizando los números, los autores llegan a conclusiones inesperadas (como que la legalización del aborto disminuyó la criminalidad en EUA). El más reciente de los libros «Pensar como un freak» ofrece una «técnica» para interpretar distintos problemas sociales. El libro es una invitación a pensar diferente, a librarse de prejuicios y a medir impactos potenciales en lugar de suponer resultados sin información o análisis. Se trata de un libro que propone una nueva forma de pensar, comenzando por la necesidad de admitir que uno no sabe todo, eliminando con ello preconcepciones. Para los autores, el mundo no es como lo imaginamos y siempre hay algo nuevo que aprender. Su propuesta es que para resolver problemas es necesario comenzar por entender las causas, trascender los clichés y hacer las preguntas correctas.

Milan W. Svolik ha escrito un fascinante estudio sobre la política de los gobiernos autoritarios*. Su punto de partida es que los dictadores enfrentan amenazas por parte de las masas a las que gobiernan (lo que requiere control autoritario), en tanto que tienen que lidiar con las élites con quienes gobiernan (lo que requiere compartir el poder). Lo crucial de su estudio es que en una dictadura no hay autoridad independiente que haga cumplir los acuerdos y esa se convierte en una fuente permanente de inestabilidad.

* The problem of authoritarian rule

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  Luis Rubio

 La mexicana nunca ha sido una sociedad confiada en su gobierno. Al menos desde el proverbial “obedezco pero no cumplo”, generación tras generación ha sido escéptica de sus gobernantes y sólo les ha otorgado su confianza de manera excepcional. Gobierno tras gobierno intentó ganarse esa confianza y, mientras las cosas funcionaron, la credibilidad logró maravillas. Sin embargo, la suma de malos gobiernos, crisis, promesas incumplidas e historias interminables de arrogancia gubernamental acabaron por acendrar una población no sólo escéptica, sino por demás suspicaz. Por no procurar esa credibilidad, el gobierno actual corre el riesgo de acabar como los peores.

Alguna vez Mao dijo que, para gobernar, es necesario un ejército, el poder y la confianza de la población, pero si sólo se tiene una cosa, la clave es la confianza. El gobierno del presidente Peña Nieto nunca intentó cultivar o ganar la confianza de la población y ahora está pagado el precio de ese sino.

Lo palpable de la sociedad mexicana en la actualidad es el desánimo, lo opuesto a confianza. Este desánimo tiene muchas fuentes, pero todas, o casi todas, se derivan de lo que ha hecho, u omitido, el gobierno. Por su acción u omisión, pero sobre todo por desdén, el gobierno ha generado una multiplicidad de víctimas, vinculadas sobre todo a la inseguridad en sus múltiples formas. Otros son víctimas de decisiones en materia de contratos, amenazas, intimidaciones o censura. Todos ven una situación económica crítica que no tiene para cuando mejorar. Iguala dio luz al desánimo que ya pululaba por toda la sociedad.

La historia le ha enseñado a los mexicanos los riesgos de un gobierno aferrado a dogmas con consecuencias económicas para todos. Además, una sociedad envuelta en el desánimo no sólo no coopera con el gobierno sino que lo percibe como amenazante. Esto no es nuevo, quizá excepto para el gobierno, que ignora aprendizajes pasados.

Aunque el contenido de la mayoría de las reformas de los ochenta y noventa fue económico, su verdadera trascendencia radicó en el reconocimiento por parte de la clase política de que el mundo había cambiado. La liberalización económica y sus implicaciones en materia financiera, comercial, fiscal y para las empresas paraestatales no fue algo que la clase política aceptó con facilidad, pero constituyó una aceptación, a regañadientes, de que el país no podría prosperar a menos de que cambiara la lógica de un gobierno autoritario. Hasta ese momento, el país había vivido bajo un férreo control gubernamental en todos los ámbitos: desde el económico hasta la prensa. Con la aceptación de la globalización y la liberalización económica que tuvo lugar a partir de esto el mundo del control pasó a mejor vida. De mandar y controlar, el gobierno pasó a la necesidad de explicar y convencer. Algunos gobernantes lo hicieron mejor que otros, pero todos los que siguieron a los ochenta comprendieron que su realidad, y su función, había cambiado.

No así el gobierno del presidente Peña, que llegó convencido de que todo lo hecho en las décadas pasadas había sido erróneo y que el país debía retornar a sus orígenes. A partir de esa premisa, el gobierno se ha abocado a reconstruir el mundo de antes, así sea de manera contradictoria. Un día se liberaliza la energía, pero al siguiente se le otorga a Pemex control del sector; el gobierno negocia en el marco del TPP (sociedad del Pacífico), pero al siguiente vuelve a meter controles al comercio exterior y subsidios al por mayor a empresas que nunca podrán competir. Lo mismo por el lado político, donde su estrategia ha sido la de introducir mecanismos de control sobre los medios, los empresarios y la sociedad en general.

Ahora que la realidad lo ha alcanzado, el gobierno enfrenta, pero no reconoce, una multiplicidad de agravios y agraviados sin tener idea de cómo responder. Ni siquiera reconoce que debe responder. Felipe González aludió a este fenómeno cuando dijo que: “Me ha interesado siempre más la política que el poder y me preocupa que esté desapareciendo en política el homo sapiens capaz de hacerse cargo del estado de ánimo de los otros”. El ex presidente español comprendía de manera cabal que su función no era la de controlar, sino la de convencer e, incluso, la de hacer suyo el estado de ánimo de la ciudadanía. Como Mao, comprendía que sin confianza, ningún pueblo es gobernable.

El desánimo se ha apoderado de México y los mexicanos y todo parece indicar que los desaciertos del gobierno no hacen sino exacerbarlo. El gobierno puede tener grandes planes y pretensiones, pero la población solo pide certidumbre y claridad de rumbo. Es posible que, en 2012, los banqueros y periodistas de otras latitudes estuvieran dispuestos a creer promesas incumplibles, pero los mexicanos tienen recia experiencia de malos gobiernos. El gobierno actual tiene la oportunidad de ganarse esa confianza y todo lo que requiere es un plan sensato, un equipo comprometido y una disposición a hablarle y escucharle. En lugar de censura, que da vuelo a rumores infinitos, se requiere información veraz. No debería ser mucho pedir y menos con cuatro largos años por delante.

Los romanos fueron despreciados por su estrategia con pueblos conquistados de «crea un desierto y llámalo paz», pero aún ellos comprendían que tenían que ofrecer «pan y circo» para ganar la lealtad de sus súbditos. Los mexicanos requieren certeza y claridad; el gobierno requiere su confianza. Son dos lados de una misma moneda.

@lrubiof

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