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Después de AMLO

Luis Rubio

¿Qué queda después de un presidente disruptivo cuyo objetivo -de facto- ha sido desmantelar más que cambiar o construir? Esa es la pregunta que los mexicanos deberíamos contemplar en la medida en que inicia el tercio final del sexenio.

Las noticias de cada día no engañan: violencia, inflación, desempleo, inconstitucionalidad, avisperos, robos, muertos, extorsión, secuestrados, burlas, ataques y contraataques y toda una cauda de imposiciones, como las relacionadas al nuevo aeropuerto de la CDMX. Signos todos del deterioro que experimenta el país. En lugar de crecimiento, oportunidades posibilidades y una perspectiva susceptible de transformar al país hacia un futuro promisorio, la realidad comienza a alcanzar al país y a su gobierno.

Cierto, nada de eso ha mellado la popularidad del presidente. También, Morena gobierna dos terceras partes de los estados del país, ambos signos de un presidente que mantiene la atención y cercanía de un gran número de ciudadanos. Las mismas encuestas muestran un gobierno altamente impopular, reprobado en prácticamente todos los indicadores. La paradoja ha sido analizada múltiples veces desde muchas perspectivas y sólo el tiempo, o las elecciones por venir, arrojarán un veredicto.

Respecto a las gubernaturas ganadas por el partido en el gobierno, las encuestas muestran una oposición que confunde en lugar de inspirar certezas hacia el futuro, y una inalterada propensión del electorado por rechazar a quien está en el gobierno, independientemente de su marca. Es decir, Morena se está beneficiando de ser el partido nuevo en el panorama, lo que implica que, de persistir el sentimiento anti statu quo, sus candidatos podrían ser rechazados en la siguiente vuelta. En una palabra, la política mexicana es altamente volátil y nadie tiene garantizado el futuro.

No tengo duda alguna que, si la elección presidencial tuviera lugar el día de hoy, el presidente podría nombrar a su candidato favorito y ganar la elección, pero faltan 20 meses para la próxima elección y ese es un mundo de tiempo en política. A estas alturas del sexenio, lo que queda es cosechar lo sembrado en los pasados cuatro años y en eso el gobierno no tiene mucho que ofrecer más allá de transferencias a sus clientelas y un enorme encono en la sociedad mexicana. Igual habrá de pagar por lo que se no sembró y que, por tanto, no arrojará saldos favorables. La cosecha inevitablemente será magra en el mejor de los casos.

El asunto de las transferencias clientelares es más trascendente de lo aparente porque ha implicado una extraordinaria distorsión en las cuentas públicas y un enorme incentivo a no trabajar para quienes son beneficiarios. El presidente ha hecho todo lo imaginable para mover fondos presupuestales hacia sus clientelas favoritas, arrojando enormes déficits en los servicios públicos más elementales y creando vulnerabilidades para emergencias al vaciar los fideicomisos respectivos. Quien llegue al gobierno en 2024 se va a encontrar con un enorme problema financiero y ante severos dilemas que lo harán altamente impopular.

Hasta ahora, el gobierno ha gozado de un entorno interno y externo que, con todo y pandemia, le ha sido benigno. La población ha resistido una severa recesión, las tasas de interés se habían mantenido muy bajas y el mercado para nuestras exportaciones ha crecido mucho más rápido de lo que se anticipaba. Todo eso -sumado a las remesas, transferencias y habilidad narrativa del presidente- ha permitido que la política goce de estabilidad, favoreciendo al partido en el gobierno. Ahora comienza la etapa complicada, en el momento de declive natural del gobierno.

El presidente inició su gobierno ofreciendo un cambio de rumbo hacia menores niveles de pobreza, fin de la violencia, menor desigualdad, mayor crecimiento y menor corrupción. En todos estos campos el avance ha sido notable por su retroceso. Se puede culpar a la pandemia de algunas cosas, pero no de todas, ciertamente no de las trascendentes. La población sigue asediada por la criminalidad, la corrupción está en su apogeo y la economía es más dependiente de las exportaciones que nunca antes.

El saldo no es encomiable y todavía faltan dos largos años en un entorno internacional que podría ser extraordinariamente inhóspito y para el cual ya no hay barandales de protección. Los mecanismos y fideicomisos que existían para momentos de dificultades fueron extinguidos. Lo que queda es endeble y sujeto a una marea que podría no mantenerse tranquila.

Lo peor de todo es que el presidente prosigue en el curso que se trazó desde el inicio y no parece dispuesto a virar ni un milímetro, independientemente de las circunstancias. Los altos índices de popularidad lo animan a proseguir sin rectificar, pero esa no es un ancla fiable. Por elevada que sea, la popularidad es un indicador volátil, como ha mostrado la historia tantas veces en el pasado.

Vienen dos años de creciente incertidumbre que, en el mejor de los escenarios, dejarán un entablado frágil y endeble al próximo gobierno. Como dice el dicho, el presidente ha sembrado vientos y cosechará tempestades. Lo que resta es observar la forma que cobre ese clima tan volátil que solía acompañar al fin de los sexenios, pero que parecía rebasado. Hasta ahora.

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 REFORMA
09 Octubre 2022

 

Estadista o profeta

Luis Rubio

 Según el Eclesiastés, hay “un tiempo para destruir y un tiempo para edificar… tiempo para rasgar y tiempo para coser… tiempo de guerra y tiempo de paz.” La pregunta pertinente para México es cuáles de estos modos de proceder han caracterizado al presidente. Teniendo alternativas, ha hecho más por destruir, desunir y agredir que por edificar, coser y pacificar. Nada indica que vaya a alterar su naturaleza de aquí al fin del sexenio. ¿Estadista o profeta?

Los estadistas, dice Kissinger, comprenden que tienen que desarrollar un par de tareas esenciales: preservar la integridad de su sociedad, impulsando el cambio y el progreso, preservando la esencia; y atenuar las actitudes visionarias con cautela. Los estadistas tienden a ser conscientes de las muchas esperanzas que han fallado, las buenas intenciones que no se lograron y la terca persistencia en los asuntos humanos del egoísmo, el hambre de poder y la violencia. Por su parte, los profetas parten de imperativos: “los líderes proféticos invocan sus visiones trascendentes como prueba de su rectitud.”  Creyentes en el destino, “los líderes proféticos tienden a desconfiar del gradualismo como una concesión innecesaria al tiempo y la circunstancia; su objetivo es trascender, no administrar el statu quo.” Entre los primeros, dice Kissinger, están Ataturk, Roosevelt y Nehru; típicos de los segundos son Robespierre, Lenin y Gandhi.

¿Dónde queda México al final del sexenio? Seis años de golpeteo sistemático, destrucción irredenta y polarización como estrategia dejarán un país dividido, en pugna permanente y sin una senda natural a seguir. Peor, la situación fiscal en que el gobierno saliente dejará al país obligará al sucesor o sucesora a enfrentar una realidad inexorable: el erario habrá sido vaciado, quizá no por funcionarios corruptos (aunque también hay muchos de esos), sino por una sistemática desviación de fondos de las funciones elementales del gobierno (como salud, educación y seguridad) hacia proyectos faraónicos y, sobre todo, a las clientelas favoritas del presidente. Un erario vacío y sin futuro obligará a revisar todo, comenzando por los dogmas destructivos que fueron la esencia del gobierno actual.

