No hay problema más grande en el país que el desempate entre las capacidades del gobierno (federal, estatal y municipal) y los requerimientos que le impone -al propio gobierno- la urgencia de lograr el desarrollo. Gracias a la diferencia entre las capacidades reales del gobierno (cada vez menores) y la demanda por seguridad, servicios y respuestas, el país ha sido incapaz de avanzar a un ritmo sensiblemente mayor. Tenemos un sistema de gobierno muy incompetente que no sirve para hacer posible el crecimiento de la economía, que no atrae inversión y que no resuelve los problemas que afectan a la población y desincentivan al desarrollo en general.

El problema no es exclusivamente mexicano, aunque aquí haya adquirido dimensiones excepcionales. El cambio tecnológico, las fuerzas desatadas por la liberalización económica, las brutales presiones y el poder que acompañan al narco y, en general, al crimen organizado, son todos factores que han deteriorado la capacidad de gobierno en innumerables naciones. En México, el problema se agrava por la forma en que se constituyó el sistema de gobierno a partir del fin de la Revolución, una entidad menos dedicada a atender las necesidades del desarrollo que a preservar la paz y a responder a las demandas de los beneficiarios del statu quo que surgió de la propia gesta. El colapso de los gobiernos priistas en el 2000 no vino acompañado de la construcción de una estructura idónea para un país que se había venido transformando aunque solo parcialmente: se fue el autoritarismo pero no llegó un mejor gobierno.

Muchos países han pasado por procesos complejos de transformación pero pocos se han transformado, lo que hace tanto más notables a los que sí han logrado un cambio profundo en sus estructuras sociales, económicas y gubernamentales. En nuestro hemisferio, muchos países han pasado por procesos traumáticos de cambio, pero sólo Chile puede decir que se ha transformado, aunque Colombia poco a poco se le va acercando.

Estudiando a la India, es notable lo que ha avanzado, tanto como la enormidad de lo que le falta por hacer. Más que una elevada tasa de crecimiento o las decenas de millones de indios que van saliendo de la pobreza para integrarse al mundo moderno, lo extraordinario de la India es la transformación (gradual) de sus capacidades como gobierno, en buena medida gracias al uso de la tecnología. En lugar de intentar copiar la forma en que otras naciones han procurado acelerar el paso del crecimiento económico, India ha optado por un proceso muy distinto, cuyo devenir todavía está por decidirse.

El uso de la tecnología ha sido un elemento especialmente interesante. Hace algunos años se realizó el registro biométrico de toda la población, un proceso nada sencillo en una nación tan grande, con una población rural mayoritaria y con más de mil trescientos millones de ciudadanos. Una vez construido el censo, el país súbitamente pudo contar con un mecanismo que permite identificar a la totalidad de la población y localizarla geográficamente. De ahí siguió la creación de un “sistema unificado de pagos” que tiene la virtud de permitir que una persona le haga un pago a otra o a una empresa con el uso del número emanado de la base biométrica y su respectiva contraseña. Esto que parece pequeño ha permitido eliminar burocratismos e intermediarios (con sus comisiones), para facilitar la integración de un solo mercado nacional, algo que parecía imposible hace sólo una década.

El sistema de pagos ha permitido la inclusión de la totalidad de la población al sistema financiero casi de un plumazo. De la misma forma, se ha hecho posible la provisión de servicios de salud y educación (proceso que apenas comienza) en los lugares más recónditos. La red de comunicaciones inalámbricas (con más de mil millones de teléfonos celulares registrados) contribuye a la modernización de los intercambios de bienes y la introducción de un programa dedicado a la mejoría de las habilidades de toda la población adulta favorece el crecimiento de la productividad. El punto es que la calidad del gobierno ha ido mejorando en buena medida porque el gobierno dejó de estar simplemente sentado ahí para dedicarse expresamente a crear condiciones para el crecimiento económico.

Quienquiera que haya visitado la India sabe bien que se trata de una nación sumamente pobre, con un ingreso per cápita que es sólo una fracción del mexicano y con enormes carencias, además de los ingentes problemas derivados de su extraordinaria complejidad étnica, religiosa, política y lingüística. Sin embargo, lo notable es el entusiasmo de la población por avanzar, mejorar y entrar en un nuevo estadio del desarrollo: los indios se han imaginado un futuro exitoso y están decididos a construirlo. Todo ello ha sido posible en buena medida por la claridad de propósito de sus gobiernos recientes, que han enfocado los recursos existentes a crear condiciones para el crecimiento. Mero sentido común.

