1982 fue un parteaguas en la vida política nacional. Para una parte de la sociedad, la crisis financiera de aquel año constituyó una señal inequívoca de la inviabilidad y, de hecho, del colapso del modelo económico que se había seguido al menos desde 1970. Para otros, en ese periodo se lograron las tasas de crecimiento más altas de la historia y, de no haber sido por los excesos en el rubro financiero, el país habría podido seguir por esa senda de manera permanente. Esa discusión sigue siendo vigente porque yace en el corazón de la estrategia que anima al presidente López Obrador.

Para el presidente, los problemas que experimenta el país son producto de las reformas que se emprendieron a partir de 1982: desde su perspectiva, aquellas reformas partieron de un diagnóstico errado y, por lo tanto, crearon la realidad de desigualdad y corrupción que él convirtió en bandera para ganar la presidencia. Lo que para unos fueron intentos de solución, para otros son la causa de los problemas actuales.

Aquella disputa de diagnósticos ha sido la esencia de la política nacional por casi cuatro décadas y diversos candidatos presidenciales a lo largo del camino representaron sendas posturas en cada justa electoral. Un asunto crucial en esta confrontación de visiones es si la elección de 2018 fue producto de un cambio de percepción por parte de la mayoría del electorado respecto al camino que debe seguir el país. Otro no menos relevante es si la política seguida por el gobierno actual nos acerca a una solución de la problemática nacional, comenzando por los males que el propio presidente denominó centrales, específicamente la corrupción, pobreza y desigualdad.

Desde luego, nadie sabe, bien a bien, qué es lo que motiva a cada votante en el momento de expresar su preferencia electoral. Sin embargo, la evidencia sugiere que hubo al menos tres factores que fueron definitivos en el resultado de la elección presidencial más reciente: la percepción de corrupción de la administración saliente; el hartazgo por la falta de resultados (sobre todo comparado con las expectativas) en términos de crecimiento, movilidad social y bienestar en general; y, finalmente, la manipulación de las condiciones de competencia en el periodo de campaña al perseguirse judicialmente a un candidato e impedirle desempeñarse a cabalidad a otro.

Un factor adicional que agrega otra dimensión al momento de aquella contienda es el de la naturaleza de las reformas que emprendió Peña Nieto. Hasta la llegada de ese presidente, ningún gobierno se había atrevido a modificar de manera tan profunda y hasta radical los tres artículos sacrosantos de la constitución política: Peña no sólo trastocó los tres (3°, 27° y 123°), sino que lo hizo sin arropar cada una de esas reformas con apoyos políticos transversales para atenuar la oposición que existía (abierta o soterrada) ni construyó un andamiaje político y cultural que les diera sustento. Es decir, obvió a la política como factor clave de cualquier reforma tan ambiciosa y políticamente riesgosa.Así, los innumerables intereses afectados no fueron contemplados o apaciguados. Muchos de ellos no hicieron otra cosa más que, como dice un proverbio japonés, sentarse “junto al río el tiempo suficiente, para ver flotar el cuerpo de su enemigo.»

Si a todo eso se le adiciona la enorme -y evidente- corrupción que acompañó a aquella administración en general, todo lo que hacía falta era un fusible que convirtiera al momento en oportunidad político-electoral. Y ese fusible lo proporcionó el hoy presidente López Obrador, quien se encontraba en el momento y circunstancia óptimos para aprovecharlo. No se requiere ir más lejos que observar la extraordinaria coalición que armó bajo los auspicios de Morena para ver a muchos de esos intereses ahí presentes y representados, viendo al enemigo flotar…

Cualquiera que sea la explicación integral de lo ocurrido en 2018, lo que no está en discusión es que el presidente López Obrador está convencido de la necesidad de regresar al pasado en que las cosas, desde su perspectiva, funcionaban bien. Todo su enfoque es hacia el desmantelamiento de lo reformado a partir de 1983, en aras de la recreación de los setenta, con la sola salvedad de cuidar las cuentas fiscales.

