La clave del desarrollo radica en el actuar acumulado de millones de individuos ejerciendo su libertad y decidiendo por su cuenta, dentro del marco de reglas que establece el Estado. Cuando esas reglas son coherentes y, sobre todo, parten del reconocimiento de la naturaleza humana como es y no como algún político preferiría que fueran, el desarrollo se da y florece. Quizá no haya mejor manera de ejemplificar lo anterior que el contraste entre Mao y Deng: el primero se dedicó a perseguir y empobrecer a su población; el segundo hizo posible que floreciera su nación. En palabras de Deng, “no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que cache ratones.” La diferencia: Deng aceptó la naturaleza humana en lugar de tratar de acomodarla a sus preferencias políticas o ideológicas.

Deng reconoció que la gente busca su beneficio personal y que la suma de millones de personas tomando decisiones en materia económica se traduce en un enorme beneficio colectivo y que, de esa manera, se avanzaba el desarrollo de su país. Las decisiones de esos millones de ciudadanos a lo largo del tiempo -la inter temporalidad- contribuyen al desarrollo y son posibles en la medida en que exista un marco de certidumbre al que esos individuos se puedan apegar. La diferencia entre Mao y Deng acabó siendo que Deng, al reconocer esta faceta de la naturaleza humana, se abocó a crear el marco político-normativo que la hiciera florecer. El resultado fue que el gobierno chino le confirió un entorno de certidumbre a su población, la explicación más integral del enorme éxito de su economía en las pasadas décadas.

La lección para México es obvia: el país ha prosperado en los momentos en que existe certidumbre y se ha estancado o retraído cuando ésta desaparece. Por muchas décadas, esa certidumbre dependía de cada sexenio; si uno observa los ciclos económicos mexicanos, estos siempre fueron sexenales: el primer año era recesivo porque los ahorradores e inversionistas esperaban a ver cómo reinventaría la rueda el nuevo gobierno; cuando las reglas del juego quedaban claras, comenzaba el ciclo ascendente, sólo para amainar hacia el sexto año, cuando el proceso comenzaba de nuevo. Es decir, todo dependía del presidente en turno porque su poder era (es) tan vasto, que podía cambiar las reglas en cualquier momento. Esta es la razón por la que el factor confianza en el gobernante adquirió tan enorme trascendencia.

Esta manera de funcionar entrañaba tres costos obvios: primero, nunca se desarrollaban proyectos de largo plazo; segundo, la propensión a que se agudizaran los ciclos recesivos era enorme; y, tercero, al todo depender del presidente, cada una de sus expresiones adquiría dimensiones cósmicas, igual para bien que para mal. La falta de factores de certidumbre de largo plazo llevó la era de crisis en los setenta, ochenta y noventa y no fue sino hasta que se consolidó el TLC norteamericano que el país experimentó, por primera vez desde la Revolución, una era de estabilidad y claridad de reglas, al menos para una parte de la economía.

Un gobierno inteligente, capaz de reconocer la naturaleza del fenómeno de fondo, habría extendido las reglas del juego inherentes al TLC a toda la economía y a todo el territorio nacional. Sin embargo, como se dieron las cosas, el país entró en una era de dos Méxicos y dos velocidades que permitió que hubiera gran crecimiento en una parte del país y estancamiento en otra. Para colmo, luego llegó Trump, el primer presidente estadounidense dentro de la era del TLC que no tenía conocimiento ni mucho menos interés en la relevancia política del TLC para México, a quitarle “los alfileres” a todo el entramado.

El T-MEC tiene muchas virtudes, pero no entraña la misma fuente de certidumbre que el TLC original y a eso se viene a sumar la retórica del presidente López Obrador, que tiene el efecto inmediato de minar la certidumbre y generar desconfianza en un amplio espectro de la población, como se pudo apreciar en los recientes procesos electorales. En contraste con los presidentes de la era priista a los que parece admirar, López Obrador no tiene ni la menor intención de generar un marco de confianza para la inversión. Su retórica y su trato de adversarios (cuando no de enemigos) a todos aquellos que no comulgan con él ha resultado en estancamiento económico.

En la era de la ubicuidad de la información, los mensajes públicos y los privados son indistinguibles porque todos se suman en el proceso político y arrojan un resultado binario: generan confianza o no la hay. La estrategia de confrontación, diseñada expresamente para dividir, agudiza el encono social, cierra los espacios de potencial diálogo y tiene el efecto de generar incertidumbre. En lugar de crearse un entorno de paz y de tranquilidad, crucial para atraer inversión y ahorro, éste se torna imposible.

