El advenimiento de las corrientes populistas, igual de izquierda que de derecha, ha venido acompañado de un rechazo contra la llamada globalización y de un llamado sistemático por la reaparición de un gobierno todopoderoso, orientado a corregir los males que aquejan a la humanidad. Esa narrativa no niega el extraordinario avance en términos de prosperidad y disminución de la pobreza que ha caracterizado al mundo en las últimas décadas, pero plantea que se trató de un capitalismo “salvaje” que provocó una extrema desigualdad del ingreso, beneficiando principalmente a los ricos. La narrativa es atractiva, pero ha servido menos para mejorar la economía de la población que para que se afiancen nuevos intereses en el poder. Para los mexicanos esto arroja una tesitura clara en el contexto de la sucesión presidencial: cerrarle la puerta al mundo o encontrar formas en que toda la población se beneficie de manera equitativa de las enormes oportunidades que entraña la conexión con nuestros dos vecinos norteños.

La liberalización económica que México emprendió desde los ochenta no fue otra cosa más que la aceptación de que el cambio tecnológico que caracteriza al mundo abría oportunidades que el país no podía aprovechar sin llevar a cabo grandes cambios en su estrategia económica y marco institucional. La economía mexicana es hoy infinitamente más grade y productiva de lo que era hace medio siglo y la ciudadanía goza de libertades políticas antes inimaginables. La sucesión presidencial en curso, gane quien gane, va a determinar la disposición del nuevo gobierno a encontrar un rumbo que le permita a toda la población vivir en un entorno de seguridad y certidumbre o perseverar en la destrucción institucional y económica que inició el gobierno saliente.

El punto clave para quienes tengan por objetivo el progreso de México tiene que ser el de aceptar que la globalización es una realidad que es inexorable pero que, además, ha sido extraordinariamente benéfica para el país. Los males que con frecuencia se asocian con ésta -como violencia, desigualdad y pésima educación- han sido producto de lo que no se ha hecho. De esta manera, el país puede intentar abstraerse de la globalización sólo si se está dispuesto a pagar el precio en términos de bajo crecimiento, mayor pobreza y más desigualdad por el mero hecho de que eso nos aislaría del cambio tecnológico del que depende el progreso futuro.

El gobierno saliente ha intentado jugar dos juegos contradictorios. Por un lado, permitió que prosiguiera la interconexión con los vecinos norteños, pero no hizo literalmente nada para mejorar la infraestructura o las oportunidades de la población para participar en ese espacio económico. Por otro lado, minó la seguridad del país, obstaculizó el desarrollo de la capacidad eléctrica y creó un entorno de enorme incertidumbre respecto al futuro, incluyendo bajo este rubro las condiciones que serán necesarias para que el TMEC prosiga luego de la revisión que tendrá lugar el año próximo. Todo esto deja en entredicho la viabilidad de las fuentes de crecimiento actuales. Quien gane la elección tendrá que definirse en esta materia de inmediato.

Las naciones que, en las últimas décadas, optaron por encarar el reto tienen características muy similares: se dedicaron a elevar la calidad de sus sistemas educativos, construyeron toda la infraestructura que fuese necesaria y modificaron su legislación a fin de facilitar la transición de sus economías. Por encima de lo anterior, cambiaron su manera de entender al desarrollo e iniciaron una virtual cruzada para que toda la sociedad se pudiera sumar al proceso.

Baste observar las naciones que prosperan y las que se rezagan para hacer evidente que las exitosas son aquellas que abrazaron la globalización y que lo siguen haciendo, en forma paralela con el ajuste y adaptación de sus estrategias y políticas para asegurar que sus poblaciones cuenten con todas las oportunidades posibles.

Muy a nuestro estilo, México ha seguido un camino menos consistente e incierto, concluyendo con el de los otros datos. Si bien hubo una concepción clara y consistente en la primera iteración de las reformas mexicanas en los ochenta y noventa, la verdad es que esa consistencia no duró mucho. La liberalización de la economía fue inconsistente con la forma en que se privatizaron empresas y bancos y muchas de las reformas, sobre todo las emprendidas en el sexenio anterior (extraordinariamente ambiciosas en sí mismas) fueron procesadas de tal forma que nunca gozaron de legitimidad, todo lo cual las ha hecho políticamente vulnerables. El punto crucial es que el país lleva décadas pretendiendo que se reforma cuando, en la realidad, no ha hecho más que adaptarse al menor costo posible, lo que ha impedido que se cosechen resultados más exitosos y atractivos para la población. Ese es el verdadero dilema para el gobierno próximo.