Seis años de un profeta seguro de su rectitud, pero sin la menor preocupación por los problemas cotidianos que aquejan a la ciudadanía (como empleo, seguridad e ingresos) habrán dejado al país al borde de la quiebra y con pocas opciones para salir adelante. Aunque su popularidad haya podido ser elevada, ésta ha sido un reflejo de la naturaleza de la persona y del éxito mediático-narrativo de su estrategia, más no de un gobierno capaz y exitoso en atender las necesidades inmediatas del país o a construir las estructuras e instituciones que permitirían un desarrollo de largo plazo. El profeta incapaz de entender la circunstancia del país, del mundo o de la población.

Justo cuando México demandaba la presencia de un estadista con visión clara del futuro, pero con una cimbra sólida en la realidad del país y del mundo del momento, AMLO llegó con un amplio sustento popular, pero sin comprensión (o interés por) las circunstancias del momento. Convencido de la probidad de su visión, el presidente ignoró la lógica -correcta o incorrecta, pero no deshonesta- que había animado a sus predecesores, para arrasar con todo lo existente. En lugar del pretendido “nuevo” régimen, deja una nación ayuna de oportunidades y sumida en contradicciones.

Vendrá un nuevo gobierno que no tendrá mayor alternativa que comenzar a arar de cero. A unos les preocupa que persista un gobierno de Morena, a otros les asusta que venga alguien distinto, de un partido o alianza hoy en la oposición. La verdad es que, venga quien venga, los problemas que enfrentará el nuevo presidente, hombre o mujer, serán enormes. Luego de décadas de construir estructuras fiscales diseñadas para conferirle estabilidad a la economía, el presidente ha apostado a que las cosas salgan bien por sí mismas. ¿Para qué ahorrar en años de vacas gordas si, con suerte, nunca habrá años de vacas flacas? Vació los fondos y fideicomisos, aniquiló instituciones, violó toda clase de preceptos legales y regulatorios para afianzar su popularidad. La marca de un profeta, nunca un estadista.

El liderazgo, para ser sostenido y efectivo, tiene que ser más grande que la ambición personal. Los retos que enfrentan México y los mexicanos son inconmensurables y no mejoran financiando déficits de empresas como Pemex o CFE, que no son más que entelequias, ni mucho menos se resuelven con transferencias a una población desesperada y resentida que requiere instrumentos para transformarse y salir adelante, así como oportunidades para crecer y ser parte del desarrollo. Estos seis años van a haber sido un gran desperdicio no sólo por la destrucción de posibilidades, sino sobre todo por la creación de mitos que harán tanto más difícil la labor de quien venga en 2024.

Herbert Stein, un famoso economista, acuñó una ley que lleva su nombre y que describe hacia donde vamos: “si algo no puede seguir para siempre, va a parar.” El mundo de fantasía que imaginó el presidente y al que dedicó ingentes recursos, no es sostenible, por lo que no puede seguir. No importa quien venga, la tarea comenzará por picar piedra.

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 REFORMA

 

Gran rezago

Luis Rubio

En su novela 2034, Ackerman y Stavridis extrapolan las tendencias actualmente prevalecientes en materia cibernética una década adelante para describir un mundo de extraordinaria complejidad donde las computadoras dejan de ser un instrumento para el procesamiento de información y facilitar la vida cotidiana de empresas y personas, para convertirse en factores dominantes de la vida cotidiana en todos los ámbitos. Aunque la novela se aboca a lo militar, el mensaje es nítido: los otrora instrumentos se transforman en factores ubicuos de la vida cotidiana, en todos sus aspectos y nadie se puede abstraer de ello. En ese mundo, sólo quien cuenta con la capacidad para emplear las computadoras, programarlas y usarlas de manera diestra puede vivir y ser exitoso.

No es necesario leer novelas de ficción para observar la manera en que avanza el mundo y lo que eso va a implicar para los habitantes del planeta. Dos cosas ocurren en la medida en que cada vez más aspectos y actividades de la vida se incorporan en el mundo de la cibernética: por un lado, se acentúa el hecho que lo que agrega valor en las cadenas productivas es la creatividad humana y la capacidad de las personas para participar en esa parte de la vida. Por otro lado, quien no tiene capacidad o posibilidad de acceder a esa parte de las cadenas queda impedido de avanzar económicamente. En una palabra, si la desigualdad que hoy se vive en México y, en general, en el mundo, es ya de por sí extrema, lo que viene va a ser mil veces peor.

Cualquier gobierno y país con el mínimo de sentido común y claridad de visión debería estar preguntándose cómo enfrentar el desafío y qué debe hacerse para sesgar su probabilidad de éxito. El factor clave que caracteriza al mundo del conocimiento, del cual la cibernética es un componente medular, es que el éxito de las personas radica en su capacidad para agregar valor y éste ya no tiene nada que ver con las líneas tradicionales de producción en una fábrica, sino con la capacidad creativa de las personas. Esta no es una afirmación ideológica como pretende la nueva política educativa del gobierno.

Ese mundo requiere habilidades que sólo se desarrollan a través de una educación que privilegia las matemáticas, la ciencia y el lenguaje y que premia al mérito como medio para lograr una población con todas las capacidades que demanda la nueva realidad a la que la humanidad se acerca minuto a minuto. No es casualidad que las naciones -esencialmente asiáticas, pero también algunas europeas- que priorizan la educación son quienes van a la vanguardia del mundo de la cibernética. La gran pregunta es dónde está México en esa carrera y si será posible ser parte exitosa del mundo que comienza a conformarse.

La educación se ha convertido en palanca transformadora en todo el ámbito asiático porque, al conferir habilidades en los educandos, contribuye decisivamente a romper con las fuentes de desigualdad de origen que hoy plagan a nuestro país. En México, dado el sistema educativo existente -el anterior y el nuevo- y su misión central de preservar el statu quo, es decir, evitar que de ahí surjan personas con capacidades para ser exitosas en la vida, queda garantizada la desigualdad a la vez que se impide el desarrollo cabal del país.

La desigualdad no es privativa de México; lo que es impactante de México es la desidia con que se ignora la importancia de la educación, y más en la era de la información y del conocimiento. En contraste con esas naciones asiáticas, nuestro sistema educativo está diseñado para impedir el progreso de las personas tanto por la forma en que se educa como por la ausencia de comprensión de la forma en que la economía del mundo ha venido evolucionando. En los países exitosos, un niño que no viene de casas que de entrada le otorgan ventajas por el sólo hecho de contar con ambientes e implementos de la modernidad, encuentra en la educación un medio para alcanzar logros iguales a esos niños privilegiados. Un sistema educativo orientado hacia la transformación rompe la desigualdad, promueve la movilidad social y eleva la productividad con sus consecuentes beneficios en términos de consumo, bienestar y crecimiento económico. Nadie puede decir que eso ocurre en México.

En los últimos veinte años hubo al menos dos intentos serios por transformar a la educación del país (2007 y 2017), ambos fallidos por el poderío del sindicato magisterial y la preferencia de gobiernos tanto del PAN como del PRI por las ventajas electorales que ese sindicato les aportaba. El resultado es una economía improductiva que se remite a tiempo antes de que viniera el gobierno actual. Destructivo, el gobierno no sólo conscientemente ignora la evolución del mundo, sino que considera que convertir a la educación en fuente de adoctrinamiento le permitirá regresar a un pasado idílico y reducir la desigualdad.

Hace casi 250 años, en otra era del mundo, Benjamín Franklin afirmó que “una inversión en conocimiento paga los mayores dividendos.” Su clarividencia es asombrosa, pero el mensaje es trascendente. Sólo un proyecto político que privilegia el control y la subordinación de la población podría ignorarlo ahora que la evidencia de su importancia es inexorable.

