Luis Rubio

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Nada como mostrar los verdaderos colores de un gobierno y en panavisión. Cuando uno de los miembros emblemáticos de la coalición del presidente López Obrador amenaza a la ciudadanía con sanciones, resulta claro que el gobierno no está para gobernar o, en el viejo sentido del término, para “servir” a la población, sino para usarla y abusarla.

En un tweet atribuido a un integrante de Morena, el presunto diputado amenaza a la ciudadanía: “Estoy por formular una ley que prohíba y sancione a los civiles por insultar a los Diputados Federales. Estén atentos.” Sin el menor rubor, el personaje modifica la función del congreso, dándole superioridad sobre la ciudadanía. Según el artículo 39 constitucional, “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo,” lo que implica que el diputado propone limitar la libertad de expresión de la ciudadanía porque le estorban sus comentarios o críticas. El abuso es parte inherente del sistema político mexicano, pero pocas veces se dan joyas tan excelsas como ésta, porque deletrean, en blanco y negro, su verdadera naturaleza.

Para los mexicanos esto no es sorprendente: el gobierno nunca ha funcionado para los ciudadanos, al grado en que más de un presidente ha empleado el recurso retórico de que los funcionarios “están para servir y no para servirse,” reconociendo el fenómeno. Sin embargo, la solución al debate público y a la crítica a la que recurre el diputado no tiene desperdicio; aclara, sin rodeos, la concepción reinante que tiene del mundo, del gobierno y de la población: no se concibe como representante de la ciudadanía (la que mantiene al personaje), sino como beneficiario del sistema político.

El problema no es particularmente mexicano en naturaleza; aunque la teoría de la democracia dice que el poder legislativo representa a la ciudadanía y que el ejecutivo gobierna para ésta, la práctica universal es más simple: los gobiernos gobiernan y, como decía Churchill, también los burócratas, que son parte de la estructura del propio ejecutivo. El estadista británico afirmaba que en lugar de servidores civiles (el concepto anglosajón del servidor público), lo que en realidad existe son dueños incivilizados, que no le rinden cuentas a nadie. La ciudadanía no es una de sus preocupaciones centrales, razón por la cual el gobierno se ha abocado a cercenar o anular todo vehículo de representación popular y todos los mecanismos que, en las últimas décadas, se construyeron para acotar las facultades de presidentes con demasiadas ansias de poder y burócratas ensimismados, todo ello para asegurar que se avancen los objetivos para los cuales se aprobaron determinadas leyes y procedimientos, como es el caso de los asuntos electorales, energéticos, de competencia y de transparencia.

La mexicana está lejos de ser una democracia consolidada que le responde a la ciudadanía, pero tampoco es una democracia enclenque. Los propios senadores así lo entendieron hace algunas semanas cuando, en la discusión sobre la guardia nacional, aceptaron que era indispensable incluir en el debate, y en el contenido final de la iniciativa, las posturas y preocupaciones de innumerables organizaciones ciudadanas que representan ideas, víctimas, análisis y experiencias que el gobierno (ningún gobierno) puede jamás tener porque no está, ni puede estar, en todas partes. Lo que ha sufrido una madre que perdió a un hijo en las guerras de las drogas o lo que ha estudiado un especialista a lo largo de las décadas, son insumos inexorables e invaluables para el avance de una sociedad y sería muy torpe un gobierno que decide ignorarlos.

Una paradoja peculiar del gobierno actual radica en el extraordinario contraste que existe entre la enorme popularidad y legitimidad del presidente y su necesidad imperiosa por descalificar y desacreditar toda instancia de crítica, contrapeso u oposición. En franca discordancia con la vieja tradición mexicana de que “lo que resiste apoya,” en las inolvidables palabras de Jesús Reyes Heroles, el presidente López Obrador está empeñado en eliminar todo apoyo y toda resistencia. La historia de las últimas décadas sugiere que el mejor camino es exactamente el opuesto: las cosas que permanecen de un legado presidencial son precisamente aquellas que, en su momento, gozaron de amplio apoyo social, partidista y legislativo, pues eso crea cimientos que se tornan permanentes. Las cosas que le están costando trabajo desmantelar a AMLO son aquellas que resultaron de amplias consultas y apoyos, algo que no debería sorprender a nadie.  Luego del actuar del senado en el asunto de la guardia nacional es más probable que esa ley adquiera permanencia, en contraste con las iniciativas de AMLO que han sido impuestas como si se tratara de una embestida de los bárbaros del sureste.