En la visión presidencial no hay un reconocimiento de lo tanto que ha cambiado el mundo desde los setenta o, especialmente, del extraordinario grado de complejidad que caracteriza a la economía mexicana en la actualidad. Tampoco hay un aprendizaje, más allá de lo fiscal, sobre la naturaleza de los problemas que el país enfrenta hoy en día, o de las características del mundo digital del siglo XXI.

Tampoco hay ni el menor intento por sumar a la población detrás de su proyecto. Su futuro no será distinto al de Peña, aunque las causas sean distintas.

Lord Acton, un político e historiador inglés del siglo XIX, escribió que el objetivo de una nación y su ciudadanía debe “ser gobernado no por el pasado, sino por el conocimiento del pasado: dos cosas muy diferentes.” Para el presidente López Obrador no existe esa distinción: fuera del reconocimiento que él claramente ha hecho sobre los excesos financieros de los setenta, su objetivo es la recreación de aquel pasado tal como era. Mucha retórica pero demasiado poco aprendizaje.

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Los objetivos que definieron la agenda y propuesta electoral del hoy presidente López Obrador son LOS problemas de México: pobreza, corrupción, desigualdad e insuficiente crecimiento. Se pueden discutir las estrategias para derrotar esos males, pero nadie puede disputar su trascendencia en la realidad nacional. El verdadero dilema reside en otra parte: se trata de problemas estructurales y sistémicos que tienen que ser comprendidos en esa dimensión porque, de lo contrario, el presidente -y el país- estarán persiguiendo no más que otra quimera. Otra de las muchas que se acumulan cada mañanera.

“Muchos de los problemas son sistémicos, dice Charles Murray en su nuevo libro,* pero no van a resolverse atacando su manifestación aparente. Se podrán resolver, o disminuir, atacando la problemática sistémica de la educación, los problemas sistémicos de legalidad y los problemas sistémicos de empleo.” Es decir, en lugar de pretender que un mejor maestro o un nuevo libro de texto van a transformar nuestro sistema educativo (o lo equivalente en materia de Estado de derecho), la única forma de lograr esa transformación es reconociendo su naturaleza estructural y concibiendo políticas públicas expresamente diseñadas para tal propósito.

En México, lo anterior implica comenzar por los objetivos del sistema educativo, que nunca fueron sobre la educación de la población, la igualación de oportunidades o la capacitación para la vida. La educación en el México postrevolucionario fue siempre un instrumento de acción política orientado a facilitar el control de la ciudadanía y a manipular su manera de pensar para construir una hegemonía ideológica. En vez de ser un factor transformador, la educación siempre se concibió para el control, razón por la cual no sólo se toleró el crecimiento de poderosos sindicatos del magisterio, sino que éste era un objetivo expreso del México corporativista: así como se procuraba el control de los trabajadores en el ámbito industrial, se buscaba el control de los maestros y la subordinación de la población a través de un sistema educativo diseñado para ese propósito. En esto, el México del siglo XX fue mucho más parecido a la vieja Unión Soviética que al resto de las naciones latinoamericanas y nada más distante al énfasis que adoptaron las naciones asiáticas para convertir a la educación en el factor transformador de sus sociedades.

En Asia, especialmente en países como Corea, Japón, Singapur y Taiwán, la educación se convirtió en el instrumento transformador de sus sociedades. Naciones sin mayores recursos naturales, todas ellas vieron a la educación como el medio a través del cual podrían elevar la productividad de sus economías, mejorar el ingreso de sus poblaciones y entrar a la era del mundo desarrollado por la puerta grande. No es casualidad que la segunda ola de gobiernos dedicados al mismo objetivo -como China y Vietnam- hayan visto a la educación como factor clave de su proyecto económico. El rápido ascenso en sus tasas de ingreso per cápita habla por sí mismo.

Por más que se hayan intentado diversas reformas educativas en México, desde la de los noventa hasta las del gobierno pasado, el hecho tangible, medido por resultados, es que el país sigue estancado en esta materia. Ahora, con un presidente que considera que el único objetivo legítimo de un gobierno es político -es decir, obviando cualquier consideración técnica o analítica- hemos vuelto a la lógica de los setenta en que el propósito expreso, no sólo de facto, de la educación es el control de la población. Con la noción de tirar por la borda cualquier cosa que no contribuya a la concentración del poder y la subordinación de todo al presidente, el gobierno actual amenaza con regresar al país a la era del neolítico post revolucionario.