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(In)seguridad

Luis Rubio

El desafío decisivo para las grandes potencias, dice el historiador John Lewis Gaddis, es perfeccionar la “alineación de aspiraciones potencialmente infinitas con capacidades necesariamente limitadas.” Todos los gobiernos del mundo enfrentan complejos desafíos en materia de seguridad. Lamentablemente, en México ni siquiera estamos en la fase de “alinear aspiraciones con capacidades” como sugiere Gaddis. En México la seguridad no es una prioridad ni ha existido la menor intención de construir un sistema de justicia idóneo y compatible con las circunstancias y necesidades del país.

El meollo de películas y series televisivas como Presunto culpable y, más recientemente, El caso Cassez-Vallarta, constituye una verdadera y documentada inculpación de todo el aparato de seguridad y justicia del país. Lo que ahí se describe es un sistema de procuración de justicia politizado y sin estructuras idóneas para su (supuesta) misión: se acusa pero no se investiga; se violan los derechos de la víctimas y de los victimarios; se usan métodos ilegales e incivilizados, como la tortura, para extraer confesiones; y los jueces tienden a seguir la orientación de los ministerios públicos (que no investigan). A nadie le importan las víctimas, en tanto que los inculpados, sean culpables o no, pueden pasar décadas sin ser sentenciados o puestos en libertad. En una palabra, la justicia es absolutamente inexistente.

Lo mismo ocurre en materia de seguridad: las policías, con mínimas excepciones, no son profesionales ni han sido formadas para velar por la seguridad de la población. Mucho más importante, la visión que ha imperado es heredera directa del viejo sistema político autoritario del siglo XX y que nunca se reformó. En lugar de reformar (o, realmente, crear) un sistema de seguridad, se recurrió al único activo en manos del Estado mexicano, el ejército, para tapar el sol con un dedo, eso desde hace más de medio siglo.

El punto es muy simple: el sistema político se fue institucionalizando a lo largo del siglo XX, pero nunca desarrolló pesos y contrapesos o instituciones calificadas para hacer posible una gobernanza eficaz. No se hizo por dos razones: la más obvia, porque el verdadero objetivo era el control centralizado del poder desde la presidencia. En el asunto de seguridad y justicia, lo que mantenía al país en relativa calma era el enorme poder del gobierno federal y sus tentáculos a través del PRI y de fuerzas de control como la Dirección Federal de Seguridad, cuyo objetivo era mantener el control, no el desarrollo de una sociedad estable, segura y próspera.

El país fue creciendo, la sociedad se fue diversificando, la economía se liberalizaba y el sistema político se democratizaba, pero la seguridad y la justicia quedaron rezagadas, junto con (casi) todo el aparato del Estado. A partir de los noventa, hubo algunos proyectos de reforma del aparato de seguridad, pero nunca llegaron a cuajar, en parte porque no eran prioridad y, quizá más al punto, porque la competencia política y, eventualmente, la alternancia de partidos en la presidencia, impidió que los círculos políticos comprendieran el contexto cambiante en que evolucionaba la problemática de seguridad. Aunque se multiplicaban los secuestros y crecía la criminalidad, la prioridad de la sociedad mexicana -y, ciertamente, de sus gobernantes- estaba en otro lado.

Por su parte, el crimen organizado experimentaba una profunda mutación luego de que el gobierno colombiano tomara creciente control de su territorio y de sus mafias, lo que mexicanizó al negocio de las drogas, incrementando su capacidad delictiva y de violencia dentro del país. El otrora todopoderoso gobierno federal súbitamente se encontró con un poder creciente sin contar con los medios y la capacidad (o disposición) para contrarrestarlo.

En lugar de construir capacidad policiaca y judicial tanto a nivel federal como local, la política mexicana viró hacia escenarios idílicos de competencia democrática, descentralización del poder y del presupuesto, abriéndole la puerta a las organizaciones criminales sin un plan para confrontarlas. Vista en retrospectiva, la respuesta del presidente Calderón fue inadecuada, pero no por eso falta de mérito por el hecho mismo de reconocer la existencia de una amenaza existencial para el Estado mexicano. Eso fue en 2006 y nada se ha hecho desde entonces.

Las películas antes mencionadas muestran todos los vicios de nuestra realidad judicial y de seguridad. La naturaleza de las policías y ministerios públicos garantizan que los criminales queden libres, como pudo ocurrir con el caso Cassez, porque se violan todos los procedimientos establecidos en la ley, pero que nadie respeta. El llamado debido proceso, la esencia de la legalidad y del Estado de derecho, es crucial en cualquier país, pero en México es la principal arma en manos de quienes delinquen. Las víctimas de la extorsión, secuestros y homicidios tienen razón: a nadie le importan. Como dice una de las entrevistadas en el video, en México hasta la injusticia es pareja.

El presidente López Obrador tenía todo para modificar esta realidad, pero nunca tuvo esa inclinación. Ahora es imperativo que la sociedad le exija a quien pretenda gobernar en 2024 que proponga una estrategia seria y responsable al respecto.

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  REFORMA

 18 Sep. 2022 

Extremismos

 Luis Rubio

“Los grandes casos [frente a la Suprema Corte], como los casos difíciles, hacen mala ley. Porque los grandes casos se llaman grandes, no por su importancia en la formación de la ley del futuro, sino por algún accidente de interés abrumador inmediato que apela a los sentimientos y distorsiona el juicio.” Oliver Wendell Holmes* caracterizó así los asuntos que, por su alta explosividad política, acaban arrojando resultados de dudosa relevancia práctica, cuando no contraproducentes. Cuando los asuntos se convierten en pruebas de lealtad y de definición identitaria, los productos acaban siendo inevitablemente extremos, con poca probabilidad de contribuir a resolver la problemática que se pretende atender.

Esta semana vivimos dos asuntos candentes que ponen en entredicho la estabilidad y la sanidad colectiva en materia de seguridad, uno de los asuntos más trascendentes para la vida pública. Tanto la prisión preventiva oficiosa como el papel de la guardia nacional son elementos cruciales para la seguridad de la población. En ambos casos, las posturas de políticos, estudiosos, comentaristas y a cargo de los asuntos se polarizaron a tal extremo que resultó imposible desarrollar un debate responsable dentro o fuera del ámbito legislativo y de la propia Suprema Corte.

La noción misma de prisión preventiva oficiosa es despreciable porque derrota cualquier concepción básica de justicia. Una persona que es enviada a la cárcel por la mera presunción de un delito y sin la intervención de un juez es algo inaceptable en cualquier sociedad civilizada. Al mismo tiempo, es imposible, y a toda luz absurdo, ignorar el contexto en el que esa figura existe. En un país en que se cometen cientos de miles de homicidios, robos, secuestros y extorsiones cada año, delitos que quedan casi siempre impunes, es obvio que estamos lejos de vivir en un marco de civilización en el que se respetan las reglas del juego en las instituciones estatales y entre éstas y los particulares.

La prisión preventiva oficiosa se concibió para delitos violentos que ameritaban un trato especial para evitar la evasión de la justicia, como podrían ser el narcotráfico, homicidios y similares. El problema fue que se extendió esa figura a una lista interminable de potenciales delitos, con lo que dejó de ser un mecanismo para casos de alta gravedad por la violencia que entrañaban, para convertirse en un instrumento de virtual extorsión por parte de autoridades fiscales, administrativas y políticas. Pasamos de un mecanismo de uso limitado a un instrumento de abuso sin límite. Paradójicamente, eliminar de tajo el mecanismo podría implicar mayor impunidad porque ahora serán los jueces quienes tendrían que dictaminar la llamada prisión preventiva justificada, lo que los expondría a represalias e infinita corrupción. Un juez podría verse forzado a abdicar su responsabilidad para proteger a su familia o aceptar un pago a cambio de no dictar la prisión preventiva. En situación similar, Colombia recurrió a los llamados “jueces sin rostro” para evitar personalizar estas decisiones, lo que nunca funcionó.