En el fondo, México no ha hecho suya la necesidad de ser exitoso, no ha aceptado lo imperativo (e inevitable) de la nueva realidad, todo lo cual ha hecho posibles los ataques que hoy vive el país contra su futuro. La globalización no ha dejado de estar ahí: la pregunta es si en algún momento México la hará suya o si seguirá pretendiendo que su empobrecimiento económico y político es producto de la mera casualidad.

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Hay momentos decisivos en la vida de las personas y de los países que determinan el comienzo de una nueva era y la terminación de otra. El próximo dos de junio bien podría ser un momento así. Esto no es bueno ni malo -eso sólo el tiempo lo puede determinar- pero sí puede ser definitorio del camino que México siga para su futuro.

Así como en la vida de cada persona hay situaciones que podrían parecer normales pero que, en el tiempo, adquieren un gran significado porque implicaron decisiones que marcaron un rumbo, en los momentos insignes de la historia del mundo hay puntos de inflexión que marcan un antes y un después, aunque esto tome tiempo en poderse discernir.

Los problemas de México son conocidos y, en muchos sentidos, casi ancestrales. Llevamos décadas con gobiernos recurriendo a distintos tipos de estrategias económicas y políticas orientadas a lidiar con retos, de hecho síntomas, de una realidad que no acaba por transformarse del todo: el presidente López Obrador los articuló como objetivos de su gobierno (desigualdad, pobreza, tasa de crecimiento y corrupción) pero, al igual que sus predecesores en el pasado medio siglo, fue incapaz de incidir sobre ellos más que marginalmente y, quizá, de manera meramente efímera. Esos retos siguen ahí y, aunque las candidatas no los expresan de manera igual, su retórica y propuestas los evocan continuamente. Para el votante la pregunta clave es si las ideas y propuestas de quienes aspiran a gobernarnos son susceptibles de hacer una verdadera mella sobre esos desafíos ancestrales y recientes, sobre todo si uno agrega dos que no por (más) recientes son menos trascendentes: gobernanza y seguridad.

El gobierno que tomará las riendas del país el próximo primero de octubre no tendrá canicas para jugar. Más allá de las preferencias políticas o ideológicas de quien gane la justa electoral, el panorama que dejará el gobierno de la cuarta involución será aciago, por decir lo menos: enorme deuda pública, desmedidos compromisos fiscales, rápidamente crecientes pasivos laborales, un sistema de salud colapsado, un tristísimo panorama educativo y, para colmo, violencia, inseguridad y un gobierno incapaz de resolver problema alguno. Independientemente de quien gane, los problemas serán enormes y forzarán a un pragmatismo inexorable.

Pero hace mucha diferencia cómo los pretenda resolver quien gane las elecciones. Y es aquí donde el país enfrenta esa gran disyuntiva, esa “Y” que implica una definición hacia el futuro: por el camino del gobierno o el de la ciudadanía. En un país serio, desarrollado y civilizado, la diferencia sería materia meramente de sesgo, de ligera inclinación de la balanza porque los contrapesos inherentes a la democracia y a un buen sistema de gobierno (o gobernanza) bastan para evitar excesos. Pero en un país tan polarizado que no ha logrado consolidar su democracia o mínimos contrapesos efectivos, los bandazos suelen ser agudos y definitorios.

Precisamente por esos bandazos que han caracterizado a la política mexicana literalmente por siempre es que la población no espera un presidente sino un salvador y los salvadores no suelen ser benignos porque entrañan, por naturaleza, un excesivo poder y esa nunca es una receta para el éxito. En 1996 México formalizó un proyecto de transición hacia la democracia que, aunque trunco, guio a la política por varias décadas. Sin embargo, la propensión a buscar a un salvador ha estado siempre presente: ahí están Fox, Peña y ahora AMLO. Todos querían salvar a México, pero los problemas del país persisten y se agudizan.