Fue el propio Mao quien afirmó, en una entrevista con Edgar Snow, que para gobernar se requiere «Un ejército popular, alimento suficiente y confianza del pueblo en sus gobernantes.” “Si sólo tuviera una de las tres cosas, ¿cuál preferiría?», preguntó Snow. «Puedo prescindir del ejército. La gente puede apretarse los cinturones por un tiempo. Pero sin su confianza no es posible gobernar.”

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“La obsesión por silenciar a otros es tan vieja como la necesidad de expresarse” afirma Erik Berkowitz* en un extraordinario estudio sobre la censura. El gobierno mexicano post revolucionario se pasó casi un siglo suprimiendo la libertad de expresión, haciendo toda clase de esfuerzos por censurar a los medios, controlar la conversación e impedir que entraran al país “ideas peligrosas” que pudiesen poner en entredicho la legitimidad de los gobiernos emanados de la revolución. Como bien apunta este autor, la censura no anula la expresión que molesta al gobernante, sino que la transfiere a otros medios, creando “mercados negros” saturados de discusión, información, desinformación, teorías conspirativas y una infinidad de chistes y memes. Sintomático de nuestro tiempo es el hecho que los chistes sobre el presidente han renacido, justo como ocurría en los setenta.

El asunto de la libertad de expresión polariza a la sociedad mexicana. Para algunos, comenzando por el presidente, hoy se respira un ambiente de libertad sin igual. Y, claro, no hay duda alguna que el presidente López Obrador emplea y explota su púlpito con plena libertad. Para otros, sin embargo, la forma de conducirse del presidente no es otra cosa que una permanente intimidación hacia quienes él denomina “adversarios.”

La polarización en esta discusión es algo extraño porque vivimos en la era de la ubicuidad de la expresión. Las redes sociales permiten que cada ciudadano se exprese tal y como guste, con sentido común o sentido raro, con respeto o irreverencia, con buena o mala ortografía. Más al punto, la derrota del PRI en 2000 vino acompañada de un cambio radical en la naturaleza del Estado mexicano, abriendo las comparsas de la censura de par en par: tirios y troyanos súbitamente tuvieron acceso a todos los medios, escritos y electrónicos, en tanto que el gobierno no sólo perdió la capacidad de control, sino que optó por no emplearla. Ciertamente, no faltaron presidentes y sus personeros que intentaron acotar la libertad de expresión aún después del 2000, pero el advenimiento de las redes sociales hizo imposible retornar a la era anterior. Muchos de quienes afirman que esa libertad súbitamente apareció en 2018 son los mismos que habitan el mundo de las redes donde predominan expresiones, insultos y conversaciones fuera de toda posibilidad de control. Quien lo dude pregúntele a Peña Nieto.

En contraste con otros gobiernos, el mexicano se distinguió (casi siempre…) por la sutileza de sus métodos, pero nunca fue tímido en recurrir a otros, más directos, cuando, en su estimación, las circunstancias lo justificaban: 1968 es testimonio vívido de aquellos momentos. El gobierno se empeñaba en controlar el flujo de la información porque el objetivo era la preservación de la legitimidad post revolucionaria y para ello se abocaba a la construcción de hegemonía (televisión, libros de texto), así como la censura en los periódicos.

El presidente López Obrador no es un paladín de la libertad de expresión, pero su verdadero objetivo es el control de la narrativa. Sus mañaneras buscan intimidar, pero sobre todo procuran conducir la conversación, informar a sus seguidores, establecer la legitimidad (e ilegitimidad) de los asuntos que le importan y construir una hegemonía ideológica. Muy en el espíritu de los setenta, pretende que es posible abstraer la discusión nacional de lo que ocurre en otras latitudes o que la información que él produce y manipula es la única posible. El problema no es que pueda lograrlo, sino que tiene a su alcance (y emplea) instrumentos de coerción y extorsión que fácilmente pueden convertirse en frenos efectivos a la libertad de expresión.