El desprecio por la ciudadanía que muestra el dilecto político no es algo novedoso; muchos presidentes fueron víctimas de críticas y chistes porque esos son los únicos recursos con que cuenta la ciudadanía para influir en el devenir gubernamental. Lo que el diputado no reconoce es que los ciudadanos tienen un gran activo a su favor y saben una cosa que a los políticos encumbrados se les olvida con facilidad: no hay mal que dure seis años, ni pueblo que los aguante.

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Luis Rubio

El objetivo de Andrés Manuel López Obrador con su propuesta de referéndum es eliminar los mecanismos de representación existentes -el legislativo- de la toma de decisiones. En su visión, el “pueblo” debe ratificar sus decisiones, previamente tomadas, porque así mantiene, y eleva, su control sobre la vida política y la ciudadanía. La “revocación de mandato,” parte del mismo esquema, afianza la visión: el objetivo es el control, no la participación ciudadana. Los legisladores, comenzando por los de Morena, deben entender que su papel en esta materia es representar al electorado y actuar como contrapeso.

El asunto es muy simple: ¿quién puede creer que los ciudadanos van a votar a favor de que les aumenten los impuestos o en contra de que se meta a la cárcel al violador de la niña en ciudad Juárez? Ambas son decisiones que corresponden a la autoridad -legislativa y judicial respectivamente- cuando las circunstancias lo exijan. Someter ese tipo de decisiones al “pueblo” no es más que una argucia para evitar la responsabilidad o, más frecuentemente, para imponer las preferencias de quien somete la decisión a consulta, a sabiendas que la población realmente está evaluando al presidente porque no tiene capacidad o interés de analizar las alternativas e implicaciones de su decisión.

El referéndum es un instrumento que se utiliza con regularidad en algunas naciones y su experiencia es ilustrativa. En Suiza, nación con un enclenque gobierno central, cada año se somete una infinidad de decisiones al voto popular. Los ciudadanos leen los materiales y los analizan y discuten con seriedad. Los asuntos se presentan con meses de antelación y las posturas a favor y en contra son públicas y sus proponentes no sólo respetan a sus contrarios, sino que se asumen como proponentes, no como enemigos.

El caso del estado de California en Estados Unidos es muy distinto. Ahí las consultas cobraron popularidad cuando un grupo de ciudadanos propuso el establecimiento de límites a los impuestos prediales, lo que abrió la caja de Pandora. Una medida tan popular como esa fue inmediatamente aceptada por los votantes, lo que trajo dos consecuencias: por un lado, disminuyó drásticamente la recaudación fiscal, afectando la provisión de servicios municipales; por el otro, inició una avalancha de consultas que, típicamente, son decididas no por lo sustantivo del tema sino por el carisma del proponente o los intereses de los medios.

Yo no tengo objeción alguna a bajar los impuestos o a que se revisen leyes y decisiones; lo que me parece peligroso es el procedimiento que le es inherente al referéndum porque se trata de un engaño. Tanto en el estado de California como en México, los ciudadanos carecen de la disposición de los suizos a evaluar con detenimiento cada decisión y a discutirla con conocimiento de causa. La experiencia de la nación europea tiene que entenderse en su contexto: el gobierno nacional es extraordinariamente débil, los ciclos presidenciales duran dos años y la participación ciudadana no es sólo comprometida, sino trascendental. Ahí no se utiliza al referéndum como un medio (sesgado) para decidir la continuación de un aeropuerto sin información contextual que, además, ya está siendo construido.

Las experiencias de Suiza y California ilustran lo delicado -y peligroso- de la implantación de un mecanismo de decisión como lo es el referéndum. Los propios británicos todavía no salen de su pasmo por la forma en que se decidió su salida de Europa: aquel referéndum acabó siendo una ruleta rusa. Más al punto, aunque siempre hay posturas encontradas, lo que hemos podido observar desde el primero de julio pasado es que el mecanismo de consulta se entiende como un instrumento de manipulación y legitimación y no como un medio de desarrollo de la ciudadanía, mejoramiento de la democracia o elevación de la calidad de vida. En estas condiciones, el referéndum acaba siendo un mecanismo de control y no de participación. Peor, los plebiscitos dividen y lo que México necesita es sumar.