A juzgar por las propuestas en boga, la tesitura actual presenta una clara disyuntiva entre un capitalismo abierto y competitivo y un capitalismo controlado por el gobierno. Esta manera de verlo explica por qué existe una diferencia de percepciones entre el exterior y el interior del país: para los operadores de los mercados financieros, agencias calificadoras y otros jugadores del exterior, la palabra operativa es capitalismo, no el adjetivo que le sigue porque ambos garantizan un camino, al menos en sentido conceptual. Para el ciudadano mexicano el contraste es más manifiesto y cristalino: un gobierno que manda y pretende administrarlo y controlarlo todo o un gobierno que crea condiciones para que el país se desarrolle. Es en ese factor donde el país tomará un paso señero que, a la larga, afianzará el camino iniciado por Peña y profundizado por AMLO o adoptará un camino más democrático y liberal.

Los tiempos de campaña extreman la retórica y presentan dilemas categóricos como si se tratara de una confrontación bíblica. Sin embargo, si uno echa una mirada hacia el pasado, México lleva siglos en un lugar similar. Edmundo O’Gorman, el gran historiador del siglo XIX, hablaba del “eje de nuestra historia” como una confrontación entre dos aspiraciones ancestrales: “la necesidad de alcanzar la prosperidad de Estados Unidos” y, al mismo tiempo, “la necesidad de mantener el modo de ser colonial,” lo cual, proseguía, constituye una “disyuntiva entre dos imposibilidades.”

La elección del 2 de junio apuntará con más claridad en una dirección o la otra y por eso es crítico que las candidatas se definan: dónde ven a México hoy y qué clase de país quisieran que llegue a ser. O sea, cómo gobernarían y para qué.

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El gran éxito en materia político-electoral de las pasadas décadas fue crear condiciones de competencia para que hubiera certidumbre sobre los procesos de elección de quienes nos gobernarían. Las dos autoridades electorales (el INE y el Tribunal Electoral) nacieron para evitar que persistieran las prácticas fraudulentas en materia electoral que se exacerbaron en la década de los ochenta. La consolidación de esas dos entidades no fue un logro pequeño y gracias a ello el país ha experimentado alternancia de partidos en todos los niveles de gobierno. Hoy, a la luz de las obvias violaciones tanto a la letra como al espíritu de la legislación electoral por parte del presidente, la pregunta es si aguantará el proceso de aquí al 2 de junio y, especialmente, después.

La clave del arreglo electoral que suscribieron los tres partidos relevantes en aquel momento (PAN, PRI y PRD) fue que hubiera condiciones de equidad para la competencia electoral, cero interferencia por parte de las autoridades del momento y certeza sobre el proceso, pero no sobre el resultado, la esencia del primer escalón de la democracia: elecciones limpias, piso parejo y aceptación del resultado.

El actuar del presidente atenta contra los tres elementos: primero, al intentar mangonear al INE, algo inusitado desde la reforma de 1996. En segundo lugar, el activismo y proselitismo del presidente sesga la contienda, introduciendo un evidente elemento de inequidad. Finalmente, el mensaje de que sólo el triunfo de Morena sería aceptable y legítimo atenta contra la esencia del llamado juego democrático.

El asunto no radica sólo en el deseo de AMLO y su cohorte de aferrarse al poder, sino que se remite a la elección de 2006 y, en realidad, a la emblemática reforma de 1996. En aquel momento, el PRD, del cual se deriva la mayor parte de Morena, votó por la reforma constitucional, pero se negó a votar a favor de la ley reglamentaria; aunque el liderazgo del PRD de entonces logró un consenso interno respecto al principio democrático general, ya desde entonces había un contingente importante dentro de ese partido (esencialmente quienes eventualmente migraron a Morena) que abrigaba una reticencia respecto a la democracia. Es decir, desde entonces existían las condiciones que llevaron al desconocimiento del resultado de la elección de 2006. Para ese contingente, el país, o la ciudadanía, tenía una deuda histórica con el PRD, razón suficiente para que se le reconociera su (supuesta) victoria. No hay razón para pensar que esa misma lógica haya variado: o sea, para el presidente y sus huestes, el triunfo en 2024 es un derecho y no una posibilidad o un deseo.

Mientras que el PRD que sobrevivió con ese nombre acepta las reglas de la competencia democrática, quienes se mudaron a Morena sólo aceptan esas reglas cuando les favorecen. Lo que esto nos dice es que hay una fuerte corriente de pensamiento dentro de esa izquierda que sigue operando bajo el principio revolucionario de que el poder se logra a cualquier precio y, una vez ahí, se preserva sin miramiento. Las acciones que ha emprendido el presidente a lo largo de su sexenio y que ahora pretende convertir en ley, mucho de ello a nivel constitucional, no son otra cosa sino el intento por consolidar el control del poder político de manera permanente.