La pregunta es si, más allá del interminable flujo de insultos y contra insultos que esto genera en las mañaneras y las redes sociales, todo esto hace alguna diferencia. La libertad de expresión es parte inherente a la cultura nacional, como ilustran Posadas y el Ahuizote en la era porfiriana: medios indirectos para esquivar la censura que ahora se pretende reinstalar a través de la intimidación y descalificación. Desde luego, hay naciones, especialmente China, que han logrado un enorme éxito económico sin contar con libertad de expresión, pero eso les fue posible, al menos en la era de Deng Xiaoping, con mecanismos que generaban certidumbre y confianza en el proceder gubernamental, como de alguna manera ocurría en el México post revolucionario.

Sin embargo, México no es China, ni comparte su historia y cultura. En ese contexto, sin libertad de expresión y sin fuentes de confianza, el país no puede prosperar. Tampoco es evidente que las tácticas de Xi Jinping de controlarlo todo, centralizar el poder y perpetuarse, vayan a lograr mejores resultados que los que tuvo Mao en su tiempo.

En un intercambio al inicio de la revolución rusa, Lenin preguntaba “¿Por qué habríamos de molestarnos en responderle a Kautsky?… El debería respondernos a nosotros y luego tendríamos que responderle a su respuesta. No habría fin a eso. Sería suficiente anunciar que Kautsky es un traidor a la clase obrera y todo mundo entendería de inmediato.” Esa es la manera del gobierno: intimidar. Quizá efectiva para el control, pero ciertamente no para el progreso.

*Dangerous Ideas

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Según un viejo proverbio chino, “cuando hay tormenta bajo los cielos, los problemas pequeños se convierten en problemas grandes y los problemas grandes no se pueden resolver. Cuando hay orden bajo los cielos, los problemas grandes se tornan pequeños y lo problemas pequeños no deben obsesionarnos.” A juzgar por el relato que hace John Rogin del gobierno de Trump, todo se hizo, conscientemente o no, para magnificar el conflicto y, por lo tanto, hacerlo inmanejable.

Caos bajo los cielos* es un libro fascinante que describe el devenir dentro del gobierno de Trump. Un gobierno caracterizado más por el caos que por la organización y claridad de propósito, la de Trump fue una administración que nunca aterrizó la retórica del presidente en políticas concretas o administró a las diversas facciones que se organizaron dentro de su gabinete para avanzar (o impedir) la consolidación de una agenda.

En la relación con China, el asunto central del libro, la única palabra que puede describir lo ahí ocurrido es caos, abriéndole la puerta al presidente chino para avanzar su propia agenda, él estando en pleno control de su gobierno. No por casualidad, Rogin comienza el libro con una cita de Mao que rima con el proverbio mencionado arriba: “hay un gran caos bajo los cielos… La situación es excelente.”

Aunque el libro se refiere a la estrategia -si a lo que ahí ocurrió se puede denominar de esa manera- del gobierno de Trump hacia China, hay un sinnúmero de comentarios y descripciones a lo largo del texto sobre los otros asuntos que motivaban al presidente y que lo convierten en una gran ventana hacia su forma de operar. Ahí aparece el TLC norteamericano, reuniones con diversos presidentes, el desprecio de Trump por la gente común y corriente (que fue su base política más sólida), la lógica de la intervención extranjera en política americana, el desdén por los integrantes de su gabinete y su manera tortuosa -instintiva y de botepronto- de decidir sobre asuntos tan complejos y delicados como la OMC, Taiwán, China, el TMEC, Corea del Norte, Covid, etcétera. Un desorden que uno no esperaría de una superpotencia con armas nucleares al alcance de su presidente.

Trump no esperaba ganar la elección de 2016. Su campaña fue instintiva, contraria a lo que los profesionales de estrategia electoral consideraban elemental, pero resultó exitosa porque empató con el sentir de un amplio segmento del electorado. Esa victoria lo envalentonó para proseguir con una agenda fundamentada esencialmente en sus percepciones y humores del momento. Como ilustra Bob Woodward en Furia,** en lugar de darle su lugar a los profesionales, despreciaba su función y los nombraba y removía constantemente, con frecuencia con la víscera por delante***

Así, un gobierno altamente institucionalizado acabó operando en dos planos: el de la intuición de botepronto del presidente y el de una burocracia profesional tratando de mantener una semblanza de orden. Entre ambos niveles, los funcionarios políticos (nombrados por Trump) se peleaban por controlar la agenda, mientras que unos acusaban a otros de estar dominados por el “pantano” o el “estado profundo,” que no es otra cosa que los profesionales dedicados a hacer lo que siempre hacen: preservar el statu quo, sea esa su intención o no.