¿Para qué educar a los mexicanos si se pueden emplear tecnologías de la era colonial que no requieren educación alguna?En lugar de procurar la elevación de los niveles de ingreso de la población y sus oportunidades de hacerla en la vida, comenzando por la más pobre, el gobierno del presidente López Obrador busca igualar hacia abajo: que todo mundo sea pobre. Ese puede no ser su objetivo, pero es lo que sus políticas están avanzando y el resultado serán décadas de atraso, además de resentimientos acumulados que no harán sino complicar el panorama. Esta también es la razón por la cual se observa un enorme crecimiento en el número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos: en lugar de buscar el desarrollo de México, el objetivo parece ser contribuir al desarrollo de nuestros vecinos.

La desigualdad y la pobreza son una realidad tangible, producto de todo un sistema diseñado para preservar esas circunstancias. Incluso los gobiernos más ambiciosos en materia de desarrollo fueron omisos en atacar los problemas estructurales -sociales, políticos, caciquiles- que son el pan de cada día de la vida de la abrumadora mayoría de los mexicanos. Es paradójico, pero sobre todo patético, que el gobierno más radical en su retórica en estas materias sea también el más reaccionario, el que más va a contribuir en el último medio siglo a elevar la pobreza, la desigualdad y, porqué no decirlo, la corrupción. Sorpresas que da la vida.

*FacingReality

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El discurso, lenguaje corporal y tono son cada vez más intolerantes y reveladores de una creciente desesperación. La radicalización verbal fue en ascenso a lo largo de todo este año, culminando con ataques indiscriminados contra instituciones educativas, periodistas e individuos, muchos de los cuales, paradójicamente, habían sido bastiones y hasta promotores del propio presidente y ciertamente de sus causas. El cambio en su semblante respecto al inicio del gobierno es patente y, sin embargo, nada de eso ha alterado la devoción que le dispensa su base electoral.

Los especialistas en encuestas se desviven por explicar el fenómeno de la elevada popularidad con tan patéticos resultados y, especialmente, la distancia entre la calificación que recibe su gobierno respecto a la suya propia. En palabras de Francisco Abundis, “la percepción de la economía, la variable a considerar por antonomasia en la aprobación presidencial, parece no ser un indicador determinante. Parece ser que la población atiende otros indicadores como programas sociales… El fenómeno es muy parecido al que se observó con el expresidente Fox. Cuando simpatizantes del mandatario son cuestionados sobre los errores de la administración, la respuesta frecuentemente es responsabilizar a su equipo o los que están alrededor de él, pero nunca al presidente.”*

En su “informe” de tres años el pasado primero de diciembre, el presidente exhibió lo que podría ser una nueva estrategia para el remanente del sexenio: si lo que le importa a su base (y a su popularidad) no son los resultados tangibles medidos por medio de indicadores tradicionales (como crecimiento, empleo, seguridad, etc.), entonces lo que procede es la promoción personal, que es exactamente lo que fue el contenido de esa masiva convocatoria en el zócalo capitalino. Es decir, la lógica presidencial parece estar cambiando hacia la consagración no del proyecto sino de la persona como un mito.

La respuesta de quienes estaban presentes en aquel acto masivo, así como las cifras de popularidad, sugieren que no es una mala apuesta. Las mediciones tradicionales parecen no aplicarse a este presidente porque ha logrado ser identificado como el promotor de ciertas causas y encarnación de resentimientos acumulados que trascienden la demanda por los usuales satisfactores materiales o tangibles. La base electoral no le exige esos resultados porque su devoción tiene una explicación más religiosa, fundamentada en la fe, que racional. En una palabra, se trata de un fenómeno distinto que debe ser categorizado en sus propios términos.