El grupo que actualmente gobierna pasó dieciocho años buscando el poder, doce de los cuales dedicó a explotar su visión de que habían sido víctimas de un fraude en 2006 y 2012 (y, suponían, lo serían en 2018). Esa creencia les lleva a justificar su rechazo a cualquier regla o ley: para ellos, comenzando por el presidente, las reglas del juego (constitución, leyes y reglamentos) no se aplican a ellos y siempre son moldeables para lograr sus objetivos.

Aun cuando la historia sugería que un gobierno, de cualquier color, se abocaría a promover el desarrollo económico (cada uno con sus sesgos y preferencias político-ideológicas), el actual se ha distinguido por su consciente decisión de abandonar cualquier pretensión de promoción económica porque su único objetivo es y ha sido el poder. Se puede conjeturar que esa es una prerrogativa del gobierno en turno, pero el actual se ha beneficiado de las reformas de las pasadas décadas que llevaron a la consolidación de un extraordinario sector exportador cuyos ingresos de divisas, en conjunto con las remesas, le han conferido una excepcional estabilidad económica al país y al tipo de cambio. Lo que no es claro es qué le dejará a su sucesora.

El país ha aguantado abusos, polarización, inseguridad y endeudamiento, todo lo cual implica enormes riesgos para su sucesora, quien sea que ésta sea. Seguir entrometiéndose en el proceso electoral augura riesgos políticos crecientes que, combinados con toda la sarta de conflictos y déficits acumulados (economía, polarización, Estados Unidos, etc.), podrían poner en entredicho no sólo la certidumbre económica, sino incluso provocar algo que el México de los últimos cien años no ha conocido: inestabilidad y violencia políticas.

No es claro cuándo vendrá el momento en que las consecuencias de lo hecho (y lo no hecho) se tornen evidentes, pero no hay duda que se llevarán al próximo gobierno de corbata y, por supuesto, a todos los mexicanos. Gran legado…

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  REFORMA

07 abril 2024

“Ser o no ser” se preguntaba Hamlet en su famoso e introspectivo monólogo. Las campañas hacia la presidencia suelen caer en contradicciones e incompatibilidades -ser o no ser- porque tienen que conciliar intereses, grupos y proyectos que no son compatibles o coherentes entre sí, pero que tienden a ser factores reales -y, por lo tanto, inevitables- de poder con los que las candidatas tienen que lidiar. En el México tan extremoso de hoy, estas incoherencias alcanzan niveles descomunales.

Repetir los dogmas del gobierno saliente vende bien frente al gran elector, pero impide plantear un proyecto de desarrollo de largo aliento porque éste entrañaría, de manera inexorable, un viraje respecto a muchos de los dogmas prevalecientes. Proponer ideas novedosas aliena a la base de creyentes que se ha beneficiado de las políticas recientes, aun cuando es claro que éstas no son sostenibles. El dilema para la campaña del partido en el gobierno es claro: cómo ganar una elección y a la vez elaborar un proyecto alternativo porque el que la campaña promueve ya dio de sí. Las contradicciones no podrán más que agudizarse hasta que le sea posible a la candidata salir del encierro que las circunstancias le han impuesto.

El dilema para la candidatura de oposición no es menos complejo. La combinación de partidos políticos dedicados históricamente a competir entre sí (y, en muchos sentidos, a odiarse) y la ínfima calidad de sus liderazgos implica que hay una casi total ausencia de profesionales en materia electoral cuya experiencia pudiese elevar la probabilidad de éxito en la contienda. Un buen discurso ciertamente no hace verano, pero si puede convertirse en la piedra angular que cambie el destino de la candidatura, siempre y cuando exista una estrategia que lo haga posible. En contraste con la candidatura morenista, que vive acosada por el prócer, las limitaciones que enfrenta la de oposición son mitad estructurales y mitad autoimpuestas.

Materia prima no le faltará a ninguna de las candidatas. El gobierno del que surge la candidatura de Morena construyó y afianzó una base electoral que, si bien es insuficiente para triunfar por sí misma, constituye una envidiable plataforma política. Como proyecto de desarrollo o, incluso, de gobierno, el de AMLO le va a quedar debiendo a la ciudadanía, toda vez que la economía que entregue en 2024 quedará, en el mejor de los casos, a la par que la de 2018, pero con varios millones de mexicanos más, y con un gobierno incompetente y corrompido que la ciudadanía reprueba. Sin embargo, como proyecto electoral, el de AMLO ha sido formidable porque su único verdadero objetivo fue el de la continuidad de su grupo en el poder. De esta forma, el gran activo de la candidata de Morena es también su gran maldición.