La descripción que hace Rogin de las facciones que dominaron los distintos momentos de la administración es quizá lo más valioso del libro. Un grupo de amateurs en asuntos de gobierno en control de decisiones trascendentes y en conflicto permanente, unos por avanzar la agenda retórica de Trump (como Bannon), otros buscando “corregir” la agenda del presidente (como Bolton) y unos más intentando proteger el statu quo, sobre todo en materia económica y de comercio internacional (como Cohn, Mnuchin y Kushner). El yerno del presidente aparece como ajonjolí de todos los moles, tambaleándose entre sus intereses personales, proteger a su suegro de sus peores instintos, cuidar al mercado accionario y avanzar algunas agendas internacionales relevantes. Alrededor de todo esto, por los primeros años, los militares en posiciones estratégicas (como el jefe de la Casa Blanca, el secretario de defensa y el asesor en seguridad nacional), procurando mantener una semblanza de orden, como si fueran los adultos en el kínder.

La forma de funcionar de la administración de Trump fue mucho peor de lo que uno podía imaginar. Si bien algunos de sus objetivos eran meritorios -sobre todo romper con la inercia burocrática que supone que todo lo existente está bien y no amerita cambio alguno- la personalidad de Trump, su inexperiencia (y mala experiencia) no hicieron sino crear y magnificar un caos permanente que, sin embargo, creó nuevas realidades, como el conflicto con China, la modificación del TLC y la legitimidad de Kim Jong-un. En el camino, destruyó relaciones cruciales y profundizó el conflicto interno.

La mayoría de los gobiernos busca resolver o administrar los problemas y conflictos que se les presentan. Algunos intentan cambiar al mundo. La mayoría no hace más que librarla, a duras penas. Trump, y otros como el nuestro, acaban destruyendo más de lo que construyen, magnificando los problemas y haciéndolos irresolubles.

*Chaos Under Heaven: Trump, Xi and the Battle for the 21^st Century. **Rage. ***Hay una extraordinaria versión satirica sobre Trump: Make Russia Great Again, de Christopher Buckley

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La escasez de estadistas en el mundo, argumentó Napoleón, se debe a la complejidad inherente a la función: “para alcanzar el poder es necesario exhibir absoluta mezquindad, algo que cualquiera puede lograr; pero para ejercerlo es necesario mostrar verdadera grandeza y generosidad.” A casi tres años de haber asumido la presidencia, es evidente que Andrés Manuel López Obrador no entiende (o no acepta) la diferencia: se quedó en la parte de la mezquindad.

En lugar de gobernar, eso que el presidente considera “muy fácil,” se ha dedicado a dividir a los mexicanos, a la vez que avanza una agenda cuya esencia es la eliminación de todo lo existente de las pasadas cuatro décadas. Su actuar es perfectamente explicable, pues se trata de dos proyectos que son incompatibles y que chocan entre sí. El proyecto presidencial reprueba el desarrollo institucional que tuvo lugar en las pasadas décadas.

El presidente está abocado a la construcción de su visión sobre cómo debería funcionar el país. Se trata, en realidad, de la recreación de su memoria histórica: la presidencia de los años setenta, etapa de oro de la nación mexicana en la concepción de López Obrador. En aquella era la presidencia era, en esa visión caricaturesca, todopoderosa: el presidente podía imponer su voluntad, lo que garantizaba que el país funcionara, la economía creciera y hubiera orden. Quienes vivimos los setenta sabemos que la presidencia de aquellos momentos -Echeverría y López Portillo- fue una fuente de infinita frivolidad, la economía estaba desbocada (de hecho, ambos presidentes inauguraron la era de crisis que luego se tornaron casi cotidianas) y que fueron justamente ellos quienes iniciaron la era de desorden que luego resultó incontenible.

Un libro sobre el palacio de Versalles afirma que “Luis XIV construyó Versalles, Luis XV disfrutó Versalles y Luis XVI pagó por Versalles.” Algo así le pasó a México a mediados del siglo XX. El desarrollo estabilizador permitió que la economía creciera, los dos presidentes antes mencionados, conocidos como los de la docena trágica, disfrutaron lo que sus predecesores construyeron y los ochenta fue la década en que los mexicanos tuvieron que pagar por la lujuria y frivolidad (personal, política y económica) de aquellos personajes.