Los problemas de India en la actualidad son los que ha producido un proceso sumamente disruptivo de cambio institucional y económico, mucho de ello producto del crecimiento acelerado a lo largo de varios lustros. Ojalá algún día lleguemos a tener ese problema.

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El gobierno enfrenta desafíos inenarrables en los más diversos ámbitos, para los cuales no tiene soluciones razonables y viables. La inseguridad,  la pobreza y la falta de crecimiento, por mencionar sólo algunos, son problemas nodales que el país enfrenta desde hace décadas ‑si no es que siglos‑ y que difícilmente cederán con las estrategias que se están adoptando. Sin embargo, hay un ámbito en el cual el legado del gobierno anterior es particularmente grave porque restringe la capacidad de acción del presidente López Obrador, pero, sobre todo, porque constituye una verdadera vergüenza para un gobierno que, con toda su arrogancia, se auto tildaba de ortodoxo: las finanzas públicas.

La administración anterior incrementó la deuda pública en casi diez puntos porcentuales respecto del PIB, a pesar de haber impulsado una de las reformas fiscales más recaudatorias (y perniciosas para el crecimiento) en décadas. Adicionalmente, endeudó a Pemex con más de 45 billones de dólares, colocando a la empresa en virtual quiebra. No sólo eso: el crecimiento de la deuda fue esencialmente en instrumentos en moneda extranjera, lo incrementó la vulnerabilidad del país, misma que explica la extrema depreciación que experimentó el peso durante esos años.

Aunque en el último tercio de ese sexenio hubo un dedicado esfuerzo a corregir los excesos de endeudamiento y desarrollar un programa financiero aceptable para los tenedores de bonos de “nuestra” petrolera, la herencia para el gobierno actual fue tóxica. Algunas muestras de ello son la crisis financiera del ISSSTE que compromete su funcionamiento, las altas tasas de interés vigentes y los costos del servicio de la deuda y, sobre todo, el enorme riesgo que representan las finanzas de Pemex para el gobierno y el país en general.

Esta no es la primera vez que un gobierno hereda una situación financiera precaria y hasta peligrosa. Baste recordar la que Echeverría dejó al país, la que le heredó López Portillo a Miguel de la Madrid o la que Salinas dejó a Zedillo. Las dos primeras fueron producto de errores de párvulos en la conducción económica, motivados por prejuicios ideológicos y pretensiones políticas que implicaron el abandono de los criterios de desarrollo de las décadas anteriores. La última por el manejo de la deuda en un momento de alta volatilidad política. La paradoja de esto es que el gobierno actual recibió un panorama financiero de fragilidad, pero parece decidido a empeorarlo.

La situación actual es precaria por lo elevado de la deuda pública, la virtual bancarrota de Pemex y las enormes presiones de gasto que el propio gobierno se está generando. En contraste con los setenta y ochenta, hoy el país goza de amplias reservas internacionales y de la credibilidad que por décadas se gestó entre los agentes de los mercados financieros, lo que le permite obtener financiamiento del exterior con relativa facilidad, aunque esa credibilidad se ha venido erosionado por el desorden que priva en el gobierno, así como las dudas sobre los proyectos que impulsa el presidente. El riesgo de perder la confianza de los mercados internacionales –por asuntos internos o por la incertidumbre relativa al TLC- son riesgos que no se pueden soslayar, pues su impacto interno sería devastador.

El contraste más fundamental con aquellas administraciones es mucho más trascendente: tanto en 1976 como en 1982 y 1994, los herederos de aquellas crisis se abocaron modernizar la economía, enfocándose a promover la inversión, atraer capitales y resolver los problemas tanto financieros como estructurales que padecía el país. El gobierno actual está aferrado en hacer lo contrario: retornar a megaproyectos de inversión pública con dudosas tasas de retorno (como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya) y al crecimiento de subsidios orientados a afianzar clientelas políticas, en lugar de sentar las bases para el crecimiento de la economía en el largo plazo. Nada simboliza mejor las contradicciones del actual gobierno que la cancelación del proyecto más susceptible de generar crecimiento económico y mejorar la competitividad como lo era el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, en favor de dos elefantes blancos.

