“La realidad del mito, afirmó Monsiváis, es la irrealidad del país.” Los sesenta mexicanos bien califican como mitológicos en la política nacional, y más en la actual coyuntura. Los sesenta fueron años de grandes logros, pero también la semilla de la disputa que, desde entonces, consume al país. En su lado mitológico, los sesenta son venerados -por tirios y troyanos- como la era de oro del crecimiento y la estabilidad; en su lado retrospectivo, esa década se caracterizó por el conflicto, así fuese soterrado, que desde entonces consume a la política nacional.

En los sesenta, el país vivió un momento idílico que nadie hubiera querido terminar, excepto que fue sepultado por la realidad. La década se caracterizó por dos grandes circunstancias: por un lado, tasas de crecimiento elevadísimas (cercanas al 7% anual), con baja inflación, todo lo cual contribuyó al afianzamiento de una clase media urbana y una acelerada movilidad social. No por casualidad, el periodo se denominó “milagro mexicano.”

Sin embargo, el otro lado de la moneda no fue menos relevante: dos acontecimientos de la década evidenciaron los límites del modelo del desarrollo estabilizador que, desde los cuarenta, le había dado al país resultados tan favorables. El primero anunciaba riesgos económicos: en 1965 fue el último año en que México exportó maíz. Este podría no parecer un problema grave hasta que uno se pone a ver que todo el funcionamiento del modelo económico dependía de la exportación de granos y minerales para financiar las importaciones de maquinaria y equipo que requería la substitución de importaciones. El hecho de que ya no hubiera excedentes de maíz para exportar indicaba que el modelo había comenzado a acercarse a su fecha de caducidad. La razón de esto es simple: por su orografía, México nunca será un gran productor de granos. El modelo económico requería un ajuste que, de haberse emprendido entonces, habría acelerado el desarrollo sin cortapisas: el país ha demostrado una infinita capacidad para exportar bienes industriales, agropecuarios y servicios. Esa debió ser la respuesta, pero tomaría dos décadas hasta que le llegara su tiempo político.

El otro acontecimiento fue el movimiento estudiantil de 1968, que mostraba los límites políticos del modelo económico. Aunque la economía había arrojado extraordinarios resultados, muchos de los beneficiarios de la movilidad social se sentían insatisfechos con una estructura política autoritaria que les impedía expresarse y participar en la vida pública. Además, la forma en que fue terminado el movimiento creó un nuevo símbolo, con enormes consecuencias para las siguientes décadas.

Las dos circunstancias -el maíz y el movimiento estudiantil- se convirtieron en el casus belli de la política mexicana. El lado económico del gobierno promovió medidas de liberalización como medio para iniciar una gradual transformación económica, en tanto que el lado político abogó por el uso del gasto público como medio para recuperar las altas tasas de crecimiento del pasado reciente. Los políticos ganaron el pleito en la elección de 1970 pero, para 1982, habían quebrado al gobierno, dejando una enorme deuda externa, una profunda recesión y una sociedad extraordinariamente dividida. A partir de ese momento, el lado económico del gobierno recuperó el control y comenzó a restaurar una semblanza de orden, confiando en poder lograr tasas elevadas de crecimiento por ese medio. Unos cuantos años después resultó evidente que era imposible reconstruir los sesenta y que la única salida era una reforma mucho más profunda del gobierno y de la economía.

Cuatro décadas después, el pleito continúa. Las reformas permitieron restaurar la estabilidad económica, crearon una base para el crecimiento acelerado de las exportaciones y generaron empleos muy productivos y bien pagados. Sin embargo, lo que en realidad ocurrió es que el país se dividió en dos mitades: la mitad que hizo suyas las reformas y la que se quedó anclada en el modelo económico anterior. La primera sostiene a la segunda, pero la dinámica política acabó arrojando como resultado político la elección de 2018.

Lo relevante es que la sociedad mexicana, a través de su voto, reprobó el resultado de las reformas emprendidas a partir de los ochenta, pero no necesariamente a las reformas mismas. Dudo mucho que quienes votaron por cambiar el rumbo quisieran deshacerse de los empleos que generan las exportaciones o de la industria moderna del país. Lo que reprobaron, con contundencia, fue la forma tan sesgada, berrinchuda e ineficaz con que se han conducido lo asuntos públicos, la corrupción de que, en muchos casos, vino acompañado el proceso y, sobre todo, los enormes contrastes que viven las distintas regiones del país.