La idea del plebiscito o referéndum es buena y saludable: se parte del supuesto que los ciudadanos, como beneficiarios o paganos del resultado de las decisiones públicas, deben tener mayor participación en los procesos de decisión de las cosas que los podrían llegar a afectar. La experiencia es muy distinta: estos mecanismos acaban en manos de políticos y medios de comunicación que tienen enorme capacidad de manipular a la opinión pública para legitimar decisiones previamente tomadas. Con esa lógica, un referéndum en México llevaría a la perpetuación del presidente en el gobierno, que es, a final de cuentas, la idea de la revocación de mandato: que nunca se revoque.

La democracia mexicana es por demás joven y precaria, además de que, como país, no hemos roto con el viejo sistema político fundamentado en el control y la manipulación. Adoptar el referéndum como mecanismo oficial no harían sino consolidar, por la puerta de atrás, al régimen autoritario postrevolucionario. Los legisladores tienen que reconocer que ellos mismos serían los primeros perdedores de semejante legislación, pues desaparecerían como poder relevante. A nadie le conviene el poder en manos de una sola persona.

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Luis Rubio

La crisis de 2008 fue un parteaguas para China. Hasta ese momento, la gran nación asiática había experimentado una acelerada transición del socialismo maoísta hacia la liberalización encabezada por Deng Xiaoping, que arrojó más de treinta años de tasas anuales de crecimiento superiores al 10%. La lectura occidental fue que, tarde o temprano, China convergería con el resto del mundo no sólo en niveles de desarrollo económico, sino en apertura política. Independientemente de las dinámicas políticas internas, lo que hoy parece claro es que en 2008 se definió una nueva senda, mucho menos aperturista en lo económico, más autoritaria en lo político y mucho más asertiva en el plano internacional.

La nueva dirección que China está adoptando va muy de la mano con la retracción estadounidense en el plano internacional, lo que arroja un escenario de enorme trascendencia para México. Por las pasadas décadas, China, potencia emergente que actúa con absoluta determinación geopolítica, ha esquivado a México; si bien ha habido algunas instalaciones industriales (la mayoría maquiladoras) y al menos dos proyectos de infraestructura, ambos fallidos, la presencia china en México es mínima, sobre todo cuando se compara con otras naciones del sur del continente o en África. China siempre ha reconocido la localización geográfica y los vínculos económicos que caracterizan a México, razón por la cual se había mantenido relativamente al margen.

Dos circunstancias han alterado esta historia: por un lado, la nueva tónica estadounidense bajo la administración Trump ha reabierto la discusión dentro de México sobre la elevada concentración de los vínculos económicos con EUA. En adición a esto, acciones proteccionistas como la relativa al acero pero, sobre todo, la permanente amenaza de cancelar el TLC, exigen una revisión de las prioridades nacionales. Aunque no tengo duda que la lógica de integración industrial seguirá dominando las decisiones empresariales y ésta, a su vez, persistirá como el principal motor de crecimiento de la economía en general, los mexicanos debemos revisar la constelación de posibilidades viendo hacia el futuro.

Por su parte, la nueva asertividad china tiene sigue una racionalidad implacable: aprovechar la debilidad estadounidense para establecer nuevas realidades geopolíticas. Si uno observa la forma en que ha ido construyendo islas artificiales a lo largo del mar del sur de China, al grado de formalizarlas como una nueva provincia, su actuar no deja duda de la claridad de visión, y continuidad de la misma, lo que se refuerza con la nueva tónica interna de un liderazgo unipersonal “permanente.” La decisión de Xi Jinping de obviar elecciones regulares dice todo sobre sus objetivos tanto políticos como internacionales: aunque entraña la evidente complejidad de la sucesión (que tiende a ser el eslabón débil porque no es predecible, como le pasó a Mubarak en Egipto y ahora a Putin en Rusia), permite una continuidad de mando y de visión que ningún otro país puede lograr.

México ha tenido una larga relación con China: desde el establecimiento de relaciones en 1972, la relación política ha sido profunda, pero no así la económica. Ciertamente, México importa decenas de billones de dólares de aquella nación (más otros por vía de contrabando), pero exporta relativamente poco. Lo mismo es cierto de la balanza de capitales: hay varias empresas mexicanas con presencia en el gigante asiático y chinas en México pero el conjunto es relativamente modesto.