Los ochenta fueron un periodo de convulsión: crisis económica, casi hiperinflación, deuda exacerbada, enorme enojo, desconfianza y repetidos intentos por restablecer alguna semblanza de orden y estabilidad en todos los ámbitos de la vida nacional. Luego de varias tentativas fallidas por retornar a la era del desarrollo estabilizador se acabó por entender y reconocer que esa vía era imposible y que el mundo -y México- habían cambiado en el ínterin. Lo que siguió -la era de reformas tanto económicas como políticas- fue desigual y parcial, pero sin duda restableció alguna semblanza de orden en la economía y la política, aunque en el camino se perdiera el control territorial y del crimen organizado.

Clave en ese proceso fue la construcción de instituciones cuyo objetivo era conferirle certidumbre a la población (como el IFE, una nueva Suprema Corte, el INAI, la CNDH), a la economía (como la Comisión de Competencia) y a sectores específicos (como la CRE, la CNH, el IFT). Algunas de estas instituciones obtuvieron rango constitucional, otras autonomía, algunas resultaron más efectivas que otras, pero todas seguían una lógica común: conferir certeza y constituirse en contrapesos al ejecutivo todopoderoso de antaño. Se trataba (o se pretendía) irle dando forma a una economía moderna y a una sociedad democrática.

El proyecto de López Obrador es exactamente lo contrario: su objetivo es centralizar y concentrar el poder, imponer la visión presidencial y eliminar todo vestigio de independencia, democracia y competencia porque éstas son incompatibles con su modelo de país. En consecuencia, es perfectamente explicable que tenga que abolir, neutralizar o eliminar todas esas instituciones, muchas de las cuales, lamentablemente, probaron ser demasiado enclenques para contener el embate presidencial. En su acometida, López Obrador y Trump son muy similares, pero las instituciones estadounidenses, en contraste con las nuestras, probaron ser suficientemente fuertes para contener la embestida.

El problema para López Obrador, pero sobre todo para México, es que su modelo es incompatible con el mundo de hoy y con la realidad cotidiana de una población con aspiraciones y expectativas propias del siglo XXI. Mucha de esa gente votó por López Obrador por creer en él o por hastío respecto al pasado, pero lo que él impulsa no es solo una aventura reaccionaria sino una quimera y un capricho irrealizable. Esto, más que cualquier otra cosa explica la hecatombe electoral que sufrió el presidente.

“La esencia de la democracia,” escribió Deng Yuwen, editor de un periódico controlado por el partido comunista chino, “radica en restringir el poder gubernamental: esta es la razón más importante por la cual China requiere la democracia. La sobre concentración de poder gubernamental sin pesos y contrapesos es la causa última de tantos problemas sociales.” López Obrador comienza a vivir esos mismos retortijones.

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El arte de gobernar, dice David Konzevik, es el arte de manejar la brecha entre las expectativas que tiene la ciudadanía y las realidades mundanas. México es un ejemplo viviente tanto de la enorme brecha entre ambos factores como de la incapacidad de nuestros gobiernos por manejarla. La pregunta es por qué.

La reciente elección nos puede dar una pista de la problemática que enfrenta el país y que, por décadas, ha sido evadida por un gobierno tras otro. Independientemente del resultado electoral específico, hay dos patrones muy claros en el electorado mexicano: por un lado, un reconocimiento del enorme cambio para bien que experimentó el país a lo largo de las últimas décadas. No es necesario ver más allá del impresionante voto urbano, desde la ciudad de México hasta la frontera, para apreciar un país activo, demandante y “entrón,” decidido a otear un futuro promisorio. Por otro lado, es igualmente palpable el rezago que sigue caracterizando a México en buena parte del sur y otras demarcaciones.

En cierta forma, nada cambió desde 2018: el país sigue exhibiendo una enorme desigualdad, pero ahora exacerbada (en lugar de disminuida, una paradoja) por la naturaleza del presidente. Es decir, en vez de avanzar hacia los objetivos que él mismo enarboló en su campaña, el país se ha retraído y sus problemas se han acentuado.

Lo fácil sería atribuirle al presidente este resultado, pero eso implicaría ignorar que el problema yace en las estructuras que hacen posible que un presidente pueda cambiar tantas cosas sin el menor contrapeso. A algunos les gusta lo que ha hecho, otros lo reprueban, pero ambas posturas eluden el problema de fondo: México no necesita salvadores o Tlatoanis sino un sistema de gobierno que funcione, que resuelva problemas y construya condiciones propicias para su desarrollo, lo que implica lidiar con servicios básicos (como educación, salud y seguridad) y también con los mecanismos y estructuras que pudiesen hacer posible el desarrollo de largo plazo.