¿Quién puede oponerse a la presencia de inversiones ultramodernas que producen bienes excepcionales, buenos empleos y un gran caudal de derrama económica? El problema es que no es posible cambiar el rumbo general sin perder esas oportunidades. La tesitura en que el gobierno ha puesto al país crea una disyuntiva inaceptable de todo o nada. El país necesita que se eliminen los sesgos que generan tan vastas desigualdades, no la destrucción de todo lo existente. Pero por ahí vamos.

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17 Nov. 2019

Una caricatura muestra a Herman Munster, el personaje anormal de la serie televisiva de hace medio siglo, amablemente sentado junto a una niña que le dice “Pensé que eras un monstruo, pero eres tierno y sensible,” a lo que Herman le responde “es que estoy en campaña electoral.”

Lo que haya pasado antes de la elección de 2018 ahí quedó y ahora el gobierno de AMLO es responsable de lo que venga: una circunstancia no siempre es benigna, pues es ahí donde chocan los prejuicios con el pavimento.

Ningún asunto afecta a la ciudadanía de manera tan directa, brutal y con consecuencias de largo plazo como el de la seguridad. Las familias y las empresas tienen que lidiar con la permanente inseguridad porque el gobierno ha sido incapaz de actuar exitosamente. Una familia que ha sufrido un secuestro lo vive el resto de su existencia y afecta sus decisiones de ahorro, gasto, consumo y comportamiento. La inseguridad adquiere connotaciones políticas porque los responsables de lograrla, de todos los partidos, no han cumplido con su cometido.

Las empresas e instituciones padecen la inseguridad de muchas maneras. Parte es como resultado de lo que aqueja a sus integrantes: ¿cómo puede concentrarse un investigador universitario en su laboratorio, o un empleado en el mostrador de una tienda, si no sabe dónde está su hija? Las empresas comerciales que tienen presencia en la calle padecen la inseguridad especialmente en la forma de extorsión y saben que la autoridad está corrompida o es inexistente.

Las empresas grandes se abocan a la prevención, dedicando inmensos recursos a la contratación de policías, guardias, bardas de seguridad, patrullas que siguen a los camiones de reparto y demás. Sería infinitamente más productivo dedicar todos esos recursos a nuevas inversiones productivas que generaran más crecimiento, empleos y oportunidades.

La inseguridad destruye lo más esencial del ser humano porque, como escribiera Umberto Eco, mata «la posibilidad de tener esperanza.» Ningún país puede prosperar en un régimen de inseguridad como el que nos ha tocado vivir.

Uno de los factores que definen al Estado es el monopolio de la fuerza, pero su anverso es igualmente definitorio: la recaudación de impuestos. Se trata de dos lados de una misma moneda: quien es responsable de la seguridad también es responsable de la recaudación de los fondos que se destinan a sufragar los gastos que requiere la operación gubernamental. En ambos casos, se trata de un monopolio, pues si éste no existe, el Estado no cumple con su razón de ser.

El gobierno mexicano hace tiempo perdió el monopolio de la fuerza en tanto que no controla todo el territorio, no impide que bandas de asaltantes roben, asesinen, extorsionen y secuestren por doquier y no satisface la condición número uno de la función gubernamental: la seguridad y paz ciudadanas. El presidente rechaza el esquema que prevaleció en los años pasados para combatir la inseguridad, pero su plan es claramente insuficiente. Para comenzar, se concentra en intentar evitar que el crimen organizado reclute a jóvenes sin empleo y no en lo que es la esencia de la seguridad: un sistema de gobierno funcional que cuide al ciudadano, lo que implica policías y poder judicial de abajo hacia arriba. Esto no se puede construir de la noche a la mañana, pero nunca se logrará si no se comienza de inmediato.