El contexto importa porque no vivimos en Dinamarca, ni contamos con la estrategia implícita de seguridad de esa nación, sus policías, funcionarios judiciales o instituciones. Hay que estar ciego para pretender que lo que funciona allá es aplicable a la realidad mexicana sin más.

La guardia nacional, formalmente dentro o fuera del ejército, es sólo un componente, no el mayor, de lo que debería ser una estrategia de seguridad. Los militares -con mucho la mayoría de los integrantes del contingente que integra la guardia nacional- no están preparados para ser policías, no es su función, ni es solución al problema de inseguridad y violencia que afecta al país. Aunque su inclusión formal en la Secretaría de Defensa ha desatado enormes pasiones -y sensatos argumentos jurídicos- el “debate” adolece del componente nodal: la seguridad comienza desde abajo; no puede ser impuesta desde arriba por mandato presidencial, vicio que se acumula desde 2007.

La característica central de todos los países en que su población goza de plena seguridad es que las autoridades locales son las responsables de mantener el orden y preservar la paz. Es el policía de esquina de quien depende la seguridad de la población y de las autoridades del fuero común -las locales- que funcione el sistema de procuración de justicia. En México pasamos de un sistema autoritario con fuerte control central a un inmenso desorden en el que la mayoría de las autoridades estatales y municipales no se responsabiliza de nada.

En este contexto, la función de la guardia nacional debería consistir en crear condiciones de paz y estabilidad para que se desarrollen sistemas policiacos y judiciales efectivos a nivel local, proceso que llevaría años, no unos cuantos meses. Como está en la actualidad, la GN sirve para estabilizar temporalmente una localidad, estabilidad que desaparece tan pronto se muda a otro lugar del país.

Dice de la Boétie** que “los tiranos, para fortalecer su poder, se han esforzado en instruir a su pueblo no sólo en la obediencia y el servilismo hacia sí mismos, sino también en la adoración.” Mientras eso no cambie, el resto seguirá igual.

 

*Northern Securities Co. v. United States, 193 U.S. 197, 400-401 (1904). **The Politics of Obedience

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/extremismos-2022-09-11/op233740?pc=102

Divergencias

 Luis Rubio
En solidaridad con José Sarukhán

 Absurdos los hay por todas partes. Algunos abrevan de sus preferencias más que de la realidad. Así le pasaba a Kafka en Zürau, el sanatorio en que escribía sobre los ratones que pululaban en su entorno. Especulaba sobre la urgencia de atraer a un gato que lo liberaba de los ratones, pero eso creaba una nueva circunstancia: ¿quién lo libraría de los gatos? Los absurdos de Kafka son indistinguibles de los de la 4T y, sobre todo, de sus acólitos.

A los mexicanos nos gustaría vivir en el mundo perfecto, pero nadie parece dispuesto a construirlo, porque eso implicaría abandonar no sólo prebendas, sino sobre todo visiones, cuando no entelequias, de quienes hoy son la esencia del statu quo. Las narrativas cotidianas obscurecen lo obvio: la narrativa -y las preferencias, sobre todo ideológicas- sobresalen por encima de la realidad tangible y no sólo la del mexicano de a pie. El presente se percibe, por tirios y troyanos, insostenible. De ahí que sea indispensable entender dónde estamos para saber no qué es deseable, sino qué es posible.

En la ficción mañanera, los cambios emprendidos a partir de 1982 fueron producto de un celo ideológico que alteró -si no es que destruyó- el curso de la patria. Todo marchaba bien hasta que llegaron los pérfidos neoliberales al poder. La (casi) hiperinflación, la destrucción de familias y patrimonios nunca aparece en la narrativa de la 4T.

Al inicio de los setenta, el país experimentó un cambio radical en el manejo de la economía. Por dos décadas, el país había vivido un círculo virtuoso de crecimiento económico bajo férreo control político. Pero ambos habían comenzado a hacer agua. Las exportaciones de granos, clave para el financiamiento de las importaciones de insumos industriales, habían comenzado a declinar desde mediados de los sesenta. Por su parte, el movimiento estudiantil de 1968 había evidenciado los límites del autoritarismo priista.

La solución avanzada por dos héroes que animan al presidente -Echeverría y López Portillo- fue mágica: el gasto público para satisfacer a todos. El gobierno puede financiar a pobres y ricos, apoyadores y disidentes. Subsidios por doquier. Excepto que la solución no fue tal: el gobierno acabó prácticamente quebrado en 1982 y todo vestigio de civilidad y confianza había sido destruido. Aquellos presidentes fueron incapaces de comprender las fuerzas a las que estaba sujeta la economía mexicana y, en un sentido más amplio, el país en su integridad.

El mundo cambiaba de manera acelerada, pero México se enquistaba en su refugio natural. Mejor esconder la cabeza como avestruz que encarar las circunstancias que determinaban el devenir del país. Como hoy.

El proyecto de la llamada 4T está sustentado en una falacia: la noción de que los tecnócratas, los peyorativamente denominados “neoliberales,” llevaron a cabo una serie de reformas a la economía del país porque eso les dictaba su ideología o por mera corrupción. La realidad es mucho más simple: el país iba a la deriva, el gobierno estaba quebrado y la única forma de recobrar la capacidad -o posibilidad- de crecimiento económico era modificando las estructuras económicas del país.

Mientras México vivía la lujuria petrolera de los setenta -la era del hoy presidente como líder del PRI en Tabasco- el mundo se transformaba. En lugar de economías cerradas y protegidas, el planeta, en términos industriales, se globalizaba, las comunicaciones se revolucionaban y las expectativas explotaban. Poco a poco, el valor agregado se movió hacia los procesos de alto contenido intelectual -software, marcas, innovación, servicios, creatividad, distribución- por encima del trabajo manual.

Aquellos funcionarios, hoy denostados, se abocaron a transformar los fundamentos del desarrollo del país -comunicaciones, infraestructura, energía, educación, salud- a fin de afianzar una plataforma sustentable para el futuro. Evidentemente hubo errores, corruptelas y abusos, pero el objetivo era claro: acercar a México a las oportunidades de desarrollo que eran posibles, y asibles, además de inevitables, en el siglo XXI.

Al final de cuatro años de 4T nos encontramos ante el dilema de siempre: cómo lograr el desarrollo. Excepto que hoy en condiciones subóptimas para alcanzarlo. La destrucción de instituciones que ha promovido el presidente tiene consecuencias. Lo mismo es cierto de la dislocación que ha sufrido el presupuesto público: hoy todo está dirigido a promover la popularidad presidencial y nada al desarrollo del país. El próximo presidente se encontrará ante un panorama aciago, con pocas oportunidades para corregir el rumbo.

Los acólitos de la 4T juran y perjuran -e injurian- pero no tienen argumentos para contrarrestar la devastación que está ocurriendo. Hoy reina el miedo, la incertidumbre y la alienación. La popularidad, producto de una narrativa ficciosa, apunta en una dirección, pero la realidad cotidiana va en sentido contrario. Tarde o temprano la convergencia será inevitable e inexorablemente hacia abajo.

Nada está escrito sobre el 2024, excepto la quiebra fiscal, moral y política que ha enarbolado el gobierno actual. La pregunta ahora es qué o quién ofrece una salida compatible con la realidad del mundo, no con las fantasías que promueve el gobierno.