Por su parte, la candidata de oposición también cuenta con amplio material para promover un proyecto de reconciliación y construcción de una ciudadanía pujante en un contexto de desarrollo económico y político que afiance nuestra vapuleada democracia. Así como AMLO le regaló una plataforma electoral envidiable a su candidata, su estrategia de polarización, destrucción de ciudadanía y de las instituciones esenciales para el funcionamiento de la economía, de la sociedad y de la democracia, constituye una base encomiable para la presentación de una propuesta de cambio hacia el desarrollo. En adición a ello, los resultados de la patética administración en todo lo que no fue electoral -seguridad, crecimiento económico, infraestructura, educación y salud- constituyen un obsequio excepcional para proponer soluciones tangibles a una ciudadanía golpeada y asediada. Las oportunidades están ahí. Las complejidades también.

Los próximos meses van a exhibir toda la parafernalia de virtudes, vicios y contradicciones que caracterizan a nuestro proceso político y al país en general. En el camino, se crearán oportunidades para que cada candidata muestre su capacidad de administrar y operar en condiciones adversas. Lo que ninguna podrá ignorar, el verdadero cambio que padece en el país desde la reforma electoral de 1996, es la centralidad del presidente en el proceso electoral. Aunque en apariencia esto beneficia a la candidata de Morena, con ello hereda los costos de su administración y, en tanto no se deslinde de su predecesor, sus dogmas y vicios.

Cien años de soledad, la gran novela de García Márquez, representa el arquetipo del realismo mágico de la región latinoamericana y sus consecuentes mecanismos de poder que producen resultados incongruentes, cuando no desastrosos, pero siempre incompatibles con la realidad circundante. Se trata de un espacio en que los personajes habitan en mundos paralelos que se ven, pero no se tocan. Algo similar se puede decir de un país que es lo que es, pero preferiría ser distinto sin cambiar nada. Es en ese contexto que las candidatas tienen que encontrar las grietas que les permitan mostrar quienes son sin alienar a quienes las patrocinan.

Así concluye Hamlet su soliloquio: ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve…? Las candidatas seguramente lo entenderán…

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Sarajevo 1914. Gavrilo Princip le dispara al Archiduque Francisco Fernando y su esposa. Un asesinato más, excepto que éste tendría consecuencias inenarrables, comenzando por decenas de millones de muertos. Un evento aparentemente nimio desata fuerzas que luego nada ni nadie puede contener. Así comienzan los grandes cambios: con pequeñas cosas que se acumulan, el viejo dicho de la gota que derrama el vaso. Pero los tiempos son engañosos y las cosas ocurren en sus tiempos, no necesariamente los del reloj político.

2024 marca el periodo de transición constitucional, proceso que encarna dos elementos simultáneos, pero en direcciones opuestas: por un lado, los que se van; por el otro, los que todavía no llegan. Los primeros son conocidos, en tanto que los segundos están por definirse. Para eso son las elecciones y los mecanismos diseñados para llegar a ese momento, comenzando por las campañas mismas, periodo en el que estamos insertos en este momento.

Las campañas tratan sobre los que aspiran a llegar al gobierno y ese periodo, que en nuestro país está excesivamente definido y regulado, está diseñado para que los candidatos se den a conocer y se presenten ante el electorado. En circunstancias normales, los candidatos surgirían de sus propios procesos internos y se abocarían a conquistar los votos por parte de la ciudadanía. La teoría es muy clara, pero en esta ocasión ese proceso ha sido rebasado por las prisas del presidente por intentar ganar la elección meses antes de que ésta tenga lugar y por la forma en que se han dado las alineaciones partidistas.

Las encuestas y otras medidas sugieren que el resultado ya es inevitable, por lo que la estrategia de la candidata del partido gobernante está diseñada para desalentar el voto opositor: para qué perder el tiempo en las campañas y en el día de los comicios si el resultado ya se conoce de antemano, como en los buenos tiempos. Pero el objetivo del periodo de las campañas es precisamente para que los candidatos se presenten ante el electorado, sean conocidos y calados, gestándose con ello una verdadera competencia. Mientras que la candidata de Morena es ampliamente conocida, la campaña es la oportunidad para que el electorado conozca a la candidata de la oposición. El proceso mismo es clave para un resultado creíble que sea consumado y legitimado el día de las elecciones.