Un empresario me explica su perspectiva del problema de una manera clara y directa: las autoridades hacendarias se desviven por cobrar impuestos, intimidar a los causantes y obstaculizar, por medio de interminables burocratismos, el funcionamiento de la actividad económica. Sin embargo, prosigue el empresario, nadie se preocupa de los nuevos recaudadores de impuestos: no los que mandan citatorios sino los que queman tiendas o fábricas cuando no se paga una extorsión. Desde la perspectiva del causante, ambos son iguales: los dos recaudan impuestos y extorsionan al causante, sea éste un profesional, empresario o simple empleado. Quien no paga se las ve con Hacienda o, en los últimos años, con las mafias de extorsionadores que son infinitamente más persuasivos, además de letales.

Es claro que el problema de seguridad no comenzó con este gobierno, pero Culiacán y el asesinato de la familia LeBarón evidencian que su estrategia no responde al tamaño del reto. Pero lo grave no es eso, pues la estrategia anterior tampoco era un dechado de virtudes, sino su rechazo a realizar un diagnóstico honesto de la naturaleza del problema.

A mí no me queda duda que la principal falla de las últimas décadas en esta materia ha sido de enfoque y de concepto. La esencia de la seguridad es simple: a) ante todo, el objetivo es proteger a la población, no confrontar a los criminales; b) la seguridad comienza abajo, en cada manzana, y no se puede imponer desde el Olimpo; c) las fuerzas federales, incluyendo al ejército, deben convertirse en componentes centrales del proceso, pero su función es apoyar el desarrollo de capacidades locales, no responsabilizarse de la seguridad de manera permanente; y d) no existe problema más grande que el de la seguridad ni más desgastante de la legitimidad de un gobierno que la inseguridad. Si no, pregúntele a Peña.

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Justo cuando parecía que, con el gobierno de AMLO, muchos de los peores vicios del viejo sistema político mexicano serían erradicados por una administración que dice representar un nuevo régimen, el devenir cotidiano nos revela lo contrario, reproduciendo sus peores prácticas. Este reconocimiento me vino de la lectura de un libro extraordinario y aterrador al mismo tiempo: Media noche en Chernobyl,* la historia de la explosión del epónimo reactor nuclear que no sólo mató a una infinidad de gente, sino que fue determinante en el fin del sistema soviético. Su lectura me recordó a un México que nunca se fue, pero que ahora ha regresado con bríos renovados.

Lo primero notable de la historia de Chernobyl es la sensación de autoridad moral. La burocracia, desde el secretario general del partido comunista hasta el inspector más modesto y, en este caso, incluyendo a los científicos nucleares, lo sabe todo, por lo que no requiere conocimiento adicional alguno. La autosuficiencia, y su hermana la arrogancia, dicta cada decisión, ignorando la realidad, las mediciones, las quejas de los involucrados o la evidencia más palpable. Me recuerda a los papás de los pobres niños con cáncer esperando su medicamento en el hospital Federico Gómez.

Un segundo elemento es la falta de innovación. Los científicos diseñan un tipo de reactor y lo reproducen de manera sistemática para todas las regiones del país. Una vez que se llega a un diseño, éste es el que servirá a todos, sin mecanismos para mejorarlo o, incluso, superarlo. En lugar de que haya diversos diseños en competencia para elevar eficiencias, mejorar seguridad y reducir costos, la visión burocrática, siempre de túnel, lleva a su perpetuación. De esta manera, no sólo se hace imposible la mejora sistemática que es inherente a sistemas abiertos, típicos de occidente, sino que cuando, como en este caso, se evidencia lo peligroso del diseño, todos los demás resultan vulnerables. Así funcionaba la CFE con sus termoeléctricas: una vez que existió un diseño aceptable para su burocracia, todas eran iguales. La innovación llegó con la apertura del sector. Si el México de hoy funcionara como la URSS de entonces, toda la economía sería de trapiches.