En el último año, México ha ido revisando sus relaciones internacionales, parte por diseño y parte por la forma en que se han presentado las cosas. La mayor sorpresa viene no de China, sino de Brasil, nación que desde hace décadas ha visto a México con recelo y como competidor; sin embargo, en los últimos tiempos, Brasil ha buscado profundizar sus vínculos económicos y políticos. Aunque las dos naciones -Brasil y México- han adoptado estrategias radicalmente distintas en las últimas décadas -Brasil tiene un fuerte sesgo proteccionista, México ha adoptado una acusada estrategia liberalizadora- la racionalidad de llevar a cabo mayores intercambios y de desarrollar una mayor cooperación en el plano político es evidente.

La pregunta es qué es posible y deseable con China. Por un lado, México está firmemente anclado en la región norteamericana -especialmente en la vertebración industrial, pero también en la lógica político estratégica- y eso establece un límite absoluto a cualquier intercambio, además de que obliga a una concepción triangular -México, EUA y China- en la relación. Por otro lado, dentro de ese marco, hay muchas oportunidades para profundizar la relación y desarrollar nuevas formas de interactuar, en un plano tanto político como económico.

Lo que ciertamente no tiene sentido de realidad es la noción de una “carta china” en la relación con EUA. China jamás aceptará ser tratada como una ficha de cambio, pero su proyecto de potencia obliga a México a definir sus propias prioridades y establecer marcos de posibilidad tanto en la relación con Estados Unidos como con China. No hay forma de salir de ese triángulo, pero sí de ampliarlo cada vez más.

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17 Mar. 2019

 Luis Rubio

Hace unos años, cuando Beijing se disponía a recibir a los jefes de gobierno que integran la APEC, el gobierno de la ciudad cerró cientos de fábricas y prohibió la circulación de millones de vehículos, todo en aras de disminuir la contaminación del aire e intentar darle una fachada menos sucia a la urbe. Sin embargo, una aplicación telefónica mostraba que la contaminación alcanzaba cifras escandalosas. El gobierno no tardó nada en resolver el problema: bloqueó el uso de esa aplicación y con eso le dio santo sepulcro a la contaminación.

Así parece actuar el presidente López Obrador. En lugar de resolver los problemas del país, está empeñado en destruir todo lo que ya funcionaba y, en muchos casos, funcionaba extraordinariamente bien.  El país iba por buen camino, así fuera con enormes carencias y asuntos no resueltos, pero sensiblemente mejor de lo que estuvo en las décadas de los setenta y ochenta.

La estrategia de tildar de malo y corrupto a todo lo existente ya rindió frutos en la forma de un desempleo creciente, una economía que va de picada y total ausencia de inversión, lo cual no hace sino agudizar los dos primeros indicadores. El presidente no está dispuesto a reconocer que su estrategia está causando estos fenómenos y que, de seguir, no logrará sino sumir al país en una crisis de dimensiones inconmensurables. Las señales que mandan los mercados financieros respecto a la confiabilidad de la deuda mexicana que se cotiza en esos ámbitos no son halagüeñas; más bien, anticipan riesgos que, de no ser atendidos de inmediato, provocarán justo lo que el presidente dice querer evitar.

El problema no son las finanzas de Pemex, por más que ese sea un enorme problema. El problema es toda la concepción del gobierno, que quiere destruir lo existente, cuando lo que el país requiere son acciones que resuelvan problemas recientes y ancestrales que no se han querido enfrentar por muchas décadas y para lo cual AMLO tiene una legitimidad única. La estrategia económica de las últimas décadas es la única posible, aunque bien hecha: no es casualidad que, literalmente, todas las naciones del mundo hayan seguido un camino similar, quizá menos por gusto que porque no hay de otra. Las excepciones -como Venezuela y Corea del Norte- no son atractivas. Hasta Cuba ha entrado en la lógica de la globalización, así sea de manera modesta.