Si a todo esto se agrega el crecimiento exponencial del costo de las pensiones que va a experimentar el gobierno en los próximos años (algo que es sabido desde hace décadas, producto de la mayor longevidad de la población), y el similar crecimiento de los programas clientelares que ha diseñado el gobierno actual, el problema fiscal no podrá más que exacerbarse. A ello habrá que adicionar el proyecto de fusionar a los diversos componentes del sistema de salud, con el riesgo de reproducir, entre los médicos y el resto del personal del sector, el fenómeno sindical que atosiga a la educación.

En una palabra, la problemática fiscal existente se agudizará, lo que anticipa riesgos que esta administración acabará enfrentando y que, aunque no fueron causados por el gobierno actual, son enormes y extremadamente delicados. La pésima gestión hacendaria de la administración anterior ya hizo posible el triunfo del hoy presidente López Obrador y podría acabar siendo una herencia envenenada.

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No es de sorprender la existencia de tensiones entre las necesidades de la economía para poder progresar y las demandas que impone la población a través de los mecanismos democráticos. Para atraer inversiones y crear condiciones para el progreso, los gobiernos tienen que contenerse en materia presupuestal y evitar distorsiones como las que producen subsidios, restricciones al comercio y otras medidas discrecionales. Por su parte, la ciudadanía, a través de su voto, demanda soluciones, mejores condiciones de vida y seguridad para su propio desarrollo y bienestar. Si el gobierno actúa bien, no hay razón para que ambos factores resulten contradictorios, al menos si se le da suficiente tiempo para cuajar a lo primero. Sin embargo, en la era de las comunicaciones instantáneas y las expectativas desbordadas, los votantes quieren satisfactores inmediatos.

La tensión entre ambos fenómenos -la política gubernamental y los requerimientos de la población- es algo inevitable en la sociedad humana, pero se ha exacerbado en la era de la información, produciendo nuevas fuentes de conflicto.

En la segunda mitad del siglo XX, dominó la noción de que la democracia liberal era el patrón contra el cual todas las naciones tenían que medirse, lo que llevo a que las dictaduras y dictablandas del mundo adoptaran medidas de apariencia democrática, como elecciones, que en realidad no eran muy democráticas pero cumplían con la formalidad. Todo esto cambió en la última década tanto por la crisis financiera de 2008 como por el mero hecho de que China haya logrado un avance económico excepcional sin siquiera pretender ser una democracia. Hoy hemos llegado al momento en que innumerables gobiernos dictatoriales, autoritarios o, al menos, no democráticos, se sienten legitimados y no perciben necesidad alguna de justificar su mano dura o no democrática.

En Democracia y Prosperidad, Iversen y Soskice argumentan que la democracia y el capitalismo no sólo son compatibles, sino que una es inviable sin la existencia del otro. Su planteamiento se fundamenta en tres elementos: primero, se requiere un gobierno que funcione y que establezca y haga cumplir las reglas para la interacción social y económica; es decir, el mercado y el Estado son dos componentes cruciales del desarrollo. En segundo lugar, la educación es central al desarrollo y más en sociedades avanzadas porque en la medida en que se eleva la complejidad social, tecnológica y económica, la población siempre demanda la existencia de un gobierno competente y sólo una población altamente educada puede aspirar al desarrollo en la era digital. De esta forma, tercero, el desarrollo requiere habilidades particulares que usualmente se multiplican a través de redes y comunidades y, por lo tanto, tiene una naturaleza geográfica. Esto último explica porqué se han concentrado empresas electrónicas en Jalisco, automotrices en el Bajío, de aviación en Querétaro o la antigua industria zapatera en Guanajuato.

Detrás del planteamiento de estos autores reside la tesis de que la democracia funciona y es estable en la medida en que el gobierno, y los partidos políticos, son capaces de satisfacer a las clases medias, elemento crucial tanto del crecimiento económico como de la estabilidad política. La clave de todo esto consiste en un principio elemental: cuando un gobierno es democrático, tiene que proveer a la población y a las empresas las condiciones que les permitan ser exitosas y en eso radica la esencia de la democracia, en responderle de manera efectiva a la ciudadanía.