El manejo de la información es igualmente revelador. El gobierno de Gorbachov, que se decía de la apertura y que estaba deseoso de congraciarse con el resto del mundo, no supo como responder. Su instinto natural fue el de cerrar los ojos y no informar nada, aún a pesar de las interminables peticiones de quienes sí entendían que el peligro que ceñía sobre la población debía tener precedencia sobre cualquier otra cosa. En lugar de informar, se guardaban los datos, se respondía con mentiras, verdades a medias e información flagrantemente falsa. Fue hasta que la radiación comenzó a llegar a otras latitudes, sobre todo Suecia y Alemania, cuando fue inevitable informar, aunque fuera a cuentagotas. Aun así, pasaron larguísimos días hasta que se tomó la decisión de remover a la población civil, probablemente causando muchas más muertes innecesarias. Todavía hoy en México el instinto gubernamental es el de no informar o informar mal, como ilustran las desavenencias entre la información sobre Culiacán, el crecimiento de la economía, las calificadoras y la pretensión de que el desarrollo es posible sin crecimiento. Atole con el dedo.

Notable en el manejo que caracterizó al gobierno soviético fue el maniqueísmo en la forma de resolver -o concluir a fuerzas- los asuntos públicos. En lugar de determinar qué había pasado y cómo debía responderse, de antemano se decidió quienes eran los buenos y los malos, dependiendo de su cercanía a la nomenkatura, la élite soviética, o a lo que fuera funcional para tapar el hoyo. Quienes acabaron siendo hechos responsables no fueron los que causaron la hecatombe sino quienes no eran favoritos de la jerarquía. Unos fueron despedidos, otros premiados, algunos encarcelados, pero esas decisiones fueron previas a cualquier juicio. Lo que definió el resultado fue la cercanía al poder. Hoy es patente cómo el presidente decide salvar a sus amigos y sus empresas y denostar o atacar a los enemigos, independientemente de consideraciones como la tan mentada austeridad o, especialmente, la verdad.

El gran ausente, en la otrora Unión Soviética y en el México de hoy, es la ciudadanía. Cero respeto a sus preferencias, preocupaciones o legítimos reclamos. No sólo falta de respeto, sino un categórico desprecio, incluso cuando se trata de situaciones en que hay afectados que no la deben ni la temen, como los irradiados de Chernobyl o los quemados de Tlahuelilpan. La manifestación feminista es el mejor ejemplo de una sociedad que exige sin desacreditar pero que en lugar de aplausos recibe una total descalificación. Como en los viejos tiempos.

Afortunadamente, México no padece los terribles males que pusieron a Chernobyl en el mapa, pero la forma de actuar, reaccionar y ver el mundo de la administración y del establishment en general no es muy distinta a la del gobierno de aquel país de entonces. Un cambio de régimen debiera implicar una democracia real, para todos, no solo para los cuates, pues eso no sería muy distinto a lo de siempre.

*Adam Higginbotham, Simon & Schuster

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Las cosas no le están saliendo bien al gobierno y ya ni la retórica mañanera, cada vez más cáustica, lo puede ocultar. La situación económica se deteriora de manera sistemática y no hay razón alguna para esperar que ésta mejore en las condiciones actuales; los sucesos de Culiacán muestran no sólo una situación trágica, sino un retroceso sobre ya niveles exacerbados, por no decir incontenibles, de violencia. La corrupción no disminuye porque no se atacan sus causas, a la vez que se encumbra a quienes, a pesar de su flagrante corrupción, son cercanos al gobierno. A pesar de la evidencia, el presidente sigue empecinado en un camino que, aunque todavía arroja frutos políticos, no contribuye a avanzar su propia agenda.

La realidad es contundente. La economía no crece y, en ausencia de inversión productiva, bien podría comenzar una contracción, todo ello mientras nuestro principal motor de crecimiento, las exportaciones, sigue pujante. Es decir, la causa del pobre desempeño económico es interna y se evidencia claramente por el creciente superávit comercial, producto no de un crecimiento excepcional de las exportaciones, sino por la contracción de las importaciones, especialmente las que indican crecimiento futuro: maquinaria y equipo.

No es necesario hablar mucho de seguridad cuando, en la misma semana que el gobierno anuncia, sin certificación alguna, que estamos ante un “punto de inflexión,” ocurre el momento más violento en lo que va del sexenio: una derrota brutal no sólo para el proyecto de seguridad que con tanto ahínco ha venido festinando el presidente, sino para toda la sociedad que, de golpe, se vio en el espejo de Culiacán. El presidente no quiere ver que una mala estrategia (o, más exactamente, ausencia de estrategia e inteligencia) tendrá consecuencias inexorables: ¿será otro tipo de punto de inflexión?