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Gobierno y dispendio 2018-2022

NEXOS > 2022 SEPTIEMBRE, AGENDA
Luis Rubio
septiembre 1, 2022

La característica más patente del subdesarrollo es la ubicuidad del binomio escasez-dispendio. Pocos gobiernos ejemplifican mejor la existencia de este binomio como el de México. Lo que distingue al actual sexenio de todos los que me ha tocado observar es la ausencia de un proyecto para el desarrollo del país. Algunos gobiernos han tenido proyectos demasiado ambiciosos, otros meramente ideológicos; algunos faltos de ambición, otros eran irreales o inviables. Pero ninguno carecía de un esquema orientado a lograr mayor prosperidad y mejores niveles de vida. El gobierno actual ha logrado no sólo el empobrecimiento de cada vez más mexicanos, sino el despilfarro de recursos y la ausencia de oportunidades de progreso. Han convivido en él la escasez y el dispendio, inexorable prueba de retroceso.

 

Para el presidente López Obrador el desarrollo se logra casi por ósmosis: el gobierno concentra todo el poder y el resto ocurre de manera automática. En lugar de estrategias, inversiones o legislación, lo que hay es una manipulación narrativa dedicada a nutrir una base electoral, junto con tres proyectos de inversión que no sólo no son ambiciosos, sino que no tienen sentido estratégico alguno ni para el país ni para las regiones donde se instalan. Estamos frente a un proyecto político de poder, no de desarrollo.

La pandemia inexorablemente afectó tanto a la actividad económica como a la función gubernamental. Pero no cambió las prioridades de inversión del gobierno, todas ellas concebidas antes, sin mayor debate. El gasto ejercido hasta ahora ha sido posible por las dos décadas previas de construcción institucional, que dieron por resultado una estructura financiera estable, un perfil de deuda muy cómodo para el erario, fondos y fideicomisos para casos de emergencia, como recesiones económicas o desastres naturales. Sin eso, el gobierno actual jamás habría podido desviar hacia sus clientelas favoritas recursos que se dedicaban antes a promover la inversión en infraestructura, generación de electricidad, etcétera. El presidente habla de austeridad, pero la austeridad no existe: los recursos se siguen gastando, pero ahora con un criterio de rentabilidad electoral y política, no de desarrollo económico.

Los hechos no son favorables al presidente y su proyecto. Los números muestran una enorme desmesura en las políticas emprendidas tanto por su costo intrínseco como por lo que los economistas denominan “costo de oportunidad”, es decir: la inversión que no se realizó por haber privilegiado otras prioridades.

El gobierno actual diseñó cuatro proyectos emblemáticos. Su costo debe medirse de tres maneras. En primer término, por la inversión misma: ¿es adecuada?, ¿contribuye al desarrollo del país o a resolver problemas fundamentales, así sea en el largo plazo? En segundo lugar, ¿qué otras opciones existían?, ¿los proyectos emprendidos fueron los mejores o se pudieron haber empleado esos mismos recursos de una mejor manera? Finalmente, pero igual de importante, ¿qué consecuencias tuvieron las inversiones elegidas?, ¿cuál fue su rendimiento?

La primera pregunta que se hace cualquier funcionario que se respete es si la inversión que piensa hacer es la mejor posible, ¿cuál es su costo y cuál su beneficio esperado? ¿Hay mejores opciones? Si las hay, ¿cuánto cuestan? El punto es determinar la mejor probabilidad de avance en el bienestar de la población, cosa que no puede ocurrir cuando el análisis del costo de oportunidad no existe o la decisión se reduce a un dogma o a una convicción que no parte de la realidad.

 

Ilustración: Víctor Solís

 

El aeropuerto

No hay mejor ejemplo de dispendio que el famoso aeropuerto Felipe Ángeles con sus tres costos: el de construirlo, el de destruir el NAICM —que llevaba cerca de 40 % de avance— y el de tener que construir en el futuro otro aeropuerto porque la combinación de los dos actuales (AIFA y AICM) es disfuncional e insuficiente.

El gobierno se ha distinguido por la opacidad en el manejo de las inversiones públicas, así que es necesario estimar los costos a partir de la (poca) información disponible. Según la Cuenta Pública, se han aprobado para el aeropuerto de Santa Lucía 95 000 millones de pesos, poco menos de 5000 millones de dólares al tipo de cambio actual (ver tabla 1).

Tabla 1

Año

Monto global aprobado (mdp reales)

Aprobado PEF (mdp reales)

Modificado (mdp reales)

Ejercicio (mdp reales)

2019

86 664

–

4703

4703

2020

86 809

5678

12 973

12 973

2021

84 956

21 314

77 148

77 148

Total

No aplica

26 992

94 825

94 825

Fuentes: https://bit.ly/3T3nN1B, https://bit.ly/3QFQPTy y https://bit.ly/3CqV8h4

A este costo hay que agregar el de la destrucción del aeropuerto de Texcoco (NAICM), que incluye el repago a los tenedores de bonos por una cantidad cercana a los 16 000 millones de dólares, coincidente con la cifra de 331 996 millones de pesos de la Cuenta Pública de 2019 reconocida por la Auditoría Superior de la Federación.

Como saben todos los usuarios del viejo aeropuerto (AICM), aunque al parecer no el presidente, tarde o temprano se requerirá un nuevo aeropuerto que reemplace al actual y que no será el de Santa Lucía, en tanto éste compite por el espacio aéreo con el viejo aeropuerto y porque adolece de sus mismos defectos: malos accesos y límites a su potencial de crecimiento. El nuevo aeropuerto costará al menos otros 16 000 millones de dólares. En suma: la mala decisión sobre el aeropuerto costará al menos unos 37 000 millones de dólares.

Dos Bocas

La información presupuestal sobre la Refinería de Dos Bocas es prácticamente nula. En la Cuenta Pública 2019 se reportó como aprobada una reserva de 48 200 millones de pesos.1 Para ese año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un gasto de Pemex Transformación Industrial por 14 388 millones de pesos. Sin embargo, es imposible calcular el avance de las obras debido a la falta de bitácoras y metas.2

En la Cuenta Pública 20203 y 2021,4 el proyecto de Dos Bocas Tabasco aparece en ceros tanto en la inversión aprobada como en la ejercida. A pesar de esto, para 2020 la ASF detectó pagos por 34 941 millones de pesos de Pemex Transformación Industrial para la nueva refinería. Asimismo, en la Cuenta Pública 20215 se reporta un gasto de 74 975 millones de pesos para la construcción de la refinería de Dos Bocas (ejercicio del presupuesto de egresos de Pemex). En los mismos documentos de la Cuenta Pública de 2020 y 2021 no se reporta información al respecto.

Al mismo tiempo, en la Cuenta Pública 2021, en el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Energía,6 se precisa que 66 718 millones de pesos de los 316 354 millones transferidos de la Sener hacia Pemex se destinaron a actividades sustantivas y el resto al pago de deuda. Es posible que dichas actividades sustantivas correspondan a la construcción de la refinería, pero es imposible afirmarlo con certeza. En 2019 la Sener transfirió a Pemex 122 131 millones de pesos y 46 256 millones de pesos en 2020. Aunque en la Cuenta Pública no se especifica el destino, es posible pensar que parte se dedicó al pago de la deuda y otra parte a la refinería.

En suma: la información disponible sugiere que el gobierno ha dedicado hasta 331 000 millones de pesos a la refinería que, aunque recientemente inaugurada, está lejos de haber sido completada. Informaciones periodísticas argumentan que el costo final de la obra podría ascender a 18 000 millones de dólares.