¿Será aplicable esta tesis a la realidad mexicana actual? Por un lado, la popularidad del presidente sugeriría que el elevado reconocimiento de que goza es independiente del desempeño económico. Sin embargo, si uno observa las encuestas, el electorado distingue nítidamente entre su respeto al presidente y su apoyo a las medidas y decisiones que éste está tomando. Mientras que el apoyo a la persona rebasa el 60%, la aprobación a sus medidas fluctúa entre el 20% y el 40%. Es decir, la mayoría de la población no coincide con la forma en que gobierna, pero aprueba masivamente a la persona del presidente. Por otro lado, la población que aprueba al presidente no es homogénea: hay una cohorte que lleva lustros apoyándolo y que le concede toda la latitud que requiera, pero hay otros grupos que son más volátiles y que esperan soluciones prontas y expeditas. El común denominador es que todo mundo espera respuestas, pero algunos tienen más paciencia que otros.

La mexicana todavía es, en muchos sentidos, una sociedad industrial, y en las sociedades industriales, dicen los autores, los trabajadores con habilidades y los que no las tienen (producto de las fallas del sistema educativo) son interdependientes; sin embargo, en la medida en que la economía avanza hacia la digitalización, esa interdependencia desaparece y es ahí donde surgen las crisis políticas y los abusos de grupos de interés.

Los autores afirman que el populismo surge cuando sectores importantes de la sociedad dejan de verse representados por el sistema político. Esto explica el triunfo de AMLO el año pasado; también constituye un reto para responderle a esa población a tiempo y de manera exitosa.

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12 May. 2019

El presidente avanza con celeridad en todos los frentes. En el ámbito económico, ha neutralizado, desmantelado o disminuido a prácticamente todas las entidades diseñadas para regular inversiones y el funcionamiento de mercados, incluyendo la electricidad, los hidrocarburos, así como los consejos de administración de las empresas “productivas” del estado y los bancos de desarrollo. Aún antes de iniciar el sexenio, ya había cancelado el nuevo aeropuerto de la ciudad de México y anunciado la construcción de proyectos de dudosa viabilidad económica, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Cada una de estas acciones tiene implicaciones para el presupuesto gubernamental y para la credibilidad del gobierno en su conducción económica y, sin embargo, no ha tenido costo aparente. El presidente, de facto, ha desafiado a los mercados financieros y a la ortodoxia económica sin que sus decisiones manifiesten consecuencia negativa alguna en las variables más evidentes, comenzando por el tipo de cambio. La pregunta es por qué.

Cuenta la leyenda urbana que cuando el hoy presidente se aprestaba a anunciar la cancelación del aeropuerto, sus principales asesores le advirtieron sobre las posibles consecuencias de su decisión, siendo la primera una depreciación del tipo de cambio. El presidente siguió adelante con el anuncio y no pasó absolutamente nada. Por el contrario, el peso se apreció después del anuncio lo que, según la rumorología, desacreditó a sus asesores y afianzó la convicción del presidente de que sus decisiones son aceptadas como necesarias y producto de consideraciones morales y políticas sensibles y razonables.

Pero las decisiones de presidente López Obrador han sido todo menos sensibles y razonables. Peor aún, su proyecto para la concentración del poder avanza sin pausa, barriendo no sólo con los endebles contrapesos que se fueron construyendo a lo largo de las últimas décadas, sino que incluso amenaza con seguir por la misma senda respecto a la Suprema Corte de Justicia. El afán por reconstruir una presidencia todopoderosa prosigue incólume.

Envalentonado, su gabinete adopta posturas y determinaciones que afectan contratos y prácticas que son comunes en todo el mundo, como ejemplifican los relativos al suministro de gas a la CFE, los cuales estipulan que la empresa debe pagar por el gas, lo utilice o no. Esta práctica (encumbrada en los contratos respectivos) es la forma en que los inversionistas privados que pagaron por la construcción de los gasoductos recuperan su inversión. Es decir, no tiene nada de excepcional y es clave para el suministro de electricidad.