La corrupción sigue como siempre: cada día hay más ejemplos de que los morenistas, como antes los panistas, tan pronto llegan al gobierno se comportan como sus predecesores y acaban siendo indistinguibles. Este es el pan de todos los días a nivel local. A nivel federal, la manera en que se conducen los programas sociales sin reglas de operación; las asignaciones directas de contratos, obra pública y adquisiciones sin licitación; y la permisividad con que se fomenta la ilegalidad y la informalidad en comunidades como La Ventosa, Las Margaritas y el resto del país, todo por obvias conveniencias político-electorales, son evidencia de corrupción en el corazón del proyecto gobernante.

La gran pregunta es para qué es el gobierno. Si un gobierno no cuida a la población y no crea condiciones para que la economía crezca y la población prospere, su existencia resulta irrelevante. En ambos rubros, los resultados a la fecha son negativos. Peor cuando uno observa a qué se ha dedicado el gobierno en su primer año, periodo en que el presidente ha tenido toda la latitud para construir el andamiaje que arroje beneficios para el resto de su periodo: más que a avanzar proyectos de inversión con gran efecto multiplicador y a desarrollar las estructuras políticas y legales para resolver los problemas de seguridad, o a eliminar las causas de la corrupción, ha dedicado todo su empeño a atemorizar a los actores que son clave para mantener la paz social y acelerar la inversión y ha construido un elefante blanco en la forma de la Guardia Nacional que, como se evidenció en Culiacán, no está apertrechada de la visión y condiciones para lograr su cometido.

Tenemos un gobierno guiado más por odios y resentimientos que por una disposición a leer la realidad que vive el país y el orbe. Anclado en el mundo idílico de los sesenta que, por más que intente, jamás podrá recrear, el gobierno ha desperdiciado meses cruciales en una agenda que no va a repercutir en mejores condiciones para el desarrollo del país ni va a resolver los asuntos que, al menos retóricamente, son la esencia de su agenda -corrupción, crecimiento, pobreza e inequidad- y que, coincido, son los temas centrales de México. El problema es que para avanzar efectivamente una agenda se requiere la disposición a realizar un diagnóstico integral y desapasionado de las circunstancias. Pero este gobierno es todo menos desapasionado y no tiene la menor disposición a ver el conjunto: sus imperativos político-ideológicos lo ciegan.

Robert Hanlon, que escribió sobre la famosa ley de Murphy, dice que “nunca le atribuyas a la perversidad lo que se puede explicar por la incompetencia.” Me pregunto si lo que hemos vivido en este último año no demuestra lo contrario: es fácil atribuirle a la incompetencia lo que es producto de la perversidad. El proyecto gubernamental parte de una serie de premisas que han probado ser erradas en sus propios términos. Si a eso le adicionamos las agendas encontradas de los diversos contingentes del partido gobernante, el resultado es una estrategia incompatible con el progreso del país.

No se si es incompetencia o perversidad, pero de lo que estoy seguro es que hay una profunda ignorancia e indisposición a aprender y a reconocer cuando las cosas salen mal. No es difícil entender por qué estamos en un hoyo; lo que es incomprensible es que el gobierno siga cavando.

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México llevó a cabo innumerables reformas -tanto económicas como políticas- a lo largo de las últimas cuatro décadas y, sin embargo, los resultados fueron insuficientes o, al menos, muy desiguales. Algunos sectores y regiones del país crecieron y se beneficiaron, otros se estancaron y no han podido salir de su letargo. Pero incluso en donde los avances han sido notables, otros factores, como la inseguridad y el desempeño educativo, impidieron mejores resultados. En esto México contrasta notablemente con otras naciones que emprendieron una ruta reformadora en las mismas décadas pero que, con todos sus avatares, lograron mayores beneficios. La pregunta es por qué.