En la historia del mundo hay muchos más líderes que aspiraron a convertirse en figuras míticas que aquellas que lo logran. Algunos se convirtieron en mitos por razones equivocadas (como el asesinato de Kennedy), otros por haber transformado a sus sociedades, igual para bien que para mal, como Mandela, Mao o Stalin. El excesivo poder que les confiere nuestro sistema político a los presidentes mexicanos con frecuencia les hace creer que pueden ser líderes transformadores que van a resolver, con o sin un proyecto idóneo, todos los problemas del país en menos de un sexenio. Muchos lo intentaron y prácticamente todos ellos acabaron en el basurero de la historia, cuando no peor.

Hace un par de décadas Thomas Frank* argumentó que la gente vota contra sus intereses: la gente privilegia valores sobre intereses y se asocia con líderes que promueven causas que no son materiales, inmediatas o necesariamente “racionales.” En el caso específico, el electorado de regiones como Kansas prefiere votar por candidatos que rechazan el aborto y favorecen la disponibilidad de armas para uso personal por encima de promotores de desarrollo económico, educación, mejores empleos y otras medidas tradicionales.

El punto es que no todas las preferencias electorales o políticas se pueden codificar, o incluso comprender, con categorías tradicionales de análisis. Los líderes que son efectivos emplean mitos para avanzar sus proyectos y muchas veces logran el apego de la población no por sus proyectos sino por factores que parecerían “irracionales” bajo medidas convencionales. Fidel Castro se convirtió en una figura mítica a pesar de haber empobrecido y mantenido oprimida a su población por más de medio siglo. Xi Jinping gobierna una nación extremadamente exitosa y, sin embargo, recurre a Mao, otro líder mítico que oprimió a su ciudadanía, como fuente de sustento ideológico.

En contraste con aquellas naciones (y muchas más), el momento de AMLO no es propicio para la consagración de una figura mítica. El acceso a la información y lo ingente de las expectativas de la población que esa información permite crea un punto de comparación que hace muy difícil preservar la coherencia entre malos resultados y un discurso grandilocuente. Lo certero es que vienen tres años de autopromoción irredenta. Eso quizá consagre el mito. Pero, como sugiere la evaluación de Abundis citada al inicio, también le puede ocurrir como a Fox, en quien se cimbraron extraordinarias expectativas y esperanzas que, al no materializarse, tuvieron el efecto de desmitificar drásticamente a la figura, hasta convertirla en lo opuesto a un mito: una ficción, un sofisma o, simplemente, un fracaso.

*Milenio, diciembre 1, 2021, **What’s de Matter With Kansas

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El problema de las apuestas es que éstas son binarias: todo o nada. Cuando un gobierno juega a las apuestas, como quien juega con fuego, puede acabar mal. Por tres años, el presidente ha apostado a una serie de factores que, hasta ahora y a pesar de la pandemia, le han salido esencialmente bien. Lo que nadie puede saber es si esos mismos factores seguirán siendo favorables. Las apuestas pueden salir bien, pero no por eso dejan de ser apuestas. Y también pueden salir mal…

El gobierno del presidente López Obrador ha hecho tres apuestas fundamentales: primera, los proyectos de infraestructura (la refinería, el tren y el aeropuerto) como fuentes de crecimiento económico, a lo que se suma la pretendida revitalización de Pemex. Estas iniciativas han avanzado contra lluvia y marea, pandemia y recesión, gracias a la convicción del presidente de que así se construye el futuro y se afianza su ansiada transformación.

La segunda apuesta es a la mejoría en los niveles de vida de la población que ha sido su base electoral (no siempre la más pobre o necesitada), y que confía garantice la continuidad político-electoral de su proyecto de gobierno. Esa población refrendó su apoyo en las recientes justas electorales, pero probó no ser suficiente para lograr el objetivo último de garantizar la continuidad o legitimidad del proyecto.

La tercera apuesta es a la estabilidad económico-financiera del país, medida esencialmente en la forma del tipo de cambio. Lo que muchos consideran una obsesión, particularmente quienes argumentaron con insistencia (muchos de ellos persuasivos) por un mayor gasto durante la pandemia, es producto de un cálculo político frío que se resume en la famosa frase de que “el presidente que devalúa se devalúa.” Para el presidente es claro que esta variable es trascendente para toda la sociedad mexicana y que, por lo tanto, es factor esencial en su proyecto.