El punto de fondo es que el gobierno ha estado modificando las estructuras institucionales, cambiando contratos o amenazando con su alteración y creando un entorno sumamente incierto para nuevas inversiones. ¿Quién querría arriesgar su capital cuando las reglas del juego son susceptibles de alteración en cualquier instante? Los inversionistas requieren certeza de que los modos de proceder de las autoridades son anticipables y confiables, pues nadie invertiría en un entorno impredecible.

Sin embargo, a pesar de que la incertidumbre crece y comienza a aparecer su prima hermana, la desconfianza, nada parece afectar al entorno de aparente calma y estabilidad, especialmente el tipo de cambio.

Esto no tiene precedente. En las décadas pasadas, cada que un gobierno apenas mencionaba cualquier cambio en las reglas del juego, el efecto se manifestaba de manera inmediata en el valor del peso frente al dólar; nada de eso ha ocurrido en estos meses. La razón de ello es muy simple: la estabilidad no proviene, como cree el presidente, de su propio actuar y honestidad, sino de los agentes financieros del exterior, que siguen comprando bonos del gobierno mexicano.

Lo hacen bajo dos premisas: primero, por el diferencial de tasas de interés que están pagando los bonos mexicanos, que al ser superior a 5%, los hace muy atractivos. Segundo, esas inversiones siguen las señales de las agencias calificadoras, quienes han mantenido el grado de inversión para el papel mexicano. Nadie sabe cuánto tiempo seguirá siendo cierto esto último pero, mientras esto no cambie, los inversionistas de portafolio mantendrán su interés por estos instrumentos. Es decir -paradoja para una administración que se dice nacionalista-, la estabilidad del gobierno se ha tornado absolutamente dependiente de los mercados financieros.

En 1992, George Soros le propinó una profunda humillación al gobierno británico, luego de especular contra su moneda. El acto fue descomunal: el Reino Unido sucumbió ante el ataque de un actor privado cuando presidía a la entonces llamada Comunidad Europea y tuvo que abandonar el ERM, el mecanismo europeo de coordinación monetaria, con la cola entre las patas. Paul Lepercq, un agudo comentarista, escribió entonces que el asunto había sido tan dramático que, de haber ocurrido un siglo antes, el financiero habría sido decapitado.

Los mercados financieros no se guían por consideraciones morales: sólo aprovechan oportunidades de arbitraje. Tan pronto las realidades internas y externas se empaten -lo que inexorablemente ocurrirá- vendrán los platos rotos y las cuentas por cobrar.

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 05 May. 2019

Cuando Don Quijote descubre los molinos de viento, le dice a su escudero “La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra… ¿Qué gigantes? dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves –respondió su amo– de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.” Acto seguido, procedió a arremeter, gritando “Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.»

La “cuarta transformación” avanza de la misma manera, con prisa y sin pausa, dejando damnificados por doquier. Como con el Quijote, el avance no es terso ni libre de conflictos, aunque no hay duda que crear conflictos para confrontar es parte del plan. Pero en la medida en que se apilan los damnificados también crecen las fuentes de enojo, rezago económico y eventual oposición.

La lista de damnificados es creciente e impactante: con la cancelación de las estancias infantiles, los niños que están siendo privados de un lugar para pasar el día de manera segura y creativa mientras sus madres trabajan, al igual que las propias madres que no pueden ir a trabajar, afectando el sustento familiar. Los exportadores de aguacate que ven su producto deteriorarse por la lentitud con que operan las aduanas estadounidenses sin que el gobierno mexicano haga nada al respecto. Los residentes de las regiones fronterizas que ven llegar a decenas de miles de migrantes centroamericanos sin que haya infraestructura para alojarlos u oportunidades para emplearlos. Los despedidos del gobierno que, sin deberla ni temerla, quedaron en la calle sin indemnización ni oportunidades alternativas. Quienes han visto sus sueldos diezmarse, perdiendo derechos adquiridos por decisión mañanera. Las mujeres que sufren de violencia familiar y ya no tienen refugios seguros a los cuales dirigirse. Los recién nacidos que no tendrán la oportunidad de asegurar una vida exitosa, sin defectos de nacimiento que son corregibles, gracias a la terminación del tamiz neonatal. Las organizaciones de la sociedad civil que, cumpliendo funciones legítimas, son atacadas y socavadas. La ciudadanía que deja de contar con medios de protección por la desaparición de contrapesos clave para el funcionamiento de la economía -en materia de energía, hidrocarburos, competencia, educación- y ahora con la potencial pérdida de una Suprema Corte independiente del poder ejecutivo. Los concesionarios en materia de energía que, cumpliendo sus compromisos, se encuentran amenazados. Los niños que no contarán con la oportunidad de una mejor educación, todo por servir a sindicatos abusivos cuyo interés nada tiene que ver con la educación misma y menos en la era digital. La caída del consumo, que afecta a los más pobres. El atentado contra el crecimiento económico por la eliminación de fuentes de certidumbre e inversión. Los ex funcionarios -en su mayoría profesionales responsables y probos- damnificados en sus personas y reputación, que sufren consecuencias que el presidente no puede llegar a concebir o relacionar.