En el corazón de nuestra encrucijada se encuentra el contraste entre las reformas económicas y las políticas que hemos experimentado en las pasadas décadas. Mientras que las reformas económicas seguían un modelo muy bien articulado (eso independientemente de los errores y sesgos de implementación), las políticas fueron siempre reactivas y nunca hubo un sentido de dirección: más bien, se trataba de apaciguar a personas o intereses (comenzando por el hoy presidente) en lugar de construir un ensamblado amplio e incluyente que sumara a todas las fuerzas políticas. El resultado fue lo que hemos vivido: un gobierno disfuncional, distante de las necesidades de la población y un país dividido por los intereses que protegen al statu quo que impide el desarrollo de vastas regiones del país.

Una película sobre las negociaciones entre israelíes y palestinos en Oslo en los noventa muestra el contraste entre dos visiones, que permite apreciar la complejidad de nuestra situación. La primera negociación logró acuerdos sobre principios generales. No fue sencillo, pero lo que salió fue un esquema sobre el que se podía trabajar. Sin embargo, fue hasta que comenzaron a discutir los detalles -como la basura o los impuestos- que los negociadores se encontraron ante la complejidad de aterrizar los grandes principios en la funcionalidad de la gobernanza cotidiana. La verdadera negociación no inició sino hasta que se abocaron a lo que hace funcionar a un país. Ese proceso fracasó por diversas razones, pero el ejemplo me parece sumamente relevante para México.

Las reformas políticas mexicanas nunca llegaron a un punto como ese. Claro que se lograron arreglos institucionales en materia electoral o sobre la suprema corte; también se podrían agregar otros no menos trascendentes como el del Banco de México, quizá menos visibles, pero no menos trascendentes. Sin embargo, nunca se llegó a una negociación sobre los asuntos que realmente importan a la población o al desarrollo del país en su vida cotidiana.

Asuntos como: las relaciones entre los estados y gobernadores con el ejecutivo federal; los dineros federales y los estatales; la separación de soberanías entre estados y federación; un sistema de seguridad pública que no sea dependiente del ejército y que efectivamente confiera seguridad a la población; la justicia del fuero común; los partidos políticos: sus prerrogativas y relación con la ciudadanía; las facultades de los miembros del gabinete federal y la rendición de cuentas; la libertad de prensa; los medios de comunicación y la transparencia de su financiamiento. Sin acordar estos “detalles” es imposible resolver problemas “triviales” como la basura, la extorsión o la vida cotidiana.

La reforma electoral de 1996 resolvió un problema específico, pero a la vez creó uno mucho más grande: resolvió el acceso al poder, pero no la forma de gobernarnos. Todos los problemas que hoy enfrenta el país se derivan de ahí: desapareció el sistema que todo lo controlaba, pero no se creó uno nuevo que le respondiera a la ciudadanía. Se encumbraron poderes particulares por todas partes y se hizo posible el ascenso de una hiper presidencia sin control alguno. Ningún país puede progresar o prosperar en esas circunstancias. 

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Nadie puede confundir al gobierno de China con el de México. Independientemente de las enormes diferencias históricas y culturales, las dos naciones buscan transformarse, cada una a su estilo y forma. Cualquiera que acabe siendo el devenir del gigante asiático, el gran contraste entre los dos países es que el gobierno de aquella nación tiene monumentales ambiciones y claridad meridiana sobre como pretende alcanzarlas. Quienquiera que haya visto sus aeropuertos, carreteras, trenes y, sobre todo, los productos de cada vez mayor sofisticación que emanan de sus fábricas, no puede más que maravillarse de sus logros.

Y, sin embargo, escriben Rozzelle y Hell,* los éxitos de China en las últimas décadas obscurecen los enormes retos que enfrenta esa nación que, a pesar de ser la segunda economía del mundo, “todavía sigue siendo, en muchos sentidos, una nación pobre.” El énfasis de estos autores se encuentra no en la parte visible y exitosa de China, sino en su retaguardia, donde no existen las condiciones necesarias para que sea posible salir del atraso y la pobreza. En particular, los autores analizan la educación en las zonas rurales (donde viven cientos de millones de personas) y concluyen que la deseada transformación es imposible a partir de su realidad educativa actual.