Más allá de quejas y vítores, el proyecto presidencial ha sido exitoso en sus términos. Si bien no se han corregido los males que impulsaron su candidatura (como inseguridad, corrupción, crecimiento o pobreza), el mero hecho de que el país haya logrado navegar por las aguas turbulentas de la pandemia con el agudo empobrecimiento que implicó, le granjeó un resultado electoral infinitamente menos pernicioso a Morena de lo que pudo haber sido.

El problema de la segunda mitad de un sexenio es que ese es el tiempo de cosechar lo sembrado en los años previos y este gobierno no va a tener muchos frutos que recolectar. Los proyectos de infraestructura no son particularmente sólidos o con efectos multiplicadores de beneficios para la economía en su conjunto y hasta es posible que acaben como elefantes blancos; por su parte, en lugar de ser una fuente de demanda y crecimiento como lo fue en los setenta, Pemex es un dren interminable de recursos fiscales y, en todo caso, ya no tiene (ni jamás tendrá) el peso relativo que tuvo hace medio siglo y menos en una economía tan distinta. La complejidad que caracteriza a la economía mexicana del siglo XXI es tal que ningún gobierno puede pretender controlar todas sus variables o conducir todos sus procesos. Peor, la concentración de poder que yace en el corazón de la estrategia gubernamental constituye un freno a la inversión y al crecimiento. Para colmar el plato, el gobierno no ha hecho nada para combatir males como la corrupción o la inseguridad, factores que, de haberse disminuido, habrían sido, en sí mismos, enormes atractivos políticos y sociales para el desarrollo de largo plazo del país.

En adición a lo anterior, mucho de lo que facilitó la estabilidad en el trienio que concluye tiene menos que ver con el manejo interno que con los mercados financieros internacionales, que han sido especialmente favorables. No me queda duda alguna que mucho del apoyo que sigue logrando el presidente depende de esa estabilidad económica, pero a ésta se aúna la naturaleza profunda del electorado. Los mexicanos entienden lo limitado de sus opciones y por eso responden a los regalos que distribuyen los políticos (incluidas las transferencias) por razones electorales, lo que prueba su sagacidad, pero no necesariamente sus convicciones: acaba siendo un mero intercambio de favores.

En una palabra, el apoyo electoral es más volátil de lo que los políticos suponen y el presidente ha actuado bajo el supuesto de que puede eliminar mucho del gasto tradicional (como en salud o estancias infantiles) para dedicarlo a sus clientelas y a la vez esperar que el contexto internacional le seguirá favoreciendo. Pero ¿qué pasa si estas premisas resultan ser erradas?

Por un lado, hoy no resulta inconcebible que la Fed, el banco central estadounidense, comience a elevar las tasas de interés, lo que de inmediato repercutiría sobre el tipo de cambio peso-dólar. De la misma forma, en la medida en que vayan desapareciendo las enormes transferencias que ha realizado el gobierno americano por la pandemia, se reducirán las remesas. Por otro lado, dado el desfavorable entorno para la inversión, no hay razones para anticipar que la economía mexicana experimente un mejor desempeño. Y eso si la inseguridad no explota.

Al final del día, todo seguirá dependiendo de apuestas, como siempre.

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 Brexit no es el único desafío que enfrenta la Unión Europea (UE). Aunque el Reino Unido fue siempre un socio incómodo, hay otras naciones que causan tensiones permanentes. Algunos casos obvios son los de las regiones que buscan autonomía, como Cataluña, pero en los últimos años son las naciones de Europa oriental las que se han convertido en dolores de cabeza. Hungría hace mucho que rompió con el protocolo de civilidad democrática, quizá el corazón, al menos en sentido emotivo, de la UE, pero en los últimos tiempos es Polonia la nación que se ha destacado por desafiar los sustentos clave de la organización regional. Para integrarse a la UE, un aspirante tiene que homologar toda su estructura legal, incluso constitucional, con las reglas dictadas desde Bruselas; sin embargo, recientemente, la suprema corte en Varsovia (que nadie considera independiente) decretó que diversas regulaciones europeas no concordaban con la constitución polaca. El gobierno polaco no tiene intención alguna de abandonar a la UE, pero su permanencia choca con la esencia del proyecto europeo. Mientras que el Reino Unido rompió de tajo, Polonia es vista cada día más como un socio crecientemente incómodo e incompatible. Me pregunto si México comienza a parecerle así a nuestros dos socios en Norteamérica.