El Tren Maya y el Corredor Transístmico

El Proyecto del Tren Maya se compone de cuatro líneas de inversión: una llamada Tren Maya, dos de estudios de preinversión y otra de reubicaciones de asentamientos. Entre todos, el monto total de inversión interanual es de 172 369 millones de pesos7 (ver tabla 2).

 

Tabla 2

Año

Monto global aprobado (mdp reales)

PEF (mdp reales)

Modificado (mdp reales)

Ejercicio (mdp reales)

2019

1171

197

102

11

2020

171 908

–

8018

8007

2021

172 375

62 942

35 821

32 832

2021 1T

172 369

62 942

73 564

29 776

Total

No aplica

126 081

117 505

70 627

Nota: Montos en millones de pesos reales de 2021

En el acumulado de 2019 a primer trimestre de 2022 se han gastado 70 627 millones de pesos, un avance del 41 % del monto global aprobado, o sea 3500 millones de dólares de un monto total aprobado de 5875.

El proyecto del Corredor Transístmico se reporta dividido en dos proyectos: el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V. y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para ambos se contempló en 2020 una inversión global de 11 076 millones de pesos reales. Este monto fue ampliado a 16 671 millones de pesos para 2021, pero en 2022 se redujo a 7239 millones de pesos, lo que podría indicar que ha perdido prioridad para el gobierno.8

En la práctica internacional, prácticamente no hay proyecto de inversión que se apegue a su presupuesto inicial, por lo que los sobregiros que experimentan muchos de estos proyectos no deberían sorprender a nadie. Desde luego, los sobregiros se pueden deber a malos proyectos (cosa probable dada la premura con que se decidieron), pero también a la corrupción, que nunca está ausente en los proyectos gubernamentales. Mucho más importante que los costos directos, lo imperativo es determinar si se trató de las mejores inversiones posibles, aquéllas susceptibles de generar el mayor beneficio para la población en materia de crecimiento económico, desarrollo y bienestar.

Proyectos chicos y caros

Si se comparan con la política de desarrollo más ambiciosa y trascendente del último medio siglo, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los proyectos descritos resultan pequeños, con poco efecto multiplicador y poca capacidad de generar riqueza, empleos o beneficios de largo plazo. El tiempo dirá, pero las perspectivas de los cuatro proyectos no son brillantes.

Los costos, en cambio, son enormes. Las estimaciones más recientes sugieren que la refinería costará cerca de 18 000 millones de dólares y que el Tren Maya alcanzará una cifra de entre 15 000 y 20 000 millones de dólares al tipo de cambio actual (ésta es la última información dada por el presidente en su conferencia del 26 de julio de este año). Como con el aeropuerto, la medición tiene que ser triple: lo que costarán los proyectos, la ecuación costo-beneficio y los efectos potenciales de largo plazo.

Si las tendencias actuales sobre los automóviles eléctricos se materializan (es decir: que el 50 % de los automóviles vendidos en 2030 serán eléctricos y el 100 % en 2040), lo mejor que se podría esperar de Dos Bocas es que opere máximo diez años: de mediados de los veinte a mediados de los treinta. O sea, un enorme dispendio.

El Tren Maya constituye una apuesta todavía más temeraria, toda vez que ni siquiera pasa por dos de las tres ciudades importantes de la península: Mérida y Campeche.

El aparente abandono en las inversiones para el Corredor Transístmico no auguran sino una obra inacabada: otra vez, dispendio.

La desmesura tiene muchas formas de cuantificarse, pero la esencial es aquella que se deriva de dogmas que nunca experimentaron criba alguna de realidad. Yo no sé si el aeropuerto de Texcoco se localizaba en el mejor lugar, pero no tengo duda alguna de que los dos aeropuertos que hoy existen comparten un mismo espacio aéreo y, por lo tanto, no suman sino restan. Todo para demostrar, como indicaba el título del libro que el presidente colocó junto a su sillón el día en que anunció la cancelación del aeropuerto, “quién manda aquí”.

Gracias a la ausencia de contrapesos, los presidentes mexicanos mandan en su sexenio y son propensos a los excesos, pero ninguno como el actual.

La soberbia y la arbitrariedad se mezclan para producir no sólo excesos, sino devoción por los mismos, la mejor medida de hubris, ese pecado capital de la política que tan costoso le ha salido al país a lo largo de su historia.

Durante años, el hoy presidente criticó el excesivo costo del rescate bancario, estimado en alrededor de 12 % del PIB. El costo de sus proyectos de inversión se acercará al 6 % de la economía. La diferencia es que aquél fue producto de una crisis mal manejada; éste fue intencional y autoinfligido.

Las apuestas del presidente

El gobierno del presidente López Obrador ha hecho tres apuestas fundamentales. La primera, los proyectos de infraestructura (la refinería, el Tren Maya, el Tren Transístmico y el aeropuerto), a lo que se suma la pretendida revitalización de Pemex, otro gran espacio de inversión sin retorno hasta la fecha. Estas iniciativas han avanzado contra lluvia y marea, pandemia y recesión, gracias a la convicción del presidente de que así se construye el futuro y se afianza su llamada cuarta transformación.

La segunda apuesta es al subsidio de la población que ha sido su base electoral (no siempre la más pobre o necesitada), y que confía que garantice la continuidad política-electoral de su proyecto de gobierno. Esa población refrendó su apoyo en la justa electoral intermedia (2021), pero mostró su verdadera dimensión en el referéndum revocatorio: luego de haber ganado la presidencia con poco más de 30 millones de votos en 2018, sólo 16 millones se manifestaron por el presidente López Obrador en 2022. La interrogante es si ese voto duro probará ser suficiente para lograr el objetivo último de garantizar la continuidad o legitimidad del proyecto.

La tercera apuesta es a la estabilidad económica-financiera del país, medida esencialmente en la forma de un tipo de cambio estable. Lo que muchos consideran una obsesión, particularmente quienes argumentaron con insistencia por un mayor gasto durante la pandemia, es producto de un cálculo político frío que se resume en la famosa frase de que “el presidente que devalúa se devalúa”. Para el presidente es claro que esta variable es trascendente para toda la sociedad mexicana y que, por lo tanto, es factor esencial en su proyecto.

La apuesta más grande, la inconfesa, es a que el país preserve su estabilidad política a pesar de la estrategia de polarización que ha caracterizado al presidente. A los acólitos del presidente les podría parecer una apuesta razonable y hasta justificada, pero ignoran tres factores que determinarán el devenir del gobierno y, en buena medida, del país en los próximos años: la sucesión presidencial de 2024; los mercados de exportación, clave para la estabilidad económica y social, ahora amenazada por la potencial disputa en materia de electricidad con nuestros socios comerciales; y la destrucción institucional, que benefició al presidente en el corto plazo, pero que eliminó toda la vertebración institucional que es crucial para atraer inversión productiva, tanto nacional como extranjera. Al final del día, el país sigue dependiendo de demasiadas apuestas.

 

Luis Rubio
Presidente de México Evalúa. Su libro más reciente es La nueva disputa sobre el futuro de México (Grijalbo).

Agradezco encarecidamente a Mariana Campos y a su extraordinario equipo de México Evalúa por su apoyo en la consecución de las cifras presupuestales que me hicieron favor de proveer.