El punto de partida de AMLO es que todo lo que se hizo a partir de 1982 fue equivocado. Esa premisa erra en dos frentes: primero, no reconoce que la crisis de 1982 fue producto de que se prolongó por demasiado tiempo –y, de hecho, se exacerbó- la estrategia del desarrollo estabilizador, al punto de provocar una crisis de deuda que tomó décadas controlar. En segundo lugar, tampoco acepta que la estrategia de desarrollo introspectiva, casi autárquica, dejó de ser posible porque no satisfacía las necesidades de una población cada vez más demandante, y porque el mundo cambió con las comunicaciones, la tecnología y la forma de producir. El sentido de la estrategia económica a partir de 1982 tiene muchas carencias y errores que obviamente no deben repetirse, pero es el único posible.

El presidente López Obrador tiene la legitimidad y el liderazgo necesarios para hacer lo que los gobiernos de las décadas pasadas no pudieron o no quisieron hacer: eliminar los obstáculos al desarrollo que se preservaron y que yacen en el corazón de las bajas tasas de crecimiento promedio que el país ha arrojado por demasiado tiempo. Los problemas que se enfrentan tienen que ver con estructuras políticas y sociales anquilosadas que favorecen lo que Luis de la Calle* llama la “economía de la extorsión,” donde autoridades, sindicatos, monopolios, burocracias y criminales extorsionan a los ciudadanos, empresarios, alumnos, propietarios, y comerciantes, impidiendo que crezcan las empresas y se desarrolle el país. Si el presidente de verdad quiere detonar un elevado crecimiento y darle oportunidades a los mexicanos más desfavorecidos, su estrategia debería ser la de romper con esas prácticas impunes.

Lo que está haciendo es exactamente lo opuesto: afianzar los feudos, fortalecer (y premiar) a los sindicatos que todo lo obstaculizan y cultivar y cautivar a las empresas que impiden la competencia. Provocar conflictos sindicales, atacar empresas que generan energía y atizar el entorno de polarización no van a lograr más que menos crecimiento, menos inversión y, si se persiste en la destrucción de todo lo existente, una crisis de las dimensiones de la de 1995. O peor.

Oaxaca no progresa porque las estructuras políticas sociales y sindicales todo lo mediatizan y todo lo impiden. No es necesario más que observar el éxito lugares como Aguascalientes o Querétaro para ver lo que una estructura política, social y empresarial favorables pueden crear. La pregunta es si lo que el presidente López Obrador pretende es convertir a todo el país en Oaxaca, el camino que ha adoptado, o a enfrentar los problemas de Oaxaca y, en general del sur del país (aunque no exclusivamente) para que todo el país salga adelante y los ciudadanos más desfavorecidos acaben teniendo las mismas oportunidades y derechos que los más exitosos. En una palabra: ¿igualar hacia arriba o hacia abajo?

*   https://gallery.mailchimp.com/f56d9574cd2219cac1450b898/files/f8bb98f0-444a-45a8-9233-15bf3cca33ae/30._Economi_a_de_la_extorsio_n._ideas_para_aprovecha_la_revolución_digital.02.pdf

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Luis Rubio

 A la memoria de Leonor Ortiz Monasterio

 Luis Rubio

Los números no mienten, pero cuentan dos historias muy distintas. Por un lado, el presidente goza de un nivel de aprobación sin precedente; un indicador paralelo, el de la confianza del consumidor, alcanza cifras no vistas en casi dos décadas. Lo paradójico es que estas cifras no guardan relación con el consumo, que disminuye tanto en automóviles como en las ventas en general. El entusiasmo que manifiesta la ciudadanía no es producto de una mejoría en su situación personal, sino en su percepción del presidente y en las expectativas que éste ha generado. Por otro lado, el índice de confianza empresarial, del INEGI, entró en terreno negativo en enero, en tanto que 75% de los inversionistas considera que el país está en condiciones peores que hace un año. La gran pregunta es si estos dos grupos de personas viven en el mismo país.

Cada quien tendrá su explicación para el fenómeno de percepciones encontradas, pero no me cabe ni la menor duda que el factor nodal se encuentra en el liderazgo que ejerce el presidente, mismo que ha adquirido dimensiones casi míticas en ciertos segmentos de la sociedad. La combinación de un anhelo de liderazgo con una esperanza de que se resuelvan problemas cotidianos y ancestrales resultó ser una combinación excepcional que ha sabido aprovechar de manera brillante el presidente. Quizá la clave que separa a las dos cohortes –los que están llenos de esperanza y los que ven el futuro con preocupación, si no es que temor- es la vinculación casi religiosa que existe entre una parte del primer grupo con el presidente frente al intento que realiza el segundo grupo para explicarse, de manera racional y analítica, algo cuya característica central es precisamente la de no estar fundamentado en consideraciones racionales.