El análisis que realizan estos autores parece un relato de la realidad mexicana: el éxito a la fecha se debe en buena medida a la disponibilidad de mano de obra barata con pocas habilidades, lo que ha permitido tasas sumamente elevadas de crecimiento por varias décadas. Sin embargo, sólo el 12.5% de los trabajadores cuenta con educación universitaria, la tasa más baja de cualquier nación del nivel de desarrollo de China. Aunque cuenta con una fuente en teoría inagotable de mano de obra barata, comienza a perder competitividad debido al constante aumento de los salarios de la base manufacturera. En contraste con Corea, Taiwán, Singapur y otras naciones que lograron una transformación cabal, China no ha invertido en educación y ahora está pagando las consecuencias.

El argumento central de estos autores es que la transición a una economía avanzada requiere de una población con altos niveles de educación, capaces de adaptarse a las cambiantes demandas del mercado laboral para elevar los niveles de productividad general de la economía. Los autores diferencian entre naciones que hacen esas inversiones en educación y los que no: los primeros logran evitar estancarse en el camino, la llamada “trampa del ingreso medio,” en tanto que los demás se atoran y resultan incapaces de sostener un nivel creciente de ingresos. México ejemplifica para los autores el ejemplo perfecto del segundo caso: países que apostaron por la mano de obra barata y acabaron estancados en el camino y sugieren que China, por también haber menospreciado a la educación, se encuentra en la misma situación.

Cada país tiene sus circunstancias y sigue la lógica que le imponen sus realidades. En el caso de México, un gobierno tras otro ha preferido utilizar a los sindicatos magisteriales para avanzar sus objetivos políticos antes que apostar al desarrollo del país. Para algunos gobiernos esos sindicatos son clave en el mantenimiento del control político sobre vastas regiones del país, para otros no son más que un instrumento electoral. Otros más apuestan a los sindicatos y sus líderes como retaguardia para el día en que se dé la “gran confrontación” entre las fuerzas del bien y del mal. Cualquiera que sea la lógica que anima a nuestros gobiernos (cada uno su racionalidad como sugieren estas descripciones), el hecho tangible es que ninguno ha comprendido el enorme reto que representa el cambio de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento y, por lo tanto, la apuesta por el statu quo educativo es una apuesta por la pobreza.

En la era industrial lo que agregaba valor era el proceso productivo mismo y las empresas se enfocaban a mejorar la tecnología de producción y a elevar la productividad en la propia planta de las fábricas, o sea, a mejorar el uso de las habilidades manuales de los trabajadores. En la era del conocimiento, la gran diferencia y el espacio en que se agrega el mayor valor, es en la parte creativa, que tiene que ver con el diseño de procesos, la elaboración de software, el empleo de la mente humana para imaginar nuevas tecnologías, todo lo cual requiere capacidad de manejo de las computadoras y lo que éstas permiten: un mundo radicalmente nuevo. La educación acaba siendo clave para incorporar a toda la población ante la oportunidad de hacerla en la vida del mundo digital.

China es una nación autoritaria que empleó todas sus capacidades para forzar un acelerado desarrollo a lo largo de las últimas cuatro décadas. Si estos autores tienen razón, su futuro será menos encomiable de lo que hoy parecería y, ciertamente, muy por debajo de sus ambiciones. El problema de México es que, para poder salir del hoyo en que nos encontramos, lo mínimo que se requiere es imaginar un futuro mejor, algo que le sobra a China pero para lo que nosotros parecemos negados, al menos con este gobierno.

*Invisible China: How the Urban-Rural Divide Threatens China’s Rise

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El presidente López Obrador llegó al poder con la idea clara de que había que echar para atrás las reformas que se aprobaron a partir del año 1983. En su entender, los problemas de México comenzaron con esas reformas, por lo que deben ser revertidas. Desde el inicio de su administración, el presidente ha neutralizado o desmantelado las instituciones que consideraba innecesarias o restrictivas de su actuar, ha ido concentrando poder y ha modificado el marco normativo para acomodarlo a sus prioridades. Esta manera de actuar -en algunos casos apegada a la legalidad, en otros no- ha creado un elevado grado de incertidumbre, quizá menos por lo específico de su actuar que por el hecho de poder modificar leyes, reglamentos, prácticas, contratos e instituciones sin que medie contrapeso real alguno.