1 https://bit.ly/3dF2h39

2 ASF. “Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas. Auditoría de Desempeño 409-DE”, https://bit.ly/3PBx9Ph

3 https://bit.ly/3K8aWr5

4 https://bit.ly/3CeUTG0

5 https://bit.ly/3AyN0tR

6 https://bit.ly/3QIDZ7e

7 Transparencia Presupuestaria

8 https://bit.ly/3T3nN1B

Híbrido fracasado

Luis Rubio

No es claro si apostaban a la civilización, a la sumisión o, simplemente, a que la satisfacción material resolvería otras aspiraciones humanas, como la de progresar, mejorar o participar en política. El hecho tangible es que los gobiernos desde los sesenta han venido apostando a que el mexicano aguantaría cualquier cosa sin protestar. En realidad, no era una mala apuesta, excepto que todos esos gobiernos, incluyendo al actual, tenían una doble agenda: querían que las cosas mejoraran, pero no tanto como para alterar sus propios proyectos políticos.

Los proyectos cambiaron en el tiempo, pero no el objetivo. Conscientemente o no, el objetivo siempre fue el control de la población; unos lo querían para disfrutar las mieles del poder, otros para meramente permanecer en el poder. Pero aún en eso había niveles: los reformadores de los ochenta y noventa hicieron todo lo imaginable para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía; los actuales prefieren el empobrecimiento de la población. Una economía pujante, calculaban los primeros, transformaría a México, creando un país cada vez más similar a las naciones exitosas del mundo. En un país de pobres, apuesta el presidente López Obrador, nadie se queja porque todos dependen del gobierno. Proyectos distintos, pero el control siempre presente.

La era de reformas comenzó a raíz de la crisis fiscal de 1982: la quiebra del viejo Estado mexicano sostenido por cada vez más entidades paraestatales que no servían para otra cosa sino preservar el poder y enriquecer a quienes lo ostentaban. Esa crisis obligó a emprender una serie de reformas para estabilizar a la economía y hacer posible su retorno al crecimiento. Una pregunta frecuente en aquella época -que coincidió con las reformas de Gorbachov en la entonces Unión Soviética- era sobre la viabilidad de llevar a cabo reformas económicas sin una liberalización política en paralelo.

Al final, poco importó. Como ilustran libros como el de Acemoglu y Robinson (El corredor angosto) pero, sobre todo, el más reciente de Guriev y Treisman (Spin Dictators), el Leviatán encuentra su propia manera de adaptarse, preservándose en el poder a través de elecciones presuntamente limpias, dádivas a la población y una narrativa conmovedora para obviar las prácticas democráticas comúnmente aceptadas. Lo importante, dicen Guriev y Treisman, no consiste en ser democráticos, sino en verse como tales. Los ejemplos prototípicos que caracterizan a ese tipo de tiranía en la perspectiva de estos autores son Putin y Chávez. Aunque pudieran haber llegado al poder por vía democrática, años después no pasarían esa prueba.

Las reformas económicas mexicanas no lograron su cometido integral por tres razones principales, ninguna de las cuales aparece en el catálogo de alegatos que llevaron al presidente López Obrador a la presidencia. Primero, el gobierno abandonó su responsabilidad de generalizar las reformas: sumido en la crisis de 1995, el gobierno dejó que la economía funcionara por sí misma, sin que el gobierno creara condiciones para la prosperidad general. La parte moderna de la economía, fundamentalmente aquella vinculada con el TLC norteamericano, adquirió un extraordinario dinamismo, como ilustran Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y otras regiones, principalmente norteñas. El resto del país sucumbió ante el crimen organizado, la violencia y la ausencia de justicia y, en general, de gobierno. En lugar de adaptar al gobierno a la nueva realidad económica, el gobierno abdicó su responsabilidad y nadie, fuera del crimen organizado, la ha vuelto a asumir.

Segundo, por más reformas que se emprendieron en la economía, nunca se avanzó en materia propiamente política. Acabamos con un híbrido extraño: uno de los sistemas electorales más modernos y competentes del mundo frente a un gobierno despótico y sin contrapeso alguno, como ha demostrado AMLO. Esto se puede apreciar en todos los ámbitos: desde los monopolios privados hasta los sindicados de maestros o la violación flagrante de las leyes (ej. las electorales) en tiempos recientes. El lenguaje de la democracia es abundante, pero la realidad de tiranía no ha variado: en todo caso, se ha acentuado cada vez más, especialmente en el sexenio actual. Finalmente, la combinación de gobiernos incompetentes, ausencia de legitimidad, evidencia de corrupción y violencia incontenible han tenido el efecto de ahuyentar a la inversión privada, única fuente susceptible de elevar los niveles de crecimiento de la economía, generar empleos o mejorar los ingresos.

Una de las constantes en la obra de Tucídides (c 400 ac) es la fragilidad de la civilización, fuente de guerras, degradación social, revoluciones y enfermedades. Los gobiernos mexicanos de las últimas décadas han tenido el efecto de degradar la civilización mexicana y ponerla en severo riesgo. Antes, al menos la retórica prometía avance; hoy en día, en lugar de progreso, como era la apuesta de los gobiernos reformadores, la apuesta es al empobrecimiento generalizado. El Leviatán despótico quiere quedarse en el poder a cualquier precio.

Lord Acton no lo pudo decir mejor: “La libertad es el poder sobre uno mismo; lo opuesto es el poder sobre otros.” Queda en manos de la sociedad mexicana decidir cuál es la apuesta que le conviene.

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La desidia

Luis Rubio

El techo se estaba cayendo, las goteras habían desaparecido, reemplazadas por agujeros de más de 30 centímetros de diámetro por los que entraba lluvia, nieve y basura. Uno pensaría que se trataba de una propiedad abandonada en la mitad de la nada, pero era una de las embajadas más importantes de México en el extranjero. Ante la inexistencia de fondos para reparar el techo, el embajador había procedido con la única alternativa que le quedaba: cerrar el piso superior y pretender que el problema no existía, lo que agravó la situación e hizo mucho más costosa la reparación posterior. La noción de que hay que presupuestar para mantener los activos existentes simplemente no se nos da. Mucho menos planear eso mismo hacia el futuro.

El deterioro de la infraestructura física del país es visible en todos los ámbitos: se puede observar en el metro de la ciudad de México, en múltiples condominios en todo el país, en la escasez de agua en diversas regiones, en el aeropuerto de la ciudad de México y, como muestra el caso de la embajada referida, en muchos edificios gubernamentales. El problema no se limita al gobierno: los condóminos son reacios a hacer aportaciones para el mantenimiento de los edificios en que viven.

La crisis del agua en Monterrey ha destapado toda la cloaca de críticas, posicionamientos políticos y ataques a usuarios grandes del preciado líquido. Las crisis son siempre oportunidades para sacar raja política, pero pocos se ponen a pensar que no se trata de una situación súbita, sino de la consecuencia de no haber hecho el trabajo requerido, en este caso de infraestructura, por décadas. Como no se ve, los políticos prefieren obviar la necesidad de construir capacidad en anticipación al crecimiento que viene: todos quieren el crecimiento, pero nadie está dispuesto a invertir para que se transforme en un gran beneficio para todos.

Hace algunas décadas se realizó un estudio comparativo[1] sobre el manejo del agua en dos ciudades similares -Fénix y Tucson- ambas localizadas en un desierto con muy poco acceso a fuentes naturales de agua. El estudio surgió de la extraordinaria diferencia en el consumo de agua por habitante que caracterizaba a dos ciudades separadas por poco más de cien kilómetros de distancia. Mientras que en Tucson se consumía un promedio de 640 litros diarios por cada casa, en Fénix el consumo promedio era de 1040 litros. La diferencia radicaba en la administración del agua: mientras que en Fénix se le veía como un derecho humano, en Tucson se considera un recurso escaso. Los habitantes de Tucson pagan más por su agua, pero nunca enfrentan problemas de escasez, lo que si ocurre en Fénix. Lo mismo es cierto en Monterrey y Saltillo, ciudades caracterizadas por circunstancias físicas y geográficas similares, excepto que en Saltillo nunca hay escasez. En Monterrey la administración es gubernamental, en Saltillo una empresa responde ante la ciudadanía.