En el corazón del desencuentro entre la prosperidad que se experimentó en las pasadas tres décadas y la desazón que llevó al resultado electoral se encuentra la incapacidad e indisposición de todos los gobiernos de ese periodo por explicar y convencer a la población de la complejidad inherente al mundo de las economías integradas, el cambio tecnológico, la digitalización y, en general, la clave en que se convirtió la productividad –y la educación- como factor de avance. Frente a esa ausencia, el presidente actual ha pretendido desacreditar toda esa etapa con el mote de “corrupta,” obviando la necesidad de plantear un programa alternativo que sea viable y susceptible de lograr altas tasas de crecimiento.

Llegará algún momento en que el descrédito del pasado resulte insuficiente para preservar la legitimidad del gobierno, pero nadie puede negar la astucia y excelencia del manejo político y mediático que AMLO ha interpuesto y lo fácil que le ha sido precisamente por el vacío de legitimidad que existió en las décadas pasadas, especialmente desde la devaluación de 1994 y la crisis que siguió. De hecho, lo impactante es que no tuvo, ni está teniendo, competencia alguna en la narrativa que, desde el 2000, ha venido enarbolando. Esto se acentuó luego de Ayotzinapa en que el hoy presidente tomó control de la narrativa y nunca enfrentó respuesta o resistencia alguna por parte del entonces presidente o su gobierno.

Las dos historias que caracterizan al país en la actualidad se contraponen, pero inexorablemente se retroalimentan: ambas acaban dependiendo del progreso del país. Las expectativas pueden ser manipuladas por un buen rato, encontrando nuevos chivos expiatorios cada vez que se atora el carro, pero lo que cuenta, al final del día, es una mejoría sensible en los niveles de vida. Paliativos como los subsidios que el nuevo gobierno está dispersando a diestra y siniestra atenúan la urgencia de entregar resultados pero, en el largo plazo, no lo resuelven, simplemente porque no hay dinero que alcance para eso. Con todo, como demostró Fidel Castro, en presencia de enemigos plausibles es posible lograr un empobrecimiento sistemático de todo un país por muchas décadas.

Por su parte, la economía no puede prosperar sin inversión y para eso se requiere la disposición de las empresas y de nuevos inversionistas. En contraste con la era y geografía de Fidel Castro, la mexicana es una economía abierta y el país se caracteriza por una enorme frontera con el mayor mercado del mundo. La receta de la polarización tiene límites reales.

La inversión depende de factores muy claros, como son el mercado, las oportunidades, el contraste entre el dinamismo de México frente a otras economías y cómo se comporta la demanda estadounidense, pues, a través de las exportaciones, es nuestro principal motor de crecimiento. Sin duda, nuevos proyectos de infraestructura ayudan, pero no son suficientes.

Sin embargo, al final del día, lo más importante para la inversión es la confianza que genera el gobierno hacia los empresarios nacionales y extranjeros y ésta depende, casi en su totalidad, de que haya reglas del juego predecibles y estables. Esto último es precisamente lo que el presidente quiere alterar: quiere imponer nuevas reglas del juego y sujetarlas a cambios cuando así lo determinen sus consideraciones políticas. En este escenario, la inversión no se materializará. Tarde o temprano, este factor chocará con el apoyo masivo con que hoy cuenta el presidente.

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Luis Rubio

Groucho Marx, el comediante del siglo pasado, lo dijo con absoluta claridad: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos por todas partes, diagnosticarlos de manera incorrecta y luego aplicar los remedios equivocados.” El gobierno tiene una gran claridad sobre varios de los problemas que aquejan al país pero es crítico preguntarnos: ¿qué pasa si su diagnóstico es errado?

Desde luego, el gobierno de López Obrador no sería el primero en errar en el diagnóstico para luego aplicar una estrategia equivocada, pero lo que sin duda lo caracteriza es su arrogancia moral: no sólo posee la verdad absoluta, sino que todo el resto es corrupto, es parte interesada o es conservador. Su riesgo de errar es por lo tanto mayor.