El otro lado de la moneda, crítico en este momento por la estrecha vinculación (mucho más que eso) entre el presidente saliente y su candidata, es el que se da en el ámbito de los que concluyen su mandato constitucional este año, desde el presidente y su familia hasta el último de sus colaboradores.

No hay sexenio en el que el grupo saliente no sienta una satisfacción desmedida por los logros de su gestión. Todos y cada uno de los gobiernos del pasado siglo concluyeron con el grupo gobernante seguro de que sus logros -todos extraordinarios, si no es que descomunales- explican su prestigio y su trascendencia histórica. Viéndose al espejo, (casi) todos ellos estaban ciertos de haber hecho el bien, transformado la realidad y concluído sin pasivo o pendiente alguno. Todo ello vindica su sensación de invulnerabilidad, plenamente justificada frente a un dorado futuro. Todos, todos ellos, erraron: unos porque quedaron en la irrelevancia, otros porque acabaron causando crisis descomunales o peor. Algunos, pocos, acabaron en la cárcel. Pero su error más importante fue creer que la fiesta seguiría pasado el día de la entrega constitucional. En eso el sistema político mexicano es no sólo ingrato, sino absolutamente brutal: de ahí ese pequeño detalle maderista de la no reelección.

Ensimismados en sus propios mitos y verdades artificiales y artificiosas, los que se van nunca se ponen a meditar sobre los posibles errores que se hayan cometido, los abusos, las víctimas de sus excesos o los agravios que dejaron en el camino, por no hablar de las barbaridades que pudiesen haber causado sus iniciativas. Todos ellos saben, quizá son parte, de eso que Emilio Portes Gil denominó como “las comaladas sexenales de millonarios.” Nada les quita el sueño porque se trata del gobierno más limpio, puro y excepcional de la historia. Como todos los que le precedieron… ¿Cuantos Sarajevos habrán dejado en el camino?

El sexenio que concluye es un tanto excepcional porque su narrativa es tan atractiva y contagiosa, que lleva a que sus integrantes se la crean y se sientan parte de una gran transformación, de esa cruzada que parece imparable y que se potencia por la enorme distancia entre el discurso y la realidad. No hay duda de la popularidad del presidente, pero su sustento es de arena. La única pregunta es cuándo se colapsan esos soportes sin cimientos. Es ahí donde entran los tiempos, que beneficiarán a una u otra candidata, pero inexorablemente será como la rifa del tigre para la ganadora.

Según Voltaire, “la historia nunca se repite. Pero el hombre siempre lo hace.” Quizá por ello pensó Marx que la segunda vez no es más que una farsa, pero México lleva un siglo repitiendo esa historia y los que se van nunca aprenden. La historia de este proceso de sucesión parece inevitable, pero está lejos de haber quedado escrita en los libros de texto. Los que se van se van, pero los que vienen están por definirse.

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Las contiendas electorales son un poco como campañas militares: se disputa un objetivo, se despliegan las armas y los instrumentos de combate y se busca derrotar al enemigo, en este caso al contendiente. En su biografía sobre Napoleón, Andrew Roberts dice que “una medida de la resiliencia y del ingenio de Napoleón –y de la confianza que todavía tenía en sí mismo– fue el hecho de que, habiendo regresado de Rusia con sólo 10,000 efectivos de su fuerza invasora, fuera capaz en cuatro meses de alinear un ejército de 151,000 hombres para la campaña de Elba y muchas más por venir.” Como en las campañas bélicas, ambas partes se creen destinadas a ganar, pero en materia electoral solo los votos cuentan y cualquiera de las dos puede sorprender.

Las encuestas sugieren que Claudia Sheinbaum ganará la elección, pero en materia electoral y en el último año de un gobierno, máxime uno tan contencioso como el saliente, todo puede pasar. Su campaña, comenzando por el jefe de la misma, no dejan de emplazar armas cada vez más pesadas (las más recientes anunciadas el pasado 5 de febrero), mostrando que ellos mismos no están tan seguros de que las traen todas consigo.