Los damnificados se multiplican y son muchos más de los que el propio presidente imagina, muchos de ellos -de hecho, la abrumadora mayoría- parte de su base política natural. Quienes más sufren por la multiplicación de ataques son precisamente a quienes les urge una mayor tasa de crecimiento y los beneficios que de ello se derivan en la forma de ingresos y empleos. El presidente está absolutamente comprometido con lograr una mayor tasa de crecimiento económico pero, como dice un viejo chiste irlandés, no hay forma de llegar de aquí hacia allá por el camino adoptado.

No hay forma de llegar atacando, minando, destruyendo y creando daños a cada paso. Como proyecto político, el ataque es una forma de avanzar, pero no así como proyecto económico en esta era de la historia del mundo. El crecimiento se finca en la inversión y ésta depende de la disposición del inversionista a asumir el riesgo de que su proyecto resulte exitoso; que haya mercado para sus productos; que no haya barreras nuevas al crecimiento de su empresa; que las fronteras no sean un obstáculo a la exportación de sus bienes o a la importación de sus insumos; que la burocracia no invente impedimentos a su avance y que los empleados, funcionarios y dueños de la entidad no sean injustamente atacados y vilipendiados. No es casualidad que literalmente todos los gobiernos del mundo se dedican a atraer, con recursos y estrategias cuidadosamente articuladas, nuevas inversiones y empresas. Las excepciones, como Corea del Norte y Venezuela en la actualidad, lo dicen todo.

La lista de damnificados y los valores y contrapesos que se erosionan o eliminan día a día atentan contra la viabilidad de la economía y del país en general. Por ahí no vamos a llegar.

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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=155516&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=155516

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1571069.damnificados.html

La solución, dice Rachel Kleinfeld, radica en re-civilizar a la sociedad y al sistema político. La violencia tiene explicaciones muy claras y distintivas en cada situación específica que pueden ser revertidas si se enfoca el problema correctamente. La autora* afirma que es posible restaurar el orden y la paz si se conjunta un liderazgo dispuesto a enfrentar el problema que produce la “violencia del privilegio” con una clase media -organizada a través de la sociedad civil- capaz de movilizarse para obligar al gobierno a actuar.

La violencia acaba destruyendo civilizaciones o transformándolas.  Esta comienza por la debilidad estructural de un gobierno o por la complicidad que existe entre sus integrantes con las organizaciones criminales que, dice la autora, es lo común. Típicamente, la criminalidad involucra a los gobernantes, los seduce y corrompe, al grado de los hacerlos cómplices, con lo que se cierra el círculo. Una vez que el gobierno es parte del orden criminal, toda la estructura de policías, ministerios públicos y jueces acaba debilitándose porque ya es parte del problema y no puede ser parte de la solución.

En el corazón del argumento aparece el concepto de la “violencia del privilegio,” que la autora emplea para identificar la violencia que surge del orden establecido dedicado a preservar lo existente, típicamente en sociedades muy polarizadas y desiguales. Las autoridades pueden acabar siendo cómplices porque quieren beneficiarse directamente o porque responden a grandes intereses comprometidos con el statu quo. En la práctica, la diferencia es pequeña porque, una vez que se da la complicidad, comienza la violencia y el aparato gubernamental deja de tener capacidad para proteger a la ciudadanía.