El proyecto europeo es muy distinto en estructura y naturaleza al tratado comercial norteamericano. El objetivo explícito de las naciones que conformaron la Comunidad Económica Europea desde el Tratado de Roma de 1957 era el de avanzar hacia una integración política bajo la premisa de que una interacción constante en todos los planos -económica, laboral y política- eliminaría la propensión a incurrir en agresiones bélicas como las que había sufrido el continente dos veces en el siglo XX.

El TLC norteamericano y su sucesor, el T-MEC, no tiene mayor pretensión u objetivo que el de integrar procesos industriales, establecer reglas claras para el intercambio comercial y para las inversiones entre los tres países. Para ese fin, el contrato que une a las tres naciones establece mecanismos para el funcionamiento de los cruces fronterizos, así como para la resolución de controversias y disputas.

En lo que ambas regiones, Europa y Norteamérica, sí comparten un objetivo común es en fortalecer las instituciones y capacidades para acelerar el desarrollo de sus socios más recientes y vulnerables. Las naciones que antes eran parte del bloque soviético que solicitaron su incorporación a la UE veían ese acceso como una forma de transformarse, consolidar sus economías y anclar su democracia. En esa misma dimensión, la propuesta mexicana de negociar un esquema de relación económica similar a la que Estados Unidos había acordado con Canadá fue entendida por los estadounidenses como una oportunidad para apoyar la transformación que México había emprendido en los años anteriores y contribuir a su consolidación.

Independientemente de los objetivos contrastantes, las naciones originales que se incorporaron en estos mecanismos regionales compartían una historia y niveles de desarrollo similares (Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Italia y Luxemburgo y Canadá y Estados Unidos, respectivamente). Sin embargo, ambas regiones respondieron ante la oportunidad de apoyar a naciones vecinas con características muy distintas y lo hicieron porque eso las fortalecía a ellas mismas.

La discusión actual entre los socios originales dentro de la Unión Europea es qué hacer con naciones como Polonia y las que se vayan acumulando en el tiempo. Con la experiencia que ya existe de una nación alejándose del bloque, el Reino Unido, los políticos europeos comienzan a hablar del contraste entre un mal matrimonio y un buen divorcio. Aunque muchos deploraron la salida de Inglaterra, ahora comienzan a verla como un mal menor frente a la complejidad inherente a un socio que no se va pero que constituye un dolor de cabeza permanente, además de susceptible de contagiar a otras naciones en la vecindad.

Por tres décadas, México mantuvo, al menos formalmente, el objetivo de avanzar la integración como mecanismo para elevar la productividad y, con ello, los ingresos de la población y el desarrollo del país. No se hizo mucho al respecto -ni siquiera se procuró sumar a cada vez más regiones, actividades y empresas en el mecanismo regional- pero, hasta ahora, no había divergencia en la visión general de futuro.

El gobierno actual no comparte esa visión de futuro y cada uno de sus actos e iniciativas apunta hacia una divergencia cada vez mayor. No me queda duda que la legislación en materia eléctrica puede ser la gota que derrame el vaso, consagrando a México en el socio incómodo de la región. Nadie va a buscar el divorcio, pero desprecian la incapacidad e indisposición del gobierno mexicano a enfrentar y resolver sus problemas, cuando no a causar adicionales. Inevitablemente, nuestros socios protegerán a sus empresas de las medidas arbitrarias (y contraproducentes) y se apertrecharán para evitar que la inseguridad, corrupción y migración crucen sus fronteras.

En lugar del respeto que tanto añora el presidente, veremos bloqueos y en lugar de cooperación habrá una estrategia defensiva. De la mano vendrá más pobreza y menos crecimiento. Un gran éxito.

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