La facilidad con que está desmantelando el entramado institucional revela la falta de arraigo de esas instituciones y la ausencia de credibilidad respecto a su importancia para la vida cotidiana. Pero, al mismo tiempo, exhibe la enorme debilidad del propio gobierno, porque ningún país resiste cambios tan súbitos, grandes y, en algunos casos, graves, como los experimentados por el nuestro. Si bien México está acostumbrado a los bandazos tradicionales entre administraciones, característicos de nuestro sistema político, la forma en que ha actuado el presidente, en la era en que el bienestar de prácticamente todos los mexicanos depende de las cadenas de suministro tan enraizadas que cruzan las tres naciones del subcontinente, se ha convertido en un factor de incertidumbre y, potencialmente, de inestabilidad. La tensión entre los objetivos del presidente y los requerimientos para el progreso es más que flagrante.

El presidente claramente quiere atraer la inversión privada, pero no está dispuesto a aceptar que, en el siglo XXI, la única posibilidad de lograrlo radica en crear condiciones propicias para que ésta fluya de su libre albedrío. Hace décadas que quedó atrás la posibilidad de forzar a la gente —humilde o encumbrada—a ahorrar o invertir sin su venia. La inversión va a fluir sólo en la medida en que desaparezca la incertidumbre que proviene del propio gobierno. Y las instituciones son clave para generar un entorno de certidumbre. Sin embargo, ésta no vendrá en la medida en que los términos que establezca el gobierno sigan siendo anacrónicos.

Tan importantes son las instituciones, que la expropiación de los bancos en 1982 constituyó una violación de un entendido entre los actores clave de la sociedad mexicana. La decisión de expropiar y, sobre todo, la forma en que se realizó para provocar confrontación y encono social, llevaron a años de incertidumbre, ausencia de ahorro e inversión y una situación económica por demás precaria. Tomó más de una década recomponer acuerdos políticos que permitieran restablecer la paz entre esos actores clave y fue el TLC —una institución que goza de apoyo trinacional— el elemento que institucionalizó aquellos acuerdos. Desde la perspectiva mexicana, la verdadera trascendencia del TLC fue que le amarraba las manos al gobierno mexicano, imponiéndole costos muy elevados a cualquier intento de abuso, imposición o expropiación.

El TLC se convirtió en la institución más importante que se construyó en el país. De la lógica de una economía abierta santificada en el TLC surgieron otras reformas en los años subsecuentes con entidades e instituciones regulatorias para hacerlas funcionar. Por más de veinte años, ese entramado permitió darle funcionalidad a diversos mercados y actividades. Hoy sabemos, en retrospectiva, que la vigencia y trascendencia de estas instituciones se debió no a la legitimidad de que gozaban, sino al respeto que sucesivos presidentes y administraciones les dispensaron. El costo de la remoción de esas instituciones acabará siendo mucho mayor del que nadie pudo imaginar. La cloaca que destapó el presidente no es nueva, pero es mucho más trascendente porque cancela el crecimiento futuro.

Más allá de la trascendencia de estas instituciones para el funcionamiento de la economía, hay un costo menos fácil de determinar en el corto plazo, pero trascendental en el largo: el menoscabo institucional también afecta a la ciudadanía que, ahora, conoce la capacidad demoledora del gobierno mexicano, el cual ha evidenciado vastos poderes sin restricción o contrapeso alguna.  La destrucción institucional que ha tenido lugar, que podría parecer peccata minuta, ha eliminado mecanismos que, por dos o tres décadas, sirvieron para consolidar confianza por parte de la sociedad y de inversionistas. Resultó ser un espejismo la idea de que México había cambiado y ahora se enfilaba a crecer y corregir eventualmente la inequidad. Claramente, el gobierno actual tiene otros planes, que no son compatibles con esa concepción.

La pregunta evidente para la ciudadanía es hasta dónde puede llegar el presidente: si de los organismos autónomos hoy sacrificados seguirán otros que tienen mayor arraigo, como las instituciones electorales, los medios de comunicación o el poder judicial. Una vez que comienza la destrucción impune de las instituciones, la pregunta clave es ¿qué sigue?

Fragmentos del nuevo libro intitulado La nueva disputa sobre el futuro: Ideas viejas para un México moderno, Editorial Grijalbo.

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