Cada país tiene sus características, historia, cultura y condiciones particulares. Algunos viven en un contexto geopolítico que les impone urgencia y reduce latitud en lo que pueden hacer, como podría pensarse de Taiwán, nación sobre la cual pende una enorme presión por parte del dragón asiático y le lleva a subordinar intereses pequeños sobre su viabilidad más fundamental. Otras naciones experimentaron rompimientos bruscos con su pasado debido, por ejemplo, al fin de una dictadura, como fue el caso de España, Chile y Corea, lo que, por un lado, abrió la oportunidad de transformarse, a la vez que generó una gran presión social para lograrlo. En Colombia, la recuperación de la nación como entidad viable luego de la era de las mafias del narco -proceso que llevó décadas- obligó a la transformación general de su país.

El común denominador de todas esas naciones es que rompieron con el pasado. Algunas lo hicieron por la existencia de un gran liderazgo, otras porque las circunstancias así lo provocaron o porque la sociedad no permitió que se dieran desviaciones y tuvo la fortaleza para lograrlo. Algunas encontraron anclas que les obligaron a seguir un camino, como fue el caso de España y Portugal frente al imán que representaba la entonces Comunidad Europea. Todas, sin embargo, han procurado una transformación integral, todo ello dentro de las naturales y lógicas restricciones que toda nación enfrenta y que recuerda la famosa frase de Otto Von Bismark de que las leyes y las salchichas siguen un proceso similar de manufactura y lo que sale no es lo más perfecto, sino lo posible.

México ha sido un gran reformador en unos ámbitos y muy pobre en otros. La razón es doble y explica parte de la razón por la cual el electorado actuó como lo hizo en 2018. Para comenzar, el país no ha experimentado un cambio de régimen desde que inició el gobierno postrevolucionario en la década de los veinte del siglo pasado. Aunque por supuesto ha habido toda clase de cambios y alteraciones en la forma de gobernar -y sobre todo elegir- a los gobernantes, la esencia del régimen sigue siendo la misma. Los dos gobiernos panistas no llevaron a cabo modificaciones sustantivas a esa estructura y el gobierno actual va corriendo a la revitalización del viejo sistema centralista y unipersonal.

En ese contexto, es claro que las reformas que México emprendió -muchas de ellas sumamente ambiciosas y trascendentes- ocurrieron en un contexto muy distinto al de las naciones que mencioné en los párrafos anteriores y otras similares. En México las reformas fueron promovidas por el propio régimen y su vector principal era el de transformar la actividad económica para recuperar elevadas tasas de crecimiento y los beneficios que de ello se derivaran. Pero el objetivo del régimen no era, no podía ser, su desmantelamiento, como sí ocurrió en países en que hubo una ruptura real y definitiva, esencialmente por el fin de una dictadura.

Adolfo Suárez, y luego Felipe González, rompieron con el régimen franquista y se abocaron a construir uno nuevo, democrático y representativo, con una economía moderna. Su objetivo era una reforma integral tanto económica como política y, aunque en el transcurso del tiempo experimentaron crisis y retrocesos de diversa índole, su brújula era clara y persistieron en el camino, como ocurrió en las otras naciones reformadoras.

En México, el objetivo era reactivar la economía, pero siempre sin afectar los intereses nodales cercanos al régimen. Esto produjo situaciones peculiares que distinguieron al proceso respecto a otras latitudes: por ejemplo, las privatizaciones se concibieron como medio para generarle ingresos al gobierno, no como un vehículo para provocar crecimientos súbitos de productividad a la economía. De la misma forma, se liberalizaron algunos sectores -sobre todo la industria- pero se preservó la protección para los servicios (bancos, seguros, comunicaciones), provocando ardua competencia para los industriales mexicanos, sin servicios competitivos que los asistieran. En algunos casos, notablemente en el sur del país, el gobierno no sólo toleró (y más ahora), sino que ha protegido a sindicatos perniciosos como la CNTE, cerrándole la puerta tanto al desarrollo de los educandos que requieren otro tipo de educación para salir avante en este mundo hiper competitivo, a la vez que acendró impedimentos para la instalación de nuevas inversiones, altamente productivas, en la región.

A nadie debería sorprender el atraso que persiste, la desigualdad regional o el resultado electoral.

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20 Oct. 2019

06 Oct. 2019