Hay buenas razones para lo anterior. El gobierno que está por concluir su mandato se dedicó a esta sucesión desde el día en que fue inaugurado (de hecho, desde la elección misma), ignorando su responsabilidad de lidiar con asuntos elementales para la ciudadanía, como la seguridad y el desarrollo económico. Dedicado a construir y nutrir una base electoral, se encuentra ahora ante la tesitura de si lo hecho fue suficiente para garantizar el resultado de la votación que desea. Quizá lo logre, pero a un costo elevadísimo. La población le reconoce beneficios importantes en términos de mejoría en el ingreso real de las familias, un logro nada pequeño, pero sin la certeza de que pueda preservarse. Estirar la liga tiene beneficios, pero también riesgos…

Un triunfo de Claudia Sheinbaum, la candidata morenista, traería al gobierno a una persona que ha mostrado gran capacidad ejecutiva y que cuenta con un equipo mucho más competente y organizado que el de su predecesor. Imposible saber qué haría como presidente, dado que su campaña se ha dedicado a reproducir los dichos y dogmas del gobierno actual. Su biografía sugiere una disposición mucho más acusada para actuar y transformar, pero no es factible derivar conclusiones de ello. De lo que no hay duda es que su éxito dependería enteramente de su capacidad para construir hacia adelante, es decir, abandonar el proyecto del que proviene. Esto no sería algo inusual en materia política, pero no es evidente que le sea claro a ella.

Por su parte, Xóchitl Gálvez es mucho más transparente y directa en su posicionamiento por personalidad y porque no navega bajo la sombra de un presidente tan dominante. Sus instintos yacen claramente en la liberación de las capacidades de la población; en lugar de pretender controlarlo todo, buscaría romper con los entuertos que impiden y obstaculizan el desarrollo de la ciudadanía. Su historia como empresaria y funcionaria muestran una disposición a emprender proyectos y a llevarlos a buen puerto, mientras que su origen y biografía augurarían una clara disposición a enfrentar los factores que preservan la desigualdad en el país. Su principal reto radicaría en comandar bancadas disímbolas que comparten pocos elementos en común.

El escenario más peligroso para el país sería uno en que cualquiera de las dos candidatas lograra una mayoría abrumadora en las dos cámaras legislativas: incluso una mayoría calificada. Este escenario, hipotéticamente más probable de ganar Morena, sería particularmente pernicioso para Claudia Sheinbaum, quien no sólo enfrenta conflictos nuevos y ancestrales dentro de la maraña de intereses contrapuestos que caracteriza a su partido, sino que implicaría que las facciones más extremas se impondrían y que, en aras de avanzar su agenda, le impedirían gobernar. Esta paradoja no es menor como ilustró la nominación de la candidata para la CDMX y de la Suprema Corte.

Faltan muchos meses para que concluya esta faena, periodo durante el cual podrían aparecer innumerables factores que alteren lo que para muchos ya es una certeza. Algunos de esos factores provendrán del presidente en su afán por sesgar el resultado, pero muchos otros serán meramente producto de los altibajos inevitables de un proceso de sucesión que, en nuestro país, siempre entraña tanto el cambio de estafeta como la terminación del poder del presidente saliente.

En el camino, como sugiere el diplomático chileno Gabriel Gaspar, se mostrará a plenitud la incertidumbre y la desconfianza, “dos rasgos que modelan el sentir de amplias mayorías de nuestras sociedades… La incertidumbre para buena parte de la población es muy concreta, pues cada día es más difícil sobrevivir, llenar la olla y, a la vez, cada día salir a la calle es más peligroso.” Y concluye con lo que debiera ser obvio para las contendientes: “Reemplazar la incertidumbre requiere de certezas.”

Mientras tanto, como dice Sowell, “El hecho de que tantos políticos exitosos sean unos mentirosos tan descarados no es sólo un reflejo de ellos, sino también de nosotros. Cuando el pueblo quiere lo imposible, sólo los mentirosos pueden satisfacerlo.”

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No es difícil dilucidar los problemas que enfrenta el país; lo difícil es identificar las soluciones idóneas y construir consensos para su implementación. Los problemas son en buena medida añejos y por todos conocidos, pero sus causas, consecuencias y potenciales soluciones son siempre controvertidas. Es por ello falsa, o al menos absurda, la vieja noción de que el país está sobre diagnosticado y que las soluciones son obvias. Si lo fueran, no estaríamos atorados como lo estamos. Algunos de esos problemas son ancestrales, otros producto de la acelerada evolución del mundo, pero ambos demandan soluciones que la política mexicana ha sido incapaz de proveer.