Lo más interesante del libro, al menos para nuestra experiencia, es que hace una distinción muy clara entre gobiernos que han sido rebasados por la criminalidad y aquellos en que la autoridad se ha sumado al crimen organizado. Aunque lo segundo puede llevar a lo primero, existen experiencias, como en Afganistán, en que fuerzas criminales muy poderosas pueden imponer su ley. Para la autora no hay duda alguna que, en el caso de Honduras y México, se trata del segundo caso: las autoridades fueron corrompidas o se corrompieron por el crimen organizado y eso llevó a que todo el aparato dedicado a la protección de la ciudadanía y a la procuración de justicia se colapsara.

Una vez que eso ocurre, las opciones no son muchas ni muy difíciles de dilucidar. Para comenzar, dice Kleinfeld, una vez que las autoridades son cómplices, el deterioro ocurre en todos los ámbitos, aunque no parezcan vinculados entre sí porque bajan los estándares de comportamiento en todo. Por ejemplo, personas que antes se comportaban de manera impecable, ahora no ven mal robarse algo en el supermercado; los inspectores de la luz se convierten en virtuales extorsionadores, no muy distintos a los que cobran derecho de piso; el discurso político adquiere una agresividad que nunca antes había existido. Cuando la civilización se deteriora, la única posibilidad reside en reconstruirla, pero eso sólo puede ocurrir cuando se conjunta un nuevo gobierno dispuesto a romper las redes de complicidad e impunidad con una sociedad que se lo demanda.

El texto casi parece un script: llega un nuevo gobierno y se encuentra con un aparato gubernamental extenuado, incapaz y hecho pedazos porque las autoridades salientes se dedicaron a disfrutar las mieles en asociación con el crimen, en lugar de combatirlo. El nuevo gobierno no tiene más opción que hacer arreglos y acuerdos con los criminales para evitar un súbito crecimiento de la violencia. Es en ese momento que se define el futuro: el nuevo gobierno tiene dos posibilidades; por un lado, puede aceptar el nuevo statu quo (un pacto) como un fin en sí mismo y seguir como si nada ocurrió. La alternativa sería utilizar esa tregua para ganar tiempo y utilizarlo para construir nueva capacidad policiaca, judicial y de ministerios públicos. La mayoría de los gobiernos se atora en los acuerdos y el resultado acaba siendo más violencia.

La diferencia entre un resultado benigno y el otro es la sociedad civil. Cuando la sociedad le exige al gobierno que actúe y lo vigila y exhibe sus debilidades, el gobierno preserva la brújula de lo que la autora llama “re-civilización.” Cuando la sociedad no presiona o no tiene capacidad de hacerlo, el gobierno inexorablemente se amilana y cede todo.

El nuevo gobierno tiene que decidir si quiere resolver el problema o meramente ser el dueño: no es lo mismo. “El problema de la mafia, dijo el fiscal italiano antimafia Paolo Borsellino, reside en hacer que el Estado funcione.” ¿Podrá el gobierno de AMLO restaurar la paz y la seguridad? Su apuesta es que sí, a través del ejército. La evidencia que arroja este libro es que eso no va a funcionar: sólo la conjunción de sociedad y gobierno lo puede lograr.

Leoluca Orlando, el alcalde de Palermo lo dijo con claridad: La lucha contra la Mafia fue como un carrito de dos ruedas: policías y cultura. Una sola rueda lleva a que el carrito dé vueltas; Sólo las dos ruedas juntas pueden hacerlo funcionar.

*A Savage Order, Pantheon, 2018

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Al inicio de este siglo, Rusia se encontraba ante una encrucijada. El fin de la guerra fría había abierto ingentes oportunidades, pero su proceso de transición -de una economía controlada, centralizada y sin propiedad privada a una de mercado- había sido desastroso. En lugar de que se dispersara la propiedad entre millones de familias y potenciales empresarios, las enormes industrias soviéticas habían sido tomadas por un grupo de plutócratas que vendían los recursos públicos, comenzando por el petróleo, como si fuesen propios. Para 1998 las contradicciones del proceso de privatización y ajuste habían resultado incontenibles, provocando una de esas crisis financieras que los mexicanos habíamos conocido. La resaca llevó al poder a quien hasta la fecha sigue siendo el mandamás, Vladimir Putin, quien, con enorme habilidad, reconcentró el poder y sometió a los llamados oligarcas.