En materia de seguridad llevamos décadas dando palos de ciego. Unos gobiernos intentaron construir policías nuevas, otros procuraron centralizar el mando; algunos recurrieron al ejército, otros prometieron regresarlo a sus barracas. Algunos pretendieron comprar a los miembros del crimen organizado, otros desmantelaron las policías existentes. En una palabra, ha habido de todo en los últimos treinta años, excepto claridad sobre lo que se buscaba o continuidad en las políticas. Más ocurrencias que estrategia y lo nuevo no es distinto.

El problema de la seguridad en el país tiene muchas dimensiones pero, enfocado en términos históricos, su carácter resulta transparente, sugiriendo la verdadera naturaleza del desafío. El asunto de la seguridad surgió en paralelo al deterioro que, poco a poco, fue experimentado el régimen post revolucionario, sobre todo a partir de los setenta, pero con celeridad desde los noventa. El orden y respeto a la autoridad que existían hasta esos años se debían a la naturaleza autoritaria del régimen, es decir, al miedo que la ciudadanía le tenía a las policías y al gobierno en general. Los priistas hablaban de la fortaleza de las instituciones, pero, en retrospectiva, es evidente que no había instituciones fuertes, sino una estructura muy eficiente y eficaz de control que, además, gozó de enorme legitimidad por muchas décadas.

El gobierno central mantenía un estrecho control sobre todos los factores clave de poder y funcionamiento de la sociedad, lo que le permitía administrar la criminalidad con efectividad, subordinar a los gobernadores (y usarlos como instrumentos de su mando) y dictarle reglas del juego al crimen organizado que, en aquella época, lo integraban esencialmente colombianos cuyo interés se limitaba a transitar por el país para llegar al mercado objetivo. El gobierno mexicano no negociaba con los narcos como muchos imaginan, sino que establecía reglas del juego que, en concordancia con la naturaleza del régimen, implicaban pagos a actores locales o federales para agilizar el proceso. La seguridad era producto de la fortaleza del régimen central y no de la existencia de una estructura profesional, eficiente y “moderna” de policías o procesos judiciales. Es ese control autoritario el que AMLO pretende recrear.

En la medida en que aquel régimen se fue resquebrajando -por el crecimiento de la población, la lógica de la economía global, la incipiente apertura política- su capacidad de control se fue mermando. Es decir, nunca hubo una decisión explícita que modificara la naturaleza del régimen: su deterioro fue producto de su agotamiento gradual y de decisiones en otros ámbitos que impactaron su fortaleza. Y ahí yace el problema de fondo: mientras que el país ha ido cambiando en todos sus ámbitos -participación política, libertad de expresión, cambio tecnológico, globalización económica- el gobierno se quedó atorado en sus mismas estructuras de antaño.

El problema de la seguridad (como tantos otros) surge del agotamiento de un sistema de gobierno que no se ha transformado en los últimos cincuenta años y que ya no empata con la realidad del país de hoy. Involucrar al ejército en asuntos de seguridad fue una decisión desesperada para enfrentar un problema real, pero sin que mediara un reconocimiento de la naturaleza del fondo del asunto. En este contexto, es absolutamente legítimo y meritorio el debate sobre la guardia nacional: encumbrar al ejército como factótum en este asunto no es solución, es tan solo otra medida desesperada.

El problema de fondo es la inexistencia de gobierno -mucho más grave en algunas latitudes que en otras, como ilustra Tamaulipas vs Querétaro, por citar dos casos prototípicos- y no las drogas, la corrupción o la violencia por sí mismas.

El gobierno del presidente López Obrador tiene que enfocar el problema correcto para poder resolver el asunto que aqueja a toda la población y que consume recursos, ánimos y vidas como ningún otro. Por supuesto que el ejército tendrá que ser parte de la solución, pero no puede ser la solución en sí misma: no está capacitado para funciones policiacas ni le responde a la ciudadanía. De la misma forma, meramente tratar de reconstruir el viejo gobierno todopoderoso de los sesenta es absurdo porque no es posible: las condiciones que lo hacían viable dejaron de existir cuando creció y se desarrolló la sociedad y no hay nada que el gobierno pueda hacer para recrear aquel esquema, a menos de que pretenda imitar a Pinochet.

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