En la medida en que crece la población (y, en estos años, menos la economía), los problemas de infraestructura nos van a acosar cada vez más. Más habitantes implica más calles, más agua, más comunicaciones, escuelas, hospitales y demás, todo lo cual entraña inversiones en infraestructura y fondos para el mantenimiento y mejoramiento de la existente. Sin embargo, nada de eso es evidente en los criterios que animan a los presupuestos gubernamentales anuales o en los planes de desarrollo. En términos técnicos, esto se llama entropía, el gradual deterioro que lleva al desorden, ausencia de predictibilidad y, potencialmente, al caos. Como apuntó Héctor Aguilar Camín[2] hace unos días, “las decisiones aeroportuarias del gobierno han puesto a la Ciudad de México en un dilema kafkiano: entre más aeropuertos tiene, menos aeropuertos funcionan.” El caos.

El gobierno actual se ha distinguido por su total desprecio a cualquier cosa que pudiese producir una mejoría económica para la población o para el país, pero el deterioro que heredó y el que su desidia acumula no hace sino empeorar la situación, como mostró el embrollo que caracterizó su respuesta durante la pandemia. En lugar de un plan coherente para modernizar la estructura institucional del sector salud, la eliminación del seguro popular ocurrió en el peor momento posible y sin un plan debidamente articulado para reemplazarlo. El caos que provocó no fue particularmente distinto al de sus predecesores, pero su desidia agravó la situación por su indisposición a actuar frente a una situación crítica. Falta de inversión en lo básico y en su mantenimiento.

Cuando un (sistema de) gobierno se rehúsa a prevenir estos extremos, el caos se torna inevitable. Steven Pinker[3] lo dice de una manera por demás clara: “Los sistemas cerrados inexorablemente se tornan menos estructurados, menos organizados, menos capaces de lograr resultados útiles e interesantes, hasta que deslizan hacia un equilibrio de monotonía gris, tibia y homogénea, donde se estancan.” Quienquiera que haya visto las escenas de las elecciones de Morena para su congreso apreciará esto en su máxima expresión…

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/la-desidia-2022-08-21/op232431?pc=102

 REFORMA

21 Ago. 2022

Opcion nuclear

Luis Rubio

La clave de la posesión de una bomba atómica es nunca emplearla: es la amenaza de su uso lo que disuade a quienes poseen semejante poder. Lo mismo ocurre con las negociaciones entre gobiernos en ámbitos como la inversión y el comercio. Aunque el riesgo es evidentemente menor porque lo que está de por medio no es la destrucción física del país, el presidente López Obrador no parece percibir riesgo alguno de elevar el nivel de confrontación en el asunto del diferendo en materia de energía con Estados Unidos y Canadá.

AMLO pudo destruir un aeropuerto incurriéndole al país un costo de 16 mil millones de dólares sin que pasara nada. No hubo la devaluación que muchos pronosticaban y el gobierno se abocó a esconder los costos directos lo mejor que pudo. Lo que no se puede esconder son los costos indirectos, esos que sólo se pueden apreciar en términos de la inversión que no se consumó, los empleos que no se crearon, el crecimiento económico que no se alcanzó. Estos costos podrían parecer etéreos para los integrantes del aparato gubernamental, pero son tangibles para todos esos mexicanos para los que cualquier posibilidad de prosperar se ve cada vez más remota o del todo inasible.

La lección que el presidente parece haber derivado del caso del aeropuerto de Texcoco fue que sus acciones no tienen consecuencias negativas. Sin embargo, visto en retrospectiva, es evidente que, primero, las consecuencias fueron enormes, como ilustra la parálisis que vive el país. Por otro lado, el aeropuerto fue una excepción, toda vez que se trató de un proyecto de una administración anterior, fuertemente criticado por el entonces candidato presidencial López Obrador. Es decir, el presidente podía clamar legitimidad para su decisión, eso independientemente del costo que pudiese entrañar.

El caso del diferendo en materia eléctrica en nada se asemeja al aeropuerto. En su (casi) quinto año de gobierno, el presidente no puede suponer que nuestros socios comerciales y los inversionistas involucrados, así como los potenciales, aceptarían la noción de que se trata de una legislación del gobierno anterior. El tratado vigente, el TMEC, fue ratificado ya en este sexenio y es ley. Ante esto, el gobierno mexicano tiene dos opciones: una es buscar un arreglo que le permita a todas las partes salvar cara, como ocurrió con los gasoductos en 2019, otro pleito innecesario. La otra consistiría en la opción nuclear: salir del tratado.

Algunos han hablado de un “Mexit,” arguyendo que el costo de romper con la Unión Europea para el Reino Unido no ha sido elevado. Esa historia, como la del sexenio del presidente López Obrador, todavía está por escribirse, pero el ejemplo del Brexit es más relevante de lo que uno pudiera imaginar. Para comenzar, el caso británico fue producto de un amplio y largo debate, seguido de una elección donde la mayoría se manifestó. No menos importante, Inglaterra es una nación consolidada, con instituciones de largo linaje que le garantizan estabilidad. Y, aún así, los costos del Brexit comienzan a apilarse hasta en las cosas más nimias: las luces traseras de los camiones, las etiquetas de ciertos alimentos, la nueva “frontera” en el mar que separa a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Cada uno de esos “pequeños” costos se acumula, disminuyendo los supuestos beneficios del Brexit.

Para México, el TLC fue concebido como un medio para conferirle certidumbre a los agentes económicos. Romperlo implicaría eliminar esa fuente de confianza, lo que equivaldría a sumir a México en una vorágine de autodestrucción. No hay forma de endulzar lo obvio: el TLC fue la respuesta del gobierno mexicano al abuso que representó la expropiación de los bancos. Se buscó una fuente de credibilidad externa para sustentar una base de certidumbre que no existía dentro del país y EUA estuvo dispuesto a proveerla. Lamentablemente, nada se hizo en las siguientes décadas para crear similares fuentes de certidumbre internas, lo que nos deja en condiciones por demás precarias. En aquella época, cuando la expropiación de los bancos, las interconexiones entre México y el mundo eran escasas, pero el costo de aquella gesta heroica de López Portillo fue monumental, incluyendo casi hiper inflación. Romper con el TMEC hoy, con la multiplicidad y profundidad de las interconexiones existentes -el motor de nuestra economía- sería suicida. Ni hablar del presidente: el oprobio que vivió López Portillo después de su gobierno sería nada comparado a lo que le ocurriría a AMLO.

Otra manera de ver el entuerto en que (gratuitamente) se ha colocado el gobierno mexicano es que el TLC se concibió para la posibilidad de que llegara un presidente dispuesto a destruirlo todo. El TLC, y las instituciones nacionales que lo arroparían, era equivalente a lo que hizo Tony Blair en Inglaterra, cuyo primer acto de gobierno fue promover la independencia del Banco de Inglaterra con el mismo objetivo del TLC: conferirle certidumbre a la población y a los agentes económicos.

En lugar de desatar el equivalente de una bomba atómica, el presidente debería aprovechar este diferendo para reemplazar a China dentro del TMEC para afianzar el camino del crecimiento y el desarrollo, fuentes mucho más certeras de un futuro promisorio para el país y para él mismo.

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