Armado de un nuevo plan y del control centralizado del poder, Putin reorganizó la economía y restableció la estabilidad económica, ganándose con ello el apoyo popular. Siguieron grandes cambios, ideas y proyectos para reactivar la economía y transformar la base productiva, intentando alejarla de su (casi) única fuente de riqueza, el petróleo.

Años después, quien fuera su primer ministro, Viktor Chermomyrdin, evaluó lo logrado: “Esperábamos lo mejor pero las cosas resultaron como siempre.” ¿Acabará igual la “cuarta transformación”?

El punto de partida para el gobierno de AMLO es que todo lo que se hizo de los ochenta para acá está mal. Todo es corrupto, nada sirve y quienes lo condujeron son unos traidores. Los nombres varían, pero la tonada es la misma: el país estaba mejor cuando estaba peor. Un cartel fuera de un restaurante lo resume de manera impecable e implacable: “Estamos peor, pero estamos mejor porque antes estábamos bien, pero era mentira; no como ahora que estamos mal, pero es verdad.”

El gran plan del gobierno es fácil de discernir: concentrar el poder, echar para atrás todas las reformas -hasta lo posible- que se avanzaron a partir de 1982 y, con ello recrear el nirvana que existía en los setenta para, quizá, que el presidente se pueda reelegir. No es un plan complicado, aunque el manejo político con que se conduce lo aparente. El objetivo es claro y avanza paso a paso. Las tácticas van modificándose, pero el proyecto medular es consecuente.

Lo relevante es que una amplia porción de la población está convencida que el proyecto vale la pena y que el presidente lo está conduciendo sin conflictos de intereses y sin miramiento. El que la economía vaya de bajada, el consumo se esté estancando (o disminuyendo) y las finanzas públicas puedan experimentar problemas en el futuro mediato a nadie parece importar. La mayoría de la población está hipnotizada, creyendo que es posible lograr lo que uno quiere sin tener que trabajar o construirlo. El presidente está convencido que con sólo desearlo se consumará. Si algo camina mal, todo se resuelve -o ataja- con el ungüento de más transferencias a clientelas y la identificación de culpables en calidad de chivos expiatorios.

Dado que los causantes del desastre que evidencia la pujanza de la clase media (y de un país que, con todos sus defectos, avanzaba), son aquellos que tuvieron alguna participación en la función pública en los últimos treinta años, la cantera de potenciales conservadores, fifis y traidores es literalmente infinita. Si a eso se agregan todas las empresas -y sus empleados- que son cada vez más productivas y exitosas, el potencial para identificar a los causantes de ese desastre nacional del que tan orgullosos estamos tantos (y que es el sustento de la economía), es doblemente infinito.

No cabe ni la menor duda que el país padece de muchos males y que la suma de un cambio tecnológico incontenible con una economía global (casi) totalmente integrada hace muy difícil resolver todos los problemas de un tajo. Igual de cierto es que la solución no radica -no es posible- a través de la concentración del poder o la revitalización del cadáver de Pemex, pues el problema radica en el rechazo al futuro que se manifiesta en la incapacidad del gobierno -de este y todos los anteriores desde hace medio siglo- para llevar a cabo una reforma educativa que privilegie el aprendizaje en la era digital sobre el chantaje sindical. El proyecto político es transparente, pero la diferencia entre los sesenta y el presente es que la economía está abierta y eso altera todas las premisas.

Dice un querido amigo que “México jamás será un país civilizado y desarrollado, por lo menos, no en los próximos 100 años” porque en lugar de construir un consenso que permita decisiones con amplio apoyo, “el gobierno privilegia la discordia y la polarización, armas estratégicas en su arsenal de destrucción del presente. Lo que si seremos en breve -en menos de lo que canta un ganso- es un país menos civilizado, menos desarrollado, más salvaje, más injusto, más polarizado, con más encono y menos deseable…” Al día de hoy, más del 70% de la ciudadanía le da a AMLO el beneficio de la duda. La experiencia del último medio siglo es menos generosa: cuando se rompen los equilibrios fiscales, políticos y de la civilización, las crisis no tardan en llegar.

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07 Abr. 2019