En su campaña para la presidencia, el candidato López Obrador esbozó los problemas ancestrales de una manera cabal: pobreza, desigualdad, bajo crecimiento y corrupción. Uno puede agregar todos los asegunes que quiera, aunque es obvio que esta lista resume la problemática que es percibida como central para el desarrollo del país, pero se trata de consecuencias, no de factores causales. Es decir, ahora que comienzan las campañas, una discusión susceptible de arrojar un programa de gobierno relevante y viable tiene que enfocarse hacia las causas de los problemas que han sido identificados para efectivamente poder incidir sobre ellos.

Por otro lado, complicando el panorama, se encuentran problemas nuevos o, al menos, circunstancias que alteran el entorno dentro del cual se desarrolla la actividad económica y las sociedades interactúan. La globalización de la actividad económica -de la que México vive a través de las exportaciones y, recientemente, del llamado nearshoring- hace imposible (y contraproducente) adoptar medidas económicas unilaterales, como hubiera ocurrido hace medio siglo. Factores como el crimen organizado -actividad transnacional- requieren atención a nivel interno, pero ninguna nación los puede derrotar por sí misma. La ubicuidad de la información y la universalización de su acceso han alterado todos los vectores que en el pasado caracterizaban a la vida política.

El punto es que los problemas ancestrales requieren soluciones que deben contemplar y ser parte de una concepción que incluya las realidades que caracterizan al mundo de hoy. El intento por abstraerse del mundo como ha propugnado el gobierno que está por concluir ha probado ser falaz y perjudicial para el desarrollo y, paradójicamente, dañino para la población más pobre y que es la que con mayor intensidad padece los males que el presidente identificó en su campaña.

Lo sorprendente de la situación que vive México, similar a la de otras naciones, es que no es difícil dilucidar qué es lo que hay que hacer. Lo difícil, cualquiera que sea la causa, ha sido avanzar hacia la implementación de esas soluciones. Las respuestas muchas veces son obvias, aunque a primera vista no parezcan plausibles.  Ronald Reagan esbozó el dilema de manera clarividente: “por muchos años nos han dicho que no hay respuestas simples a los complejos problemas que están más allá de nuestra capacidad de comprender. La verdad, sin embargo, es que sí hay respuestas simples; el problema es que éstas no son sencillas”.

Las tensiones que caracterizan al país no son mera casualidad. La suma de desajustes políticos -muchos de estos producto de la creciente complejidad que caracteriza al mundo y que se manifiesta en Ucrania, la inteligencia artificial, los ataques cibernéticos y la posibilidad de que retorne Trump y políticos disruptivos, especialmente en el contexto de una extrema debilidad institucional, sobre todo en la forma de ausencia de contrapesos efectivos, ha arrojado un panorama político, y ahora electoral que ha paralizado al país. Esto, paradójicamente, también constituye una gran oportunidad porque hasta los más devotos creyentes del presidente saben que el progreso es imposible en ausencia de acuerdos sobre al menos los factores más fundamentales de la convivencia humana.

El manejo del presupuesto gubernamental a lo largo del sexenio ha sido particularmente pernicioso para el crecimiento de la economía. Al distraer recursos que normalmente se habrían dedicado a la educación y la salud, así como a la inversión pública, el gobierno prefirió nutrir las transferencias hacia sus clientelas favoritas. Como dice el cómico Andy Borowitz, “sería sensacional gastar billones en escuelas y carreteras, pero en este momento el dinero se requiere de manera desesperada para las campañas políticas.”

Los periodos de campaña hacen imposible construir acuerdos sobre y para el futuro, pero también son momentos propicios para explorar opciones y posibilidades. Las propuestas de los candidatos pueden ser o no viables, pero obligan a pensar distinto respecto al statu quo imperante. En este último sentido, le abren la puerta a la sociedad para proponer soluciones y vías alternativas a las existentes para enfocar los problemas, estableciendo potenciales anclas comunes para soluciones futuras.

Uno de los errores más frecuentes en los diagnósticos políticos es el de atribuirle a los liderazgos responsabilidades sobre lo que son de hecho problemas estructurales, pero eso no los exime de la obligación de trabajar -o proponer en el periodo electoral- alternativas que permitan superar las complejidades estructurales.

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